Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 37.221-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución DE PRLA N° 1344/2015 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en las actuaciones N° 13681-32-2006/7, mediante la cual se rechaza la impugnación impetrada por el importador PAPELERÍA FRANCESA S.A. y, por ende, el cargo Nro. N° 1139/11.
2Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-39035017-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Abril de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la causa N° 35.801-A: “PAPELERÍA FRANCESA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 1344/2015 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en las actuaciones N° 13681-32-2006/7, mediante la cual se rechaza la impugnación impetrada por el importador PAPELERÍA FRANCESA S.A. y se confirma el cargo N° 1139/11 por la suma de $ 149.846,89 en concepto de derechos específicos, estadística e IVA y $ 206.566,17 en concepto de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 10/18 se presenta PAPELERÍA FRANCESA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución antes referida. A continuación, desarrolla sus agravios. Preliminarmente, entiende que el ajuste es nulo, ya que no fueron agregados los despachos de importación del caso. Entiende que el ajuste no es procedente, aduciendo que el pago de la licencia no se encuentra asociada a ninguna importación y que no configura “condición de venta”. Recuerda que los contratos de licencia que suscribió con diversos licenciantes le otorgan una licencia no exclusiva para la fabricación, venta, promoción, distribución y publicidad de ciertos productos, nombres e imágenes. Pero especifica que ella pudo elegir libremente si produce o importa la mercadería que luego se vendería en el mercado local. Puntualiza que las regalías abonadas por las licencias no tienen relación alguna con la mercadería importada, ni son condición de venta. Cita doctrina que entiende aplicable al caso, en relación a los requisitos de procedencia de los ajustes de valor cuando se encuentran involucrados cánones y licencias. En lo referente a los contratos de licencias, recuerda que en ellos no se obliga al licenciatario a la importación de la mercadería ni tampoco la obliga a comprar a proveedores locales o extranjeros. Cita opiniones del Comité Técnico de Valoración que considera relevantes para el caso. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 87/95 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto. Relata los hechos del caso y formula una negativa general. Se opone al planteo de nulidad efectuado por la recurrente. Precisa que resulta innegable la existencia de los convenios de licenciamiento de marcas comerciales celebrados por la importadora. Asevera que las regalías constituyen condición de venta, dado que se encuentran vinculadas con las mercaderías importadas, ya que su reventa es la que genera el pago. Cita jurisprudencia. Finalmente, hace la reserva del Caso Federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 13681-32-2006/7 y su acumulado N° 13289-15269-2012 se inician a fs. 1/3 con la Nota N° 929/11 (DM EMVI). A fs. 4/43 se encuentra el estudio de valor (Nota N° 924/11 (DV EMVI). A fs. 44 se adjunta el cargo N° 1139/11. A fs. 48/54 la actora inicia el procedimiento de impugnación. A fs. 66/90 la importadora efectúa una presentación y adjunta documental. A fs. 94/108 luce la Nota N° 1083/13 (DV EMVI). A fs. 109/110 la División de Empresas Vinculadas emite la Nota N° 1098/13 (DV EMVI). A fs. 113/121 se incluye detalle de las destinaciones del año 2006 de la firma PAPELERÍA FRANCESA S.A., relacionadas al cargo N° 1139/11. A fs. 125/127 la actora presenta alegato. A fs. 131/134 se dicta la resolución aduanera, notificada a fs. 136 vta. A fs. 137/138 la recurrente da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal, acompañando formulario F4.
V. Que, en fecha 03/11/2015 (fs. 96) se abrió la causa a prueba. A fs. 223 se certificó la prueba producida y a fs. 224 se cerró el período probatorio y se elevaron las actuaciones a la Sala “G” (PV-2024-132439290- APN-VOCXXI#TFN). En fecha 05/12/2024 (IF-2024-133635508-APN-VOCXXI#TFN) se pusieron para alegar. Finalmente, en fecha 13/02/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-16025449-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que por la naturaleza de la nulidad que fue planteada por la actora en el escrito inicial, corresponde su tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
VII. Que corresponde resolver en la causa si la Resolución DE PRLA N° 1344/2015, en cuanto confirma el cargo Nro. 1139/11 formulado por ajuste de los valores FOB declarados por PAPELERÍA FRANCESA S.A. en una serie de despachos de importación documentados en el año 2006, se ajusta a derecho. Que el referido ajuste se fundó en el estudio de valor efectuado por la División Empresas Vinculadas mediante la Nota N° 924/2011 (DV EMVI) obrante a fs. 4/43 de las actuaciones administrativas, en el que se determinó que deberían incrementarse los valores FOB declarados, al concluirse que las regalías no están incluidas en los precios de venta, constituyen “condición de venta” de las mercaderías licenciadas importadas y se encuentran relacionadas con aquellas.
Que dicho ajuste fue compartido por la Dirección de Gestión del Riesgo (Nota N° 929/11 – DV EMVI) al sostener que resultan condición de venta “…pues si bien los proveedores del exterior que fabrican los productos licenciados no se encuentran vinculados con LATIN COMPANY S.A. y en principio tampoco con los licenciantes, solo pueden fabricarlos sin los costos adicionales que implica el pago de derechos por el uso de las licencias, porque el cliente que encarga la fabricación de productos licenciados, se responsabiliza por los costos (regalías), que implica obtener la autorización para usar una determinada marca…” (fs. 1 de las act. adm.)
Que, en ese orden de ideas, la cuestión a resolver en autos se circunscribe en establecer la procedencia o no del “ajuste de valor” por el incremento del valor FOB documentado en los despachos de importación por la firma actora, en proporción correspondiente a las “regalías” (resultantes del producido de la venta en plaza de las mercaderías importadas); a la luz de lo dispuesto en el art. 8° ap. 1 c) del Acuerdo de Valor del GATT (Leyes Nros. 23.311 y 24.425), invocado por la Aduana.
VIII. Que mediante la Ley N° 23.311 se aprobó el Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT y su Protocolo, firmados en Ginebra el 12/4/79 y 01/11/79 respectivamente y por el Decreto N° 1026/87 se puso en vigencia el referido régimen el 1° de enero de 1988, quedando derogados los arts. 641 a 650 y 652 a 659 del Código Aduanero y toda otra disposición que se oponga a las normas del Acuerdo.
Que la Ley N° 24.425 aprueba el Acta Final en la que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, las decisiones, declaraciones y el Acuerdo de Marrakech por el que se crea la OMC y- entre otros- el Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT. Incorpora además la Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a los casos en que las administraciones tengan motivo para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado.
Que el Acuerdo Relativo a la aplicación del Art. VII del GATT establece que el “valor de transacción”, tal como se define en el art. 1°, es la primera base para la determinación del valor en aduana. El referido art. 1° dispone: “El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación ajustado de conformidad con lo dispuesto en el art. 8°…”.
El citado art. 8° establece -en lo que aquí interesa-en su ap. 1. c)- que “...para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el art. 1°, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar de las mercaderías importadas los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar...”.
A su vez, la Nota Interpretativa al párrafo 1 c) del mencionado artículo dice que: “1. Los cánones y derechos de licencia que se mencionan en el párrafo 1 c) del artículo 8 podrán comprender, entre otras cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Sin embargo, en la determinación del valor en aduana no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación. 2. Los pagos que efectúe el comprador por el derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar cuando no constituyan una condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al país importador”.
Que, en definitiva, según lo dispuesto por el referido art. 8 ap. 1.c. del Acuerdo de Valor del GATT, resulta necesaria la concurrencia de tres requisitos o elementos para efectuar un “ajuste” de valor por el concepto “cánones y derecho de licencia”: i) que existan cánones o derechos de licencia; ii) que exista una relación entre esos cánones y derechos de licencia y las mercaderías importadas; y iii) que el pago de los cánones y derechos de licencia sea una condición de venta de las mercaderías importadas.
Que al respecto, la doctrina señala que “Estos tres requisitos se deben cumplir simultáneamente, por lo que la falta de uno sólo de ellos impide efectuar el ajuste previsto en la norma considerada” (cfr. Lascano, Julio Carlos, “El Valor en Aduana de las Mercaderías Importadas”, de Osmar E. Buyatti, 2007, pág. 213). Asimismo, la doctrina es conteste en que el ajuste (por añadidura al valor FOB pactado) por cánones y derechos de licencia “... constituye uno de los temas más intrincados del Acuerdo de Valoración, ya que existen muy pocas precisiones sobre este asunto en el texto legal.” (cfr. Lascano, Julio Carlos, “El Valor en Aduana de las Mercaderías Importadas”, Osmar E. Buyatti, 2007, pág. 211 y ss., con cita de Saul L. Sherman y Hinrich Glashoff, “Customs Valuation, Commentary on the GATT Customs Valuation Code”). Que, así también, la doctrina se ha expresado en el sentido de que “para determinar si existe o no una condición de venta en el sentido del art. 8.1.c) debe hacerse un cuidadoso análisis de los contratos involucrados y de los aspectos propios de cada transacción. Generalmente, la obligación de pagar un canon no se estipula en el contrato de venta de las mercaderías importadas. Es más posible que ella emane de un convenio de licencia que obre por separado, el cual, además, puede haberse celebrado entre el comprador y el vendedor o entre aquél y un tercero. Teniendo en cuenta estas estipulaciones de ese convenio y las del contrato de venta, como asimismo las circunstancias particulares del caso, es que puede establecerse si los cánones se pagan como condición de venta de las mercaderías importadas.” (cfr. Zolezzi, Daniel, “Las marcas, las patente y el valor en aduana en instrumentos de la Organización Mundial de Aduanas y en la Jurisprudencia”, El Derecho, 18/04/2013).
IX. Que en el caso, la recurrente sostiene que el valor de transacción declarado (el precio pagado o por pagar) no puede ajustarse, toda vez que el pago de regalías es una condición para adquirir los derechos de propiedad intelectual licenciados, pero no constituye una condición de venta impuesta por el vendedor de las mercaderías.
Que la firma PAPELERÍA FRANCESA S.A. documentó destinaciones donde se declararon artículos de juguetería y librería con diseños, dibujos, marcas y otros elementos de propiedad intelectual pertenecientes a diversos licenciantes. La recurrente acompañó copias de contratos de licencias y autorizaciones de representantes exclusivos -de diversos licenciantes- celebrados con: “MATTEL INC.”, “MATTEL EUROPA B.V.”, “LYONS PARTNERSHIP L.P.”, “WARNER BROS. CONSUMER PRODUCTS- ARGENTINA”, “MTV NETWORKS”, “THOSE CHARACTERS FROM CLEVELAND INC.”, “MARVEL CHARACTERS INC.”, “UNITED FEATURE SYNDICATE INC.”, “MIRAGE LICENSING INC.”, “HIT ENTERTAINMENT LTD.”, “HASBRO INTERNATIONAL INC.” y “PAWS INCORPORATED” (Conf. Nota N° 929/11 (DV EMVI) fs. 1/3 de las act. adm.)
La recurrente añade a su explicación que dichas regalías no se relacionan con la mercadería importada por “PAPELERÍA FRANCESA S.A.”, sino que la causa y el origen de su pago se corresponde con la utilización de la marca cuya autorización es otorgada mediante el contrato de licencia y, por ello, no constituiría condición de venta en los términos del art 8.1.c del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VII del GATT.
Que la Aduana fundó la resolución apelada en la causa y, por ende, los ajustes practicados, señalando que “Sobre la base de los documentos e información analizada en el presente trabajo y de acuerdo con lo establecido por los artículos 1° y 8° apartado 1 c) del Acuerdo de Valoración del GATT/OMC (Ley 23.311 y 24.425), el suscripto considera razonable que, en aquellas importaciones de PAPELERÍA FRANCESA S.A. –CUIT N° 30-51765271-3, donde se documentaron mercaderías correspondientes a Productos Licenciados por los que fueron devengadas regalías, se haga repercutir, sobre sus respectivos Valores FOB declarados, las fracciones de los cánones que a cada una de ellas correspondan” (cfr. Conclusión del estudio de valor agregado como Nota Nro. 924/11 (DV EMVI) a fs. 4/43 de las act. adm.).
X. Que el Valor en Aduana de las mercaderías importadas está definido en el Acuerdo para la aplicación del artículo VII del GATT siendo este en primer lugar, el valor de transacción, es decir, el precio pagado o por pagar.
No obstante ello, la misma normativa dispone que existen otros conceptos que deben añadirse a ese valor y por lo tanto, integran la base imponible, encontrándose entre ellos “los cánones y derechos de licencia relacionados con la mercadería importada objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de las mercaderías en la medida en que los mencionados cánones o derechos de licencia no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar”. Que si bien a los efectos de la valoración de la mercadería la incidencia de una marca es considerablemente alta, no resulta acertada la conclusión del servicio aduanero de que “un canon es siempre “condición de venta” -v. punto 4 de las Conclusiones de la División Empresas Vinculadas de la Nota Nro. 1083/13 (DV EMVI) a fs. 94/108 de las actuaciones administrativas.
A su vez, en cuanto al requisito de que el pago del canon o licencia constituya una “condición de venta” de las mercaderías, se ha dicho que ello refiere a la posibilidad de separar o no la compra de los bienes importados del hecho de su pago, de manera que el vendedor pueda rehusar el negocio si no se abona un canon o licencia, o que el comprador tenga prohibido adquirir o importar las mercaderías objeto de valoración, legal y definitivamente, si no paga aquéllos (cfr. Comité Técnico de Valoración, Documento de Información, Bruselas, 10/12/1996).
El Acuerdo prevé que el pago como condición de venta se pueda realizar en forma directa (cuando las regalías se pagan al vendedor) o en forma indirecta (cuando se pagan a un tercero por indicación de aquél). En caso de ajuste por aplicación de este último supuesto, no resulta indispensable que exista una vinculación -en el sentido del artículo 15 del Acuerdo- entre el vendedor y el dueño de la licencia cedida al comprador, sino que basta con que exista un acuerdo entre ambos en virtud del cual el primero no pueda vender las mercaderías si el comprador no se aviene a pagar el canon en beneficio del titular de los derechos de propiedad intelectual.
Que, en definitiva, sólo puede establecer una condición de venta el propio vendedor, o una persona vinculada a él o que haya acordado con él algo al respecto; de lo contrario, cuando el vendedor no sea el otorgante de la licencia, lo que habría son dos contratos separados, y el pago del canon no sería un pago indirecto al vendedor en el sentido del artículo 8º (cfr. Lascano, Juan Carlos, El valor en Aduana de las Mercaderías Importadas, Ed. Osmar D. Buyatti, Buenos Aires, 2007, p. 233).
Que, en otro orden de ideas, también se admite que si el licenciante ejerciera un control directo o indirecto sobre el fabricante, que hiciera suponer que entre ellos existe vinculación en el sentido del artículo 15 del Acuerdo, el pago también podría considerarse una condición de venta (v. Opinión Consultiva 4.11 del Comité Técnico de Valoración, y CSJN F.28.XLVII “Ford Argentina SCA (TF 21.950-A) c/ DGA”, sent. del 21/10/14).
Que en los informes presentados por la recurrente emitidos por los proveedores del exterior dan cuenta de que no tienen vinculación alguna, negocio, relación corporativa o estratégica con las siguientes empresas “MATTEL EUROPA B.V”, “MARVEL CHARACTERS INC.”, “LYONS PARTNERSHIP L.P.”, “UNITED FEATURE SYNDICATE INC.”, “MIRAGE LICENSING INC.”, “MTV NETWORKS”, “THOSE CHARACTERS FROM CLEVELAND INC.”, “HASBRO INTERNATIONAL INC.”, “PAWS INCORPORATED” e “IDEAS DEL SUR S.A.”.
Que en ellos se expresa que las citadas firmas no tienen ningún tipo de vinculación con las empresas licenciantes que han firmado acuerdos con PAPELERÍA FRANCESA S.A. En los informes los proveedores ponen en conocimiento que fabrican los productos según las indicaciones que PAPELERÍA FRANCESA S.A. le imparte sin que se le exija el pago previo de ningún tipo de regalía y que tampoco tiene conocimiento de su existencia. (Los informes obran agregados en las act. adm. a fs. 52/72 y 97/104 del expediente principal)
Que a su vez, los informes de las empresas licenciantes “PAWS INCORPORATED”, “MATTEL EUROPA B.V”, “LYONS PARTNERSHIP L.P.”, “HIT ENTERTAINMENT LTD”, “WARNER BROS CONSUMER PRODUCTS INC.” y “VIACOM MEDIA NETWORKS” hacen notar que el pago de regalías no tiene que ver con el proceso de fabricación ni con la adquisición de los productos licenciados importados, que las mercaderías no se encuentran condicionadas al pago de regalías por parte de PAPELERÍA FRANCESA S.A. y que el pago de regalías no constituye una condición de venta de los productos que son importados. (Los informes están glosados a fs. 27/29, 31/49, 80/82, 163/201 y 204/215). Que la Sala IV de la CNACAF en la causa “Nestlé Argentina SA c/DGA s/rec de apelación” Expte.
Nro 8106/2018, sentencia del 10/05/2018 sostuvo que en el Considerando 6°) que “… para que el canon, derecho o regalía guarde relación con las mercaderías importadas, y no con cuestiones ajenas a su provisión, se ha dicho que el factor más importante a considerar es si el importador habría adquirido lo tangible sin comprar lo intangible, y que no es determinante la forma en que se calcula el canon, sino los motivos por los cuales se abona. Además, la relación debe poder determinarse mediante datos objetivos y cuantificables, de forma tal que, en caso de importación de partes o de un ingrediente constitutivo del producto autorizado por el licenciante, el canon abonado sobre el producto de la venta puede estar total o parcialmente relacionado, o no tener relación alguna con las mercaderías importadas (conf.
Sala III, causa “Neumáticos Goodyear SA c/ DGA”, sent. del 30/04/01, que confirmó un ajuste practicado porque pudo determinarse que los insumos importados para la fabricación de neumáticos, provistos por la casa matriz del productor y otras empresas vinculadas, representaban el 90% del producto terminado)”. “Para resolver éste y otro tipo de inconvenientes, la legislación europea prevé que las regalías pagadas por el derecho a utilizar una marca de fábrica o de comercio únicamente se adicionen al valor de transacción cuando pueda comprobarse, en forma simultánea, que: a) las regalías afectan a las mercaderías revendidas en el mismo estado en que se importaron o después de ser objeto de una operación sencilla, de modo que pueda cuantificarse sin dificultad el importe correspondiente a las mercaderías importadas; b) las mercaderías se comercializan con la marca por la que se paga el canon, colocada antes o después de la importación; c) el comprador no goza de libertad para adquirir esas mercaderías a otros proveedores no vinculados al vendedor.
Es decir que, una hipótesis clara de ausencia de relación se presenta cuando el comprador goza de entera libertad para adquirir las mercancías de otros proveedores no vinculados al vendedor (…)”.
Que asimismo la Sala V de la Excma. CNACAF, en una causa similar a la presente, caratulada “ZARA ARGENTINA SA c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” Expte. Nro. 39791/2019, sentencia del 26/09/2019, confirmó lo resuelto por esta Sala -en otra composición- en cuanto dispuso revocar la resolución aduanera por la que se había confirmado un cargo por el ajuste de valor efectuado por la Aduana en análogos términos que los involucrados en la causa. Para así resolver tuvo en consideración que “IV)…de conformidad con lo establecido en la Nota interpretativa del artículo 8, párrafo 1, inciso c) del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, no corresponde ajustar el valor de las mercaderías importadas ya que no existen “…datos objetivos respecto de los incrementos que deban realizarse”. Ello, ya que el importe del canon no se basa únicamente en relación con las mercaderías importadas en autos ya que la aplicación del porcentual fijado en el contrato para el pago de las referidas regalías lo fue respecto del resultado positivo de las ventas (es decir calculado sobre las ganancias que percibe la empresa) de modo que resulta imposible (o bien se advierte de gran dificultad) la cuantificación de la medida de ganancia que reporta la venta exclusivamente de las mercaderías importadas y, por ende, el monto que debería ser adicionado como ajuste a las operaciones que se investigaron en autos”.
En ese sentido, agregó que “En consecuencia, la medida de ajuste pretendida por el Fisco no puede ser convalidada ya que se fundó en estimaciones, apreciaciones y presunciones que no resultan suficientes en los términos requeridos por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 y sus Notas Interpretativas”.
Finalmente, concluyó: “Por todo lo expuesto, no se advierte que las conclusiones del Tribunal Fiscal se aparten de las pruebas agregadas a la causa y de los hechos constatados en autos, de modo que, tal como concluyó el Tribunal a quo el ajuste pretendido no puede ser convalidado ya que no se corrobora que el canon que pretende ser adicionado se relacione únicamente con las mercaderías importadas y, tal como se expuso, su cuantificación no solo resulta dificultosa si no que no fue debidamente justificada por el servicio aduanero al tiempo de practicar el ajuste ni al momento de apelar ante esta instancia”.
“En sentido concordante con lo precedentemente expuesto, se pronunció esta Cámara en diversas causas en las que se examinaron planteos análogos al de la presente. Entre aquellas corresponde citar la resuelta por la Sala III “World Sport S.R.L. c/DGA s/recurso directo”, expediente n° 55.452/2014, del 28 de abril de 2015, por la Sala IV en la causa “World Sport S.R.L. c/DGA s/recurso directo”, expediente n° 10.056/2015, del 15 de septiembre de 2015 y por esta Sala V en las causas “World Sport S.R.L. c/DGA s/recurso directo”, expediente n° 75.652/2014, del 6 de marzo de 2014 y “World Sport S.R.L. c/DGA s/recurso directo”, expediente n° 30.793/2016, del 5 de julio de 2016. En ellas, tampoco se consideró válido el ajuste pretendido sobre las mercaderías importadas, en la medida en que el canon era calculado respecto del producido de las ventas dentro del territorio convenido y por el uso de la marca, con independencia de si se trataba de mercaderías de origen extranjero o nacional, provistas por firmas pertenecientes al grupo o ajenas a él”.
En recientes precedentes, la Sala IV del citado Tribunal interpretó-en lo que hace a la condición de ventaque “solo podría establecer una condición de venta el propio vendedor, o una persona vinculada a él o que haya acordado con el algo al respecto; de lo contrario, cuando el vendedor no sea el otorgante de la licencia, lo que habría son dos contratos separados, y el pago del canon no sería un pago indirecto al vendedor en el sentido del artículo 8°.” (Sala IV, CNCAF, Ranieri Argentina SA (TF 36327-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo, 06/06/2024)
En otro precedente, recordó que “…un canon, derecho de licencia o regalía, en el sentido indicado en el artículo, es toda suma de dinero pagada por la adquisición de los derechos de propiedad intelectual relacionadas con las mercaderías importadas, o por la licencia al uso de estos derechos; siendo variada y extensa la clase de derechos relacionados con el comercio de mercaderías que las partes pueden ceder o licenciar… Sentado lo expuesto y en lo atinente al requisito de que el pago del canon o licencia constituya “condición de venta” de las mercaderías…se ha dicho que refiere a la posibilidad de separar o no la compra de los bienes importados del hecho de su pago, de manera que el vendedor no venda al comprador las mercaderías para su exportación sin que se pague un canon o derecho de licencia, o que el comprador no pueda adquirir o importar las mercaderías objeto de valoración legal, si no paga cánones y derechos de licencia.” (Sala III, CEREALES PARTNERS LLCUTE (TF 37553-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, 06/08/2024)
Que esta Sala, por mayoría, ha decidido de igual forma a la que aquí se propicia- en la causa de igual carátula- en el Expediente N° 37.221-A (01/01/2024, INLEG-2024-120253027-APN-VOCXX#TFN).
XI. Que finalmente, cabe puntualizar que si bien no fueron agregadas la totalidad de las notas correspondientes a las licenciantes, vinculadas a los contratos individualizados a fs. 5/19, de la totalidad de la prueba producida-en especial de las notas que sí fueron incluidas y de los informes de los proveedoresgenera suficiente convicción en este juzgador para advertir que no se configuran los requisitos habilitantes para sustentar el ajuste de valor propiciado.
También fueron incluidas planillas (fs. 113/122 del expediente principal) de las que pueden vincularse las operaciones analizadas (fs.28/43 de las act. adm.) con los proveedores de la firma actora (SHANGAI POLY TECHNOLOGIES CO. LTD, HINTEX ENTERPRISES LIMITED, DONGYANG JIRONG PLASTIC INDUSTRIAL CO LTD. Y HEBEI LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMP/EXP CO LTD.) quienes informaron desconocer que deban pagarse regalías por la compra de los productos, que no se oponen a la venta y fabricación por su falta de pago y que carecen de vinculación societaria con las licenciantes (cfr. traducciones públicas acompañadas a fs. 79/80 y 87 de las actuaciones administrativas y 70 vta. y 103 vta. del expediente principal).
Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que no han sido agregadas a las actuaciones administrativas los despachos de importación objeto de ajuste, como así tampoco las constancias del Sistema Oracle Discoverer y de Nosis en las que la Aduana pretende fundarlo.
XII. Que, en definitiva, teniendo en consideración que en la causa no se encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Acuerdo de Valoración del GATT para que proceda el incremento de los valores declarados por la firma “PAPELERÍA FRANCESA S.A.”, no cabe más que desestimar el ajuste practicado por la Aduana y, por ende, el cargo formulado.
Que, por todo lo expuesto, corresponde revocar el ajuste de valor efectuado por el Fisco Nacional, toda vez que el mismo no se encuentra suficientemente fundado.
Por ello, VOTO POR:
1).- REVOCAR la Resolución DE PRLA N° 1344/2015 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en las actuaciones N° 13681-32-2006/7, mediante la cual se rechaza la impugnación impetrada por el importador PAPELERÍA FRANCESA S.A. y, por ende, el cargo Nro. N° 1139/11.
2).- Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Por estrictas razones de economía procesal, previo a ingresar en los fundamentos de mi voto, corresponde remitir y hacer parte del presente el relato de los hechos expuesto en el voto preopinante (Considerandos I y II).
II. Delimitada la jurisdicción de este Tribunal, resulta necesario dilucidar la validez de la resolución apelada en lo que concierne al rechazo de la impugnación del cargo Nº 1139/11 (“Cargo”) formulado por el servicio aduanero. A tal efecto, debe consignarse que, conforme lo sostenido por la Aduana, las importaciones documentadas por el actor durante el año 2006 debían ser ajustadas —y así lo fueron— en los términos del artículo 8, apartado 1, inciso c) del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT (“Acuerdo”). En este sentido, la autoridad aduanera fundamentó su decisión en la premisa de que el pago de regalías constituía una condición de venta.
III. En términos coincidentes con lo sostenido por el recurrente, el voto preopinante concluyó que los pagos efectuados derivaron exclusivamente de la utilización de la marca y no de la compraventa de las mercaderías. En virtud de ello, se propició la interpretación de que no se configuraron los requisitos exigidos por el Acuerdo para justificar el incremento de las bases imponibles de las importaciones documentadas por Papelería Francesa. Por consiguiente, se postuló la revocación del Cargo, con costas.
IV. En tales condiciones, adelanto que no coincido con los fundamentos de la decisión preopinante. En primer lugar, resulta claro que nos encontramos ante una cuestión encuadrada dentro de un hecho estrictamente reglado, propio de la naturaleza tributaria, en el que la determinación de la obligación no debería quedar sujeta a la discrecionalidad de ninguna de las partes de la relación jurídica. En este sentido, cobra especial relevancia el carácter reglado de la obligación tributaria, el cual orienta al Tribunal tanto en la reconstrucción de los hechos en disputa como en la aplicación de la directiva legislativa de buscar la verdad jurídica objetiva.
V. En esta línea de análisis, resulta claro que los agravios del recurrente no poseen la suficiente entidad para justificar una declaración de nulidad. Sucede que, en efecto, la determinación de la nulidad no puede aplicarse como una regla automática sustraída de las circunstancias particulares del caso y sus implicancias. En este sentido, corresponde colegir que, si bien el recurrente sostiene que el acto administrativo carece de causa y motivación, frente a la naturaleza eminentemente reglada del acto discutido en la especie y toda vez que no se observa un desprecio por parte de la autoridad administrativa de la reconstrucción de los hechos y la invocación del derecho que sustentan su decisión, no cabe declarar la nulidad como manifiesta y así, reconocerla como de previo y especial pronunciamiento en los términos del art. 1149 del Código Aduanero.
Esta conclusión se encuentra en sintonía con la doctrina reiterada de nuestro Máximo Tribunal (Fallos 247:52, 267:393, entre otros), la cual establece que la nulidad del procedimiento, no resulta procedente cuando el contribuyente ha contado con la oportunidad suficiente para ofrecer y producir la prueba que consideró necesaria a efectos de acreditar su derecho. En tales condiciones, la alegada restricción de la defensa en el procedimiento administrativo pudo ser subsanada en sede judicial, razón por la cual no corresponde acoger el planteo de nulidad formulado en esta instancia.
En este contexto, resulta relevante destacar que en esta instancia el administrado pudo ejercer plenamente su derecho de defensa, presentando sin restricciones todas las pruebas que consideró necesarias. En consecuencia, corresponde rechazar el planteo del recurrente, ya que las supuestas deficiencias señaladas no le causaron indefensión ni perjuicio irreparable en esta instancia.
En cuanto a las costas, aunque el agravio fue tratado previamente, debe señalarse que el recurrente no lo articuló como una excepción procesal independiente, sino como una defensa adicional contra el acto apelado, con el fin de obtener su revocación. En virtud de que no se desarrolló una actividad procesal autónoma en torno a este punto, no corresponde imponer costas al respecto.
VI. Conforme surge de las actuaciones administrativas, la Aduana formuló y notificó el día 31/10/2011 (fs. 47), el Cargo (fs. 44 y 45) reclamándole a la actora una diferencia de tributos sobre los despachos de importación definitiva cuyas planillas obran agregadas a fs. 28/43 de las actuaciones administrativas. A través de las aludidas destinaciones, el actor documentó la importación definitiva de distintas mercaderías correspondientes a las marcas descriptas en los contratos enumerados a fs.1/2 de las actuaciones administrativas que evidencio en el siguiente cuadro descriptivo y a los que aludiré en conjunto como los “Contratos”:
Cuadro 1 MARCA LICENCIANTE BARBIE/HOT WHEELS/POLLY POCKET MATTEL INC.
BARNEY LYONS PARTNERSHIP L.P.
BOB ESPONJA/DORA LA MTV NETWORKS EXPLORADORA STRAWBERRY SHORTCAKE THOSE CHARACTERS FROM (FRUTILLITAS)/NUEVOS OSITOS CLEVELAND INC. CARIÑOSOS X-MEN MARVEL CHARACTERS INC. PEANUTS (SNOOPY) UNITED FEATURE SYNDICATE INC. TORTUGAS NINJA MIRAGE LICENSING INC. BOB THE BUILDER HIT ENTERTAINMENT LTD.
POWER RANGERS/WINNIE THE DISNEY POOH/PRINCESAS
Como consecuencia de lo indicado por el servicio aduanero en la Nota Nº 929/11 (DV EMVI) del 12/10/2011 (“Nota 929”), el Cargo fue el resultado del estudio de valor que aquél le inició al actor con el objeto de determinar si “los cánones devengados por la firma a lo largo del año 2006, debieron adicionarse a los valores FOB de aquellas mercaderías extranjeras relacionadas con los mismos” (fs. 4 de las actuaciones administrativas).
En dicho marco investigativo, a fs. 26 de las mismas actuaciones, el servicio aduanero entendió razonable que con relación a las destinaciones de importación objeto de estudio, “se haga repercutir sobre sus respectivos Valores FOB declarados, las fracciones de los cánones que a cada una de ellas correspondan”.
A mayor abundamiento, en la Nota 929 también se describió la fórmula aplicada y se determinaron los porcentajes de ajuste que oscilaron entre un mínimo de 4,61% y un máximo de 79,44% los cuales se aplicaron a las destinaciones de fs. 28/43 arrojando las diferencias tributarias determinadas a fs. 44 y luego notificadas a fs. 47 de las aludidas actuaciones administrativas.
Luego de notificado el Cargo, la importadora decidió interponer recurso de impugnación cuyo procedimiento sustanció el servicio aduanero. En dicha ocasión la prueba ofrecida por el actor consistió en el pedido de agregación:
1. De los antecedentes por los cuales la División Empresas Vinculadas arribó a su conclusión, -aunque se refirió a un número de nota supuestamente emitida por la Aduana que no se encuentra en las actuaciones administrativas- y de los Contratos.
2. De los sobres originales de los despachos junto con la documentación complementaria.
Además, requirió:
3.-El libramiento de oficios a los proveedores del exterior para que respondieran el interrogatorio descrito a fs. 54/55 (capítulo VII 3. a) del escrito de impugnación).
Siguiendo la secuencia lógica del expediente administrativo, resulta esencial la providencia de fs. 59 en virtud de la cual se dispuso:
a. Con relación al punto 1 que: “dentro de los quince (15) días de notificado el presente la administrada deberá acompañar las copias pertinentes, toda vez que la documentación aportada oportunamente por la empresa a la División Empresas Vinculadas durante la sustanciación del estudio de valor, debe ser conservada para el estudio de períodos posteriores. En caso de no aportarse la documentación en trato, continuará el trámite de las actuaciones según corresponda y se dictará resolución en base a las restantes pruebas e informes a producirse”;
b. En lo relativo al punto 2 y los sobres originales de los despachos, no hizo lugar a la prueba ofrecida por considerarla superflua y dilatoria.
c. Y finalmente, con relación al punto 3, hizo lugar a la prueba ofrecida, dejándole a la parte la entera responsabilidad de aportar las respuestas de los proveedores dentro de los 40 días de notificada la aludida providencia de fs. 59.
Frente a esta decisión adoptada por el servicio aduanero, el actor realizó una presentación obrante a fs. 66 de las actuaciones administrativas, en virtud de la cual reiteró su solicitud de que se disponga la agregación de toda la documentación que sustenta el Cargo. En este sentido, sostuvo que, en caso de no cumplirse con dicho requerimiento, correspondía declarar la nulidad del aquél, argumento que reiteró al momento de presentar su alegato, agregado a fs. 125/127vta. de las actuaciones.
De manera simultánea, la actividad procesal del actor se concentró en demostrar el resultado de la prueba informativa conforme el cuadro que sigue a continuación:
Cuadro 2 PROVEEDOR PRUEBA CUMPLIMENTADA Shanghai Poly Techonologies Co. Ltd Nota de fecha 29/06/2012 (fs. 72/81)
Hintex Enterprises Limited Nota de fecha 24/10/2012 (fs. 83/90vta.)
Continuando con la sustanciación de la impugnación, el servicio aduanero solicitó a la División Empresas Vinculadas elaborar el informe técnico de su competencia teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y la prueba agregada. A raíz de este pedido obrante a fs. 94/108 de las actuaciones administrativas, la División Empresas Vinculadas formuló la Nota 1083/13 (DV EMVI) de fecha 14/11/2013 (“Nota 1083”), que en lo sustancial: 1) citó textualmente el inciso c) del apartado 1 del art. 8 del Acuerdo de Valor y la parte pertinente de la Nota Interpretativa al art. 8 que indica que los cánones y derechos de licencia comprenden a los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derecho de autor; 2) indicó que los pagos directos e indirectos a los que se refiere el inciso c) del apartado 1 del art. 8 del Acuerdo permiten estas posibilidades: a) que el canon se pague directamente como consecuencia de una estipulación del contrato de venta; o, b) que se pague indirectamente como consecuencia de una obligación que surja de otra fuente, como por ejemplo de un contrato de licencia distinto del de venta; 3) mencionó que debe hacerse un cuidadoso análisis de los contratos involucrados y de los aspectos propios de cada transacción ya que la práctica indica que generalmente la obligación de pagar un canon, surge de un contrato de licencia que obra por separado, sin que ninguno de ambos contratos -ni el de venta ni el de licencia- haga referencia al otro; 4) reseñó la opinión de la doctrina sobre lo que se considera “condición de venta” coincidiendo con Glashoff y Sherman en el sentido de que la expresión “condición de venta” no tiene un significado único y claro que se pueda aplicar automáticamente a los distintos casos de la vida mercantil y que siempre el pago del canon o de un derecho de licencia es “una condición de venta si, de no mediar el pago de ese canon o derecho de licencia, los bienes no se hubieran vendido al precio acordado ”.
Al mismo tiempo, (a fs. 97) citó la opinión doctrinaria del Dr. Zolezzi destacando palabras del autor en el sentido de que la condición de venta debe buscarse en la interdependencia entre la compra de lo tangible y el derecho a usar o comercializar lo intangible; 5) describió el núcleo del debate impugnativo indicando que a su criterio el licenciante ejerce un control directo o indirecto sobre el fabricante, suficiente para que el pago de los cánones se considere como condición de venta para la exportación: así detalló los elementos que a su juicio deben considerarse para determinar dicho control, dividiéndolos entre aquellos que son concernientes a los productos, al fabricante y al control real por el licenciante; 6) se explayó sobre la condición distintiva de la marca y su contenido económico; e, 7) indicó que es evidente que existe interdependencia entre la compra de lo tangible por parte de Papelería Francesa de mercaderías a fabricantes independientes del exterior y el derecho a usar o comercializar lo intangible, en razón de la autorización para la utilización de las marcas a cambio de un canon según las contrataciones celebradas y analizadas en el marco del estudio de valor y del presente caso.
La Nota 1083 fue ratificada por su similar Nº 1098 del 19/11/2013.
VII. En tales condiciones, para abordar adecuadamente la cuestión examinada, es necesario desglosar los aspectos involucrados. En primer lugar, debe dilucidarse si realmente existió un grado de control por parte de los licenciantes sobre las mercaderías importadas por Papelería Francesa. Luego, resulta esencial determinar si este grado de control es, en efecto, definitorio para establecer el tratamiento jurídico correspondiente, en particular, respecto a si el pago de regalías puede considerarse una "condición de venta" conforme al Acuerdo. En ese sentido, es particularmente importante señalar que el acto administrativo impugnado no se basa únicamente en el hecho de que Papelería Francesa no podría comercializar las mercancías importadas sin el pago de regalías.
VIII. A estas alturas no advierto nada nuevo si hago notar que en el Acuerdo subyace un principio general de autonomía de la voluntad entre las partes, reconociendo que el precio de transacción acordado libremente refleja, en la mayoría de los casos, el valor real de las mercaderías. Efectivamente, este principio empodera la autonomía de la voluntad al considerar, como regla general, el precio realmente pagado o por pagar en las transacciones comerciales entre el comprador y el vendedor, siempre que se cumplan ciertas condiciones. No obstante, el Acuerdo establece excepciones que limitan este principio de autonomía para garantizar una valoración justa y objetiva a efectos aduaneros, tales como la prohibición de precios condicionados por elementos no mensurables, el retorno de fondos al vendedor sin ajustes precisos, o la influencia de una relación cercana entre las partes. De este modo, el Acuerdo respeta la autonomía de las partes, pero la sujeta a condiciones que aseguran la transparencia y legitimidad del precio declarado en aduana. Justamente, el artículo 8 del Acuerdo resulta especialmente relevante en este contexto, ya que establece que, para calcular el valor en aduana, además del precio efectivamente pagado por las mercancías, deben añadirse ciertos costos adicionales. En particular, el artículo menciona que deben sumarse los cánones y derechos de licencia que el comprador debe pagar, de manera directa o indirecta, como una condición para poder adquirir dichas mercancías. Esta disposición se aplica siempre que dichos pagos no estén ya incluidos en el precio pagado o por pagar. De este modo, el artículo 8 busca asegurar que el precio declarado refleje el verdadero costo para el comprador, incluyendo cualquier pago que constituya una condición necesaria para la transacción.
IX. Desde luego, la determinación de esta situación exige la reconstrucción de un hecho, y justamente, la forma en que se establece ese hecho es lo que se encuentra en disputa. Este punto toca una cuestión esencial en el ámbito jurídico: la reconstrucción de hechos no es solo un ejercicio técnico, sino un proceso que requiere interpretar y dar sentido a las pruebas y a las circunstancias de un caso. En este contexto, la disputa sobre cómo se determina un hecho en particular —en este caso, si las regalías son una "condición de venta" según el Acuerdo— nos debería llevar a reflexionar sobre el papel de los tribunales y las autoridades administrativas en delimitar hechos jurídicos complejos, habida cuenta de que cuando la determinación de un hecho se torna central en un litigio, lo que realmente está en juego es la legitimidad de cómo interpretamos y aplicamos normas generales a casos específicos. En cuestiones aduaneras y tributarias, esto se hace aún más delicado, ya que la reconstrucción de hechos impacta directamente en los derechos y obligaciones de los administrados, afectando además la recaudación y el control del comercio exterior. De allí la importancia de la objetividad y la precisión en la administración de justicia, ya que solo a través de una reconstrucción de hechos clara y fundamentada puede asegurarse que las resoluciones sean ajustadas a derecho.
X. En sintonía con lo expresado, no puedo dejar de señalar que, en mi intento de aproximarme a la verdadera intención pactada entre las partes, me encuentro privado del primer y fundamental elemento de orientación: los Contratos que las vinculan. Es como navegar sin un mapa de navegación, lo que ciertamente dificulta la travesía, aunque no la hace imposible. La ausencia de estos documentos centrales obliga a reconstruir el acuerdo a partir de otros indicios y pruebas, lo cual añade complejidad al proceso, pero no invalida el objetivo de alcanzar una comprensión objetiva y justa de los términos en disputa. En efecto, la situación descripta plantea un desafío fundamental para el operador: la reconstrucción de los hechos en ausencia de un elemento central, los Contratos, lo que obliga a un esfuerzo adicional de interpretación y análisis de pruebas indirectas. Sin este "mapa" explícito, el decisor se encuentra en una posición en la que debe navegar cuidadosamente entre indicios, interpretaciones y contextos para aproximarse a lo que realmente pactaron las partes. Esta situación pone de relieve la habilidad del sentenciante no solo para aplicar el derecho, sino para interpretar y contextualizar los hechos con la mayor precisión posible. Verdaderamente la ausencia de los Contratos hace que la reconstrucción se torne compleja, pero al mismo tiempo resalta nuestro papel en la búsqueda de la verdad material. Justamente esto no solo implica examinar cada detalle disponible, sino también reconocer los límites y vacíos en la evidencia presentada, y, a pesar de ellos, esforzarse por emitir una decisión aproximada a la realidad de los hechos.
XI. Retomando el camino del razonamiento que comencé a esbozar relativo a la ausencia de los Contratos, es importante hacer notar que, conforme señaló el servicio aduanero en la Nota 929, para la investigación de valor efectuada sobre el año 2006, el actor presentó copia de los Contratos conforme se indicó a fs. 5 de las actuaciones administrativas, los cuales fueron analizados por el servicio aduanero a fs. 5/19.
En este contexto, es importante señalar que no es la primera vez que se presenta ante este tribunal un caso en el que los Contratos son mencionados en la etapa procedimental administrativa y utilizados como fundamento del acto administrativo tributario, pero no están materialmente incorporados al expediente que llega a esta instancia. En otras palabras, es como si en un expediente penal donde se investiga un homicidio se contara con el certificado de defunción, fotografías del cadáver y testigos que vieron al occiso, pero el cuerpo no estuviera en la morgue. Esta ausencia de los Contratos, que deberían ser una prueba central, deja una laguna probatoria en el expediente, obstaculizando el análisis exhaustivo y preciso de los hechos.
Esta situación ante todas las cosas pone en evidencia la ausencia de diligencia y prudencia en el proceder del organismo aduanero. Sin embargo, esa situación no amerita que se deje de considerar la actitud del obligado tributario que, a pesar de contar con la genuina posibilidad de acompañar los documentos fundamentales, omite deliberadamente aportarlos. Al respecto, debo hacer notar que su temperamento, en cuanto omite aportar al proceso los Contratos que fundamentan la determinación del hecho imponible es comparable a la situación abordada en la sentencia John Murray contra el Reino Unido (TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS CASO DE JOHN MURRAY contra EL REINO UNIDO (Solicitud nº 18731/91) SENTENCIA ESTRASBURGO 8 de febrero de 1996) sobre el derecho al silencio y las inferencias derivadas de la falta de explicaciones del acusado. Efectivamente, en este contexto administrativo, aunque el derecho a no aportar pruebas específicas no es absoluto, la omisión de un documento clave —como los Contratos que sirven de soporte para la determinación tributaria— puede ser interpretada negativamente. Al igual que en el caso Murray, donde la ausencia de respuesta o explicación del acusado puede ser vista como una señal de culpabilidad cuando las circunstancias demandan una aclaración, la falta de aportación de los Contratos en un caso administrativo puede generar una inferencia razonable en contra de la parte que lo omite. Sucede que, en rigor de verdad, esta ausencia de transparencia obstaculiza la reconstrucción de los hechos y la evaluación completa del acto administrativo, y bien puede interpretarse como una señal de que el contenido de los Contratos no favorecería la postura de quien lo omite, o incluso como una forma de evitar el escrutinio sobre aspectos fundamentales de la relación contractual.
XII. Por ello, en relación con la conducta procesal del recurrente y la ausencia de colaboración en la aportación de pruebas esenciales, como los Contratos que se mencionan en la etapa administrativa y que fundamentan la determinación del hecho imponible, este Tribunal debe establecer un estándar de valoración sobre dicha omisión.
En efecto, la colaboración procesal es un principio inherente al derecho administrativo y tributario, particularmente en aquellos casos en los que el recurrente impugna la validez de un acto administrativo cuya causa se encuentra parcialmente sustentada en documentos bajo su control. Precisamente, la ausencia injustificada de este tipo de prueba, en este caso, los Contratos que vinculan al recurrente con los distintos licenciantes del exterior, no solo dificulta la reconstrucción precisa de los hechos controvertidos, sino que obstaculiza la búsqueda de la verdad material y el análisis integral de la relación jurídica.
XIII. En este sentido, si incluso en un ámbito de excepción como el penal, el derecho a guardar silencio no exime al acusado de las inferencias razonables que puedan derivarse de su falta de explicaciones en situaciones que exigen una aclaración, la omisión de aportar un documento esencial —como los Contratos que fundamentan la determinación del hecho imponible— genera una presunción desfavorable en contra del recurrente. Dicha parte, al encontrarse en una posición privilegiada para aportar la evidencia necesaria, tiene la carga de presentar todos los elementos relevantes para permitir una reconstrucción fiel de los hechos. Ya que, en definitiva, la falta de colaboración procesal en este ámbito, al no aportar los Contratos, puede ser interpretada como una negativa implícita a brindar transparencia sobre los aspectos sustanciales del acto administrativo impugnado. Un detalle omitido o ignorado en un proceso puede cambiar completamente la interpretación de los hechos, igual que en el ámbito administrativo la falta de colaboración del recurrente, al no presentar los Contratos, genera una cadena de inferencias en su contra. Este silencio deja al Tribunal con una narrativa incompleta, llevándolo a inferir que la omisión de los Contratos es intencionada y podría afectar desfavorablemente al recurrente. La presentación de los Contratos podría haber brindado una explicación exoneradora o, al menos, matizado las inferencias negativas que sus ausencias generan. En definitiva, en ambos casos, la omisión de información crítica —ya sea un testimonio completo o un documento fundamental— condiciona la interpretación de los hechos.
Por lo tanto, insisto que corresponde interpretar la falta de aportación de los Contratos en contra de los intereses del recurrente, quien, al omitir esta prueba clave, incumple con su deber de colaboración y permite razonablemente inferir que el contenido de dichos documentos no resultaría favorable a su posición en el proceso.
XIV. En consecuencia, en cuanto aquí es de específico interés, a fin de determinar si las regalías constituyen una condición de venta en el contexto del presente caso, resulta fundamental acudir tanto a pruebas documentales como a evidencias de comportamiento comercial. Al unísono es importante reparar que, en el ámbito contencioso-administrativo, el estándar de prueba aplicable para determinar si las regalías constituyen una condición de venta es el de la preponderancia de la evidencia, lo cual no exige demostrar con certeza absoluta la conexión entre dichas regalías y la operación de venta. En pocas palabras, este estándar implica que basta con que la evidencia presentada muestre que es más probable que la relación exista que no, porque a diferencia del proceso penal, en el cual el estándar de prueba demanda un grado de certeza elevado —la culpabilidad debe probarse "más allá de toda duda razonable"—, en el proceso contencioso-administrativo el objetivo es establecer una probabilidad mayoritaria.
XV. En términos más claros, este Tribunal entiende que la preponderancia de la evidencia es el estándar adecuado, dado que las controversias en este ámbito generalmente versan sobre relaciones patrimoniales y obligaciones administrativas, en lugar de derechos fundamentales cuyo resguardo exigiría un mayor nivel de certeza. Así, este estándar permite una evaluación flexible y proporcional a la naturaleza de la controversia, basada en el equilibrio de probabilidades y en el conjunto de pruebas documentales y de comportamiento comercial que obren en el expediente. En consecuencia, al aplicar la preponderancia de la evidencia en el caso presente, este Tribunal bien puede considerar que los pagos de regalías constituyen una condición de venta si las pruebas aportadas en su conjunto permiten concluir que, en su mayoría, es más probable que dichos pagos estén relacionados con la venta de los productos que no lo estén. Y agrego nuevamente, la ausencia de los Contratos constituye en el presente un factor determinante que afecta la resolución de este caso. Vale insistir, la omisión de documentos esenciales como los Contratos limitaron la posibilidad de reconstruir fielmente la relación comercial entre las partes y de evaluar con precisión si las regalías efectivamente constituyen una condición de venta. Esta falta de colaboración en el aporte de pruebas cruciales orientó la interpretación en contra del recurrente, al no proveer un elemento fundamental para el análisis completo de los hechos controvertidos.
XVI. Al respecto, es preciso señalar que a lo largo de todo el escrito de apelación el actor meramente objetó la falta de agregación de ciertos antecedentes por parte del servicio aduanero (los Contratos entre ellos), pero al mismo tiempo (en especial en el punto 4 del Capítulo V (Fundamentos) de su escrito de inicio), invitó a tener especialmente en cuenta ciertas características de los Contratos. Sumado a ello, como se advirtiera, el servicio aduanero otorgó al actor la oportunidad de presentar las piezas relevantes para el esclarecimiento de los hechos. En consonancia con lo expuesto, al someter el caso a la jurisdicción de este Tribunal, el actor tampoco presentó los documentos esenciales requeridos. En este orden de ideas, es notorio que a fs. 12 del expediente principal (capítulo V.8 de su escrito de inicio) el actor afirmara que planteó la nulidad de todo lo actuado visto la falta de agregación de los Contratos y en su caso, no haya hecho uso de la reserva que formuló de volver a agregar la documentación; aclaración que formuló, por cierto, en dos ocasiones: (i) en el punto VI.3. del capítulo Prueba de su escrito de apelación al indicar que “ En su caso si la Aduana no agrega la documentación adjunta, mi parte se reserva el derecho de volver a agregar esta documentación oportunamente”; y, (ii) en el punto V.8 al mencionar que “hemos planteado la nulidad de lo actuado visto la falta de agregación y en su caso por oficio aquí requeriremos se ordene su agregación a la causa”.
Ciertamente tal conducta no parece responder a otra motivación que la de fundamentar el éxito de su presentación exclusivamente en la determinación de una falta de sustento del acto administrativo tributario, en lugar de aportar las pruebas necesarias que permitirían a este Tribunal realizar un análisis sustantivo de los hechos controvertidos.
En este contexto, puede observarse que a fs. 114/153 del expediente principal, la Aduana contestó el oficio solicitado por el propio actor, proporcionando detalles sobre los Contratos y el monto de la regalía devengada en cada caso. Del mismo modo, a fs. 114/122, se incorporó la nómina de operaciones de importación afectadas a los Contratos para el año 2006, junto con la identificación de los proveedores correspondientes. En consecuencia, la información suministrada en el marco de la prueba informativa requerida por el propio actor permitió acreditar la existencia de los Contratos, la relación de los productos con dichos acuerdos y la identificación de las operaciones de importación involucradas.
Sin embargo, a pesar de la documentación obrante en autos, el actor sostuvo en su presentación de fs. 156 que, sin la documentación faltante, no podía acreditarse ni la existencia de las operaciones cuestionadas por la Aduana, ni la importación de los productos cuya comercialización y/o utilización estaba alcanzada en los contratos de licencia invocados, ni la existencia misma de dichas licencias.
No obstante, dicha afirmación resulta contraria a la prueba incorporada en el expediente, ya que los elementos mencionados fueron detalladamente informados en respuesta al oficio diligenciado, lo que pone de manifiesto la inconsistencia de la postura asumida.
Por lo tanto, la negativa del actor a reconocer la existencia de estos elementos, cuando han sido expresamente informados por la Aduana en respuesta a la prueba impulsada por él mismo, carece de sustento y genera una contradicción evidente. Más aún, su insistencia en desconocer hechos debidamente acreditados en autos refuerza la impresión de que su estrategia no está dirigida a esclarecer la cuestión, sino a generar un marco argumental orientado a la nulidad del ajuste practicado. En definitiva, su planteo no solo resulta infundado a la luz de las constancias del expediente, sino que además evidencia una postura que prescinde de los elementos probatorios disponibles y desconoce la información proporcionada en respuesta a su propia prueba informativa.
XVII. En suma, la omisión del actor al no presentar documentos esenciales refleja una actitud que impacta directamente en la carga de la prueba que le corresponde en este tipo de procedimientos. Al rehusarse a presentar dichos documentos, resulta claro que el actor se confió en cuestionar la validez formal del acto administrativo, sin sostener su posición con elementos probatorios que permitan al Tribunal un análisis exhaustivo. Evidentemente esta omisión debilita su posición, ya que en procesos administrativos el cumplimiento de la carga de la prueba no se limita a meras alegaciones, sino que exige la presentación activa de pruebas cuando están bajo su control y son determinantes para la resolución del caso. Efectivamente, la carga de la prueba, en este sentido, impone al actor no solo el deber de señalar posibles deficiencias en el acto administrativo, sino también de aportar todos los elementos que permitan al Tribunal determinar, de manera sustantiva, si el acto carece de sustento. La falta de colaboración en esta etapa no solo perjudica la posición del actor, sino que también puede interpretarse como una estrategia evasiva, que impide una valoración de los hechos y que limita la posibilidad del Tribunal de realizar un juicio basado en todas las circunstancias relevantes.
XVIII. Continuando con el análisis de los agravios planteados, corresponde ahora examinar la objeción formulada por el actor en relación con la supuesta falta de agregación de los despachos de importación en el expediente administrativo. Sin embargo, dicha objeción resulta infundada, pues fue el propio actor quien suministró tanto el detalle de las regalías devengadas como las planillas con el detalle de los despachos oficializados en virtud de los cuales se importaron los productos licenciados. Esta información, tal como indicó el servicio aduanero, fue contrastada con los datos obtenidos del Sistema Oracle Discoverer, sin que el actor haya refutado este extremo en ninguna instancia. En consecuencia, queda en evidencia que la información aportada por el propio recurrente durante la investigación de valor fue determinante para que la Aduana arribara a su decisión.
En otras palabras, si bien el recurrente ahora cuestiona la ausencia de los despachos de importación en el expediente administrativo, lo cierto es que, durante la etapa de investigación de valor, él mismo aportó la nómina de los despachos de importación relacionados con mercaderías afectadas al pago de regalías. A mayor abundamiento, a fs. 21 de las actuaciones administrativas, el servicio aduanero dejó constancia de que, respecto de los productos licenciados, “PAPELERÍA FRANCESA S.A. suministró un "Detalle de las Regalías Devengadas 2006-2009" (fs. 2149/2150) y "Planillas con el Detalle de los Despachos Oficializados entre el 01/01/2006 y el 31/12/2006" con los que se importaron dichos productos (fs. 2140/2148)” (el subrayado es de la transcripción).
En este contexto, resulta evidente que el actor tenía en su poder y a su disposición la documentación pertinente para sustentar su posición en este proceso. En consecuencia, la queja sobre la falta de esos documentos en el expediente administrativo carece de asidero, pues el recurrente tenía pleno conocimiento de la información y, de haberla considerado relevante para su defensa, pudo presentarla en esta instancia. Aunado a ello, es una obviedad señalar que el actor ya tuvo acceso a toda la información relevante para analizar las importaciones, puesto que él mismo presentó la nómina de despachos y los detalles de las regalías. Por lo tanto, si preparó esta documentación, seleccionó los productos importados y efectuó un análisis completo de las mercaderías, no necesita los legajos originales para comprobar lo que él mismo verificó al momento de contestar la intimación del servicio aduanero en el marco de la investigación de valor. De lo que se sigue que, sostener ahora que la falta de los sobres originales de los despachos fue un obstáculo para comprobar la existencia de las operaciones, el ingreso de los productos o la vinculación de las mercaderías con el caso de autos, resulta manifiestamente contradictorio con su proceder anterior. Además, no puede perderse de vista que el período bajo investigación coincide con la implementación del régimen de "depositario fiel" (Resolución General Nº 2573), normativa que impone al declarante la responsabilidad de la custodia, archivo y digitalización de la documentación aduanera. En consecuencia, resulta improcedente sostener que la falta de los sobres originales de los despachos constituyó un obstáculo insalvable cuando el actor no solo tuvo acceso a los documentos que le permitieron identificar y analizar las operaciones investigadas, sino que, además, en su calidad de depositario fiel, tenía y tiene plena disponibilidad de los documentos aduaneros pertinentes.
Por lo tanto, no se advierte de qué manera podría haberse visto afectado el derecho de defensa del recurrente, ya que, además de haber proporcionado la nómina de los despachos de importación en la etapa de investigación, tuvo la posibilidad de verificar y re chequear la información previamente presentada ante la Aduana y, en su caso, acompañar los legajos originales si los consideraba necesarios para su defensa en esta instancia. En consecuencia, el alegato del actor sobre una presunta afectación de su derecho de defensa resulta carente de fundamento y debe ser rechazado.
XIX. Sentado lo que antecede y continuando con el análisis de los agravios, corresponde ahora examinar el argumento del actor en relación con las pruebas ofrecidas en sede administrativa y las agregadas en autos a fs. 27/72, 75/82vta., 97/104vta., 114/154 y 163/215, lo que exige varias consideraciones de este Tribunal.
En primer lugar, y tal como se señaló en los considerandos precedentes, la prueba documental presentada ante este Tribunal consistió en “las actuaciones administrativas en las que se dictó la resolución apelada, fundamentalmente las notas emitidas por los proveedores de los productos involucrados” (punto VI.1 del escrito de inicio). En este contexto, cabe recordar que a fs. 51 de las actuaciones administrativas, el actor identificó a las empresas proveedoras de las mercaderías importadas durante el año 2006 como Hintex Enterprises Ltd., Tonzexc Technology Stationery (HK) Ltd., Shanghai Poly Technologies Co. Ltd., Wen Ting Co. Ltd., Dongyang Jirong Plastic Industrial Co. Ltd. y Hebei Light Industrial Products Imp./Exp. Co. Ltd. Dicha nómina, además, que coincide con la descripción de los proveedores que figura en el listado de operaciones de fs. 117/122 de las actuaciones principales, acompañadas por la Aduana en respuesta al oficio librado en autos.
En este mismo orden de ideas, en el capítulo "Prueba" de su escrito de impugnación, el actor solicitó el libramiento de oficios a sus proveedores del exterior con el objeto de que respondieran una serie de preguntas. Si bien en dicho capítulo no detalló expresamente a qué proveedores se dirigían los oficios, ya los había identificado previamente en el cuerpo del escrito de impugnación. Por lo tanto, resultaba su obligación tramitar íntegramente la prueba informativa y aportar las respuestas obtenidas, bajo apercibimiento de tener por decaído su derecho de valerse de dicha prueba.
Ahora bien, del análisis de las constancias obrantes en autos surge que las únicas respuestas a los oficios librados en sede administrativa corresponden a notas de los proveedores Shanghai Poly Technologies Co. Ltd. y Hintex Enterprises Limited. Ninguna otra nota fue agregada en sede administrativa ni fue reiterada como prueba informativa pendiente ante este Tribunal. De este modo, de los seis proveedores mencionados por el actor, únicamente se acompañaron respuestas de dos de ellos, mientras que respecto de los restantes cuatro ni se ofreció prueba informativa ni se aportó prueba documental alguna. A mayor abundamiento, a fs. 96 del expediente principal, cuando el fisco contestó el traslado de la apelación, este Tribunal dejó constancia de que se acompañaban las actuaciones administrativas, las cuales se encontraban separadas por cuerda y disponibles para su cotejo en la Mesa de Entradas. Sin embargo, el actor no formuló observación alguna respecto de la documentación aportada por el servicio aduanero, dentro de la cual se incluían las notas de los dos únicos proveedores que respondieron.
Por ello, cuando a fs. 52/72 el actor acompañó una nota emitida por el proveedor Hebei Light Industrial Products Imp. & Exp. Group Co. Ltd., y a fs. 97/104vta. otra nota del proveedor Dongyang Jirong Plastic Industrial Co. Ltd., se le corrió traslado a la representación fiscal por el plazo de ley. En virtud de ello, el fisco presentó la oposición de fs. 110/110vta., señalando que dichas notas debían ser consideradas extemporáneas e inoponibles, citando jurisprudencia en apoyo de su postura.
Dado que tales pruebas nunca fueron ofrecidas formalmente ante este Tribunal, corresponde evaluar cuidadosamente esta circunstancia, junto con aquellas otras probanzas que comparten la misma objeción de base. En consecuencia, el análisis detallado de estas cuestiones resulta indispensable para determinar su incidencia en la decisión a adoptar en la presente causa.
En efecto, además de la documentación previamente detallada, el actor efectuó sucesivas presentaciones mediante las cuales acompañó, a fs. 27/29vta., una nota emitida por el licenciante Paws Incorporated, y a fs. 31/50, una nota suscripta por el licenciante Mattel Inc. en relación con los contratos 20845, 20601, 17163 y 16859. En virtud de ello, este Tribunal corrió traslado de dichas presentaciones a la Aduana, la cual, pese a haber sido debidamente notificada, no formuló observación alguna al respecto. A su vez, a las aludidas presentaciones se sumaron las de fs. 75/82vta., mediante las cuales se agregaron las notas emitidas por las licenciantes Lyons Partnership —cuya nota fue suscripta por su General Partner, RHENCLID— y Hit Entertainment Ltd. También respecto de estas actuaciones, este Tribunal corrió traslado a la Aduana, sin que esta realizara manifestación alguna en respuesta.
Por su parte, a fs. 163/201 del expediente principal se encuentran agregadas diversas notas de la licenciante Warner Bros. Consumer Products, en relación con los contratos 94348, 960341, 94255, 94254 y 94231. Asimismo, a fs. 204/215 obra una carta del licenciante Viacom Media Networks (antes denominada MTV Networks), cuya presentación motivó el traslado a la representación fiscal dentro del plazo de ley. En virtud de ello, la representación fiscal formuló la oposición de fs. 218/218vta., invocando los mismos fundamentos que en los casos anteriores.
Ahora bien, tal como se ha señalado, en esta instancia el actor presentó como prueba todas las notas mencionadas en los párrafos precedentes sin haberlas ofrecido formalmente. Además, al adjuntar cada una de ellas en esta etapa procesal, sostuvo que su presentación obedecía al hecho de que continuaba recopilando notas de los licenciantes y proveedores, las cuales iría añadiendo al expediente en la medida en que las obtuviera. Sin embargo, insisto, nunca ofreció formalmente tales documentos como prueba ante esta instancia.
Esta situación resulta contradictoria con lo manifestado en el Capítulo III, punto 8 de su escrito de inicio, donde el actor afirmó que, en el curso de la investigación, había aportado notas de los principales proveedores y licenciantes. En consecuencia, difícilmente podía alegar que estaba aún recopilando notas de los licenciantes, ya que estas no fueron presentadas ni durante la investigación de valor ni en la etapa de impugnación, sino únicamente en el marco del recurso ante este Tribunal. Dicho proceder, como se viene señalando, resulta extemporáneo.
En síntesis, el análisis de los hechos permite establecer lo siguiente: (i) el actor identificó un total de seis proveedores; (ii) ofreció prueba informativa en sede administrativa respecto de dichos proveedores; (iii) como resultado de la prueba informativa, únicamente se presentaron notas de dos de ellos; (iv) posteriormente, se interpuso el recurso ante este Tribunal; (v) en esta instancia, se ofrecieron como prueba las actuaciones administrativas, dentro de las cuales obraban únicamente las dos notas de los proveedores mencionados; (vi) no se ofreció prueba informativa en relación con los cuatro proveedores restantes; (vii) pese a ello, se acompañaron en forma extemporánea notas de dos proveedores adicionales; y (viii) respecto de los dos proveedores restantes, no se presentó documentación alguna.
El cuadro que sigue a continuación permite visualizar de manera sintética la secuencia procesal comentada:
Proveedor Comentarios Nota en respuesta a prueba informativa Hintex Enterprises Ltd.
ofrecida en sede aduanera Shanghai Poly Technologies Co. Ltd. Nota en respuesta a prueba informativa ofrecida en sede aduanera Dongyang Jirong Plastic Industrial Co. Ltd. Acompañada ante esta instancia Hebei Light Industrial Products Imp/Exp Co.
Acompañada ante esta instancia Ltd.
Wen Ting Co. Ltd. _____________________ Tonzexc Technology Sationery (HK) Ltd. _____________________ En lo que respecta a las licenciantes, cabe señalar que, de las nueve compañías mencionadas en la Nota 929 (fs. 26 y 27 de las actuaciones administrativas), el actor acompañó en forma extemporánea notas correspondientes a cuatro de ellas: Mattel Inc., Lyons Partnership L.P., MTV Networks y Hit Entertainment.
Por otro lado, en relación con los cinco licenciantes restantes, a saber: Those Characters From Cleveland Inc., Marvel Characters Inc., United Feature Syndicate Inc., Mirage Licensing Inc. y Disney, el actor no presentó nota alguna en ninguna de las etapas del procedimiento.
XX. En ese orden de ideas, corresponde destacar que las cuatro respuestas de los licenciantes y las dos respuestas de los proveedores, todas ellas acompañadas en esta instancia, no fueron oportunamente ofrecidas por el actor al momento de apelar ni constituyeron el resultado de una agregación pendiente, tal como la parte pretende sostener. Por el contrario, al momento de su presentación ante este Tribunal, se corrió traslado a la demandada, quien formuló las objeciones correspondientes en las presentaciones de fs. 110/110vta. y 218/218vta., rechazándolas por extemporáneas.
Siendo ello así, resulta evidente que la documental obrante en fs. 27/72, 75/82vta., 97/104vta., 114/154 y 163/215 debe ser considerada procesalmente extemporánea. En este contexto, las razones esgrimidas por el actor en los escritos de fs. 30, 51, 73, 83, 105, 202 y 216, además de no ajustarse a la realidad de lo actuado, tanto en sede administrativa como ante este Tribunal, resultan insuficientes para modificar esta conclusión.
Ello se debe a que el deber de establecer la verdad de los hechos y resolver el caso con independencia de lo alegado por las partes no puede operar hasta el punto de sustituir las reglas del proceso, suplir la deficiencia probatoria de las partes o desconocer que la producción de prueba está sujeta a ciertas limitaciones. En efecto, si la incorporación de pruebas no estuviera regulada en cuanto a forma y plazo, los procesos judiciales se extenderían indefinidamente, afectando el principio de seguridad jurídica y la adecuada administración de justicia.
En este contexto interpretativo, la jurisprudencia del fuero ha sido clara en establecer que la oportunidad procesal para ofrecer prueba ante el Tribunal Fiscal de la Nación es conjuntamente con el escrito de interposición del recurso o demanda (conf. art. 1151 del Código Aduanero y art. 19 del Reglamento de Procedimiento del T.F.N.). En consecuencia, la omisión de ofrecer prueba en dicha oportunidad impide su posterior incorporación, pues la regla según la cual incumbe a las partes impulsar la producción de prueba dentro del término respectivo no queda abolida por el art. 1143 del Código Aduanero (T.F.N., Consid. 3°, "Antonio María Delfino Sanyc –T.F.7808- A c/A.N.A").
Por lo expuesto, la incorporación extemporánea de la documental en cuestión no puede ser admitida en esta instancia, sin que las argumentaciones del actor resulten suficientes para desvirtuar las normas y principios procesales aplicables.
Así y todo, declarada la extemporaneidad de la documental de fs. 27/72, 75/82vta., 97/104vta., 114/154 y 163/215 debo indicar que una de las cartas de los licenciantes no guarda relación con el caso de autos. En efecto, Paws Incorporated (cuya carta obra a fs. 27/29/vta.) fue uno de los licenciantes respecto de los cuales no se efectuó ajuste al precio de transacción. Ello se debió a que, según lo expresado por el propio servicio aduanero en la nota agregada a fs. 19 de las actuaciones administrativas, “PAPELERÍA FRANCESA S.A. no informó haber importado mercaderías relacionadas con el objeto de este Contrato”. En consecuencia, dicha nota resulta una prueba inocua, en tanto no existen agravios concretos vinculados a operaciones de importación referidas a este licenciante, por lo que su incorporación no incide en el análisis del caso.
XXI. En función de lo expuesto, no se advierten elementos suficientes que permitan desvirtuar la presunción de legitimidad del acto administrativo recurrido. El enfoque adoptado por la parte actora, basado esencialmente en la nulidad del referido acto, no se encuentra respaldado por pruebas concluyentes ni por documentos esenciales que permitan cuestionar de manera clara y directa su fundamentación. Por otra parte, desde otra perspectiva, la determinación de la existencia o ausencia de una condición de venta no puede sustentarse exclusivamente en el contenido de cartas suscriptas por los proveedores o los licenciantes, quienes integran la relación comercial con el comprador. En consecuencia, resulta imprescindible analizar dicha cuestión dentro de un marco probatorio más amplio, que contemple otros elementos, tales como los contratos celebrados entre las partes.
En efecto, la ausencia de los Contratos pertinentes en el expediente impide un análisis adecuado y fundado sobre la existencia de una condición de venta, toda vez que dicha condición no puede determinarse únicamente a partir de manifestaciones aisladas de los proveedores o licenciantes, sino que requiere una evaluación integral de la relación contractual y comercial en su conjunto.
Asimismo, la circunstancia de que los proveedores manifiesten que no se oponen a la fabricación o venta de las mercancías en caso de falta de pago de las regalías no resulta, por sí sola, determinante para descartar la existencia de una condición de venta. Ello se debe a que dicha condición se desprende de la estructura general de la relación contractual y no de una manifestación aislada referida a un aspecto específico de la misma.
En efecto, la ausencia de los Contratos impide contrastar las declaraciones de los proveedores o licenciantes con los términos reales del acuerdo. En tal sentido, una manifestación aislada que indique que la venta de las mercaderías no está condicionada al pago de regalías no resulta suficiente para descartar la existencia de una condición de venta si no es posible verificar si dicha afirmación se condice con el conjunto de derechos y obligaciones establecidos en los Contratos.
En este contexto específico, y considerando que la Aduana ha proporcionado una motivación adecuada para su decisión, soy de la opinión que, frente a la ausencia de los Contratos en esta instancia, la evidencia presentada no permite concluir que el procedimiento de la Aduana haya sido arbitrario o infundado por lo que voto por la confirmación del acto administrativo recurrido y por ende del Cargo.
XXII. Sentado lo que antecede, corresponde evaluar si el servicio aduanero determinó apropiadamente el quantum del cargo y en tal sentido es necesario considerar que el actor no objetó ni la fórmula utilizada ni el importe consignado como de valor FOB de las importaciones ni las regalías utilizadas a los fines del cálculo del ajuste (el detalle de las bases de cálculos de las regalías fue proporcionado por el actor conforme indicó la Aduana a fs. 21 de los antecedentes administrativos).
Sin embargo, considero necesario realizar una observación relacionada con las percepciones de IVA y ganancias notificadas en la resolución objeto de apelación.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “es inherente a la función constitucional propia de este Tribunal que, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, imponga a todos los tribunales, nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones (cfr. Fallos: 332:2425), al punto que a ninguna autoridad le esté permitido desconocerlas (Fallos: 327:5106; 328:175 y 325:2723), en tanto con ello se contribuye a la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones (Fallos: 212:51, 160 y 251; 321:2114)” – “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769”, CSJN 28/10/2021-.
En la misma oportunidad, el máximo Tribunal indicó que “los precedentes de la Corte Suprema, fundada en su condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos: 307:1094; 319:2061; 320:1660; 325:1227; 331:162; 337:47 y 339:1077, entre muchos otros) da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos, sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas por los tribunales inferiores (Fallos: 341:570; 342:533, etc.). Por ende, si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben –aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido- conformar sus decisiones a las sentencias de este Tribunal dictadas en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294), obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (art. 108 de la Constitución Nacional), los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (conf. doctrina de Fallos:25:364; 212:51 y 160; 311:1644 y 2004; 318:2103; 320:1660; 321:3201 y sus citas)”.
En este orden de ideas y teniendo la Corte Suprema autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, “Fallos”, 212-51), corresponde extender dicho principio a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantivas o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa.
A lo expuesto se agrega que la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, “pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional” (“García, Sixto E.”, del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de “La Ley”, del 27/9/99, p. 30).
En consecuencia, debe estarse a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecida a partir de la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2019 dictada en la causa caratulada "CLADD ITA S.A. c/ EN - DGA resol. 2590/06 (Expte. n° 604155/01) s/DGA" (TF 22.343-A), ocasión en la que -entre otras cuestiones-, la Corte tuvo que determinar si “la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos”.
Así, la Corte indicó con relación a ambas percepciones que “… constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En tales circunstancias, la Corte sentó doctrina indicando que “… cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, el servicio aduanero carece de facultades para exigir en el Cargo los importes correspondientes a las percepciones de IVA y de impuesto a las Ganancias.
XXIII. A tenor de lo expuesto, voto por confirmar parcialmente el criterio del fisco, según lo expuesto en los Considerandos IV a XXII.
Por ello, voto por:
I. Confirmar parcialmente la resolución PRLA Nº 001344 de fecha 1 de abril de 2005 recaída en el expediente administrativo 13681-32-2006/7 y por ende el Cargo 1139/11.
II. Revocar parcialmente en relación a los conceptos Percepciones RG 3431/91 y Percepción del Impuesto a las Ganancias RG 3543/92 en los términos del Considerando XXII.
III. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- REVOCAR la Resolución DE PRLA N° 1344/2015 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en las actuaciones N° 13681-32-2006/7, mediante la cual se rechaza la impugnación impetrada por el importador PAPELERÍA FRANCESA S.A. y, por ende, el cargo Nro. N° 1139/11.
2).- Costas a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.04.11 14:12:08 ART Date: 2025.04.11 14:25:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.14 15:00:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.14 15:00:46 -03:00
Fin de la sentencia