Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2024-24509660-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Nro. RESOL-2024-12-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de San Javier, en las actuaciones SIGEA Nro. 19144-14942-2019.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-127869927-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 17 de Noviembre de 2025 Reunidos los Vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2024-24509660--APN-SGASAD#TFN “GREEN GLOBE OVERSEAS S.R.L. C/DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”, I.- Mediante el RE-2024-24509145-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma Green Globe Overseas S.R.L e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. RESOL-2024-12-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de San Javier en las actuaciones SIGEA Nro. 19144-14942-2019, por la cual se dispuso no hacer lugar a la solicitud de devolución en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 793/08, en relación a las destinaciones Nro. 18 054 EC01 002209 K y 18 054 EC01 002287 Z.
Argumenta que el Poder Ejecutivo Nacional fijó ilegalmente, a través de Decreto 793/08, la alícuota aplicable en concepto de derechos de exportación, ya que fue dictado sin que exista una ley delegante que facultara al Poder Ejecutivo a crear derechos de exportación y sin las bases de delegación y plazo para su ejercicio conforme lo previsto por la Constitución Nacional. Sin más, resalta que la aplicación de un tributo sin ley, constituye una flagrante violación al principio de reserva de ley que impone la Constitución Nacional en materia tributaria. En este sentido, esgrime que el artículo 755 del CA no satisface las exigencias del artículo 76 de la Constitución Nacional ya que no califica como una norma delegante válida a efectos de que el PEN pueda fijar derechos de exportación.
Cita jurisprudencia que sustenta su postura. Afirma que la devolución de las sumas ingresadas en concepto de Derechos de Exportación establecidos por el Decreto nº 793/2018, deberá comprender la actualización del valor de la moneda de curso legal, es por ello, que solicita que la devolución se realice en dólares estadounidenses o bien en pesos al tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de la efectiva devolución por parte de ese organismo o bien, el importe ingresado, debidamente actualizado por la inflación reconocida por el propio Gobierno Nacional, con más los intereses resarcitorios que imponen los artículos 811 y 812 del Código Aduanero y la Resolución (ME) 598/2019.Ofrece prueba, hace reserva de plantear el caso federal, y solicita que se revoque la resolución apelada, ordenando la devolución de los montos pagados, con más los intereses peticionados y con costas al Fisco.
II. En el IF-2024-64146296-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido y mediante IF-2024-64144642-APN-DTD#JGM acompaña las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 19144-14942-2019. Hace una breve reseña de los hechos y formula una negativa genérica. Comienza haciendo un relato de los antecedentes normativos que otorgaron la facultad de establecer los derechos de exportación. Señala que la interpretación que hace la actora del precedente “Camaronera” es desacertada y no respeta el análisis completo de dicha sentencia ni el sentido que quiso darle el más Alto Tribunal. Sostiene que dicho Tribunal ha declarado la invalidez de las alícuotas por los derechos de exportación y que, muy por el contrario, ha declarado la validez de dichos derechos.
Asimismo, señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo decide en procesos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos. Sostiene que el decreto atacado ha sido dictado en el marco de las funciones que se le confiere al PE conforme el art. 755 del Código Aduanero. Asimismo, entiende no se trata de una norma carente de respaldo legal puesto que el Decreto 793 cuestionado, a diferencia de la Resolución 11/02, se encontraba sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la Ley N° 26.122, que reconoce la validez de la norma delegada desde el mismo momento de su entrada en vigencia, en tanto no sea expresamente derogada por el Congreso de la Nación.
Ello así por cuanto el Decreto 793 no fue rechazado por el Congreso, en los términos del artículo 24 de la Ley N° 26.122 sino que, por el contrario, el artículo 82 de la Ley N° 27.467 mantuvo su validez y vigencia, apenas tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial. Y, por si fuera poco, el Poder Legislativo volvió a declarar la validez y vigencia del Decreto 793 en el artículo 54 de la Ley N° 27.541. Explica que, si bien el Decreto 793 invoca en sus considerandos el ejercicio de la facultad reglamentaria contenida en el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional, lo cierto es que, con independencia de la naturaleza de la atribución ejercida, dicha norma fue sometida al control del Congreso que finalmente la refrendó en dos oportunidades.
Manifiesta que aun con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 793, la alícuota aplicable para la mercadería que se exportó al amparo del P.E. debiera haber sido la del 30% fijada por el Anexo XIII del Decreto 1126 y no del 0%. Expone que, en ejercicio de las facultades mencionadas, mediante el Decreto 133 se estableció en el 30% la alícuota aplicable a la posición arancelaria en trato, y se redujo al 0% (sin eliminarla) la alícuota aplicable a otras posiciones arancelarias allí determinadas. Posteriormente, y en ejercicio de las mismas facultades, mediante el Decreto 1126 se mantuvo la reducción de la alícuota establecida para otras mercaderías en el Decreto 133, como así también se mantuvo la alícuota del 30% aplicable a la mercadería amparada por el P.E., y concluye esta idea revelando que al momento del dictado del Decreto 793 los elementos esenciales del tributo (derechos de exportación) tenían rango legal y por ello el Poder Ejecutivo estaba facultado a modificar la alícuota del derecho de exportación, que ya existía y se encontraba fijada en el 30%.
Sostiene la imposibilidad del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad del decreto en razón de lo normado por el art. 1164 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia. Solicita que se aplique la doctrina establecida el fallo plenario dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación, con fecha 26/04/2022. En subsidio, requiere que se rechace la repetición intentada por cuanto la actora trasladó los derechos de exportación cuya devolución reclama, no existiendo así perjuicio alguno. Solicita que se aplique el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en la causa “Cencosud S.A.” y los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del Código Aduanero. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que en fecha 13 de octubre de 2025 (PV-2025-113506398-APN-VOCXXI#TFN) se elevan los autos a la Sala “G” y, en fecha 15 de octubre de 2025 (IF-2025-114666027-APN-VOCXXI#TFN), se pasan a sentencia.
IV. La actuación administrativa SIGEA N° 19144-14942-2019 se inicia a fs. 1/27 con el recurso de repetición de las sumas pagadas en concepto de derechos de exportación, interpuesto por la actora en sede aduanera en relación a los P.E. 18 054 EC01 002209 K y 18 054 EC01 002287 Z. A fs. 29/32 obran copias de los P.E junto con las liquidaciones correspondientes comprobantes de pago y la respectiva información arancelaria. Seguido a ello, a fs. 35/36, el Administrador de la Aduana de San Javier intima a la firma para que indique número de CBU y constituya domicilio legal. A fs. 41/42 la firma informa su CBU. A fs. 46/74 obra correo electrónico con la presentación realizada por el representante legal de la firma que fuera anteriormente presentada en soporte papel ante la Jefatura de la Sección Recepción y Registro Documental. A fs. 75/101 obran constancias de la presentación efectuada por Correo Argentino de los originales de la repetición realizada por el representante legal de la firma exportadora. A fs. 105/107 el Administrador de la Aduana San Javier dicta la Disposición N° 45/2022, por la cual se tiene por presentada a la firma, se da por iniciado el procedimiento de repetición, se tiene por agregada la prueba documental y, por el contrario, se rechaza la prueba pericial contable. Asimismo, remite las actuaciones a la Sección Económico Financiera para que luego, pase a la Sección de Inspección Ex-Ante para que formule el informe técnico correspondiente. Seguido a ello, de fs. 111/112 y 114/115 obran consultas realizadas en el SIM sobre la afectación de depósito de los P.E. 18 054 EC01 002209 K fs. y P.E. N° 18 054 EC01 002287 Z respectivamente. A fs. 113 y 116 el Jefe de la Sección Económica Financiera emite el informe respecto de los mencionados P.E. Seguido a ello, obran consultas en el SIM y en el sistema registral de la ARCA (antes AFIP). A fs. 126 interviene el Jefe de la Sección Inspección Ex -Ante. A fs. 127 cumple con lo requerido la Sección Inspección Simultánea. A fs. 129/133 el Jefe de Sección Sumarios emite dictamen jurídico, del cual se desprende que no se debería acceder a lo peticionado por la firma. Por último, a fs. 134/138 el Administrador de Aduana de San Javier dicta la Resolución Nro. RESOL-2024-12-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI por la cual no se hace lugar al recurso de repetición interpuesto por la firma. A fs. 139/140 obran las respectivas cédulas de notificación a la actora de la referida resolución.
V. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”
VI. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación a los Permisos de Embarque Nro. 18 054 EC01 002209 K y 18 054 EC01 002287 Z en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 793/2018 mediante el cual se dispuso fijar, hasta el 31/12/20, un derecho de exportación del 12% para la exportación a consumo de todas las mercaderías comprendidas en las PA de la NCM fijándose un tope de $4 o $3 por cada dólar estadounidense del valor imponible o del precio oficial FOB, según corresponda.
VII. Las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164).
Por lo expuesto, voto por:
1).- CONFIRMAR la Resolución Nro. RESOL-2024-12-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de San Javier, en las actuaciones SIGEA Nro. 19144-14942-2019.
2).- Costas a cargo de la actora.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al fondo de lo resuelto, excepto en relación a las costas, que considero deben ser impuestas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- CONFIRMAR la Resolución Nro. RESOL-2024-12-E-AFIP-ADSAJA#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de San Javier, en las actuaciones SIGEA Nro. 19144-14942-2019.
2).- Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2025.11.17 15:10:54 ART Date: 2025.11.17 19:38:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.17 20:53:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.17 20:53:35 -03:00
Fin de la sentencia