Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en todos sus términos, con costas.
I. Que mediante RE-2025-27046605-APN-SGAI#TFN y RE-2025-25248518-APN-SGAI-TFN la actora interpone sendos recursos de apelación contra las Resoluciones N° RESOL-2025-8-E-AFIP-DVRRSF#SDGOPII y RESOL-2025-10-E-AFIP-DVRRSF#SDGOPII dictadas el 14 y el 17 de febrero del año 2025 respectivamente, por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Santa Fe de la Dirección General Impositiva, A.R.C.A.
En virtud de ellas, se dispuso determinar de oficio el Impuesto al Valor Agregado 07/2019 al 06/2021, con más intereses resarcitorios; y determinar de oficio el Impuesto a las Ganancias, por los períodos fiscales 2020 y 2021, con más intereses resarcitorios, en ambas efectuando reserva de aplicar sanciones en virtud de lo dispuesto por el Régimen Penal Tributario, arts. 18 y 20 segundo párrafo.
En primer lugar, la actora alega que el ajuste acaeció al momento de la Pandemia Covid-19 donde dio lugar al desarrollo de una actividad específica que cubría las necesidades del momento y que se utilizó para salvaguardar el funcionamiento de la empresa y la subsistencia de las fuentes de trabajo que fue la preparación de viandas y su posterior venta.
Manifiesta que en dicho contexto el frigorífico vio decaída sus ventas tradicionales de carne y debió reciclarse, surgiendo la posibilidad de hacer viandas para vender a diferentes negocios.
Se agravia, en tanto el Organismo Fiscal no aporta pruebas que sustenten el ajuste efectuado, resaltando que las operaciones impugnadas, fueron efectivamente realizadas, los gastos y compras a proveedores existieron y las facturas respaldan las ventas efectuadas. Afirma que, dicho extremo, se encuentra acreditado mediante el aporte de declaraciones juradas y libros de IVA.
Esgrime que, pretender cuestionar la operatoria entendiendo que se hizo a sujetos distintos de los declarados, sosteniendo una supuesta falta de habilitación comunal para realizar la actividad declarada, emitiendo simples opiniones no técnicas sobre el lugar utilizado para efectuar las tareas, recurriendo al análisis de la composición societaria y asesoramiento fiscal de los proveedores, sin aportar ninguna otra prueba, resulta a todas luces violatorio de los demás derechos amparados.
En tal sentido, expresa que la impugnación de los créditos fiscales sobre la base de divergencias en cuanto a la efectiva realización de las viandas declaradas, constituye la base principal del ajuste sobre la cual deberá sin mucho mayor análisis centrarse las medidas probatorias, a fin de acreditar la falta de razonabilidad del mismo. Por otro lado, aduce que negar la realidad de la operatoria, cuestionar los procedimientos utilizados y considerar que se trata de ventas simuladas, constituye un despropósito que debe ser revisado en esta instancia, máxime si tenemos en cuenta que todo fue registrado debidamente por el actor y nada fue probado por el fisco. Alega la violación al principio de realidad económica, en tanto la posición adoptada por la ARCA-DGI para determinar la deuda en cabeza del contribuyente no resulta razonable. Indica que, no es posible sostener que esas simples referencias, negaciones genéricas y la adopción de criterios no técnicos, constituyan el único fundamento para desconocer la realidad económica del contribuyente plasmado en las declaraciones juradas del impuesto. Agrega que, desde el punto de vista del Impuesto a las Ganancias, se trata de facturas hábiles para la comprobación de los gastos efectuados, los que constituyeron gastos vinculados directamente con la actividad gravada realizada y necesarios para obtener las rentas gravadas.
Concluye que las expresiones subjetivas de la resolución determinativa, carecen de relevancia jurídica, y no hacen más que confirmar su posición, mostrando la falta de argumentos jurídicos, contables y fiscales sólidos que permitan desvirtuar la realidad de los hechos.
Finalmente cita jurisprudencia en apoyo de su postura, ofrece prueba, reserva la cuestión federal y solicita se revoquen los actos apelados con costas.
II. El Fisco Nacional mediante IF-2025-53368483-APN-DTD#JGM e IF-2025-54583544-APN-DTD#JGM contesta sendos recursos y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
En primer lugar, indica que el ajuste practicado ha sido sucintamente especificado a través de los procedimientos llevados a cabo, a su vez resalta que la actora no presentó escrito de descargo ni ofreció prueba alguna para rebatir los ajustes propuestos.
Pasando al fondo de la cuestión, efectúa un raconto de la inspección efectuada y detalla las irregularidades detectadas de los proveedores, entre ellos AV ALE S.R.L., quien realiza la actividad de “venta al por mayor y menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza” –actividad que no se condice con los conceptos facturados-. Asimismo, se observó que dicha firma se encuentra vinculada a MURAT S.A.S. donde, en la fiscalización practicada a esta última se verificó que emitió comprobantes por operaciones que no existieron, las que -en cambio- fueron realizadas con otros sujetos categorizados.
Como aditamento, apunta que las firmas AV ALE S.R.L. y MURAT S.A.S. poseen idéntico domicilio fiscal; el mismo asesor contable -que a su vez es también el de Zorrchac S.R.L.- y el Sr. ALE, José Darío socio de MURAT S.A.S -es cotitular de las cuentas bancarias de AV ALE S.R.L., entre otras irregularidades detalladas. En otro orden, sobre el proveedor Martín Andrés Garrote observa que las compras efectuadas al mismo no se relacionan con la actividad declarada por la firma ante el Organismo Fiscal, no encontrándose de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la ley 20.631 (T.O. 1997 y sus modificaciones). Entre otros indicios recolectados.
Sobre este punto, y en responde al argumento en torno a la venta de viandas, señala una serie de irregularidades obrantes en el informe de inspección.
La representación fiscal destaca que no se encuentra habilitada por la ASSAL para desarrollar dicha actividad; habiéndosele requerido que aporte la autorización otorgada por los organismos pertinentes para la preparación y comercialización de viandas, en primer lugar, refiere a la otorgada el 24/10/2017 -la cual corresponde a la actividad de matanza de ganado bovino-, en tanto que luego presenta un certificado extendido por la Comuna de Helvecia -con alcance para ese distrito- de fecha posterior a las compras que se cuestionan y al inicio de la auditoría. Por otro lado, detalla que las cobranzas se realizaban en efectivo una vez que eran retiradas del centro de elaboración, señalando que resulta cuanto menos llamativo teniendo en cuenta que se trata de productos que requieren refrigeración y los supuestos adquirentes se domicilian a grandes distancias -Santo Tomé, provincia de Santa Fe, Villa Martelli provincia de Buenos Aires y C.A.B.A.-. A su vez, tres de los supuestos clientes a quienes se habrían vendido las viandas no respondieron la requisitoria formulada por la fiscalización, a efectos de recabar información.
Trae a colación el artículo 34 de la ley procedimental, la ley Nº 25.345 y el art. 12 de la Ley Nº 20.631, afirmando que en virtud de la normativa reseñada y contrariamente a lo sostenido por la actora se invierte la carga de la prueba, correspondiendo al contribuyente acreditar la veracidad de las operaciones y la vinculación de los productos supuestamente adquiridos con las operaciones gravadas.
Pone de resalto que, el organismo fiscalizador efectuó una verificación exhaustiva y dio cuenta de los elementos de prueba en los que se sustentan los ajustes efectuados, en tanto que la contribuyente omitió probar entre otras cosas, cómo efectuó los pagos de las mercaderías supuestamente adquiridas, cómo desarrolló una actividad para la cual no tenía habilitación ni infraestructura adecuada, cómo envasó las supuestas viandas que elaboraba, de qué forma fueron trasladadas hacia los domicilios de los supuestos clientes y cómo les fueron pagadas las mismas. Por otro lado, en torno al agravio de la recurrente donde plantea que los requisitos para el cómputo del crédito fiscal que surgen de la Ley del IVA se encuentran cumplidos, manifiesta que tal afirmación es incorrecta. Ello por cuanto, no se verificó que se haya perfeccionado el hecho imponible para los vendedores, ni pudo ser acreditado que las operaciones generadoras del crédito fiscal estén afectadas a la actividad gravada del contribuyente. Agrega que, la firma pretende justificar la pertinencia de los créditos fiscales cuestionados únicamente con la facturación emitida y la registración, elementos que no resultan suficientes para destruir el cúmulo de los elementos concretos reunidos por la fiscalización, que ponen en duda la veracidad de las operaciones. Al respecto, indica que abundante jurisprudencia sostiene que la existencia de facturas formalmente válidas no demuestra que la operatoria entre la recurrente y los proveedores cuestionados se desarrolló.
Manifiesta que, los procedimientos determinativos, se han ajustado en un todo a la normativa en vigor y a parámetros de razonabilidad y legalidad, y pone de resalto que el Organismo fiscal se encuentra facultado para determinar de oficio la materia imponible y liquidar el impuesto correspondiente en cabeza de la actora, ya que ha sido la propia contribuyente quien ha perjudicado al fisco a través del cómputo de operaciones inexistentes desde un aspecto material.
Cita jurisprudencia en apoyo de su postura.
Con respecto a la aplicación de intereses resarcitorios manifiesta que la recurrente no ha efectuado agravio alguno, y siendo que las alegaciones han devenido insuficientes para desvirtuar las conclusiones vertidas en el acto apelado, solicita su confirmación en todas sus partes cita el art. 37 de la ley de rito.
Hace reserva de caso federal, efectúa oposición a la prueba y solicita se confirmen los actos, con costas.
III. Que en PV-2025-100045273-APN-VOCV#TFN se abre la causa a prueba haciéndose lugar parcialmente a la prueba informativa ofrecida y pericial contable. En atención a la inactividad de la parte actora y la falta de impulso respecto de la prueba ordenada por este Tribunal en PV-2026-20449440-APN-VOCV#TFN se da por decaído a la apelante el derecho a la producción de la prueba y se clausura el período probatorio. A través de PV-2026-23443908-APN-VOCV#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y mediante pasan los autos a sentencia.
IV. Que expuesto lo que antecede, cabe analizar el informe final de inspección obrante a fs. 786/799 del IF- 2025-53376515-APN-DTD#JGM acompañado en los antecedentes administrativos, resaltando que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada, a raíz de la detección de diferencias de rinde en kg. de animales faenados.
Según se desprende de las actuaciones administrativas, la recurrente es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que declara las siguientes actividades: operaciones de intermediación de carne excepto consignatario directo; matanza de ganado bovino; matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne; venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.; cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y para la producción de leche y venta al por mayor de carnes rojas y derivados, en la ciudad de Helvecia, provincia de Santa Fe, cerrando sus ejercicios comerciales el 30 de junio de cada año.
A lo largo de la fiscalización, la firma aportó libro de IVA Ventas e IVA compras, mayores de las compras y Estados Contables. En ese contexto, el área fiscalizadora analizó las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente y las compras y gastos registrados en el Libro IVA Compras, detectándose operaciones que no resultan computables, ello en virtud de las consideraciones que se reproducen a continuación.
En primer lugar, la fiscalización actuante observó la Factura A Nº 00007-00000001 del 31/10/19 por $3.020.180,00, emitida por AV ALE SRL, cuyo concepto es “Venta de Carnes”. Se formularon consultas a los sistemas informáticos del Organismo verificándose que la proveedora declara realizar la actividad de venta al por mayor y menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza, sólo registra presentaciones hasta el período fiscal marzo/21. No se probó el movimiento físico ni el pago de la factura observada. No respondió los requerimientos que se le efectuaron. Además, se observó que dicha firma se encuentra vinculada a MURAT S.A.S. cuya actividad es la venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p.; poseen idéntico domicilio fiscal; el mismo asesor contable, quien también es asesor de Zorrchac SRL, y el Sr ALE, José Darío -socio de MURAT S.A.S- es cotitular de las cuentas bancarias de AV ALE SRL. Se desprende del informe final a su vez que, anteriormente, en la fiscalización practicada a Murat se verificó que emitió comprobantes por operaciones que no existieron, las que -en cambio- fueron realizadas con otros sujetos no categorizados.
Teniendo en cuenta las vinculaciones de la presunta proveedora, que los productos comercializados por ésta no se condicen con las actividades declaradas por Zorrchac SRL y que -además del comprobante indicado- no se aportó otra documentación que acredite la efectiva realización de la operación, la auditoría concluyó que correspondía impugnar el mismo de conformidad a lo establecido en el art. 83 de la ley del Impuesto a las Ganancias. En lo que respecta a la elaboración de viandas, a lo largo de la inspección se indica que el contribuyente señaló que: 1) se componen de productos de origen cárnico (hamburguesas, carne cocida almacenada en sus equipos de superfrío) y una base de lácteos (leche entera, en polvo, descremada, yogur de diferentes usos y variedades, diferentes variedades de quesos, dulce de leche, entre otros); 2) las ventas se efectuaban a cuatro clientes, 3) no existían contratos, 4) las cobranzas se realizaban en efectivo una vez que eran retiradas del centro de elaboración (Iturraspe 1315, Helvecia, Santa Fe). Además, informó que posee la correspondiente Habilitación Municipal desde el 24/10/2017, inscripta bajo el Padrón N° 992. En dicha presentación adjuntó facturas de compras de insumos lácteos y de ventas a los clientes mencionados.
A continuación, la fiscalización actuante por la actividad de elaboración de viandas, procedió a circularizar a los cuatro clientes señalados, donde tres de los supuestos clientes a quienes se habrían vendido las viandas no respondieron la requisitoria. Las ventas efectuadas a uno de ellos, en períodos anteriores, fueron impugnadas en una inspección previa y el ajuste fue conformado por Zorrchac. La facturación relativa a la única firma que respondió el requerimiento, quien confirmó haber operado con Zorrchac, no dió cuenta de que se le hayan vendido productos lácteos, a su vez las operaciones fueron en efectivo conforme manifestó.
En punto a lo expuesto, del informe final se desprende que la actividad de elaboración de viandas no se encontraba declarada ante el Organismo Fiscal, ni tampoco se encontraba habilitada por la ASSAL –Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria – para desarrollar dicha actividad al momento de la fiscalización. Sumado a ello, y efectuada una inspección ocular en el punto de distribución, no se visualizó un lugar acorde para las tareas que afirmaban realizar.
En lo referente a la habilitación para la preparación y comercialización de viandas, efectuadas las circularizaciones pertinentes a la Comuna de Helvecia y la ASSAL, Zorrchac tenía habilitación para la actividad de matanza de ganado bovino, en tanto que, luego presentó un certificado extendido por la Comuna de Helvecia - con alcance para ese Distrito- emitido en fecha posterior a las compras que se cuestionan y al inicio de la auditoría.
A continuación, se observaron los comprobantes emitidos por el proveedor Martín Andrés Garrote, que en los períodos auditados totalizan $25.576.494,94. Se analizó que los conceptos facturados (leche, queso, dulce de leche, yogurt, leche chocolatada, y crema) no se relacionan con la actividad declarada por la firma ante el Organismo fiscal.
En la PD N.º 202200542577 (ver fs. 227 y sgtes. Cpo impuesto a las ganancias N.º 2) Zorrchac SRL informó que las compras realizadas a Garrote fueron canceladas en efectivo, incumpliendo la normativa vigente respecto de los medios de pago (art. 34 Ley 11683 y Ley 25345). A su vez, en el marco de la fiscalización llevada a cabo a este último bajo la OI 2.084.172, se entendió que las operaciones de venta a Zorrchac SRL en realidad fueron realizadas por otros sujetos no categorizados.
Conforme lo expuesto, la auditoría procedió a impugnar las facturas emitidas por Martín Andrés Garrote. Así, mediante Resolución Nro. 74/2024 (DV RRSF), notificada el 07/08/2024 en el domicilio fiscal electrónico de la firma ZORRCHAC SRL, se inició el procedimiento de determinación de oficio previsto en el artículo 17 de la Ley N° 11683 (t.o. en 1998 y sus modif.). El 28/03/2022, en el marco de la Ley de Alivio Fiscal N°27.653, la firma procedió a presentar voluntariamente declaraciones juradas rectificativas del IVA por los períodos 07 a 12/2020, incrementando el débito fiscal. Pero sólo por las diferencias de rinde en kg. de animales faenados determinadas.
Por lo expuesto procede a la impugnación del crédito fiscal computado, originado en las operaciones con los proveedores cuestionados por tratarse de documentación apócrifa y en consecuencia careciendo de aptitud jurídica para respaldar las operaciones pretendidas.
Con relación a la verificación efectuada por el impuesto a las ganancias, se compararon las compras registradas en el Libro IVA compras con las declaradas en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias ajustándose las mismas; a su vez, se efectuaron los ajustes correspondientes a la determinación conformada por la contribuyente en el IVA. A continuación, la fiscalización resolvió impugnar el resto de los gastos computados originados en las operaciones con los proveedores cuestionados, y de los que no se justificó que fuesen necesarios para generar, conservar o mantener la fuente de ganancias.
V. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si las resoluciones apeladas se encuentran ajustadas a derecho.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Que conforme se desprende de las resoluciones apeladas en autos, los ajustes determinados en cada uno de ellas provienen de: a) en el IVA de la impugnación de los créditos fiscales respecto de los contribuyentes Martín Garrote y AV ALE SRL, el incremento del débito fiscal por diferencias detectadas entre los registros del Libro IVA Ventas y las declaraciones juradas, y se disminuyeron créditos fiscales por diferencias entre libros y las declaraciones juradas presentadas; b) en el Impuesto a las Ganancias los ajustes determinados se originan en la impugnación de las compras a los dos proveedores antes citados, por diferencias de ingresos resultantes de la confrontación del Libro IVA y Balance, y por diferencias de rindes en kilogramos de faena los cuales fueron conformados por la recurrente en el IVA -mediante presentación en el marco de la Ley de Alivio Fiscal 27.653- pero no hizo lo propio con la diferencia de ingresos gravados en Ganancias por dicho concepto.
Precisados los ajustes determinados en los actos recurridos ante esta instancia, cabe precisar que en ninguno de los escritos recursivos presentados por la empresa recurrente surge agravio alguno contra los ajustes determinados en IVA relativos al incremento del débito fiscal por diferencias detectadas entre los registros del Libro IVA Ventas y las declaraciones juradas y la disminución de créditos fiscales por diferencias entre libros y las declaraciones juradas presentadas; o los determinados en el Impuesto a las Ganancias por diferencias de ingresos resultantes de la confrontación del Libro IVA y Balance, y por diferencias de rindes en kilogramos de faena que fueran conformados en el IVA. Ello así, como primera medida, ante la falta de agravios concretos, corresponde confirmar los mismos, con costas.
Que por lo tanto, la labor de este Tribunal habrá de centrarse en el tratamiento de los ajustes que han sido objeto de agravio por la recurrente, los que quedan limitados -entonces- a la impugnación de los créditos fiscales y la impugnación de compras a Martín Garrote y AV ALE SRL.
En lo que respecta a la factura impugnada relativa a este último proveedor surge de las constancias de autos que es de fecha 31/10/2019 por $ 3.020.180 (neto) y $ 317.118,90 (IVA), por el concepto de “Venta de Carnes”. Tal como surge de las actuaciones administrativas la firma tiene declarada ante el organismo recaudador la actividad de venta al por mayor y menor de huevos, carne de aves y productos de granja y caza, productos que no se condicen con las actividades declaradas por Zorrchac SRL. Tiene el mismo asesor contable que la recurrente. No se aportó ninguna otra documentación -más allá de la factura- que acredite el efectivo movimiento físico de la mercadería ni el pago de la factura observada. Ello así, la administración fiscal impugnó la operación con sustento en lo establecido en el artículo 12 de la Ley 20.631, art. 34 de la Ley 11683 y Ley 25345, y artículo 83 de la Ley 20.628 (t.o. en 2019 y modifs.).
Por su parte, en lo que respecta al proveedor Martín Andrés GARROTE la facturación observada corresponde a conceptos tales como leche, queso, dulce de leche, yogurt, leche chocolatada y crema, todos los cuales no se relacionan con la actividad declarada por la firma recurrente (operaciones de intermediación de carne). Si bien el Sr. Garrote fue hallado por la fiscalización y resultó ser distribuidor de productos lácteos de la firma Milkaut, la zona de distribución que tenía asignada era el norte de la ciudad de Santa Fé y la ciudad de Santo Tomé, es decir, no la zona en la que se encuentra la recurrente (Comuna de Helvecia), las supuestas compras habrían sido canceladas en efectivo, pero lo sustancial de la impugnación fiscal es que la recurrente no ha logrado acreditar la prestación del supuesto servicio de viandas que justificaría la adquisición de tales bienes. Ello así, la administración fiscal impugnó también las operaciones con Garrote con sustento en lo establecido en el artículo 12 de la Ley 20631, art. 34 de la Ley 11683 y Ley 25345, y artículo 83 de la Ley 20.628 (t.o. en 2019 y modifs.). En efecto el artículo 12 de la Ley de IVA establece que sólo darán lugar a cómputo del crédito fiscal las compras o importaciones definitivas, las locaciones y las prestaciones de servicios en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, cualquiera fuese la etapa de su aplicación. Por su parte el artículo 83 de la Ley de Ganancias establece que los gastos cuya deducción se admite son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas. En tanto el artículo 34 de la Ley procedimental y la Ley 25345 condicionan el cómputo de deducciones y créditos fiscales a la utilización de determinados medios de pago, sin perjuicio que el artículo 34 citado admite la posibilidad de los contribuyentes de acreditar la veracidad de las operaciones para computar a su favor tales conceptos.
En el caso de autos, la actora no ha logrado acreditar la veracidad de las operaciones que le fueran impugnadas. En cuanto a las operaciones con el proveedor Garrote, la parte actora no ha acreditado la vinculación de los bienes adquiridos con la actividad por ella desarrollada, con lo cual queda debidamente justificada la impugnación fiscal en los términos del art. 12 de la Ley de IVA y 83 de Ganancias. Precisamente la actora tiene declarada ante la Administración fiscal como actividad “Operaciones de Intermediación de carne excepto consignatario directo”. Más allá de ello, tampoco logra acreditar que en los períodos cuestionados llevara adelante efectivamente la actividad de viandas: a) la habilitación municipal según lo informado por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) (fs. 75/81 del Cuerpo Circularizaciones) es la de “Matadero-Frigorífico” y no se encuentra habilitada para elaborar viandas, a lo cual agregó que de la última auditoría realizada el 22/3/2022 tampoco se desprende que la firma desarrollara actividad distinta a la autorizada. b) La Comuna de Helvecia (fs. 88, 110/111 Cpo. Circularizaciones Nº 1) adjuntó certificado de habilitación correspondiente a la actividad de matanza de ganado bovino del 24/10/2017; y además un certificado para la actividad de servicios de preparación de comidas para llevar, con alcance para el distrito de Helvecia, informando que no le consta si las mismas se están llevando a cabo. Este último certificado tiene fecha 12/5/2022 siendo posterior a los períodos involucrados en autos y a la emisión de las facturas cuestionadas.
Cabe tener presente que la inspección se hizo presente en el domicilio de la actora a fin de constatar el lugar de preparación de las supuestas viandas, encontrando que el sector que se informa destinado a tal fin tenía un cartel con la leyenda “DEPÓSITO” y “SUM”, con dos tablones y bancos, una parrilla, una pileta para lavado de manos y una estructura de madera cerrada con candado al cual no tuvieron acceso, informando la empleada que las atendió que el espacio se utilizaba en ese momento como comedor (fs. 463/469 del Cuerpo Ganancias). Además, requerida la empresa por los envases utilizados para la elaboración de las viandas, manifestó que eran elaboradas en bolsas tipo cristal y recipientes plásticos, acompañando a la fiscalización sólo dos comprobantes, ambos del 2019, por importes de $ 13.959 y 44.570 (fs. 461/462 Cuerpo Ganancias)
Por su parte, cuando la fiscalización circularizó a los supuestos clientes, sólo uno de ellos contestó (DECON SRL) reconociendo haber efectuado compras a Zorrchac, pero las factura emitidas a esta en la columna Producto/Servicio indicaba VIANDAS/SUBPROD/CARNE/HAMB, no mencionando la entrega de productos lácteos. Los restantes supuestos clientes no contestaron los requerimientos, resultando llamativo que tienen domicilio fiscal en Villa Martelli, Pcia. de Buenos Aires y Santo Tomé - Santa Fé-, siendo que según la actora los productos los entregaba en su planta en Helvecia (Sta. Fe), lo que hace inverosimil la operación, en tanto dichos productos requieren de refrigeración y los supuestos adquirentes se domicilian a grandes distancias de la sede de la recurrente. Además respecto de una de ellas, en una anterior fiscalización se había concluido que las operaciones con esa firma eran inexistentes y que fueron realizadas con sujetos no categorizados, siendo ese ajuste aceptado por la firma recurrente en ese momento.
Todo lo expuesto, lleva a concluir que los ajustes proyectados por el Fisco Nacional se encuentran debidamente sustentados en la actividad desarrollada por la fiscalización y los elementos por ella recolectados, dando lugar a la existencia de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, y debidamente fundados en las normas involucradas antes citadas (artículo 12 de la Ley 20631, art. 34 de la Ley 11683 y Ley 25345, y artículo 83 de la Ley 20.628 (t.o. en 2019 y modifs.). En efecto el Fisco presenta concretas y graves impugnaciones que se proyectan sobre aspectos sustantivos, frente a lo cual la actora no puede limitarse a manifestar que los indicios colectados por la fiscalización son insuficientes.
Como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Respecto a las afirmaciones de la actora en la cual ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las facturas emitidas, los registros en los libros de IVA y Estados Contables, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007).
En el caso, abierto el expediente a prueba, transcurrió todo el período probatorio sin que se produjera la informativa ni la pericial contable, con lo cual no ha arrimado en autos elemento alguno que permita derribar el criterio seguido por el Fisco Nacional.
Cabe tener presente que "la carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito" (cfr. CNCiv., Sala C - La Ley T.117:808, 11371-S), correspondiendo concluir, que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de demostrar sus afirmaciones (arg. Art. 377 del C.P.C.C.N.), al no ser sustentados por actividad probatoria alguna, resultan meras consideraciones dogmáticas, que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo, en las resoluciones apeladas en autos.
Por lo expuesto, corresponde confirmar los ajustes determinados en las resoluciones apeladas en autos.
VI. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
VII. En función de todo lo expuesto, procede confirmar las resoluciones apeladas en autos, en todas sus partes, con costas.
Por ello SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en todos sus términos, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.03.19 12:27:34 ART Date: 2026.03.19 13:33:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.19 14:34:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.19 14:35:36 -03:00
Fin de la sentencia