Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2025-55390815-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas. Con costas.
I. Que en el IF-2019-69669143-APN-SGAI#TFN y el RE-2025-55387771-APN-SGAI#TFN, el recurrente interpone recursos de apelación contra las resoluciones N° 43/2019 (DV RSJU), N° 44/2019 (DV RSJU) y N° 45/2019 (DV RSJU), de fecha 21/06/2019 y contra las resoluciones RESOL-2025-20-E-AFIP-DVRSJU#SDGOPII y RESOL-2025-21-E-AFIP-DVRSJU#SDGOPII, de fecha 29/04/2025, suscriptas por la Jefatura de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional San Juan de la ARCA-DGI. Por medio de la resolución N° 43/2019 (DV RSJU), se le determina de oficio el Impuesto a las Ganancias de los periodos fiscales 2011 a 2015 por la suma de $5.507.253,52 con más $10.325.567,18 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $4.918.876,50 por los periodos fiscales 2011 y 2012, graduada en tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido, con sustento en el art. 46 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), difiriéndose la instrucción del sumario respecto de los periodos fiscales 2013 a 2015, en los términos del art. 20 de la Ley 24.769.
A través de la resolución N° 44/2019 (DV RSJU), se le determina de oficio el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales 12/2011 a 12/2015 por la suma de $12.976.635,47 con más $ 24.101.676,58 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $ 7.363.818,62, graduada en tres (3) veces el IVA de los periodos fiscales 12/2011 al 12/2012 presuntamente evadido, con sustento en art. 46 de la Ley de procedimiento fiscal. Haciéndose reserva de aplicar las eventuales sanciones que pudieran corresponder en los periodos fiscales 01/2013 a 12/2015, en los términos del art. 20 de la Ley N° 24.769.
Con relación a la resolución N° 45/2019 (DV RSJU), se le determina de oficio el Impuesto sobre los Bienes Personales de los periodos fiscales 2011 a 2015 por la suma de $255.066,97 con más $433.885,02 en concepto de intereses resarcitorios y se le aplica una multa de $765.200,91, graduada en tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido, en los términos del art. 46 de la Ley N° 11.683.
Por su parte, a través de la RESOL-2025-20-E-AFIP-DVRSJU#SDGOPII se le aplica una multa de $ 31.566.087,79 correspondiente al IVA de los periodos fiscales 01/2013 a 12/2015, graduada en tres (3) veces el impuesto presuntamente evadido, conforme lo indicado en el art. 46 de la ley de rito.
Finalmente, por medio de la RESOL-2025-21-E-AFIP-DVRSJU#SDGOPII se le aplica una multa de $ 11.602.884,06 equivalente a tres (3) veces el Impuesto a las Ganancias de los periodos fiscales 2013 a 2015 presuntamente evadido, en los términos del art. 46 de la Ley N° 11.683.
Expone los antecedentes de hecho y de derecho que sustentaron los ajustes fiscales.
Al respecto y en primer lugar, plantea la prescripción de las facultades del Fisco Nacional, respecto del Impuesto a las Ganancias, el Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2011 y del IVA de los períodos fiscales 12/2011 a 11/2012, en razón de la inaplicabilidad del artículo 17 de la Ley 26.860, por entender que su tratamiento parlamentario presenta vicios sustanciales, en contradicción con lo establecido en el artículo 52 de la Constitución Nacional. Asimismo, sostiene que, por cuestiones meramente formales, no se imputaron las exteriorizaciones efectuadas por las firmas Abuela Emilia S.R.L., Namuncura S.R.L. y Quebrada Pie de Palo S.R.L., en el marco de la ley N° 27.260 y la Resolución General AFIP N° 3919/2016.
Por otro lado, expone que las resoluciones N° 43/2019 (DV RSJU), N° 44/2019 (DV RSJU) y N° 45/2019 (DV RSJU) resultan ilegítimas, por cuanto se soslayó que las sociedades poseen una personalidad distinta de la de sus miembros y, en tal sentido, requieren de un órgano de gestión para cumplir con los fines, para los cuales fueron constituidas, conforme a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley General de Sociedades. Asimismo, sostiene que la interpretación adoptada por el Organismo carece de elementos ciertos que permitan demostrar que las sociedades fueran ficticias.
Indica que, al tiempo que se impugnara el ajuste practicado en el ámbito de la seguridad social, las sociedades asumieron su calidad de empleadoras, regularizando sus respetivas obligaciones, junto con las del IVA y el Impuesto a las Ganancias, resultando – de esta forma- inexistentes los hechos imponibles que se le endilgan. A ello sumado que, en el marco de las mismas, el personal relevado reconoció a su empleador, sin que él fuera mencionado como jefe ni como persona que les hubiera impartido indicaciones o instrucciones, circunstancia que, al haber sido obviada por el Fisco Nacional, éste incurrió en un manifiesto enriquecimiento sin causa.
Remarca que no existe elemento probatorio que acredite la imputación fiscal, ya que su accionar, en sí, se traduce en una supuesta atribución de responsabilidad solidaria, sin que se haya cumplido el procedimiento establecido a tal efecto, resultando contrario a derecho y sumamente arbitrario.
Expresa que se ha invocado el principio de realidad económica de manera ilegítima, ya que que no se han empleado estructuras jurídicas inadecuadas, ni tampoco luce prueba alguna que permita colegir que las sociedades constituyan un mero velo destinado a encubrir un hipotético accionar oculto En particular, respecto de la resolución N° 45/2019 (DV RSJU), asevera que en la liquidación del Impuesto sobre los Bienes Personales se incluyó el rubro “otros bienes” proveniente del ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias, advirtiendo que ello constituye una ficción, por cuanto no obra elemento de juicio válido que permita determinar a qué tipo de bien corresponde. En lo que hace a las multas aplicadas, respecto de las resoluciones RESOL-2025-20-E-AFIP-DVRSJU#SDGOPII y RESOL- 2025-21-E-AFIP-DVRSJU#SDGOPII, en forma previa plantea la violación de la garantía del “non bis in ídem”, en tanto fue sometido a un proceso penal el cual finalizó el sobreseimiento. No obstante, señala que seis años después de iniciada la causa, se involucra en un nuevo procedimiento sancionatorio, vulnerando el principio de doble o múltiple persecución penal. Sostiene que, en virtud del principio de personalidad de la pena, las sanciones deben ser atribuidas a las sociedades, debiendo acreditarse la existencia del elemento subjetivo, toda vez que en el presente no puede deducirse la existencia de un accionar ardidoso o engañoso de su parte, susceptible de inducir a error.
Acompaña prueba documental y ofrece prueba informativa. Formula reserva de caso federal. Concede autorizaciones. Finalmente, solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que, en el IF-2019-89998323-APN-DTD#JGM y el IF-2025-88993795-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco Nacional contestando los recursos interpuestos, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Cita jurisprudencia en respaldo a su criterio y acompaña los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por el apelante. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechacen los recursos intentados confirmando las resoluciones recurridas en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la recurrente.
III. Que mediante la PV-2022-17083855-APN-VOCVI#TFN se abre la presente causa a prueba, ordenándose el libramiento del oficio dirigido al Fisco Nacional cuya contestación luce en el IF-2023-25369074-APN-DTD#JGM y el IF-2023-25368864-APN- DTD#JGM.
A través del INLEG-2025-98448163-APN-VOCVI#TFN, se resuelve acumular el EX-2025-55390815- -APN-SGAI#TFN.
Mediante la PV-2026-20571029-APN-VOCVI#TFN se hace lugar a la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional en el marco del expediente acumulado y se dispone la clausura del periodo probatorio.
A través de la PV-2026-22773910-APN-VOCVI#TFN se elevan las presentes actuaciones a conocimiento de la Sala “B. En el IF-2026-29057406-APN-DTD#JGM y el IF-2026-30011758-APN-DTD#JGM obran agregados los alegatos producidos por el Fisco Nacional y por la parte actora, respectivamente.
Finalmente, en IF-2026-50778409-APN-VOCVI#TFN se disponen los autos para el dictado de sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis. En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que en cuanto a las determinaciones de oficio apeladas en autos, en atención a una mayor claridad expositiva, conviene detallar en primer término los argumentos que llevaron al Fisco Nacional a realizar los ajustes debatidos en las presentes actuaciones.
Conforme surge de los antecedentes administrativos, el recurrente se encuentra inscripto en ARCA-DGI en las actividades servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculos (CIIU 55211) y servicios de asesoramiento dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas (CIIU 741402), registrando baja en el IVA desde el 20/05/2011.
La fiscalización llevada a cabo a través de la Orden de Intervención N° 1.511.151 tuvo su génesis en un procedimiento de allanamiento efectuado el 15/07/2015 por el Juez Federal Dr. Leopoldo Rago Gallo, en el marco de la causa caratulada “DENUNCIA AFIP C/ NN P/INF. LEY 24.769” (Expte. N° FMZ 24907/2015), donde se secuestró documentación y archivos informáticos relacionados con la operatoria comercial de las empresas que conforman el “Grupo Gastronómico Muñoz”, a saber: Namuncurá S.R.L., Del Liberty S.R.L., Abuela Emilia S.R.L., Quebrada Pie de Palo S.R.L., Retamos Amarillos S.R.L., El Plumerillo S.R.L., Espinacito S.R.L., Llanten S.R.L., Pizza Com S.R.L., Jarillares S.R.L. y Los Morrillos S.R.L. La mencionada causa se originó a raíz de la investigación realizada al grupo, tras detectarse la existencia de sociedades integradas que estarían conformadas por sujetos carentes de capacidad económico-financiera y que serían utilizadas para ocultar al verdadero titular de la explotación –el recurrente en estos actuados- y atomizar la base imponible de los tributos, en violación de la normativa previsional.
A dicha hipótesis se adicionó la existencia de los fideicomisos “Santa Bárbara” y “San Ceferino”, que habrían sido creados con el fin de afectar íntegramente el producido de las sociedades fiduciantes al objeto de los mismos, dificultando la posibilidad de cobro de las obligaciones tributarias, mediante la creación de patrimonios de afectación.
El Fisco Nacional, basándose en el artículo 2° de la Ley N° 11.683, prescindió de las estructuras societarias formales al concluir que el recurrente, José Rubén Muñoz, era el verdadero titular de una explotación unipersonal que utilizaba a las referidas sociedades para atomizar su base imponible y ocultar su capacidad contributiva. Los indicios precisos y concordantes que sustentaron esta determinación fueron:
• Reconocimiento judicial: El 20/07/2015, Muñoz reconoció ante el Juez Federal ser el dueño real de las cuotas sociales, manifestando que figuraban a nombre de terceros (incluida su esposa, Yanesa Acosta, quien poseía el 90% de varias firmas) debido a que él se encontraba en concurso preventivo (vide fs. 22/27 del Cpo. Impuesto a las Ganancias de los antecedentes administrativos).
• Unicidad de mando y administración centralizada: Se detectó un sistema informático único para todas las empresas que utilizaba códigos para identificar centros de costos (ej: "2DCD" para punto de venta 2 de Del Liberty S.R.L.), permitiendo una gestión unificada de compras, gastos y sueldos de todo el grupo. Todas las empresas son asistidas por el mismo contador, quien además figura como empleado de Quebrada Pie de Palo S.R.L. desde 2016. Asimismo, se constató la existencia de un único sujeto autorizado en el Sistema Registral del Organismo (fs. 105/107, Cpo. Impuesto a las Ganancias de los antecedentes administrativos).
• Confusión patrimonial: evidenciada en la confección de Balances Consolidados entre las distintas firmas, circunstancia que se acredita en la documentación secuestrada. A ello sumado conformación de los fideicomisos previamente mencionados, los cuales fueron rescindidos en julio de 2013. Asimismo el Sr. Muñoz era la única persona que realizaba retiros del producido de las sociedades, incluso en aquellas donde no figuraba como socio formal. Dichos fondos se destinaban a sufragar gastos netamente personales, tales como el pago de impuestos y servicios de su domicilio particular y el de su suegra, tarjetas de crédito y medicina prepaga (fs. 138/148 del Cpo. Anexo “Documentación Secuestrada en Procedimiento” de los antecedentes administrativos).
• Socios aparentes: La inspección verificó que los socios formales carecían de capacidad económico-financiera y eran, en rigor, empleados del grupo (vide fs. 532/550 del Cpo. Anexo documentación complementaria N° 3 de los antecedentes administrativos). Por ejemplo, Claudio Alejandro Funes figuraba como socio en El Plumerillo S.R.L. siendo empleado de Pizza Com S.R.L.; y Beatriz Carmen Pedrozo aparecía como socia en tres firmas siendo en realidad una jubilada que había sido empleada de Muñoz. La fiscalización constató, mediante la compulsa de legajos en el Registro Público de Comercio de San Juan, diversas cesiones de cuotas sociales que permitieron al recurrente y a su esposa, Yanesa Acosta, formalizar la titularidad del grupo que anteriormente operaba bajo nombres de terceros (vide fs. 407/456 del Cpo. Anexo documentación complementaria N° 3 de los antecedentes administrativos). Los movimientos detallados fueron: ○ Abuela Emilia S.R.L. y Namuncurá S.R.L.: La socia aparente Beatriz Carmen Pedrozo (jubilada y ex-empleada de Muñoz) transfirió sus cuotas a José Rubén Muñoz, quedando el capital distribuido en un 10% para el recurrente y un 90% para su esposa, designándose a Muñoz como socio gerente.
○ Del Liberty S.R.L.: Los socios originales (María Gabriela y José Rubén Federico Muñoz Boero) cedieron la totalidad de las cuotas a Muñoz (50%) y Acosta (50%), asumiendo el recurrente la gerencia.
○ Quebrada Pie de Palo S.R.L.: Muñoz fue designado formalmente como gerente y procedió a realizar un cambio de domicilio social.
La materia imponible se determinó extrayendo datos de los archivos informáticos secuestrados (bases "ALBVENTACAB" y "ALBCOMPRACAB") y contrastándolos con las DDJJ.
Ventas (Ingresos):
• Períodos 04/2011 a 06/2015: Se distinguieron conceptos "B" (ventas en blanco) y "N" (ventas marginales/negras). Al coincidir "B" con lo declarado, el Fisco adicionó los ingresos marginales ("N") al mayor importe entre lo declarado y lo registrado sistémicamente.
• Método Presuntivo (07/2015 a 12/2015): Ante la falta de datos post-allanamiento, se aplicó un índice de estacionalidad basado en las ventas del año 2014 para proyectar el segundo semestre de 2015 Sobre dicha base, el Fisco determinó:
• Impuesto al Valor Agregado (12/2011 a 12/2015): Se determinaron las ventas netas omitidas. Se atribuyeron al recurrente los créditos fiscales, retenciones y pagos realizados por las sociedades para evitar un enriquecimiento sin causa.
• Impuesto a las Ganancias (2011 a 2015): Se imputaron como ingresos omitidos las ventas detectadas en el IVA. Como contrapartida, se admitieron como costos las remuneraciones declaradas ante la Seguridad Social, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (3,60% sobre ventas) y se estimó una rentabilidad neta promedio del 8,5% para el período presunto de 2015. Asimismo, se consideró un gasto consumido personal del 8%.
• Impuesto sobre los Bienes Personales (2011 a 2015): Se conformó la base imponible con activos informados por terceros y el rubro "otros bienes del país", el cual derivó de trasladar patrimonialmente el monto de los ajustes realizados en el Impuesto a las Ganancias.
En cuanto al tema sancionatorio, el Fisco aplicó inicialmente multas en 2019 solo por los períodos no denunciados (2011 y 2012), reservando el resto hasta la sentencia judicial a raíz de la denuncia formulada el 05/07/2019. Tras el fallo del Tribunal Oral Federal de San Juan el 03/10/2023, se dictaron las resoluciones aquí recurridas (RESOL-2025-20-E y RESOL-2025-21-E), con el siguiente fundamento respecto a lo dicho por el juez penal:
• Condena penal: El juez condenó al Sr. Muñoz a 2 años de prisión en suspenso al considerarlo autor penalmente responsable de evasión en el IVA (períodos 2013, 2014 y 2015) y en Ganancias (período 2014). Por estos hechos, el Fisco aplicó multas del art. 46 equivalentes a 3 veces el impuesto evadido.
• Sobreseimiento por Ganancias (2013 y 2015): El juez penal dictó el sobreseimiento por estos dos períodos específicos. No obstante, el Fisco aplicó la multa administrativa aclarando que dicho sobreseimiento obedeció exclusivamente a una condición objetiva de punibilidad (los montos no alcanzaban el nuevo mínimo establecido por la Ley N° 27.430) y no a la inexistencia del hecho o del ardid. Al quedar firmes los hechos que demuestran la maniobra de ocultamiento, se procedió a aplicar la multa.
VI. Que seguidamente, corresponde dar tratamiento al planteo de prescripción de las facultades del Fisco Nacional para determinar el IVA de los periodos fiscales 12/2011 a 11/2012 y el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, ambos del periodo fiscal 2011, introducido por el actor.
Que, a los efectos de aplicar el ordenamiento jurídico vigente al caso bajo análisis, se impone atender a la plataforma fáctica que lo identifica, la que a continuación se describe:
Que la ley N° 11.863, en su art. 56, dispone que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos y para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito prescribe, conforme el inc. a), por el trascurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos, por su parte el art. 57 establece que comenzará a correr el término de prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto, desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen. Por otro lado el art. 58 establece, que el término de la prescripción de la acción para aplicar multas comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales.
Cabe dejar sentado que respecto de los períodos por los cuales se opone la mencionada excepción, conforme se desprende de las constancias de autos, los respectivos vencimientos generales se habrían producido durante el año 2012, por lo cual el plazo de cómputo de la prescripción comenzaría a correr para ambos ajustes el día 01/01/2013.
Ello así, prima facie, se podría sostener que la prescripción habría operado el 01/01/2018; pero corresponde analizar si se presenta en el caso algún supuesto de suspensión del término de la prescripción.
A tal efecto, la Ley Nº 26.860 (B.O. 03/06/2013) en su artículo 17 dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.”; debiendo tenerse presente que de conformidad con el artículo 18 de dicha norma sus disposiciones son de orden público y entraron en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Al respecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la primera fuente para determinar tal voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas) sin que quepa a los jueces sustituir a aquél, sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700); las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquel concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376).
Asimismo, cabría adicionar que la cuestión que aquí se debate ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 –que instauró un régimen de normalización impositiva y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “con carácter general por el término de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”– resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656).
Vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el mismo tribunal in re “AFIP-DGI c/ Paredes Cereales Sociedad Anónima s/ recurso extraordinario” del 15/10/15 –adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15–, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
Ello así, cabe concluir que la suspensión anual resulta plenamente aplicable al presente caso, por ser aquella de carácter general.
De esa forma, considerando dicha suspensión por el término de un año, en estos actuados la prescripción habría operado el 01/01/2019. Ahora bien, cabe tener presente que las vistas fueron notificadas el 27/12/2018 (vide cedula de notificación obrante a fs.131 del Cpo. Alcance N° 11294-238-2015/12 de los antecedentes administrativos).
Que, en efecto cabe recordar que el artículo agregado a continuación del art. 65 establece “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Habiéndose notificado la vista dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la prescripción (01/01/2019) y en atención a que las resoluciones apeladas son de fecha 21/06/2019 y fueron notificadas en fecha 25/06/2019 (vide fs. 189 del Cpo. N° 1 Impuesto Bienes Personales de los antecedentes administrativos), cabe concluir que, las facultades del fisco no se encontraban prescriptas al momento de emisión de los actos.
En consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción opuesta por la actora.
Con relación al planteo de inconstitucionalidad de la ley N° 26.860, tampoco puede tener resultado favorable toda vez que este Tribunal, conforme el art. 185 de la ley de rito, tiene vedada la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas, salvo que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo haya hecho, circunstancia ésta que no ocurrió. Que toda vez que el planteo de prescripción de fondo no fue tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal, no puede considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de costas (arg. C.S.J.N., in re: “Colorín IMSSA (T.F.N. 24.123-I) c/D.G.I.”, sentencia del 2 de julio de 2013).
VII. Que sentado lo anterior, corresponde expedirse respecto del fondo de la cuestión, esto es, si las operaciones efectuadas por las empresas que conforman el “Grupo Muñoz”, deben ser atribuidas – o no- al recurrente, en virtud del principio de realidad económica (art. 2 de la Ley 11.683), tal como sostiene el Fisco Nacional.
Que previamente resulta pertinente formular algunas apreciaciones sobre el principio de la realidad económica, invocado por el Fisco Nacional y receptado por el art. 2° de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
Como primera medida, cabe recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) es clara en delimitar la facultad del Fisco Nacional con relación a la aplicación concreta del mentado principio normativo de la realidad económica. En tal sentido, en la sentencia dictada el precedente de Fallos 340:1513 la Corte es categóricamente ilustrativa al señalar, en el considerando 7°), que “(…) dicha facultad solo puede ser válidamente ejercida por la administración tributaria cuando resulta manifiesta la discordancia entre la sustancia económica del acto o negocio y la forma o estructura que los contribuyentes le han asignado pues, como principio, salvo que se presente esa ostensible discordancia, 'debe darse prioridad a las estructuras jurídicas utilizadas por los particulares”.
Dicho principio “es una ejemplificación de la figura del abuso del derecho que contempla el artículo 1071 del C.C. Dicho principio interpretativo implica que en el supuesto de divergencia entre las formas jurídicas adoptadas por el contribuyente y la realidad económica, debe prevalecer esta última, en razón de constituir el hecho imponible el fruto de la voluntad de la ley, con el propósito de valorar la riqueza de acuerdo con una finalidad política y no de seguir a los contribuyentes, atribuyendo efectos a sus manifestaciones de voluntad (vid. Jarach, Curso Superior de Derecho Tributario, pág. 282). Este dogma autoriza a indagar los hechos y su relación con las figuras empleadas por las partes, consagrándose el sustrato económico subyacente en el hecho generador por sobre el ropaje jurídico utilizado por las partes intervinientes en el negocio; es en definitiva la posibilidad de otorgar preeminencia a la intervención empírica (situación de hecho) por sobre la jurídica (situación de derecho)” (vide “Shuberoff Oscar Rubén” de la Sala “A” de este Tribunal, 5/10/18).
En derecho tributario, cuando el contribuyente comete un abuso de formas jurídicas, el intérprete está autorizado a desarrollar consideraciones económicas para la exégesis de la ley tributaria y para el encuadre del caso concreto frente al mandato resultante no sólo de la literalidad del texto legislativo, sino también frente a su espíritu.
En tal sentido, se ha sostenido que la interpretación que prescinda de las formas jurídicas establecidas entre las partes solo se admitirá, en cada caso en concreto, para corregir situaciones anormales creadas artificiosamente por el contribuyente (Araujo Falcao, A: “El hecho generador de la obligación tributaria” – Ed. Depalma Bs. As. – 1964 – Pags. 44, 48 y 49). Que en función de lo expuesto y, en atención a las contundentes evidencias recolectadas durante las tareas de fiscalización, se concluye que el Organismo fiscal sustentó debidamente la determinación de los impuestos basada en el ocultamiento deliberado de la figura de recurrente, mediante la interposición de empresas para ocultar la real titularidad de la explotación. Habiendo sido descrita la postura fiscal en el Considerando V, en el marco de las facultades que le otorga el art. 2 de la ley de rito (principio de realidad económica), el actor debió desvirtuarla, acreditando sus dichos. Así las cosas, el Fisco Nacional ha demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y preciso. Estos elementos fundamentaron que la real titularidad del recurrente respecto de las de las actividades realizadas por el “Grupo Gastronómico Muñoz” durante los periodos en cuestión.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla onus probandi incumbit ei qui dicit, es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario.
Por su parte, debe recordarse que si bien el Tribunal -cfme. art. 164 de la ley 11.683- tiene “... amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia añosa y pacífica, que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (v. CCAF, Sala II, “Tameyfú SRL”, sent. del 27/06/1972, entre otros), a lo que cabe agregar que las estimaciones de impuestos efectuadas de oficio gozan, en principio, de legitimidad e incumbe a quien las impugna demostrar los hechos en que sustenta su pretensión (v. criterio de Fallos 201:322, 205:31, 328:3720, entre otros).
En tal inteligencia, del análisis de los elementos probatorios colectados durante el procedimiento seguido ante el organismo recaudador y plasmados en el acto apelado, se vislumbra un razonamiento congruente sobre la real titularidad de las actividades realizadas por el “Grupo Gastronómico Muñoz” durante los periodos en cuestión en cabeza del recurrente. En lo que hace a la prueba ofrecida y producida en las presentes actuaciones, cabe destacar que, más allá que por medio del informe producido en el IF-2023-25369074-APN-DTD#JGM, intente desacreditar que se traten de empresas ficticias, por cuanto el propio Fisco Nacional a través del otorgamiento de planes de facilidades de pago, le atribuye la calidad de sujetos pasivos autónomos de las obligaciones a tributar que se le endilgan, lo cierto es que no basta como para rebatir los argumentos esgrimidos por organismo. Asimismo, cabe agregar que, si bien se verifica un cumplimiento parcial a los planes de facilidades de pago adheridos, dicha circunstancia fue merituada por el Fisco Nacional al momento de calcular los impuestos en trato (vide fs. 59 y 64 del Cpo. N° 1 Impuesto Bienes Personales de los antecedentes administrativos).
Por su parte, cobra relevancia lo manifestado por el propio Sr. Muñoz en el marco de la causa “NN P/ INF. LEY 24769” (Expte. N° FMZ 24907/2015), en donde reconoció no solo haber participado como socio a través de terceros sino también la titularidad de las cuotas sociales que figuran a nombre de la Sra. Yanesa Acosta (esposa del recurrente), circunstancias que evidencian la configuración de que las mismas fueron creadas a los efectos de defraudar a terceros, tal como sostiene la representación fiscal (vide presentación obrante a fs. 22/26 del Cpo. Impuesto a las Ganancias I de los antecedentes administrativos). Por otro lado, respecto del agravio relacionado con la falta de imputación de la exteriorización de bienes formulada por Abuela Emilia S.R.L., Namuncura S.R.L. y Quebrada de Pie de Palo S.R.L., en los términos de la Ley N° 27.260, los elementos aportados por la recurrente resultan insuficientes e incompletos, fallando en demostrar una vinculación directa e inequívoca, tanto temporal como cuantitativa, entre la materia imponible exteriorizada por las sociedades y los ajustes específicos practicados por la inspección en estos actuados. La defensa carece de sustento al no haberse acreditado la cancelación del impuesto especial indispensable para perfeccionar el acogimiento.
Finalmente, en lo que respecta al agravio basado en el cómputo para la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales, relacionado con el ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias bajo el concepto de “otros bienes en el país” — tal como surge de las resoluciones en crisis —, la materia imponible fue conformada mediante consulta a las bases informáticas del organismo y considerando dicho ajuste. Los bienes fueron valuados conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales y su decreto reglamentario (artículos 20 a 22). Por lo tanto, dicha circunstancia no puede considerarse como una ficción – tal como plantea el actor-, ya que el propio recurrente pudo haber aportado todos los elementos probatorios necesarios para desvirtuar la postura fiscal, circunstancia que en las presentes actuaciones no ha sucedido. En tales condiciones, cabe concluir que los agravios del recurrente, al no encontrar respaldo en probanzas fehacientes, resultan meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos volcados por el Fisco Nacional, habiendo reunido indicios serios, precisos y concordantes que confirman al recurrente como la persona que en los hechos llevaba a cabo las operaciones de las empresas que conformaba en “Grupo Gastronómico Muñoz”.
Por último, no es menor destacar el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, en su sentencia 03/10/2023 - firme-, confirmó expresamente la existencia del esquema de ocultamiento patrimonial del Sr. Muñoz como verdadero titular de la actividad económica y beneficiario de las rentas mediante la interposición de estructuras jurídicas creadas con el fin de ocultar al destinatario real del producido de los negocios. Se dio por probado el uso de estas estructuras como un "disfraz" para encubrir una realidad económico-tributaria distinta a la declarada. Se confirmó que el Sr. Muñoz era quien tomaba todas las decisiones y el único que efectuaba retiros de fondos (destinados a gastos personales), lo cual, según la validación judicial, atenta contra el concepto mismo de sociedad y demuestra que las firmas eran instrumentales. Por último, resultó crucial la propia manifestación de Muñoz en sede judicial, donde reconoció ser el verdadero dueño de las cuotas sociales de las empresas allanadas, asumiendo la responsabilidad correspondiente por encima de los "socios aparentes" o empleados que figuraban formalmente. En consecuencia, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en cuanto determinan de oficio el IVA, el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Bienes Personales, con costas.
VIII. Que, en relación a los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
IX. Que, finalmente resta expedirse con respecto a las multas aplicadas al recurrente, con sustento en artículo 46 de la ley de rito.
Que, en primer lugar, corresponde tratar lo alegado por el recurrente como cuestión de previo y especial pronunciamiento, en cuanto afirma que hubo una violación del principio de “non bis in idem”, ya que los hechos causantes de las multas aplicadas ya se habrían resuelto en sede penal.
Cabe recordar en este punto, que lo que garantiza este principio es evitar que alguien sea perseguido penalmente más de una vez con motivo de la comisión de un mismo hecho.
La Sala V de CNFed. Cont. Adm., en el fallo “SA Molinos Fénix” de fecha 20/06/2006, señaló que: “...la prejudicialidad es el medio para evitar el dictado de resoluciones contradictorias en diferentes sedes; así, el objetivo es evitar el “escándalo jurídico” y lo que busca la ley 24769 es precisamente -ante la existencia de dos procesos- otorgar prioridad al juez de la causa judicial (en contraposición al llamado “juez administrativo”, que es el funcionario de la AFIP que tiene potestades para determinar impuesto e imponer multa) para que califique la conducta del imputado y determine si se configura o no el aspecto subjetivo en su actuación...”.
Para dirimir la cuestión que se plantea en este caso hay que tener presente los artículos 17 y 20 contenidos en el régimen penal tributario establecido Ley N° 27.430 en donde el primero de ellos que las sanciones aplicadas por imperio de esta ley no impide que el Fisco Nacional imponga las multas previstas en la ley de procedimiento tributario, remarcando el principio de independencia de las sanciones aplicables en el ámbito judicial y en el administrativo; en tanto que el segundo de los artículos citados si bien establece límites al accionar fiscal respecto del momento y la forma en que pueden imponerse sanciones administrativas, dicha norma lejos de impedirlas, da pautas sobre como la sentencia judicial recaída en sede penal constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos.
Además, es requisito para la invocación del “non bis in ídem”, la “identidad del hecho”, el cual se compone por una triple identidad: de personas; de objeto y de causa de persecución, debiendo tenerse en cuenta que la sanción aplicada en autos se dictó luego de la sentencia penal condenatoria firme del 03/10/2023 (vide fs. 75/91 de los antecedentes administrativos obrantes en el IF-2025-88936552-APN-DTD#JGM), en donde el Tribunal Oral de San Juan resolvió condenar al recurrente quedando acreditada la existencia de tributos evadidos y el esquema de ocultamiento patrimonial.
En tal sentido, en el caso de autos, no se trata de un segundo juzgamiento de la conducta, sino de la aplicación complementaria de la consecuencia jurídica prevista en el régimen tributario a partir de un hecho ya declarado probado por la jurisdicción penal, conforme los arts. 17 y 20 del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).
Por ello, en función de las razones expuestas, corresponde desestimar la defensa opuesta por la recurrente con sustento en el principio denominado "non bis in idem". Sin costas.
X. Que sentado lo anterior, concierne a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho las multas aplicadas con sustento en el art. 46 de la Ley 11.683.
Al respecto, cabe recordar que el artículo 46 de la ley de rito sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa defraudare al Fisco. Ahora bien, las formas genéricas del fraude son el ardid y el engaño, que tienen como finalidad hacer creer a la víctima, mantenerla o incluso reforzar en su creencia de que es verdadero lo que no lo es. Pero el ardid o el engaño han de ser “idóneos”, esto significa aptos para inducir a error, en el caso, al organismo especializado en la fiscalización y recaudación tributaria.
Es decir, para que se configure el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley 11683, se requiere no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima de aquél. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal, sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (ver en tal sentido CNCAF, Sala I, in re “Georgalos Hnos S.A.I.C.A.” con fecha 1/10/2008). Cabe destacar que, “la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que “no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación. (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: “Procedimiento Tributario” - 1993 - comentario al artículo 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - “Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI” - 8/2/1999)” (CNCAF, Sala V, in re “Ruggiero Aldo”, sentencia del 21/12/2006).
Que ello así, no puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en las respectivas resoluciones y que se particulariza en los ajustes practicados, que en el caso de autos radica en la planificación agresiva efectuada por el Sr. Muñoz, llevada a cabo con interpósitas personas y estructuras jurídicas creadas a los fines de ocultar el verdadero titular y destinatario del producido de las operaciones desarrolladas por el “Grupo Gastronómico Muñoz”.
En este orden de ideas, cobra especial relevancia la mencionada sentencia firme dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, la cual fijó la materialidad de los hechos al condenar al recurrente como autor responsable de evasión mediante un ardid defraudatorio consistente en el ocultamiento de su verdadera actividad bajo estructuras societarias instrumentales. Respecto de los períodos sobreseídos en el Impuesto a las Ganancias (2013 y 2015), cabe precisar que tal decisión obedeció exclusivamente a que los montos no alcanzaban la nueva condición objetiva de punibilidad y no a la inexistencia de la conducta o de la maniobra engañosa, la cual quedó plenamente acreditada y firme en sede penal para los restantes períodos respecto de los mismos hechos, validando así la existencia de la ocultación maliciosa requerida por el artículo 46 de la Ley N.º 11.683. Por lo tanto, al verificarse la independencia de las sanciones y la fijación judicial de los hechos ardidosos, corresponde confirmar las multas aplicadas en las resoluciones apeladas, con costas.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas. Con costas.
2. Se deja constancia que la presente es suscripta por el Dr. Pablo Porporatto (Vocal titular de la Vocalía de la 6ta. Nominación) y por el Dr. José Luis Pérez (Vocal titular de la Vocalía de la 5ta. Nominación) por encontrarse en uso de licencia el Dr. Armando Magallón (Vocal titular de la Vocalía de la 4ta. Nominación), conforme lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.06.02 15:29:26 ART Date: 2026.06.02 15:49:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.02 15:49:44 -03:00
Fin de la sentencia