Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-17618943-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo.
2Revocar la Resolución N° 2020-387-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 18/02/2020, en la actuación SIGEA N° 12206-7980-2011.
3Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-57168311-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 28 de Mayo de 2025 Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2020-17618943-APN- SGASAD#TFN: “BAYER S.A. C/DGA S/ Recurso de Apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 2020-387-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 18/02/2020, en la actuación SIGEA N° 12206-7980-2011, en cuanto condena a la actora al pago de una multa equivalente a la suma de $542.954,32 formulándole cargo-así como a la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.- por tributos adeudados equivalentes a la suma de U$S 100.928,39, por encontrarse incursa en la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en virtud de la mercadería importada temporariamente mediante la destinación N° 10073IT14002133B.
II. Fundamentos de la apelación: Que la actora, mediante apoderado, interpone en fecha 17/03/2020 recurso de apelación (RE-2020-17618353-APN-SGASAD#TFN) contra la resolución cuestionada. Luego de efectuar un relato de los hechos que dieron origen a la presente causa, asevera que dio cabal cumplimiento a las obligaciones derivadas del régimen legal. En relación a ello, especifica los permisos de embarque a través de los cuales se reexportó la mercadería. Aclara que el insumo importado fue reexportado en su totalidad en su nueva forma y que la relación insumo/producto surge del CTIT N° 7780/2010. Asimismo, solicita que se declare la nulidad del auto de apertura, por la falta de agregación del sobre original del despacho y opone la prescripción de las acciones del Fisco para perseguir el cobro de los tributos e imponer sanciones. Cuestiona la liquidación tributaria. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, ofrece prueba y solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas a cargo del Fisco.
III. Contestación del traslado: Que la representación fiscal, con fecha 04/10/2022 contesta el traslado del recurso (archivo embebido al IF-2020-62901307-APN-DTD#JGM) y acompaña las actuaciones administrativas. En primer lugar, cumple con la negativa genérica de todos y cada uno de los hechos consignados por la actora que no fueran objeto de su reconocimiento. Seguidamente, efectúa un breve resumen de los hechos. A continuación, se opone a la nulidad esgrimida por la actora y cita la previsión del art. 1051 del C.A. Adiciona que no se produjo la alegada prescripción de la acción y reitera que las disposiciones del C.A. que regulan este instituto son lo suficientemente claras como para arribar a esa conclusión. Se explaya en relación al tipo infraccional del art. 970 y aclara que, configurado el supuesto de hecho, corresponde aplicar la consecuencia jurídica prevista en la norma. Explica que la obligación en cabeza del importador es acreditar debidamente la reexportación de la mercadería. Cita jurisprudencia. Defiende la legalidad de la liquidación tributaria y su determinación en moneda extranjera. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece como prueba el expediente administrativo, hace la reserva del Caso Federal y solicita que se rechace la apelación intentada por la actora, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-7980-2011 se inician a fs. 1/8 con la documentación relativa a la solicitud de cancelación del despacho. A fs. 9 se agrega el acta de denuncia N° 344/15, de fecha 09/06/2015. A fs. 13 se efectuó el aforo de la mercadería y a fs. 14 la liquidación de tributos. A fs. 23 se instruye sumario y se dispone correr vista de lo actuado. A fs. 36/60 la actora se presenta, contesta vista y adjunta documentación. A fs. 65 se incluyen constancias del Registro de Infractores. A fs. 67/69 se dicta la resolución apelada, notificada a fs. 72/73. A fs. 75/77 la recurrente informa la apelación ante este Tribunal y acompaña formulario F4.
V. Que, por PV-2022-120305182-APN-VOCXXI#TFN se certificó la prueba producida y por PV-2022- 120212803-APN-VOCXXI#TFN se declaró cerrado el período probatorio. En fecha 03/04/2025, por PV- 2025-34582847-APN-VOCXXI#TFN, se elevaron los autos a la Sala “G”. Mediante IF-2025-35964651- APN-VOCXXI#TFN se pusieron autos para alegar. En fecha 14/05/2025- por IF-2025-50788117-APN- VOCXXI#TFN-pasaron a sentencia.
VI. Que corresponde tratar en conjunto los planteos de nulidad del auto de apertura y prescripción de las acciones en cabeza del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos opuestos por la actora en el escrito inicial.
Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario (obrante a fs. 23 y vta. de las actuaciones administrativas) se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se efectuó, en forma previa a su dictado, el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos (fs. 13/14).
Que tampoco puede prosperar el planteo de nulidad del auto fundado en la falta de agregación de la carpeta original, ya que-más allá de obrar las copias del despacho en la solicitud de cancelación presentada por la actora-la representación fiscal lo acompañó en archivos embebidos a los IF-2020-62901351-APN- DTD#JGM, IF-2020-62901361-APN-DTD#JGM e IF-2020-62901371-APN-DTD#JGM.
Que, por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 17/10/2011 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2012.
Que, en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 28/12/2015, hasta ese momento habían transcurrido 3 años, 11 meses y 27 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 1 año y 4 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que desde el dictado del acto (18/02/2020) hasta su notificación (operada el 26/02/2020, conf. Comunicación/Notificación N° 20001NOTI028581R, adjunta a fs. 72 de las act. adm.) no transcurrió el plazo pendiente para que opere la prescripción, razón por la cual corresponde rechazar dicho planteo, sin costas, atento a su tratamiento conjunto con el fondo de la cuestión.
VII. Que el temperamento a adoptar respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones resulta idéntico, a la luz del análisis que a continuación se efectúa.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 17/10/2011 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2012. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 28/12/2015). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 29/12/2015, finalizando el 28/12/2020.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado (26/02/2020), no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones y, como consecuencia, corresponde rechazar la excepción, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
VIII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que el Decreto N° 1330/04- a cuyo amparo se autorizó la operación en trato- establece que la mercadería “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6)
Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Por razones debidamente justificadas, el mencionado Organismo podrá autorizar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, cuando la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA comunique que el usuario ha presentado un informe técnico preliminar respecto del proceso de perfeccionamiento industrial involucrado, conforme las condiciones que establece el presente decreto. A los fines enunciados, los beneficiarios deberán contar con un dictamen o informe técnico elaborado por un organismo científico o tecnológico, cuya especialización y competencia sea acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación que se solicite. La Autoridad de Aplicación dispondrá los procedimientos y requisitos técnicos-administrativos para la implementación de lo establecido en el presente artículo.” (Art. 15)
X. Que mediante la destinación en trato- oficializada el 21/10/2010 ante la Aduana de Ezeiza-la actora importó temporalmente 6.300 kgs. del insumo CYPROCONAZOLE TC (P.A. 2933.99.69).
Que, como surge de las actuaciones administrativas antecedentes de la causa, el servicio aduanero sustentó la denuncia formulada en que (cfr. denuncia de fs. 9/10) no se encontraría tipificado el producto final en el CTIT.
Que, en el devenir del procedimiento, ni en la propia resolución aduanera, se efectuaron mayores detalles ni agregados, ratificándose la denuncia a fs. 62 por no haberse aportado “nuevos elementos” adicionales a los existentes al formalizarse la denuncia antes citada. (Nota N° 8318/2019-SE OPRE).
Que se impone tener en consideración la prueba incorporada a esta causa, específicamente los permisos de embarque (incluidos en archivos embebidos al IF-2022-117176508-APN-SGASAD#TFN agregados por la contestación de oficio adjunta al IF-2022-01956071-AFIP-SEIAADCAMP#SDGOAM), que figuran a continuación:
Que tal como surge del cotejo de la documental antes detallada, así como del CTIT N° 7780/2010 se concluye que la totalidad de la mercadería importada mediante la destinación en trato fue efectivamente reexportada (6300 kgs.).
Que, tal como explica la recurrente, la importación tenía como objetivo la producción del producto final SPHERE, en bidones de 1 y 5 litros.
Que aquel producto final se encuentra contemplado en el CTIT, identificado bajo dos números de producto PROD-00097 y PROD-00098, tal como se desprende de aquel documento:
Que también se detalla cuál es-en cada caso-la relación insumo producto, en los siguientes términos:
XI. Que una interpretación contraria alteraría la finalidad del régimen, ya que-como ya se recalcó- los permisos de embarque fueron tenidos a la vista e incorporados a la causa, en ellos se detalla cuál es la destinación temporal que descarga cada uno de ellos, las correspondientes cantidades y el CTIT aplicable. Que, por ello, carece de sustento lo alegado por la representación fiscal en el escrito de responde al hacer hincapié en la falta de incorporación por parte de la actora de documentación que acredite la descarga (ver pág. 14 y ss. del escrito adjunto como archivo embebido al IF-2020-62901307-APN-DTD#JGM) o en la obligación que pesa sobre ella de su conservación. De hecho, entiende que no existe elemento alguno que acredite la reexportación, sin valorar puntualmente las circunstancias del caso, en el que la recurrente aportó en oportunidad de contestar la vista, la documental que creyó idónea a esos fines. Que lo expuesto se ve reflejado en las contradicciones que se pueden detectar a lo largo del expediente, ya que la denuncia se efectúa por no encontrarse tipificado el producto final en el CTIT, mientras que en el escrito de contestación del traslado y en la propia resolución aduanera solo se hace referencia a que la importadora no habría acreditado debidamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de excepción.
Que por las razones esgrimidas no cabe más que revocar el acto apelado, con costas a cargo del Fisco. Que, en virtud de todo lo expuesto, VOTO POR:
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo.
2).- REVOCAR la Resolución N° 2020-387-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 18/02/2020, en la actuación SIGEA N° 12206-7980-2011.
3).- Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Adhiero a las consideraciones realizadas en el voto preopinante, dejando a salvo mi opinión respecto de la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de multa y tributos, conforme la doctrina fijada en las causas 33.461-A "SPICER EJES PESADOS S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación"; 37.816-A "ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación"; 32.061-A "COMPAÑÍA REGIONAL DE ACEROS FORJADOS MERCEDES S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación"; entre otras.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo.
2).- REVOCAR la Resolución N° 2020-387-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 18/02/2020, en la actuación SIGEA N° 12206-7980-2011.
3).- Costas a cargo del Fisco.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.05.27 14:21:45 ART Date: 2025.05.27 16:20:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.28 14:36:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.28 14:36:40 -03:00
Fin de la sentencia