Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 30.236-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 770/2014, y por ende el cargo N° 980/05, en tanto exige el pago de tributos a la firma CINTELBA S.A. (a excepción de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, conf. lo resuelto en el considerando XIII) con más el CER y los intereses del art. 794 del C.A., los que deben calcularse desde el 09/02/06 hasta la fecha de su efectivo pago.
2Costas conforme los respectivos vencimientos las cuales se fijan en un 74% a cargo de la actora y un 26% a cargo del fisco.
3Regular los honorarios de la representación fiscal por su actuación ante este Tribunal en la suma total de pesos cuatrocientos trece mil novecientos diez ($ 413.910.-), de los cuales queda a cargo de la actora el 74%, es decir, pesos trescientos seis mil doscientos noventa y tres ($ 306.293.-).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-62074273-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 9 de Junio de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 34.776-A: “CINTELBA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”;
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 770/2014 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en las Actuaciones N° 12206-2802-2006, mediante la cual se resuelve rechazar la impugnación impetrada por la firma CINTELBA S.A., confirmándose por ende el cargo nro. 980/2005.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 11/22, se presenta la actora mediante apoderado y con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. En primer lugar, en cuanto a la composición del ajuste, declara que la DGA resulta incompetente para el cobro de ciertos tributos respecto de los cuales solo puede actuar como agente de percepción y que tampoco corresponde la aplicación del CER a las percepciones de IVA y de Ganancias. Manifiesta que el servicio aduanero no ha deducido los importes pagados en los despachos de importación, los cuales a su entender debieron restarse del importe total reclamado. Afirma que los importes pagados en concepto de licencia no fueron incluidos en el pago de los derechos de importación porque no correspondía jurídicamente dicha inclusión, a la vez que aclara que ese era el criterio asumido por la DGA hasta el dictado de la Nota N° 12/2005.
Alude al Estudio de Valor confeccionado por la Aduana y al Acuerdo de Valor del GATT. Considera inaplicables los antecedentes jurisprudenciales invocados por la Aduana, en tanto sostiene que en dichos casos se habían importado películas para su difusión mientras que en el caso de autos fueron objeto de reproducción en el país. Manifiesta que lo que se está gravando es el valor del del derecho de exhibición de los bienes en el país, y por ende no sujetas al pago de tributos a la importación. Sostiene que los contratos prevén el pago de un importe global por un determinado número de películas a exhibirse por televisión durante un período de tiempo en el cual pueden difundirse. Agrega que el pago del canon se extiende durante varios años y que habitualmente al momento de la importación ya se encuentra cancelado, resultando imposible atribuir a la importación cuál parte del canon le hubiera correspondido a esa copia.
Entiende que la aplicación del método del art. 7 del Acuerdo de Valor después de 5 años de realizadas las importaciones vulnera los principios de uniformidad, certidumbre, sencillez y equidad. Distingue los conceptos de derechos de “exhibición” y de “reproducción”. Invocando las Notas interpretativas expresa que no se añadirán al precio pagado o por pagar por las mercaderías importadas, los derechos de reproducción de dichas mercaderías en el país de importación. Manifiesta que el motivo del pago de los cánones se origina en la exhibición de un producto producido localmente, no en la importación ni en la posterior comercialización del bien importado. Cita el Comentario 19.1 del Comité Técnico de Valoración.
Afirma que el importe pagado al licenciante por el derecho a exhibir/reproducir una película, no debe ser adicionado al valor en aduana determinado para dicha película. Cita doctrina. Sostiene que las regalías o licencias se pagaron por la mercadería argentina reproducida en la planta de CINTELBA S.A. con los equipos que tenía disponibles para ello. Hace referencia a la certificación contable y al informe pericial técnico producidos en sede administrativa. Insiste en que no correspondía el ajuste de valor de importación por el pago de licencias o derechos de exhibición, ya que estos fueron el resultado de una actividad realizada en el país y no el fruto de una nueva importación. Hace referencia a términos técnicos en relación a las normas de transmisión.
Declara que CINTELBA no ha pagado un derecho de exhibición de la película importada, sino sobre el material que fue objeto de adecuación y reproducción en el país, con los medios y recursos aplicados a esa finalidad. Vuelve a referirse a la improcedencia del reclamo en concepto de IVA, impuesto a las ganancias y CER. Considera ilegítima la tasa de intereses resarcitorios. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución recurrida, con costas.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 32/40 la representante fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto. En primer lugar, efectúa un sucinto relato de los antecedentes de la cuestión y prosigue con la negativa genérica de rigor, negando todas y cada una de las afirmaciones de la actora y documentación por ella acompañada, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Sostiene que a los efectos de una correcta valoración, debe incluirse al precio pagado o por pagar el canon que abona la importadora por el derecho intelectual de exhibición de la película. Considera que se trata de un derecho de licencia (y no de reproducción) relacionado con las mercaderías objeto de valoración que el comprador debe pagar como condición de venta. Entiende que los cánones y derechos de licencia, entre los que se encuentra el derecho intelectual que reviste la exhibición, son parte integrante del valor de la mercadería. Manifiesta que los pagos por el derecho a reproducir las mercancías importadas no se incluyen en el valor en aduana, siempre que se los pudiera distinguir del precio pagado. Considera errónea la asimilación por parte de la actora de los conceptos “derechos de reproducción” y “derechos de exhibición”. Cita el estudio de valor emitido mediante Nota 118/05 (INV). Afirma que el valor realmente pagado incluye al de los derechos intelectuales de exhibición, sin los cuales el precio de los soportes vacíos resultaría ínfimo. Refiere que de acuerdo al tipo de contrato celebrado entre las partes, las obras cinematográficas licenciadas deben devolverse al distribuidor o licenciante ya que no hay venta de las mercaderías. Cita el estudio de valor emitido mediante Nota 1035/06 (DV EMVI). Sostiene que legítimamente el servicio aduanero cuenta con elementos que le permiten apartarse del criterio de valoración previsto en el art. 1° del Código de Valoración del GATT. Define el concepto de valor de transacción. Cita la Res. ANA N° 3079/93 y abundante jurisprudencia. Desestima los cuestionamientos relativos a la percepción del IVA y del impuesto a las Ganancias, a la vez que considera aplicable el CER. Finalmente, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace la reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas N° 12206-2802-2006 se inician a fs. 1/9 con la impugnación iniciada por CINTELBA S.A. el 06/02/06 contra el cargo N° 980/2005. A fs. 12 luce la Nota N° 9251/05 (DV VALI) de fecha 15/12/05, la cual instruye la formulación de cargos “… derivados de la liquidación por diferencia de tributos practicada por esta División Valoración de Importación (Dpto. Técnica de Valoración), en virtud del Estudio de Valor – Nota N° 118/05 (INV) respecto de los valores FOB de importación declarados durante el año 2000, en la Destinación de Importación documentada ante esa Aduana por el importador CINTELBA S.A.…”. A fs. 13 lucen las Notas N° 9160/05 (DV VALI) y 1964/05 (DE TVAL) mediante las que se instruye “… 1 -AJUSTAR los valores FOB de las mercancías importadas por CINTELBA S.A.
(…) relacionadas con el devengamiento de derechos de exhibición …”. A fs. 14 luce planilla de liquidación de diferencia de tributos motivada en ajuste positivo del valor FOB, en relación a varias destinaciones. A fs. 15 obra resumen de liquidación como cargo 980/05 por la suma de U$S 259.677,42. A fs. 16 luce la Nota N° 9251/05 (DV VALI) de fecha 16/12/05 intimando la cancelación del cargo. A fs. 17 y vta. luce cédula de notificación del cargo a CINTELBA S.A. con fecha 26/12/05. A fs. 22, con fecha 22/05/06 se tiene por deducido el procedimiento de impugnación y se dispone la agregación de los despachos de importación. A fs. 22vta. lucen pases internos. A fs. 23 obra la Nota N° 210/10 (DV EMVI) de fecha 18/03/10.
A fs. 24/44, con fecha 26/04/10, se agregan prints de pantalla de las rutas con que fueran remitidos los DI. A fs. 45, mediante Nota N° 195/2010 (DVDEAD –SB “E” de fecha 05/05/10, se informa que las destinaciones fueron agregadas a la Actuación N° 12125-4963-05. A fs. 46/47 lucen prints de pantalla de la consulta de movimientos de la Actuación N° 12125-5790-2005. A fs. 48, con fecha 25/07/11 se solicita a la División Empresas Vinculadas la agregación del SIGEA N° 12125-5790-2005. A fs. 49 luce la Nota N° 929/11 (DV EMVI) de fecha 12/10/11. A fs. 50, en fecha 19/03/12, se dispone hacer lugar a la pericial contable y técnica ofrecida, providencia que fuera notificada a la firma en fecha 29/03/12, conforme constancia de fs. 52 y vta.
A fs. 58/64 luce la pericia contable y a fs. 65 la pericia técnica. A fs. 66, con fecha 27/09/12, se tiene por agregado el informe pericial y se ordena el pase a la División Empresas Vinculadas. A fs. 67/86 obra la Nota N° 575/13 (DV EMVI) de fecha 11/07/13 conteniendo el informe técnico. A fs. 87 luce la Nota N° 584/13 (DV EMVI) de fecha 12/07/13. A fs. 88, con fecha 12/11/13, se ponen autos para alegar. A fs. 91/92, presenta la firma el alegato con fecha 10/12/13. A fs. 93/96 se agregan en fecha 05/02/14 prints de pantalla de la Nota Externa N° 12/2005, de la Disposición N° 67/2005, de consulta de Empresas Activas y de Consulta de Juicios. A fs. 97, también en fecha 05/02/14, se ordena el pase de las actuaciones para resolver.
Finalmente, a fs. 98/103 se dicta la resolución aduanera aquí apelada en fecha, 28/02/14 (Res. DE PRLA N° 000770).
Seguidamente, luce agregada por cuerda la Actuación N° 12125-5790-2005. A fs. 1/19 obra agregado el Estudio de Valor confeccionado en relación a CINTELBA S.A. registrado mediante Nota N° 118/05 (INV). A fs. 20/25 lucen copias de la siguiente documentación: DI N° 00 073 IC04 058585 E, FC N° 794, 00 073 IC04 113806 P y FC N° 692. A fs. 26/46 lucen las carpetas originales de los DI que se detallan seguidamente, junto a su documentación complementaria: 00 073 IC04 040574 Z, 00 073 IC04 122311 G, 00 073 IC04 091579 E, 00 073 IC04 077625 A, 00 073 IC04 085444 V, 00 073 IC04 100462 J, 00 073 IC04 013329 Y, 00 073 IC04 142111 G, 00 073 IC04 141640 M, 00 073 IC04 141638 T, 00 073 IC04 030807 Y, 00 073 IC04 167436 A, 00 073 IC04 101328 L, 00 073 IC04 015861 R, 00 073 IC04 075668 F, 00 073 IC04 119194 V, 00 073 IC04 084878 X, 00 073 IC04 009971 W, 00 073 IC04 069942 D, 00 073 IC04 206431 M y 00 073 IC04 031340 H. A fs. 47/270 lucen copias de los contratos de licencia televisiva suscriptos por CINTELBA S.A. con sus respectivas traducciones. A fs. 271/272 obra la certificación contable en relación a la registración de los distintos contratos por cesión de derechos de exhibición. A fs. 273/296 obran las planillas de ajuste donde se detalla el importe por derecho de exhibición a incluir por cada película o serie.
V. Que, en cuanto aquí interesa, y conforme surge de las actuaciones administrativas, la firma CINTELBA S.A. documentó, mediante las destinaciones que se detallan en el siguiente cuadro, la importación a consumo de mercadería clasificada en la PA N° 8524.53.00.900Y la cual reza “Los demás –De anchura superior a 6,5 mm –Las demás cintas magnéticas: DISCOS, CINTAS Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, GRABADOS, INCLUSO LAS MATRICES Y MOLDES GALVÁNICOS PARA FABRICACIÓN DE DISCOS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DEL CAPITULO 37.”:
ORIGEN Y CANT. FOB TOTAL VALOR EN DI N° OFICIALIZACIÓN PROCEDEN
(unidad) (U$S) ADUANA (U$S)
CIA 00073IC04058585E 13/04/00 EEUU 4 40 541,80 00073IC04113806P 21/07/00 EEUU 3 30 440,85 00073IC04040574Z 15/03/00 EEUU 4 80 532,71 00073IC04122311G 04/08/00 EEUU 7 35 840,88 00073IC04091579E 13/06/00 EEUU 1 10 240,75 00073IC04077625A 18/05/00 EEUU 41 205 4.369,36 00073IC04085444V 01/06/00 EEUU 7 35 840,88 00073IC04100462J 28/06/00 EEUU 2 10 340,75 00073IC04013329Y 26/01/00 EEUU 4 40 541,80 00073IC04142111G 07/09/00 EEUU 1 10 240,75 00073IC04141640M 07/09/00 EEUU 1 5 240,72 00073IC04141638T 07/09/00 EEUU 1 5 240,72 00073IC04030807Y 28/02/00 EEUU 2 10 255,65 00073IC04167436A 20/10/00 EEUU 4 20 540,80 00073IC04101328L 29/06/00 MÉJICO 19 190 2.179,01 00073IC04015861R 01/02/00 EEUU 2 20 341,60 00073IC04075668F 16/05/00 EEUU 10 50 1.145,03 00073IC04119194V 31/07/00 EEUU 6 30 740,85 00073IC04084878X 31/05/00 EEUU 12 60 1.345,13 00073IC04009971W 20/01/00 EEUU 1 10 246,55 00073IC04069942D 05/05/00 MÉJICO 19 95 2.099,93 00073IC04206431M 27/12/00 EEUU 29 145 3.046,45 00073IC04031340H 29/02/00 EEUU* 15 150 1.742,91
*se declara en el DI como país de origen y procedencia “Estados Unidos”, pero en la Factura Comercial figura que la mercadería es originaria de Méjico.
Que, el servicio aduanero procedió a formular el cargo N° 980/05, con sustento en el Estudio de Valor llevado a cabo por la División Empresas Vinculadas mediante Nota N° 118/05 respecto de valores FOB de importación declarados por la aquí recurrente durante el año 2000 en diversas destinaciones de importación documentadas ante la Aduana de Ezeiza. (ver Nota N° 9251/05 obrante a fs. 12 de las act. adm.)
Que el referido Estudio dice tener “… por finalidad determinar la incidencia de los “Derechos de Exhibición” devengados y/o comprometidos por la empresa CINTELBA S.A. (…) en beneficio de los licenciantes del extranjero Paramount TV & Feature Syndication, Rysher Entertainment y Hallmark Entertainment, todas de U.S.A., y Comarex S.A. de C.V de México., en el valor FOB declarado por la empresa argentina al momento de documentar ante el servicio aduanero las obras cinematográficas relacionadas con el presente estudio de valor. …”. Luego de referir a la documentación analizada y a los aspectos principales de los contratos relacionados con los despachos de importación involucrados, destaca que “… Los valores FOB declarados en las mencionadas destinaciones de importación por las películas y series televisivas son los correspondientes a los soportes físicos en los cuales se plasman aquellos. …”.
Diferencia dos situaciones: la de los contratos que prevén que deben devolverse al licenciante las obras cinematográficas una vez vencido el plazo del contrato, donde no existiría una venta de las mercancías de acuerdo con los parámetros fijados en el Acuerdo de Valor, y la de los contratos donde no se establece que las obras cinematográficas deban devolverse al licenciante, entendiendo en estos casos que sí existiría una venta. Para el primero de los casos, el Estudio de Valor descarta la aplicación del art. 1° del Acuerdo y, fundando justificadamente el rechazo de los métodos siguientes, concluye en la aplicación del método del art. 7°. Para el segundo caso, considera que debe aplicarse el art. 1° con el ajuste previsto en el art. 8° inc. c) del Acuerdo.
De este modo concluye que “… el monto correspondiente a los derechos de exhibición devengados por CINTELBA S.A. en beneficio de los licenciantes del extranjero Paramount Picture Corporation, Rysher Entertainment, Comarex S.A de C.V y Hallmark Entertainment Distributor Company., en cumplimiento de las condiciones impuestas en cada contrato celebrado entre las partes, debe formar parte del valor declarado en oportunidad de documentar la importación de los respectivos soportes físicos, entendiendo que este último simplemente constituye un medio necesario para plasmar los filmes por cuya exhibición se exigen y reconocen los derechos en cuestión, de cuya íntima e inseparable conjunción con la apreciación económica de la propiedad intelectual en ellos contenida, surge el valor en aduana de las mercancías importadas.
Por lo tanto el valor en aduana de las obras cinematográficas documentadas en las destinaciones de Importación en estudio plasmadas en Cassettes Digitales Beta se conforma por el valor FOB de los soportes físicos, más el importe de los derechos de exhibición comprometidos y/o devengados. …” (ver fs. 1/19 delas Actuaciones N° 12125-5790-2005)
VI. Que, corresponde entonces analizar si el ajuste de valor que motivara el cargo de autos, ha sido efectuado válidamente sobre la base de las normas establecidas en el Acuerdo Relativo para la Aplicación del Art. VII del GATT, Ley 24.425. Marco legal vigente en nuestro país en cuestiones de valor en importación.
Que dicha ley aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC y, entre otros, el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT, incorpora además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Que el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT establece que el “valor de transacción”, tal como se define en el artículo 1, es la primera base para la determinación del valor en aduana. Dicho artículo debe considerarse en conjunción con el artículo 8 que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del comprador o estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas.
Que, sin embargo, si el valor en aduana no puede ser establecido por el art. 1, son aplicables los arts. 2 a 7. La Introducción General resalta que la normativa prevé consultas entre la administración aduanera y el importador para intercambiar información, con arreglo a la valoración de los arts. 2 y 3, a reserva de las limitaciones impuestas por el secreto comercial, a fin de establecer una base apropiada de valoración en aduana, considerando el valor en aduana de mercancías idénticas o similares importadas.
Que, subsidiariamente, los arts. 5 y 6 se refieren a otras formas de determinación: sobre la base del precio a que son vendidas las mercancías en el mismo estado en que se las importa, a un comprador no vinculado con el vendedor y en el país de importación, con ciertas deducciones -método sustractivo-, y sobre la base del valor reconstruido -método aditivo-. Estos dos métodos -por las dificultades que presentan- quedan a elección del importador cuando el servicio aduanero así lo acepta; si el importador no pide que se invierta el orden de los arts. 5 y 6, se sigue el orden de éstos.
Que el art. 7 del Acuerdo dispone que si el valor en aduana de las mercaderías no puede determinarse con arreglo a los métodos establecidos en los arts. 1 a 6, el valor se determinará según criterios razonables, compatibles con los principios y disposiciones generales del Acuerdo y del Art. VII del GATT de 1994, sobre la base de datos disponibles en el país de importación.
Que a efectos de aplicar los referidos “criterios razonables”, el valor en aduana no se basará en el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en ese país, ni en un sistema que prevea la aceptación del más alto de dos valores posibles, ni en el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador, ni en valores en aduana mínimos, valores arbitrarios o ficticios, etc.; si lo solicita el importador, será informado por escrito del valor en aduana determinado y del método utilizado (art. 7, parte I, Acuerdo relativo a la aplicación del citado art. VII).
Que, por su parte, el art. 17 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del GATT, aprobado por ley 24.425 dispone: “Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana”.
Que, además, el párr. 6. del Anexo III de ese Acuerdo preceptúa: “El artículo 17 reconoce que, al aplicar el Acuerdo, podrá ser necesario que las Administraciones de Aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración que les sean presentados a efectos de valoración en aduana. El artículo reconoce por tanto que pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo, de comprobar si los elementos del valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación del valor en aduana son completos y exactos. Los Miembros, con sujeción a sus leyes y procedimientos nacionales, tienen el derecho de contar con la plena cooperación de los importadores en esas investigaciones”.
Que, de conformidad a lo que surge de las actuaciones administrativas, la aquí recurrente brindó la documentación solicitada por el servicio aduanero en oportunidad de elaborar el estudio de valor referido en el apartado precedente, como así también produjo prueba durante el trámite del procedimiento de impugnación del cargo N° 980/05 (ver informe especial y certificación contable e informe técnico obrantes a fs. 58/65 de las act. adm.)
VII. Que conforme surge del Estudio de Valor confeccionado mediante Nota N° 118/05 (INV), y tal cual se adelantara en el considerando V de la presente, el servicio aduanero –atinadamente- distingue dos situaciones: • Casos en que no hay venta de acuerdo con los parámetros fijados en el Acuerdo de Valor: el servicio aduanero señala que de los contratos celebrados entre PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, COMAREX S.A., HALLMARK ENTERTAINMENT DISTRIBUTION COMPANY (licenciantes) y CINTELBA S.A. (licenciataria), surge expresamente que debían devolverse al licenciante las obras cinematográficas una vez vencido el plazo o cumplida la condición estipulada en el contrato. En virtud de ello, para las destinaciones de importación documentadas en el marco de tal contrato, la Aduana procede a practicar el ajuste de valor aplicando el método del art. 7 (último recurso).
• Casos en que existe venta en los términos del Acuerdo de Valor: el servicio aduanero señala que de los contratos celebrados entre RYSHER ENTERTAINMENT INC. (licenciante) y CINTELBA S.A.
(licenciataria), no surge de ninguna de sus cláusulas que deban devolverse o destruirse las cintas fílmicas una vez cumplido el plazo establecido contractualmente. En virtud de ello, para las destinaciones de importación documentadas en el marco de tal contrato, la Aduana aplica el método del art. 1 del Acuerdo (valor de transacción) con el ajuste previsto en el art. 8 inciso c).
Que, de este modo, en los casos donde se prevé por parte del licenciatario la devolución (o bien la destrucción, en su caso) de las copias recibidas por el licenciante, se infiere que no se ha realizado la venta del material, sino su consignación a fin de cumplir con una serie de emisiones del material en cuestión.
Que, al respecto, el Comité Técnico de Valoración en la Opinión Consultiva 1.1 señala que el Acuerdo no proporciona ninguna definición de la expresión “venta”. El primer párrafo del art. 1 se limita a resaltar que se trata de una operación comercial específica que responde a ciertas exigencias y condiciones de los arts. 1 y 8 tomados conjuntamente y que, en tales circunstancias, el método de valoración aplicable se determinará de conformidad con el orden de prioridad establecido en el Acuerdo. Luego, efectúa una enumeración no taxativa de los casos en que no hay venta, tales como suministros gratuitos, mercancías importadas en consignación, entre otras.
Que para el caso en comentario, entonces, el ajuste de valor practicado por la Aduana se ha efectuado en algunos casos mediante la aplicación del método del Artículo 7 del Acuerdo, y en los restantes, por aplicación del Artículo 1, con el ajuste previsto en el Artículo 8 inc. c) del Acuerdo. No obstante, en oportunidad de fundar la elección del método del “último recurso” (habiendo previamente justificado debidamente la inaplicabilidad de los métodos que le preceden), lo que hace el servicio aduanero es flexibilizar razonablemente la aplicación del método del valor de transacción previsto en el art. 1 del Acuerdo, considerando como tal el valor FOB declarado aunque adicionándole el monto correspondiente al derecho de exhibición en virtud de lo estipulado contractualmente.
VIII. Que el art. 7 del Acuerdo establece que: “1. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 a 6 inclusive, dicho valor se determinará según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación.”. La Nota al referido artículo dispone que: “1.En la mayor medida posible, los valores en aduana que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 deberán basarse en los valores en aduana determinados anteriormente. 2. Los métodos de valoración que deben utilizarse para el artículo 7 son los previstos en los artículos 1 a 6 inclusive, pero se considerará que una flexibilidad razonable en la aplicación de tales métodos es conforme a los objetivos y disposiciones del artículo 7. …”.
Que de lo expuesto se infiere que la valoración de la mercadería por el método del art. 7, es decir la aplicación de criterios razonables o método de último recurso, permitió al servicio aduanero en este caso considerar y adicionar al valor de transacción (precio pagado o por pagar por la mercadería) -a efectos de determinar el valor en aduana de las mercaderías- los importes pagados en concepto de derechos de exhibición que prevé el art. 8 inc. c) del Acuerdo. Lo cual, en definitiva, es lo que propone la Aduana para los restantes casos en que de los contratos no surge que las obras cinematográficas debían devolverse al licenciante, entendiendo así que sí existiría una venta.
IX. Que el Artículo 1 del Acuerdo dispone: “1. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 …”.
Que el referido artículo 8, en cuanto aquí interesa, expresa: “Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas: (...) c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;...”.
Y, en la Nota al artículo 8 del Acuerdo se establece específicamente respecto al inciso en comentario que “1. Los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el párrafo 1 c) del artículo 8 podrán comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin embargo, en la determinación del valor en aduana no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación. 2. Los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan una condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al país importador.”.
Que, teniendo en cuenta que el ajuste de valor practicado por la aduana en el caso de autos, se encuentra fundado en la norma contenida por el antes citado artículo 8 inciso c) del Acuerdo de Valoración, resulta de primordial importancia establecer, en primer lugar, si efectivamente la importadora pagaba cánones o derechos de licencia relacionados con la mercadería importada y, en caso afirmativo, si los mismos resultaban ser una condición de venta de dichas mercancías. Ello, por supuesto, si los referidos cánones o licencias no hubiesen estado ya incluidos en el precio realmente pagado o por pagar.
Que, a los fines de dilucidar si se encuentran configuradas dichas circunstancias, se deben merituar los hechos probados en la causa.
Que, en definitiva, la Aduana ha ajustado el valor declarado (soporte físico) incorporando el valor de los importes devengados y/o comprometidos en concepto de derechos de exhibición, al considerar que se trata de cánones que debe pagar el importador de la obra cinematográfica como retribución por los derechos de autor. A la vez que considera que la mercadería utilizada como instrumento -soporte- necesario para llevar adelante el negocio, junto con el monto de la licencia convenida, conforman un determinado valor económico representativo de la operación llevada a cabo entre las partes. De este modo, la Aduana sostiene que no se trata simplemente de la importación de los cassettes, sino de una obra cinematográfica registrada en dicha cinta para cuyo usufructo comercial resulta necesaria su exhibición pública, debiendo reconocerse obligatoriamente el pago de una licencia previa (cuestión que surge de los contratos agregados a las actuaciones administrativas). En consecuencia, entiende que dicho importe devengado o pagado en concepto de derechos de exhibición, constituye un elemento objetivo de la operación comercial, que necesariamente debe tenerse en cuenta a los fines de la determinación del valor en aduana.
Que, para estos casos, en que se transfieren ciertas creaciones protegidas por la legislación, el Acuerdo de Valoración ha previsto que las sumas de dinero abonadas en retribución del derecho a usar esa creación intelectual formen parte del valor en aduana de las mercaderías junto con el precio estipulado para aquéllas, siempre que –como se dijo- dichos cánones o derechos de licencia no se encuentren ya incluidos en el precio, que exista una relación entre los mismos y la mercadería importada, y que el pago de dichos cánones haya sido efectuado como condición de venta de las mercaderías importadas.
Que, resulta oportuno señalar que más allá del texto explícito de la norma aplicada en este caso por la Aduana para efectuar el ajuste, el Acuerdo de Valor del GATT brinda otras herramientas a los fines de la interpretación y aplicación de su articulado. Así el Comité Técnico de Valoración, como organismo constituido en el seno de la Organización Mundial de Aduanas, emite instrumentos que, sin ser normas internacionales (como por ejemplo las Opiniones Consultivas y Comentarios) aconsejan ciertas formas de interpretar el Acuerdo. En tal sentido, considero relevante y aplicable el Comentario 25.1 el cual establece que: “Con miras a proceder a la determinación del valor según el artículo 8.1 c), es importante examinar todos los documentos pertinentes, incluidos los acuerdos de canon o de licencia y el contrato de venta (...) La información recogida en estos acuerdos y otros documentos pertinentes puede dar algún indicio para saber si el pago del canon o derecho de licencia se debería incluir en el valor en aduana con arreglo al artículo 8.1 c)”. Luego añade que “La prueba más evidente de que el comprador no puede adquirir las mercancías importadas sin pagar el canon o derecho de licencia, es que los documentos de la venta de las mercancías importadas incluyan una declaración explícita estableciendo que el comprador debe pagar el canon o derecho de licencia como condición de venta (...) El Comité Técnico reconoce, sin embargo, que es posible que los documentos de la venta no incluyan una disposición tan explícita, especialmente cuando el canon o derecho de licencia se paga a una parte no vinculada al vendedor. En este caso, puede que sea necesario examinar otros factores con miras a determinar si el pago del derecho de licencia se efectúa como condición de venta. …”.
Que, en consecuencia de los estipulado en los respectivos contratos, y del análisis efectuado por la Aduana en el Estudio de Valor, considero que en el caso de autos el pago de la licencia resulta condición de cumplimiento previo para la exhibición de la película contenida en el soporte físico importado, y por ende, los derechos de exhibición integran necesariamente el valor en aduana de la mercadería, tal como lo entiende el servicio aduanero.
X. Que, en relación a lo analizado en el considerando precedente, y en cuanto a la discrepancia aludida por la recurrente respecto de los conceptos de derecho de reproducción y derecho de exhibición, considero oportuno citar lo resuelto por la Sala E de este Tribunal en una Causa de idéntica carátula a la de autos: “No se encuentra controvertido en autos que el canon haya sido abonado por el importador (…). Lo que pareciera soslayar la firma recurrente es que esos derechos no están relacionados con las mercaderías objeto de valoración, ya que sostiene que no se pagaron sobre las mercaderías importadas, sino sobre el material que fue objeto de adecuación en el país.
“No le asiste razón a la actora en este punto. Lo cierto es que en los contratos no se impone obligación alguna de conversión del material importado, sino que ello derivaría de una necesidad de la propia firma importadora por limitaciones tecnológicas según sus propias manifestaciones. Lo que claramente se desprende de los contratos de licencia es que los derechos de exhibición se abonan respecto de las obras audiovisuales contenidas en las mercaderías importadas. Por lo demás, y de conformidad con el criterio exteriorizado en la Opinión Consultiva 4.4 por el Comité Técnico de Valoración en Aduana, que se comparte, la transformación menor en una mercadería no excluiría que el canon o derecho de licencia se considere relacionado con la mercadería importada. En definitiva, lo que debe analizarse es la relación entre la mercadería importada y el canon, más allá de las posibles adaptaciones o transformaciones posteriores.
“Si bien tampoco se encuentra controvertido por parte de la firma importadora en forma explícita que el pago del canon sea condición de venta de las mercaderías importadas para consumo, lo cierto es que este requisito guarda estrecha relación con el anterior. (…)
“… de las cláusulas de los instrumentos por los que se documentaron los contratos de licencia resulta que la firma importadora no hubiera podido razonablemente adquirir las mercaderías sin pagar el canon, siendo que esas importaciones se producían al exclusivo efecto de la exhibición de las obras audiovisuales por televisión. …”
Por otro lado, y también en consonancia con lo propuesto en la sentencia en comentario “… Debe distinguirse el derecho de reproducción del derecho de exhibición. Mientras que en un caso estamos ante una mera copia de un original; v. gr. si se importara una película y se pagaran derechos para obtener copias de esa misma película para la comercialización de las mismas, en el otro el canon se abona por la exhibición comercial del original, cuya duplicación no se autoriza.
“Es preciso destacar que mediante la Nota Interpretativa 1 al art. 8. 1. c) del Acuerdo, contenida en su Anexo I, se excluye de ese ajuste exclusivamente a los derechos de reproducción. Dicha exclusión no tiene fundamento en que esos derechos no adicionen valor en sentido económico a la mercadería en cuestión –que sí lo hacen, al igual que los de exhibición-, sino que se trata de una exclusión basada en cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia de los negociadores del tratado internacional. Tratándose esa exclusión de un beneficio tributario que reduce la base imponible, debe interpretarse su alcance con carácter restrictivo, no siendo posible ampliar su alcance a unos derechos distintos a los previstos en la norma…” (Expte. N° 30.236-A “CINTELBA S.A. c/D.G.A”, Sala E, Sent. del 26/04/22)
Que, resulta asimismo pertinente lo esbozado ya años atrás por prestigiosa doctrina al respecto: “Transmitir por televisión una cinta de video –y otro tanto cabe decir de exhibirla o proyectarla- no es lo mismo que reproducirla (…) el derecho que se paga por transmitir la película integra su valor de transacción. (…) mientras una película llegue “atada” a un soporte físico, la solución es clara. Cuando prescinda de ese “cuerpo” y su contenido (admitamos que) “intelectual” no pase por el control de las aduanas, la cosa habrá cambiado …”. (Zolezzi, Daniel “La valoración aduanera: el caso especial de las películas de cine” pags. 178/187, en Estudios de Derecho Aduanero –Homenaje al Dr. Juan Patricio Cotter Moine, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007)
XI. Que, en cuanto al agravio vertido por la recurrente en relación a que no correspondía jurídicamente incluir los importes pagados en concepto de licencia en tanto entiende que ese era el criterio asumido por la DGA hasta el dictado de la Nota N° 12/2005, considero aplicable lo resuelto por la Sala IV de la CNACAF en oportunidad de resolver la apelación de la sentencia citada en el apartado precedente: “… la valoración confirmada por el Tribunal Fiscal –hecha por el servicio aduanero sobre la base del artículo 7° del Acuerdo- se sustentó en una interpretación flexible del método de “valor de transacción”, fijado en los arts. 1° y 8° del Acuerdo; conforme lo normado por el párrafo 2° de la Nota Interpretativa del aludido método, y tal cual lo recepta la doctrina especializada en la materia. (…) la pauta valorativa aludida ya existía al momento de registrarse las operaciones en trato, independientemente de que luego fueran explicitadas mediante la Nota Externa 12/05 y la Disposición 67/05 emitidas por la Dirección General de Aduana …”. (Exp. 39.608/2023 “CINTELBA S.A. (TF 30326-A) c/ D.G.A.”, CNACAF Sala IV, Sent. del 19/06/24).
XII. Que, en virtud de todo lo antes expuesto, considero válido el ajuste de valor efectuado por la aduana en relación a las destinaciones de importación aquí involucradas. No obstante, considero procedente confirmar parcialmente el cargo N° 980/05, en virtud de las consideraciones que se expondrán en los apartados siguientes.
XIII. Que en relación al cuestionamiento de la inclusión en la liquidación del cargo de los importes correspondientes a las percepciones de IVA adicional y Ganancias, le asiste razón a la recurrente, resutando aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “... a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “... cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria con exclusión de los mencionados rubros de IVA Adicional y Ganancias.
XIV. Que en cuanto al agravio referido a la aplicación del CER señalo que en el caso corresponde la aplicación de dicho coeficiente, ello por cuanto tratándose de una obligación tributaria generada por hechos anteriores a la ley 25.561 dicha suma fue liquidada conforme el art. 20 de la ley 23.905, es decir en dólares (ver liquidación del cargo obrante a fs. 15 de las act. adm.). La liquidación del caso se efectuó y notificó “después del decreto 214/02” y por eso se efectuó y se exigió en pesos ($) pero —debidamente— con la expresa reserva (al igual que en la resolución apelada) de la aplicación del C.E.R. de dicho decreto (ver fs. 16 y 98/103 de las act. adm.). La deuda tributaria quedó así “pesificada” por el Decreto 214/02 (con paridad 1 a 1), es decir “en virtud” de dicho decreto (y no había sido pesificada por la aduana antes de dicho decreto). Por tanto no resulta aplicable al caso el criterio de la CSJN sentado en el caso “Editorial Perfil”, sent. del 12/08/06, y sí es aplicable el criterio de dicha Corte sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica”, sent. del 17/04/07, en el sentido de que el C.E.R. es inescindible del capital adeudado.
Que conforme al referido criterio de la CSJN corresponde el devengamiento de intereses también sobre el CER.
XV. Que de conformidad con lo dispuesto por el art. 794 del C.A., resultan de aplicación los intereses resarcitorios devengados desde el vencimiento del plazo de 10 días contados desde la fecha de notificación del cargo tributario a la aquí recurrente (26/12/2005).
XVI. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas conforme los respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.), las cuales se fijan en un 74% a cargo de la actora y un 26% a cargo del fisco.
XVII. Que, de acuerdo a todo lo considerado, corresponde practicar la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa.
Que a tal fin deberá tenerse en consideración la calidad y extensión de las labores profesionales efectuadas y resultan de aplicación, en virtud de lo dispuesto por el art. 1163 del C.A. y las circunstancias de autos, los arts. 6, 7, 9, 10, 37 y 38 de la ley de aranceles para abogados y procuradores N° 21.839, modificada por la ley 24.432. Que respecto de las pautas a tener en cuenta para la determinación de dichos emolumentos, cabe señalar que la presente causa se ha desarrollado en dos etapas, las cuales se sucedieron durante la vigencia del régimen previsto por la ley 21.839 de Aranceles y Honorarios para Abogados y Procuradores y su modificatoria ley N° 24.432. Ello, por cuanto la Ley 27.423 ha entrado en vigor con observaciones del P.E.N.
La observación formulada mediante Decreto 1077/2017 al art. 64 de la Ley, se fundó en la consideración de que tal norma vetada importaba la aplicación retroactiva de la ley y su consecuente riesgo de afectar derechos adquiridos, y asimismo, podría entorpecer el funcionamiento del sistema de justicia y el ejercicio de la abogacía (ver párrafos 18/20 de los Considerandos del citado Decreto). Que, por ello, merece destacarse que las dos etapas devengadas por los profesionales intervinientes en la presente causa se sucedieron durante la vigencia del régimen anterior. Que, en este sentido, la C.S.J.N sostuvo que “...ni el legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior.” (...) “...es necesario en cada caso indagar el momento o la época en que se cumplió el hecho, acto o relación jurídica que engendró y sirvió de fundamento a la obligación, ya que esta circunstancia determinará cuál es la legislación aplicable.
En el caso de los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación. Es a partir de ahí que nace una situación jurídica concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal se hace inalterable y no puede ser suprimida, o modificada, por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado en el art. 17 CN (Fallos: 306 : 1799). La decisión que recae tiene un mero carácter declarativo y no constitutivo del derecho, por lo que mal puede considerarse que deba aplicarse la ley vigente a esa época sin afectar, inconstitucionalmente, derechos ya nacidos y consolidados al amparo de una legislación anterior” (Fallos 319:1915, entre otros).
XVIII. Que, efectuada dicha distinción, de acuerdo a la doctrina del fallo plenario de la C.N.A.C.A.F. del 12/07/07 in re “PITCHON, GABRIEL c/ Estado de Israel y otros s/juicio de conocimiento” que, mencionando el precedente de la Corte Suprema in re “Autolatina Argentina S.A. (TF 11.358-A) c/DGI”, deja sin efecto la doctrina del fallo plenario “Unola Argentina Ltda. c/ YPF s/ contrato administrativo” del 23/09/03, se estima equitativo que el monto del proceso deberá integrarse con el importe de los tributos y el C.E.R. cuestionado (calculado a la fecha de interposición del recurso) con más los intereses devengados sobre dicho importe, también calculados hasta la fecha de interposición del recurso.
Que, sin perjuicio de ello, corresponde aclarar que los honorarios se regularán teniendo en cuenta a tales fines la actuación desempeñada por los letrados intervinientes, toda vez que de la aplicación lisa y llana de la norma sobre aranceles profesionales, surgen cifras que no se compadecen con los méritos de las labores del caso, en particular ateniéndose a la naturaleza del proceso, su monto y calidad. Que, en este caso, se dan los supuestos previstos en el art. 13 de la ley Nº 24.432, que facultan al juzgador a regular los honorarios de los profesionales sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rijan su actividad.
XIX. Que con el objeto de regular los honorarios del perito ingeniero en telecomunicaciones, deberán tenerse en cuenta la calidad, importancia y extensión del trabajo realizado, debiendo guardar sus honorarios una adecuada proporción con los que en el caso fueron regulados a los letrados intervinientes a fin de preservar la justicia conmutativa (conf. Art. 10 de la Ley 24.432 y doctrina de la CNACAF Sala II, pronunciamiento del 27/07/82 recaído en la Causa “Dicon Fifusión Contemporánea S.A. c/ Estado Nacional” y CSJN fallo 260:14 y 268:561, entre otros.
XX. Que, encontrándose determinada la imposición de costas, las sumas reguladas en concepto de honorarios serán calculadas tomando en consideración conforme los respectivos vencimientos, en un 74% a cargo de la actora y en un 26% a cargo del Fisco.
XXI. Que, en caso de corresponder, deberá agregársele a las regulaciones a practicar el monto devengable en concepto de IVA atento a la condición que revisten los letrados actuantes (conf. Resolución General AFIP N° 689/99).
Por ello voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 770/2014, y por ende el cargo N° 980/05, en tanto exige el pago de tributos a la firma CINTELBA S.A. (a excepción de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, conf. lo resuelto en el considerando XIII) con más el CER y los intereses del art. 794 del C.A., los que deben calcularse desde el 09/02/06 hasta la fecha de su efectivo pago.
2. Costas conforme los respectivos vencimientos las cuales se fijan en un 74% a cargo de la actora y un 26% a cargo del fisco.
3. Regular los honorarios de la representación fiscal por su actuación ante este Tribunal en la suma total de pesos cuatrocientos trece mil novecientos diez ($ 413.910.-), de los cuales queda a cargo de la actora el 74%, es decir, pesos trescientos seis mil doscientos noventa y tres ($ 306.293.-). Se deja constancia que los montos regulados no incluyen el I.V.A..
4. Regular los honorarios profesionales del Dr. Gustavo Zunino por su actuación ante este Tribunal en el carácter de letrado apoderado de la actora, en la suma total de pesos ciento quince mil ochocientos noventa y cinco ($ 115.895.-), de los cuales queda a cargo del Fisco el 26%, es decir, pesos treinta mil ciento treinta y tres ($ 30.133.-) y el 74% a cargo de la propia parte, ello es pesos ochenta y cinco mil setecientos sesenta y dos ($ 85.762.-).
5. Regular los honorarios profesionales de la Dra. Cora Zunino por su actuación ante este Tribunal en el carácter de letrada patrocinante de la actora, en la suma total de pesos doscientos noventa y ocho mil quince ($ 298.015.-), de los cuales queda a cargo del Fisco el 26%, es decir, pesos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro ($ 77.484.-) y el 74% a cargo de la propia parte, ello es pesos doscientos veinte mil quinientos treinta y uno ($ 220.531.-).
6. Regular los honorarios profesionales del Ing. Luis Alberto Chavarría por la labor desarrollada en la segunda etapa del proceso en su carácter de perito ingeniero designado de oficio, en la suma total de pesos doscientos seis mil novecientos cincuenta y cinco ($ 206.955.-), de los cuales queda a cargo de la actora el 74%, es decir, pesos ciento cincuenta y tres mil ciento cuarenta y siete ($ 153.147.-) y a cargo del Fisco el 26%, ello es pesos cincuenta y tres mil ochocientos ocho ($ 53.808.-).
7. Se deja constancia que las retribuciones de los profesionales intervinientes no incluyen el I.V.A., monto que deberá adicionarse en caso de corresponder conforme a la subjetiva situación que revistan los profesionales beneficiarios frente a dicho tributo.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 770/2014, y por ende el cargo N° 980/05, en tanto exige el pago de tributos a la firma CINTELBA S.A. (a excepción de las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, conf. lo resuelto en el considerando XIII) con más el CER y los intereses del art. 794 del C.A., los que deben calcularse desde el 09/02/06 hasta la fecha de su efectivo pago.
2. Costas conforme los respectivos vencimientos las cuales se fijan en un 74% a cargo de la actora y un 26% a cargo del fisco.
3. Regular los honorarios de la representación fiscal por su actuación ante este Tribunal en la suma total de pesos cuatrocientos trece mil novecientos diez ($ 413.910.-), de los cuales queda a cargo de la actora el 74%, es decir, pesos trescientos seis mil doscientos noventa y tres ($ 306.293.-). Se deja constancia que los montos regulados no incluyen el I.V.A..
4. Regular los honorarios profesionales del Dr. Gustavo Zunino por su actuación ante este Tribunal en el carácter de letrado apoderado de la actora, en la suma total de pesos ciento quince mil ochocientos noventa y cinco ($ 115.895.-), de los cuales queda a cargo del Fisco el 26%, es decir, pesos treinta mil ciento treinta y tres ($ 30.133.-) y el 74% a cargo de la propia parte, ello es pesos ochenta y cinco mil setecientos sesenta y dos ($ 85.762.-).
5. Regular los honorarios profesionales de la Dra. Cora Zunino por su actuación ante este Tribunal en el carácter de letrada patrocinante de la actora, en la suma total de pesos doscientos noventa y ocho mil quince ($ 298.015.-), de los cuales queda a cargo del Fisco el 26%, es decir, pesos setenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cuatro ($ 77.484.-) y el 74% a cargo de la propia parte, ello es pesos doscientos veinte mil quinientos treinta y uno ($ 220.531.-).
6. Regular los honorarios profesionales del Ing. Luis Alberto Chavarría por la labor desarrollada en la segunda etapa del proceso en su carácter de perito ingeniero designado de oficio, en la suma total de pesos doscientos seis mil novecientos cincuenta y cinco ($ 206.955.-), de los cuales queda a cargo de la actora el 74%, es decir, pesos ciento cincuenta y tres mil ciento cuarenta y siete ($ 153.147.-) y a cargo del Fisco el 26%, ello es pesos cincuenta y tres mil ochocientos ocho ($ 53.808.-).
7. Se deja constancia que las retribuciones de los profesionales intervinientes no incluyen el I.V.A., monto que deberá adicionarse en caso de corresponder conforme a la subjetiva situación que revistan los profesionales beneficiarios frente a dicho tributo.
Regístrese, notifíquese de conformidad con lo ordenado a fs. 76, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.-
Date: 2025.06.06 15:27:52 ART Date: 2025.06.06 15:59:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.09 13:47:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.09 13:47:40 -03:00
Fin de la sentencia