Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que mediante RE-2022-29283014-APN-SGAI#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 17/2022 (DVRRMR), dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mercedes de la Dirección General Impositiva - Administración Federal de Ingresos Públicos (Hoy ARCA). El apelante impugna la mencionada resolución relativa al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2014 a 2016, estableciendo el impuesto a pagar a favor de la AFIP de $5.232.271,97, impugnando el quebranto declarado y trasladado en dicho impuesto, por considerar improcedente la deducción de intereses y las diferencias de cambio originados en 4 préstamos tomados por la Compañía con la empresa vinculada Umicore Financial Services, constituida en Bélgica.
Solicita se haga lugar al recurso de apelación y se revoque el acto administrativo en crisis por los fundamentos que a continuación se exponen.
En primer lugar, afirma que las líneas de negocio principales de la Sociedad son los ingredientes farmacéuticos activos con platino o arsénico y los precursores para aplicaciones catalíticas. Declara ante AFIP, como actividad principal, la “fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados” (242090), y como secundarias la “recuperación de materiales y desechos metálicos” (382010) y el “tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general” (259200).
Describe que Umicore forma parte del Grupo Umicore, líder mundial en materiales de movilidad limpia y reciclaje, que sus oficinas centrales se encuentran situadas en Bélgica, pero tiene operaciones industriales en todos los continentes y sirve a una base de clientes global. Lo que incluye Argentina.
Añade que a fin de permitir tamaña expansión de su actividad, se constituyó UFS, compañía constituida también en Bélgica, creada para fondear y financiar a las diversas empresas que forman parte del grupo. No se trata de una compañía holding, sino de una compañía financiera.
Señala que de la estructura organizacional corporativa detallada en los estudios de precios de transferencia correspondientes a los ejercicios 2010 al 2020, advierte que UFS, si bien es parte del Grupo Umicore, no posee participación accionaria. Esto es relevante pues, bajo el ajuste realizado por la AFIP-DGI a la luz de la realidad económica, resulta que un sujeto que no es accionista de Umicore, sin embargo, habría realizado aportes de capital en ella.
Afirma que en el año 2005, se propuso una ampliación del negocio de la firma, consistente en la producción de ingredientes farmacéuticos activos a base de platino (Cisplatino, Carboplatino, Oxaliplatino). Fue en ese momento que la Compañía decidió invertir a través de la propuesta de un químico especialista de su staff y la Dirección de Umicore en una línea de negocio nueva a base de los mismos metales preciosos. Para ello, se requería una importante inyección de dinero, pues, se estimó que insumiría una inversión de aproximadamente USD 7 millones y que la planta, que finalmente se hizo en el parque industrial de Pilar, en la Provincia de Buenos Aires, se encontraría lista para fines de junio del 2008.
Señala la actora que la situación económica y financiera de Umicore no le permitía realizar esa inversión por sus propios medios. Y desde ya, ningún banco local prestaría en USD, algo que era un factor importante, en tanto se trataba de inversiones en tecnología y materia prima que requerían desembolsos en esa moneda. En términos generales, las líneas en dólares solo aplicaban a prefinanciación de exportaciones.
También afirma que, para ese momento, la Compañía registraba algunas deudas en pesos con bancos locales, pero dada la situación de pérdida que presentaba la empresa consecutivamente desde el año 2009 y que se agravó notoriamente a partir del 2014, los bancos tenían restricciones para prestar a Umicore. Así, para poder salvar esa línea de financiación, la Compañía recurrió a capitalizaciones, algo que también tuvo lugar porque los accionistas decidieron apoyar el proyecto de Umicore Manifiesta que así fue que, en el año 2006, Umicore tomó el primer préstamo por USD 1 millón, firmado el 11.12.2006. Los fondos en cuestión fueron afectados -como el contrato de préstamos indica- a la construcción de la nueva planta en Argentina, más específicamente en el Parque Industrial de Pilar. Este préstamo fue contraído a una tasa de interés de mercado, (LIBOR, más un margen del 1,5%), por un plazo de duración de 3 años. Afirma que el documento se encuentra firmado por las partes en Bélgica, las firmas certificadas por notario público allí matriculado y cuentan con el apostillado conforme Convención de la Haya de 1961.
Alega que los fondos ingresaron en su cuenta en el Banco Itaú (14.2.2007) y liquidadas las divisas en moneda nacional el 20.2.2007. La operación fue registrada contablemente en el pasivo de la Compañía, con plazos de cancelación máximos de 2 años para lo que es el pasivo no corriente. Así, por más que se hubiese fijado un plazo de 3 años para la devolución del total del capital prestado, el plan de la contribuyente era cancelarlo aún antes. Advierte también que los fondos se afectaron principalmente a la adquisición de bienes de uso para la construcción y puesta en marcha de la planta. En efecto, al cierre del ejercicio de 2006, la inversión en bienes de uso ascendía a $ 3.281.781, mientras que, al finalizar el ejercicio 2007, el mismo ascendía a 13.712.760. Y pasó de un pasivo no corriente nulo (2006) a uno de $ 16.496.753. Los pagos por compras de bienes de uso ascendieron en 2006 a $ 1.868.486, lo que a 2007 se elevó a $ 10.803.132. Así, entiende que se desmiente la afirmación, formulada en la Resolución, de que el dinero del préstamo se destinó a mantener el funcionamiento normal de la empresa.
Añade que no fue la única fuente a la que recurrió para posibilitar la obtención de fondos. Umicore también se valió de capitalizaciones, aunque estas principalmente se destinaron a conservar la financiación que mantenía la firma con bancos locales por deudas en pesos argentinos. La primera, realizada en este contexto, se decidió mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N° 23, del 30.5.2007, de un crédito que poseía en mi mandante su accionista Umicore Brasil Ltda., por la suma de USD 21.998, equivalente a $ 2.021.998. Y si bien los ejercicios 2006 y 2007 culminaron en resultado positivo, no hubo distribución de dividendos, ya que el resultado se destinó a constituir reserva legal, así como a reserva facultativa. La segunda tendría lugar dos años después. El 5.10.2009 se celebra Acta de Asamblea General Extraordinaria, en la cual se decide un aumento de capital por la suma de U$S 2.033.557,23, con emisión de nuevas acciones (7.816.994), con su respectiva prima, incorporándose como accionista Umicore Societe Anonyme, constituida en Bélgica, que hoy en día es la accionista principal de la contribuyente, con la titularidad del 98,0346%.
Manifiesta que en el 2008 se finalizó la construcción de la planta en el parque industrial de Pilar y se inauguró en 2009. Pero señala que recién en el año 2010 la actora obtuvo de la ANMAT los certificados de elaboración de Ingredientes Farmacéuticos Activos en base a platino (que luego se renueva anualmente); así como también en ese mismo año solicitó los respectivos certificados en Europa y Estados Unidos, los que obtuvo en el ejercicio 2011 y en el 2012 en India; pieza esta clave para la expansión de su actividad y presencia. Hoy en día, la exportación de los ingredientes farmacéuticos es lo que genera que la Compañía posea resultados positivos y se haya recuperado tras casi una década de resultados negativos.
Alega que la AFIP-DGI especula sobre la situación que Umicore “ficcionó” que existieron préstamos; “ficcionó” que se emplearon en la ampliación de su actividad comercial y con perspectivas de crecimiento que la empresa finalmente alcanzó; “ficcionó” un pasivo deducible en IG para ahuecar base imponible y pagar menos impuesto. También pone en duda la afectación de los préstamos efectuada por la contribuyente, porque los fondos en USD fueron liquidados en moneda nacional, algo que, entiende, importa un serio desconocimiento de las propias previsiones del BCRA en materia de ingreso y liquidación de divisas extranjeras.
En cuanto al ajuste, considera que en un país como Argentina en el cual los altos niveles de inflación y la devaluación del peso argentino versus el dólar estadounidense ha sido una constante desde hace décadas, es normal que las empresas que hayan contraído deudas en esa moneda extranjera deban realizar importantes ajustes a los resultados como consecuencia de las diferencias de cambio (negativas) generadas, cuya deducción se encuentra habilitada por la ley. Pero no puede imputarse tal circunstancia a la actora.
Considera que se realizó una aplicación abusiva del principio de realidad económica, ya que se desentiende de hechos sumamente relevantes para comprender la situación de la compañía, tales como que se hicieron pagos de intereses y se intentó cancelar parte del capital, y principalmente que existieron motivos acreditados que llevaron a renovar la deuda al día de la fecha, pero que en ningún caso ello se encuentra inspirado en la vocación de permanencia que presume la Administración. A tal punto llega la ficción construida por dicho organismo que un sujeto no accionista podría realizar aportes de capital en Umicore. Y ello llevaría también a una situación contraria a la política financiera del grupo, que impide que UFS ingrese como accionista en una empresa del grupo mediante capitalización. Es decir, mediante esa ficción que construye llega a alterar un extremo que en realidad le es ajeno, exclusivamente interno del funcionamiento del grupo, y por ello, inmanejable por aquél. Afirma que el Organismo Fiscal se equivoca cuando pretende aplicarla a este caso, porque: Las entregas de fondos, por parte de UFS a la actora, se concretaron mediando celebración de contratos de mutuo por escrito y firmados por ambas partes, con fecha cierta, y apostillados. Existieron motivos comercialmente razonables que llevaron a Umicore a solicitar préstamos de UFS. La obligación contractual asumida por el prestamista -USF- en las cuatro oportunidades fue cumplida, encontrándose acreditado, en todos los casos, el ingreso y liquidación de las divisas en una cuenta bancaria de la recurrente. La obligación contractual asumida por el prestatario - Umicore-, consistente en el pago de los intereses pactados a una tasa de mercado fue cumplida por aquél incluyendo la retención del Impuesto a las Ganancias al beneficiario efectivo del exterior en el marco del art.11 apartado 2° del CDI.
Alega que existieron fundados y acreditados motivos, que incluyen las restricciones cambiarias impuestas por el BCRA, que llevaron a las partes a diferir el repago del capital. Las extensiones fueron formalizadas en contratos por escrito, firmados por las partes, con certificación de firmas y apostilla, pactando también tasas de interés de mercado. Umicore intentó repagar el capital en varias oportunidades, y sin embargo no pudo hacerlo porque, tratándose de una deuda intercompany, existieron restricciones cambiarias durante gran parte de la vida de los préstamos. El último intento, que data del año 2020, todavía estaba pendiente de aprobación por el BCRA. Sostiene que ese intento no fue motivado por el inicio de la fiscalización que derivó en el ajuste, como lo da a entender el organismo fiscal, sino que por el contrario, fue gracias a la evolución del giro de la empresa que le permitió llegar a una situación de solidez económica y financiera que le permitió empezar a devolver los fondos prestados. No resulta objeto de cuestionamiento que los fondos fueron prestados con una única finalidad, esto es, solventar la construcción de la planta en Pilar y los ajustes necesarios para llegar a su óptimo funcionamiento, y que así fueron afectados por Umicore. Los importes prestados no resultan desmedidos, a poco que se advierta la envergadura del proyecto de inversión y se encuentra reflejado en sus estados contables que los fondos han sido destinados a inversiones en bienes de uso.
Manifiesta que al momento de otorgarlos, no se trató de una operatoria desconocida para UFS; ya que la empresa se constituyó y desarrolla su actividad en función de las necesidades de las otras empresas del Grupo Umicore. UFS no es accionista de Umicore y nunca podría serlo, pues la política financiera del grupo se lo prohíbe. La AFIP no ha controvertido que, cuando Umicore requirió la inyección de fondos sin obligación de restitución, recurrió a la figura del aporte de capital; aportes que, a lo largo de estos años, han representado inyecciones de fondos por más de US$ 34.000.000. Lo cual desestima cualquier imputación relativa a la simulación de préstamos, ya que la conducta de Umicore siempre ha sido coherente a lo largo de los años.
Afirma que, el fisco se vale, para recalificar los préstamos en aportes de capital, principalmente de la vinculación existente UFS y Umicore; en que no se respetaron los plazos de devolución originalmente convenidos, ya que las líneas de crédito fueron refinanciadas en distintas oportunidades y que en el estado que se encontraba nadie le hubiera concedido esa financiación. De estos elementos se desprendería, a entender del fisco, la vocación de permanencia de los fondos lo que llevaron a recalificarlos como aportes.
Al concluir de esa manera, la contribuyente entiende que, soslaya, en primer lugar, las propias pautas que fijó para sí en la Instrucción General N° 747/2005, pues, Umicore no cumple con los parámetros que, según ese organismo, deben reunirse para recalificar un préstamo en un aporte de capital, y en segundo lugar, prescinde de considerar los motivos que llevaron a la necesidad de contar con un importante fondeo en U$S, debido a un plan de inversión en una nueva división de negocios en Argentina y las circunstancias en que se encontraba la empresa en el ejercicio 2006, por lo que se decidió por tomar un préstamo.
Que paralelamente tenía líneas de financiación en entidades bancarias locales, pero que, para mantenerlas, debió recurrir a capitalizaciones y emisión de nuevas acciones. Y, en definitiva, que estos motivos llevaron a contraer el préstamo con UFS, una empresa vinculada (no accionista) creada con el objeto de financiar -no realizar aportes de capital- a las empresas del Grupo Umicore.
Respecto de la sospecha que genera para el organismo que los fondos en U$S hayan sido liquidados en moneda nacional, la actora alega que ello es por imposición de la propia normativa dictada por la autoridad regulatoria (normas sobre exterior y cambios del Banco Central de la República Argentina, texto ordenado al 16.12.2021). Pero aun así, esta alternativa de financiamiento era la única que se adecuaba al proyecto planificado por la empresa.
Señala que el Fisco minimiza el hecho que la actora pagó los intereses que se fueron devengando, practicando sobre aquellos las retenciones del Impuesto a las Ganancias conforme el CDI.
Asmismo, soslaya que la actora intentó repagar el capital en varias oportunidades, pero que las restricciones cambiarias, imperantes en el país durante gran parte de la vida de los préstamos, impidieron completar tal devolución.
En cuanto al motivo por el cual Umicore no ha cancelado el capital de los préstamos contraídos de UFS, señala que los pagos en cuestión se encuentran sujetos a la previa autorización del BCRA, y en efecto, ya hay dos cuotas que la Compañía ha buscado cancelar, pero el pedido de autorización se encuentra pendiente de resolución por dicha Autoridad, habiendo transcurrido casi dos años desde que se hizo el primer pedido de autorización. Es por este retraso en el trámite de autorización que la contribuyente no ha pedido adicionalmente autorización para pagar las cuotas restantes del Préstamo 2 o alguna de las cuotas de capital de los restantes préstamos. Respecto a la carecterización realizada en cuanto al contrato celebrado entre Umicore y UFS, la actora sostiene que la misma ha sido errónea en cuanto el fisco no ha controvertido, en momento alguno, la verificación de ambos elementos tipificantes en los acuerdos de mutuo celebrados por Umicore y UFS: (i) autorización de uso, cuya finalidad última estaba ordenada a la construcción de la planta de Pilar y realizar los ajustes adicionales hasta su óptimo funcionamiento, lo que se estimó demandaría una inversión de U$S 7 millones; e (ii) interés fijado como precio de la citada autorización de uso en los contratos de mutuo. Siempre a una tasa de interés que cumple con el principio “arm’s length”.
Por otro lado, afirma que no podría tratarse de aportes irrevocables, dado que UFS no podría haber tenido la intención de incrementar su participación en Umicore porque ni siquiera era accionista de esta. Tampoco podría hacerlo, porque la política financiera del grupo Umicore le impide a UFS ingresar como accionista de otra empresa del grupo mediante capitalización de los fondos prestados. A su vez, cabe tener presente que la intención de permanencia de los fondos se encuentra desmentida por las prórrogas negociadas por las partes, en las cuales se fijaron nuevas fechas límite para la amortización del capital y hasta se modificaron las tasas de interés aplicables en función de las nuevas circunstancias imperantes.
Manifiesta que en el caso de marras se verifican los elementos típicos de un préstamo, a saber: (i) contratos de mutuo, los cuales cuentan con fecha cierta - todos han sido certificados y apostillados-; (ii) se han pactado intereses de mercado validados en los estudios de precios de transferencia, los cuales no han sido objeto de impugnación por el fisco, (iii) se ha pactado un plazo de devolución de los préstamos, los cuales debieron ser prorrogados en sucesivas oportunidades, pero en todos los casos se ha establecido un plazo límite; (iv) los intereses devengados han sido cancelados por Umicore y practicado sobre ello las retenciones; (v) la Compañía ha intentado cancelar el capital en varias oportunidades, pero no ha podido hacerlo debido a las restricciones cambiarias existentes en gran parte de la vida de los préstamos cuestionados.
Añade que: (1) Umicore no tomó un préstamo con cualquier vinculada, sino con UFS, que fue creada con el objeto de fondear a las empresas del Grupo Umicore; es decir, conceder financiación como la otorgada. El endeudamiento tomado encuentra su justificación en un proyecto de inversión que responde a un determinado plan de negocios y, si bien demoró más de lo que originalmente se esperaba, es una inversión que permitió a la empresa revertir años de resultado negativo y obtener y mantener utilidades. UFS respaldó la inversión, pues en definitiva para ello fue creada y se encuentra en el marco de la meta de expansión fijada a nivel internacional por el Grupo Umicore. (2) Conforme lo reconoce el organismo fiscal, Umicore contabilizó los préstamos, el devengamiento de los intereses y las diferencias de cambio. (3) Asimismo, corresponde señalar que no sólo se fueron contabilizando los intereses y las diferencias de cambio, sino que al mismo tiempo Umicore fue provisionando los vencimientos de intereses y capital, lo cual demuestra claramente que la deudora tenía voluntad de pago. (4) UFS contabilizó los desembolsos como deudas de Umicore a su respecto, y se contabilizaron los intereses devengados de dichos préstamos. Además, espera cobrar el capital, pues no ha incluido la deuda de Umicore en una previsión por créditos incobrables.
Afirma que sin perjuicio de que la transacción bajo examen se ajusta adecuadamente al tipo contractual denominado “préstamo” o “mutuo” el organismo recaudador insiste en que dicha transacción debe ser recalificada y que las remesas de fondos de UFS y Umicore consisten en aportes de capital. El motivo de esta calificación reside en una serie de exigencias, contra legem, que, a criterio del fisco, son elementos que descalifican la constitución de un préstamo: (i) que los préstamos fueron contraídos con una empresa vinculada; y que (ii) existió una extensión constante de los vencimientos originalmente pactados para la devolución del capital, y al día de la fecha no ha operado cancelación de aquél total o parcial.
Por otro lado, con independencia al planteo principal, advierte dos errores que importan una diferencia total de $3.201.478,58, de ajuste incorrectamente practicado en la base imponible del impuesto. El primero, referido al modo de determinar las diferencias de cambio cuya deducción cuestiona, arribando a un importe de AR$ 714.547.86 de mayor ajuste en 2016. Ello se debe a que el organismo ha tomado la cuenta de resultado para realizar la comparación, y no la diferencia patrimonial que surge entre inicio y cierre de la deuda. El resultado positivo será ganancia, y pérdida deducible en caso de ser negativo. Así, luego se expone en el estado de resultados. Al tomar directamente la cuenta de resultado, está incluyendo en el ajuste otros conceptos, error que sólo se constata que ha incurrido en 2016, pues, en los años anteriores, la diferencia fue calculada correctamente.
El segundo error, incurrido en la determinación de los intereses cuya deducción impugna, radica en que el organismo ha tomado al efecto los intereses devengados conforme fue consignado en los balances de presentación de cada uno de los ejercicios involucrados. Esto genera una diferencia en cada uno de los tres ejercicios; diferencia que asciende a un total acumulado de $ 2.486.930,72.
Finalmente, añade que debería reconocérsele el Impuesto ingresado a raíz de las retenciones practicadas por Umicore sobre los intereses pagados a UFS.
Señala que Umicore practicó la retención del Impuesto a las Ganancias a UFS, en tanto beneficiario efectivo de los pagos realizados en concepto de intereses, en los términos del art. 11 apartado 2 del CDI vigente entre Argentina y Bélgica, aplicando una alícuota del 13,64%, 12% conforme CDI + grossing up. Ello en función de que la recurrente acordó con UFS hacerse cargo del Impuesto correspondiente a esta última, por lo que procedió a acrecentar la ganancia en la medida del importe del impuesto asumido por Umicore.
Consecuentemente, entiende que para el hipotético caso en que no se deje sin efecto la resolución apelada, en tanto sean recalificados los préstamos asumidos por la firma, corresponde el reconocimiento de lo pagado por el Impuesto a las Ganancias sobre los intereses cancelados, ya que de lo contrario el organismo se vería beneficiado con la tributación sobre un concepto que el mismo organismo fiscal reputa inexistente, algo que importa un enriquecimiento sin causa inadmisible a favor del erario y además contrario a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley Procedimiento Tributaria y, por ende, a la supremacía que a sus disposiciones confiere el art. 31 de la Constitución Nacional; así como también al patrimonio y al derecho de usar y disponer de su propiedad (arts. 14, 17 y 28 de la Constitución Nacional).
Menciona jurisprudencia que entiende aplicable al caso. Ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoque el acto apelado.
II. Que mediante IF-2022-55999185-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente, que se confirme el acto apelado, con costas.
El Fisco Nacional niega todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho que esgrime la actora que no sean objeto de aceptación expresa o surjan de los antecedentes administrativos.
En cuanto a los motivos en los cuales se basó el organismo para emitir la resolución aquí discutida, manifiesta que se encuentran reunidos elementos probatorios de entidad más que suficiente para considerar la existencia de aportes de capital en lugar de préstamos como pretende la firma, dado que si bien de los antecedentes de autos se desprende que fueron aportados los escritos que instrumentan los préstamos de capital, previéndose en los mismos los plazos de devolución como las tasas de interés aplicable, lo cierto es que en los hechos -realidad económica constatada- no ha existido devolución alguna de capital desde el momento en que se hicieron efectivos los respectivos desembolsos, siendo el más actual en el periodo 2010. Es decir, en más de diez (10) años no se ha cancelado importe alguno de la deuda contraída, lo cual resulta llamativo teniendo en cuenta la relevancia de los montos prestados.
Añade haber constatado la intención de mantener la deuda, prorrogándose indefinidamente los vencimientos de los préstamos. Ello surge claramente del análisis de la Nota N°4 de los Estados Contables del período 2019, donde se prorrogan nuevamente los vencimientos hasta el período 2022 inclusive. De ello se desprende claramente que, no solo se observa la inexistencia de la intención de restituir los fondos por parte de la actora, sino que además el dador no espera la devolución.
Afirma que lo que está en discusión es la caracterización del pasivo por el hecho de las contraprestaciones, por lo que destaca el comportamiento de la sociedad vinculada, que a pesar de las repetidas pérdidas contables e impositivas y el excesivo nivel de deuda en que incurre la firma, la sociedad siguió prorrogando los vencimientos de los préstamos, asumiendo los riesgos de no devolución del capital y compartiendo entonces los riesgos de la empresa prestataria.
Señala que las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia admiten en determinadas condiciones redefinir la naturaleza de las operaciones cuando las cuestiones de forma y de hecho acordadas entre empresas vinculadas no se adecuaran a como hubieran operado empresas independientes. Difícilmente un operador independiente considerando la capacidad financiera de la empresa, hubiera efectuado remesas de fondos en carácter de préstamos de la magnitud que nos ocupa, sin pretender al menos percibir restitución de capital alguno en una década.
En cuanto a lo manifestado por la contribuyente sobre la Instrucción General Nº 747/2005 (AFIP) en lo concerniente a la instrumentación de las operaciones cuestionadas (formalización por escrito, certificaciones y apostillados, fijación de plazo de devolución y registración contable), afirma que en los hechos, no ha existido devolución alguna de capital desde el momento en que se hicieron efectivos los respectivos desembolsos, y no sólo no se ha producido devolución alguna de los fondos adeudados, sino que, como expresó la propia contribuyente, se han prorrogado nuevamente. La conducta de las partes no hace más que confirmar la intención de mantener la deuda.
Respecto a los cuestionamientos de la contribuyente referidos a la errónea caracterización de los préstamos como aportes de capital y a la aplicación del principio de realidad económica, argumenta que cuando los hechos que dan origen a las obligaciones sean el fruto de actos de la vida civil o comercial, donde tenga importancia creadora la voluntad de las partes, se debe atender al contenido económico de dichos actos y no a las formas jurídicas adoptadas por la contribuyente. En ese contexto, el criterio de la realidad económica consagrado por el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Tributario, es un principio para indagar los hechos y su relación con las figuras empleadas por las partes, consagrándose la prevalencia del sustrato económico subyacente en el hecho generador por sobre el ropaje jurídico utilizado por los sujetos intervinientes en el negocio.
Que en cuanto a lo expuesto por la actora sobre los aportes de dinero de Umicore. Financial Services, y precisamente respecto a lo señalado sobre que la inyección de dinero requería del necesario desembolso de USD, menciona que de acuerdo a lo expuesto en la documentación aportada por la misma en los antecedentes administrativos se observa que los fondos correspondientes a los aportes de su controlante fueron liquidados en moneda nacional, lo cual resulta contradictorio con los dichos de la actora relacionados a que los fondos solicitados serían utilizados para realizar inversiones en tecnología y materia prima que requerían desembolso en dólares.
En este sentido, afirma que en referencia a la justificación de los resultados negativos de la firma desde el período 2009, la contribuyente señala los motivos que originaron los mismos, mencionando simplemente entre ellos, las diferencias de cambio por los préstamos en USD, sin destacar la verdadera influencia de ello en el resultado negativo final, que, los resultados generados por la tenencia de estas deudas con Umícore Financial Services en moneda extranjera respecto del total, resultan en las siguientes proporciones: 81% en 2014, 59% en 2015 y 63% en 2016. Lo que implica que dentro del total de diferencias de cambio resultantes del ejercicio, las pérdidas por aquellas originadas por el pasivo financiero con la vinculada son de suma importancia y determinantes del resultado negativo final.
Respecto a los agravios efectuados por la actora en referencia a los errores en la liquidación, afirma que a efectos de realizar las proyecciones fueron adicionados a los ajustes al resultado contable, los montos correspondientes a la cuenta "6301006 Diferencias de cambio sobre el capital adeudado por financiamiento del exterior con empresa vinculada "según los importes y saldos informados por la propia empresa, que conforme señaló; se trata de la variación del tipo de cambio de los préstamos con las empresas del grupo (Umicore Finantial Services), surgiendo del comparativo de la variación cambiaria al inicio y al cierre. Asimismo, conforme lo expresado en el informe de fiscalización de la Orden de Intervención antecedente; las diferencias de cambio mencionadas se encuentran dentro del monto final computado en los Estados Contables.
En relación al planteo efectuado sobre la determinación de los intereses, es dable señalar que, a la luz de los elementos analizados, los intereses computados por la actora en sus declaraciones juradas originados en los importes recibidos de su vinculada del exterior no resultan deducibles. Ello en virtud de que, dichos montos se corresponden a aportes de capital y no a pasivos, considerándose por lo tanto que los intereses deducidos se corresponden a dividendos que no resultan deducibles en la determinación del impuesto.
Añade como conclusión final que es dable advertir que la actora no incorpora nuevos elementos de juicio que permitan desvirtuar las imputaciones formuladas en la resolución. Hace reserva de la cuestión federal. Menciona jurisprudencia que entiende aplicable al caso, se opone a la producción de la prueba ofrecida por la actora. Por lo expuesto, solicita se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas a la actora.
III. Que mediante PV-2022-89038364-APN-VOCV#TFN se resuelve declarar que deviene inoficiosa la audiencia prevista en el artículo 173 de la Ley Nº 11683, t.o. vigente. Asimismo se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba pericial contable, pericial de comercio y la prueba informativa. En PV-2022- 99792932-APN-VOCV#TFN, IF-2022-103211891-APN-SGAI#TFN, IF-2022-127987498-APN-SGAI#TFN, IF- 2022-127976188-APN-SGAI#TFN, IF-2022-132302691-APN-SGAI#TFN, IF-2023-61584335-APN-SGAI#TFN obra la producción de la prueba informativa.
En IF-2022-135355847-APN-DTD#JGM obra producción de prueba pericial de comercio exterior. En IF-2023- 91240968-APN-DTD#JGM y en IF-2023-91241161-APN-DTD#JGM obra prueba pericial contable.
En PV-2023-124186811-APN-VOCV#TFN se clausura la etapa probatoria. Contra dicha providencia la actora interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio mediante IF-2023-126932844-APN-DTD#JG, argumentando que se encontraba pendiente de producción una medida de prueba. Al respecto mediante PV-2023- 129058751-APN-VOCV#TFN se resolvió no hacer lugar al recurso de revocatoria deducido por la actora señalando que la apertura a prueba del expediente se dictó el 25/08/22, donde se hizo lugar a la prueba ofrecida por la recurrente en su recurso de apelación, para la cual debió prever efectuar el impulso correspondiente en el tiempo allí estipulado y que sin perjuicio que el diligenciamiento de un exhorto diplomático es un trámite que requiere un plazo mayor que otros medios probatorios, lo cierto es que como la propia parte lo señalaba hacía 6 meses que había efectivizado el diligenciamiento y desde entonces no había instado su producción ni solicitado la ampliación del período probatorio en los términos del artículo agregado a continuación del art. 173 del mismo texto legal.
No obstante ello, si bien se mantuvo lo resuelto PV-2023-124186811-APN-VOCV#TFN, es decir la clausura del período probatorio, se aclaró que ello era así, sin perjuicio de la agregación de las pruebas que puedan llegar a practicarse hasta la etapa de alegatos (en virtud de lo dispuesto en el art. 384 del CPCCN).
Por PV-2023-134245300-APN-VOCV#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala “B”. Ahora bien, la parte actora interpuso recurso de queja ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal radicada bajo los autos “INCIDENTE Nº 1 - ACTOR: UMICORE ARGENTINA SA (TF 29291072-I) S/RECURSO DE QUEJA” (Expte. CAF 43648/2023/1), habiéndose requerido por el Superior, vía DEOX, la remisión digital del presente expediente (vide IF-2023-142500457-APN-VOCV#TFN).
Que estando pendiente de resolución la queja ante la Alzada, la recurrente solicitó y acreditó diversas medidas para la producción del exhorto pendiente. Finalmente en IF-2024-119151381-APN-DTD#JGM, IF-2024- 119151027-APN-DTD#JGM obra agregada la respuesta de la firma oficiada mediante el exhorto en cuestión, la cual en virtud de lo oportunamente resuelto por la instrucción y no habiéndose producido hasta ese momento los alegatos, se lo tuvo por agregado.
Con fecha 22/04/2025 la Alzada resolvió rechazar la queja interpuesta, señalando que las normas de procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación fueron objeto de modificación por conducto de la Resolución N.° 91/2023, que resolvió aprobar el nuevo reglamento en la materia, mediante la publicación del Anexo (IF- 2023-74067906- APN-TFN#MEC) del Acta de la Acordada del 28/06/23 (IF-2023-74549937-APNTFN#MEC). De tal modo, si bien el trámite fue iniciado durante el año 2022, esta constituye una norma procesal que, por principio, es de aplicación inmediata a los procesos en trámite (cfr. Fallos: 323:1285; 324:1411 y 326:2095, entre muchos otros). Así las cosas, en virtud del artículo 61 del reglamento aludido (que replicó, en esencia, el criterio del artículo 71 del Acordada N.º 840), es terminante en punto a que son inapelables las resoluciones del Juez (el Tribunal Fiscal de la Nación, en este caso) sobre produccion, denegacion y sustanciacion de las pruebas y que, más allá de las particularidades que presentó el trámite del exhorto implicado, resulta improcedente que ese Tribunal examine las circunstancias facticas que llevaron al sentenciante a decidir como lo hizo (cfr. esa Sala in re “Recurso de queja de EIDICO S.A. en autos EIDICO S.A. c/Dirección General Impositiva”, expte. N.º 22019/2017/1, sentencia del 09/05/17).
Mediante IF-2025-61913212-APN-VOCV#TFN pasan los autos para alegar. En IF IF-2025-68416968-APN- DTD#JGM y RE-2025-66564856-APN-DTD#JGM obran el alegato del Fisco Nacional y el de la actora, respectivamente. Finalmente en IF-2025-72131828-APN-VOCV#TFN se llaman los autos a sentencia.
IV. Que de los antecedentes administrativos y la resolución apelada surge que el cargo se originó como consecuencia de la fiscalización llevada a cabo bajo la Orden de Intervención N° 1.748.204 donde surge la necesidad de profundizar en la inconsistencia detectada respecto del cómputo de las diferencias de cambio generadas por el capital adeudado en el exterior.
Teniendo en cuenta lo expuesto, con fecha 15/11/2019, se notificó el inicio de la orden de intervención N° 1.825.307 relativa al Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2014, 2015 y 2016 mediante F8000/1 N° 0210002019078847907 (fs. 2, 4 y 5 del Cuerpo N° 1 de Impuesto a las Ganancias). En dicha ocasión, se notificó además, requerimiento en F.860011 N° 0210002019078848004, en el cual se le solicitó: 1) Libros mayores de las deudas con proveedores del exterior, donde se puedan observar claramente los pagos efectuados, las diferencias de cambio generadas (tanto para capital como para intereses) y los saldos al cierre, anexando de ser necesario los papeles de trabajo correspondientes, y 2) apertura de los Ajustes al Resultado Contable computados en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias por los ejercicios 2014, 2015 y 2016, con la descripción en particular de las valuaciones de los ajustes que tengan origen en las deudas del exterior. (fs. 3, 4 y 5 del Cuerpo N° 1 de Impuesto a las Ganancias).
En primera instancia, el 27/11/2019, se solicitó una prórroga de diez (10) días para dar cumplimiento a lo requerido (fs. 8 del Cuerpo N° 1 de Impuesto a las Ganancias). A continuación, con fecha 13/12/2019, se recibe respuesta parcial a lo solicitado, presentando detalle de los ajustes al resultado contable de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, y solicitando una nueva prórroga para cumplimentar el punto 1) del requerimiento citado en el párrafo precedente (fs. 10 a 14 del Cuerpo N° 1 del Impuesto a las Ganancias). Es así que, el 03/01/2020, la firma aporta resúmenes de movimientos de varias cuentas contables, con los cuales la inspección actuante confeccionó papel de trabajo que obra a foja 112 para una mejor visualización (fs.15 a 112 del Cuerpo N° 1 de Impuesto a las Ganancias).
Es menester señalar que, en el marco de las tareas realizadas bajo la Orden de Intervención N° 1.748.204, el apoderado de la empresa, Sr. Gustavo Bejarano DNI N° 16.580.332, expresó, en acta obrante a fs. 321 del Cuerpo N° 2 de Impuesto a las Ganancias 01 N° 1148.204, que los intereses por pasivos con las empresas vinculadas del exterior ajustados a los resultados contables, se corresponden únicamente con el préstamo financiero mantenido con "Umicore Financial Services". Asimismo, manifestó que los citados intereses incluyen diferencias de cambio, y agrega que, no obstante, no se ajustan diferencias de cambio por los saldos impagos de capital. Así las cosas, con el objeto de determinar el monto de las diferencias de cambio que derivan del capital adeudado en el exterior, la Fiscalización procedió a analizar la información aportada de los movimientos de las cuentas. Para ello, se solicitó a la firma una descripción conceptual de cada una de ellas, a lo cual informaron: - Cuenta 1106032: Variación cambial no realizadas - anticipo proveedores del extranjero: Son variaciones del tipo de cambio por pagos efectuados de anticipos a proveedores del exterior sin que el trabajo esté terminado. -Cuenta 5201004: Variación cambial no realizadas a fin de mes proveedores locales (ganancia): Variaciones del tipo de cambio positiva a proveedores locales por facturas no abonadas.
-Cuenta 6301004: Variación cambial no realizadas a fin de mes proveedores locales (pérdida): Variaciones del tipo de cambio negativa a proveedores locales por facturas no abonadas.
-Cuenta 2102403: Variaciones de cambio no realizadas proveedores extranjeros terceros (empresas fuera del grupo): Variaciones del tipo de cambio a proveedores del extranjero no pertenecientes al grupo por facturas no abonadas.
-Cuenta 2102503: Variaciones de cambio no realizadas proveedores extranjeros intercompany (empresas dentro del grupo): Variación del cambio a proveedores extranjeros pertenecientes al grupo (intercompanies) por facturas no abonadas.
-Cuenta 5201003: Variación cambial realizadas proveedores locales (ganancia): Por variaciones cambiales positivas a proveedores locales por facturas ya abonadas.
-Cuenta 6301003: Variación cambial realizadas proveedores locales (pérdida): Variaciones de cambio negativa a proveedores locales por facturas ya abonadas.
-Cuenta 6301006: Variación del tipo de cambio de los préstamos con las empresas del grupo (Umicore Financial Services): Es la revaluación del capital de los préstamos, de los que solo se pagan intereses, no capital, al final de cada mes.
Se observó que la cuenta 6301006 se corresponde con las diferencias de cambio generadas por el capital del préstamo que la contribuyente mantuvo con su vinculada del exterior "Umicore Financial Services", de la que no se verifican pagos efectuados con destino a la cancelación del capital de los mismos. Respecto a los intereses, la inspección concluyó que, si bien se manifestó que se efectuaron cancelaciones parciales, de los elementos obrantes en las actuaciones, no se pudo determinar la existencia de pagos destinados a cancelar intereses por los préstamos recibidos.
Asimismo, resulta importante destacar que en la fiscalización que diera origen a la presente, fueron aportados los contratos suscriptos por tales pasivos, componiéndose de cuatro (4) préstamos por 1.000.000 USD; 1.500.000 USD; 1.200.000 USD; y 3.500.000 USD; recibidos el 14/02/07, 04/07/08, 31/08/10, y 22/12/10 respectivamente. Según los contratos aportados en su oportunidad, fueron haciendo extensiones adicionales de plazo sobre los empréstitos otorgados.
Otro aspecto que llamó la atención de los fiscalizadores son los índices de endeudamiento (Pasivo total / patrimonio neto) que en todos los períodos analizados son superiores a 1, por lo que los pasivos resultan superiores al patrimonio de la empresa. Asimismo, los índices de liquidez corriente (Activo corriente/ Pasivo corriente) resultan inferiores a 1, lo cual refleja que la empresa no cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a las deudas, analizándolo en términos corrientes, ya que la deuda con la vinculada del exterior es computada como pasivo corriente.
Por otro lado, con la intención de analizar la conducta posterior de la firma, se consultaron los Estados Contables de los ejercicios 2017, 2018 y 2019. En todos ellos, el monto del capital de la deuda financiera en dólares se mantuvo sin cambios, es decir los 7.200.000 USD no fueron cancelados. En los Estados Contables del período 2019 se hace especial referencia al tema en la nota 4 (foja 37f) M Cuerpo N° 2 de Impuesto a las Ganancias): "Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de deudas financieras con la sociedad Umicore Financial Services se componía de 4 préstamos por la suma total de usd 7.200.000 de capital con vencimientos en los meses de enero, febrero, junio y diciembre de 2019. Dichos préstamos al vencimiento fueron renovados y los vencimientos se producirán en los meses de mayo y noviembre de 2020, mayo, noviembre y diciembre de 2021, y febrero de 2022. Al 31 de diciembre de 2019 el saldo asciende a usd 7.403.960 en concepto de capital e intereses devengados." La fiscalización indica que se observa con claridad que la intención es mantener la deuda, ya que los vencimientos fueron prorrogados constantemente. Esta situación también resulta beneficiosa impositivamente en comparación a lo que sería la tenencia de un préstamo en el mercado financiero regular. El hecho de mantener una deuda de estas características permite a la contribuyente el cómputo constante de pérdidas por diferencias de cambio pagadas para la determinación del resultado impositivo en la liquidación del Impuesto a las Ganancias Que respecto a la aplicación de las sumas de dinero recibidas del exterior, el Fisco entiende que las mismas se destinaron directamente al apalancamiento de la actividad comercial y operativa de la firma, teniendo en cuenta la magnitud de los empréstitos, pudieron resultar necesarios para el desarrollo de la misma al momento de su concreción (2007, 2008 y 2010). En el ejercicio 2010, último año donde recibió préstamos del exterior, el nivel de costos y gastos superó el ingreso por ventas (CMV + Gtos: $39.977.820 y Ventas $ 33.949.603). Asimismo, en el estado de flujo de efectivo, se observó que la obtención de deudas bancarias y financieras fue una inyección positiva importante dentro de las causas de la variación del efectivo (fs.412 del Cuerpo NC 3 de Impuesto a as Ganancias).
En base a todo lo expuesto, y a los elementos obrantes en autos, el Organismo Fiscal concluyó que la financiación recibida por parte de la firma vinculada del exterior corresponde ser considerada como un aporte de capital y no como un pasivo.
V. Que entrando al análisis de la cuestión sometida a decisión de este Tribunal, corresponde en primer lugar señalar que no se encuentra cuestionado que la actora celebró cuatro contratos de préstamos con la empresa del exterior “Umicore Financial Services”, los que fueron aportados en sede administrativa, tal como lo reconoce el propio juez administrativo en el acto recurrido (vide página 14 del mismo). No se observa que el Fisco Nacional cuestione dichos contratos desde lo formal ni el ingreso de los fondos, los que por otra parte se encuentran registrados en la contabilidad de la recurrente conforme surge del punto 3 de la prueba pericial producida en autos (vide IF-2023-91240968-APN-DTD#JGM).
Tampoco se encuentra discutido por el Fisco Nacional que dichos contratos no hubieran sido pactados de acuerdo al principio de operador independiente, ni se advierte que se hubiera cuestionado el estudio de precios de transferencia presentado oportunamente por la recurrente, a los que se refiere el punto 12 de la pericial contable, del que se desprende que las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional han sido analizadas en los mismos y han sido consideradas como operaciones pactadas en condiciones arm´s length.
Con la prueba pericial contable (punto 4) se acredita que las dos primeras remesas de fondos recibidos fueron aplicados a la inversión en bienes de uso, la cual fue complementada con financiación local, que en parte se destinó al pago de inversiones en bienes de uso. El tercer ingreso de fondos habría sido destinado a la cancelación de un préstamo anterior por igual importe y el cuarto fue destinado a financiar los pasivos por compras de materias primas (capital de trabajo).
También queda acreditado con el punto 5 de la pericial contable que la firma del exterior “Umicore Financial Services” no ha formado parte de los accionistas de Umicore Argentina S.A.
Por su parte, el punto 6 de la citada pericia da cuenta de la existencia de pagos de intereses por los préstamos obtenidos de Umicore Financial Services. El punto 9 explicita la existencia de deudas por préstamos con entidades bancarias locales consignando los montos en pesos de las mismas.
Por su parte, la prueba informativa producida por el BCRA en PV-2022-99792932-APN-VOCV#TFN da cuenta que durante los años 2006 a 2010 las entidades financieras podían otorgar financiaciones en moneda extranjera a empresas locales con ajuste a lo dispuesto en la Sección 2 de las normas de Política de Crédito (Comunicación A 4311 y sus modificatorias), esto es, únicamente para aplicarse al comercio exterior y sus actividades vinculadas, tales como prefinanciación y financiación de exportaciones, financiaciones a productores, procesadores o acopiadores de bienes con contratos de venta en firme de la mercadería a un exportador, y financiaciones a productores de bienes para ser exportados.
También por vía de informativa se encuentra acreditado el intento de la recurrente de cancelar el capital, no configurándose por lo tanto la vocación de permanencia que presume el Fisco. En efecto, de la prueba informativa producida en esta instancia al Banco ICBC obrante en IF-2023-33260802-APN-SGAI#TFN se desprende que "UMICORE solicitó autorización para la devolución del capital prestado por UFS en el año 2020. Se adjunta información respaldatoria y números de expedientes. Asimismo, le hacemos saber que a la fecha no se ha dado la autorización respectiva por parte del Banco Central de la República Argentina, siendo que al momento la empresa de referencia abona únicamente los intereses según la normativa vigente, toda vez que el capital no se ha podido saldar debido a las restricciones implementadas por el BCRA.”. De lo expuesto se advierte que resultan sin sustento las afirmaciones del Fisco Nacional por las que sostiene que se observa la inexistencia de la intención de restituir los fondos por parte de la actora.
En el mismo sentido, de manera redundante, la respuesta al exhorto a la empresa Umicore Financial Services (UFS) obrante en IF-2024-119151381-APN-DTD#JGM y su correspondiente traducción, da cuenta que debido a las restricciones impuestas por el Banco Central de la República Argentina, se ha demorado el reembolso del capital por parte de Umicore Argentina S.A. Los pagos de intereses también han sido afectados por estas restricciones en los años 2022, 2023 y 2024. Como consecuencia, persiste la imposibilidad de cumplir puntualmente con el servicio de la deuda con Umicore Financial Services NV/SA (UFS). Tanto el Préstamo como los intereses de la Deuda continúan contabilizándose en los libros de UFS como cuentas por cobrar. Asimismo se destaca en dicha respuesta que el objeto social de UFS es proveer financiación a las empresas del grupo Umicore sin convertirse en accionista. Aunque su estatuto permitiría en teoría la participación en otras empresas cuando ello beneficie el objeto social de UFS, en la práctica, UFS nunca ha tenido una participación accionaria en otras empresas. UFS no es accionista de Umicore Argentina S.A., ya que el 100% de las acciones son propiedad de Umicore NV/SA, la empresa matriz de Umicore, que cotiza en bolsa.
Por otra parte en el exhorto, respecto de si los intereses pactados con Umicore Argentina S.A. han sido objeto de análisis de precios de transferencia en Bélgica, se destaca que la metodología de precios de transferencia aplicada para los pagos de intereses ha sido aprobada por la Comisión Belga de Acuerdos Fiscales Previos (Advance Tax Ruling), lo que la hace vinculante para el inspector fiscal belga (siempre que la metodología se haya aplicado correctamente, como es el caso). En consecuencia, estos estudios y las tasas de interés no han sido cuestionados por la autoridad fiscal del Reino de Bélgica.
De lo hasta aquí expuesto cabe concluir que resultan aplicables los fundamentos expuestos por la Procuración en la causa “Transportadora de Energía S.A.” y que fueran compartidos por la Excma. Corte Suprema de Justicia, con fecha 26/12/2019, esto es: “...del mero incumplimiento de un acuerdo no se puede derivar sin más y sin considerar las circunstancias de cada caso, una mutación en la naturaleza jurídica de un instituto, ya que ello importaría, derechamente, dejar librada la sustancia jurídica de todo acto a lo que pudiera suceder a la postre, es decir supeditando toda conclusión a lo que los hechos ulteriores determinasen”. En el mismo caso se agrega: “...debo poner de manifiesto que el Fisco ha privado de toda relevancia al hecho de que, precisamente por tratarse de dos empresas fuertemente vinculadas entre si, se han respetado todos los lineamientos legales a fin de evitar la aplicación de normas correctivas de estas situaciones -las que, básicamente, buscan evitar el fraude fiscal-.
De esta manera, los contratos fueron celebrados atendiendo las pautas relativas a la independencia de las partes -aportando los respectivos estudios de precios de transferenciay las normas que regulan el problema de la infracapitalización. Debe ponerse de resalto que en momento alguno el Fisco cuestionó el accionar de ambas firmas desde esta perspectiva de las normas anti fraude”. Se agrega allí que: “...el principio de la realidad económica, previsto en los ya citados arts. 1º y 2º de la ley de rito fiscal, ha sido tratado en reiteradas ocasiones por V.E., como por ejemplo en la causa de Fallos: 328:130, “Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe v. Dirección General Impositiva”, del 22/2/2005, en el que afirmó que “para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 2º de la ley 11.683).
Ello, en consonancia con el principio de la realidad económica, al que alude el art. 1º del citado ordenamiento”. Y para la aplicación del instituto se requiere que existan motivos serios por los cuales quepa dejar de lado la configuración de un determinado negocio jurídico para reencuadrarlo en aquel otro que mejor se adecue a la sustancia económica del asunto o a la auténtica intención jurídica de las partes intervinientes, circunstancias que, por lo ya expuesto, considero que no se hallan en la presente especie”. A igual conclusión corresponde arribar en la causa en estudio.
Al respecto se agrega en el precedente que se viene analizando que “Además, también ha dicho con firmeza esa Corte, en Fallos: 319:3208, "Autolatina Argentina S.A. (T.F. 12.463-I) v. Dirección General Impositiva", del 27/12/1996, que "sin desconocer la significativa importancia que tiene en esta materia el principio de la 'realidad económica', su aplicación no puede conducir a desvirtuar lo establecido específicamente por las normas legales que regula concretamente la realidad tributaria. Una conclusión contraria afectaría el principio de reserva o de legalidad (...), supondría paralelamente un serio menoscabo al de seguridad jurídica (...), e importaría prescindir de la 'necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria' (...)". Ello así, en función de la doctrina emanada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación antes referida, cabe concluir que los argumentos del Fisco Nacional no se encuentran debidamente sustentados, por lo que corresponde revocar la resolución apelada en autos, con costas.
Por ello, SE
Revocar el acto apelado, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.07.10 10:21:47 ART Date: 2025.07.10 13:22:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.07.10 13:24:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.10 13:25:15 -03:00
Fin de la sentencia