Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2025-15335902-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la RESOL-2024-5936-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 26/11/2024, en la actuación SIGEA N° 12210-1764-2014.
2Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-61550890-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Junio de 2026 CONTEMPORÁNEO S.A.
Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2025-15335902- -APN-SGASAD#TFN:
“INSTITUTO BIOLÓGICO CONTEMPORÁNEO S.A. c/DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° RESOL- 2024-5936-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 26/11/2024, en la actuación SIGEA N° 12210-1764-2014, en cuanto condena a la firma INSTITUTO BIOLÓGICO CONTEMPORÁNEO S.A. al pago de una multa equivalente a $ $117.370,37 formulándole cargo, así como a la aseguradora ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA en concepto de tributos por la suma de U$S 19.709,55 (Derechos de Exportación, Tasa de Estadística e IVA), atento a encontrar a la importadora responsable de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en virtud de la mercadería importada temporariamente mediante destinación N° 12073IT14001782M, con vencimiento el 07/11/2013.
II. Fundamentos de la apelación: Mediante el IF-2025-15335816-APN-DTD#JGM, en fecha 12/02/2025, se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la resolución antes citada. En primer lugar, argumenta que la resolución es nula, ya que no tuvo en cuenta las constancias aportadas que acreditarían la efectiva reexportación de la mercadería. Agrega que, en el marco del procedimiento infraccional, se verificaron vicios de entidad, tales como la falta de incorporación de escritos y documental presentada. En cuanto al fondo de la cuestión, explica que dio cumplimiento a los deberes impuestos por la normativa aduanera. Relata que, dentro del plazo estipulado para la exportación de los productos terminados, cumplió con las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria y realizó los embarques correspondientes de la mercadería al exterior y la nacionalización del saldo antes del vencimiento del plazo otorgado por la Aduana. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2025-45452603-APN-DTD#JGM en fecha 30/04/2025, la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar una negativa genérica, manifiesta que no se encuentra acreditada la reexportación ni la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente. Asevera que la importación temporaria es un beneficio, y como tal acarrea ciertos requisitos que, por su causa (situación preferencial), deben ser observados y cumplidos de la forma más estricta. En similar sentido, afirma que la carga de la prueba se encuentra a cargo de la actora, quien no ha aportado los elementos suficientes para tener por probada la reexportación de la mercadería. Defiende la validez del auto de apertura y cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-1764-2014 se inician a fs. 1/15 con las constancias acompañadas por la actora referentes a la cancelación de la DIT. A fs. 19/20 se efectúan el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 22/24 se agrega denuncia de fecha 06/06/2018. A fs. 26, en fecha 28/12/2018 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 30 se incluye la consulta de la garantía afectada a la operación y la póliza a fs. 31. A fs. 33 y vta. se corre vista de lo actuado, notificada el 27/11/2023. A fs. 36/43 se presenta la aseguradora y contesta vista. A fs. 44 se declara rebelde a la firma importadora. A fs. 47/52 se dicta el acto apelado. A fs. 55/56 vta. la recurrente da cuenta del recurso interpuesto y adjunta formulario F4.
V. Que en fecha 11/06/2026, por PV-2026-58365799-APN-VOCXXI#TFN, se elevaron los autos a la Sala “G” y, el 17/06/2026, pasaron a sentencia (IF-2026-60004908-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que preliminarmente, cabe dar tratamiento al planteo de nulidad efectuado por la recurrente, en tanto argumenta que no fueron agregadas ni consideradas ciertas presentaciones que efectuó en sede administrativa. En relación a ello, la actora alega haber presentado en sede administrativa cierta documentación que haría al ejercicio de su derecho de defensa y acreditaría la descarga (conforme escrito adjunto al IF-2026-12579653-APN- DTD#JGM donde manifiesta haber presentado: “Declaración Jurada de cancelación de la DIT, el Permiso de Embarque N° 13073EC03000064F, y Despachos de Importación a Consumo, como así también el CTC correspondiente, acreditando fehacientemente la cancelación total en tiempo y forma de la DIT N° 12073IT14001782M”)
En esta sede, se dio traslado a la representación fiscal de la presentación acompañada por la parte actora que cuenta con el sello de recepción (de fecha 05/12/2023) y la referencia de la actuación administrativa a efectos de que la representación fiscal manifestara lo que estime corresponder sin que haya habido una réplica (PV-2026- 28128384-APN-VOCXXI#TFN e PV-2026-28642078-APN-VOCXXI#TFN).
No obstante ello, dado que la documental aludida fue acompañada como prueba documental en el expediente, encontrándose también agregada en las actuaciones administrativas de la causa, es que serán consideradas a efectos de la resolución de la causa. Por esa razón, el planteo de nulidad sería equivalente a la nulidad por la nulidad misma.
VII. Que debiendo abordar el fondo de la cuestión, cabe determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
VIII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, a mayor abundamiento, en cuanto a la documentación antes aludida, la CNCAF estableció que “…La prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón de otorgamiento cae en cabeza de la beneficiaria, quien debe hacerlo por medio de la documentación aduanera correspondiente.” (Sala I, “Pellital SA c/ AFIP - DGA s/Dirección General de Aduanas” del 12/09/2023, Sala III, “Spadafora, Luis Horacio c/DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 19/05/21, “Boehringer Ingelheim SA c/ AFIP - DGA s/ proceso de conocimiento”, del 23/06/2021, Sala IV, “Aseguradora de Crédito y Garantías – TF 35007-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 7/04/22).
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que el Decreto N° 1330/04- a cuyo amparo se autorizó la operación en trato- establece que la mercadería “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6) Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumoproducto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Por razones debidamente justificadas, el mencionado Organismo podrá autorizar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, cuando la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA comunique que el usuario ha presentado un informe técnico preliminar respecto del proceso de perfeccionamiento industrial involucrado, conforme las condiciones que establece el presente decreto. A los fines enunciados, los beneficiarios deberán contar con un dictamen o informe técnico elaborado por un organismo científico o tecnológico, cuya especialización y competencia sea acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación que se solicite. La Autoridad de Aplicación dispondrá los procedimientos y requisitos técnicos-administrativos para la implementación de lo establecido en el presente artículo.” (Art. 15)
X. Que mediante la DIT N° 12073IT14001782M, oficializada en fecha 07/11/2012 (Aduana de Ezeiza) la actora importó temporalmente 30 kilogramos de meropenem (P.A. 3003.20.99).
El cuestionamiento que el servicio aduanero formula es que no fue aportado el CTC N° 1728 (cfr. Nota N° 4164/17 - SE OPRE).
Que, del cotejo de la documentación obrante en las actuaciones administrativas de la causa, sumado a la prueba documental aportada en la causa, puede advertirse que la mercadería se encuentra descargada en su totalidad, resultando de aplicación el CTC aportado por la recurrente (N° 1725/07) que, si bien difiere del consignado en la hoja de descarga del permiso de embarque aportado, sí figura en la declaración jurada de descarga y es mencionado por la parte en su recurso de apelación.
Que de la documental aportada se concluye que la descarga fue realizada conforme las siguientes operaciones: Como ya se señaló, más allá de que el N° de CTC consignado en la hoja de descarga del permiso de embarque es diferente al obrante en autos, del cotejo de la documentación aportada- específicamente del CTC N° 1725/07- se advierte que resulta aplicable al insumo importado (MEROPENEM con carbonato de sodio) y que el producto exportado por el ítem N° 2 del permiso de embarque N° 13073EC03000064F (MEROPENEM 1000 MG.) se encuentra también tipificado como producto N° 2 (ver punto IV del CTC referido).
Ahora bien, es importante destacar que a través del permiso de embarque N° 13073EC03000064F se han exportado 20.573 unidades correspondiendo un insumo de 29.789.70, pero aplicando los porcentajes de pérdida derivados del propio CTC (0.060/gr.) se advierte un total de 1234,38 gr. Si dicha pérdida se descuenta al número inicial (29.789.70), la cantidad es coincidente con la consignada por la parte en su declaración jurada de descarga (28.555,33).
Finalmente, el insumo efectivamente empleado (28.555,33) en la reexportación sumado a las dos importaciones a consumo da en total 30.000 gramos, equivalente a los 30 kgs. importados temporalmente.
XI. Que decidir de otra forma, cuando efectivamente se puede constatar la efectiva reexportación de la mercadería, implicaría desconocer la realidad de los hechos e incurrir en un claro exceso ritual manifiesto. Que cabe recordar que se trata de un criterio utilizado para corregir el uso impropio de las normas procesales cuando se le asigna una prioridad equivocada a los aspectos formales sin atender a la solución justa del caso. (Cfr. definición dada por el Diccionario panhispánico del español jurídico, disponible en https://dpej.rae.es/) Que es claro que, tal como lo ha delimitado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva por consideraciones meramente formales por lo que los tribunales siempre deben determinar la verdad sustancial por encima de los excesos rituales, ya que el logro de la justicia requiere que sea entendida como lo que es, es decir una virtud al servicio de la verdad (Fallos: 339:1615; 280:228). (Nota de jurisprudencia, Exceso ritual manifiesto: Panorama sobre sus principios generales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, agosto 2024, disponible en https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/)
Que, por lo expuesto, no cabe más que revocar el acto, con costas a cargo del Fisco.
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- REVOCAR la RESOL-2024-5936-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 26/11/2024, en la actuación SIGEA N° 12210-1764-2014. 2).- Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, así como el sistema normativo sobre el cual versa la controversia, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADO-RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-
72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente.
En efecto, se puede colegir que el auto de apertura del sumario fue dictado el 28.12.2018, en tanto la notificación al supuesto responsable se efectuó mediante la corrida de vista de fecha 22.11.2023. En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los más de diez años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (07.11.2013) y la corrida de vista operada el 22.11.2023.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. Por lo expuesto, voto por:
1).- Revocar la RESOL-2024-5936-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12210-1764-2014.
2).- Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- REVOCAR la RESOL-2024-5936-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 26/11/2024, en la actuación SIGEA N° 12210-1764-2014. 2).- Costas a cargo del Fisco.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.06.22 18:45:26 ART Date: 2026.06.22 22:03:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.22 22:49:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.22 22:50:32 -03:00
Fin de la sentencia