Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la resolución. Costas por su orden.
Regísteres, notífiquese y oportunamente archívese.
I. Que mediante IF-2025-42249141-APN-DTD-JGM la actora interpone recurso de apelación contra la RESOL- 2025-10 de fecha 14/04/2025, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Junín de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
El apelante impugna la mencionada resolución mediante la cual se determinó de oficio sus obligaciones relativas al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2022, con más intereses resarcitorios y resolvió aplicar una multa equivalente al 100% del impuesto dejado de ingresar, bajo las previsiones del artículo 45 de la Ley 11.683. En primer lugar, manifiesta que CONEXPOR es una Sociedad que se dedica como actividad principal a la cría de ganado bovino y en forma secundaria a la de cereales. Como resultado de su actividad en los períodos 2020 y 2021 se produjeron quebrantos en el impuesto a las ganancias.
Alega que, la firma presentó declaración jurada aplicando el mecanismo de ajuste por inflación de manera integral y puso en conocimiento de ARCA el 14 de diciembre de 2022, mediante la Presentación Digital Nº 2022015511625, el criterio utilizado para actualizar los quebrantos acumulados y amortizaciones aplicados en la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2022, cuestión que posteriormente fue impugnada por el fisco y dio apertura a una inspección y posterior ajuste.
Sostiene que, al impedirse la aplicación efectiva de manera integral del mecanismo de ajuste por inflación previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias, provoca en el período fiscal 2022 una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o del capital y que excede los límites razonables de la imposición. Cita los precedentes jurisprudenciales “Candy”, y el precedente del Alto Tribunal en “Telefónica de Argentina S.A. c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva” del 25 de octubre de 2022.
Efectúa un análisis de la normativa aplicable, haciendo énfasis en la aplicación del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias cuyo anteúltimo párrafo establece expresamente la actualización de los quebrantos, artículo 87 (amortización de inmuebles) y artículo 88 (amortización de bienes muebles); disposiciones estas últimas que expresamente contemplan la actualización de las cuotas ordinarias de amortización.
Indica que, el Estado tiene un actuar contradictorio, por cuanto en los hechos impide su aplicación concreta pese a la vigencia de una norma legal que lo habilita, como es la Ley del Impuesto a las Ganancias.
De tal manera, manifiesta que la imposibilidad legal de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias de manera integral llevó a que se configurase una situación de vulneración del derecho de propiedad y de confiscatoriedad en el período fiscal 2022.
Señala que tal extremo quedó en evidencia de acuerdo al “Informe Especial”, realizado por un contador público independiente el 7 de mayo de 2023, y la pericia contable presentada en sede administrativa, donde luego de analizar la documentación de la Sociedad el impuesto a ingresar fue de cero (0).
Indica que, el ajuste por inflación tiende a mantener los valores a un mismo poder adquisitivo (moneda homogénea o constante) y las leyes 24.073, 27.430, 27.468 y 27.541, lo que buscaron es evitar que se aplique el mecanismo de ajuste por inflación en forma integral para los periodos 2020 y 2021, con el impacto que tuvieron en el periodo fiscal 2022 como se explicó.
En virtud de la prohibición de hecho, por la normativa reseñada, de no aplicar el mecanismo legal de ajuste por inflación previsto en la ley del impuesto a las ganancias, la alícuota efectiva a ingresar insume una parte sustancial de las rentas obtenidas por CONEXPOR excediendo un límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad, ya que en el caso la alícuota máxima es del 35% y la misma sería efectivamente del 114,68% o infinito, según como se lo calcule, al no permitir la aplicación de las normas de ajuste, en tanto si se toman los quebrantos actualizados el resultado impositivo es una pérdida. Reitera que, la confiscatoriedad está probada con la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la pericia contable realizada en sede de ARCA .
Además sostiene que la pericia contable producida en la etapa administrativa fue desestimada arbitraria e infundadamente, que en resumen, probó que “con la aplicación de los mecanismos correctivos del ajuste por inflación impositivo integral comprendiendo ello la actualización de quebrantos impositivos de los períodos fiscales 2020 y 2021, utilizando para ello la normativa aplicable, no surge impuesto determinado del período, toda vez que el resultado impositivo del período fiscal 2022 arrojó la suma de $501.621.412,56 el cual fue absorbido con los quebrantos impositivos de los períodos fiscales 2020 y 2021 actualizados al 31/7/2022 por la suma de $ 576.528.310,32…”, lo que en definitiva se traduce en un quebranto impositivo (pérdida) de $ 76.906.897,76.- Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Sobre este punto, afirma que el Tribunal Fiscal tuvo por acreditada la confiscatoriedad también con parámetros similares al probado, con lo que se está produciendo un dispendio jurisdiccional.
Entiende que, resultaría oportuno suspender el procedimiento determinativo de deuda hasta tanto no se dicte sentencia definitiva en los autos caratulados: “Conex-Por S.A. c/ Estado Nacional- AFIP- DGI s/contencioso administrativo- varios (FLP37371/2023)”, en trámite por ante el Juzgado Federal de Pehuajó.
Por otro lado, manifiesta que la mora no es imputable a la firma y en consecuencia plantea la improcedencia de los intereses, debido a que la firma ha liquidado su obligación tributaria en los períodos motivo del ajuste aplicando la normativa pertinente y en un todo de acuerdo con los criterios de la CSJN; además, como se reconoce en la Resolución recurrida, indica que se le informó al organismo Fiscal su aplicación al momento de presentar la declaración jurada del período fiscal 2022.
Sobre la multa aplicada, esgrime que existe ausencia tanto del elemento objetivo, como subjetivo de la figura infraccional imputada. A su vez destaca que la multa aplicada es improcedente desde el momento que CONEXPOR no ha cometido la infracción que se le imputa, debido a que en todo momento se puso en conocimiento el criterio que se aplicó en la declaración jurada de impuesto a las ganancias del período fiscal 2022, sin ocultar ni falsear ninguna información mediante presentación en sede administrativa y como está reconocido en la Resolución recurrida.
Esgrime la regla contenida en el artículo 386 del CPPC de la sana crítica. En subsidio plantea la eximición de la sanción con arreglo al error excusable. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Ofrece prueba documental, informativa y pericial contable y formula reserva del caso federal, solicitando se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, mediante IF-2025-63713049-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el recurso y, en primer lugar, se opone a la solicitud de la actora de que se suspenda el presente juicio hasta tanto recaiga sentencia judicial firme respecto de la acción declarativa interpuesta por esa parte en la Justicia Federal, por ser improcedente dicha solicitud.
Advierte que, en relación a la suspensión del proceso solicitado por la recurrente, la misma ya fue rechazada en la instancia administrativa, cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Seguidamente señala que, las tareas de fiscalización desarrolladas por el personal de la administración, así como el procedimiento de determinación de oficio que desembocó en el dictado de la resolución cuestionada, se ha ajustado en un todo a la normativa en vigor y a parámetros de razonabilidad y legalidad, respetándose acabadamente el derecho de defensa del contribuyente.
Sobre el fondo del asunto, cita y reproduce los argumentos vertidos en el acto recurrido, agregando que los quebrantos impositivos no son ajustables por inflación conforme surge del Dictamen de Firma Conjunta de la Dirección Nacional de Impuestos, en el IF-2024-131304807- APNDNI# MEC de fecha 29/11/2024 donde analiza la Ley 27.430 y la sustitución del entonces artículo 89 (actual 93). Concluyendo que, en base a la normativa imperante se mantiene plenamente vigente la restricción genérica impuesta por el artículo 39 de la Ley Nº 24.073 -la cual limita las actualizaciones de valores previstas en los diversos tributos regidos por la Ley Nº 11.683-, y por consiguiente el régimen de indexación por la inflación de los quebrantos, contemplada por el anteúltimo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias se encuentra actualmente suspendida.
Entiende que, según el art. 93 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, el coeficiente de actualización es igual a uno (1), que el conjunto de normas dictadas en relación al tema cuestionado se mantiene derogada y explicó también que los fallos dictados en las causas “Candy S.A.” y “Telefónica de Argentina S.A.” limitan su alcance a las partes involucradas, no resultando de acatamiento obligatorio para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Manifiesta que el contribuyente no cumple en exponer dentro de los estados contables básicos aprobados, la previsión de los quebrantos impositivos trasladables, para lo cual debe considerar aplicar la alícuota vigente del impuesto a las ganancias al quebranto trasladable y generar a través de una previsión el crédito potencial o posible.
En cuanto los restantes agravios, a los que les da tratamiento en forma conjunta, sostiene que las alegaciones de la actora con relación a la potencial confiscatoriedad que sufriría, no pueden tener acogida en el presente caso, considerándose no probada tal circunstancia por errores conceptuales detectados en los elementos de prueba aportados y el procedimiento de cálculo utilizado.
Cita el acto cuestionado, respecto del informe del perito contador de parte producido en sede administrativa, indicando que no resulta hábil para controvertir el criterio fiscal, más aún confunde los argumentos esgrimidos por la defensa en su escrito de fecha 02/07/2024, ya que cae en errores como por ejemplo la fórmula utilizada por el perito contador para determinar el porcentaje de confiscatoriedad, la cual no responde a propiedades matemáticas de operaciones algebraicas, dado que fue aplicada en valores absolutos es decir sin contemplar el signo positivo o negativo de los rubros contables involucrados, de esa forma al proyectarlos en la obtención de valores relativos (relaciones porcentuales) el resultado se convierte en una referencia imperfecta e incorrecta. A continuación, agrega que la pericia en el ejercicio económico involucrado, de querer demostrar con relaciones la potencial confiscatoriedad aludida por el contribuyente, se basa en información que no representa la realidad económica pretendida, porque la aplicación de la integralidad del ajuste por inflación en los resultados no se corrigió.
Afirma que, todas las conclusiones arribadas a posteriori en el informe especial pericial sobre los montos de los quebrantos involucrados, cargan con una imperfección conceptual y matemáticas que no deben ser tenidas en cuenta.
Agrega que, la prueba rendida no prueba confiscatoriedad alguna tal como aduce la actora, con lo cual lo “irreal” es el resultado plasmado en la pericia realizada por la actora que sella la suerte de su segundo, tercero y cuarto agravio, pues su prueba resulta inconsistente, atento las razones ut supra referenciadas y plasmadas en el acto recurrido por el actor.
Sobre los intereses por mora aplicados, ratifica su aplicación, cita jurisprudencia y normativa en apoyo de su postura.
Finalmente, en torno a la multa aplicada, indica que la figura aplicada fue la del art. 45 de la Ley 11.683 que requiere la culpa (o negligencia) en el cumplimiento de la ley. Así, señala que de las circunstancias objetivas que rodearon el incumplimiento y el deber de previsión que es inherente a todo obligado y/o responsable, cabe inferir que el responsable no habría adoptado los recaudos conducentes para la satisfacción oportuna de la deuda en su justa medida, pues a sabiendas de la normativa decidió omitir su aplicación. Añade sobre el planteo subsidiario que el error para poseer entidad eximente de reproche conforme ha dicho la CSJN debe reunir la triple característica de esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción.
Se opone a la producción de la prueba, hace reserva el caso federal y solicita se confirme la resolución apelada con costas.
III. Que mediante PV-2025-70292878-APN-VOCV#TFN se abre la causa a prueba y se hace lugar a la prueba informativa obrante en IF-2025-76598613-APN-VOCV#TFN y pericial contable ofrecida que se encuentra agregada en IF-2025-108655419-APN-DTD#JGM.
Que en el transcurso de dicha etapa, la actora a través de IF-2025-95596994-APN-DTD#JGM adjunta sentencia recaída en los autos “Conexpor S.A. c/Estado Nacional -AFIP-DGI- s/ contencioso administrativo-varios” (FLP 39371/2023) del Juzgado Federal de Pehuajó, y luego mediante IF-2025-106213454-APN-DTD#JGM reitera su solicitud de suspensión del proceso, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa citada, la cual manifiesta, fue apelada por el Fisco Nacional, en trámite ante la Sala III de la Cámara Federal de La Plata. El Tribunal a través de PV-2025-113641966-APN-VOCV#TFN rechaza dicha petición.
Que, en atención al estado de la causa por PV-2026-27554786-APN-VOCV#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “B”, la que por IF-2026-29112103-APN-VOCV#TFN los pone para alegar, producidos los alegatos, mediante IF-2026-35884828-APN-VOCV#TFN llama autos para sentencia.
IV. Que en primera instancia corresponde analizar los antecedentes administrativos, conforme el informe final de inspección obrante a fs. 118/121 del Cuerpo I de Ganancias, IF-2025-63701864-APN-DTD#JGM.
Del mismo surge que el cargo fue originado en virtud de la presentación N° 202201551625 donde la empresa hace saber que realizó la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2022, computando el ajuste integral impositivo y de quebrantos.
Que iniciada la inspección, se envía requerimiento F. 8600 y se solicita una serie de documentación la cual es aportada por la contribuyente, entre ellos papeles de trabajo del Impuesto a las Ganancias período fiscal 2022, sumas y saldos históricos, apertura de quebrantos impositivos, papeles de trabajo de ajuste por inflación, Estados Contables, entre otros.
De la documental aportada, el organismo fiscal observa que fueron actualizados los quebrantos impositivos correspondientes a los períodos fiscales 2020 y 2021 actualizados por el índice de precios al por mayor (en adelante “IPIM”), desde la fecha de generación hasta la fecha de utilización.
Como resultado de la compulsa se confecciona papel de trabajo a fs. 86 donde se analiza el impuesto a ingresar con quebrantos históricos y ajustados, corroborándose que con la actualización de quebrantos no se genera impuesto a ingresar, dando como resultado un mayor quebranto.
A corolario de lo expuesto, el Fisco Nacional concluye que no procede la actualización de quebrantos en virtud de la aplicación del art. 93 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y el art. 39 de la Ley 24.073.
V. En cuanto a la procedencia o no de la actualización de quebrantos se plantea un conflicto en la interpretación de ciertos artículos de la ley de impuesto a las ganancias por lo que a fin de lograr una mayor claridad expositiva, cabe realizar un análisis de las normas aplicables al caso traído a decisión de este Tribunal.
Toda vez que el período involucrado es el 2022, a los efectos del análisis de la normativa aplicable al caso de autos, se hará referencia a continuación al texto ordenado por el Decreto Nº 824/2019 que aprobó un nuevo texto de la Ley de Ganancias. Las leyes 27.430, 27.468 y 27.541, introdujeron diversas modificaciones en lo que hace al mecanismo denominado “ajuste por inflación” que está expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, estableciéndose el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste. Asimismo, se efectuaron modificaciones en los índices de actualización que se encuentran dispersos por la norma y su procedencia.
En lo que al ajuste por inflación se refiere, el artículo 105 del mencionado texto ordenado establece que “...los sujetos a que se refieren los incisos a) a e) del artículo 53, a los fines de determinar la ganancia neta imponible, deberán deducir o incorporar al resultado impositivo del ejercicio que se liquida, el ajuste por inflación que se obtenga por la aplicación de las normas de los artículos siguientes”.
Por su parte, el artículo 106 establece el procedimiento a seguir a los efectos de practicar el ajuste por inflación al que se refiere el artículo anterior, disponiendo en sus dos últimos párrafos lo siguiente: “El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 93, acumulado en los TREINTA Y SEIS (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al CIEN POR CIENTO (100 %)”. “Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %), un TREINTA POR CIENTO (30 %) y en un QUINCE POR CIENTO (15 %) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente.”
Por otra el artículo 194 (texto según Ley 27541) establece: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de impuesto a las ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”.
En lo que hace al régimen general aplicable a los quebrantos que se compensan con las ganancias del ejercicio, el art. 25 se modificó mediante la Ley 27.430 disponiendo “(…) Los quebrantos se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida.”
Por su parte, la misma Ley 27.430 en su art. 59 sustituye el artículo 89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el nuevo art. 93 que dispone: “Las actualizaciones previstas en esta ley se practicarán conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley N° 24.073.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, las actualizaciones previstas en los artículos 62 a 66, 71, 78, 87 y 88, y en los artículos 98 y 99, respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del índice de precios al consumidor nivel general (IPC) que suministre el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, conforme las tablas que a esos fines elabore la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS”.
Reseñados los artículos involucrados, corresponde hacer una breve reseña histórica que ayudará a poner claridad sobre el texto legal en crisis.
Que el mecanismo de ajuste por inflación expuesto en el Título VI de la ley del Impuesto a las Ganancias, establecía el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste, entre otras cosas (arts. 94 a 98).
Sin embargo, posteriormente, la ley 24.073 (art. 39, parte pertinente) agregó: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683, t.o. en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1 de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive”. Finalmente, la ley 25.561 modificó el art. 10 de la ley 23.928 manteniendo “derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.”
Ello implicó que durante muchos años de contexto inflacionario se discutiera la válidez de dichas normas. En efecto se planteó su inconstitucionalidad ya que no podían mantenerse las disposiciones del art. 39 de la ley 24.073 en el contexto económico generado a partir de enero de 2002, con el abandono de la convertibilidad, habida cuenta de que las causas que originaron su dictado desaparecieron en ese año y, por lo tanto, recobró plena vigencia y operatividad el mecanismo de ajuste por inflación.
Al respecto, debe señalar que la Sala “D” de este Tribunal sostuvo en oportunidad de expedirse en los autos “C.D.R. Comunicaciones”, “Swaco de Argentina S.A.” (ambos de fecha 22/03/2007) y “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.” (de fecha 7/10/2010) –criterio compartido por la Sala “B” in re “Cragnolino, Raúl José” del 18/04/2008-, que “la virtual derogación del sistema en forma oblicua o indirecta..., no existe, porque no basta que algunas opiniones doctrinarias... lo sugieran, sino que para que deje de regir, la abrogación debe encontrarse plasmada en norma dispositiva expresa, lo que no ha ocurrido hasta el presente, precisando así el desigual enfoque que la ley otorga a las distintas categorías de contribuyentes. El dictado posterior de otras normas legales que hacen directa referencia al mecanismo, ratifican su permanencia (vrg. Ley 24.587 – B.O. 22/11/95)”.
“Que no obsta a esas consideraciones que la aplicación del mecanismo corrector en la práctica no logre el efecto que de él se espera. Ello así, porque sin necesidad de modificar un ápice el texto legal, el sistema de actualización y de ajuste de valores ha dejado de hallarse operativo por lo dispuesto en el citado art. 39 de la ley 24.073, pues al fijar como tope las variaciones de índice hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, ha tornado inocua su aplicación en cuanto a este aspecto se refiere, situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente”.
Que, en ese orden, en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (Fallos: 328:2567), se expuso: “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas)”.
Más tarde en el reconocido fallo “Candy S.A.” del 3/7/2009, el Máximo Tribunal convalida la constitucionalidad de dichas normas, se reiteró la doctrina de que “no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución y, en este caso, el derecho de propiedad”.
“Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si éstas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152)”.
“A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los “principios de la ciencia económica” (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)”.
En virtud de dichos precedentes, se convalidó la normativa y se admitió su cuestionamiento en el caso en que se demuestre una lesión al derecho a la propiedad y al de igualdad traducido en el principio de capacidad contributiva, en virtud de acreditar que existió confiscatoriedad en el caso particular.
Ahora bien, volviendo a la contienda que se suscita en autos, si bien los precedentes mencionados no analizan en concreto la normativa actual, resultan de suma importancia ya que la discusión se reedita en cuanto a si el límite dispuesto en el artículo 93 -primer párrafo- el que remite al mismo art. 39 de la Ley 24.073, resulta un valladar a la aplicación de la actualización prevista en el art. 25 respecto de los quebrantos.
Es decir vuelven a coexistir, por un lado, una norma que establece un mecanismo de actualización y por otro una norma que lo limita.
En ese sentido, teniendo en cuenta los antecedentes reseñados cabe interpretar que el legislador dispuso expresamente en el segundo párrafo del art. 93 los artículos y, en consecuencia, los conceptos que se excluían del primer párrafo, es decir de la aplicación del tope del primer párrafo y no incluyó expresamente al art. 25 del texto legal, por lo cual estos juzgadores entiende que la actualización de los quebrantos en los términos de la ley no se encuentra operativa por lo dispuesto en el art. 39 de la Ley 24.073 .
Tal como surge del voto del Dr. Rosatti en el caso “CAF 49252/2011/1/RH1 Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva” 25/10/2022 “Que la Constitución Nacional habilita al Gobierno federal para la emisión de moneda (art. 75, inc. 6°) y fijación del valor de la moneda (art. 75, inc. 11), y para legislar sobre su falsificación (art. 75, inc. 12). Estas cláusulas de habilitación se complementan con otras de prohibición, dirigidas a las provincias, quienes no pueden "acuñar moneda" ni "emitir billetes" -prohibición que no es absoluta, en la medida en que es allanable mediante autorización del Congreso federal-; ni legislar sobre "falsificación de moneda o documentos de Estado" (art. 126).
Específicamente, la fijación del valor de la moneda prevista en el inc. 11 encuentra relación con el inc. 19, en cuanto encomienda al Congreso “(p)roveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.
Dicha norma, cuyos destinatarios son todos los poderes del Estado federal, provincial y también los particulares, no se limita a defender la autenticidad de la moneda sino que supone que su solvencia intrínseca coadyuvará al crecimiento económico con justicia social y a la productividad de la economía nacional, con generación de empleo. Y aun cuando podría ser reputada como una cláusula programática, como norma vigente hace valer la fuerza del programa que expresa en tanto: i) constituye una regla interpretativa; ii) expresa un mandato para que los poderes públicos la tornen operativa; iii) e impide que se dicte una norma o decisión contraria al programa. De allí se desprende que a la potestad constitucional de fijación del valor de la moneda como expresión de soberanía (art. 75, inc. 6°), le sigue un correlativo deber de igual carácter de promover y defender ese valor (art. 75, inc. 19).
7. Que en los términos expuestos, resulta claro que la Constitución, en cuanto prohíbe la confiscación y la percepción de tributos sin sustento en la capacidad contributiva, no mira -necesariamente- al medio o instrumento por el cual este tipo de despojos puede producirse (v.gr.: la determinación de la base imponible, la fijación de una alícuota específica, la ausencia de actualización de mecanismos como los quebrantos, cuota anual de amortizaciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles, o los costos computables –arts. 19, 58, 59, 60 LIG, 81, inc. f, 83 y 84 de la ley 20.628-), sino el resultado final efectivamente generado. Tal es el método realista que ha seguido esta Corte en el precedente “Candy” (Fallos: 332:1571), al corroborar que la absoluta falta de ponderación de la depreciación monetaria en la determinación del impuesto a las ganancias puede generar alícuotas efectivas confiscatorias y, por ende, tributaciones carentes de sustento”.
Que de acuerdo con lo expuesto y a las reseñas que anteceden, no es función de este Tribunal juzgar el mérito de las políticas económicas, correspondiendo la aplicación al caso particular del primer párrafo del art. 93 de la LIG y en consecuencia del art. 39 de la Ley 24.073.
Ello se ve ratificado con las disposiciones establecidas en la Ley 27.742 conocida como la “Ley Bases”. Justamente el espíritu de dicha norma es otorgar incentivos diferenciales a quienes adhieran al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones “RIGI” por lo que su artículo 183, segundo párrafo, inciso c) dispone lo siguiente en relación a los beneficios por adherir: “(...) Los quebrantos, al igual que el régimen general que les resulta aplicable, se actualizarán por la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida. A estos efectos, se aclara que no resultará de aplicación el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (...)”. Esto último no hace más que precisar que no resultará de aplicación el art. 93 de la LIG a quienes adhieran al RIGI como beneficio diferencial respecto del resto de los contribuyentes. Al igual que la Ley 27.802 en su artículo 190 que sustituye el undécimo párrafo del artículo 25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, por el siguiente: “Los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 93 de esta ley”. En otras palabras el legislador modifica nuevamente el índice aplicable y aclara que a partir de 1/01/2025 no será aplicable lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 93. Esa precisión del legislador en la nueva norma no hace más que confirmar que hasta entonces consideró que el mismo sí aplicaba.
VI. Sentado ello, cabe señalar que todo lo expuesto no obsta que este Tribunal analice en el caso particular conforme a los términos expuestos por la CSJN en las causas "Candy" y “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI”, si en el caso particular se da un supuesto de confiscatoriedad y que la no aplicación de la actualización insuma una parte sustancial de la renta en un monto que exceda cualquier límite razonable de imposición, .
Cabe entonces pronunciarse sobre los agravios de la apelante que intentan poner en evidencia un menoscabo en su derecho de propiedad, implicando la confiscatoriedad del impuesto discutido de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación en su totalidad, en particular en este caso de la actualización de los quebrantos trasladables, como única tangente válida admitida para hacer lugar hipotéticamente, en cada caso concreto, al ajuste solicitado. Que, al respecto, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
Que, a fin de resolver la cuestión ventilada en estos autos, ha de estarse al criterio de la Corte Suprema, a partir del precedente "Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo", sentencia del 3/7/2009. Allí, en lo principal, el Alto Tribunal discurrió: “Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial -Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”.
Asimismo expresó “Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (confr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, y en virtud de las conclusiones arribadas en los considerandos 8° y 9° del presente decisorio, cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
Que, en consecuencia, las pautas rectoras que pueden extraerse de dicho precedente para delimitar la aplicación de la doctrina de la no confiscatoriedad en el impuesto a las ganancias, son de carácter sustancial y no nominal, toda vez que el Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que corresponde su ponderación conforme las pruebas de la causa, en cada caso concreto, en tanto no existe una línea divisoria absoluta que permita delimitar hasta dónde resulta aceptable en este contexto que la alícuota efectiva exceda a la legal, es decir, hasta qué punto se tolera cierta distorsión inflacionaria.
A lo expuesto cabe agregar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Telefónica de Argentina SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ DGI” de fecha 25/10/2022 donde, con remisión al dictamen de la Procuración Fiscal, se señala que “Por un lado, nada encuentro en la sentencia de la causa “Candy” que permita inferir que V.E. haya consagrado al título VI de la LIG como único mecanismo de ajuste permitido para demostrar la confiscatoriedad del tributo. Por otra parte, de la lectura de la LIG se desprende que, además del mecanismo previsto en su título VI, dicha ley permitía también reflejar las variaciones de precios para el cálculo de: a) las amortizaciones impositivas de bienes muebles (art. 84, primer párrafo, inc. 2º, LIG), inmuebles (art. 83, tercer párrafo, LIG) e inmateriales (art. 84, segundo párrafo, LIG); b) los costos impositivos computables correspondientes a los bienes muebles, inmuebles, llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares enajenados (arts. 58, 59 y 60 de la LIG); y c) los quebrantos (art. 19 LIG). El estudio de tales preceptos conduce a colegir, sin hesitación, que la LIG regulaba en dichos rubros el impacto de las variaciones de precios ocurridas desde su fecha de alta hasta la correspondiente al mes de la fecha de cierre del periodo fiscal que se liquidaba y, para morigerar tales efectos, expresamente preveía la posibilidad de ajustarlos mediante los índices fijados por el INDEC (ver arts. 58 y 59, en cuanto allí remite al art. 89 de la LIG)”.
Al respecto, cabe traer a colación el voto del Dr. Rosenkrantz en la causa “SYNGENTA AGRO S.A.” del 27/12/2024, donde en relación al fallo Telefónica antes citado, ha dicho que: “…la Corte sostuvo que resulta claro que ello no importa la negativa a actualizar, en los términos del art. 19 de la ley del tributo, los quebrantos con los que ya contaba la empresa a fin de analizar la confiscatoriedad en cada uno de los períodos fiscales cuestionados, sino que solo implica la imposibilidad de reconocer nuevos créditos, o acrecentar los existentes, que puedan trasladarse a períodos fiscales futuros.”
En definitiva, la cuestión a dilucidar es si se encuentra debidamente acreditada en la presente causa la confiscatoriedad invocada por la recurrente.
Que del informe pericial obrante en IF-2025-108655419-APN-DTD#JGM, surge que el Ajuste por Inflación Impositivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 considerando la totalidad del ajuste determinado en función a la aplicación de las normas del Título VI de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019), y en particular del art. 25 penúltimo párrafo del mismo cuerpo legal, asciende a una pérdida de $ 76.134.354 en virtud de la actualización de quebrantos históricos correspondientes a los períodos fiscales 2020 y 2021 que fueron actualizados al 31/7/2022 por el índice de precios internos al por mayor (IPIM); por otro lado, considerando el importe correspondiente que daría como resultado de aplicar la limitación contenida en el art. 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y el art. 39 de la Ley 24.073 según lo previsto por este último, el coeficiente a aplicar para la actualización de los quebrantos es de uno (1), con lo que daría una ganancia neta sujeta a impuesto de $260.629.790,29, con un consecuente impuesto a ingresar de $ 88.470.426,60. Que entonces, conforme surge del informe pericial, el Impuesto a las Ganancias determinado para el ejercicio fiscal 2022 tras aplicar la limitación del art. 93 de la LIG y 39 de la Ley 24.073 es de $ 88.470.426,60 y el Impuesto a las Ganancias determinado para el ejercicio fiscal 2022 sin aplicar la limitación citada da un quebranto impositivo de $76.134.354.
Conforme los datos expuestos anteriormente, de no aplicar las pautas de ajuste por inflación y las previsiones establecidas para la actualización de quebrantos contenidas en el artículo 25 de la LIG se vería comprobada la confiscatoriedad alegada.
Al respecto cabe traer a este punto lo dicho por la Corte en los autos “CARSA S.A.” (Fallos 347:2041), donde se verificaba un supuesto de confiscatoriedad en tanto de la aplicación del mecanismo del ajuste por inflación, el resultado arrojaba quebranto, resolviendo que la existencia de un quebranto impositivo en el ejercicio “…demuestra la existencia de un supuesto de confiscatoriedad, al no existir ganancia que pudiera dar lugar al pago del impuesto.”
Que de acuerdo con lo expuesto y a las conclusiones arribadas en los considerandos que anteceden, cabe concluir que la limitación de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación de manera integral, en particular contemplando la actualización de quebrantos establecida en el artículo 25 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos por la CSJN en la jurisprudencia analizada a lo largo del presente voto, dado que el impuesto determinado por la AFIP excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad.
Que, en consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en lo que fue materia de agravio en esta instancia. Costas por su orden en atención a las particularidades y complejidad del caso en examen. Que por lo expuesto, se RESUELVE:
Revocar la resolución. Costas por su orden.
Regísteres, notífiquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.04.16 12:32:45 ART Date: 2026.04.16 14:39:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.16 14:43:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.16 14:43:59 -03:00
Fin de la sentencia