Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 54/2017 (DI VACD), dictada en el marco de las actuaciones SIGEA N° 16592-3- 2016, y dejar sin efecto el Cargo FI N° 6/2016 formulado con relación a la destinación de importación N° 13 001 IC04 019871R.
2Imponer las costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-128822474-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 19 de Noviembre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 38.631-A: “MIRACEMA S.R.L. c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Nro. 54/2017 (DI VACD) dictada en la Actuación N° 16592-3-2016, en cuanto rechaza la impugnación interpuesta por la firma MIRACEMA S.R.L. y confirma, en consecuencia, el cargo FI N° 6/2016 por la suma de U$S 22.892,82 en concepto de derechos antidumping e IVA (al tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de su efectivo pago conforme art. 20 Ley 23.905) y la suma de U$S 4.919,12 en concepto de IVA ADICIONAL y GANANCIAS (al tipo de cambio vigente a la fecha de oficialización del DI N° 13 001 IC04 019871 R), con más los intereses del art. 794 del C.A.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 21/56 se presenta MIRACEMA S.R.L. mediante apoderado, y con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. En primer lugar, efectúa una reseña de los antecedentes de la cuestión de autos y prosigue con el fundamento de los agravios. Plantea la nulidad del reclamo contenido en el cargo por estar viciado en su causa. Al respecto sostiene que la Aduana se excedió de lo establecido en la Resolución N° 13/13 y, en lugar de ejecutar la garantía, procedió a re liquidar su importe. Asimismo, funda el planteo de nulidad en el hecho de entender viciada la finalidad que inspiró el dictado de la resolución, considerando que el único fin de su dictado fue recaudar un monto mayor al debido.
Considera que el reclamo de la diferencia entre el derecho provisorio garantizado y el definitivo resulta improcedente en tanto implicaría la aplicación retroactiva de un tributo y sería contrario a lo dispuesto en el art. 10.3 del Acuerdo relativo a la aplicación del art. VI del GATT. Cita el texto del referido artículo del Acuerdo y el art. 42 del Decreto N° 1393/2008. En virtud de la fecha de publicación de la resolución en el Boletín Oficial, considera ilegítimo su artículo 6 en tanto pretende otorgar vigencia a la norma desde el día de su firma, contraviniendo la legislación de rango superior. Refiere a los anteriores arts. 2 y 3 del CCN y al actual art. 7 del CCyCN. Alude al principio de publicidad de los actos de gobierno.
Cita doctrina y jurisprudencia. Cita el art. X del GATT y al art. 10 del Acuerdo Antidumping. Afirma que resulta imprescindible la previa publicación de la norma que establece un tributo a la importación. Sostiene que el SIM no liquidó los derechos antidumping en tanto la publicación de la norma era un requisito ineludible a los fines de su vigencia. Manifiesta que el art. 10 del Acuerdo contiene medidas excepcionales a los fines de la percepción retroactiva de los derechos antidumping. Cita jurisprudencia de Cámara. Cita el art. 637 inc. b) del C.A. Insiste en que la vigencia de la Res. N° 13/2013 se logró con la publicación en el B.O. y no el día de su firma. Considera que tratándose de un acto administrativo de alcance general, el mismo adquiere eficacia a partir de su publicación y que sólo podrá tener efectos retroactivos siempre que no se lesionaren derechos adquiridos.
Entiende vulnerado el principio de legalidad. Hace reserva del planteo de inconstitucionalidad de la Res. N° 13/2013. Cuestiona la determinación tributaria suplementaria en dólares estadounidenses e impugna el cálculo de los intereses. Alude a la afectación del principio de reserva en materia tributaria y cita jurisprudencia al respecto. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 64/71 el representante fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. En primer lugar, cumple con la negativa genérica de rigor, negando todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la actora, como así también la documentación, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Seguidamente, prosigue con la contestación del traslado. Esboza una definición de “dumping” y señala que los derechos antidumping se establecen a los fines de salvaguardar los intereses de los productores nacionales cuando se utilizan en su contra medidas anticompetitivas, buscando contrarrestar un daño o amenaza de daño a una rama de la producción nacional. Refiere al Acuerdo relativo a la aplicación del art. VI del Acuerdo sobre Dumping del GATT y al decreto reglamentario N° 1393/2008. Manifiesta que los operadores de comercio exterior tienen conocimiento de las investigaciones por dumping desde su inicio así como de la posibilidad de que se ejecute la garantía en virtud de la aplicación retroactiva de las medidas antidumping definitivas que pudieran fijarse, de conformidad con lo previsto en los arts. 9.3.1 y 10.2 del Acuerdo y art. 41 del decreto. Alude someramente a los distintos organismos que intervienen en el procedimiento de investigación por dumping. Entiende que la destinación de autos se encontraba alcanzada por la Resolución N° 470/2014 en cuanto disponía la constitución de una garantía equivalente al derecho específico equivalente a U$S 4,62 U$S/m2. Alude a la Res. N° 13/2013 en cuanto fijó un derecho antidumping definitivo e instruyó a la DGA a ejecutar las garantías constituidas en virtud de lo señalado en la Res. N° 470/12. Cita jurisprudencia relacionada con la liquidación del cargo en dólares estadounidenses y al planteo de inconstitucionalidad de la fijación del derecho antidumping por parte de resoluciones emanadas del Ministerio respectivo. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal, y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas Nro. 16592-3-2016 se inician a fs. 1/3 con la liquidación del cargo FI N° 6/2016 (U$S 27.811,94). A fs. 4 luce print de pantalla con el resultado de la consulta de la garantía unitaria N° 13 001 003561 C, constituida en efectivo, por la firma MARCEMA SRL, con motivo “ANTIDUMPING”, con estado “AFECTADA”, por la suma de U$S 17.000, con un total afectado de U$S 16.951,33. A fs. 6 luce la Nota N° 12/2016 (SE INCO) de fecha 06/01/16 dictada en la Actuación 16592-4-2016. A fs. 7 obra la carpeta original del DI N° 13 001 IC04 019871 R. A fs. 8/9 luce la Nota N° 11/2016 SE INCO de fecha 06/01/16. A fs. 10 luce la Nota N° 30/2016 (DV BINC) de fecha 07/01/16. A fs. 11 luce la Nota N° 29/16 (DE GFIM). A fs. 12 la firma se presenta y toma vista de las actuaciones. A fs. 17/19 lucen mails internos por remisión de actuaciones. A fs. 20/32 obra la impugnación interpuesta por la firma en fecha 20/01/16. A fs. 37, con fecha 01/02/16, se tiene por deducida la impugnación y se abre la causa a prueba. A fs. 38 y vta. luce constancia de notificación de dicha providencia a la firma en fecha 11/02/16. A fs. 39 luce la Nota N° 14/16 (DV IMPG) de fecha 30/03/16. A fs. 40/41 luce la Nota N° 8/16 (SE ICON) de fecha 06/06/16. A fs. 43 se ponen los autos para alegar en fecha 10/06/16. A fs. 44 la firma solicita tomar vista de las actuaciones. A fs. 49 y vta. luce la constancia de notificación de la providencia de fecha 10/06/16, la cual fue notificada a la firma en fecha 13/06/16. A fs. 50/53vta. obra el alegato. A fs. 54 se pasan las actuaciones para resolver en fecha 10/10/17. A fs. 55 lucen pases internos. Finalmente, a fs. 56/66 obra la resolución aduanera aquí apelada (Resolución N° 54/2017 DI VACD).
V. Que, en primer lugar, corresponde tratar la nulidad planteada por la actora. La recurrente plantea la nulidad del reclamo contenido en el cargo por considerar que el mismo se encuentra viciado en su causa y en su finalidad. Al respecto entiende que la Aduana se excede de lo establecido por la norma y así, en lugar de limitarse a ejecutar la garantía, reclama una suma adicional con el único fin de recaudar un monto mayor al debido.
Que los fundamentos expuestos por la recurrente como vicios en la causa y en la finalidad del reclamo contienen una estricta vinculación con los agravios que sustentan la apelación, de modo que, como lo enseña Francesco Carnelutti, “... del principio de la absorción de la invalidación en la impugnación deriva también para el proceso penal la regla formulada por los estudiosos del proceso civil en el sentido de que los vicios de la providencia impugnada se convierten en motivos de impugnación; esto quiere decir que en cuanto una providencia viciada sea impugnable, el poder de invalidación no concurre con el de impugnación, sino que en el mismo es absorbido como en la rescisión es absorbida la anulación. Tal absorción está al punto de llegada de una evolución histórica que aquí ni siquiera en sus puntos generales podría trazar; en línea muy general, indico sólo que la rescisión del acto injusto constituye un paso adelante sobre la anulación del acto viciado; en esto se manifiesta el pensamiento, lentamente formado, de que los requisitos del acto y, en particular, los requisitos formales valen no por sí sino como medios al fin de su justicia, la cual verdad, aun cuando obvia, no ha tenido un camino fácil en la historia del derecho ...” (Lecciones sobre el proceso penal. Vol. III, pág. 217. Bosch y Cía. editores. Buenos Aires. 1950).
Que, habiéndose desplegado como parte del sustento de la nulidad impetrada fundamentos que guardan directa relación con los agravios de fondo, cabe concluir que debe rechazarse la cuestión de nulidad en cuanto a tratársela autónomamente.
VI. Que, sentado lo antes expuesto, la cuestión de autos consiste en determinar si la resolución aquí apelada se ajusta a derecho, en cuanto rechaza la impugnación interpuesta por la firma MIRACEMA S.R.L. contra el cargo FI N° 6/16, formulado en concepto de derechos antidumping e IVA, así como también del importe reclamado en concepto de percepciones, todo ello en relación a la destinación de importación N° 13 001 IC04 019871 R. Que, según surge de las actuaciones administrativas ligadas a la presente causa, mediante el referido despacho, oficializado el 25/01/2013, la firma MIRACEMA S.R.L. documentó la importación a consumo de mercadería de origen y procedencia China, bajo la posición arancelaria 6907.90.00.230N, la cual reza “Monoclor Placas y baldosas de gres fino “porcellanato” pulidas, incluso semipulidad (satinadas) –Los demás PLACAS Y BALDOSAS, DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR, PARA PAVIMENTACIÓN O REVESTIMIENTO;
CUBOS, DADOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE CERÁMICA, PARA MOSAICOS, SIN BARNIZAR NI
ESMALTAR, INCLUSO CON SOPORTE.” (ver sobre obrante a fs. 7 de las act. adm. que contiene el DI en trato) Del referido despacho también surge que la firma aportó el certificado de origen “CERTORIGEN- DUMP=CCPIT 123362070” (el cual luce agregado en la carpeta original del DI) a la vez que se garantizaron distintos importes relacionados a la condición de dumping, como ser los propios derechos antidumping, el IVA adicional, el Imp. A las Ganancias y el “IVA ANTIDUMPING”. (ver C.O. y DI obrantes a fs. 7 de las act. adm.) Que, en virtud de lo dispuesto por la Sección Industria de la Construcción, División Bienes Intermedios y de Consumo, el servicio aduanero procedió a efectuar el cargo FI N° 6/2016, con motivo de la diferencia tributaria que surgiría “… entre el derecho antidumping provisorio (U$S 4.62) y el derecho antidumping definitivo (U$S 12.20), a efectos de resguardar la renta fiscal. …”. Asimismo, se señala que “… al despacho de importación que nos ocupa le fue confeccionado en EFECTIVO la Garantías N° 13001003561C, por aplicación de la medida provisional bajo la forma de un derecho específico a las mercaderías importadas, a la fecha la misma se encuentra en estado AFECTADA. Por todo lo expuesto, esta instancia entiende que debería ejecutarse la garantía mencionada “ut supra” …”. (ver Nota N° 11/2016 SE INCO obrante a fs. 8/9 de las act. adm.) Que dicho cargo fue oportunamente impugnado por la importadora y luego confirmado mediante la resolución aduanera apelada ante esta instancia.
VII. Que la recurrente funda su recurso en el argumento de que el cargo formulado, en virtud de la diferencia entre el derecho provisorio –garantizado- (dispuesto por la Res. MEyFP N° 470/2012) y el definitivo (establecido por la Res. MEyFP N° 13/2013), resulta improcedente por cuanto implicaría la aplicación retroactiva de un tributo, contrariamente a lo dispuesto en el art. 10.3 del Acuerdo Antidumping y en plena afectación de garantías constitucionales. Asimismo, sostiene que la publicación de la norma resulta un requisito ineludible a los fines de su vigencia.
Que, por su parte, la Aduana sostiene que la firma importadora tenía conocimiento respecto de las investigaciones llevadas a cabo en materia de “dumping” sobre la mercadería importada, con la posible aplicación retroactiva de medidas que pudieran fijarse de conformidad con lo previsto en el Acuerdo respectivo. Asimismo, refuerza tal conocimiento en el hecho de haberse fijado medidas provisionales con la consecuente obligación de garantizar y de que, a posteriori, se ejecute la garantía en virtud de una aplicación retroactiva de los derechos antidumping. Menciona que la Resolución N° 470/2012 fue publicada el 27/08/2012 en el Boletín Oficial y que con fecha 29/01/2013 (también fecha de publicación en el B.O.), mediante la Resolución N° 13/2013, se procedió al cierre de la investigación y, consecuentemente, se fijó el derecho antidumping definitivo.
VIII. Que, a efectos de esclarecer los hechos traídos a conocimiento, conviene reseñar que, al tiempo del registro de la operación mencionada (25/01/2013), se encontraba vigente la Resolución MEyFP N° 470/12, publicada en el B.O. el 27/08/12, mediante la cual se fijó “… para las operaciones de exportación hacia la REPUBLICA ARGENTINA de placas y baldosas de gres fino “porcellanato” y “porcelana”, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento, originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6907.90.00, la aplicación de una medida provisional bajo la forma de un derecho específico equivalente a DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO COMA SESENTA Y DOS POR METRO CUADRADO (U$S 4,62/m2).” (art. 1°). Dicha norma, dispuso en su artículo 2° que cuando se despachara a plaza la mercadería antes descripta, el importador debía constituir una garantía equivalente al derecho específico establecido. Finalmente, su artículo 6° estableció que la Resolución comenzaba a regir “… a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y tendrá una vigencia por el término de SEIS (6) meses, según lo dispuesto en el art. 7.4 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley N° 24.425.”.
Que, sobre la base de la Resolución mencionada, la aquí recurrente constituyó una garantía equivalente al derecho específico previsto para el caso. (ver fs. 4 de las actuaciones administrativas).
Que, posteriormente, se dictó la Resolución N° 13/2013, publicada en el B.O. el 29/01/13, pocos días después de la oficialización del DI de autos (25/01/13), por la cual se procedió “… al cierre de la investigación que se llevara a cabo (…) para las operaciones de exportación hacia la REPUBLICA ARGENTINA de placas y baldosas de gres fino “porcellanato” y “porcelana”, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento, originarias de la REPUBLICA POPULAR CHINA, mercadería que clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 6907.90.00.” (art. 1°). En consecuencia, se fijó -para dichas operaciones- “… un derecho antidumping definitivo bajo la forma de Derechos Específicos de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOCE COMA VEINTE POR METRO CUADRADO (12,20 u$s/m2) para los porcellanatos pulidos y de DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO COMA SETENTA Y SIETE POR METRO CUADRADO (8,77 u$s/m2) para los porcellanatos sin pulir.” (art. 2°). En su art. 6° se estableció su plazo de vigencia, determinando que “La presente resolución comenzará a regir a partir del día de su firma y tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.”, habiéndose firmado el 25/01/13 (mismo día de oficialización del DI involucrado en autos). Por su parte, en su artículo 7° dispuso que “La publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial se tendrá a todos los fines como notificación suficiente.”.
Que, como consecuencia de ello, la DGA formuló el cargo aquí cuestionado, mediante el cual reclama la diferencia entre el derecho antidumping provisorio determinado por la Res. N° 470/2012 y el definitivo, establecido por la Res. N° 13/2013, identificando la garantía constituida por la aquí actora al oficializar la destinación involucrada en autos.
IX. Que, de este modo, la cuestión de autos radica en determinar si la medida antidumping dispuesta por la Resolución N° 13/2013 resultaba aplicable a la fecha de la oficialización de la destinación involucrada en autos. Es decir, en definitiva, y en virtud de lo expuesto ut supra, si la aplicación retroactiva de la referida resolución resulta ajustada a derecho y si, en consecuencia, resulta procedente el reclamo aduanero en concepto de derechos antidumping.
Que, en virtud de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, las normas jurídicas rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen y, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no teniendo las mismas efecto retroactivo, salvo disposición en contrario, la cual no podrá afectar derechos amparados constitucionalmente. (arts. 5 y 7 del referido cuerpo legal)
Que, de este modo, el principio general es que las normas rigen para el futuro, no pudiendo ser aplicadas retroactivamente -sean o no de orden público- sino por excepción a tal principio. Sin embargo, se acepta (en determinados casos) su vigencia retroactiva, siempre que esa retroactividad esté contemplada en su texto y no afecte garantías constitucionales.
Que, como se vio, conforme el art. 6° de la Resolución N° 13/2013, citada en el considerando precedente, “La presente resolución comenzará a regir a partir del día de su firma y tendrá vigencia por el término de CINCO (5) años.”, esto es el 25/01/13, habiendo sido publicada en el Boletín Oficial el 29/01/13, mientras que el DI involucrado en autos fue oficializado el 25/01/2013.
Que, corresponde destacar que a la fecha en que se declarara procedente la apertura de examen de la medida antidumping respecto de la mercadería aquí involucrada, se encontraba vigente la Ley 24.176 (B.O. 30/10/92) que aprobara el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). En virtud de ello, la investigación y procedimiento llevados a cabo a los fines de determinación de daño –o amenaza- respecto de una rama de la producción, así como la propia fijación de medidas provisionales y derechos antidumping, debió ajustarse a las pautas allí establecidas, cuestión que excede el ámbito de este Tribunal, en cuanto fue objeto de investigación y procedimiento reglado por la autoridad competente. Ello surge claramente de los considerandos de la Resolución N° 470/12 y Resolución N° 13/13.
Que, considerando la fecha de registro de la operación de autos, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 637 inc. b) y 639 del C.A., la cuestión se rige por el Acuerdo del GATT antes referido, del cual nuestro país es parte, conforme lo establece la ley 24.425 (B.O. 05/01/95), vigente al momento de los hechos.
Que, de este modo, la aplicación retroactiva de los derechos antidumping se encuentra expresamente autorizada por el artículo 10 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo del GATT, resultando relevante, entre otras cosas, la existencia de un daño y el hecho de que el importador supiera o debiera saber del daño que causaría el dumping practicado por el exportador. Más específicamente, y tal como sucede en el caso de autos, “… cuando se formule una determinación definitiva de la existencia de daño (…) o, en caso de formularse una determinación definitiva de la existencia de amenaza de daño, cuando el efecto de las importaciones objeto de dumping sea tal que, de no haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a una determinación de la existencia de daño, se podrán percibir retroactivamente derechos antidumping por el periodo en que se hayan aplicado medidas provisionales. …” (“MÓDULO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL ACUERDO ANTIDUMPING DE LA OMC”, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, pág. 40) Que, en el mismo sentido ha dicho la jurisprudencia que “… corresponde considerar que la retroactividad prevista por la resolución M.E. y O.S.P. n° 871/95 fue prevista en el Acuerdo, siendo, por ende, procedente su aplicación a las operaciones de importación de autos. Ello así por cuanto el dictado de la resolución en cuestión tuvo lugar como consecuencia de la “determinación definitiva de daño”, que fuera precedida por el establecimiento de la medida provisional impuesta mediante la resolución n° 1129/94 (bajo la forma de garantía, tal como prevé el art. 7.2 del Acuerdo), y derivada de la investigación seguida de conformidad al art. 5° del Acuerdo”. …” (“VOLF S.A. c/EN M° INDUSTRIA RESOL 12/09 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO” Expte. N° 49093/2011, Jdo. Cont. Adm. Fed. N° 5, Sent. 07/10/2014)
Que, ello así, no se advierte que la aplicación retroactiva de la Resolución por la que se reconoció la efectiva existencia de ese daño a la producción nacional vulnere derechos adquiridos por la actora y, en especial, no se advierte violación alguna al derecho de propiedad, garantizado por el art. 17 de la C.N., en tanto que la parte no desconocía, al tiempo de la operación de autos, la existencia de la investigación por dumping que desencadenara la aplicación de la medida provisional dispuesta por la Resolución N° 470/12, siendo ésta publicada en el Boletín Oficial con fecha 27/08/12. Abona lo expuesto que siendo que la destinación en trato fue oficializada el 25/01/13, la firma debió constituir una garantía por la aplicación de dicha medida provisional.
Que, sentado lo que antecede, no cabe sino concluir que correspondía el pago de un derecho antidumping en relación a la mercadería importada mediante el DI N° 13 001 IC04 019871 R. Sin embargo, en este caso en particular, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 10.3 del Acuerdo, el cual establece que “Si el derecho antidumping definitivo es superior al derecho provisional pagado o por pagar, a la cantidad estimada a efectos de la garantía, no se exigirá tal diferencia. …”.
Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta que en el caso de autos se estableció un derecho antidumping definitivo (U$S 12.20) mayor al provisorio (U$S 4.62) garantizado, no corresponde la diferencia reclamada por el servicio aduanero mediante el cargo aquí cuestionado.
X. Que funda lo expuesto la especificidad que la materia aduanera posee, como así también su ya reconocida autonomía. Así se tiene dicho, en relación al primero de los aspectos, que “… Sobre la base de que la materia en debate versa sobre un régimen especial que se encuentra específicamente regulado en un Tratado Internacional, el mismo posee jerarquía supralegal (art. 75, inc 22 de la Constitución Nacional), razón por la cual es de especial relevancia no sólo una correcta interpretación de las normas en juego en el marco de lo negociado por las Partes Contratantes de dicho Acuerdo, sino también la implementación en el orden interno de ese tratado internacional. …”. (“Algunas consideraciones en relación a la investigación para la aplicación de medidas antidumping”, Ricardo Torres Brizuela, Guía Práctica de Comercio Exterior y Anticipos del Nomenclador Arancelario Aduanero, Número 295, 15/10/15)
Que lo dicho abona la postura de la autonomía del derecho aduanero tras un “… proceso de complejización hasta llegar a un punto tal en el cual el derecho tributario le resulta tan ajeno –como área del conocimiento para abordarlo y abarcarlo- como lo puede ser el derecho administrativo o el derecho comercial. Ello nos da la pauta que las normas del derecho aduanero han empezado a exorbitar al tributario, (…) Este desborde de campos se presenta no solo por el contenido sobre el cual versan las regulaciones aduaneras (…) que poco o nada se relacionan con el tributario. Ello se debe a que las disposiciones y principios del derecho aduanero en muchos casos llegan incluso a contradecir normas y postulados básicos y fundamentales del tributario, …”. Particularmente, la determinación de la autonomía de esta rama del derecho incide en la aplicabilidad y eficiencia de la norma. De este modo “… Lo normológico vendría dado por el sistema de normas nacionales (legales o sublegales) e internacionales existentes sobre la materia, que resultan de aplicación primaria por sobre otras disposiciones, sean: a) de derecho público nacional, tales como el tributario y el administrativo, b) de derecho privado o c) cualquier otra norma provincial o local. …”. Más específicamente con lo relacionado en el caso de autos, el Código Aduanero incorpora, a la par de los denominados “derechos” a la importación o a la exportación, equiparados a verdaderos “impuestos”, “… otras formas recaudatorias derivadas, tales como los derechos antidumping, sobre los cuales cabría preguntarse si al tratarse también de derechos –en el sentido que le hemos asignado- son impuestos o por el contrario simples medidas administrativas, confusamente llamadas también “derechos”. Cabe recordar que la aplicación de los derechos antidumping no se encuentra preestablecida en su cuantía por norma alguna, sino que resultan de un complejo proceso en el cual intervienen diferentes organismos administrativos y judiciales. …”. (“La autonomía del derecho aduanero como ciencia normativa. Evolución y relaciones con otras ramas del derecho”, Harry Schurig, Impuestos, Junio 2022 N° 125.)
XI. Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde revocar la resolución aduanera apelada y por ende el cargo FI N° 6/2016, formulado en concepto de diferencia de derechos antidumping.
Asimismo, y atento el modo en que se resuelve, resulta inoficioso el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas por la recurrente.
XII. Que las costas corresponde imponerlas al fisco.
XIII. Que en virtud de lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución Nº 54/2017 (DI VACD) dictada en la Actuación SIGEA Nº 16592-3-2016 y, en consecuencia, el Cargo FI N° 6/2016.
2. Costas al fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Por razones de economía procesal, me remito al relato de los antecedentes fácticos efectuado en el voto del vocal preopinante, los que doy aquí por reproducidos en su integridad.
II. La cuestión a resolver en autos consiste en determinar la validez de la aplicación de la Resolución N° 13/2013 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en particular si el Cargo FI N° 6/2016 formulado por el servicio aduanero se ajusta a derecho.
III. En el caso bajo examen, se controvierte que la aludida Resolución, que en su art. 6º consignó estar vigente desde la fecha de su dictado (25/01/2025), se haya aplicado a una destinación de importación oficializada el mismo día, y no a las importaciones oficializadas desde su publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el 29/01/2013.
IV. En efecto, en el caso sub examine, la particularidad radica en que la resolución administrativa bajo análisis contiene una cláusula expresa según la cual “comienza a regir a partir de su firma”. Tal previsión, aunque en apariencia pueda parecer una mera disposición temporal, encierra una cuestión de notable trascendencia jurídica, pues importa —como bien advierte el voto preopinante— una aplicación retroactiva de la norma y no una retroactividad tácita o indirecta, sino una retroactividad inequívoca, ya que el acto pretende regir situaciones anteriores a su comunicación formal al administrado, imponiéndole consecuencias jurídicas derivadas de una norma cuyo texto desconocía al momento de los hechos.
En este punto, cabe recordar que la retroactividad normativa constituye una excepción al principio general de irretroactividad consagrado tanto en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación como en el artículo 18 de la Constitución Nacional, por derivación del principio de legalidad. Su admisión sólo puede justificarse en supuestos expresamente previstos por el orden jurídico superior, y aun así debe observarse el respeto a la seguridad jurídica y a los derechos adquiridos.
Y si bien es verdad que la Corte Suprema argentina ha admitido, en materia impositiva, un alcance particular de la irretroactividad, siempre ha sido bajo un límite infranqueable: la no afectación de derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en Sociedad de Electricidad de Rosario (Fallos 291:290, 1975) y en Girondo (Fallos 274:375, 1969) sostuvo que el principio del artículo 3° del Código Civil no se aplica en sentido estricto a los tributos, siempre que no se lesionen derechos constitucionalmente protegidos. En Cía. Americana de Luz y Tracción (Fallos 220:1237, 1951) explicó que los impuestos pueden recaer sobre rentas obtenidas antes de la sanción de la norma sin afectar garantías, en tanto se respete el principio de equidad y proporcionalidad del artículo 28 de la Constitución. Esa doctrina, sin embargo, no es absoluta. En Frigorífico Swift (Fallos 269:37, 1967) la Corte rechazó la pretensión de gravar operaciones concretas ya realizadas, distinguiendo entre el resultado de un período fiscal —susceptible de ser gravado aun durante su curso— y los actos individuales cerrados en el tiempo, cuyo gravamen retroactivo implicaría desconocer la seguridad jurídica. En Carma S.A. (Fallos 259:53, 1964) y en CITRA (Fallos 229:45, 1954) también se destacó que la retroactividad solo resulta admisible en la medida en que no se desconozcan derechos incorporados al patrimonio del contribuyente ni se vulnere la garantía de propiedad del artículo 17 de la Constitución Nacional.
V. Ahora bien, si bien es cierto que en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), se reconoce la posibilidad de aplicar ciertas disposiciones con efecto retroactivo, la autorización del GATT no puede interpretarse como una carta blanca que habilite al Estado a aplicar retroactivamente normas internas sin procedimiento ni justificación. La retroactividad, aun cuando esté permitida, no puede ser dispuesta “a troche y moche”, es decir, de modo arbitrario, informal o discrecional, porque ello vulneraría los principios de razonabilidad, buena fe y confianza legítima que integran el bloque de legalidad administrativa. Por otra parte, la resolución en análisis reviste la naturaleza de un reglamento singular, esto es, un acto administrativo de alcance particular que se proyecta sobre una situación concreta, pero que reproduce o ejecuta directrices contenidas en un reglamento general. Y en virtud del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, hoy consagrado expresamente en el artículo 37.1 de la Ley 39/2015 española y de recepción doctrinal en nuestro derecho público, un acto individual no puede alterar, derogar ni modificar los efectos de una disposición general. Dicho principio se funda en la jerarquía normativa y en la necesidad de preservar la igualdad ante la ley, evitando que la Administración sustituya la norma general por decisiones casuísticas. En efecto, si ello es así, con mayor razón un reglamento singular —que es una forma de decisión individualizada— no puede alterar los efectos temporales dispuestos por una ley formal, puesto que ello implicaría no sólo una infracción al principio de inderogabilidad, sino también una invasión del ámbito de competencia del legislador. La eficacia temporal de las leyes y de los reglamentos generales es una materia sujeta a reserva de ley y de principio de legalidad, y por ende no puede ser modificada por simple resolución administrativa.
VI. En consecuencia, el artículo que establece que la resolución “comienza a regir a partir de su firma” no puede surtir efecto alguno frente al administrado mientras no haya mediado su notificación o publicación, según corresponda al tipo de acto. Lo contrario supondría validar un ejercicio exorbitante del poder reglamentario y admitir que la Administración puede imponer obligaciones sin previo conocimiento del interesado, lo que repugna no sólo a los principios de publicidad y seguridad jurídica, sino al más elemental sentido de justicia administrativa.
VII. En efecto, no puede, en modo alguno, justificarse la aplicación retroactiva de una resolución administrativa bajo el argumento de que “tanto la apertura como el cierre de las investigaciones o las medidas antidumping que pudieran tomarse en forma provisional o definitiva por parte del área Ministerial, son conocidas por todos los operadores del Comercio Exterior” (fs. 62/62 de las actuaciones administrativas). Tal razonamiento constituye una peligrosa confusión entre conocimiento fáctico y notificación jurídica, entre previsión política y eficacia normativa. El mero hecho de que el operador económico tuviera noticia de un procedimiento en trámite o de una investigación abierta no equivale, en los términos del artículo 11 de la LNPA, a la notificación o publicación del acto.
Admitir semejante tesis sería tanto como sostener que un impuesto puede aplicarse retroactivamente por el solo hecho de que el contribuyente sabía que el Congreso estaba debatiendo un proyecto de ley que lo instituiría. El paralelismo es elocuente, ya que, en ambos casos, se intenta trasladar al ciudadano la carga de anticipar el resultado normativo de un procedimiento aún inconcluso, lo cual vulnera el principio de seguridad jurídica y el de previsibilidad en materia impositiva y administrativa. Ninguna duda cabe respecto de que la certeza normativa constituye uno de los pilares del Estado de Derecho. Ningún administrado puede quedar sometido a consecuencias jurídicas derivadas de actos no vigentes al momento de su conducta.
La eficacia del acto administrativo no nace de su mera elaboración ni de su conocimiento potencial, sino de su formal comunicación conforme a la ley. En este sentido, el razonamiento que pretende justificar la retroactividad con base en la “familiaridad” o “conocimiento anticipado” del procedimiento equivale a disolver la frontera entre la deliberación estatal y la obligación ciudadana, destruyendo la previsibilidad sobre la cual se construye toda relación jurídica. Además, debe recordarse que, en la materia específica de defensa comercial, la causa jurídica de las medidas antidumping es de naturaleza tributaria, no administrativa. En efecto, mientras el “garantizado” o depósito provisorio tiene carácter estrictamente administrativo —pues busca resguardar la eventual diferencia que pudiera resultar de la investigación—, el derecho antidumping definitivo tiene naturaleza tributaria, al consistir en un gravamen compensatorio que se incorpora al régimen de percepciones aduaneras.
La distinción no es menor, porque implica que el establecimiento, cuantía y vigencia de tales derechos están sujetos a los principios constitucionales que rigen la materia impositiva, especialmente los de legalidad, irretroactividad y razonabilidad.
VIII. Por esa misma razón, la normativa internacional aplicable —tanto el Acuerdo Antidumping del GATT de 1994 como la legislación interna que lo recepta— prohíbe expresamente que los derechos antidumping definitivos superen los derechos provisorios previamente pagados. El artículo 10.3 del Acuerdo dispone que, cuando se impongan derechos definitivos, y estos sean superiores a los provisionales, la diferencia no podrá ser cobrada retroactivamente, pues el propósito del régimen no es sancionar, sino corregir distorsiones futuras en el comercio. Así, pretender que una resolución comience a regir “desde su firma” y se aplique a operaciones ya realizadas vulnera no sólo la estructura lógica del sistema, sino su fundamento ético y jurídico. La retroactividad en materia de derechos antidumping, más allá de los casos expresamente autorizados por el artículo 10.6 del Acuerdo —que son de interpretación estricta y requieren prueba de dumping masivo y daño difícilmente reparable—, constituye una desviación de poder. El derecho internacional económico ha sido claro: los derechos antidumping no pueden convertirse en instrumentos de sorpresa o punición.
IX. En consecuencia, la Administración, aun bajo el ropaje técnico del GATT, no puede alterar los efectos temporales de sus actos mediante fórmulas autocomplacientes. Si el Estado desea modificar el régimen o extender sus efectos en el tiempo, debe hacerlo mediante los cauces previstos por la ley y respetando los límites constitucionales de la irretroactividad. Toda otra interpretación conduce a legitimar el ejercicio arbitrario del poder, disfrazado de tecnicismo comercial.
En suma, la tesis que pretende validar la retroactividad por el solo hecho de que el interesado “sabía” o “podía prever” la medida equivale a dinamitar la noción misma de juridicidad administrativa. La Administración no gobierna sobre rumores, sino sobre actos; no impone presunciones de conocimiento, sino normas comunicadas conforme al derecho.
Por ello, en definitiva, el acto deviene ineficaz frente a terceros hasta su comunicación formal, y toda pretensión de otorgarle efectos retroactivos, aun bajo el amparo del GATT, debe interpretarse restrictivamente y conforme al bloque de constitucionalidad. Porque la Administración no puede crear, modificar ni extinguir derechos en forma sorpresiva ni con efecto hacia el pasado, sin lesionar la confianza legítima de los administrados y el principio de juridicidad.
X. Precisamente, a esta altura del razonamiento, el lector atento de la sentencia acaso se interrogue acerca de cuál es la diferencia sustantiva entre el voto del suscripto y el emitido por el colega preopinante. A mi entender, la divergencia no reside en una cuestión meramente semántica ni en un matiz interpretativo menor, sino en la esencia misma de la eficacia temporal del acto administrativo. En efecto, mientras el voto preopinante parece admitir la posibilidad de que la resolución comience a producir efectos desde su firma —es decir, con anterioridad a su comunicación—, mi posición es diametralmente opuesta, ya que sostengo que ello configura un supuesto de retroactividad vedada, puesto que el acto recién adquiere eficacia una vez cumplido el recaudo legal de publicidad o notificación. La diferencia, aunque en apariencia cronológica, encierra una cuestión de principio en orden a cuándo nace jurídicamente la obligación para el administrado y cuándo puede el Estado ejercer válidamente su poder.
Para ilustrarlo con un ejemplo de cronología cotidiana: si la resolución fue firmada un lunes, el despacho de importación tuvo lugar el martes y la publicación en el Boletín Oficial se produjo el miércoles, los efectos jurídicos sólo pueden reputarse existentes a partir del jueves, es decir, desde el día siguiente a su publicación o notificación, cuando la norma ya se encontraba vigente y el administrado podía conocerla formalmente. Sostener lo contrario —como hace el voto preopinante— implicaría afirmar que un acto publicado el miércoles puede generar efectos desde el lunes, o sea, desde un momento en que el administrado ni siquiera tenía posibilidad jurídica de conocer su existencia.
Esa interpretación, a mi juicio, subvierte la lógica del sistema jurídico. La eficacia no puede anticiparse a la publicidad sin destruir la seguridad jurídica, porque ello equivale a admitir una forma de omnisciencia normativa: exigir al ciudadano que obedezca actos aún no comunicados. En mi criterio, la distinción entre acto firmado y acto eficaz no es un tecnicismo, sino una garantía. La firma da nacimiento al acto en el ámbito interno de la Administración; la publicación o notificación, en cambio, lo proyecta al mundo jurídico de los particulares. Entre ambos momentos media una frontera infranqueable que protege la confianza y previsibilidad de los administrados. Pretender que la eficacia se retrotraiga a la fecha de firma sería tanto como borrar esa frontera, permitiendo que los efectos jurídicos se apliquen a quienes no tuvieron oportunidad alguna de conocer ni prevenir su aplicación.
En definitiva, el eje de la divergencia se centra en la concepción del tiempo jurídico del acto administrativo. Mientras el voto preopinante adopta una visión, inclinada a validar la eficacia inmediata desde la firma, mi posición reivindica la estructura garantista de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, conforme la cual ningún acto puede producir efectos antes de su comunicación formal. Porque, en rigor, el principio de juridicidad no sólo exige competencia, causa y forma, sino también tiempo: el acto debe vivir en el momento que la ley le asigna, no antes.
XI. Todo lo expuesto reviste relevancia decisiva para la resolución del caso, porque la calificación jurídica del fenómeno —esto es, determinar si la resolución fue o no aplicada retroactivamente— altera por completo la naturaleza del crédito fiscal reclamado. En efecto, si se admitiera la tesis de la retroactividad sostenida por la Administración, ya no estaríamos ante un supuesto de ajuste o diferencia tributaria derivada de una medida posterior, sino ante la exigencia misma del tributo, esto es, la creación de una obligación tributaria nueva con efectos hacia el pasado. Ello implica un cambio sustancial. Mientras en el primer escenario el fisco se limita a reclamar la diferencia resultante de un acto eficaz —y, por tanto, conocido—, en el segundo caso se arroga la potestad de crear el tributo retroactivamente, aplicándolo a hechos imponibles consumados bajo un régimen jurídico distinto. No se trataría, entonces, de un cobro complementario, sino de la imposición ex novo de una obligación tributaria, sin sustento normativo vigente al tiempo de la operación.
El problema no es sólo técnico, sino constitucional. La retroactividad así entendida erosiona el principio de legalidad tributaria, pues transforma una situación en la que el contribuyente actuó conforme al derecho vigente en otra en la que se le exige un tributo inexistente al momento de la importación. La Administración, al pretender retrotraer los efectos de la resolución a la fecha de su firma, desplaza la frontera temporal de la obligación tributaria, convirtiendo en imponible lo que no lo era y alterando las reglas del juego sobre las cuales el operador económico fundó su conducta.
No puede perderse de vista que el principio de irretroactividad de las leyes —y con mayor razón, de los reglamentos— tiene rango constitucional implícito, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional, que consagra la prohibición de la aplicación de normas sancionatorias o gravosas con efecto hacia el pasado. En el caso, el fisco, al ampararse en la firma de la resolución para fundar un reclamo posterior, invierte el orden lógico del procedimiento tributario ya que convierte lo accesorio en principal, lo provisional en definitivo, lo administrativo en tributario ya que pretende cobrar como “diferencia” lo que en rigor constituye la totalidad del tributo, con efecto sobre operaciones ya concluidas. La retroactividad deja de ser una cuestión de eficacia administrativa para convertirse en un problema de legalidad tributaria.
Por todo ello, aceptar la tesis de la retroactividad significaría legitimar una potestad fiscal retroactiva que desconoce las garantías esenciales del contribuyente. El fisco estaría redefiniendo ex post el régimen aplicable a hechos pasados. Por el contrario, mantener la tesis de la irretroactividad preserva la distinción entre el acto administrativo eficaz y el hecho imponible legítimo, asegurando que ninguna obligación tributaria pueda nacer de un acto ineficaz al momento de la operación.
XII. Por lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución N° 54/2017 (DI VACD), dictada en el marco de las actuaciones SIGEA N° 16592-3- 2016, y dejar sin efecto el Cargo FI N° 6/2016 formulado con relación a la destinación de importación N° 13 001 IC04 019871R.
2. Imponer las costas a la demandada vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud de los votos que anteceden, por mayoría, SE
1. Revocar la Resolución N° 54/2017 (DI VACD), dictada en el marco de las actuaciones SIGEA N° 16592-3- 2016, y dejar sin efecto el Cargo FI N° 6/2016 formulado con relación a la destinación de importación N° 13 001 IC04 019871R.
2. Imponer las costas a la demandada vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.11.19 15:00:48 ART Date: 2025.11.19 15:09:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.19 16:10:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.19 16:10:52 -03:00
Fin de la sentencia