Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 48.187-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que a fs. 4/10 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 53/2017 (DV RNEU) dictada por el Jefe de la División Revisión y Recurso (Ex-AFIP-DGI) de la Dirección Regional Neuquén, mediante la cual se dispuso determinar de oficio el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2012, con más intereses resarcitorios y aplica multa con fundamento en el artículo 46 y 47 de la Ley 11.683. A fs. 34/38 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 52/2017 (DV RNEU) dictada por el Jefe de la División Revisión y Recurso (Ex-AFIP-DGI) de la Dirección Regional Neuquen, mediante la cual se dispuso determinar de oficio el Impuesto al Valor Agregado por el período fiscal 01/2012 a 12/2012, con más intereses resarcitorios y aplica multa para los períodos 01/2012 a 04/2012 ambos inclusive y 07/2012 y 12/2012 con fundamento en el artículo 46 y 47 de la Ley 11.683. Que en primer lugar, manifiesta que existen varias causas y las mismas se refieren a diversos hechos y circunstancias que la AFIP-DGI entiende que están gravados con el Impuesto a las Ganancias y que la recurrente entiende que constituyen hechos no gravados en algunos casos y otros exentos por aplicación de las disposiciones del art. 20 de la citada Ley. Expone que la recurrente en oportunidad de designar al Sr. Juan Carlos Alvarez como director y presidente de Arlon SA llegó a un acuerdo mediante el cual se establecía que mientras ejerciera dicha función, la empresa se haría cargo de proveer la cuota medico-asistencial de Médicus SA, tanto para él como para su esposa.
Afirma que se trató de un gasto necesario para el desarrollo de su actividad y por consiguiente deducible en el Impuesto a las Ganancias. Sostiene que tal deducción también afecta a la determinación del IVA ya que las cuotas mensuales incluyen tal impuesto a la tasa del 10,5%.
En lo relativo al acuerdo judicial entre las empresas Alusa SA y Arlon SA en su carácter de contratistas y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) como comitente, sostiene que los citados contratistas tuvieron a su cargo la ejecución de una obra pública de desagüe cloacal en la ciudad de Bariloche. Las alteraciones económicas sucedidas en el país a fines del 2001 y principios del 2002 modificaron los valores de los contratos vigentes y la contratante procedió a rescindir dicha obra y no pagar la parte ejecutada.
Apunta que sucedieron varios juicios, sentencias y recursos los que finalizaron en un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que determinó que la CEB debía pagarle a los contratistas la suma de $ 802.100,07 con más un interés del 18% anual desde 01/09/2004 hasta el efectivo pago.
Afirma que esta suma fue determinada por la citada Cámara en base a un peritaje practicado por el Ing. J. Ruival al cual se le solicitó que determinara el costo actualizado de la obra ejecutada por los contratistas y no pagada por la CEB. Finalmente el 02/11/2012 las partes firmaron de común acuerdo un Convenio transaccional que se encuentra agregado en el expediente de inspección y que ascendió a la suma total de $ 2.397.236,48 que incluía capital, intereses e IVA, que sería abonada por la CEB en seis (6) cuotas, de las cuales dos (2) fueron en el año 2012 y cuatro (4) en el 2013. Para exteriorizar este convenio Arlon SA aplicó el sistema que determina el art. 74 de la L.I.G. denominado "devengado exigible".
Alega que la recurrente aplica las disposiciones del art. 74 de la L.I.G (devengado exigible) a las liquidaciones de lo cobrado en atención a las fechas de pago de las seis cuotas pactadas con la CEB. Sin embargo tal procedimiento, fue rechazado por la Inspección que consideró que debió haber devengado la totalidad de los pagos en el año 2012. Así destaca que la situación fiscal no hubiese variado en absoluto ya que al ser el cobro de una deuda, su incidencia en el Impuesto a las Ganancias es nula. La inspección hizo caso omiso de las disposiciones legales señaladas precedentemente, ignoró el devengado exigible y ajustó el impuesto al citado año. O sea que rechazó la mecánica de liquidación establecida en la ley sin razón alguna.
Manifiesta que no prestó un servicio sino que ejecutó una obra pública la cual no se le había pagado, y celebró un convenio transaccional mediante el cual la CEB le abonó el COSTO de la misma en seis cuotas. No percibió ni ganancia ni beneficio sino que cobró el costo de lo ejecutado actualizado a una fecha según peritaje, con más un interés anual del 18%. Nada de esto está gravado en el Impuesto a las Ganancias ya que cobrar una deuda no es una ganancia y percibir un interés resarcitorio es un ingreso exento según numerosa jurisprudencia al respecto.
Refiere que la resolución apelada expresa que Arlon SA ha declarado como ajustes negativos las sumas percibidas en virtud del convenio de pago celebrado con la CEB. Afirma que la recurrente ha declarado dichas sumas como ajustes negativos en virtud de la exención que establece el art. 20 inc. v) de Ganancias, ya que el convenio transaccional abarcaba tanto el costo o valor original de la obra, más su actualización, más los intereses fijados judicialmente. Este cúmulo de conceptos comprende tanto ingresos que pueden ser susceptibles de ser considerados como beneficios (actualización e intereses) como la percepción del costo de la obra ejecutada. La realidad es que judicialmente se ha establecido un valor determinado que incluye dos conceptos: uno es el costo original y otro la actualización de ese costo. Es por ello que se ha optado por incluir todo el capital pendiente de cobro dentro del art. 20 inc. v) por tratarse tanto de una sentencia judicial como de un pacto de pago entre partes. Cualquiera de las dos alternativas que se elija, ambas están exentas de Ganancias.
En cuanto a los intereses resarcitorios indica que numerosa jurisprudencia ha establecido que el cobro de intereses por el pago fuera de término de una deuda no es un beneficio sino un resarcimiento por la privación del mismo. Con respecto a los intereses por mora en el pago de indemnizaciones manifiesta que el convenio celebrado con la CEB incluía intereses, los mismos se encuentran exentos del impuesto a las ganancias.
Señala que otro de los ajustes que efectúa la Inspección ha sido el de gravar en el Impuesto a las Ganancias los intereses percibidos por la recurrente por inversiones en plazo fijo en entidades regidas por la Ley de entidades financieras controladas por el BCRA. Tales intereses, conforme lo establece el art. 20° inciso h) de la L.G. se encuentran exentos de dicho impuesto. Para rechazar tal exención la inspección manifiesta que el art. 97 inc. a) de dicha Ley se encuentra vigente y que el mismo excluye de tal exención a los contribuyentes enumerados en el art. 49 de esa Ley. Para basarse en ello mencionan la Ley 24.073 que fuera sancionada el 02/04/1992, que en su art. 39 expresa que a los fines de la actualización de valores previstas en la Ley 11.683 se aplicarán las tablas e índices que a esos fines elabora la DGI siendo la última la del mes de Marzo 1992.
Con respecto al Expte. N° 48.187-I apunta que durante el transcurso de la inspección, se solicitó a la actora que aportara facturas de ventas, compras, y Libros subdiario IVA, los que fueron entregados en un CD grabado. Posteriormente y en base a esa información la inspección efectuó algunas observaciones basadas en diferencias entre los créditos declarados y los que surgían del CD, y débito del mes 04/2012 que fue declarado en el 05/2012.
Afirma que tales observaciones fueron corregidas mediante la presentación de las DDJJ rectificativas que imputaron el débito del período 05/2012 al período 04/2012, como así también se incluyeron los créditos por compras de bienes y servicios que se habían omitido oportunamente por haberse extraviado los comprobantes respectivos. De tales documentos se le aportó a la inspección una copia y conjuntamente el Libro subdiario IVA con los créditos respectivos.
Con respecto al ajuste relativo a los gastos de MEDICUS S.A. los agravios resultan ser análogos en ambos expedientes.
La recurrente expresa que en la vista la inspección comete varios errores ya que para el cómputo del crédito fiscal se basa solamente en el CD y nunca en el subdiario de IVA Compras y Ventas que le fuera aportado en contestación a la Vista el día 20/02/2017. En cambio cuando considera el débito fiscal toma la cifra informada en el subdiario de IVA compras y ventas y no en lo informado en el CD. Pero lo que nunca hizo fue comparar los débitos y créditos de las ddjj tanto originales como rectificativas. De haberlo hecho hubiese advertido que en definitiva de las mismas surgió un saldo a favor de libre disponibilidad de la actora por la suma de $ 9228,22.
Destaca que durante la inspección y posteriormente en la Vista como en la resolución que se apela, la AFIP-DGI elaboró varias planillas de ajuste que difieren una de otra. Se le notificó a la recurrente en diversas oportunidades los ajustes que se iban produciendo según el criterio del redactor de los mismos. Afirma que el débito fue corregido mediante ddjj rectificativas y los créditos fueron expuestos en el subdiario Libro IVA Compras y Ventas aportado al inspector el 20/02/2017. Alega que en la vista concedida el 30/01/2017 se consigna en el Anexo I un saldo de impuesto a favor del Fisco de $ 38.279,74 y se informa que el débito fiscal del año 2012 fue de $ 193.622,09 y el crédito fiscal de $127.141,63. Indica que estos importes difieren de los notificados el 22/09/2016.
Manifiesta que en el Anexo III notifican una diferencia entre libros y ddjj de $ 67.730,21 y en el Anexo V la deuda de IVA asciende a 77.457,17. Esta disparidad de deudas obedece a que la Inspección acepta como válido el débito fiscal del Libro subdiario IVA ventas, que es el que obligatoriamente debe confeccionar el contribuyente, en forma ordenada y numerada, pero no acepta el crédito del Libro subdiario IVA compras, usando en su reemplazo el CDROM que no es obligatorio ni exigido legalmente.
Sostiene que la recurrente siempre confeccionó sus libros en legal forma y con los comprobantes de sus operaciones perfectamente descriptos. La circularización que al respecto se hizo tanto de compras como de ventas no arrojó diferencias. Las facturas y los proveedores y clientes existen y emitieron los comprobantes en legal forma.
Destaca que no existen en el cuerpo de inspección facturas apócrifas ni proveedores inhallables. Todo es correcto. Quizá y producto mismo de la actividad de la construcción en la vía pública, algunos comprobantes que pertenecen a un mes fueron declarados con posterioridad.
Asegura que ello es normal porque los plazos para hacer las ddjj son breves (escasos 17 días) mientras que los proveedores a veces demoran más tiempo en entregar las facturas. En otros casos al trabajar con una Caja Chica, las rendiciones de las mismas se demoran pasando los comprobantes al mes siguiente. Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Que a fs. 55/67vta y 168/178 la representación fiscal contesta el traslado de los recursos interpuestos. Niega todos los hechos que no sean objeto de aceptación expresa.
Que en primer lugar señala que la fiscalización actuante detectó inconsistencias en la declaración jurada presentada por la recurrente, con anteriorioridad a la inspección, respecto al Impuesto a las Ganancias, correspondiente al período fiscal 2012.
Afirma que se observaron rentas declaradas por la recurrente como exentas del Impuesto a las Ganancias que obedecen a dos conceptos, uno por los intereses ganados por plazo fijo y el otro por las sumas facturadas por los cobros provenientes del “Convenio Transaccional y Conciliatorio firmado con la Cooperativa de Electricidad de Bariloche Ltda”; en autos “ALUSA S.A. y ARLON S.A. el CEB LTDA s/ordinario”, Expte. N° 22515-02 del Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 3.
Sostiene que el contribuyente omitió declarar los ingresos por las cuotas a cobrar del convenio transaccional antes indicado. Manifiesta que se verificó además el gasto relacionado con las facturas de MEDICUS S.A. en concepto de obra social para quien se desempeña como presidente del Directorio y su esposa, en tanto dicho aporte no está destinado al contribuyente y sus cargas de familia, de ahí que se procedió a su impugnación.
Indica que la deducción efectuada entre Alusa SA y Arlon SA en su carácter de contratistas y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) como comitente, resulta improcedente. Manifiesta que la posición del Fisco Nacional resulta contraria a la contribuyente, ya que entiende que la misma no tuvo en cuenta las restricciones del inciso a) del artículo 97 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que indica que a los responsables que deban practicar el ajuste por inflación no les serán de aplicación las exenciones establecidas en los incisos h), k) y v) del artículo 20, toda vez que al encontrarse derogado el ajuste por inflación, "los sujetos mencionados en al articulo 49 de dicha ley, retoman el beneficio de la exención por haber cesado la causal que los marginaba". Igual criterio, dice, resulta aplicable con relación al otro aspecto cuestionado por la actora, esto es, las rentas generadas por las colocaciones en plazo fijo, que la recurrente entiende que se encontrarían a su entender exentos en los términos del artículo 20 inciso h) de la ley del Impuesto a las Ganancias, sin atender al artículo 97 antes citado.
Con respecto a los agravios de la actora relativos a la forma de imputación mediante el devengado exigible, señala el Fisco Nacional que dichos métodos se ocupan de la forma en la cual deberá ser declarado el resultado bruto de las obras en curso en el ejercicio normal de dicha actividad, exigiendo la citada normativa, una vez elegido el mismo, que sea aplicado uniformente a todas las obras ejecutadas por la empresa.
Manifiesta que dicha normativa se torna inaplicable dado que de los antecedentes puede observarse que se está frente a una renta proveniente de un acuerdo conciliatorio -convenio transaccional- de partes sin reconocimiento de hechos y derechos, en virtud de una sentencia judicial que ordenó a la CEB a abonar una suma de dinero en concepto de reajuste del precio de la obra ejecutada hasta la rescisión del contrato, con más intereses, no prevista ni previsible a la fecha de construcción y finalización de la misma, y que producto de dicho acuerdo transaccional se abonó en cuotas.
Indica que no corresponde aplicar respecto de las cuotas cobradas por la contribuyente las disposiciones del artículo 74, sino que resultan alcanzadas por el criterio general de imputación previsto en el artículo 18 de la Ley del gravamen. Resulta oportuno precisar que el convenio transaccional y conciliatorio fue celebrado en el mes de noviembre de 2012, acordándose el pago debido en 6 (seis) cuotas: las dos primeras cobradas en dicho período, y las restantes 4 (cuatro) en el período 2013, lo que es un reconocimiento de deuda pendiente de pago a la fecha de su celebración. Recién a partir de noviembre de 2012 tuvo la disponibilidad de su crédito, debiendo exponerse dentro del rubro del Activo. Entiende que las rentas obtenidas por la sociedad en concepto de cobro por litigio judicial se encuentran alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias, afectando los resultados del ejercicio 2012. Vale decir, no se encuentran exentas los ingresos declarados en el período 2012 correspondientes a las dos primeras cuotas; y además resultan alcanzadas las cuatro cuotas restantes, por el criterio de lo devengado. Asegura que la actora plantea su disconformidad respecto del gasto impugnado referido a la cuota por Obra Social prepaga MEDICUS SA. tanto para el presidente como para su esposa, alegando que los mismos fueron necesarios para obtener los servicios técnicos. administrativos y representativos del Sr. Juan Carlos Alvarez, quien en su foja de servicio, detenta (13) años como funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad y cinco (5) como Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
Señala que los argumentos brindados por la recurrente respecto a esta cuestión, NO pueden prosperar, en atención al tipo de sujeto -persona jurídica- que revista la recurrente, resulta inadmisible dicha deducción, ya que la misma sólo resulta procedente para sujetos -personas físicas- que no deviene del presente caso. (Cfr. artículo 81 inciso g) de la Ley del gravamen). El fundamento para decidir si un gasto es deducible será su vinculación con la obtención, mantenimiento y conservación de las ganancias gravadas. Pero, además de necesarios, deben ser justos, razonables y debidamente comprobados. Es así que, en general, las deducciones sólo serán admisibles cuando guarden una relación causal directa con la generación de la renta o el mantenimiento de la fuente en condiciones de operatividad, computándose como tales en el ejercicio en que se devenguen o paguen.
En cuanto a los intereses resarcitorios arguye que la mora en el pago del impuesto es imputable a la apelante. Indica que la mora se produce de manera automática; habiéndose acreditado, que se omitió ingresar el impuesto reclamado en tiempo oportuno, la consecuencia lógica de dicho actuar es el pago de los respectivos intereses.
En lo relativo al Expte. N° 48.187-I sostiene que a los efectos de tener probado el crédito fiscal que intenta incorporar en esta etapa no basta con remitirse a las registraciones de los libros de IVA del contribuyente, ya que resulta necesario para ello, contar con los comprobantes que respalden tales registraciones, los que no han sido aportados.
Destaca que se trata de comprobantes que no fueron computados en las declaraciones juradas originales, ni informados a la fiscalización actuante, para que ésta pudiera ejercer la auditoría sobre los mismos, por lo que su accionar no resulta oportuno, y es incompleto, ya que le corresponde a la contribuyente acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales, por distintas vías, independientemente del comprobante.
Manifiesta que la contribuyente no aportó nada que acreditara la veracidad de las operaciones que incorporó en las declaraciones juradas rectificativas, más que simples copias de detalle de impresiones que contienen la leyenda "Libro de IVA".
Indica que no se desprende del balance que se trate de comprobantes computados en el mismo, y que, por error, no se hubieran computado en la declaración jurada del impuesto al valor agregado, razón por la cual no resulta razonable que ahora emerjan pretendiendo su cómputo para dicho impuesto, pero sin probarse por ejemplo con qué fondos afrontaron los mismos.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se dicte sentencia confirmándose las resoluciones recurridas. Con costas.
III. A fs. 212 se elevan los autos a consideración de la Sala A y finalmente a fs. 217 pasan los autos a sentencia.
IV. Que conforme surge del Informe Final de Inspección obrante a fs. 291/306 la orden de intervención se origina como autogenerado, en el marco de controles efectuados a firmas dedicadas al rubro de la construcción, las cuales no registran retenciones practicadas en el impuesto a las ganancias. Asimismo la declaración jurada original se encontraba presentada al momento del inicio de inspección con un quebranto impositivo de $ 16.109,31, por realizar un ajuste impositivo negativo que es superior al importe del resultado (ganancia) contable.
Se cruzó la información de las ventas netas determinadas según las declaraciones juradas presentadas del Impuesto al Valor Agregado (por los doce meses del período fiscal) y la del impuesto a las ganancias, resultando una diferencia con incidencia de interés fiscal en el presente impuesto (Dicha irregularidad corresponde a lo observado por la División Investigación).
Además, del informe de inspección surgen las siguientes cuestiones:
Ajuste de Sentencia Judicial: el contribuyente aporta el mayor contable correspondiente al período fiscal 2012 observándose dos movimientos que sumarizan el total de $ 264.212,19 correspondiente a las dos primeras cuotas del Convenio Conciliatorio y Transaccional (Se adjunta Fs 13). Dichos importes fueron corroborados satisfactoriamente con la documentación respaldatoria-aportada por el inspeccionado y por el cliente circularizado CEB Ltda (Cuerpo Circularizaciones), los cuales corresponden efectivamente al Convenio Transaccional y Conciliatorio. Si bien fue exteriorizado en la cuenta contable "Otros Ingresos Operativos" incrementando el resultado contable del ejercicio, cuando el contribuyente presenta la declaración jurada de ganancias este importe lo deduce de la base sujeta a impuesto (ajustes negativos). Se procedió a solicitar la documentación respaldatoria al inspeccionado mediante formulario F 8600/1 el cual aporta fotocopia del Convenio Transaccional y Conciliatorio de fecha 02/11/2012 (Fs 14 y 15). Se observa que lo aportado no corresponde al documento completo y tampoco se observan en el mismo las firmas de las partes que le den conformidad al acuerdo escrito.
Ante esta situación se solicita nuevamente por requerimiento que aporte fotocopia firmada por responsable de la sociedad del contrato de obra y factura de venta realizada al cliente "Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda" y fotocopia del Convenio Transaccional y Conciliatorio completo del cobro de dicha operación y con firmas de las partes, comprobantes respaldatorios de cada uno de los cobros correspondiente al ejercicio contable, y fotocopia del asiento contable registrado en el Libro Diario (si fuera el caso del asiento de previsión por deudores incobrables efectuado a tal efecto).
El contribuyente contesta mediante F 206/1 que no se efectuó asiento contable alguno por previsión, adjunta fotocopia de las facturas emitidas al cliente C.E.B. Ltda correspondiente a:
- la primera cuota de dicho convenio conciliatorio tipo A factura N° 0001-351 por un importe total de $ 113.782,37;
- Factura tipo A N° 0001-352 correspondiente a la segunda cuota de dicho convenio por un importe de $ 205.914,37;
(Estas dos corresponden al periodo fiscal 2012).
- También aporta el resto de las facturas por las cuotas restantes (cobradas) las cuales corresponden al período fiscal 2013, no declarando dicho crédito en el Activo del Balance Contable del período fiscal 2012;
- De esta manera se cancela el total del acuerdo estipulado dándose por terminado el litigio judicial. El contribuyente en inspección no aportó ninguna otra documentación complementaria que clarifique y corrobore fehacientemente la situación informada, motivo que generó la necesidad de circularizar al contribuyente Cooperativa de Electricidad Bariloche S.R.L. Mediante formulario F 206/1 aportó la cuenta corriente del período fiscal 2012 y documentación respaldatoria de los pagos efectuados al inspeccionado; expresa asimismo que las operaciones efectuadas corresponden al pago de las cuotas N° 1 y 2 del Convenio Transaccional y Conciliatorio de fecha 02/11/2012 por "Reajuste por Mayores Costos". Se observa que las facturas aportadas son coincidentes con las brindadas por el inspeccionado. Dichos pagos fueron efectuados con cheques propios de la CEB LTDA y se efectuaron las retenciones correspondientes. Estas retenciones se corroboraron satisfactoriamente en los sistemas informáticos. En forma complementaria el circularizado aporta mediante otro E 206/1 fotocopia del Convenio Transaccional y Conciliatorio de fecha 06/11/2012, Copia del Contrato de Locación de Obra del 21/12/2000 del “Colector Oeste” que fue el causante del reclamo judicial por reajuste de mayores costos (Cuerpo Circularizaciones) y a la conciliación judicial posterior.
Por otra parte, el inspeccionado presenta documentación respaldatoria (mediante F 206/1 con firma del autorizado Cr. Rodolfo Aguirre se adjunta a Fs. 66 y 131) explicando la situación que dio origen a la controversia judicial resumiéndose en que por orden del contratante la CEB LTDA paralizó la obra por cuestiones económicas y financieras que atravesaba la cooperativa en el año 2001, sin efectuar los pagos correspondientes al avance de obra; que generó esta cesación de pago la convocatoria de la inspeccionada; que la controversia judicial fue resuelta y cancelada mediante el Convenio Conciliatorio y Transaccional dando por finalizada toda relación comercial; que la suma adeudada (conciliada) por la CEB Ltda surge de una sentencia judicial que determina una actualización de precio de obra ejecutada y no pagada, exenta del impuesto a las ganancias según articulo 20 inciso y) (Se adjunta nota a Fs 131).
En la sentencia de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial en el Expte N° 151092-116-09 se estipula que para el inspeccionado se debe abonar el importe total de $ 802.100,97 con mas el IVA y un interés del 18% anual desde el 01/09/2004 hasta el momento del efectivo pago, corresponde al valor total (por todo concepto) por el 80% de la obra construida.
A efectos del efectivo cobro se firmó el Convenio Conciliatorio y Transaccional, el cual fue cumplido satisfactoriamente en seis cuotas según documentación aportada por el inspeccionado y por el cliente circularizado.
También a efectos de corroborar dicha situación es que se le realizó acta testimonial al Sr Juan Carlos Álvarez presidente del Directorio de socios de la empresa Arlon S.A.C.LF.I.A., el que expresa las mismas circunstancias que las anteriormente descriptas correspondientes a la Obra ejecutada en un 80% con el cliente CEB Ltda (Fs 140).
Intereses Ganados: el contribuyente aporta el mayor contable correspondiente al período, observándose cuatro movimientos que sumarizan el importe total (Fs. 13). Los importes fueron corroborados satisfactoriamente con los extractos bancarios aportados por el Banco Patagonia S.A. (Cuerpo Cicularizaciones), los cuales corresponden a los intereses ganados por Plazo Fijo. Si bien fue exteriorizado en el Balance Contable en la cuenta “Otros Ingresos Operativos”, incrementando así el resultado contable del ejercicio, cuando el contribuyente presenta la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2012 este importe lo deduce de la base sujeta a impuesto (ajustes negativos). Se le solicitó al contribuyente mediante formulario F 8600/1 que exprese por nota aclaratoria el tratamiento impositivo dado a los intereses generados por el Plazo Fijo, manifestando el interesado (por autorizado Cr. Rodolfo Aguire) que el tratamiento impositivo dado es el indicado en el artículo 20 inciso h) de la Ley del Impuesto a las Ganancias (Se adjunta nota Fs 66).
En cuanto al ajuste relativo al Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo solicitado mediante requerimiento el contribuyente pone a disposición los Subdiarios de IVA Ventas y Compras, y también aporta un Cd con los mismos datos; con los cuales se procedió a cruzar la información en primer lugar con el débito entre los Subdiarios de IVA con las declaraciones juradas presentadas oportunamente, resultando una diferencia con interés fiscal en el período fiscal 04/2015 de $ 5.926,94 (Se adjunta papel de trabajo Fs 272).
Corresponde destacar que en el mes de 05/2012 se había exteriorizado un débito fiscal que correspondía ser declarado en el mes de 04/2012, por lo que se efectuaron las correcciones por dicho diferimiento. Cabe aclarar que el sustento normativo de ajuste del débito fiscal se encuadra en el artículo 10 y 11 de la Ley vigente del I.V.A. respecto a que existen en dicho período fiscal comprobantes de venta registrados en el Subdiario de IVA Ventas que no fueron exteriorizados en la declaración jurada respectiva.
Por otra parte, respecto al crédito fiscal se realizó también el mismo análisis de comparación entre las declaraciones juradas presentadas y el importe total registrado en el Subdiario de IVA Compras, resultando en todos los meses que el importe exteriorizado es superior al registrado, por lo tanto se pone en conocimiento al contribuyente. Se corroboró en los sistemas informáticos que el contribuyente realiza cómputo de crédito fiscal resultante de lo estipulado en el Decreto 814/01 por un importe de $ 282,70 para los meses de Enero a Agosto, de $ 342,69 desde Septiembre a Noviembre, y de $ 482,38 para el mes de Diciembre oportunamente. Asimismo se corroboró satisfactoriamente el pago de dichos aportes de seguridad social condición necesaria para tal beneficio. De todas maneras aunque se considere dicho cómputo existen diferencias con interés fiscal en varios meses observados (Se adjunta papel de trabajo Fs 273). De lo anteriormente analizado resulta una disminución total de crédito fiscal de $ 67.730,21 para el período fiscal 2012. Cabe aclarar que el sustento normativo de ajuste del crédito fiscal se encuadra en el artículo 12 de la Ley vigente del I.V.A. respecto a que existen cómputos fiscales computados por el contribuyente que no poseen respaldo documental ni tampoco se verifican en sus registraciones. Corresponde destacar que en el mes de 04/2012 se habilitó el cómputo de un crédito fiscal que no había sido declarado oportunamente, en virtud de estar registrado y de haber aportado la factura respaldatoria (Proveedor Buenuleo).
Considerando lo analizado respecto al proveedor Medicus S.A. se impugnó un crédito fiscal que asciende a $3.341,53, siendo que esto último se encontraba registrado en el Subdiario de IVA Compras no afectando por lo tanto la diferencia nombrada en el párrafo anterior. Cabe aclarar que dicha impugnación se fundamenta en que la operación no se encuentra vinculada con la actividad del contribuyente según lo estipulado en el artículo 12 inciso a) segundo párrafo de la Ley del IVA.
En resumen se realizó un ajuste por incremento del débito fiscal por $ 5.926,94 y un ajuste por disminución de crédito fiscal por $ 71.071,74; sumariza un total de ajuste en el I.V.A. de $ 76.998.68 (Se adjunta papel de trabajo Fs 283).
V. Que en primer término corresponde tratar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional donde la recurrente expuso en la declaración jurada de Impuesto a las Ganancias 2012, ajustes negativos al resultado del ejercicio en concepto de “intereses plazo fijo” e “intereses y actualización” producto del acuerdo judicial al que arribaron Arlon SA y Alusa SA con la Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda, por considerarlos rentas exentas.
En tal sentido cabe señalar que el objeto de la cuestión a decidir consiste, en definitiva, en dilucidar si las sumas percibidas, declaradas como ajustes negativos, se encuentran gravadas en el Impuesto a las Ganancias tomando en cuenta las restricciones del inciso a) del artículo 97 el cual indica que los contribuyentes que tengan que practicar el ajuste por inflación no le serán de aplicación las exenciones o resulta de aplicación la exención dispuesta en el artículo 20 incisos h) y v) de la Ley del gravamen postura esta última sostenida por la actora.
Que el mecanismo antes mencionado está expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, estableciéndose el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste, entre otras cosas (arts. 94 a 98).
Que, posteriormente, la ley 24.073 (art. 39, parte pertinente) agregó: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683, t.o. en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1 de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive”. Finalmente, la ley 25.561 modificó el art. 10 de la ley 23.928 manteniendo “derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.”
La recurrente entiende implícitamente derogado el art. 39 de la ley 24.073 por cuanto considera que su única razón de existencia era la estabilidad económica del país desapareció en 2002, debe señalarse que la Sala “D” de este Tribunal sostuvo en oportunidad de expedirse en los autos “C.D.R. Comunicaciones”, “Swaco de Argentina S.A.” (ambos de fecha 22/03/2007) y “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.” (de fecha 7/10/2010) –criterio compartido por la Sala “B” in re “Cragnolino, Raúl José” del 18/04/2008-, que “la virtual derogación del sistema en forma oblicua o indirecta..., no existe, porque no basta que algunas opiniones doctrinarias... lo sugieran, sino que para que deje de regir, la abrogación debe encontrarse plasmada en norma dispositiva expresa, lo que no ha ocurrido hasta el presente, precisando así el desigual enfoque que la ley otorga a las distintas categorías de contribuyentes. El dictado posterior de otras normas legales que hacen directa referencia al mecanismo, ratifican su permanencia (vrg. Ley 24.587 – B.O. 22/11/95)”.
“Que no obsta a esas consideraciones que la aplicación del mecanismo corrector en la práctica no logre el efecto que de él se espera. Ello así, porque sin necesidad de modificar un ápice el texto legal, el sistema de actualización y de ajuste de valores ha dejado de hallarse operativo por lo dispuesto en el citado art. 39 de la ley 24.073, pues al fijar como tope las variaciones de índice hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, ha tornado inocua su aplicación en cuanto a este aspecto se refiere, situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente”.
Cabe destacar que de los argumentos esbozados por la recurrente los mismos no pueden prosperar toda vez que respecto de la aplicación de las disposiciones del Título IV de dicho texto normativo lo único suspendido es el ajuste por inflación por aplicación del artículo 39 de la Ley 24.073, sin que se haya concretado derogación de la normativa.
En tal sentido corresponde señalar que resulta de aplicación al caso de marras el artículo 97 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) el cual en el inciso a) dispone que: "... Los responsables que, conforme lo previsto en el presente Titulo, deban practicar ajuste por inflación quedarán, asimismo, sujetos a las siguientes disposiciones: a) No les serán de aplicación las exenciones establecidas en los incisos h), k), q) y v)”. Ello así, cabe concluir que le asiste razón al Fisco Nacional en el ajuste determinado en este aspecto.
Que en cuanto a los agravios de la recurrente relativos a que para exteriorizar el convenio en cuestión, la recurrente aplicó el sistema que determina el art. 74 de la LIG denominado “devengado exigible”se estima conveniente efectuar ciertas consideraciones en lo relativo al término "devengado", empleado en el art. 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Es dable señalar que la CSJN en autos “Compañía Tucumana de Refrescos S.A. (TF 20.391-I) c/ DGI", de fecha 24-05-2011 estableció “3º) Que dicha norma establece -en lo que aquí interesa- que a los efectos de su imputación al año fiscal "se consideran ganancias del ejercicio las devengadas en el mismo" aclarando más adelante que "las disposiciones precedentes sobre imputación de la ganancia se aplicarán correlativamente para la imputación de los gastos salvo disposición en contrario" (conf. art. 18, 2º párr., inc. a y 4º párr.).”
“4º) Que "devengar" es un concepto general del derecho empleado usualmente para dar cuenta de la circunstancia misma del nacimiento u origen de un derecho de contenido patrimonial. Alude, en tal sentido, al fenómeno mismo de la génesis de un derecho. En dicha inteligencia, cuando el art. 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias emplea el citado término lo hace para que se realice la imputación de las ganancias y los gastos al ejercicio en que acaecieron los hecho jurídicos que son su causa, con independencia de otras consideraciones que no surjan de lo dispuesto por la ley.”
Asimismo en cuanto a los argumentos de la recurrente relativo a la aplicación del sistema que determina el art. 74 de la Ley de Gravamen Devengado exigible corresponde señalar que en este sentido le asiste razón al criterio esbozado por la fiscalización actuante por cuanto conforme surge de las actuaciones administrativas no se observa que se haya efectuado la imputación a más de un período fiscal, en tal sentido corresponde señalar que el crédito originado en el período fiscal 2012 por el Convenio Conciliatorio y Transaccional, se pudo corroborar con la documentación aportada por el inspeccionado y en la circularización efectuada al cliente CEB Ltda que todas las cuotas fueron oportunamente canceladas de acuerdo a las fechas conciliadas (Cuerpo Circularizaciones y Fs 46 a 49 A.A.).
Si consideramos la forma de imputación de las cuentas contables de resultado para la inspeccionada corresponde al criterio de "devengado" de acuerdo al artículo 18 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, por lo que debió haberse registrado contablemente el crédito (Activo) por las cuatro cuotas a vencer en el período fiscal 2013 con incidencia (ganancia) en el resultado impositivo del período fiscal 2012. Respecto a la particularidad del artículo 74 de la Ley de Impuesto a las Ganancias correspondiente a las empresas de construcción, el artículo considera dos métodos de imputación por los cobros efectuados cuando la obra está en proceso de construcción pero no para los cobros percibidos cuando la obra ya esta terminada. También se analiza para la situación en particular del inspeccionado respecto al cobro de la totalidad del servicio con la obra ya terminada (si bien es el 80% de la obra la misma es la considerada el 100% para el cobro según litigio judicial) según el Convenio Conciliatorio y Transaccional que efectivamente fue cancelado, es que se verifica si es aplicable el artículo 18 de la Ley pero en complemento a la consideración con el artículo 23 inciso c) de su Decreto Reglamentario donde estípula el criterio de imputación del "devengado-exigible": “... la construcción de obras publicas cuyo plazo de ejecucion abarque mas de 1 (un) periodo fiscal y en las que el pago del servicio de construcción se inicie después de finalizada las obras, en cuotas que se hagan exigibles en mas de 5 (cinco) periodos fiscales...” resulta claramente que en el presente caso no es viable su imputación ya que no cumple con la condición de que el pago se haga exigible en mas de cinco períodos fiscales, no pudiéndose afectar su resultado al periodo fiscal 2013 sino que es alcanzado por el impuesto en el período fiscal 2012.
Asimismo en cuanto a la impugnación del gasto referido a la cuota por Obra Social prepaga de Medicus SA, tanto el presidente como para su esposa alegando que los mismos fueron necesarios para obtener los servicios técnicos, administrativos y representativos del Sr. Juan Carlos Alvarez corresponde efectuar una reseña normativa, en tal sentido respecto a la Ley de Impuesto a las Ganancias, corresponde hacer referencia al art. 80 el cual prescribe que “Los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en la misma, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción respectiva.”
Que, por su parte, el artículo 81 de la referida Ley dispone las deducciones admitidas y establece que “De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir: a) Los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas… b) Las sumas que pagan los asegurados por seguros para casos de muerte…. c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario Permanente, a los partidos políticos reconocidos incluso para el caso de campañas electorales y a las instituciones, comprendidas en el inciso e) del artículo 20… d) Las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales…. f) Las amortizaciones de los bienes inmateriales que por sus características tengan un plazo de duración limitado, como patentes, concesiones y activos similares…. g) Los descuentos obligatorios efectuados para aportes para obras sociales correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan para el mismo el carácter de cargas de familia…. h) Los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica...” El incido e) del art. 81 fue derogado por art. 17 de la Ley N° 26.425.
Finalmente y en cuanto a las deducciones especiales de la tercera categoría, el artículo 87 prevé que “…se podrá deducir: a) Los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio…b) Los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo…c) Los gastos de organización… d) Las sumas que las compañías de seguro, de capitalización y similares destinen a integrar las previsiones por reservas matemáticas y reservas para riesgos en curso y similares…e) Las comisiones y gastos incurridos en el extranjero indicados en el artículo 8º…g) Los gastos o contribuciones realizados en favor del personal por asistencia sanitaria, ayuda escolar y cultural, subsidios a clubes deportivos y, en general, todo gasto de asistencia en favor de los empleados, dependientes u obreros…h) Los aportes de los empleadores efectuados a los planes de seguro de retiro privados…i) Los gastos de representación efectivamente realizados y debidamente acreditados…j) Las sumas que se destinen al pago de honorarios a directores, síndicos o miembros de consejos de vigilancia y las acordadas a los socios administradores.” El inciso f) del art. 87 fue eliminado por Ley N° 25.063. Atento lo expuesto corresponde concluir que resulta acertado el criterio asumido por la fiscalización actuante en el Impuesto a las Ganancias por cuanto dicha deducción resulta inadmisible en atención a que el aporte efectuado por la recurrente a Medicus SA solo resulta procedente para personas físicas conforme fuera detallado anteriormente. Asimismo no se consideran operaciones vinculadas con la actividad gravada de la sociedad, siendo gastos personales del Presidente resultando acertado la impugnación fiscal. En cuanto al ajuste efectuado en el Expte. N° 48.187-I correspondiente al Impuesto al Valor Agregado corresponde señalar en primer lugar que la recurrente presentó declaraciones juradas rectificativas de IVA por los periodos 02/2012 a 07/2012, ambos inclusive, conformando parcialmente la pretensión fiscal que surge de la vista conferida, referido únicamente a las diferencias relacionadas con el débito fiscal, no así con el crédito fiscal.
Asimismo respecto de los créditos fiscales que afirma no le fueron computados, corresponde señalar que a fs. 7 del Cuerpo Principal la recurrente presentó nota adjuntando CD con subdiarios de IVA Compras y Ventas en formato excel manifestando que no dispone de la tecnología adecuada para lo requerido por RG 1361 por no estar obligada a ello.
De la lectura del mismo surge que el crédito fiscal correspondiente al período 01/2012 a 12/2012, asciende a $55.639,37 en clara contradicción con lo computado por el contribuyente en sus declaraciones juradas originales, $ 123.369,58, motivo por el cual se formularon cargos en la vista conferida a la impugnación de crédito fiscal por falta de comprobantes, con sustento en lo normado por el artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por $ 67.730,21.
Asimismo en cuanto a los dichos de la recurrente por cuanto afirma que aportó documentación fehaciente, corresponde señalar que resultan ser copias simples en donde se observa la leyenda “Libro de IVA Compras”, incluyéndose facturas que no se encontraban listadas en los registros aportados previamente durante la fiscalización, pero no presenta los comprobantes.
Cabe referir que el art. 12 de la LIVA establece en lo pertinente que "Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior los responsables restarán: a) El gravamen que, en el período fiscal que se liquida, se les hubiera facturado por compra o importación definitiva de bienes, locaciones o prestaciones de servicios...".
Que en efecto, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
Que cabe destacar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos, al contribuyente que impugna las liquidaciones hechas en la Entidad Recaudadora le corresponde probar los errores que le atribuye.
Que la necesidad de documentar todos los actos que involucren al contribuyente sólo puede resultar en su propio beneficio para evitar que pueda darse una determinación alejada de la realidad económica, encontrándose a su cargo, como ya se dijo, la obligación de contrarrestar con pruebas fehacientes las conclusiones del Ente Fiscal, siendo esto último lo que no ha ocurrido en la especie.
En tal sentido corresponde señalar que a los efectos de tener probado el crédito fiscal que intenta incorporar en esta etapa no basta con remitirse a las registraciones de los libros de IVA del contribuyente, ya que resulta necesario para ello contar con los comprobantes que respalden tales registraciones, los que no fueron aportados por la parte actora.
Atento lo expuesto corresponde confirmar los ajustes practicados por el Fisco Nacional.
VI. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en los actos apelados que se confirman.
VII. Que en el caso de autos se le aplicó al contribuyente sendas multas con sustento en los artículos 46 y 47 inc. c) de la Ley 11.683 relativo al período fiscal 2012 Impuesto a las Ganancias e inciso a) relativo a los períodos fiscales 01/2012 a 04/2012, 07/2012 y 12/2012 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
Que con relación a la multa por defraudación aplicada, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco. Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
Que no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Que por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. b) En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria, en atención a que supo que la información contenida en la declaración jurada presentada no se correspondía con las constancias de los registros.
Que en virtud de lo expuesto, encontrándose acreditado en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación, es decir, la existencia del ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos.
En cuanto al quantum de las sanciones aplicadas, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así, se advierte en el acto atacado una falta de merituación concreta de los hechos que conducen al juez administrativo a graduarla en tres veces el impuesto omitido, por el contrario no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, se considera prudente reducirlas al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental. Las costas se imponen a la actora, salvo en la proporción en que se reducen, aspecto éste en que se imponen por su orden.
VIII. Que en función de lo hasta aquí expuesto SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas y oportunamente archívese. Date: 2025.09.10 18:13:34 ART Date: 2025.09.12 10:50:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.12 10:56:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.12 10:57:49 -03:00
Fin de la sentencia