Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 35.776-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N°107/11, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la recurrente, en la siguiente forma:
A) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $81.226 por la representación procesal y $203.067 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) Por la tercera etapa, en la suma de $196.866 equivalente a 2,25 UMA por la representación procesal y de $402.164, equivalente a 5,63 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
3Regular los honorarios de la CP Ana María Machuca por su actuación como perita designada a propuesta del Fisco Nacional, en la suma de $83.073 también a cargo de la recurrente,teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-51458904-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Mayo de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación) y la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) para resolver el Expediente N° 35.776-I “Banco Finansur SA s/apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Banco Finansur S.A. interpone el recurso de apelación previsto en el art. 76 inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 107/11, dictada por la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, por la cual se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los períodos fiscales julio de 2005 a junio de 2006 y se le intimó el ingreso de $869.708,44, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Asimismo, se le aplicó una multa por omisión equivalente al 70% del impuesto determinado, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 45 de la ley (t.v.). Sostiene en primer lugar que durante la instancia administrativa previa, se vulneró su derecho de defensa porque se le denegó la producción de las pruebas ofrecidas y se ordenó en cambio la sustanciación de una medida para mejor proveer, luego de la cual no se le dio ninguna intervención, por lo que considera que la Resolución es nula porque se emitió en violación a los procedimientos sustanciales previos a su dictado.
Manifiesta que el organismo fiscal cuestionó el método utilizado por el Banco para el cálculo del crédito fiscal computable en la liquidación del gravamen correspondiente a esos períodos. Aclara que si bien convalidó aproximadamente el 70% del crédito fiscal imputado directamente a las operaciones gravadas, objetó la forma de asignación por apropiación aplicada para determinar la porción computable restante, originado en adquisiciones de bienes y/o servicios destinados indistintamente a la operatoria exenta y gravada del Banco. Indica que por eso efectuó el ajuste aplicando el método de prorrateo general previsto en el art. 13 de la ley del impuesto al valor agregado.
Además, consideró como ingresos exentos los importes registrados en la cuenta del Pasivo del balance N° 321123013, denominada “Venta de Títulos Públicos al contado a liquidar”. Luego, sobre esa base, recalculó el crédito fiscal que consideró computable para la liquidación del gravamen en los períodos en cuestión. Manifiesta que el Banco, por su parte, no recurrió al método de prorrateo previsto como residual por el art. 13 de la ley, sino a un método de asignación por apropiación tendiente a identificar la proporción del crédito indirecto vinculado a su operatoria exenta total. A esos efectos, explica, utilizó un sistema de costeo por personal asignado esencialmente a tareas relacionadas con la operatoria con títulos públicos y moneda extranjera (operaciones exentas en el IVA) y una fórmula complementaria tendiente a identificar la porción restante de las operaciones generadoras de ingresos exentos del banco -porque el resto de la operatoria exenta no tenía asignado personal específicamente al efecto- de modo tal que la sumatoria de ambos coeficientes fuera, a su juicio, razonablemente representativa de su actividad exenta.
Explica que el sistema de costeo en base al personal ocupado se efectuó sobre la base de la información y datos internos recabados por el Banco al efecto, de lo que resultó que 14 empleados sobre los 120 que conformaban el plantel total del Banco durante los períodos comprendidos en la determinación, se encontraban abocados esencialmente a tareas vinculadas con las operatorias de títulos públicos y moneda extranjera.
Señala que de la relación 14/120 se obtuvo el 11,67 % como guarismo que consideró razonablemente representativo de la actividad vinculada exclusivamente a la realización de transacciones de títulos públicos y moneda extranjera.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que para el resto de la operatoria exenta el Banco no tenía personal específicamente asignado, sostiene que utilizó una fórmula complementaria, generada a partir de relacionar los ingresos exentos, sin computar los originados en las operatorias de títulos públicos y moneda extranjera, respecto del total de ingresos del Banco, también netos de los ingresos provenientes de las operatorias de títulos públicos y moneda extranjera, lo que arrojó 4,94%.
De la sumatoria de ambos guarismos, continúa diciendo, se obtuvo la proporción del 16,73% que a su entender representa razonablemente la magnitud de la actividad exenta total del Banco, y con ello, la porción del crédito fiscal -no asignado directamente a operaciones gravadas- que resulta impugnable o no computable a los fines de la liquidación del gravamen.
Sostiene a continuación que dio prevalencia a la aplicación de un método de apropiación de créditos fiscales en función de pautas razonables, por sobre la aplicación del método de prorrateo general previsto por la ley como residual ya que, según afirma, la implementación lisa y llana de este método generaría efectos distorsivos, teniendo en cuenta la particular actividad de las entidades financieras.
Se agravia de que el juez administrativo no haya tenido por probado el índice basado en la cantidad de empleados afectados, para lo cual adjuntó declaraciones certificadas ante Escribano Público en sede administrativa, porque consideró que dichos testimonios no resultaban suficientes si no estaban acompañados por los documentos instrumentales propios de tales operaciones. Sostiene que se debió haber considerado esas manifestaciones al menos como prueba indiciaria de sus afirmaciones.
Subsidiariamente, plantea la improcedencia del método de prorrateo utilizado para cuantificar su ajuste. En ese sentido, se agravia de que el juez administrativo tomó como ingreso del Banco por su actividad vinculada a operaciones con títulos públicos y moneda extranjera a los importes registrados en la cuenta N° 321123013, sin advertir que, en rigor, dichos importes no representan en modo alguno una retribución o ingreso sino que, por el contrario, se trata de una cuenta del Pasivo donde se registran los importes correspondientes a las ventas por títulos públicos a liquidar, concertadas en el marco de su actuación como intermediador financiero. Es decir que, según explica, lo que allí se registra no es un ingreso -que se contabiliza en la cuenta de Resultados- sino una deuda con terceros.
Asegura que esta forma de cálculo resulta irrazonable y distorsiva, porque contiene dos inconsistencias: por un lado, se computan resultados (diferencias de precios de venta y costo) contra importes brutos de venta (cuenta pasivo por operaciones a liquidar con clientes). Y por el otro, no se efectúa una depuración de las operaciones, por lo que todas se asumen como si fueran venta de títulos de cartera propia, cuando la realidad económica del negocio evidencia que la mayoría de las operaciones que ejecuta el Banco es en su carácter de agente extrabursátil, o sea intermediando entre clientes que desean comprar y/o vender títulos.
Esto equivale a decir, afirma, que dentro de la actividad total del Banco, éste se encontraría abocado en un 87,14% a la realización de operaciones propias con títulos públicos (exentas en el IVA) y sólo en un 12,86% a operaciones gravadas, cuando en realidad la operatoria del Banco es, según dice, esencialmente el desarrollo de su actividad de banca minorista, y realiza operaciones gravadas en el IVA, lo que fue corroborado por el propio Fisco Nacional al haber admitido la asignación efectuada por el Banco de aproximadamente un 70% del crédito fiscal total como derivado de su actividad gravada.
También en forma subsidiaria, sostiene la improcedencia de la impugnación mensual del prorrateo de créditos fiscales, porque considera que, aún en el caso de admitirse el criterio fiscal, sólo cabría realizar ajustes sobre el mes de cierre del ejercicio, ya que así lo dispone el segundo párrafo del art 13 de la ley del gravamen, que permite a los contribuyentes hacer estimaciones mensuales para luego ajustarlas en la determinación del último mes del ejercicio comercial.
Por todo ello, solicita se deje sin efecto la pretensión fiscal.
Plantea además la improcedencia de los intereses resarcitorios intimados en la Resolución por falta de mora culpable en su obrar, lo que considera un requisito de admisibilidad esencial para su configuración. Por otra parte, se agravia de la multa por omisión aplicada en la Resolución, sosteniendo que no concurren en el caso los elementos objetivo y subjetivo requeridos en el art. 45 de la ley 11.683, invocando que no actuó en forma negligente ni arbitraria sino de buena fe y de acuerdo a una interpretación razonable de las normas vigentes. Por último, aporta prueba documental y ofrece prueba pericial y testimonial y solicita que por las razones invocadas se revoque la Resolución, con costas.
II. A su turno, contesta el traslado del recurso la representación fiscal, que remitiéndose a los fundamentos de la Resolución, pide su confirmación, también con costas.
III. A fs. 230 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la pericial contable. A fs. 276/555 obra el informe que fue impugnado a su turno por la representación fiscal a s. 560 de lo cual se corrió traslado a la recurrente y a su perito, los que fueron contestados a fs. 569/573.
A fs. 605 se solicita a las partes que informen los datos del síndico de la quiebra del Banco, que es cumplido a fs. 607 y 608, y a fs. 610 se lo cita a tomar intervención y se lo intima a constituir domicilio electrónico en este Expediente. Ante el incumplimiento, a fs. 617 se lo declara en rebeldía.
A fs.624 se clausura el período probatorio y a por PV-2025137712101-APN-VOCXI#TFN del 12 de diciembre de 2025 se elevan las actuaciones a la Sala. A continuación, se ponen los autos para alegar, obrando únicamente el alegato del Fisco Nacional a fs. 639/641.
A fs. 643 quedan en estado de dictarse la sentencia.
IV. En primer lugar, cabe referirse al planteo que efectúa la recurrente en su presentación “como defensa de fondo y para ser resuelta en oportunidad de dictarse la sentencia”, en el que invoca la supuesta vulneración de su derecho de defensa durante el procedimiento sustanciado en sede administrativa, en el cual, según sostiene, no se le admitió la producción de la prueba ofrecida.
Al respecto, cabe señalar que es facultad del juez administrativo valorar la pertinencia y admisibilidad de la prueba y no se advierte que en el caso la decisión adoptada no se haya fundado en forma debida o haya sido arbitraria. Además, se desprende de las actuaciones administrativas que no sólo se tuvo por agregada la documental acompañada por el Banco al contestar la vista, sino que se dictó una medida para mejor proveer a efectos de que “el personal fiscalizador analice, valide y evalúe los argumentos esgrimidos por Banco Finansur” en su descargo, dándole a través de los requerimientos efectuados en consecuencia, reiteradas oportunidades de adjuntar la documentación que considerase necesaria para su defensa, todo lo cual fue merituado por el juez administrativo al emitir la Resolución aquí recurrida ( fs. 808 y sgtes del Cpo principal V).
No se constata, entonces, violación alguna a ninguna de las disposiciones de la ley 11.683, ni tampoco al procedimiento administrativo reglado en la ley 19.549, que de haber ocurrido, acarrearían la nulidad del acto apelado.
Al respecto, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este tribunal al decir que “… cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES - Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” - conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020, entre otros -.
Por ello, corresponde rechazar el planteo formulado por la recurrente, sin costas ( Fallos 336:70, "Bolland").
V. Corresponde decidir, entonces, acerca de la legitimidad de la Resolución N°107/11, de la cual surge que durante un procedimiento de fiscalización llevado a cabo a Banco Finansur SA, cuya actividad principal es la prestación de servicios de banca minorista, el organismo fiscal objetó el método utilizado en la apropiación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado vinculados indistintamente con su operatoria gravada y la exenta, durante los periodos fiscales abril a junio de 2006.
Dicho método, que según explica la propia recurrente, lo comenzó a utilizar a partir de abril de 2006, consistió en distinguir entre la totalidad de su personal, que era de 120 empleados, al dedicado específicamente a las operaciones de compraventa de moneda extranjera y de compraventa y depósito de títulos públicos -actividad exenta en el impuesto al valor agregado-, que era de 14 empleados. De esa relación, resultó un porcentaje de apropiación del 11,67% que aplicó para establecer la porción de créditos fiscales indirectamente vinculados a su actividad exenta.
Además, aplicó un prorrateo general utilizando una fórmula complementaria, que resultó de relacionar los ingresos exentos, sin computar los originados en las operatorias de títulos públicos y moneda extranjera, respecto del total de ingresos del Banco, también netos de los ingresos provenientes de las operatorias de títulos públicos y moneda extranjera, lo que arrojó el un porcentaje del 4,94%.
De la combinación de ambos métodos, obtuvo un total del 16,73%, que consideró representaba la porción del crédito fiscal no asignado directamente a operaciones gravadas y, por lo tanto, no computable a los fines de la liquidación del gravamen.
A la hora de resolver, cabe recordar que la forma de computar el crédito fiscal está prevista por el art 12 de la ley del impuesto al valor agregado, que dispone como principio general, que sólo darán lugar a su cómputo las compras o importaciones definitivas, las locaciones y las prestaciones de servicios en la medida en que se vinculen con operaciones gravadas, cualquiera fuese la etapa de su aplicación.
A su vez, el art. 13 de la ley establece que “Cuando las compras, importaciones definitivas, locaciones y prestaciones de servicios que den lugar al crédito fiscal, se destinen indistintamente a operaciones gravadas y a operaciones exentas o no gravadas y su apropiación a unas u otras no fuera posible, el cómputo respectivo sólo procederá respecto de la proporción correspondiente a las primeras, la que deberá ser estimada por el responsable aplicando las normas del artículo anterior”.
Por su parte, el art. 55 de su decreto reglamentario prevé que “No será de aplicación el artículo 13 de la ley, en los casos en que exista incorporación física de bienes o directa de servicios, ni cuando pueda conocerse la proporción en que deba realizarse la respectiva apropiación…”
El criterio del Banco es que las normas antes referidas hacen prevalecer los métodos de asignación y apropiación directa, basados en pautas razonables, por sobre el método del prorrateo general sobre ingresos, que es un método residual.
En el caso, como señalan tanto el juez administrativo en los Considerandos la Resolución como la representación fiscal al contestar el recurso y al presentar su alegato, no se cuestionó la utilización del método de apropiación directa escogido por el Banco, ni tampoco que el Banco tenía 120 empleados. Lo objetado fue la metodología empleada, más precisamente la falta de prueba de que 14 personas de los 120 que integraban la nómina se ocuparan de tareas vinculadas con la operatoria de Títulos Públicos y de Moneda Extranjera.
Ello así, toda vez que durante la fiscalización el Banco informó en un primer momento que la asignación específica del personal a esas tareas era de 14 personas sobre un total de 120, pero no efectuó aclaraciones ni aportó elementos que pudieran vincular a dichas personas exclusivamente con las áreas en cuestión. Posteriormente, acompañó un listado en el que consignó como afectadas a esas tareas a 19 personas, pero incluyó en el mismo a empleados que se desempañaban en áreas distintas de las consideradas en su cómputo. Asimismo, exhibió a los inspectores el Libro Sueldos y Jornales, del que tampoco surgió dicha información (fs. 306 –Cpo principal II de los ant. adm.).
Al contestar la vista de los ajustes en la instancia administrativa previa, el Banco agregó como prueba de sus dichos las declaraciones de 8 empleados prestadas ante Escribano Público, sobre las actividades y tareas a las que se dedicaban, las que volvió a acompañar como prueba documental en este Expediente a fs. 236/251, a requerimiento del entonces Vocal instructor (fs. 235).
De ellas surge que algunos declararon que se desempeñaron como empleados del Banco en distintas áreas, como los Sectores de Finanzas (Sr. Miguel Carballa) y de Operaciones (Sres. Roberto Adrián Manograsso; Santiago Pellegatta), realizando tareas vinculadas con títulos públicos. En otros casos, las personas declararon que trabajaron, por ejemplo, como Responsable del área de Recursos Humanos (Sr. Ignacio Spera), el de Contaduría (Sr. Claudio Masini), el de Operaciones (Sra. Stella Maris Lago), de Finanzas (Sr. Lucas Mieres) y el de Tesorería (Sr. Juan Agustin Almenares), informando el nombre de las personas que trabajaron en tareas relacionadas con títulos públicos y moneda extranjera en áreas como Gerencia Financiera y de Operaciones y Contaduría.
Se aclara en las actas notariales que las personas se encuentran trabajando en el Banco, en diferentes sectores, a la fecha de las declaraciones.
La recurrente insistió sobre este punto al ofrecer la prueba pericial contable en esta instancia, que se encuentra producida en el informe obrante a fs. 276/555. Allí, se requirió a los peritos que informaran si el Libro Sueldos debía indicar el sector o la tarea específica que desarrollaba cada empleado, a lo que respondieron que no era un requisito formal exigible, sino que de acuerdo a lo dispuesto en el art. 52 de la LCT la única obligación era registrar la categoría laboral correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente, recaudo que fue cumplido por el Banco (v. punto 2).
Sin perjuicio de ello, lo relevante es que ni de allí ni de otra documentación aportada por la recurrente surge la afectación específica del personal en la manera invocada, es decir, a tareas vinculadas con títulos públicos y moneda extranjera. Bien podría haber aportado documentación vinculada a esta clase de transacciones suscriptas o intervenidas por dichas personas, como los formularios de apertura de las cuentas o los boletos de compraventa, u otros elementos que dieran cuenta de su efectiva participación, sea como empleados o como responsables de sector, en alguna de las etapas que los peritos describen en el punto 4) del informe al hacer referencia a la operatoria de compraventa de títulos públicos.
Asimismo, se requirió a los peritos que informaran si los empleados detallados en el listado confeccionado por el Banco agregado a fs. 306 de las actuaciones administrativas –Cpo Principal II- trabajaron allí durante los períodos bajo análisis, a lo que respondieron efectuando un listado de las personas que prestaron servicios durante esos periodos y el puesto que ocupaba cada uno (por ej. auxiliar, cajero, gerente, tesorero, etc.). Tanto en el listado agregado a las actuaciones administrativas, como en el realizado por los peritos se incluyen 19 personas (punto 3).
Por otro lado, si bien en el listado de fs. 306, el Banco identifica cada persona con un sector –Finanzas, Comercio Ext., Operaciones, Títulos, Mesa, Contaduría, en este punto son los mismos peritos los que señalan que de la información obtenida y expuesta “…sólo surge la tarea del empleado sin poder identificar el área en la cual se desarrollaba la misma”.
De todo ello se desprende que ni en sede administrativa ni en esta instancia, la recurrente logró demostrar con elementos de prueba fehacientes que efectivamente fue la proporción de 14 empleados por ella considerada, la que correspondía al personal afectado específicamente a tareas vinculadas con operaciones de títulos públicos y moneda extranjera, lo que hubiera permitido sustentar la razonabilidad del método de costeo utilizado para la apropiación de los créditos fiscales en la forma que lo hizo durante los períodos en cuestión.
Queda decir que la falta de documentación que justifique dicha apropiación no puede suplirse por las manifestaciones de sus propios empleados formuladas ante Escribano Público, que además, trabajaban al momento de declarar, si éstas no se encuentran, además, avaladas por otros elementos, en especial por constancias documentales que puedan dar verosimilitud a sus dichos y otorgar veracidad a los datos utilizados en la apropiación, por lo que corresponde desestimar sus agravios en ese aspecto.
Esta Sala ya resolvió en el mismo sentido en relación a una cuestión análoga en la causa “Banco Columbia S.A.”, sentencia del 29 de abril de 2022, criterio que fue convalidado en ese aspecto por la Cámara que ejerce como tribunal de alzada en la sentencia del 4 de julio de 2025. Allí también, respecto de la asignación de los créditos fiscales según el personal afectado específicamente a la actividad de Títulos públicos y moneda extranjera, se dijo que el banco no había logrado probar dicha afectación que, en lo que aquí interesa se hizo a través de los mismos medios de prueba, el libro de sueldos y jornales y las declaraciones de los propios empleados sobre sus actividades y las tareas realizadas. Se sostuvo además en dicha oportunidad que aún cuando no era obligatorio que en el libro de sueldos y jornales se asentara el lugar de trabajo de las personas, la omisión implicaba la imposibilidad de hacer la apropiación de tareas pretendida por el Banco y con ella la apropiación de créditos fiscales en forma directa, conclusión que debe aplicarse en este caso también dado que el Banco no ha logrado acreditar, en su propio interés, el lugar de trabajo de sus empleados.
En cuanto al porcentaje de apropiación del 4,94% utilizado por la recurrente como complementario, obtenido de relacionar los ingresos exentos, sin computar los originados en las operatorias de títulos públicos y moneda extranjera, respecto del total de ingresos del Banco, también netos de los ingresos provenientes de las operatorias de títulos públicos y moneda extranjera, cabe ya señalar que no se encuentra justificado por las normas que regulan la cuestión, ya que ni la ley del impuesto al valor agregado, ni su decreto reglamentario prevén que el mecanismo de asignación de créditos fiscales deba efectuarse excluyendo determinados ingresos, sino que por el contrario, el art. 13 de la ley -antes citado- establece que debe realizarse teniendo en cuenta los montos de las operaciones gravadas, exentas y no gravadas, sin hacer ningún tipo de distinciones.
Por lo tanto, resulta acertado el criterio fiscal también en ese aspecto en cuanto en el ajuste aplica las normas de prorrateo previstas el referido artículo, sobre la base de la totalidad de los ingresos obtenidos, entre los que se incluyen los provenientes de las operaciones en títulos públicos y moneda extranjera.
VI. Por otra parte, en forma subsidiaria, la recurrente se agravia porque para efectuar el prorrateo aplicado en su ajuste, el organismo fiscal tomó como valor de ingresos del Banco vinculados a la operatoria de títulos públicos, a los importes registrados bajo el concepto “Ventas TIT P” en la cuenta N° 321123 “Venta de Títulos Públicos al Contado a Liquidar”, que según dice, es una cuenta del Pasivo donde se registran operaciones en las cuales actúa como intermediado financiero porque son en realidad una deuda con los compradores, mientras que los ingresos por esas operaciones, constituido por la diferencia entre el precio de compra y venta para clientes, se registran en la cuenta de Resultados.
Al respecto, cabe señalar que como surge de las actuaciones administrativas, tanto durante el curso de la fiscalización como en particular a raíz de la medida para mejor proveer dictada por el juez administrativo específicamente para verificar ese aspecto, se le solicitó que aportara los elementos que justificaran lo invocado, a lo que la recurrente a los largo de sus presentaciones, manifestó que los movimientos de títulos públicos de la entidad y de terceros se encontraban registrados según lo establecía el BCRA, y que ni por vía del sistema ni por vía de los mayores de las cuentas se podía arrimar un detalle que discriminara los ingresos según su origen en operaciones de venta de cartera propia o de venta por cuenta de terceros. Tampoco aportó a pesar de haberle sido requerido, algún inventario o planilla extracontable de la cual pudieran extraerse los movimientos de los títulos públicos. Así se desprende del Informe Medida para Mejor Proveer obrante a fs. 48/51 Cpo. principal II). En efecto, en ocasión de contestar el requerimiento dictado en ese proceso que obra a fs. 9 del Cpo. Med para Mejor Proveer, la apoderada del Banco dijo que “Por limitaciones en el sistema utilizado en el período bajo análisis, por el momento, no es posible desde el detalle de los movimientos de los rubros antes citados, discriminar los importes relacionados con las ventas de títulos públicos de cartera propia de los de terceros”. Ello, según explica, porque se registraron contablemente en forma conjunta, lo que implicaba revisar cada uno de los boletos de compra venta lo que insumiría tiempo y personal que en ese momento no podía destinar. Por lo tanto, el juez administrativo realizó el prorrateo en base a los ingresos resultantes de las operaciones gravadas, exentas y no gravadas, considerando los importes de las operaciones registradas también en dicha cuenta.
En esta instancia, al formular el punto 4 de la pericia contable, la recurrente solicitó a los peritos que informaran cómo se contabilizaban las operaciones de compra y venta de títulos públicos y moneda extranjera efectuadas para clientes del Banco, informando las cuentas contables utilizadas, a lo que los expertos respondieron efectuando un detalle de la forma de registración de esas operaciones, para concluir en que “la sumatoria de los movimientos del haber de la cuenta N° 321123 “Venta de Títulos Públicos al Contado a Liquidar” asciende a $ 204.188.253,49, cuyo monto se conforma por la totalidad de las operaciones de intermediación que ascienden a $167.041.771,52, por las operaciones de cuenta propia o inversión que ascienden a $35.826.567,07 y por los revalúos contables de $1.319.914,90”.
En cuanto a las operaciones de moneda extranjera, informaron que pudieron constatar que “el resultado que obtiene el Banco en virtud de las operaciones de compra y venta de moneda extranjera para clientes, se registran en la cuenta N° 515027 “Diferencia de cotización de Oro y Moneda Extranjera”. Aclararon, a su vez, que para establecer las operaciones de intermediación tuvieron en cuenta además de los registros contables de los Mayores de las cuentas involucradas, los datos de respaldo que surgían de los boletos de compra - venta respectivos, que tuvieron a la vista.
Por su parte, al responder el punto 7, señalan que, en las planillas acompañadas al notificar la vista, “el organismo fiscal tomó la totalidad de los títulos públicos y otros valores, computando un importe de $ 204.188.253,49”, importe que corresponde al concepto “Venta de Títulos Públicos contado a liquidar” (#321123), “sin realizar una diferenciación entre operaciones con títulos públicos que el Banco destina a inversión o cartera propia, de las de intermediación”. En función de ello, adjuntan en anexos copia de los boletos de compraventa e informan que “el total de las operaciones de venta de títulos públicos y otros instrumentos que se detentaban como inversión o cartera propia asciende a $35.826.567,07”.
Sin embargo, asiste razón a la representación fiscal cuando en ocasión de alegar destaca que la conclusión a la que se arriba en este punto se adopta a partir de copias simples de los boletos de compraventa agregados en 36 anexos al informe pericial, sin certificación alguna, ni firma ni aclaración de la única marca que tiene al pie. En el propio boleto acompañado se dice que “Este boleto carece de autenticidad si no lleva la firma autorizada por Bco. Finansur S.A”. en consonancia con lo dispuesto en el art. 49 de la ley 17.811 que dispone que “La firma de un agente de bolsa da autenticidad a los boletos y demás documentos correspondientes a las operaciones en que haya intervenido”.
Dicha documentación, además, no fue exhibida en la instancia administrativa previa, ni a la fiscalización ni al juez administrativo que ordenó la medida para mejor proveer, precisamente, con el objeto de contar con dicha documentación. Resulta llamativo entonces que recién al practicarse la pericia el Banco la pusiera a disposición de los peritos, más aún cuando al contestar los requerimientos de la fiscalización invocó limitaciones en el sistema informático del Banco no podía hacer la discriminación y al contestar el requerimiento que obra a fs. 46 del Cpo Medidas para Mejor Proveer que forma parte de las act. adm., la apoderada del Banco justificó la registración global de las operaciones, es decir, sin discriminar, de las operaciones de títulos de cartera propia y de terceros en la imposibilidad de buscar y exhibir los boletos de compraventa. Agregó allí la apoderada que “ Asimismo, de realizarse esta tarea, más allá del tiempo que demandaría la misma, no podríamos anticipar que el resultado fuera satisfactorio al fin que se persigue”.
Cabe señalar que la pericia fue impugnada a fs. 560 por la representación fiscal, sobre la base de objetar que los peritos tomaran como respaldo de lo informado por el Banco a esos boletos, que nunca fueron exhibidos a la fiscalización y que son copias simples sin certificar, por lo que sostiene que tampoco pueden ser tenidos en cuenta al efectuar el informe pericial, crítica que en el caso particular a la luz de las consideraciones realizadas, en especial las exhaustivas tareas llevadas a cabo en el marco de la medida para mejor proveer, resulta razonable y debe ser acogida manteniéndose por este concepto la liquidación practicada por el juez administrativo. Por último, corresponde referirse al planteo subsidiario formulado por la recurrente, que sostiene que según lo previsto en el art 13 de la ley del impuesto al valor agregado, los ajustes deben realizarse exclusivamente en el mes de cierre del ejercicio, agraviándose de que el juez administrativo desconociera la facultad del Banco de efectuar las estimaciones mensuales a las que se refiere el primer párrafo del artículo.
Al respecto, cabe señalar que, según se hace constar en la Resolución apelada y surge de las constancias de la causa, en virtud de que, por las razones ya expuestas, el organismo recalculó el coeficiente del prorrateo de los créditos fiscales, resultaron ajustes mensuales en el impuesto, por lo que también efectuó el ajuste del ejercicio anual comprendido entre julio 2005 y junio 2006, es decir que actuó conforme a las normas que regulan el supuesto y el agravio debe ser desestimado.
En virtud de lo expuesto, la pretensión fiscal notificada en la Resolución recurrida debe ser confirmada.
VIII. Respecto de los intereses intimados en la Resolución N° 107/11, los agravios formulados no pueden tener acogida, en particular la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en IKA Renault S.A. y Citibank NA en la que, por excepción, se admitió su exoneración con arreglo a la causal del error excusable prevista en el entonces art. 509 del Código Civil.
Para ello, cabe tener en cuenta que no media aquí una cuestión interpretativa que hubiera podido llevar a la recurrente a incurrir en un error de tal índole, ni textos que se prestaran a varias interpretaciones, por lo que corresponde también su confirmación.
VIII. En cuanto a la multa de omisión aplicada en la Resolución en los términos del art. 45 de la ley 11.683 , en el caso no existen dudas de que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta del Banco en dicha figura infraccional. En efecto, la reseña efectuada en los apartados precedentes permite concluir que sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado fueron presentadas en forma inexacta, ya que allí se computaron créditos fiscales en exceso de lo debido, lo que implicó que ingresara en menos el impuesto correspondiente, configurándose de ese modo el elemento objetivo del ilícito tipificado en el art. 45 de la ley 11.683.
En lo que respecta al elemento subjetivo, de indispensable configuración tratándose de ilícitos tributarios, conforme a la doctrina de la Corte Suprema en Fallos 271:297, era a la recurrente a la que le correspondía demostrar, pruebas mediante, la falta de la culpa o de la negligencia que exige el tipo del art. 45 de la ley (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A.”, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña S.A.", del 27/10/1998; “Italcred S.A. “, del 28/04/2016, entre otros), pero ni en esta instancia, ni en la administrativa previamente sustanciada rindió pruebas tendientes ello ni tampoco para eximirla de su responsabilidad con fundamento en la doctrina del error excusable, por lo que también corresponde confirmar en este aspecto la Resolución N° 107/11. Contrariamente a lo que sostiene en su recurso, no se la sanciona por haber utilizado el método de asignación por apropiación del art. 13 de la ley del gravamen sino por la indebida acreditación de la metodología seguida en su aplicación, sin que las pruebas rendidas, ni la documentación que adjuntó al mismo, tengan entidad suficiente para descartar la negligencia en su obrar ni para eximirla de su responsabilidad.
Por ello, corresponde confirmar en todas sus partes la Resolución N° 107/11, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N°107/11, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de la recurrente, en la siguiente forma:
a) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $81.226 por la representación procesal y $203.067 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) Por la tercera etapa, en la suma de $196.866 equivalente a 2,25 UMA por la representación procesal y de $402.164, equivalente a 5,63 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
3. Regular los honorarios de la CP Ana María Machuca por su actuación como perita designada a propuesta del Fisco Nacional, en la suma de $83.073 también a cargo de la recurrente,teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado Se hace constar que esta sentencia se emite con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de esta Sala por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la 12° Nominación (conf. art. 184 de la ley 11.183). Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese Date: 2026.05.22 14:20:33 -03:00 Date: 2026.05.22 16:11:30 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.22 16:11:31 -03:00
Fin de la sentencia