Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 41.883-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto cabe desestimar el planteo de prescripción interpuesto por la parte actora.
V. Que seguidamente corresponde adentrarnos en el análisis de la cuestión de fondo traída a conocimiento de este Tribunal Fiscal.
Cabe prevenir que el juzgador no está obligado a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que estime conducentes para fundar su decisión (Cfr. CSJN in re "Sopes Raúl Eduardo c. Administración Nacional de Buenos Aires" sentencia del 17/11/1987, Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V en autos “Tunesse, María del Carmen Flavia c. Ministerio del Interior s/juicio de conocimiento” sentencia del 13/04/1998, “Manzino, Silvia B.”, T.F.N., Sala “D”, sentencia de fecha 17/03/2006, entre otros).
Sentado ello cabe analizar el tema puesto en crisis que concretamente se circunscribe a determinar si en el caso resulta procedente aplicar el prorrateo de gastos de conformidad a lo previsto en el art. 80 de la ley del impuesto a las ganancias -tal como lo sostiene el Fisco Nacional- , o por el contrario, si asiste razón a la recurrente quien sostiene que no corresponde efectuar el prorrateo en cuestión atento no haber obtenido ingresos exentos y/o no gravados durante el ejercicio fiscal 2009 y que el carácter de “no computables” de las utilidades provenientes de participaciones en fideicomisos financieros, no puede asimilarse sin más a rentas exentas o no gravadas. …
I. Que a fs. 23/78 la recurrente interpone recurso de apelación contra la Resolución N°82/2017 (DV DEOA) emitida por la División Determinaciones de Oficio “A” mediante la cual se impugna la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2009 y se determina de oficio el impuesto imponiendo la obligación de ingresar la suma de pesos tres millones ciento noventa y nueve mil quinientos noventa y tres con treinta y nueve centavos ($3.199.593,39), con más la suma de pesos siete millones novecientos treinta mil cuatrocientos veinticinco con cuarenta y nueve centavos ($7.930.425,49) en concepto de intereses resarcitorios calculados al 16/06/2017.
Asimismo, le aplica una multa de pesos dos millones doscientos treinta y nueve mil setecientos quince con treinta y siete centavos ($2.239.715,37), equivalente al 70% del gravamen omitido.
Que COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. es una entidad financiera no bancaria que opera en el marco de la ley 21.526 de entidades financieras y tiene como actividad principal efectuar “servicios de intermediación financiera realizada por compañías financieras” – código de actividad 641941, cerrando sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
Que el ajuste se origina como consecuencia de la verificación llevada a cabo por personal del área fiscalizadora que se centró en analizar la deducción de gastos en el impuesto a las ganancias vinculados a ingresos no computables en concepto de utilidades por certificados de participaciones en fideicomisos financieros por los periodos fiscales 2008 y 2009.
Sostiene la recurrente que su compañía es líder en el otorgamiento de préstamos a nivel minorista y se focaliza en el área de préstamos personales de consumo sin garantía y tarjetas de crédito dentro del territorio argentino. También se caracteriza por brindar un rápido y fácil acceso al crédito a los solicitantes, que en general provienen de segmentos de ingresos medios y bajos y tienen una relación limitada con los bancos tradicionales.
Alega que “incidentalmente” durante el período fiscal en cuestión -2009-percibió utilidades por su participación en fideicomisos financieros, los cuales no resultan computables a los fines de la liquidación del impuesto a las ganancias. Ello así, informó a la fiscalización que no ha efectuado un prorrateo de gastos, en atención a no haber obtenido ingresos exentos ni ingresos no gravados durante el período fiscal 2009.
Señala que la denominación de “ingresos no computables” utilizada por la ley no puede entenderse como causada o atribuible a una falta de previsión del legislador. Y que el carácter legal no admite bajo una interpretación literal, la equiparación con la renta “exenta” o “no gravada”, aunque la consecuencia de su aplicación sea la de no incidir con el tributo a la renta en cuestión en cabeza de su perceptor. Agrega que resulta evidente que la denominación de ganancias “no computables” prevista en la ley, exterioriza en forma manifiesta la voluntad que tuvo el legislador de establecer una diferencia en sentido técnico entre el concepto de ganancias no gravadas o exentas y el concepto “no computable”. Aclara que los costos financieros se atribuyen en un 100% a la actividad gravada, puesto que provienen de operaciones para generar la liquidez necesaria y suficiente para el desembolso de préstamos y atender a erogaciones de la operatoria de la compañía necesaria para otorgar préstamos.
Señala que no obstante el criterio expresado con relación los referidos gastos, el Fisco Nacional procedió a la impugnación de la liquidación del impuesto practicada por su parte, por cuanto éste consideró “que las utilidades percibidas por su participación en fideicomisos financieros deberían ser computadas a los fines de la elaboración de un coeficiente de impugnación de gastos atribuibles a ingresos exentos, asimilándolos a éstos últimos en forma totalmente improcedente”.
Plantea la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar el impuesto a las ganancias correspondiente al período 2009, en virtud de haber transcurrido el plazo de 5 años que dispone la ley 11.683.
II. Por su parte, el Fisco Nacional contesta el recurso a fs. 90/104 desestimando los argumentos de la recurrente. Sostiene que de conformidad a lo previsto en el art. 80 de la ley y 117 del decreto reglamentario, procede efectuar el prorrateo de gastos en virtud de que los ingresos provenientes de las utilidades percibidas por la tenencia de certificados de participación en fideicomisos financieros -que resultan no computables a efectos de la determinación del impuesto- corresponde que sean asimilados a ingresos exentos o no gravados.
Explica el mecanismo utilizado para calcular el coeficiente de prorrateo de gastos y para determinar el monto de los gastos prorrateables sobre los cuales aplicó el citado coeficiente obteniendo la proporción de gastos no deducibles cuya suma ascendió a $9.141.695,40.
Se opone a la prueba ofrecida por considerar que la prueba informativa es superflua y dilatoria, en tanto que en el caso de la pericial contable la considera además de dilatoria, inconducente dado que su producción no logra desacreditar el ajuste practicado.
Solicita se dicte sentencia confirmando el acto apelado en todas sus partes con imposición de costas a la contraria.
III. Que a fs. 130 se resuelve abrir la causa a prueba y hacer lugar parcialmente a la misma. Se rechaza la prueba pericial contable ofrecida y se hace lugar a la prueba informativa, ordenándose que se libren los oficios correspondientes quedando a cargo de la recurrente la confección, suscripción y acreditación de su diligenciamiento dentro del quinto día.
Que a fs. 131 la recurrente interpone recurso de reposición y apelación en subsidio en los términos de los artículos 71 de la Acordada AA-840 y modif. y 238 del CPCyC.
Que a fs. 135/148 se acredita el diligenciamiento de los oficios ofrecidos como prueba a: HSBC BANK ARGENTINA S.A., BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., BANCO SANTANDER RIO S.A., BANCO CITIBANK N.A., los cuales son respondidos en su totalidad a fs. 140/142, 145, 146/147 y 148. Que a fs. 149/150 se resuelve no hacer lugar al recurso de reposición y rechazar el recurso de apelación interpuesto en subsidio por improcedente.
Que a fs. 193 se clausura el período probatorio.
Que visto el estado de autos a fs. 198 se elevan a consideración de la Sala “B”.
Seguidamente, a fs. 204 se ponen las actuaciones a disposición de las partes para que en el término de diez (10 días) produzcan sus respectivos alegatos, haciendo uso de su derecho la parte actora a fs. 214/227 y el Fisco Nacional a fs. 210/213.
Finalmente, a fs. 228 se ponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que visto el estado de la causa, por una cuestión de lógica precedencia corresponde dar tratamiento a la cuestión introducida por la recurrente en cuanto a la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar el impuesto a las ganancias del período fiscal 2009, en virtud de haber transcurrido el plazo de 5 años que dispone la ley 11.683.
Al respecto, señaló la recurrente que operando el cierre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año, el plazo quinquenal de prescripción para determinar el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2009 comenzó a correr el 1° de enero de 2011 y prescribió el 1° de enero de 2016. En consecuencia, sostiene que toda vez que la vista fue conferida el 19 de diciembre de 2016 –Resolución N°163/2016 DV DEOA– las acciones del fisco con relación al período fiscal 2009 se hallaban prescriptas.
Ello así por cuanto -contrariamente a lo considerado por el Fisco Nacional- deviene inaplicable en el caso de COMPAÑÍA FINANCIERA la suspensión del curso de la prescripción dispuesta en el art. 17 de la ley 26.860, en atención a que la misma no alcanza a los contribuyentes que no se hubieran adherido al régimen de “Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior” establecido por la ley antes citada.
Cabe recordar que el artículo 17 de la ley 26.860 dispone: “Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
Cabe anticipar que el agravio genérico introducido por la apelante -según el cual resultaría inaplicable a su caso lo previsto en el artículo 17 antes transcripto- no puede prosperar.
Ello así, por cuanto la postura asumida por la recurrente en torno al alcance de la expresión “con carácter general” no es aquí compartida, en virtud de que el texto legal que nos ocupa es, indudablemente, de una claridad meridiana. Como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). En efecto, invocar inopinadamente un supuesto espíritu de la ley absolutamente contrapuesto con su texto -como lo propone el apelante- con el fin de llevar a cabo una innecesaria interpretación de la norma cuando su sentido y alcance no ofrecen dudas, no podría considerarse fundamento para un agravio atendible.
Al respecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, considerando 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquél, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); que las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376). Acerca de esto último, cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 - que instauró un régimen de normalización impositiva y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “con carácter general por el término de un (1) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”- resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656). Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re “AFIP-DGI c/Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/2015 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/05/2015–, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476 -análogo al que aquí incumbe-, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Ello así, cabe concluir que la suspensión bajo análisis resulta plenamente aplicable al presente caso, por ser aquella de carácter general, no siendo condición para ello que el contribuyente hubiera adherido al régimen de regularización contenido en la ley. Bajo esa liminar premisa y a los fines de resolver la excepción planteada, cabe señalar que respecto del período 2009, el vencimiento para la presentación de la declaración jurada se produjo el 10/05/2010, por lo que el 01/01/2011 se inició el cómputo del término de la prescripción el cual fue suspendido el 03/06/2013 en razón de la publicación en el Boletín Oficial de la ley 26.860 que en su artículo 17 dispuso para todos los contribuyentes un año de suspensión de los plazos de prescripción en curso.
Reanudado el plazo, ocurre que el 19/12/2016 se notificó la Resolución N°163/2016 DV DEOA por la que se corrió vista de los cargos, lo cual hizo aplicable la suspensión por 120 días del plazo de prescripción, de conformidad con lo establecido en el artículo agregado sin número a continuación del 65 de la ley de rito. En efecto, el citado artículo dispone: “se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuesto regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de la notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o de los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a que se produzca la correspondiente prescripción. Que bajo estas premisas, habiéndose computado el referido plazo de suspensión del curso prescriptivo y teniendo en cuenta la fecha de dictado de la Resolución N°82/2017 DV DEOA-, es claro que la acción fiscal se encontraba expedita.
Por lo expuesto cabe desestimar el planteo de prescripción interpuesto por la parte actora.
V. Que seguidamente corresponde adentrarnos en el análisis de la cuestión de fondo traída a conocimiento de este Tribunal Fiscal.
Cabe prevenir que el juzgador no está obligado a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que estime conducentes para fundar su decisión (Cfr. CSJN in re "Sopes Raúl Eduardo c. Administración Nacional de Buenos Aires" sentencia del 17/11/1987, Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V en autos “Tunesse, María del Carmen Flavia c. Ministerio del Interior s/juicio de conocimiento” sentencia del 13/04/1998, “Manzino, Silvia B.”, T.F.N., Sala “D”, sentencia de fecha 17/03/2006, entre otros).
Sentado ello cabe analizar el tema puesto en crisis que concretamente se circunscribe a determinar si en el caso resulta procedente aplicar el prorrateo de gastos de conformidad a lo previsto en el art. 80 de la ley del impuesto a las ganancias -tal como lo sostiene el Fisco Nacional- , o por el contrario, si asiste razón a la recurrente quien sostiene que no corresponde efectuar el prorrateo en cuestión atento no haber obtenido ingresos exentos y/o no gravados durante el ejercicio fiscal 2009 y que el carácter de “no computables” de las utilidades provenientes de participaciones en fideicomisos financieros, no puede asimilarse sin más a rentas exentas o no gravadas.
En efecto, señala que dicho carácter legal no admite, bajo una interpretación literal, la equiparación con rentas “exentas” o “no gravadas”, aunque la consecuencia de su aplicación sea la de no incidir con el tributo a la renta en cuestión en cabeza de su perceptor.
Y agrega que resulta evidente que la denominación de ganancias “no computables” prevista en el art. 64 de la ley del gravamen, exterioriza en forma manifiesta la voluntad que tuvo el legislador de establecer una diferencia en sentido técnico entre el concepto de ganancia no gravada o exenta y el concepto de ganancia “no computable”.
Cabe señalar que la controversia que nos ocupa ya ha sido resuelta por esta Sala in re “Telecom Argentina S.A.” del 28/12/2020 -confirmado por la Corte Suprema de Justicia por sentencia del 27/12/2024- y más tarde en “Banco Comafi s/ Recurso de Apelación” – Expte. 41.883-I, sentencia de fecha 12/04/2023. Allí se concluyó que “ha sido la voluntad del legislador la de establecer una diferencia técnica entre los conceptos de ganancia no gravada o exenta y el concepto de ganancias no computable” y que “le asiste razón a la actora en cuanto a que los dividendos y los rendimientos de certificados de participación en fideicomisos financieros, no obstante estar gravados en cabeza de las respectivas sociedades y fideicomisos respectivamente, son conceptualizados por la Ley del Impuesto a las Ganancias como “no computables” en cabeza de los beneficiarios de las respectivas distribuciones de utilidades mencionadas, lo cual a las claras deja en evidencia que el legislador no ha querido calificarlos ni como rentas exentas ni como no gravadas, y ello en línea con lo previsto en el segundo párrafo del mismo artículo 64 de la LIG, donde, en forma expresa, por si surgiera alguna duda, admite la posibilidad de deducción de todos los “gastos necesarios” para la obtención de estas rentas a los fines de determinar las ganancias netas imponibles, “a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación de este gravamen” y que, como dice la norma, respeten “las limitaciones establecidas en esta ley”.
Se dijo también que “No escapa a estos juzgadores, que dichas limitaciones contemplan el prorrateo de gastos comunes, pero no de la manera que lo pretende el fisco sino que eventualmente podría aplicarse en relación al cómputo de “gastos necesarios” para obtener estas rentas no computables, cuando dichos gastos sean comunes respecto de otras ganancias que sean consideradas exentas y/o no gravadas. Incluir estas rentas (“no computables”) de la misma manera que las rentas exentas y no gravadas para el cálculo del mencionado prorrateo, hace que la mentada norma que posibilita la deducción de estos “gastos necesarios” pierda todo sentido. Por lo que no hay dudas que dichas rentas deben mantenerse al margen del cálculo del prorrateo de gastos comunes, ante lo cual procede revocar el ajuste fiscal en autos. Ello así, deviene inoficioso el tratamiento de los restantes agravios introducidos por la actora en su apelación”.
En la citada causa “Telecom Argentina S.A.” se discutía si los gastos asociados al cobro de dividendos resultan deducibles en el impuesto a las ganancias o si correspondía rechazar su deducción con fundamento en que las ganancias percibidas por dividendos de acciones no son computables por sus beneficiarios para la determinación de su ganancia neta.
Al respecto, el citado Tribunal dijo: “Que el art. 17, primer párrafo, de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 y sus modificaciones) establece que para determinar la ganancia neta “se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, mantener y conservar la fuente, cuya deducción admita ley, en la forma que la misma disponga -en cuanto aquí interesa- que “[e]n ningún caso serán deducibles los gastos vinculados con ganancias exentas o no comprendidas en este impuesto”. (Considerando 7°).
Continúa diciendo que “En materia de deducciones el art. 80, primer párrafo, establece que los gastos cuya deducción admite esta ley, con las restricciones expresas contenidas en ella, son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto y se restarán de las ganancias producidas por la fuente que las origina. Cuando los gastos se efectúen con el objeto de obtener, mantener y conservar ganancias gravadas y no gravadas, generadas por distintas fuentes productoras, la deducción se hará de las ganancias brutas que produce cada una de ellas en la parte o proporción”. Finalmente, precisa que el art. 64 de la ley del gravamen establece que “los dividendos, así como las distribuciones en acciones provenientes de revalúos o ajustes contables no serán computables por sus beneficiarios para la determinación de su ganancia neta” y que a los efectos de la determinación de la misma se deducirán -con las limitaciones establecidas en la ley- todos los gastos necesarios para la obtención del beneficio, a condición de que no hubiesen sido ya considerados en la liquidación de este gravamen.
En el considerando 8° del fallo se destaca que “de las normas reseñadas surge que la ley de impuesto a las ganancias emplea diferentes conceptos relacionados con la determinación del impuesto. El art. 17 se refiere a “ganancias exentas” y “no comprendidas”, el art. 80 a “ganancias gravadas” y “no gravadas” y el art. 64 a ganancias “no computables”.
Y agrega que “Las ganancias “no gravadas” o “no comprendidas”, como lo indica su nombre, no se encuentran sujetas al impuesto porque la ley no las ha identificado como renta imponible a los efectos de hacer nacer la obligación tributaria. Las ganancias “exentas” tampoco se encuentran sujetas al impuesto, pero por una razón diferente, pues en su caso la ley sí las ha identificado como renta imponible y darían lugar sin más al nacimiento de la obligación tributaria si no fuese porque una exención impide expresamente ese efecto. En cambio, las ganancias “no computables” presuponen la existencia de una ganancia gravada”.
Así indica que “No obstante tratarse la ganancia en concepto de dividendos de ganancia gravada sobre la que no recae ninguna exención, la ley ha establecido que el accionista que la obtiene no la contemple para la determinación del impuesto. Ello surge claramente del art. 64 al disponer que “los dividendos (…) no serán computables por sus beneficiarios para la determinación de su ganancia neta, lo que determina que no se genere ninguna obligación tributaria en cabeza del accionista”.
Entendió la Corte que “el carácter de “no computable” de dicha renta para el accionista obedece a que la renta que originó tales intereses ya fue gravada en cabeza de la sociedad que los distribuyó, respondiendo así al propósito de política tributaria de evitar la doble o múltiple imposición económica que tendría lugar si la ley permitiese gravar una misma renta en cabeza de la sociedad y su accionista”. Y que dicho mecanismo “expone la diferencia insalvable entre las rentas gravadas pero no computables y las rentas no gravadas o exentas que no se encuentran alcanzadas en cabeza de ningún sujeto y escapan por completo del impuesto. Por ende, no corresponde incluir a las ganancias no computables en la prohibición de deducir gastos vinculados con “ganancias exentas o no comprendidas” establecida en el art. 17, ni corresponde considerarlas como ganancias “no gravadas” a los efectos de prorrateo establecido en el art. 80”.
Que tal como ya ha concluido el Máximo Tribunal “el silencio o la omisión en una materia que, como la impositiva, requiere ser aplicada restrictivamente no debe ser suplida por vía de interpretación analógica y, mucho menos aún, por decisión judicial (Fallos: 209:87; 248:482; 310:290; 329:2511). Esto es lo que ocurriría si se admitiese la interpretación de la AFIP de asimilar, a los efectos de la aplicación de la regla del prorrateo de gastos, las rentas no computables a las no gravadas o exentas en razón de que en el caso operan con matices claramente análogos”.
“Tal proceder implicaría la confusión de conceptos que cumplen funciones diferenciadas en la técnica tributaria y conllevaría desatender la pauta interpretativa establecida por el Tribunal según la cual si la ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación de tales términos que ellos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los conceptos (Fallos: 200:165; 304:1820; 307:928; 314:1849; CSJ 27/2011 (47-H)/CS1 “Hidroeléctrica El Chocón S.A. (TF 19.399-I) c/ DGI”, sentencia del 17/09/2013, entre otros)”. Concluyendo que “al autorizar al accionista deducir todos los gastos necesarios para obtener los dividendos, la norma despeja cualquier duda que pudiese existir respecto de que el hecho de que los dividendos no estén gravados también en cabeza del accionista en nada perjudica el derecho de este último a deducir los gastos relacionados con ellos”.
Conforme lo expuesto corresponde revocar la resolución apelada con costas.
Revocar la Resolución N°82/2017 (DV DEOA) con costas.
Regístrese. Notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregado al expediente papel. Date: 2025.10.07 10:41:43 ART Date: 2025.10.07 14:51:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.07 15:43:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.07 15:44:11 -03:00
Fin de la sentencia