Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2019-82080353-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada Nº 112/2023 DO (DV RRMP), en cuanto a impuestos, accesorios y multa, con costas a la vencida.
I. Que, en el RE-2023-69687916-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N.º 112/2023 DO (DV RRMP) de la ex-AFIP (actual ARCA) -Dirección General Impositiva- de fecha 24 de Mayo de 2023, suscriptas por la Jefa (Interina) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata, mediante la cual, se determina la obligación fiscal de la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales 06/2016, 07/2016 y 10/2016, por la suma de $ 1.052.497,85.-, con más sus intereses resarcitorios por la suma de $2.975.120,57.-, y se le aplica una multa por la suma de $3.157.493,55.-, equivalente a tres (3) veces el gravamen presuntamente defraudado, en los términos de los artículos. 46 y 47 inc. b) y d) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
En primer lugar, plantea la nulidad del procedimiento y la vulneración del derecho de defensa. Sostiene que la resolución es nula porque el organismo fiscal rechazó de manera arbitraria la prueba ofrecida durante la etapa administrativa. Argumenta que esto constituye un cercenamiento del derecho de defensa y una violación al principio de búsqueda de la verdad material e "informalismo" a favor del administrado.
En segundo lugar, plantea la improcedencia del decaimiento de los beneficios del blanqueo (Ley 27.260), cuestionando la exclusión del Régimen de Sinceramiento Fiscal basándose en tres argumentos: a) Inexistencia de procesamiento: niega que al momento de la publicación de la ley (julio de 2016) se encontrara procesado por los delitos que menciona la norma, b) Falta de prueba de la causa penal: sostiene que la ex AFIP no acreditó fehacientemente la existencia de un proceso penal "en trámite" al momento del acogimiento (diciembre de 2016), alegando que el organismo se basó únicamente en un intercambio de correos electrónicos informales con el Juzgado, lo cual considera insuficiente y c) Postura errática del ARCA: critica que el fisco haya cambiado el fundamento legal del decaimiento (pasando del inciso "e" al último párrafo del artículo 84), lo que, a su juicio, genera indefensión, al no permitir conocer con claridad la postura administrativa.
En tercer lugar y en subsidio, plantea la inconstitucionalidad del artículo 84 (inciso "e" y último párrafo) de la Ley 27.260. Argumenta que privar de los beneficios por un procesamiento posterior viola el principio constitucional de inocencia.
Por otro lado, cuestiona y rechaza que la ex AFIP haya recurrido a un método presuntivo (incremento patrimonial no justificado) cuando, según su visión, no existían circunstancias que impidieran una determinación sobre base cierta. Afirma que el fisco forzó los hechos con el único fin de recaudar, apartándose de la realidad económica y la verdad material.
Alega que las obligaciones fiscales reclamadas ya se encuentran prescriptas. Fundamenta su planteo en la brecha temporal entre los períodos fiscales (06, 07 y 10/2016) y la determinación de oficio (24/05/2023). Se agravia por la sanción aplicada, indicando que hay ausencia de dolo. Niega haber tenido una intención deliberada de defraudar, señalando que respondió a todos los requerimientos de información del fisco. Sostiene que las presunciones utilizadas para determinar el impuesto no pueden extenderse automáticamente para justificar una sanción por defraudación.
Asimismo, se agravia que la multa se haya fijado en tres veces el impuesto (por encima del mínimo legal), sin que el juez administrativo brindara una fundamentación concreta para dicho incremento.
Por último, cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura, acompaña prueba documental y ofrece prueba informativa. Hace reserva del caso federal y, finalmente, peticiona se dicte sentencia, revocando la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que, en el IF-2023-114653378-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, ratificando en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motivan las presentes actuaciones, desestimando el planteo de nulidad efectuado por la recurrente, negando todos y cada uno de los hechos invocados por la actora, que no sean expresamente reconocidos o no surjan en forma indubitable de los antecedentes administrativos y solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone.
La AFIP ratificó la exclusión del Régimen de Sinceramiento Fiscal argumentando que, de acuerdo con la información del Juzgado el Sr. Buscaglia ya figuraba en requerimientos de instrucción por lavado de activos y narcotráfico desde mayo de 2014 y marzo de 2015, fechas muy anteriores a su acogimiento al blanqueo en diciembre de 2016.
En ese orden de ideas, sostiene que el auto de procesamiento dictado posteriormente en el año 2021, opera como una condición resolutoria que provoca la pérdida automática de los beneficios, sin requerir condena firme y aclara que la ley no establece como requisito que el contribuyente deba tener conocimiento cierto de la causa penal al momento de adherirse para que opere la exclusión.
Por otro lado, destaca que en el caso de autos no se ha hecho otra cosa que aplicar el art. 37 de la Ley de Procedimiento Tributario, que prescribe: “La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio.” Ello así, y no habiendo el responsable dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, procede la aplicación de los mismos por la mora en que incurriera.
Se opone a la prueba ofrecida por la parte actora, acompaña las actuaciones administrativas, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.
III. Que mediante la PV-2024-67769703-APN-VOCVI#TFN se abre la causa a prueba ordenándose hacer lugar a la prueba informativa ofrecida por la recurrente. En el IF-2024-132343470-APN-SGAI#TFN se encuentra agregada la contestación al oficio dirigido al Juzgado Federal Roque Sáenz Peña y a la Fiscalía Federal Roque Sáenz Peña. También se encuentra agregada en el RE-2026-21962079-APN-DTD#JGM la contestación al oficio de la Cámara Federal de Casación Penal - Sala IV.
En la PV-2026-21266968-APN-VOCVI#TFN este Tribunal resolvió intimar a la recurrente a fin de que impulse la prueba informativa dirigida al Banco City Bank y Banco Totalbank y ante el incumplimiento de la parte actora, en la PV-2026-29067840-APN-VOCVI#TFN se resolvió dar por decaído el derecho a producir dicha prueba. En la PV-2026-29067840-APN-VOCVI#TFN se clausura el periodo probatorio y se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”.
En los IF-2026-54516813-APN-DTDJGM e IF-2026-51773382-APN-DTDJGM obran los alegatos producidos por las partes.
A fs. IF-2026-65284484-APN-VOCVI#TFN se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N. In re. “Sopes. Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L.c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re.”Werner Tomás M. c/B.C.R.A. S/Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Conforme surge de las actuaciones administrativas, mediante la OI N° 2058511 de fecha 31/10/2022, se dispuso la fiscalización del contribuyente BUSCAGLIA PABLO ALEJANDRO por el impuesto y periodos discutidos en los presentes autos. El recurrente tiene declarada como actividad principal “Servicios Notariales” y “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”. (vide informe final de inspección fs. 68/88vta. Cpo.
IVA).
La fiscalización se originó para analizar la situación del contribuyente respecto a causas penales (Causa 2021/2014 y 8370/2017) relacionadas con una supuesta organización criminal liderada por Carlos A. Salvatore, que estaría dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico y su incidencia respecto de sus presentaciones, en el marco de la exteriorización dispuesta por la Ley N° 27.260.
Surge de los antecedentes administrativos que, a partir de allanamientos realizados en los domicilios del Sr. Buscaglia, la justicia determinó que su rol no fue meramente administrativo (por incumplimiento ante la UIF), sino que tuvo una participación activa mediante aportes concretos y efectivos para el desarrollo de las operaciones de la banda criminal. Se detectó que el contribuyente habría intervenido como escribano en operaciones inmobiliarias entre 2008 y 2015, para dar apariencia lícita a fondos de dicha organización.
Cabe mencionar que ante la fiscalización realizada bajo la OI 1445689 de fecha 27/01/2016, el Sr. Buscaglia se acogió en diciembre de 2016 al régimen de Sinceramiento Fiscal (Ley N°27.260), exteriorizando bienes y moneda por un total de $33.406.637,80. Por este concepto, ingresó un impuesto especial de $3.340.663,78. Tiempo después, el 04/07/2022 se inició la fiscalización en el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2016 y en el IVA periodos fiscal 12/2016. El 05/07/2022 se confeccionó requerimiento, solicitando papeles de trabajo utilizados para confeccionar la declaración jurada. Se le solicitó al contribuyente que informe la participación que tiene en ciertas sociedades del país y del exterior y el detalle del dinero en efectivo y en cuentas bancarias que posee. Por su parte, el contribuyente con fecha 25/08/2022 manifiesta por escrito que el requerimiento que ha iniciado una fiscalización es una clara violación a lo dispuesto por la ley N° 27.260, toda vez que el contribuyente adhirió a tal régimen excepcional.
El área fiscalizadora, previa consulta al área jurídica del Organismo, dio respuesta al planteo del contribuyente, indicando que en función de haber tomado conocimiento del auto de procesamiento por un delito contra el orden económico y financiero previsto en el art. 303 de CPPN, el ente recaudador se encuentra facultado a requerir información sobre los bienes sincerados.
El 12/09/2022, el contribuyente afirma que no se encuentra incurso en los supuestos contenidos en el art. 84 inc. e), rechazando por improcedentes lo manifestado por AFIP y advierte una presunta violación al derecho al debido proceso y la defensa en juicio, por estar requiriéndole información en el marco de una supuesta causa penal, cuya identificación deliberadamente omite.
A ello, el Fisco Nacional responde que, la OI tiene su origen en la toma de conocimiento de las causas 2021/2014 y 8370/2017 radicadas en el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, las cuales derivan en el Auto de Procesamiento (art. 306 y 310 de CPPN) en contra del Sr. Buscaglia y que dicha circunstancia configura el supuesto establecido en el art. 84 inciso e) de la Ley N°27.260, produciendo la pérdida automática de todos los beneficios que otorgan los Títulos I y II del Libro II de la mencionada ley. Por su parte el contribuyente el 28/09/2022 manifiesta que, a la fecha de publicación de la Ley N° 27.260 en el Boletín Oficial data del 22/07/2016, no tenía constancia de que se haya dictado auto de procesamiento en su contra, por lo que deviene inoportuno e improcedente lo alegado por el Organismo.
La AFIP sostiene que, dicho planteo defensivo queda desvirtuado por lo establecido en el Decreto 895/2016 reglamentario de la Ley N° 27.260 en su artículo 22, junto a las consultas realizadas al Juzgado en cuestión. Toda vez que, el art. 84 de dicha ley establece; “Quedan excluidos de las disposiciones de los Títulos I y II del Libro II de la presente ley, con las salvedades que se expondrán, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial: … e) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no estuviera firme dicho auto de mérito, por los siguientes delitos: 1- Contra el orden económico y financiero previsto en los artículos 303, 306, 307, 309, 310, 311 y 312 del Código Penal”. … “Quienes a la fecha de la declaración voluntaria y excepcional y/o de adhesión al régimen de regularización de excepción tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el inciso e), podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal. El auto de procesamiento que se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios que otorgan los Títulos I y II del Libro II de esta ley”. De acuerdo a la información proporcionada por el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, a la fecha de acogimiento a los beneficios de la Ley N° 27.260, hecho ocurrido el día 20/12/2016, el Sr. Buscaglia se encontraba involucrado en la causa FRE 2021/2014.
El 29 de abril de 2022, el Juzgado Federal amplió la información aportada, precisando que los hechos investigados se originaron en el expediente 170/2012 relativo al narcotráfico. Posteriormente, la investigación se extendió a las causas de lavado de activos 2021/2014 y 8370/2017. En el marco de la causa 2021/2014, el requerimiento de instrucción inicial del 9 de mayo de 2014 fue seguido por una ampliación con pedido de medidas el 6 de marzo de 2015, fecha en la que se vinculó formalmente al Sr. Buscaglia como integrante de la organización criminal. Finalmente, bajo el legajo FRE 8370/2017, la fiscalía amplió la requisitoria y solicitó la declaración indagatoria del mencionado.
Con fecha 02/03/2021 se dictó el auto de procesamiento encontrándolo “prima facie coautor penalmente responsable del delito de “lavado de activos de origen delictivo”, agravado por haberse cometido con habitualidad y en banda, y con la intervención de personas de existencia ideal (arts. 303, inc. 1 y 2 ap “a” y 304 del Código Penal, t.o. Ley 26.683).
En atención a ello, la auditoría se centró en la trazabilidad de los bienes exteriorizados en 2016, para lo cual se consideró cada bien en forma separada, asumiendo que la caída del blanqueo implica el necesario análisis de cada activo en particular.
Para llegar a las determinaciones de oficio en el IVA por los tres períodos fiscales de 2016, la AFIP detalló la trazabilidad de las tenencias exteriorizadas por el contribuyente, convirtiéndolas en incrementos patrimoniales no justificados e imputándolas de la siguiente manera:
1. Período fiscal junio de 2016 En este período se tomaron en cuenta los saldos existentes al 30/06/2016 en dos cuentas del Citibank de los EE. UU., cuyos resúmenes fueron aportados por el propio contribuyente:
- Caja de Ahorro N.º 9134871762: Saldo de USD 286.733,57, que, a un tipo de cambio de 14,81 representó un incremento de $4.246.524,17.
- Cuenta Corriente N.º 9134871762: Saldo de USD 46.528,78, equivalente a $689.091,23.
Incremento patrimonial total Junio: $4.935.615,40.
2. Período fiscal julio de 2016 La imputación a este período se basó tanto en el crecimiento de saldos bancarios como en tenencias cuya fecha de preexistencia se fijó legalmente en el 22/07/2016 (fecha de promulgación de la ley) por falta de documentación respaldatoria:
- Incremento de saldos (Citibank EE. UU.): Se computó la diferencia de saldos entre el 30/06/2016 y el 31/07/2016 en las dos cuentas mencionadas anteriormente: USD 13,99 (207,19) y USD 5.908,04 (87.498,07). - Banco Citibank N.º 9139605470 (EE. UU.): Tenencia de USD 70.962,47, valuada en $1.050.954,18. - Banco Totalbank N.º 5103170806 (EE. UU.): Tenencia de USD 28.125,25, valuada en $416.534,95.
Incremento patrimonial julio: $1.555.194,39.
3. Período fiscal octubre de 2016 Para este período se consideraron las acreditaciones verificadas en cuentas del Banco Comafi SA (Sucursal 0118) que coincidían con lo exteriorizado en efectivo:
- Dinero en efectivo (Pesos): Se acreditó un monto de $300.000 informado por la entidad financiera. - Dinero en efectivo (Dólares): Se verificó la acreditación de $3.696.000, correspondientes a la exteriorización de USD 240.000 convertidos a un tipo de cambio de $15,40.
Incremento patrimonial octubre: $3.996.000.
Para cada uno de estos montos totales por período, la fiscalización aplicó la presunción del artículo 18, inciso f) de la Ley 11.683:
- Ventas netas omitidas: Al incremento patrimonial de cada mes se le sumó un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida.
- Determinación del IVA: Sobre la base de esas ventas omitidas, se aplicó la alícuota del 21%, determinando así el débito fiscal omitido:
○ Junio 2016: Débito omitido de $1.140.127,16.
○ Julio 2016: Débito omitido de $359.249,90.
○ Octubre 2016: Débito omitido de $923.076,00.
Por último, se aplicó multa según el art. 46 de la ley de rito, por el impuesto presuntamente omitido en julio y octubre de 2016, graduada en tres tantos. Para sustentar el carácter doloso de la conducta, el Fisco activó las presunciones del artículo 47 de la ley de procedimiento tributario, específicamente: inciso b), debido a la grave incidencia de los datos inexactos sobre la determinación de la materia imponible, ya que la diferencia de impuesto a favor de la AFIP (1.052.497,85) resultó ampliamente superior a lo que el contribuyente había declarado originalmente e inciso d), por la falta de exhibición de libros y documentos de comprobación suficientes, considerando que el contribuyente no aportó la documentación requerida durante el proceso de fiscalización para justificar sus activos.
VI. Que, corresponde a este Tribunal analizar la cuestión traída a decisión, a los efectos de otorgar un adecuado tratamiento a los distintos agravios formulados por la recurrente en relación al acto apelado. En primer lugar, corresponde tratar el planteo de nulidad esgrimido por la recurrente.
En relación a lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
En este sentido, es preciso indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, la determinación de oficio, como especie de acto administrativo, goza de presunción de legitimidad, es decir, que se presume que ha sido emitida conforme al ordenamiento jurídico y la misma subsiste en tanto no se declare la eventual invalidez por el órgano competente, correspondiendo al contribuyente la carga de probarla, circunstancia que no se produjo en autos.
Asimismo, tampoco se ha vulnerado el derecho de defensa ya que tuvo oportunidad de exponer ejercer sus derechos exponiendo sus argumentos y ofreciendo prueba tanto en sede administrativa como en instancia de este Tribunal.
A su vez, debe tenerse en cuenta que: "...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, fallos 205:549, 247:52, 267:393).
En definitiva, los agravios de la parte actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Cabe señalar, asimismo, que si bien el planteo fue tratado en forma previa por razones de orden lógico, no fue articulado como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo, con el objeto de obtener la revocación del criterio fiscal. En consecuencia, no corresponde otorgarle tratamiento incidental ni disponer una imposición de costas autónoma.
En este aspecto, resulta pertinente recordar lo sostenido por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en autos “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), en cuanto señaló que, al encontrarse los planteos de nulidad subsumidos en el ámbito recursivo y no haber generado una actividad procesal autónoma, no se justifica un tratamiento especial en materia de costas distinto del asignado al resolverse la cuestión sustancial.
En igual sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bolland y Cía. S.A.” (B- 485-XLV, sentencia del 21/02/2013), al sostener “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó “como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal” (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con él a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B- 485-XLV, “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013).
En conclusión, no se advierten agravios específicos en relación con supuestos defectos formales de la resolución apelada ni se han demostrado perjuicios concretos derivados de ella, por lo que este Tribunal no encuentra acreditada la alegada vulneración del derecho de defensa.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios de nulidad articulados por la apelante, sin imposición de costas autónomas, de conformidad con el criterio sentado por el Máximo Tribunal en el precedente “Bolland y Cía. S.A.”.
VII. Que, corresponde analizar el ajuste en el IVA, periodos fiscales 06/2016, 07/2016 y 10/2016, recordando que la ex-AFIP determinó, debido a un auto de procesamiento contra el Sr. Pablo Alejandro Buscaglia dictado el 2 de marzo de 2021 por delitos económicos, el decaimiento automático de los beneficios de la amnistía fiscal (Ley N° 27.260), tratando los bienes declarados como un "incremento patrimonial no justificado". Al respecto, resulta necesario analizar la norma involucrada en el artículo 84 de la Ley 27.260, el cual señala: "Quedan excluidos de las disposiciones de los Títulos I y II del libro II de la presente ley, con las salvedades que se expondrán, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial:
a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;
b) Los condenados por alguno de los delitos previstos en las leyes 23.771 o 24.769 y sus modificaciones, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida;
c) Los condenados por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida;
d) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados con fundamento en las leyes 23.771 o 24.769 y sus modificaciones, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida;
e) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no estuviera firme dicho auto de mérito, por los siguientes delitos:
1. Contra el orden económico y financiero previstos en los artículos 303, 306, 307, 309, 310, 311 y 312 del Código Penal.
2. Enumerados en el artículo 6° de la ley 25.246, con excepción del inciso j).
3. Estafa y otras defraudaciones previstas en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal.
4. Usura previsto en el artículo 175 bis del Código Penal.
5. Quebrados y otros deudores punibles previstos en los artículos 176, 177, 178 y 179 del Código Penal.
6. Contra la fe pública previstos en los artículos 282, 283 y 287 del Código Penal.
7. Falsificación de marcas, contraseñas o firmas oficiales previstos en el artículo 289 del Código Penal y falsificación de marcas registradas previsto en el artículo 31 de la ley 22.362.
8. Encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes de un delito previsto en el inciso c) del numeral 1 del artículo 277 del Código Penal.
9. Homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro extorsivo establecido en el inciso 3 del artículo 80, artículos 127 y 170 del Código Penal, respectivamente.
Quienes a la fecha de la declaración voluntaria y excepcional y/o de adhesión al régimen de regularización de excepción tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el inciso e), podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal. El auto de procesamiento que se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios que otorgan los Títulos I y II del libro II de esta ley”. Al respecto, cabe señalar que esta Sala el 12/05/2021 en el Expediente EX-2019-82080353- -APN-SGAI#TFN, caratulado: "NISHIHAMA MARIANO S/APELACION" señaló que “la norma del artículo 84 -último párrafo-, aun cuando admite la posibilidad de una adhesión condicional ante la existencia de un proceso penal en trámite, por los delitos que se enumeran en su inciso e), prevé claramente la pérdida automática de los beneficios cuando se dicte con posterioridad un auto de procesamiento, sin requerir condena ni sentencia firme”.
En el caso se destacó que “como lo reconoce la propia parte actora, el acogimiento a la Ley 27.260 se produjo el 29/12/2016 en tanto la asignación de la causa penal 10/02/2016 es del 16/08/2016, es decir, la causa penal es preexistente al acogimiento del actor. En el marco de dicha causa el Sr. Nishihama prestó declaración indagatoria el día 4/7/2017 y se le dictó el auto de procesamiento el 12/7/2017, siendo que el delito imputado -el tipificado en el art. 303 del C. Penal- encuadra en el inciso e) del artículo 84.
Ello así, resulta en autos configurada la pérdida automática de beneficios que otorgaban los Títulos I y II de la ley, prevista en el artículo 84 -último párrafo- de la Ley 27260. En efecto, los términos de dicho precepto legal resultan claros, por lo que no resultan atendibles los argumentos defensistas invocados por el recurrente en favor de su posición. En consecuencia, no corresponde acoger los agravios de nulidad articulados por la recurrente”.
Así las cosas, cabe destacar que las circunstancias del caso particular son similares a las del caso citado. En efecto, la causa penal es preexistente (requerimiento de instrucción de fecha 09/05/2014 y su posterior ampliación de fecha 06/03/2015) al acogimiento a la Ley 27.260 es de fecha 20/12/2016 y con posterioridad a este, el 02/03/2021 el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña dicta el auto de procesamiento del recurrente (art. 303, incs. 1 y 2 ap A y 304 del C.P., en el marco de las causas 2021/2014 y 8370/2017) lo que implica, la pérdida automática de los beneficios otorgados por el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
En cuanto a lo que expone el recurrente respecto de la inexistencia de un proceso penal en trámite al momento del acogimiento, cabe indicar que, conforme surge del Cpo. de antecedentes, a fs. 1/3 donde se encuentra agregado el informe de investigación en el cual de las observaciones en los puntos 6 y 7 indica que:
“Que de acuerdo a la información proporcionada por el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña a la fecha de acogimiento a los beneficios de la Ley 27260, hecho ocurrido el día 20/12/2016 el Sr. Buscaglia Pablo Alejandro se encontraba involucrado en la causa FRE 2021/2014.”
“Que con fecha 29/04/2022 el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña amplía lo anteriormente informado, aclarando que se trata de una causa compleja, voluminosa y actualmente (FRE 8370/2017) su instrucción se encuentra delegada ante la Fiscalía Federal de esta ciudad, por lo cual no se cuenta materialmente con el expediente lo que imposibilitó dar precisiones de fechas. En líneas generales, los hechos investigados se inician con el expediente 170/2012 (narcotráfico), procediendo luego la investigación con las causas de lavado de activos 2021/2014, 8370/2017, estas residuales. En estas últimas el primer requerimiento de instrucción data de fecha 09/05/2014 en la causa 2021/2014 y luego una ampliación con pedido de medidas con fecha 06/03/2015 donde se menciona a Buscaglia Pablo Alejandro DNI 20.463.971 como parte integrante de la organización investigada. Posteriormente, conformado el legajo FRE 8370/2017 se amplía la requisitoria respecto de Buscaglia solicitando el Fiscal Federal su indagatoria.” (vide fs. 4vta. Cpo. de antecedentes). El párrafo anterior es la transcripción, de la parte pertinente, del mail remitido desde el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña ([email protected]) en respuesta a la solicitud de informe realizada por la ex-APIF donde se le requirió “el Organismo que represento necesita conocer si el Sr. Buscaglia estaba o no incluido en el requerimiento de instrucción de la causa original FRE 2021/2014, o si por el contrario su imputación se originó recién en el marco de la causa 8370/2017.”
Asimismo del mail enviado por el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña de fecha 14/05/2021 surge la siguiente información: “Informo que el mentado obra en el requerimiento de instrucción inicial, es decir desde autos FRE2021/2014, por lo que en esa oportunidad se procesó a un grupo de personas y empresas, y conforme a la magnitud del número de personas físicas y jurídicas investigadas por el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, es que se ordena la conformación del expediente residual, para continuar con la instrucción respecto a las personas y empresas que no han sido juzgadas en los autos primigenios, es decir FRE 2021/2014.” (Vide fs. 9 Cpo. de antecedentes).
En ese orden de ideas, es imperioso destacar que dicha información obtenida del mail antes mencionado es corroborada y concuerda con lo informado por el Sr. Fiscal Federal al responder el oficio diligenciado por este Tribunal, en el cual indica “La causa 8370/2017, se originó a partir de la extracción de testimonios ordenados en el punto IX, del auto de elevación a juicio de los autos 2021/2014.” “Extremos que fueron confirmados en la sentencia del Tribunal Oral Federal de Resistencia en fecha 08/03/2019 (FRE 2021/2014/TO1) (vide IF-2024-
132343470-APN-SGAI#TFN).
Ahora bien, en atención a las transcripciones de los párrafos que anteceden, se desprende con claridad que el Sr. Pablo Alejandro Buscaglia se encuentra vinculado a la investigación penal desde el requerimiento de instrucción inicial de la causa FRE 2021/2014, fechado el 09/05/2014. Según lo informado por el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, el nombrado ya figuraba en dicha requisitoria original, la cual dio inicio a las actuaciones por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Si bien posteriormente se conformó la causa residual FRE 8370/2017 debido a la complejidad y volumen de la organización investigada, la participación del Sr. Buscaglia se remonta a los autos primigenios (FRE 2021/2014), extremo que es confirmado tanto por las comunicaciones oficiales del juzgado como por lo informado por el Ministerio Público Fiscal.
Con respecto, al agravio esgrimido por la recurrente relativa al presunto “cambio de fundamento legal del decaimiento, alegando un desplazamiento del inciso e) al último párrafo del artículo 84”, corresponde señalar que no le asiste razón.
Así las cosas, no existió una modificación arbitraria por parte del Fisco Nacional. Si bien inicialmente se le notificó que el decaimiento de los beneficios de la Ley 27.260 derivaba del procesamiento del Sr. Buscaglia, la precisión posterior surge tras el ejercicio del derecho de defensa de la propia recurrente. Al argumentar que al momento del acogimiento no existía un procesamiento ni notificación formal, el Juez Administrativo analizó las pruebas y el descargo, concluyendo que el Sr. Buscaglia ya se encontraba incurso en un proceso penal por 'lavado de activos' de forma preexistente a su adhesión al régimen de la Ley 27.260. En consecuencia, dicha situación encuadra efectivamente en el último párrafo del artículo 84, validando la decisión administrativa sin que ello implique una vulneración del fundamento legal originalmente planteado, sino una adecuación a la realidad fáctica demostrada en el expediente.
Es dable señalar que los agravios planteados por la recurrente en esta instancia no versan sobre la justificación de los montos declarados que han sido observados por el Organismo Fiscalizador ni ha expresado agravios concretos respecto del fondo mismo del ajuste efectuado ni aportado prueba alguna conducente a demostrar la improcedencia del ajuste determinado, sino que apuntan a controvertir la potestad del Fisco Nacional para determinar de oficio la obligación en el Impuesto al Valor Agregado en los términos del citado artículo 18 de la ley procedimental, ello con invocación al acogimiento efectuado en el marco de la Ley N° 27260 cuyos beneficios, por lo expuesto precedentemente, aquél ha perdido por imperativo legal.
Si bien, la actora plantea como agravio la utilización de la ex-AFIP de un método presuntivo (incremento patrimonial no justificado) cuando, según su visión, no existían circunstancias que impidieran una determinación sobre base cierta y afirma que se forzaron los hechos con el único fin de recaudar, apartándose de la realidad económica y la verdad material, lo cierto es que no le asiste razón, toda vez, que, la recurrente no aportó ante la fiscalización la documentación requerida para respaldar sus tenencias de moneda y cuentas en el exterior, por consiguiente, ante la falta de colaboración del fiscalizado, el Organismo Recaudador quedó facultado para utilizar su base de datos e información de terceros y así aplicar las presunciones del artículo 18 inciso f) de la Ley 11.683. Cabe señalar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente... deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007).
Es sabido que, en materia de determinaciones de oficio, la ley fija un orden de prelación cronológico: sólo cuando el Fisco no disponga de elementos que acrediten fehacientemente la exacta dimensión de la materia imponible (ausencia de elementos, insuficiencia de éstos o descalificación fundada de los existentes) se encontrará facultado para recurrir al método indiciario de determinación. En otros términos, la Administración Fiscal debe primero agotar los medios que permitan reconstruir la materia imponible de modo directo (o "sobre base cierta") y, sólo en los supuestos más arriba indicados, recurrir a aquel modo excepcional de determinación.
Ciertamente la materia imponible reconstruida a la luz de presunciones debe estar basada en una real razonabilidad, de modo tal que dichas presunciones tengan el poder de sustituir la materia declarada por el contribuyente; esto es, los signos de presunción deben permitir un control convincente de la declaración, pero jamás se pueden erigir en una reconstrucción abusiva de la materia sujeta a impuesto (ver entre otros: "Dadea, Marta Elisa" - T.F.N. -Sala "B" – 22/12/83, "Antonio Gonzalez y Otros Mansión Almar" - T.F.N. - Sala "D" – 16/8/89, "Beraja, Alberto David y Dwek, José Roberto" - T.F.N. - Sala "A" – 25/2/98).
Sentado ello, cabe recordar que, los incrementos patrimoniales no justificados representan en el IVA, monto de ventas omitidas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, por lo que se determinaron ventas netas omitidas en el IVA de los periodos 06/2016, 07/2016 y 10/2016.
Es oportuno advertir que, la utilización de presunciones legales del mencionado art. 18, producen un desplazamiento de la carga de la prueba, siendo el contribuyente quien debe demostrar una realidad distinta a la estimada por el Fisco Nacional, lo cual no sucedió en este caso.
En atención a ello, si bien la recurrente propuso prueba informativa, la cual consta de cuatro (4) oficios, es dable recordar que dos (2) de ellos, por la falta de impulso de la misma, este Tribunal resolvió dar por decaído el derecho a producirlos (los oficios dirigidos al Banco City Bank y Banco Totalbank).
Ahora bien, con relación a los oficios dirigidos a la Fiscalía Federal Roque Sáenz Peña y a la Cámara Federal de Casación Penal - Sala IV, cuyas contestaciones se encuentran agregadas en los IF-2024-132343470-APN- SGAI#TFN y RE-2026-21962079-APN-DTD#JGM, respectivamente, de los mismos surge que:
Con relación a los oficios dirigidos a la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña y a la Cámara Federal de Casación Penal (Sala IV), cuyas respuestas constan en los documentos IF-2024-132343470-APN-SGAI#TFN y RE-2026- 21962079-APN-DTD#JGM, respectivamente, se desprenden las siguientes conclusiones:
- El 14/12/2021, la Cámara Federal de Casación Penal (Sala IV) resolvió anular la confirmación del procesamiento de Pablo Alejandro Buscaglia (que había sido dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia el 04/06/2021) por falta de la debida fundamentación, reenviando las actuaciones al tribunal de origen sin abrir juicio sobre el fondo del asunto. Al no haberse pronunciado sobre la existencia o inexistencia de elementos para el procesamiento, el auto dictado originalmente por el Juez de Instrucción continuó vigente el 02/03/2021 continuó vigente a los efectos requeridos por el último párrafo del artículo 84 de la Ley 27.260. - Por su parte, la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña informó el 03/12/2024 que el 02/03/2021 se dictó un auto de procesamiento contra el Sr. Buscaglia como coautor de lavado de activos agravado, el cual fue confirmado el 04/06/2021. Si bien el 08/05/2024 el Juez declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de los denominados Hechos I y II (dictando el sobreseimiento parcial), también fijó audiencia indagatoria por nuevos hechos, la cual se llevó a cabo el 11/06/2024. A raíz de ello, el 27/06/2024 la Fiscalía solicitó el dictado de un nuevo auto de procesamiento, petición que se encontraba pendiente de resolución a la fecha de la contestación. En atención a lo expuesto, se advierte que el contribuyente permanece vinculado al proceso penal, lo que, a criterio de este Tribunal, mantiene vigente la exclusión prevista en el inciso 'e' del artículo 84 de la Ley 27.260. Según el último párrafo de dicho artículo, la pérdida de los beneficios del sinceramiento fiscal es automática ante el dictado de un auto de procesamiento en fecha posterior al acogimiento. Es fundamental señalar que la norma no supedita esta consecuencia a la firmeza de dicho procesamiento, sino exclusivamente a su existencia cronológica posterior.
Ello así, resulta en autos configurada la pérdida automática de beneficios que otorgaban los Títulos I y II de la ley, prevista en el artículo 84 -último párrafo- de la Ley 27260. En efecto, los términos de dicho precepto legal resultan claros, por lo que no resultan atendibles los argumentos invocados por el recurrente en favor de su posición.
Siendo ello así cabe concluir que corresponde confirmar la determinación efectuada por el Fisco Nacional. Con costas.
VIII. Que, con respecto a los planteos de inconstitucionalidad que formula la parte actora en relación a la R.G. 618/97 (AFIP) con respecto a las funciones y facultades de las autoridades del organismo fiscal, cabe recordar que el artículo 185 de la ley de rito, veda la posibilidad de que este Tribunal Fiscal pueda incluir pronunciamientos sobre la invalidez constitucional.
IX. Que, en cuanto a la prescripción invocada por la recurrente, cabe señalar que la cuestión ha sido planteada de manera genérica, limitándose a sostener que su procedencia quedaría acreditada mediante la prueba ofrecida, vinculada con actuaciones de naturaleza penal, sin desarrollar argumentos concretos que permitan sustentar la aplicación concreta al caso.
Al respecto, corresponde recordar que la prescripción de las facultades de determinación y exigencia de tributos se encuentra regulada en los artículos 56 y siguientes de la Ley N.° 11.683, resultando asimismo aplicable en este caso la suspensión dispuesta por el artículo sin número agregado a continuación del artículo 65 de dicho cuerpo legal y la suspensión por un año establecido en el artículo 17 de la Ley N.° 27.562 (B.O. 26/8/2020). En tales condiciones, a la fecha del dictado de los actos recurridos, las facultades del Fisco Nacional se encontraban plenamente vigentes, por lo que corresponde desestimar el planteo articulado.
X. Que, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios respecto de la parte que se confirma, sólo cabe su confirmación en este acto. Cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XI. Que, corresponde expedirse respecto de la multa aplicada respecto al IVA -periodos fiscales 06/2016, 07/2016 y 10/2016, en el marco de los arts. 46 y 47 incisos b) y d) de la ley de ritual, graduada en (3) veces el impuesto omitido.
Al tratarse de una multa por defraudación aplicada en la resolución respectiva, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
No puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo. La recurrente no ha aportado prueba que derribe los indicios graves colectados por el Fisco Nacional. Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
Conforme surge del acto aquí recurrido, el Juez administrativo utiliza las presunciones de los incisos b) y d) del art. 47 de la ley de rito, a saber: “Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible” y “En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación.” respectivamente.
Así las cosas, es preciso advertir que fue necesaria la fiscalización para detectar la situación descripta, constatar que las declaraciones juradas presentadas no correspondían a la realidad y liquidar así el impuesto en su justa medida. Para lo cual, los fiscalizadores han recolectado los elementos probatorios necesarios y contundentes, demostrando el ardid o engaño, con el cual, se generó una grave incidencia fiscal.
Asimismo, la recurrente nada ha expuesto ni acreditado en sentido contrario como para rebatir ese grave cuestionamiento.
En ese orden de ideas, cabe concluir que la presunción se encuentra correctamente activada.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las circunstancias analizadas en las presentes actuaciones han concordado elementos suficientes para tener por configurada y cuantificada la sanción impuesta y no existiendo elementos que justifiquen lo contrario, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos en la resolución Nº 112/2023 DO (DV RRMP), con costas a la actora.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada Nº 112/2023 DO (DV RRMP), en cuanto a impuestos, accesorios y multa, con costas a la vencida.
Registrese, notifiquese y archivese.
Date: 2026.07.08 17:23:58 ART Date: 2026.07.13 10:13:15 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.13 10:50:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.13 10:51:48 -03:00
Fin de la sentencia