Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que a fs. 37/61 Coast Fish S.R.L. interpone recurso de apelación conforme art. 76 inc. b) de la ley 11.683 contra los actos dictados con fecha 04/08/2017 por el Jefe (int.) de la División Fiscalización N°2 de la Dirección Regional Mar del Plata de la AFIP-DGI, a través de los cuales se le hizo saber a la actora de la impugnación de los reintegros que oportunamente le fueran efectuados en concepto de crédito fiscal en el impuesto al valor agregado –IVA– atribuibles a operaciones de exportación, por los períodos 09/2013 a 12/2014.
Ello así, en virtud de que con arreglo a las verificaciones efectuadas la demandada determinó la improcedencia de los referidos créditos fiscales, razón por la que se intimó a la recurrente a la devolución de la suma de pesos un millón noventa mil doscientos noventa con dieciséis centavos ($1.090.290,16) con más sus respectivos intereses.
Dichas intimaciones fueron notificadas el 09/08/2017 mediante el acta Formulario F.8400/L N° 0350002017045567101 y sus respectivos Anexos: 1) 605816: período 09/2013 por un importe de $30.240,00; 2) 605817: período 10/2013 por un importe de $67.791,95; 3) 605846: período 11/2013 por un importe de $80.824,38; 4) 605848: período 12/2013 por un importe de $51.855,53; 5) 605849: período 01/2014 por un importe de $27.847,09; 6) 605850: período 02/2014 por un importe de $ 86.268,00; 7) 605818: período 03/2014 por un importe de $94.973,43; 8) 605819: período 04/2014 por un importe de $46.618,57; 9) 605820: período 05/2014 por un importe de $74.276,21, 10) 605821: período 06/2014 por un importe de $42.542,13; 11) 605962: período 07/2014 por un importe de $70.247,26; 12) 605823 período 08/2014 por un importe de $58.965,81; 13) 605825: período 09/2014 por un importe de $50.761,62; 14) 605826: período 10/2014 por un importe de $71.886,02; 15) 605827: período 11/2014 por un importe de $100.486,89 y 16) 605828: período 12/2014 por un importe de $134.705,97. Manifiesta que la razón por la cual el Fisco Nacional intimó al ingreso de las citadas sumas obedece a la impugnación de los créditos fiscales relacionados con el proveedor “Fishermen SRL”, por haberlo considerado apócrifo.
Explica que oportunamente procedió conforme lo previsto en la resolución general (AFIP) 2000 - reglamentaria del artículo 43 de la ley del IVA- a fin de obtener el reintegro de los créditos fiscales de los períodos fiscales antes detallados.
Afirma que este Tribunal es competente para entender en la litis debido a que el proceder del Fisco Nacional deja entrever un verdadero acto determinativo del gravamen.
Sostiene que los actos administrativos apelados fueron dictados en el marco de la orden de intervención N°1490866, la cual a la postre -dice- habrá de derivar en un procedimiento de determinación de oficio; siendo ello así la competencia del Tribunal Fiscal resulta de la inescindible conexidad conceptual, económica y jurídica que ambos tipos de actos administrativos -los apelados y los que eventualmente habrán de dictarse en el futuro- guardan entre sí.
Plantea la nulidad del acto administrativo por cuanto en las resoluciones apeladas no constan los motivos por los cuales el proveedor en cuestión es considerado apócrifo y, además, porque en la medida que las citadas resoluciones están firmadas por un juez administrativo que no es abogado (C.P.N. Marcelo Rubén Coustere), se requería obligatoriamente la emisión de un dictamen jurídico previo.
Indica que no existen elementos ni fundamentos legales para la procedencia de la impugnación de las operaciones documentadas en las facturas observadas, con la salvedad de que solo se hace una remisión al momento de ser cargadas en la base E-APOC, pero no por ser el resultado de una tarea investigativa llevada a cabo a los efectos de demostrar en el caso concreto la existencia o no de capacidad operativa para desarrollar las operaciones facturadas.
Señala que cuando el Fisco Nacional objeta un crédito fiscal o realiza la tacha de proveedor apócrifo, no puede basarse en cuestiones fácticas (incumplimiento de requerimiento, no ubicación del proveedor, domicilio fiscal desconocido, falta de presentación de DDJJ, ausencia de bienes registrables) que atañen a la actividad fiscalizadora que desarrolla con exclusividad; menos aun cuando ni siquiera ha realizado la más mínima acción inspectora sobre el proveedor impugnado para pretender cobrar sus acreencias. Destaca que a la fecha del perfeccionamiento de las operaciones el proveedor cuestionado no se encontraba en la base E-APOC y que quien consulta dicha base supone que los que en ella figuran son realmente emisores de comprobantes apócrifos que han sido acusados, se han defendido y han sido condenados; pero ello no es así en el caso cuestionado.
Subsidiariamente impugna el monto intimado por entender que se omitió descontar de las sumas reclamadas las retenciones de IVA practicadas por Coast Fish S.R.L. al proveedor Fishermen S.R.L. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, solicita que se revoquen los actos administrativos apelados y, subsidiariamente, para el supuesto de que el Tribunal se declare incompetente, se reconduzca el recurso al previsto en el artículo 74 del Decreto 1397/79. Formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 71/87 contesta el Fisco Nacional el traslado del recurso conferido. En el apartado IV plantea como de previo y especial pronunciamiento la incompetencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en el asunto.
Destaca que los actos apelados carecen de la naturaleza de “acto determinativo”, de “imposición de sanción” o de “dictado en reclamo de repetición”, razón por la cual niega la competencia de este Tribunal. Sostiene que no obsta a lo expuesto el dictado del plenario “Las 2 C SA (TF 25.214-I)” por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal el 26/06/2017, en el cual –afirma– el voto mayoritario ha prescindido de cualquier análisis respecto de la naturaleza de los créditos que nos ocupan, como así también de su relación con el IVA.
Interpreta que las consideraciones expuestas por la Alzada en el plenario se tornan infructuosas a poco que se tenga en cuenta que los preceptos que fijan la competencia del Tribunal Fiscal deben interpretarse con criterio restrictivo.
En cuanto a la nulidad cita jurisprudencia y señala que los actos apelados sólo poseen el carácter de “simples notas” y por ello la presencia del dictamen jurídico se hace innecesaria e irrelevante. Puntualiza que los actos notificados son intimaciones de pago de los reintegros de crédito fiscal de IVA indebidamente cobrados y/o compensados por lo que corresponde la aplicación del art. 14 de la ley 11.683 y no lo establecido en los artículos 16 y 17 –procedimiento de determinación de oficio– aplicables cuando se determina materia imponible, ya sea en caso de falta de presentación de declaraciones juradas o cuando resultan impugnables las presentadas.
Agrega que al desarrollarse los cargos formulados se han identificado precisa e inequívocamente todos los aspectos que hacen al tema en controversia, así como el tratamiento impositivo dispensado por la responsable, es decir, se han expuesto claramente los hechos y el derecho en que se apoya el Organismo tendiente a su demostración.
Ratifica plenamente el contenido de las notas apeladas por resultar ajustadas a derecho conforme surge de los antecedentes administrativos que obran a fs. 64/76 del Cuerpo de Verificación Impugnación de Reintegros donde consta el informe de inspección del proveedor Fishermen S.R.L. y se describe su perfil para el informe de carga a la base E-APOC del cual surgen serias evidencias de inconsistencias e irregularidades -fs. 34/43 del Cuerpo Aux. N°3-.
Por otra parte, resalta que se le notificó Acta a la contribuyente Fishermen S.R.L. en su domicilio fiscal informándole la cadena de irregularidades detectadas que merituarían su inminente carga en la base E- APOC a partir del 12/2011, a efectos de que aporte pruebas para modificar lo constatado por AFIP y/o que reviertan dicho carácter, no habiendo dado respuesta a la misma.
Cita jurisprudencia, se opone a la prueba de la actora toda vez que no ha sido aportada en la instancia administrativa conforme lo dispuesto en el art. 166 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), formula reserva del caso federal y, solicita que se haga lugar a la excepción opuesta, con costas.
III. Que a fs. 92 se corre traslado a la actora de la excepción de incompetencia opuesta por el organismo recaudador, el cual es contestado a fs. 93/98.
Rechaza los argumentos vertidos por la contraria, afirmando que el Tribunal Fiscal es competente para entender sobre el particular.
Afirma que los actos apelados más allá de su forma constituyen verdaderas determinaciones de impuestos. Detalla cada uno de los pasos que ha seguido la administración para librar los actos apelados, destacando que la misma involucró una operación interpretativa y de cálculo materializada en una determinación tributaria que modifica en su sustancia el impuesto declarado por el contribuyente.
Invoca el plenario de la Alzada “Las 2 C SA (TF 25.214-I)” y tacha de inconstitucionalidad a los artículos 212 y 234 de la ley 27.430 al afectar el principio de unicidad del acto administrativo y así vulnerar la garantía del debido proceso y del derecho de defensa.
Cita jurisprudencia y solicita que se rechace la excepción opuesta por el Fisco Nacional.
IV. Que a fs. 101 se elevan las actuaciones a consideración de la Sala “B” y se ponen a sentencia, resolviéndose que este Tribunal resulta competente para entender en estos autos, conclusión a la que se arriba luego del análisis de la normativa y de la jurisprudencia existente. Resumidamente se basó en que:
i) COAST FISH S.R.L. interpuso el recurso de apelación ante este Tribunal cuando aún no se encontraba vigente el nuevo texto de la ley 11.683 (reformado por la ley 27.430; B.O. 29/12/2017);
ii) no correspondía denegar la competencia de este Tribunal en razón de lo normado en el art. 76 inciso b) (t.v.) de la ley de procedimiento tributario, ya que al momento de apelarse los actos administrativos en cuestión se encontraba aún vigente la doctrina legal del fallo plenario “Curtiembre Fontela y Cía S.A.C.I” de este Tribunal;
iii) la Corte Suprema se ha expedido en materias que guardan semejanza con la de autos y ha dicho que “según el principio de la llamada “perpetuatio jurisdictionis”, la competencia se determina de acuerdo con las normas vigentes al momento de iniciarse el proceso, la cual queda fijada e inmutable hasta el final del pleito” (Fallos: 338:419).
V. Que a fs. 112 se da traslado a la parte actora de la oposición a las medidas probatorias planteada por el Fisco Nacional y a fs. 114 se cita a las partes a una audiencia preliminar de prueba para el día 04/12/2018, atento a que de los escritos de inicio y de responde surgían hechos controvertidos y ofrecimiento de medidas probatorias respecto de las cuales las partes habían manifestado divergencias en cuanto a su pertinencia y viabilidad.
Que a fs. 117 obra acta de la audiencia celebrada, a la que comparece la Dra. María Gabriela Mosqueira en representación del Fisco Nacional y no presentándose la parte actora, por lo que el Tribunal resuelve hacer lugar a la oposición formulada por la representación fiscal y disponer que la causa se resolvería con las constancias de autos y las que obran en las actuaciones administrativas.
VI. Que visto el estado de autos, a fs. 147 se elevan a consideración de la Sala “B”, y a fs. 152 se ponen para el dictado de sentencia.
VII. Que por una cuestión de lógica precedencia, corresponde resolver la nulidad opuesta por la actora, con fundamento en que para el dictado de los actos en crisis el Fisco Nacional no siguió el procedimiento fijado por el art. 16 y siguientes de la ley de procedimiento tributario, además de señalar que no se habría cumplido con la emisión del dictamen jurídico previo establecido en el art. 10 del decreto 618/97 y que los mismos carecen de motivación.
En efecto, se agravia la actora por el hecho de que en las resoluciones apeladas no constan los motivos de la impugnación de las facturas del proveedor considerado apócrifo y además, por cuanto estando firmadas por un juez administrativo que no es abogado se omitió el dictamen jurídico previo.
Asimismo, considera que no existen elementos ni fundamentos legales para la procedencia de la impugnación de las operaciones documentadas en las facturas observadas sino tan solo remisiones al momento de ser cargadas a la base E-APOC, pero no por ser el resultado de una tarea investigativa a los efectos de demostrar la existencia o no de capacidad operativa para desarrollar las operaciones facturadas. Agregando que se presume la inexistencia de capacidad operativa por tareas realizadas en oportunidad de verificar la veracidad por otras operaciones pero no porque dicha situación se haya constatado respecto de las realizadas con Coast Fish S.R.L.
Estos argumentos no pueden prosperar en el caso.
En primer lugar, es dable destacar que, como es sabido, “…la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo.
Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide” (Cfr. "Anteurquiza, Hugo Ramón" - CNACAF - Sala IV, 26/03/1992).
Que la actora sustenta la misma en que, dada la incumbencia profesional del funcionario que suscribe los actos aquí apelados -un contador público-, su dictado debía ineludiblemente estar precedido de la emisión de un dictamen jurídico, que a su entender, constituía un requisito esencial de validez.
Que en tales condiciones -sostiene- se habría incumplido con uno de los presupuestos esenciales para la emisión del acto determinativo que establece el art. 17 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.), afectándose de este modo su derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso. Cabe consignar que si bien el dictamen jurídico o legal resulta un requisito esencial del procedimiento administrativo -cuando así es estipulado por ley- y su omisión podría implicar la nulidad del acto dictado en esas condiciones, lo cierto es que en este caso en particular se trata de intimaciones a restituir reintegros de créditos fiscales percibidos -indebidamente, según el Fisco Nacional- por el recurrente, llevadas a cabo con arreglo al procedimiento previsto por el art. 14 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Que cabe recordar que dicha norma establece que “...cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado, conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditaciones de saldos a favor propios o de terceros o el saldo a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos se cancele o se difiera impropiamente (certificados de cancelación de deuda falsos, regímenes promocionales incumplidos, caducos o inexistentes, cheques sin fondo, etc.), no procederá para su impugnación el procedimiento normado en los artículos 16 y siguientes de esta ley, sino que bastará la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o de la diferencia que generen en el resultado de dicha declaración jurada”.
Al respecto, cabe aclarar que los inspectores indican que del relevamiento de las operaciones de compras a proveedores apócrifos según la base “consulta Sicore”, y la base E-APOC, observaron que existen numerosas compras efectuadas al proveedor cuestionado -Fishermen S.R.L.- que fueron incluidas en las respectivas solicitudes de reintegros de créditos fiscales por operaciones de exportación. Con la elección de la vía de reclamo escogida, queda claro que para el funcionario firmante de las intimaciones aquí apeladas éstas constituían meros actos de recaudación y por ello no se requería de un dictamen jurídico previo para su emisión, como tampoco era pertinente seguir el procedimiento reglado por el art. 17 de la ley procedimental.
En ese sentido, tiene dicho la Alzada que “El dictamen jurídico previo no es requisito esencial (…) ya que el término “resolución” que menciona el art. 10 de la ley 11.683, viene referido a las recaídas en determinaciones de oficio de la materia imponible y gravámenes correspondientes, en las repeticiones, en la aplicación de multas y en los recursos de reconsideración a que se refiere concretamente el art. 9°, inc. a), de la misma ley” (CNACAF, Sala IV, “Cierrelandia S.A”, 16/02/1982).
De lo dicho hasta aquí puede advertirse que las intimaciones efectuadas al amparo del art. 14 de la ley procedimental no encuadran como actos vinculados a los procedimientos enumerados en el art. 9 inc. b) del Decreto 618/97, por lo que la nulidad fundada en que el acto en crisis fue emitido sin haberse dictado el dictamen jurídico previo no puede prosperar.
Que tampoco procede la defensa de nulidad intentada con sustento en que se habría visto afectado en su derecho de defensa al no haberse seguido el procedimiento de determinación de oficio.
Conforme lo ha sostenido nuestro más Alto Tribunal “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52; 267:393 entre otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249; consid. 5 y sus citas).
Que por lo demás, es sabido que “Para que proceda la declaración de nulidad de un acto procesal es presupuesto ineludible que el vicio denunciado, como fundamento de aquélla, sea susceptible de ocasionar un efectivo perjuicio al litigante que la invoca” (Fallos 249:348) y, del análisis puntual del agravio planteado por la recurrente en este aspecto, no llegan a advertirse las defensas de que se ha visto privada de articular a los fines de hacer valer sus derechos.
En cuanto al planteo que formula la actora con relación a que los actos carecen de la debida fundamentación, cabe señalar que las intimaciones impugnadas cumplen con los requisitos externos de validez, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el Fisco Nacional al valorar las circunstancias fácticas y/o jurídicas, cuestión que será analizada en los considerandos siguientes. En efecto, en cada una de las intimaciones notificadas se indica en forma precisa: i) el período fiscal, ii) el importe cuyo reintegro fuera oportunamente solicitado, iii) el régimen mediante el cual fuera tramitado, iv) el importe del crédito fiscal considerado improcedente y el motivo por el cual fuera impugnado, cual es el de “proveedor apócrifo”.
Por todo lo expuesto cabe desestimar el planteo de nulidad expuesto por la actora respecto de los puntos aquí tratados, no procediendo la imposición de costas toda vez que la misma fue formulada como otro agravio más de la defensa de fondo.
En este aspecto cabe traer a colación lo expuesto por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), que dijo “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”. Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de Cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (Cfr. “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VIII. Que seguidamente, corresponde adentrarse al análisis del fondo de la cuestión, para lo cual deviene necesario exponer primeramente la normativa aplicable al caso y los aspectos sobresalientes de la investigación fiscal cuyas constancias sirven de antecedente.
Que COST FISH S.R.L. se dedica al procesamiento de pescado y su posterior comercialización tanto en el mercado interno como externo, desarrollando su actividad bajo el código 151.201.
Que en el marco de lo previsto en la normativa vigente solicitó, respecto de los períodos en cuestión, el reintegro de los créditos fiscales del IVA atribuibles a operaciones de exportación, con arreglo al régimen establecido en la Resolución General (AFIP) N°2000/2006.
Al respecto resulta oportuno recordar lo dispuesto por el art. 43 de la ley del IVA que establece “Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren, por sus operaciones gravadas, el tributo que por bienes, servicios y locaciones que destinaren efectivamente a las exportaciones o a cualquier etapa en la consecución de éstas les hubiere sido facturado, en la medida en que esté vinculado a la exportación y no hubiere sido ya utilizado por el responsable...” para agregar que “ … si la compensación permitida en este artículo no pudiera realizarse o sólo se efectuara parcialmente, el saldo resultante les será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía o, en su defecto, le será devuelto o se permitirá su transferencia a favor de terceros responsables, en los términos del segundo párrafo del artículo 29 de la ley N° 11.683, t.o. 1998 y sus modificaciones”.
En tanto que el artículo agregado a continuación del 43 establece que “Los exportadores tendrán derecho a la acreditación, devolución o transferencia a que se refiere el segundo párrafo del artículo precedente con el sólo cumplimiento de los requisitos formales que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, ello sin perjuicio de su posterior impugnación cuando a raíz del ejercicio de las facultades de fiscalización y verificación previstas en los artículos 33 y siguientes de la ley 11.683, t.o. en 1998 y sus modif., mediante los procedimientos de auditoría que a tal fin determine el citado Organismo, se compruebe la ilegitimidad o improcedencia del impuesto facturado que diera origen a la aludida acreditación, devolución o transferencia.”. “Las solicitudes que efectúen los exportadores, en los términos del párrafo anterior, deberán ser acompañadas por dictamen de contador público independiente, respecto de la razonabilidad y legitimidad del impuesto facturado vinculado a las operaciones de exportación”.
“Cuando circunstancias de hecho o de derecho permitan presumir connivencia, los exportadores serán solidariamente responsables respecto del impuesto al valor agregado falsamente documentado y omitido de ingresar, correspondiente a sus vendedores, locadores, prestadores o, en su caso, cedentes del gravamen de acuerdo con las normas respectivas y siempre que los deudores no cumplieren con la intimación administrativa de pago, hasta el límite del importe del crédito fiscal computado, o de la acreditación, devolución o transferencia originadas por dicho impuesto. A tal efecto será de aplicación el procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes de la ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones”.
Por su parte, la Resolución General (AFIP) N° 2000/2006 reglamenta el procedimiento del régimen general de reintegro del IVA facturado por los exportadores y demás responsables. Entre otras cuestiones dispone que los contribuyentes deberán suministrar al organismo la información producida mediante un programa aplicativo y el sistema emitirá un formulario como constancia de la presentación realizada, y que en caso de comprobarse errores, inconsistencias, utilización de un programa distinto del provisto o archivos defectuosos, la presentación será rechazada automáticamente por el sistema, generándose una constancia de tal situación.
Asimismo, indica que a fin de formalizar la presentación deberán aportar una serie de elementos entre los que se encuentra un informe especial extendido por contador público independiente.
Que a ello se agrega que, tal como lo destaca la actora en su escrito de inicio, al revestir la calidad de agente de retención también debió consultar el "Archivo de Información sobre Proveedores" a través de la página web del Organismo Fiscal, quedando registrado el ingreso.
Además, la resolución bajo análisis prevé que en el caso de las solicitudes de acreditación, devolución o transferencia, el juez administrativo procederá a detraer los montos correspondientes de los importes consignados en la solicitud cuando surjan inconsistencias como resultado de los controles informáticos sistematizados a partir de los cuales se observen distintas situaciones como por ejemplo: i) cuando los proveedores informados no se encuentren inscriptos como responsables del impuesto al valor agregado, a la fecha de emisión del comprobante, o, ii) los proveedores informados integren la base de contribuyentes no confiables, o; iii) se compruebe la falta de verosimilitud de las facturas o documentos equivalentes que respaldan el pedido, entre otros (art. 24).
Que conforme surge de las actuaciones antes reseñadas, desde el punto de vista formal, la apelante había cumplido con los requisitos fijados por la normativa para las solicitudes presentadas y en lo que hace a los créditos fiscales objeto de la presente, el Fisco Nacional otorgó los reintegros o admitió las compensaciones efectuadas. Ahora bien, del análisis de los antecedentes se evidencia que con posterioridad a ello el Fisco Nacional impugna los créditos fiscales del proveedor Fishermen S.R.L. y emite las intimaciones apeladas en autos.
Dicha impugnación se fundamenta en que el emisor de las facturas fue incluido en la base E-APOC, debiendo señalar que no se evidencia que el Fisco hubiera objetado las facturas en sí, es decir, en lo que hace a los requisitos y formalidades que las mismas deben contener.
En este sentido resulta importante destacar que a fs. 34/43 del Cuerpo Auxiliar N°3 de los antecedentes administrativos se encuentra agregado el informe final de inspección de Fishermen S.R.L., correspondiente a la verificación de facturas apócrifas, en el que se exponen las irregularidades e inconsistencias detectadas respecto del proveedor observado.
En efecto, en dicho informe se puntualiza que:
• El domicilio de suministro informado es Solis 4515 Mar del Plata, el que conforma junto con el de José Hernández N°69, la planta de elaboración de pescado explotada por la firma Coast Fish S.R.L., registrando ambas firmas el mismo domicilio fiscal sito en José Hernández N°69-MDP.
• La empresa registra desde el año 2012 un “combinado negativo” resultante de la medición de las ventas menos compras, gastos, remuneraciones y contribuciones, el cual indica que el giro comercial no generaría el flujo de fondos necesarios para afrontar el pago de sus obligaciones, no encontrándose justificado el origen de los mismos.
• No posee cuentas bancarias. No posee fuentes de dinero (créditos, préstamos, ni ingresos personales) que le permitan desarrollar la actividad económica por la que se encuentra inscripto. • No dio respuesta a requerimientos cursados y no ha sido localizada en los domicilios declarados motivo por el cual se lo tipifica como contribuyente con resistencia a fiscalización.
• La empresa factura “servicios de frío en mercaderías” no teniendo registro de cámaras propias o en alquiler que así lo demuestren.
• La contadora Romina Paola Martín, informa que la labor prestada a Fishermen S.R.L. consistió en la liquidación de sueldos para el período 2012/2016, siendo la persona de contacto el gerente de la firma Hernán Bustos. Ahora bien, la División Investigaciones observa que surge que dicha persona es a su vez el socio-gerente de la firma Coast Fish S.R.L.
- A fs. 41 del citado informe se transcriben las respuestas de 23 declaraciones testimoniales -efectuadas en el marco de la OI N°1461170- que fueron coincidentes, de las cuales se estima pertinente citar algunas que resultan ilustrativas para el análisis de la causa:
- Pregunta 1: quién le otorgó el trabajo y como lo contrataron: la mayoría comenzó a trabajar en Barillari; posteriormente ésta cedió el personal mediante “cesión de contrato de trabajo” con fecha 31/05/2012 a Fishermen S.R.L. a cargo de Pablo Barbieri -quien lo estuvo por poco tiempo-; posteriormente se hicieron cargo los Sres. Hernán Bustos y Roberto Funes;
- Pregunta 2: Períodos en los que se desempeñó como empleador (sic)/trabajador de FISHERMEN SRL: a partir de 06/2012 a 03/2016, fecha en que desaparecieron los titulares Bustos, Hernán y Funes, Roberto; - Pregunta 5: De quien recibían órdenes de trabajo: Hernán Bustos y Eduardo Funes;
- Pregunta 9: Mencione lugar de cobro y que persona realizaba el pago: Cobraban el sueldo en la fábrica/planta sita en J. Hernández 69 y abonaba en efectivo el Sr. Eduardo ECHAIDE, persona que cabe aclarar se encontraba declarada dentro de la nómina de Coast Fish.
Asimismo, el citado informe indica: “Ante las respuestas de los trabajadores se constata que los mismos no habrían tenido contacto con quienes serían los titulares de la firma FISHERMEN, los mismos recibían órdenes de trabajo de titulares de la firma COAST FISH – CUIT 30710550871, recibiendo el pago de sus haberes en efectivo en la planta por personal declarado por la firma mencionada” y concluye señalando “ que nos encontramos ante una figura interpuesta FISHERMEN S.R.L. siendo los reales beneficiarios de la fuerza laboral la firma COAST FISH S.R.L.”.
Por todo lo expuesto, se considera a la contribuyente FISHERMEN SRL: “Usina única actividad venta de facturas”.
Por otra parte, conforme surge del Informe de la División Investigaciones -obrante a fs. 64/77 del “Cuerpo de Verificación Impugnación de Reintegros” de los antecedentes administrativos- el presente caso se origina como consecuencia de las tareas de seguimiento que en forma rutinaria la División despliega respecto de la conducta fiscal de personas físicas vinculadas al sector pesquero, en especial sobre aquellas que cuentan con antecedentes que muestran un comportamiento irregular.
Este último informe señala que:
i) de la consulta a los estados contables surge que la firma consigna un importante pasivo y que dicha deuda no tendría justificación en atención a que el acreedor no exterioriza respaldo patrimonial para constituirse en fuente de financiamiento para la sociedad, verificándose también diferencias relevantes entre los montos de acreditaciones en cuentas bancarias de la contribuyente y las ventas brutas declaradas;
ii) En lo concerniente al análisis de compras y gastos y puntualmente respecto del proveedor cuestionado - Fishermen S.R.L.- que fuera incluido a partir de diciembre de 2011 en la base de E-APOC según lineamientos de la Instrucción N°748 bajo distintas causales: 2.2.3 Usina única actividad venta de facturas;2.2.5 Con resistencia a la fiscalización; 2.2.6 Sin capacidad económica;2.2.7 Sin capacidad financiera, fueron realizadas otras diligencias en el marco de las tareas investigativas desarrolladas, las cuales lejos de poner claridad corroboran las irregularidades ya advertidas.
Entre dichas tareas indica que el 10/07/2017 funcionarios del Organismo Fiscal se constituyeron en el domicilio fiscal y planta de elaboración de la fiscalizada -Coast Fish S.R.L.-, y que también fuera el domicilio fiscal de Fishermen S.R.L., y labraron un Acta dejando constancia que en dicho momento quien desarrollaba actividades allí era una empresa distinta “Vepez S.A”- con quien no existía vinculación comercial y, que en dicho domicilio no había documentación de Coast Fish S.R.L.
Que a la luz de la profusa investigación llevada a cabo por el Fisco Nacional, a juicio de este Tribunal la impugnación respecto del proveedor Fishermen S.R.L. luce debidamente sustentada en la comprobación de indicios graves, precisos y concordantes que imprimen serios reparos respecto de la validez de las operaciones y su capacidad para llevarlas adelante, sin perjuicio de las claras evidencias de la existencia de maniobras tendientes a -como mínimo- eludir impuestos y aprovecharse indebidamente de beneficios y/o reintegros.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla onus probandi incumbit ei qui dicit, es decir, que la carga de la prueba es correlativa a la proposición de los hechos pues, tal como lo establece el artículo 377 del C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción.
En efecto, conviene precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que en virtud de los indicios constatados por las labores de investigación fiscal es dable advertir que la prestación de servicios no pudo ser efectuada por el sujeto impugnado, en tanto se corroboró que carecía de capacidad económica, financiera y operativa, conforme lo describe el informe antes mencionado. Que frente a tales indicios que revelan las inconsistencias endilgadas, la actora no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlos, escudándose en que no le era posible acceder a la documentación debido a que la empresa se encontraba “tomada por los empleados de la sociedad que trabajaban para la misma en dicho establecimiento”-vide punto 4 del Informe obrante a fs. 69 del “Cuerpo de Verificación Impugnación de Reintegros” de los antecedentes administrativos.
Que la recurrente tan solo se limitó a argumentar que los servicios fueron efectivamente prestados desde que resultaban necesarios para cumplir con el proceso productivo llevado a cabo, puesto que en caso contrario, las exportaciones no hubieran podido haberse concretado.
Sin embargo, tales enunciaciones no son suficientes para acreditar que aquel sujeto que emitió el comprobante haya sido a su vez quien efectivamente prestó el servicio, si al momento de querer constatar esa circunstancia el Fisco Nacional se encuentra con un sujeto que presenta características que dan clara cuenta de que sería imposible que tuviese parte en aquellas operaciones.
Que valorada la prueba documental obrante en los antecedentes administrativos, se observa que no fue posible encontrar representante alguno que pudiera acreditar la relación material entre las facturas y la efectiva prestación de servicios; asimismo se observaron serias irregularidades en su condición tributaria y la patente falta de capacidad operativa y comercial para concretar las operaciones puestas en tela de juicio. Que así las cosas, debe señalarse que una factura puede válidamente ser considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente, o porque –como ocurre en el presente caso- corresponde a una operación probablemente existente pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real. Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al periodo fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; o que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Que frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales intenta ratificar la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de prestación de servicios que recibió del proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que no procede el cómputo del crédito fiscal por el sólo hecho de haberse emitido formalmente la factura, si ello no se condice con la verdadera existencia de las operaciones y/o servicios que allí se describen, no teniendo, per se la factura entidad suficiente para generar el pretendido crédito fiscal que originó los reintegros que aquí se discuten.
En efecto, es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (Cfr. Forestal Futaleufú S.A. -TFN Sala B sentencia del 21/05/1993) y el hecho de que las facturas impugnadas en apariencia y/o extrínsecamente parecieran correctas, no implica que las operaciones que ellas reflejan hayan sido efectivamente realizadas Este criterio fue reiterado nuevamente in re SIDERTEC S.A., sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal haga procedente a este sólo por la existencia de la facturación,” y también seguido por otras Salas de este Tribunal a saber: i) Sala A in re "Impulso SA.", sentencia del 27/03/1998, "Carrizo Luis E." del 31/08/1999, y "Cía. Petrolífera del Carmen SA." del 21/09/2000; ii) Sala D in re "Romero S.A.", sentencia de fecha 23/06/1999.
Ese desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de esta Sala "B", de fecha 22/08/1989 -confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por sentencia del 06/08/1991- donde se dijo “…10) Que, por lo demás, la propia ley 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada 'realidad económica' corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas”.
Que en tal sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes/proveedores de servicios o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (Cfr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) "ADM Argentina SA c/ EN —AFIP-DGI —Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva", del 10/03/2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con el proveedor indicado en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. "Molinos Río de la Plata SA c/ EN —AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva" del 25/08/2015).
Asimismo, con fecha 10/03/2015 in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-1) c/DGI ", la Corte sostuvo "Que el último párrafo del art 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: “[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...”. Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó". (Considerando 9°).
En definitiva, el recurrente no presentó en esta instancia -ni precedentemente- elementos de convicción que posibiliten tener por acreditado que el sujeto cuestionado fue quien en la realidad cumplió con las operaciones expuestas en las facturas y que las mismas hayan existido.
Siendo así, correspondía al apelante demostrar la real concordancia entre lo que se consignó en las facturas declaradas y presentadas y lo que aconteció en la realidad de los hechos, a fin de tornar procedente el cómputo de crédito fiscal contra ese débito supuestamente verificado en cabeza del referido proveedor; pero ello no ha tenido lugar en las presentes actuaciones.
De este modo, el desconocimiento por parte del Fisco Nacional de las operaciones declaradas por los contribuyentes con sustento en documentación que considera apócrifa genera, en el impuesto al valor agregado, la imposibilidad de cómputo del crédito fiscal, tanto sea para liquidar el gravamen correspondiente a la posición mensual como para que sea devuelto aquél vinculado con operaciones de exportación.
Aquella consecuencia jurídica impediente se deriva, en el primer caso, de la aplicación de la norma contenida en el último párrafo art. 12 de la ley del gravamen, en cuanto prescribe que “[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles...”.
En el segundo caso, el impedimento se apoya, además de lo mencionado precedentemente, en las normas del propio artículo 43 y del agregado sin número a continuación del mismo de la ley del tributo, particularmente en cuanto este último establece que “Los exportadores tendrán derecho a la acreditación, devolución o transferencia a que se refiere el segundo párrafo del artículo precedente con el sólo cumplimiento de los requisitos formales que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, ello sin perjuicio de su posterior impugnación cuando a raíz del ejercicio de las facultades de fiscalización y verificación previstas en los artículos 33 y siguientes de la Ley Nº 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones, mediante los procedimientos de auditoría que a tal fin determine el citado Organismo, se compruebe la ilegitimidad o improcedencia del impuesto facturado que diera origen a la aludida acreditación, devolución o transferencia”.
La Corte Suprema de Justicia viene siendo muy clara en señalar que la legitimidad material de las operaciones -conceptualizable en este contexto de análisis como la verificación del hecho imponible respecto del vendedor que como tal aparece consignado en las facturas de compra- es un requisito indispensable para que resulte admisible el cómputo del crédito fiscal por parte del adquirente. Y cabe entender, asimismo, que a través de esa doctrina la Corte indica a los tribunales inferiores -con toda la autoridad que a su respecto emana de las decisiones de aquella- que esa legitimidad material debe ser juzgada con riguroso criterio, en el sentido de requerir del sujeto que pretenda hacer valer aquel cómputo, la provisión de una prueba lo suficientemente consistente como para contrarrestar los elementos debidamente colectados y acreditados por el Fisco a fines de rechazarlo.
Es evidente que para la Corte la verificación del hecho imponible en cabeza del vendedor –circunstancia exigida por la referida norma del último párrafo del art. 12 de la ley del IVA para tornar procedente referido cómputo- requiere mucho más que el cumplimiento de aspectos formales de las operaciones. En muy similares términos se expresó, con relación al análisis y valoración en las instancias anteriores, de los indicios colectados por el Organismo Fiscal en las causas “Floriner S.A.” del 10/12/2013 (Considerando 7°) y “Stop Car S.A.” del 21/08/2013 (Considerando 5°).
Bajo estas premisas establecidas por el más Alto Tribunal, se estima evidente que las controversias generadas a partir de la impugnación de operaciones económicas con fundamento en su reputada inexistencia -tal y como éstas fueron instrumentadas- han sido colocadas dentro de un contorno lo suficientemente preciso, apreciado en términos de qué debe ser objeto de prueba en tales casos. Por el otro, dejando fijada su postura acerca del alcance atribuible al requisito legal previsto por la norma incorporada a continuación del art. 43 de la ley de IVA, expresó que “Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho a la restitución del IVA del exportador a la circunstancia de que el crédito fiscal resulte legítimo o procedente, extremo que no se cumple en el caso de autos, pues como se advirtió, el impuesto facturado cuyo reintegro pretende la actora surge de operaciones con cierto proveedor cuya existencia no ha sido acreditada” (Cfr. “ADM Argentina S.A.”, sentencia del 10/03/2015)
Frente a las inconsistencias detectadas respecto del proveedor antes aludido y por entender que las operaciones no han sido realizadas por dicho proveedor es que el Fisco invalidó los créditos fiscales e intimó a la devolución de los reintegros.
Que tampoco cabe darle cabida al planteo en subsidio esgrimido en el punto V.D.) del recurso de apelación respecto a la impugnación del monto reclamado por cuanto el Fisco Nacional omitió descontar de las sumas reclamadas las retenciones de IVA practicadas por Coast Fish S.R.L. al proveedor Fishermen S.R.L., conforme ya lo ha resuelto esta Sala en casos como el presente.
En efecto, en “ CHS de Argentina S.A., sentencia de fecha 09/11/2022 se sostuvo que “cuando se trata de operaciones cuya impugnación fundamental se basa en que las irregularidades comprobadas dieron origen a considerar que las operaciones cuestionadas no fueron concertadas con los proveedores observados, se estima que no procede computar las retenciones oportunamente ingresadas que solo existieron para dar un viso de realidad a las operaciones fraudulentas y que han quedado en evidencia en la descripción de la maniobra detectada por el Fisco Nacional”.
Lo dicho es sin perjuicio de puntualizar que, con arreglo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25/08/2015, la aquí recurrente carecería de legitimación para efectuar el citado reclamo.
Que sentado lo expuesto, corresponde señalar que no le asiste razón a la recurrente al afirmar que el organismo fiscal sólo se limitó a remitirse a los fundamentos tenidos en cuenta al momento de incluir a los proveedores en la base E-APOC, toda vez que surge de lo expuesto en el informe final de inspección, como así también en los distintos antecedentes administrativos citados, que el organismo fiscal efectuó numerosas tareas y constataciones que lo llevaron a impugnar fundadamente los créditos fiscales en cuestión, resultando la inclusión en la base E-APOC sólo un elemento más entre aquellos que fueron evaluados.
Por su parte, y si bien es correcto el planteo de la actora en cuanto sostiene que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza de los contribuyentes la obligación de investigar sobre la situación fiscal de cada proveedor, lo cierto es que, en el presente caso, los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para cuestionar la veracidad de los créditos fiscales referidos, siendo la recurrente quien carga con la prueba de demostrar lo contrario.
En ese contexto, cabe concluir que los agravios de la recurrente sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones, al no ser sustentados por prueba fehaciente, resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover la tacha de apócrifa de la facturación del proveedor observado, y por ende impiden conmover el criterio fiscal.
Por todo lo expuesto corresponde que los actos apelados sean confirmados, con costas.
Por lo merituado, SE RESUELVE:
Confirmar los actos apelados, con costas.
Regístrese, notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregada al expediente papel. Date: 2025.04.03 14:45:58 ART Date: 2025.04.03 15:59:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.03 16:05:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.03 16:05:56 -03:00
Fin de la sentencia