Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución 36/2018 (DV R1II) apelada en la presente causa, con costas.
I. Que a fs. 116/122, se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 36/2018 (DV R1II) de fecha 20/04/2018 dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro II de la ex AFIP, hoy ARCA, mediante la cual se le impone la obligación de ingresar en relación al Impuesto al Valor Agregado, periodos fiscales enero 2013 a enero 2015, la suma de $7.509.698,08; con más intereses resarcitorios por $11.029.241,92.-
En primer lugar, la recurrente señala que es una cooperativa que brinda servicios para feriantes y comerciantes y relata que tiene como objeto principal proporcionar a sus asociados las instalaciones necesarias para su desarrollo personal y profesional, como así también determinar la forma de distribución y administración de las mismas. Además, expone que ofrece una variedad de servicios que incluyen administración, asesoramiento en temas contables, educación en comercio y organización empresarial.
Declara que la entidad proporciona servicios de comercialización de productos de sus asociados para beneficiarlos, a través de puestos comunes de venta mayoristas o minoristas de carácter promocional. También, indica que se destaca por ofrecer servicios comunitarios, sociales y culturales como guardería, atención médica (enfermería y primeros auxilios), actividades recreativas y turísticas para los asociados (con medios propios y no bajo sistema mutual), así como la posibilidad de contratar seguros de vida y servicios médicos. También, ofrece conferencias, charlas y cursos -especializándose en temas de cooperativismo- y organiza eventos culturales y musicales para la difusión cultural.
Explica que su funcionamiento fue aprobado mediante la Resolución N° 1373 del Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) el 26/11/2004.
Seguidamente expone sus agravios y entiende que la resolución apelada la sanciona injustamente al determinar de oficio una deuda inexistente. Asimismo, indica que se le rechazó la producción de la prueba informativa en sede administrativa y que, dicho rechazo constituye una violación a preceptos constitucionales como el derecho de propiedad, de defensa en juicio y prelación legal.
Aduce que, en los considerandos de la de la determinación de oficio, se hace referencia a unas planillas que, a su entender, carecen de validez y eficacia probatoria. En relación a esto, menciona que la AFIP las denomina “Resumen de Recaudación por Conceptos”, las cuales señalan que los ingresos anuales ascienden a $14.040.982,80, lo que es incorrecto, en virtud de que, de acuerdo a los Estados Contables (EECC) y las declaraciones juradas (DDJJ) del Impuesto a las ganancias los ingresos alcanzan los $15.300.000. A su vez, menciona que tales planillas no poseen la firma de ninguna autoridad de la Cooperativa.
De igual modo explica que el Organismo Fiscal pretende darle cierta similitud de cifras y dar por auténticas a dichas planillas que califica de apócrifas – como así también - otorgar carácter de “ventas” a los montos que los feriantes abonan a la entidad, en concepto de “reintegro de gastos”.
Insiste en que el principal problema es que la AFIP basó su argumentación para confeccionar la determinación de oficio en esas planillas ilegítimas – carentes de validez legal - y en ciertas copias de Balances no aprobados. En virtud de ello, explica que acompaña ante esta instancia copias de los Balances aprobados, los cuales se encuentran registrados en los libros contables y que fueron remitidos al Ente Fiscal.
Afirma que los montos indicados en los EECC no se corresponden con ningún concepto objeto del IVA, dado que no se refiere a ventas, alquileres o cualquier otro concepto similar, sino que son el cobro de "expensas" ordinarias y extraordinarias, según el caso, representando "reintegro de gastos".
Añade que no admite de ninguna forma que las cifras reflejadas en los EECC sean las mismas que se indican en las DDJJ del Impuesto a las ganancias, dado que estas últimas poseen un valor cero.
Relata que: “de cualquier manera, en los estados contables sin aprobar que posee la AFIP surge que hubo ingresos por gestión con asociados por un total de $15.300.000 ya que de la simple observación del Estado Contable del período 2013 elaborado por el Contador Dr. Enrique Spinelli se indica con total claridad en el Capítulo denominado ESTADO DE RESULTADOS que los ingresos por gestión ascienden a la suma de $15.300.000 en tanto que en la misma página se determina un déficit de $-1.232.722,47 y al final se consigna que el RESULTADO DEL EJERCICIO es de $-1.479.373,07.- , lo que difiere en absoluto con la temeraria manifestación de la AFIP”.
Agrega que, respecto a lo indicado precedentemente, al momento de contestar la vista acompañó como prueba instrumental una nota suscripta por el Contador de la Cooperativa en la que indicaba que, los ingresos identificados como “gestión de asociados” se refieren a las entradas que la misma percibe, por concepto de gastos que los asociados abonan como expensas y no por ventas, alquileres, locaciones, rentas, ni por otro concepto similar susceptible de ser encuadrado dentro del concepto definido por la Ley N° 23.349 y sus modificaciones. Sumado a ello señala que, el concepto de “Expensas” se corresponde con el concepto de “Reintegro de Gastos” y, por lo tanto, de ninguna forma puede atribuírsele el carácter de ingresos por ventas como erróneamente indica el Organismo fiscal.
Explica que existió un error material o de tipeo en las notas que acompañan a los EECC de los ejercicios 2013 y 2014; dado que en el punto 6 se indicó incorrectamente como título "ingresos por ventas", sin embargo, aclara que los valores identificados como "ingresos por gestión" corresponden en realidad a los ingresos por "expensas de asociados", concesiones, derechos de estructura de asociados, intereses e ingresos varios de los socios. Ante dicha situación revela que, el contador de la Cooperativa decidió corregirlo elaborando un nuevo Estado Contable manteniendo las cifras originales y modificando únicamente el título incorrecto.
Agrega que del Estado Contable se evidencia cuál es el concepto correcto por el que ingresan los diversos montos a la Cooperativa, observándose que en su totalidad se refieren a expensas ordinarias y extraordinarias, tales como: reintegros de gastos por pago de la Tasa de Seguridad e higiene a la Municipalidad de Lomas de Zamora, pagos a ARBA por impuesto inmobiliario del predio donde desarrolla sus actividades la feria y como agente de recaudación por los ingresos brutos de los feriantes. De igual manera, se observa el reintegro de gastos por planes de pagos con AFIP, ARBA y por 35 juicios laborales.
Sostiene que de la simple observación de la planilla surge que en los encabezados de cada columna se muestran los conceptos de alquiler, bono contrib. extra, deudas varias, estructuras, expensas, rentas, tasa higiene, total a pagar, tramite, baños patio.
Agrega que se encuentra inscripta en la AFIP como "IVA exenta", lo cual evidencia un reconocimiento previo por parte del Organismo y que, en caso de existir algún cambio de criterio, éste no podría aplicarse de manera retroactiva. Además, argumenta que las actividades que realizan no se encuadran en las prescripciones de la ley del IVA. En ese sentido, el servicio brindado a los asociados es de carácter gratuito y los cobros realizados corresponden al reintegro de gastos necesarios para el mantenimiento de la actividad.
Finalmente, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y ofrece prueba instrumental, pericial contable, certificación contable (supletoria) y testimonial. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que, a fs. 331/346, se presenta el Fisco Nacional y contesta el recurso interpuesto por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio, impugna la prueba ofrecida por la apelante y acompaña los antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso intentado confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Que, a fs. 368 se abrió a prueba la presente causa haciendo lugar a la prueba pericial contable ofrecida por la recurrente. A fs. 391/393 luce agregado el informe pericial contable.
IV. Que, a fs. 411 se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “B”. A fs. 421/422vta y fs. 435/437vta obran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional y por la parte actora respectivamente.
Finalmente, a fs. 440 se disponen los autos para el dictado de sentencia.
V. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa, de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la Litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que conforme se desprende de los antecedentes administrativos y de la resolución apelada, las presentes actuaciones se originaron en atención a que el Ministerio Público Fiscal – mediante intervención de la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora – en el marco de la Causa N° FLP 7024/2015 caratulada “Punta Mogote S.C.A., Urkupiña S.A., Cooperativa Ocean de Provisión de Servicios para Feriantes y Comerciantes, Mercado la Salada S.A., Castillo, Jorge Omar s/evasión simple previsional”, conforme el artículo 196 del C.P.P.N., solicitó a la AFIP proceder a efectuar la determinación de oficio, en relación a la deuda estimada relativa a la parte actora. Por tal motivo personal fiscalizador del Organismo Fiscal dispuso iniciar una fiscalización, con fecha 22/02/2017, bajo la OI N° 1.569.531, a los efectos de verificar el IVA, por los períodos fiscales 01/2013 a 01/2015. De conformidad con la información obrante en las bases de datos, se verificó que la parte actora se encuentra categorizada como exenta en dicho gravamen desde diciembre 2015.
Seguidamente, la fiscalización procedió a compulsar la documentación recabada en el ámbito de la causa mencionada, identificando planillas denominadas “Resumen de la Recaudación por conceptos”, las cuales contenían un detalle de los ingresos clasificados en diversos rubros tales como alquiler, bono contribución extra, deudas varias, estructuras, expensas, rentas, tasa de higiene, total a pagar, trámite administrativo y baños patio, así como también los EECC correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2013 y el 31/12/2014. Complementariamente, se obtuvieron de las bases del Organismo las presentaciones de las DDJJ del Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2013 y 2014, a los efectos de evaluar la concordancia de los ingresos consignados en las mismas respecto de lo plasmado en las citadas planillas de ingresos y en los EECC. Del papel de trabajo incluido a fs. 17 del cuerpo de IVA, se desprende que los ingresos para el ejercicio 2013 ascienden a $14.050.982,80, mientras que los ingresos consignados en los EECC y las DDJJ del Impuesto a las Ganancias de dicho período suman $15.300.000. Por otro lado, en el ejercicio 2014 se totalizaron ingresos por $18.484.284 – según dichas planillas de ingresos – mientras que en los EECC y en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias informa montos de ventas por $18.677.600. Todo ello permite inferir que los ingresos de las planillas secuestradas, guardan relación con los ingresos declarados por la parte actora.
Adicionalmente se analizaron archivos de los dispositivos informáticos secuestrados en los allanamientos efectuados, a partir de los cuales se identificaron planillas mensuales de ingresos de los meses de enero, febrero, marzo y mayo de 2013, las que coincidían mayoritariamente con las planillas en soporte papel, referidas anteriormente, con lo cual se dio por convalidada la hipótesis adoptada por el cuerpo de fiscalización. A partir de lo expuesto, el ajuste confeccionado por el Ente Fiscal se basó en la identificación de ingresos gravados en el IVA que no fueron exteriorizados mediante la presentación de las respectivas declaraciones juradas en tal impuesto.
De la compulsa de los datos obtenidos, mediante las tareas de relevamiento de planillas, con el detalle de ingresos de la Cooperativa (no se encontraron en las planillas analizadas conceptos específicamente exentos en el IVA), se desprende que aquella percibía dinero por prestaciones o servicios que brinda a diversas personas. Los fiscalizadores entendieron que se configuró un hecho imponible en el tributo por el presupuesto de gravabilidad establecido en el artículo 3° inciso e), apartado 21, en el inciso e) de la ley del tributo, que menciona a los servicios de explotación de ferias y exposiciones y locación de espacios en las mismas.
De esta forma, el Ente Fiscal procedió a cuantificar mensualmente el impuesto que hubiera correspondido determinar aplicando la alícuota del IVA correspondiente al hecho imponible configurado (21%) al monto de ventas exteriorizado en las DDJJ del Impuesto a las Ganancias 2013 y 2014.
Por último, se indica que la Cooperativa se inscribió como exento en IVA por lo cual recibió por sus adquisiciones de bienes, obras y/o servicios comprobantes clase “B” y/o “C”, los cuales no poseen IVA discriminado. Por tal motivo, no procede el cómputo de crédito fiscal alguno.
VIII. Que la recurrente se agravia por el rechazo de la producción de prueba informativa en sede administrativa y que, dicho rechazo constituye una violación a preceptos constitucionales como el derecho de propiedad, de defensa en juicio y prelación legal.
En cuanto a la no admisión de una prueba y aun cuando hubiese sido planteado como una causal de nulidad, ello no podría prosperar si se tiene en cuenta que en el procedimiento común se halla previsto el supuesto de la apertura a prueba en los casos en que en la alzada deba realizarse una prueba que no ha sido admitida en la primera instancia (CPCC art. 260). Ello es también valedero en la instancia de este Tribunal, toda vez que las partes pueden ofrecer ante el mismo la prueba que hubiera sido denegada en sede administrativa, de acuerdo con lo que establece la ley de procedimiento fiscal (doctrina TFN en la causa “Carboquimica SACIM” fallo del 05/7/77) lo que está corroborado por los pasos seguidos en la instrucción del presente caso durante la cual la actora ha tenido ocasión de proponer las medidas que estime conducentes a esclarecer los hechos controvertidos.
IX. Que, seguidamente corresponde expedirse en torno al ajuste efectuado en el IVA. En ese sentido, cabe recordar que el origen de dicho ajuste se debió a que el Organismo Fiscal consideró que los ingresos exteriorizados por la actora en las respectivas declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2013 a 2015, tienen su origen en servicios prestados por la Cooperativa en los períodos fiscales enero 2013 a enero 2015, alcanzados también por el IVA, en virtud del art. 3° inciso c) apartado 21, subapartado e), determinando en consecuencia saldos de impuesto a ingresar.
En primer lugar, es importante destacar que la actora centra su defensa en afirmar que dichos ingresos son en realidad una recuperación de gastos y, por lo tanto, manifiesta que su actividad está fuera de la descripción de los hechos imponibles que establece la ley de IVA.
En el recurso presentado, se expone (fs. 119/vta y 120) qué podrían significar los ítems que conforman tales planillas secuestradas (Alquiler, bono contribución extra, deudas varias, estructuras, expensas, rentas, tasa de higiene, total a pagar, trámite y baños patio). No obstante el “esfuerzo mental” que se manifiesta haber realizado para explicar tales ítems, las conceptos se definen en forma potencial y no se aportan elementos que los justifiquen.
En ese orden de ideas, si bien la recurrente menciona ciertos gastos que habría realizado en beneficio de los socios de la Cooperativa, lo cierto es que no proporcionó ninguna información ni documentación de respaldo como ser: detalle vinculado a la rendición de dichos gastos, la metodología adoptada para su pertinente rendición y su asignación a los asociados, ni tampoco conciliación realizada entre los gastos que dice haber efectuado y los ingresos que responderían a tales reembolsos y menos aún documentación respaldatoria de tales operaciones. Asimismo, es importante señalar que, del cuerpo legal del tributo en discusión, no se encuentran previsiones ni especificaciones sobre el tratamiento que deba darse a los reintegros de gastos y esto es porque un simple reembolso no implicaría la prestación de un servicio gravado o la venta de una cosa mueble, por lo tanto, no estaríamos ante la presencia implícita de un valor agregado. Ello así, sin perjuicio de que puedan darse situaciones que configuren los supuestos de gravabilidad y que deban ser estudiados en particular o bien cuando se presenten las consideraciones establecidas en el artículo 21 de la ley de IVA.
Ahora bien, para que el reembolso pueda ser considerado como tal, se deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos que: (i) el gasto sea efectuado por cuenta y orden de un tercero, (ii) de la registración contable debe surgir que se trata de un recupero de gastos, (iii) debe existir una efectiva rendición de cuentas, (iv) la documentación que se emita con motivo del gasto realizado debe estar a nombre del cliente o en su defecto se debe identificar que el gasto fue efectuado por cuenta y orden del mismo.
Sentado lo expuesto, de la documentación aportada por la parte actora, precisamente del Estatuto social de la Cooperativa y del Reglamento interno acompañados a fs. 89/102 y fs- 103/108 respectivamente, surge que los asociados de la Cooperativa deben abonar las expensas ordinarias - las que son calculadas de acuerdo a las obligaciones que deba afrontar la Cooperativa - por los distintos gastos que soporte la misma como ser: impuestos y tasas municipales, servicios, obligaciones impositivas, remuneraciones del personal, plomería, muebles y útiles, seguros contratados.
No obstante ello, las constancias de autos y el informe pericial obrante a fs. 391/393 resultan insuficientes para demostrar que los ingresos obtenidos corresponden a reembolsos de gastos, tal como lo alega la recurrente. En tal sentido, el informe de los peritos no aporta elementos relevantes para arribar a una solución de la controversia distinta de la postura fiscal. De la pericia contable surge que los libros contables cumplen con los aspectos formales y que son llevados en legal forma. Se mencionan ingresos por gestión de socios que surgen de los EECC de los ejercicios 2013 y 2014. Asimismo, ambos peritos son contestes en que no se pusieron a disposición legajos y documentación social y/o comercial de la Cooperativa que corrobore que todos los feriantes tienen el carácter de socios ni tampoco contaron con la documentación de respaldo de la contabilidad que acredite la inexistencia de percepción de montos en conceptos de ventas, concesiones, locaciones o cualquier otro acto alcanzado con IVA. Del análisis de la prueba producida ante este Tribunal se desprende que no se dan las condiciones ni requisitos para que los ingresos sean considerados como un reintegro o recupero de gastos, toda vez que en la contabilidad no se encuentran registradas las operaciones que darían lugar a los supuestos reembolsos, no se acompañaron facturas con las leyendas de reintegro de gastos ni los montos por los que fueron facturados, no se informó cómo se llevó a cabo la rendición de los mismos y tampoco se muestran evidencias de que efectivamente los egresos fueron afrontados por la Cooperativa en nombre de sus asociados.
A su vez, en cuanto a las alegaciones de que las planillas extraídas del juicio penal que la AFIP denomina “Resumen de Recaudación por Conceptos”, resultan apócrifas por no contener firmas de autoridades de la Cooperativa y por tal motivo carecen de validez probatoria, no pudiendo considerarse como válidos los datos allí expuestos. Sobre el particular cabe advertir que, el elemento utilizado – en este caso las planillas Recaudación por Conceptos - por la AFIP guarda razonabilidad con las circunstancias del presente caso, por lo que se entiende se verifica en el presente la inversión de la carga probatoria en manos del contribuyente.
En esa tónica, es preciso mencionar que ante este Tribunal como en la instancia anterior, la recurrente tuvo la posibilidad de presentar elementos que puedan desvirtuar el ajuste efectuado por el Ente Fiscal y refutar el contenido de dichas planillas.
Al respecto, la actora no ofreció ni efectuó actividad probatoria alguna tendiente a controvertir el contenido de dichas planillas a efectos de poder demostrar las razones por las cuales las mismas no se ajustarían a la verdad de los hechos ni los motivos que llevarían a considerarlas apócrifos –únicamente – por no contener una firma de algún responsable de la Cooperativa.
Por otro lado, en cuanto a que la actora tendría una constancia de inscripción consignando que se encuentra exenta del tributo en cuestión, la misma responde a una auto declaración ante el Organismo fiscal, sin que ello implique un reconocimiento por parte de este último, que de ninguna manera puede interpretarse con un alcance tal que importe dejar sin efecto las normas relativas a dicho gravamen que versan sobre la gravabilidad de las operaciones desarrolladas por dicha Cooperativa.
En síntesis, de los elementos obrantes en estos actuados no surge fehacientemente que los ingresos generados por la Cooperativa sean en realidad reintegros de gastos.
En consecuencia, del análisis detallado de todos los elementos de prueba presentados en la instancia anterior y ante este Tribunal, se evidencia que la Cooperativa percibía ingresos por la prestación de servicios a diversas personas, los cuales resultan estar gravados en el IVA conforme lo establece el artículo 3° inciso e), apartado 21, sub apartado c) de la ley del tributo. Por lo tanto, se confirma el ajuste realizado respecto de tal impuesto.
IX. Que en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución 36/2018 (DV R1II) apelada en la presente causa, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2025.06.09 19:02:17 ART Date: 2025.06.10 09:15:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.10 11:40:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.10 11:41:18 -03:00
Fin de la sentencia