Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
I. Que mediante los RE-2024-105482927-APN-SGAI#TFN y RE-2024-105483932-APN-SGAI#TFN interpone los recursos de apelación contra las Resoluciones N° 53/2024 (DV RRTU) y N° 52/2024 (DV RRTU) ambas de fecha 06/09/2024 y su Resolución Rectificativa N°57/2024 (DV RRTU) de fecha 09/09/2024, todas dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la Administración Federal de Ingresos Públicos, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En la Resolución N° 53/2024 (DV RRTU) se determinó de oficio, en forma parcial, la obligación en el Impuesto a las Ganancias, periodos fiscales 2019, 2020 y 2021, por un importe a ingresar de $8.907.645,90 (pesos ocho millones novecientos siete mil seiscientos cuarenta y cinco con noventa centavos), con más intereses resarcitorios por un monto de $20.644.304,12 (pesos veinte millones seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuatro con doce centavos) y suspender el dictado del acto sancionatorio por corresponder la aplicación del artículo 20 Régimen Penal Tributario previsto en la Ley N° 27.430.
Por su parte en la Resolución N° 52/2024 (DV RRTU) y su Resolución Rectificativa N°57/2024 (DV RRTU) se determinó de oficio, en forma parcial, la obligación en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), periodos fiscales 01/2019 a 10/2022, por una suma a ingresar de $5.691.784,56 (pesos cinco millones seiscientos noventa y un mil setecientos ochenta y cuadro con cincuenta y seis centavos), con más intereses resarcitorios por un importe de $14.192.839,34 (pesos catorce millones ciento noventa y dos mil ochocientos treinta y nueve con treinta y cuatro centavos) y se le aplicó una multa de $608.112,72 (seiscientos ocho mil ciento doce con setenta y dos centavos), equivalente a tres (3) veces el monto del tributo presuntamente evadido en el IVA, por los periodos fiscales 01/2022 al 10/2022, conforme las previsiones de los artículos 46 y 47 inc. a) y b) de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) y por los restantes periodos suspender el dictado del acto sancionatorio por corresponder la aplicación del artículo 20 Régimen Penal Tributario previsto en la Ley N° 27.430.
En primer lugar, cabe mencionar que la firma es una empresa unipersonal inscripta en la actividad de “Transporte Automotor de Carga”.
La actora, comienza con una breve reseña del caso, en la cual manifiesta que la AFIP (hoy ARCA) realizó una fiscalización en febrero de 2023, a través de la OI 2.113.319, del que surge que los ajustes se basaron en operaciones realizadas con el proveedor “Distri El Gigante S.R.L.”, donde concluyó el Organismo que el proveedor involucrado, carece de la capacidad operativa necesaria para realizar los servicios de flete, carga, descarga y publicidad facturadas, calificando las operaciones como "inexistentes". Por lo que el Ente Recaudador desconoció las deducciones computadas por el contribuyente e impugno los créditos fiscales.
Se agravia en primer término al sostener que las resoluciones en crisis son nulas, toda vez que, el organismo incurrió en un "mero recaudo formal" al notificar, pero omitió valorar las pruebas y argumentos presentados en el descargo. Se alega que no hubo un análisis real de la prueba ofrecida, limitándose el Organismo a realizar menciones insustanciales y transcripciones dogmáticas, lo que lesiona el derecho constitucional de defensa en juicio.
Asimismo, señala una manifiesta arbitrariedad al concluir que las operaciones fueron inexistentes basándose solo en la presunta falta de capacidad operativa del proveedor.
Sostiene que es agraviante el desconocimiento de pruebas directas presentadas como el acta notarial donde el socio gerente de “Distri El Gigante S.R.L.” reconoció la prestación de los servicios y el circuito de pagos mediante cheques. También entiende que se le exigen pruebas imposibles de presentar como pretender que el contribuyente "filme o grabe" las operaciones o lleve un registro del destino que los proveedores dan a los fondos, lo cual es calificado como ilógico.
Afirma que existe una clara contradicción en el actuar de la AFIP, lo que vulnera la seguridad jurídica. Indica que la AFIP no impugnó el débito fiscal declarado por el proveedor por las mismas facturas, lo que implica que acepta la realidad de la operación para el vendedor, pero la desconoce para el comprador. Argumenta que el organismo intenta apropiarse dos veces del mismo gravamen, cobrando el débito al proveedor e impugnando el crédito al apelante.
Por otro lado, se agravia al entender que la AFIP le traslade la responsabilidad de fiscalizar a terceros. Sostiene que el límite de la obligación del contribuyente solo es verificar que el proveedor tenga CUIT activa, facturas con CAE vigente y no figure en la base APOC.
En ese orden de ideas, asegura que, al momento de las operaciones, el proveedor estaba inscripto, tenía CAE autorizado por la propia AFIP y había superado cuatro fiscalizaciones previas sin objeciones a su actividad de transporte.
Alega que, la falta de camiones propios del proveedor cuestionado, conforme lo indica la AFIP, no es suficiente ya que el proveedor reconoció haber prestado los servicios mediante la subcontratación de terceros, lo cual es una práctica comercial válida.
Arguye que la procedencia de cualquier reclamo por intereses depende directamente de la existencia de una determinación firme de la deuda. En consecuencia, si la obligación principal es cuestionada y las actuaciones de la Administración son revocadas, la obligación accesoria (los intereses) no puede subsistir por sí sola. Finalmente, cuestiona la aplicación de la multa por defraudación (artículos 46 y 47 incs. a y b de la Ley N° 11.683), argumentando la falta de acreditación del dolo. Afirmando que la AFIP aplicó un encuadre general y dogmático sin demostrar la existencia de una maniobra engañosa o intención de defraudar y que al ser nulo el ajuste principal, deben caer también las obligaciones accesorias como los intereses resarcitorios y la multa. Por último, ofrece prueba documental e informativa, y formula reserva del caso federal. Solicita se revoquen los actos apelados, con costas.
II. Que en los IF-2024-132503124-APN-DTD#JGM y IF-2024-138758662-APN-DTD#JGM contesta los traslados la representación fiscal, negando todos y cada uno de los hechos invocados por la actora, que no sean expresamente reconocidos o no surjan en forma indubitable de los antecedentes administrativos, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se confirme el acto apelado.
Sostiene que la actora no arrimó medios de prueba que destruyan las conclusiones a que arribara el Organismo, la mera disconformidad con el criterio del juez administrativo, carece de entidad para sustentar la nulidad alegada. Toda vez que, la resolución dictada por el Juez competente es un acto administrativo que goza de legalidad y reúne los requisitos necesarios que la convalida tanto en lo que hace a la causa fuente de su dictado, como asimismo al procedimiento seguido y su motivación.
Alega que la recurrente ha omitido el núcleo de la controversia, más allá de probar la existencia fiscal del proveedor y la validez formal de sus facturas, el punto determinante es la acreditación de la realización efectiva de las operaciones. Respecto a las pruebas aportadas, se precisa que las actas de manifestaciones notariales únicamente dan fe de que una persona realizó ciertas declaraciones en un momento dado, pero no validan que lo afirmado en ellas sea cierto.
Respecto a los intereses resarcitorios, el art. 37 de la ley 11.683 dispone que “La falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio”. Entiende que, no habiendo agravio específico, cabe su confirmación.
Por último, cita jurisprudencia y doctrina a su favor, hace reserva del caso federal, solicitando se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que mediante el PV-2026-14828201-APN-VOCVI#TFN se abre la causa a prueba ordenándose hacer lugar al oficio dirigido al proveedor “Distri El Gigante S.R.L.” ofrecido por la recurrente. Encontrándose agregada en el RE-2026-16230317-APN-DTD#JGM la contestación de dicho oficio.
Mediante la PV-2026-18974056-APN-VOCVI#TFN se resolvió declarar la clausura del periodo probatorio en la presente causa y se elevan los autos a consideración de la sala “B”. En el IF-2026-21778778-APN-VOCVI#TFN se ponen los autos a alegar, encontrándose agregados los alegatos del Fisco Nacional y la parte actora en los IF- 2026-26794340-APN-DTD#JGM e RE-2026-22029990-APN-DTD#JGM, respectivamente.
Que en el IF-2026-37824742-APN-VOCVI#TFN se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N. In re. “Sopes. Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L.c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re.”Werner Tomás M. c/B.C.R.A. S/Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
V. Que cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la OI Nro. 2113319, iniciada el 07/02/2023, a fin de verificar el cumplimiento del IVA de los períodos 01/2019 a 10/2022, Salidas No documentadas 03/2019 a 03/2022, Ganancias 2019 a 2021. La solicitud de OI se originó por “Usuario Supuestas Facturas Apócrifas de Distri El Gigante SRL” (Usina Mixta).
Surge que, se trata de una empresa unipersonal, cuyo domicilio fiscal se encuentra en Pasaje Transito 148 BDA del Río Salí – Tucumán, inscripta y categorizada en el IVA como Responsable Inscripto.
Aportada por el verificado la documentación oportunamente requerida, se emitieron requerimientos a las entidades financieras que habrían intervenido en la emisión de cheques por parte de terceros que fueron utilizados por el inspeccionado. Asimismo, se requirió al verificado que aporte registros de compras, registros de ventas, con su documentación de respaldo.
Con relación al débito fiscal en IVA, del análisis de la documentación aportada y la información obrante en nuestras bases no se observan diferencias. Se corroboró el registro de prestaciones de servicio a empresas conocidas en el medio vinculada a la actividad citrícola, de transporte y alimentos, obteniendo la verificación parcial de los medios de pagos utilizados por estos clientes.
Respecto al crédito fiscal de IVA, de la revisión de los comprobantes de compras se identificaron las facturas registradas en libro IVA compras cuyo proveedor o prestador sería Distri El Gigante SRL. Al respecto, si bien el concepto facturado en las mismas se encontraría relacionada con la actividad declarada por el verificado “transporte”, su realización o prestación, así como el pago no fueron debidamente probadas por el fiscalizado. Con respecto al pago, en casi todos los casos en los que se obtuvo la copia de los cheques utilizados en la cancelación, se observó que intervienen sujetos o empresas diferentes a “Distri El Gigante SRL”. Con respecto a dicho proveedor, el informe de investigación (Registro SEFI N° 1730923) que propuso la fiscalización del mismo (fs. 12 del legajo de sujeto no confiable) observa que atento los importes de compras declarados y teniendo en cuenta que la gran mayoría se trata de bebidas y alimentos, y considerando que factura ventas de estos productos, pero también un considerable porcentaje de servicios de fletes, pauta publicitaria, servicios de carga y descarga entre otros, se podría inferir, prima facie, que no declara la totalidad de sus ventas (no emitiendo las facturas a los consumidores finales; las que reemplazaría con la emisión de facturas de servicios). Registra constantes saldos a favor del contribuyente en IVA, de libre disponibilidad, los que nunca determinan saldos a ingresar. Generaría créditos fiscales a ciertos clientes por conceptos para los cuales no tendría envergadura ni capacidad operativa para realizarlos.
Surge de la verificación realizada al proveedor Distri El Gigante SRL bajo la OI N°1998073, que “En lo que respecta a la actividad de transporte automotor de cargas se informa ´servicios de fletes, transporte automotor de cargas (actividad que no se pudo confirmar, según sistema informático de AFIP, la verificada poseía un camión marca IVECO modelo 2001, el que fue vendido en mayo de 2021 y en septiembre de 2021 adquiere un camión marca Mercedes Benz modelo 2008, registrando una facturación total para el año 2020 de $ 22.385.854,27 y para el año 2021 de $ 59.516.820,99, montos que resultan imposibles de lograr con un solo camión en el año 2020 y en el año 2021 lo tuvo al camión solo en 8 meses. Cabe remarcar que en el año 2020, la facturación de fletes representa un 49% de las ventas totales declaradas y en el año 2021 el 40%. Asimismo se remarca que durante los períodos 2020 y 2021 declaró 3 empleados en relación de dependencia, los cuales serían necesarios para la actividad de ventas de bebidas y no declara empleados que cumplan el rol de chofer de camión. También cabe destacar, que en el libro IVA compras no se observan facturas y/o tickets de compras de combustibles, lo que nos da un indicio más que los fletes facturados no se realizaron.”
Según el informe final se concluyó que “la contribuyente, si bien tiene capacidad económico financiera para desarrollar la actividad de ventas de bebidas, no posee la capacidad operativa para realizar los servicios de fletes de carga, actividad en la cual se encuentra inscripto en este Organismo y justificarla parcialmente la actividad de alquiler de espacio publicitario, por lo que se propone que el mismo sea incluido en la base e-Apoc, como usina mixta, conforme I.G. 1041”.
Del análisis de las respuestas recibidas a partir de los requerimientos a las entidades financieras, se confecciono papel de trabajo (fs. 151 a 154). Al respecto, se concluyó que la mayor parte de las operaciones (+99%) no pudieron justificar su existencia. Solo un cheque podría haber tenido como destinatario a Distri El Gigante SRL. Al tomar conocimiento el verificado de la situación planteada aportó como explicación que los cheques fueron cambiados por efectivo a pedido del supuesto prestador de servicios, aportando en dicha oportunidad dos manifiestos cuyas firmas fueron certificadas por escribano, sin ninguna otra documentación de respaldo (fs. 162 a 165 Cpo. I Legajo IVA).
En síntesis, se entendió que en el caso bajo análisis no se pudo demostrar la realización de las prestaciones de servicio relacionadas a este proveedor, entendiendo se está frente a operaciones inexistentes y mucho menos verificar las supuestas cancelaciones, con la salida de dinero o pago que habría efectuado la verificada. La única documental aportada por la verificada para justificar las operaciones son los comprobantes referidos a las supuestas prestaciones de servicio de “Distri El Gigante SRL”. Estos comprobantes exponen como concepto servicio logístico de carga/descarga y fletes varios.
En lo que respecta al Impuesto a las Ganancias, por los mismos motivos, se procedió a detraer de las compras y gastos, por cada periodo fiscal analizado, las relacionadas a este proveedor.
VI. Que en primer lugar corresponde, el tratamiento del planteo de nulidad esgrimido por la recurrente en su recurso por entender que los actos apelados carecen de motivación, por haberse vulnerado las garantías de defensa, debido proceso que la amparan y falta de valoración de prueba.
En relación a lo estrictamente formal, las resoluciones determinativas de autos, en cuanto acto administrativo, aparecen satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se hubiera apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Asimismo, tampoco se ha vulnerado el derecho de defensa ya que tuvo oportunidad de exponer ejercer sus derechos exponiendo sus argumentos y ofreciendo prueba tanto en sede administrativa como en instancia de este Tribunal.
A su vez, debe tenerse en cuenta que: "...cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, fallos 205:549, 247:52, 267:393).
Asimismo, en lo relativo a los agravios de la recurrente referidos a la "absoluta abstracción" de los descargos y pruebas presentados en la instancia administrativa, cabe señalar que, así como resulta cierto que el contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas durante el procedimiento administrativo, el juez administrativo interviniente tiene el deber de evaluar su admisibilidad procesal, circunstancia que se encuentra cumplida en el acto recurrido. Esta evaluación discrecional cae, por supuesto, dentro de la órbita jurisdiccional de este Tribunal quien juzgará, en definitiva, sobre la pertinencia o ilegitimidad de la resolución adoptada en la etapa anterior, pero para lo cual, deberá, necesariamente entrar al examen de la cuestión de fondo controvertida y como esta fue propuesta por ambas partes. Solamente dicho examen permitirá a este Tribunal evaluar, a la postre, la justeza del rechazo probatorio en sede fiscal, agravio que se torna inviable en proporción excepcional.
En cuanto a la contradicción con los actos propios del Fisco Nacional que alega la parte recurrente, al considerar que no se impugnó el débito fiscal declarado por el proveedor, cabe advertir que la presente controversia se centra en el análisis del cómputo de un crédito fiscal supuestamente improcedente respecto del recurrente, determinado a partir de los indicios recolectados por el Fisco Nacional que le permitieron inferior que las operaciones eran inexistentes, ante lo cual el mismo puede aportar medios de prueba conducentes y suficientes para desvirtuar la hipótesis fiscal.
En síntesis, los agravios de la parte actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Cabe señalar, asimismo que, si bien el planteo fue tratado en forma previa por razones de orden lógico, no fue articulado como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo, con el objeto de obtener la revocación del criterio fiscal. En consecuencia, no corresponde otorgarle tratamiento incidental ni disponer una imposición de costas autónoma.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios articulados por la apelante, sin imposición de costas autónomas, de conformidad con el criterio sentado por el Máximo Tribunal en el precedente “Bolland y Cia S.A”, sentencia del 21/02/2013 (B- 485-XLV).
VII.A).- Que en relación al fondo del asunto, cabe concluir que la impugnación de las operaciones con dicho proveedor ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la efectiva concreción de las operaciones con el proveedor cuestionado por el Fisco Nacional.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar la existencia de sus proveedores y que ellos realizaron operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la realización de las operaciones, por el proveedor impugnado siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario. Que cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del mencionado artículo deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que, si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la " actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
Que entrando al análisis de los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia de IVA, es dable recordar que conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Respecto a las afirmaciones de la actora a través de las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió del proveedor cuestionado, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993). Este criterio fue reiterado nuevamente in re Sidertec S.A., sentencia del 15/11/1996, donde, además, se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “ Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A. " de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada "realidad económica", corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas....".
Que formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad del sujeto emisor de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando la impugnación de las operaciones en ellas consignadas.
Así las cosas, se reitera que, no obstante compartirse la tesis de que no puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto. Sin embargo, los indicios reunidos del Fisco Nacional bastan para dudar de las operaciones realizadas con el proveedor; al no estar cuestionado el sujeto sino las transacciones declaradas, es la recurrente quien debe aportar la prueba en contrario.
Ni la prueba documental ofrecida en sede administrativa (por ejemplo testimonios ante escribano, antecedentes de fiscalización del proveedor etc.), como la producida ante este Tribunal permiten tener por acreditada la existencia y cuantía de las operaciones cuestionadas con este proveedor; ello así considerando los contundentes cuestionamientos del Fisco Nacional respecto de la capacidad económica y operativa de este proveedor para prestar estos servicios y la falta de pruebas concretas para tener por acreditada la cancelación de estas supuestas operaciones de servicios. Cabe indicar que, frente a tales observaciones, los amplios conceptos detallados –sin precisiones en cuanto a fechas, itinerarios, tipos de carga transportada, choferes, camiones utilizados etc.- en las facturas observadas (carga/descarga, servicio de logística de carga/descarga, fletes varios, etc.) sin elementos documentales adicionales (remitos, guías, contratos etc.) en nada ayudan a tener por concretadas a tales operaciones.
Es importante señalar que la única prueba producida por la parte recurrente ante este Tribunal fue el oficio a “Distri El Gigante SRL” y tanto la contestación como los documentos presentados por el proveedor se encuentran agregados en los RE-2026-16230317-APN-DTD#JGM, RE-2026-16230507-APN-DTD#JGM, RE-2026-
16230587-APN-DTD#JGM, RE-2026-16230643-APN-DTD#JGM y el RE-2026-16230707-APN-DTD#JGM.
De la respuesta obtenida, se desprende la declaración del socio gerente de Distri El Gigante SRL, quien afirma que: “la totalidad de las operaciones facturadas a Miguel A. Mac Donald fueron registradas en el libro IVA Ventas y exteriorizadas en el débito fiscal de IVA”. En tal sentido, enfatiza que el organismo recaudador “jamás cuestionó y/o impugnó el débito fiscal” derivado de dichas operaciones, pese a las fiscalizaciones cursadas bajo los OI 1712104, 1998073, 2101919 y 2206620. Finalmente, sostiene que tampoco se objetaron “los ingresos por la actividad de transporte de carga, ni le cuestionó dicha actividad desarrollada por la sociedad”. Al respecto, cabe indicar que el listado de facturas y las copias de las declaraciones juradas aportadas –incluso la documental aportada como anexo III en la contestación de la vista referida al periodo 07/2020- no permiten tener por acreditado que los débitos fiscales de las operaciones cuestionadas hayan sido efectivamente incluidos en las respectivas declaraciones juradas del proveedor. Pero, además y principalmente, no se aportan elementos concretos que avalen los dichos respecto de que los servicios habrían sido efectivamente prestados a la recurrente. Es por ello que se advierte que las pruebas aportadas no logran desvirtuar el criterio fiscal. Ni los argumentos de la recurrente ni lo manifestado por el Socio Gerente de “Distri El Gigante SRL” en su contestación de oficio o en las actas notariales (donde afirma que se constató el circuito de pago, la cancelación de facturas y la prestación de servicios con vehículos y personal contratados a terceros) tienen la entidad suficiente para tener por concretadas las operaciones cuestionadas ni sus montos.
Las actas notariales únicamente dan fe de que una persona realizó ciertas declaraciones en un momento dado, pero no validan de por sí que los hechos allí descritos sean ciertos y efectivamente hayan ocurrido. Resulta insuficiente que el proveedor se limite a manifestar ante escribano que realizó las operaciones fletes mediante la contratación de terceros. Para dotar de veracidad dicho relato, deberían haberse aportado los contratos de tercerización de camiones y personal, facturas, registros, etc. que acrediten la capacidad operativa necesaria para prestar los servicios cuestionados, extremo que no se ha verificado en la causa.
Es dable indicar que dicho proveedor, entre otras fiscalizaciones, ha sido objeto de la verificación bajo OI N° 1.998.073 que concluyó que, si bien aquel tiene capacidad para desarrollar la actividad de ventas de bebidas, no posé la capacidad operativa para realizar los servicios de fletes de carga, por lo que en el informe final de fecha 11/05/2022 se concluyó que sea incluido en la base e-Apos (vide fs.72 del legajo de sujeto no confiable). En el caso de marras, existen impugnaciones concretas y graves sobre aspectos sustantivos que ponen en duda la veracidad del proveedor en las operaciones de crédito fiscal controvertidas. Ante este escenario, la recurrente no puede limitarse a sostener que los indicios fiscales son imputables a terceros o que la validez del CAE y la ausencia de “Distri El Gigante SRL” en la Base APOC la eximen de verificar la capacidad económica y operativa de su proveedor.
Cabe advertir que la mera inexistencia de un registro en la Base APOC al momento de contratar no constituye una prueba suficiente ni exime al contribuyente de su responsabilidad. La legitimidad de las operaciones debe fundarse en hechos debidamente acreditados y no en la simple omisión de una publicación en bases de consulta pública, máxime cuando la prueba aportada no logra desvirtuar las irregularidades detectadas por el Fisco Nacional.
Se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con el proveedor indicado en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- prestaciones de servicios, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que el proveedor impugnado haya realizado las operaciones de flete que aquél le adjudicó.
Cabe dejar sentado que intentar probar la existencia de las operaciones simplemente a partir de facturas o que dicho proveedor se encuentre inscripto, resulta claramente insuficiente para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas. Para ello resulta indispensable acreditar la materialidad –no sólo su instrumentación- de las operaciones impugnadas con el proveedor Distri El Gigante SRL.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resulta inhábil por sí solo -ante la gravedad de los indicios expuestos- para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Por otra parte, la actora alega haber actuado de buena fe y sostiene que no corresponde trasladar a los contribuyentes la carga de verificar el cumplimiento fiscal de sus proveedores, invocando para ello el precedente “Bildown S.A.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, dicho estándar jurisprudencial resulta inaplicable al caso en cuestión, dado que en aquel fallo la actora logró demostrar la autenticidad de las operaciones, acreditando tanto el circuito comercial como el financiero. Por el contrario, en las presentes actuaciones, la recurrente no ha probado fehacientemente la existencia real de las operaciones de fletes con el presunto proveedor.
En este contexto, es pertinente señalar que la recurrente enfocó su estrategia en demostrar la existencia formal del proveedor y la validez formal de sus facturas, omitiendo probar la existencia y montos de las operaciones, que es el verdadero objeto de la controversia.
En definitiva, al no haberse evidenciado un circuito comercial que permita inferir la realización efectiva de las operaciones cuestionadas, los agravios de la recurrente carecen de sustento probatorio conducente. Al tratarse de meras consideraciones dogmáticas que no logran conmover los fundamentos del ajuste practicado por el Fisco Nacional, corresponde disponer la confirmación de la resolución recurrida, con costas.
VII.B).- Que, en virtud de la normativa del Impuesto a las Ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los servicios hayan sido efectivamente prestados, no se ofreció ni aportó prueba tendiente a demostrar que sin las compras de los servicios impugnados no se hubieran podido brindar los servicios vendidos por la recurrente, ni se han arrimado elementos sufientes que acrediten el valor real de dichas operaciones, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste, con costas.
VIII. Que, en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados.
IX. Que, corresponde expedirse respecto de la multa aplicada respecto al IVA -periodos fiscales 01/2022 al 10/2022-, en el marco de los arts. 46 y 47 incs. a) y b) de la ley de ritual, graduada en (3) veces el impuesto omitido.
Al tratarse de una multa por defraudación aplicada en la resolución respectiva, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”. En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. - SALA V – 29/3/1999).
No puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo. La recurrente no ha aportado prueba que derribe los indicios graves colectados por el Fisco Nacional. Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
Conforme surge del acto aquí recurrido, el Juez administrativo utiliza las presunciones de los incisos a) y b) del art. 47 de la ley de rito, a saber: “Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11” y “Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible” respectivamente.
Así las cosas, es preciso advertir que fue necesaria la fiscalización para detectar la situación descripta, constatar que las declaraciones juradas presentadas no correspondían a la realidad y liquidar así el impuesto en su justa medida. Para lo cual, los fiscalizadores han recolectado los elementos probatorios necesarios y contundentes, demostrando el ardid o engaño, con el cual, a través de la implementación de facturas apócrifas, se generó una grave incidencia fiscal.
Asimismo, la recurrente nada ha expuesto ni acreditado en sentido contrario como para rebatir ese grave cuestionamiento.
En ese orden de ideas y considerando que se omitió íntegramente el tributo sobre el IVA computando crédito fiscal de operaciones inexistentes, lo cual denota la grave incidencia de tal omisión, cabe concluir que la presunción se encuentra correctamente activada.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las circunstancias analizadas en las presentes actuaciones han concordado elementos suficientes para tener por configurada la sanción impuesta y no existiendo elementos que justifiquen lo contrario, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos en la resolución N° 52/2024 (DV RRTU) y su resolución rectificativa N° 57/2024 (DV RRTU).
No obstante dicha confirmación, se estima que corresponde reducir el quantum de la misma al mínimo legal de la escala punitiva. Ello así, habida cuenta de la falta de antecedentes sumariales del contribuyente y de la ausencia de concreta justificación que amerite apartarse, bajo dicha particular circunstancia, de la razonable pauta de graduación que suministra aquella escala al establecer un mínimo y un máximo, de modo de dar al juzgador la posibilidad de sancionar con mayor monto de pena las situaciones en las que se verifiquen causas agravantes o se trate de infractores reincidentes (cfr. esta Sala, “Madero, María Silvina”, 08/06/2012; “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia”, 26/3/2019), situación que, como se ha adelantado, no aparece configurada en el caso bajo análisis.
Las costas se imponen a la actora en la proporción de la multa que se confirma y por su orden en la parte que se reduce la misma.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.04.21 10:46:06 ART Date: 2026.04.21 11:07:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.21 11:45:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.21 11:46:31 -03:00
Fin de la sentencia