Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-104149914-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a las repeticiones intentadas con más los intereses legales calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando VII in fine. Costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 20 la parte actora interpone recurso por retardo, en los términos del artículo 81 y concordantes de la Ley de Procedimiento Tributario 11.683 y sus modificaciones, a fin de obtener la devolución de la suma de pesos doscientos cincuenta y un millones setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y tres con cincuenta y tres centavos ($251.755.873,53), que Banco Itaú Argentina S.A. ingresó de más en concepto de Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2017, con más los intereses calculados de conformidad con el art. 179 de la citada ley. En tanto que a fs. 559 obra recurso por retardo a fin de obtener la devolución de la suma de pesos un mil seiscientos cuatro millones novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y uno ($1.604.995.491) que Banco Itaú Argentina S.A. abonó en exceso en concepto de impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2019 y 2020, según el siguiente detalle: $639.325.556 correspondiente al impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2019 y $969.669.935, por el ejercicio fiscal 2020. Que en primer lugar, indica que el propio Banco Itaú determinó el importe del ajuste por inflación que resulta de la aplicación de las normas contenidas en el Título VI de la ley del impuesto a las ganancias y asimismo, el mayor importe de las amortizaciones de los bienes de uso, intangibles y bienes diversos, resultante de su reexpresión ajustada.
Aclarando que respecto del período fiscal 2019 se toma como punto de partida la diferencia entre el impuesto a las ganancias determinado e ingresado por Banco Itaú Argentina S.A. como resultado de liquidar el tributo incorporando parcialmente el ajuste por inflación previsto en el Título VI de la ley del impuesto a las ganancias (texto según Decreto N°824/2019), es decir un sexto (1/6) conforme al art. 194 incorporado por la ley 27.541 a la ley del gravamen y computar las amortizaciones actualizadas solo por los bienes de uso e intangibles adquiridos a partir del 1° de enero de 2018; y el impuesto que resulta de incorporar el 100% del ajuste por inflación previsto por el Título VI y el cómputo del 100% de las amortizaciones de los bienes de uso e intangibles, es decir los adquiridos antes y después del 1° de enero de 2018, ajustados por inflación.
Agrega que mediante esa comparación, se alcanza una diferencia de $783.572.383 y que para arribar al tributo abonado en exceso por el período fiscal 2019, de esa suma corresponde detraer la suma de $144.246.827 (30% sobre el segundo sexto (2/6) de ajuste por inflación del período fiscal 2019 del Título VI que se computó en el período fiscal 2020 y que tuvo como resultado una disminución del tributo a ingresar en dicho período. Asimismo, destaca que en el período fiscal 2021 si bien se computó el tercer sexto (3/6) del ajuste por inflación ello no generó un menor impuesto a pagar en tanto el resultado impositivo, previo al cómputo de este tercer sexto ya generaba un quebranto, por lo que no corresponde efectuar detracción de la repetición por la deducción de base efectuada en el período fiscal 2021 y que no generó un menor tributo a abonar en ese ejercicio.
En tanto que el período fiscal 2020 se calcula en función de la diferencia entre el impuesto a las ganancias determinado e ingresado por Banco Itaú Argentina S.A. a través de la declaración jurada original como resultado de liquidar el tributo incorporando parcialmente el ajuste por inflación del título VI de la ley -un sexto 1/6-, conforme el art. 194, agregado por la ley 27.541, y las amortizaciones ajustadas solo por los bienes de uso e intangibles adquiridos a partir del 1° de enero de 2018; y el impuesto a las ganancias que resulta de incorporar el 100% de los bienes de uso e intangibles ajustados por inflación y la actualización del costo computable para la determinación del resultado de enajenación de bienes en el período 2020 que fueron adquiridos con anterioridad al 1° de enero de 2018.
Invoca la actora que se encuentra habilitada para tributar el impuesto a las ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2017, 2019 y 2020 con el alcance que resulta de incorporar el 100% del ajuste por inflación, regulado por el Título VI de la ley del impuesto a las ganancias y el ajuste por inflación de las cuotas de amortización correspondientes a la totalidad de los bienes de uso e intangibles, por verificarse a su respecto una situación de confiscatoriedad análoga a la verificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo emitido el 3 de julio de 2009 en la causa “CANDY S.A. c/AFIP y otro s/acción de amparo” (Fallos 332:1571), donde se resolvió que el impuesto a las ganancias tributado resulta inconstitucional por confiscatorio cuando se demuestra que tal importe supera el 55% de la utilidad que exhibe el estado de resultados ajustado por inflación y, asimismo, supera el 62% del resultado impositivo que deriva de incorporar el ajuste por inflación regulado en las normas del impuesto a las ganancias, y en fallos posteriores, entre ellos, el dictado en la causa “Telefónica de Argentina S.A. y otro c/ EN – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”.
En efecto, la aplicación integral del ajuste por inflación disminuye la ganancia neta sujeta a impuesto en los importes que seguidamente se detallan en cada período fiscal:
-2017: $719.302.495,80 y el impuesto que se determina es menor en la suma de $251.755.873,53. Así resulta de la documentación agregada como Anexo VI del reclamo administrativo de repetición (SIGEA 13289–22504/2018) que incluye el Informe Especial Sobre Resultado Impositivo Con Efecto Del Ajuste Impositivo Por Inflación suscripto por la Contadora Pública (C.P.) S.V. que obra a fs. 288/297 del cuerpo de Antecedentes N°2 de los antecedentes administrativos (AA).
-2019: $3.369.276.960,28 y el impuesto que se determina es menor ascendiendo a la suma de $1.010.783.088,08. Así resulta de la documentación que obra agregada como Anexo XIV obrante a fs. 529/536vta., que incluye el informe especial suscripto por la C.P. S.V., en su carácter de socia de Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L.
-2020: $2.373.180.854,40 y el impuesto que se determina es menor ascendiendo a la suma de $711.954.256,32. Así resulta de la documentación que obra agregada como Anexo XV obrante a fs. 539/546vta., que incluye el informe especial suscripto por la referida profesional, C.P. S.V. Alega que el presupuesto de confiscatoriedad del fallo “Candy” se verifica respecto de Banco Itaú Argentina S.A. en los tres (3) períodos fiscales objeto de la presente litis dado que:
- En el período 2017 el impuesto a las ganancias determinado ascendió a la suma de $408.442.079,01 el cual resulta equivalente al 91,23% del resultado impositivo que se determina considerando el efecto del ajuste integral por inflación, que asciende a $447.674.875,37. Asimismo, se verifica la pauta establecida por la Corte Suprema en lo concerniente a la relación porcentual entre el impuesto determinado y el resultado contable ajustado cuyo valor asciende a $379.737.000,00, ya que el impuesto determinado tributado ($408.442.079,01) representa un 107,56% respecto de dicho resultado contable.
- En tanto que en el período 2019 el impuesto a las ganancias determinado y tributado ascendió a la suma de $1.794.355.471,33 siendo equivalente al 53,26% del resultado impositivo que se determina considerando el efecto del ajuste integral por inflación, el cual asciende a $3.369.276.960,28; como así también se verifica la pauta establecida por la Corte Suprema en lo relativo a la relación porcentual entre el impuesto determinado tributado y el resultado contable ajustado, que representa un 98,46%, toda vez que tal resultado contable ajustado asciende a $1.822.444,000,00.
- Y en el período fiscal 2020 el impuesto a las ganancias tributado ascendió a la suma de $1.677.624.192,15 siendo equivalente al 70,69% del resultado impositivo que se determina considerando el efecto del ajuste integral por inflación, que asciende a $2.373.180.854,40 como así también se verifica la pauta establecida por la Corte Suprema en lo relativo a la relación porcentual entre el impuesto ingresado y el resultado contable ajustado, que representa un 76,71% toda vez que tal resultado contable ajustado asciende a $2.186.951,00.
Recuerda que se verifica que, a través de su pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó a la empresa Candy S.A. a tributar el impuesto computando el ajuste por inflación, en un escenario en el cual las normas del impuesto a las ganancias prohibían su cómputo.
Destaca que la cuestión resulta relevante porque, a tenor de lo dispuesto en la ley 27.430, la normativa vigente al 31 de diciembre de 2019 y 2020 estaba muy lejos de establecer una prohibición del ajuste por inflación, sino que, por lo contrario, reconocía la necesidad de que se practicase el citado ajuste, atento la magnitud alcanzada en la pérdida del valor de la moneda.
En efecto, la ley 27.430, en cuanto mantiene en vigencia el Título VI de la ley del impuesto a las ganancias, implica una clara afirmación de que el ajuste por inflación es un mecanismo necesario para la determinación de la magnitud de la renta que el legislador pretende someter al impuesto.
Indica que la sentencia que se dicte, haciendo lugar al presente reclamo de repetición, deberá ordenar la liquidación y pago de intereses mediante la aplicación de una tasa cuya magnitud deberá fijar el Tribunal teniendo en consideración las condiciones en las que se haya desarrollado la economía entre la fecha de interposición del reclamo administrativo y la fecha de la sentencia. Con motivo de los pagos realizados en exceso y lo que dispone la Constitución Nacional en lo relativo a la inviolabilidad de la propiedad, la actora reclama la devolución de ese importe, con más una suma en concepto de intereses que resulte adecuada para al menos igualar el poder de compra que tenía esa suma a la fecha de interposición del reclamo.
Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 43/58vta. el Fisco contesta el traslado respecto del período fiscal 2017, en tanto que mediante IF-2023-108216283-APN-DTD#JGM, obrante a fs. 639/655 vta., lo hace con relación a los períodos fiscales 2019 y 2020, solicitando, por los argumentos de hecho y de derecho que expone, que se rechacen ambos recursos, con costas.
En primer lugar, indica que la actora procura la aplicación de un régimen que se encontraba derogado o suspendido hasta la reforma introducida por la ley 27.430 y que la realidad es que no era factible su aplicación para el período fiscal 2017 y tampoco para los períodos fiscales 2019 y 2020 de la manera que lo pretende la recurrente.
Invoca que contrariamente a lo sostenido por la recurrente, las modificaciones introducidas por las leyes 27.430, 27.468 y 27541 determinan inexorablemente la inaplicabilidad del precedente “Candy” respecto de los períodos fiscales 2019 y 2020 y además que la situación de la recurrente contiene diferencias sustanciales con las circunstancias fácticas del fallo “Candy” por lo que no resulta posible su aplicación. Alega el Fisco Nacional que el mecanismo de ajuste por inflación contemplado en el Título VI de la ley de impuesto a las ganancias quedó derogado o si se quiere suspendido, ello al impedir la norma, computar las variaciones en el índice producidas con posterioridad a la referida fecha. Y que así lo entendió la doctrina (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana Camila, Impuesto a las Ganancias, Bs. As., 1996, págs. 627 y ss.).
Recuerda que primeramente el Poder Legislativo sancionó con fuerza de ley la posibilidad de acudir al mecanismo del ajuste por inflación –ley 23.260– que ello fue en un contexto en el cual la inflación en el año 1985 resultaba ser del 385% según datos del INDEC. Pero que con la misma fuerza, con posterioridad, sancionó las leyes 23.928 y 24.073 y luego la llamada ley de emergencia económica 25.561 del año 2002, que suspendieron dicho mecanismo.
Insiste que la voluntad del legislador ha sido la de persistir en la derogación de los métodos de indexación tal como surge de la ley 25.561, es decir mantener prohibido ajustar los resultados contables por inflación lo cual únicamente puede ser restablecido por el Poder Legislativo.
Y que la postura del Fisco se ve reforzada por la sanción de la ley 27.430 del año 2017, que establece condiciones para la actualización de las amortizaciones y del costo impositivo de los bienes de uso vendidos y la aplicación del ajuste por inflación impositivo respecto de los ejercicios que se inicien el 1° de enero de 2018, pero bajo ciertas condiciones.
Por otra parte, señala que por la complejidad del gravamen y teniendo en cuenta que las declaraciones juradas son confeccionadas en su totalidad con datos expresados unilateralmente, los mismos deben ser comprobados a través de una fiscalización del Organismo Recaudador.
En este sentido considera que no se pueden dar por válidos los importes señalados por el contribuyente que aún no han sido corroborados por el Fisco Nacional (fs. 50 anteúltimo párrafo).
Advierte que el fallo "Candy" no resulta aplicable, toda vez que el Fisco Nacional se encontraba llevando adelante tareas de verificación y fiscalización respecto del impuesto y los períodos fiscales involucrados en autos en el marco de las Ordenes de Intervención N° 1763597 (PF 2017); 2124070 (PF 2019) y 2124072 (PF 2020), que se hallaban en trámite ante la División Fiscalización Externa I, la primera de ellas y en la III las restantes, de la Dirección de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Nacionales. Manifiesta que la firma Banco Itaú Argentina S.A. se presenta en autos invocando una confiscatoriedad impositiva que no es tal, pero que además bajo ningún aspecto podrá acreditarse en forma concluyente y acabada, tal como lo exhorta la CSJN en su jurisprudencia.
Agrega que teniendo en cuenta que la CSJN ha dicho que para declarar la inconstitucionalidad de las normas que impiden el ajuste se requiere que la repugnancia sea manifiesta, clara e indudable y se necesita prueba concluyente sobre la confiscatoriedad, ello no podría ocurrir en autos, en tanto los estados contables, y resultados impositivos a los que se refiere la actora ni su documental se encuentra bajo verificación fiscal, por lo que no se conocen cuáles son los datos ciertos y finales, es decir cuál es la renta que efectivamente ha sido obtenida por Banco Itaú Argentina S.A. y que se encuentra sujeta a impuesto, respecto de la cual corresponda aplicar la alícuota en cuestión.
Señala que la actora se limita a afirmar que el impuesto ingresado resulta claramente confiscatorio en base a la mera comparación entre el resultado impositivo que se muestra en las declaraciones juradas originales presentadas y el resultado que surge de la prueba documental –Informe de Contador Independiente- que adjunta al escrito de apelación y de la prueba pericial ofrecida.
Concluye que: “los porcentajes de inflación acumulada que expone en su escrito, carecen de veracidad si no somete su real situación económica, financiera y fiscal a revisión por parte de este Tribunal así como también al contralor de mi mandante”. Y que “no resulta suficiente a tal fin, el informe contable producido por un contador que dice ser independiente habiendo efectuado su labor a razón de lo solicitado por la recurrente”.
Agrega que en un Informe de fecha 10/01/2023 invocado en el expediente por el cual tramitó el reclamo de repetición por el período fiscal 2018, los actuantes dictaminan que “El Banco Itaú no cuenta con una contabilidad llevada en la forma y los requisitos prescriptos por lo cual no resulta procedente ser admitida en juicio como medio de prueba en tanto la contabilidad es indivisible” lo cual “…o conlleva a la imposibilidad de realizar una pericial contable” –fs. 646 vta..
Y que “lo expuesto sobre el período fiscal 2018, es cabal demostración de la necesidad de continuar con la fiscalización por parte de esta Administración, la que en virtud de la complejidad de la contabilidad de la actora no puede –de ningún modo – ser suplida por una pericia en el marco de este proceso”. Indica que atento la normativa vigente y la envergadura del monto objeto de repetición (que de hacerle lugar comprometería seriamente la renta pública y, en definitiva a la comunidad en su conjunto), bajo ningún concepto podría llegar a concluirse en la existencia de un supuesto excepcional de confiscatoriedad de un tributo, a exclusivo tenor de la documental referida e insiste en la necesaria intervención de funcionarios especializados que representen al Ente Recaudador a la hora de analizar la real situación económica, financiera y tributaria de la apelante.
Que a fs. 665 se resuelve acumular el Expediente EX -2023-63876605-APN-SGAI#TFN.
III. Que la representación fiscal bajo RE-2024-88129741-APN-SGAI#TFN denuncia un hecho nuevo, el que mereció la réplica de la recurrente bajo RE-2024-18137121-APN-SGAI#TFN, siendo rechazado el mismo por este Tribunal mediante PV-2024-117839690-APN-VOCIV#TFN obrante a fs. 743/744.
IV. Que mediante PV-2024-39670435-APN-VOCV#TFN se declara que deviene inoficiosa la audiencia prevista en el artículo 173 de la ley 11.683. En tanto que mediante PV-2025-20416381-APN-VOCV#TFN se abre la causa a prueba.
Que a fs. 902/929 y 930/1047 bajo IF-2025-92794152-APN-DTD#JGM e IF-2025-92688693-APN- DTD#JGM, se producen los informes periciales ordenados en autos.
Que a fs. 1056/1080 RE-2025-96006117-APN-SGAI#TFN; 1081/1104 RE-2025-96006145-APN- SGAI#TFN y 1113 RE-2025-101037771-APN-SGAI#TFN obran las impugnaciones formuladas por las partes; en tanto que a fs. 1127/1142 bajo RE-2025-114873977-APN-SGAI#TFN la contestación de la parte actora y el escrito de descargo presentado por el perito del Fisco Nacional C.P. Britez -fs. 1143/1151- bajo RE-2025-114000612-APN-SGAI#TFN.
Que a fs. 1185 se clausura el período probatorio y a fs. 1194 se elevan los autos a consideración de la sala “B”.
Seguidamente, a fs. 1203 se ponen las actuaciones a disposición de las partes para que en el término de diez (10) días produzcan sus respectivos alegatos, haciendo uso de su derecho la parte actora a fs.1220/1253 y el Fisco Nacional a fs. 1212/1218.
Finalmente, a fs. 1255 se ponen los autos para el dictado de sentencia.
V. Que a los efectos de resolver la cuestión de fondo traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (Conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/02/1987, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/1987, CNCAF, Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/04/1998 y “Congelados Macchiavello y Cía. S.A.” del 26/04/2007, entre otros).
En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19/02/1997, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
Que a efectos de lograr una mayor claridad expositiva, cabe realizar una breve reseña histórica sobre la evolución del mecanismo denominado “ajuste por inflación” en nuestra legislación nacional. Que el mecanismo antes mencionado está expuesto en el Título VI de la ley del impuesto a las ganancias, estableciéndose el procedimiento aplicable, los valores y conceptos a computar, y los responsables que deben practicar el ajuste, entre otras cosas (arts. 94 a 98).
Que, posteriormente, la ley 24.073 (art. 39, parte pertinente) agregó: “A los fines de las actualizaciones de valores previstos en la ley 11.683, t.o. en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a partir del 1° de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive”.
Finalmente, la ley 25.561 modificó el art. 10 de la ley 23.928 manteniendo “derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.”
La recurrente entiende que no pueden mantenerse las disposiciones del art. 39 de la ley 24.073 en el contexto económico generado a partir de enero de 2002, con el abandono de la convertibilidad, habida cuenta que las causas que originaron su dictado desaparecieron en ese año y, por lo tanto, recobró plena vigencia y operatividad el mecanismo de ajuste por inflación.
Al respecto, debe señalarse que la Sala “D” de este Tribunal sostuvo en oportunidad de expedirse en los autos “C.D.R. Comunicaciones”, “Swaco de Argentina S.A.” (ambos de fecha 22/03/2007) y “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.” (de fecha 7/10/2010) –criterio compartido por la Sala “B” in re “Cragnolino, Raúl José” del 18/04/2008-, que “la virtual derogación del sistema en forma oblicua o indirecta..., no existe, porque no basta que algunas opiniones doctrinarias... lo sugieran, sino que para que deje de regir, la abrogación debe encontrarse plasmada en norma dispositiva expresa, lo que no ha ocurrido hasta el presente, precisando así el desigual enfoque que la ley otorga a las distintas categorías de contribuyentes. El dictado posterior de otras normas legales que hacen directa referencia al mecanismo, ratifican su permanencia (vrg. ley 24.587 – B.O. 22/11/1995)”.
“Que no obsta a esas consideraciones que la aplicación del mecanismo corrector en la práctica no logre el efecto que de él se espera. Ello así, porque sin necesidad de modificar un ápice el texto legal, el sistema de actualización y de ajuste de valores ha dejado de hallarse operativo por lo dispuesto en el citado art. 39 de la ley 24.073, pues al fijar como tope las variaciones de índice hasta el mes de marzo de 1992 inclusive, ha tornado inocua su aplicación en cuanto a este aspecto se refiere, situación que subsistirá en tanto dicha norma se encuentre vigente”.
Que, en ese orden, en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Candy S.A.” del 3/07/2009, que convalida la constitucionalidad de las normas que la apelante intenta cuestionar, se reiteró la doctrina de que “no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas decididas por otros poderes del Estado, sino ponerles un límite cuando violan la Constitución y, en este caso, el derecho de propiedad”.
Y continua diciendo que: “Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si éstas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152)”.
A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los “principios de la ciencia económica” (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional.
Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293)”.
Que, finalmente, remite a la doctrina que emana del precedente “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (Fallos: 328:2567), en la cual se dijo: “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas)”.
Que por su parte, en atención a los períodos fiscales 2019 y 2020 que aquí se tratan, cabe señalar que la ley 27.430 incorporó como últimos párrafos del artículo 95 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. 1997), los siguientes:
“El procedimiento dispuesto en el presente artículo resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al ciento por ciento (100%).
Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer y segundo ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el porcentaje indicado en el párrafo anterior.”
A su vez la ley 27.468 sustituyó el último párrafo del mentado artículo 95 de la ley del gravamen, por el siguiente: “Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018. Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación de ese índice, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y en un quince por ciento (15%) para el primer, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente”.
Asimismo, incorporó el art. 118.2 a la ley del impuesto a las ganancias que dispone que “el ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 01/01/2018 que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos 2 últimos párrafos del art. 95, deberá imputarse 1/3 en ese período fiscal y los dos tercios restantes, en partes iguales, en los dos períodos fiscales inmediatos siguientes”.
En tanto que con posterioridad el artículo 27 de la ley 27.641 sustituye el artículo 194 (t.o. 2019), el cual quedó redactado de la siguiente manera: “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1° de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes”. Con sustento en estas normas, el Fisco Nacional sostiene que no es posible la aplicación del ajuste por inflación para el período fiscal 2017, como así tampoco respecto de los períodos fiscales 2019 y 2020 en los términos pretendidos por la recurrente.
Más allá de ello, cabe destacar que a diferencia de lo que ocurría en el ejercicio fiscal 2002, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó en los precedentes citados el cómputo del ajuste por inflación, al 31 de diciembre de 2019 y 2020 la legislación sí reconoce la necesidad de que se practique el citado ajuste atento la magnitud alcanzada en la pérdida del valor de la moneda, aunque con determinadas limitaciones y particularidades.
VI. Que en relación al planteo del Fisco Nacional, que señala que no puede informarse si es correcta la determinación del impuesto a las ganancias así como tampoco las liquidaciones del ajuste por inflación impositivo, pues resultaría -a su criterio- indispensable realizar una auditoría fiscal, cabe adelantar que dicha pretensión no puede ser receptada.
En tal sentido, se comparte la opinión vertida por el Dr. Marchevsky al votar con fecha 30/10/2019 en la causa “BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A.”, Expte. Nº 48.468-I, donde el período fiscal en análisis y cuya repetición se planteaba se refería al año 2016.
En efecto, en dicho precedente sostuvo el Vocal que el agravio de la demandada de la necesidad de realizar una auditoría in extenso respecto de las pruebas producidas, no puede tener acogida favorable, habida cuenta de la desvalorización que efectúa del método de muestreo como manera de restar valor al mismo resaltando por cierto que es el propio fisco quien suele utilizarlo en sus fiscalizaciones. En dicho pronunciamiento el citado Vocal señaló que el organismo recaudador tuvo la oportunidad de ejercer las facultades de fiscalización en ocasión de tramitar el reclamo administrativo de repetición hasta que la actora optó, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 81 de la ley 11.683, ejercer su derecho de interponer recurso ante este Tribunal al no haberse dictado resolución por parte del Fisco dentro de los 3 meses de presentado aquel reclamo.
Así lo dijo la CSJN en autos “Banco Bradesco Argentina S.A. c/ DGI", de fecha 22/05/2012 y Consolidar AFJP SA c/EN, de fecha 12/04/2011 al dejar sentado que “el organismo recaudador tuvo la oportunidad de ejercer “las amplias facultades de fiscalización y control que el capítulo III, de la ley 11.683 le confiere”…“sin determinar la existencia de errores de imputación o contables”.
En conclusión no constituye un requisito indispensable la obligatoriedad de realizar una completa auditoría fiscal integral a los fines de la presente litis si del análisis de los informes producidos por los peritos surge que se efectuaron constataciones sobre la base de muestreos, sobre un amplio espectro de operaciones y posiciones de la Entidad que cubrió la totalidad de los ajustes impositivos realizados al resultado contable, no surgiendo inconsistencias que ameriten el aumento de la muestra seleccionada o la realización de procedimientos complementarios.
En efecto, tal como surge de los informes presentados en primer término, ambos peritos contestaron los puntos de pericia propuestos por la recurrente, señalando los peritos de la recurrente que la determinación del impuesto y del ajuste por inflación presentados por la apelante por los períodos fiscales en cuestión eran correctos, en tanto que el perito del Fisco Nacional si bien entiende que resultan razonable el procedimiento seguido la información no surge de libros y registros contables de acuerdo a lo normado por el Código Civil y Comercial de la Nación; describe en forma imprecisa ciertas inconsistencias sin determinar concretamente la forma en que pudieran afectar el resultado impositivo o el impuesto determinado ajustado por inflación.
En este sentido, cabe destacar lo mencionado por el perito contador impositivo de la parte actora de C.P. DR en el informe pericial quien resaltó “el nivel de control que tienen las entidades financieras de parte del BCRA, a través de la vigencia de un Manual y un Plan de Cuentas Mínimo obligatorio, la presentación de balances mensuales (formato txt), la realización de auditorías obligatorias en cada trimestre calendario y auditorías completas en los ejercicios anuales, fiscalizaciones períodicas a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, etc.”.
Y que “por ello se aprecia que en este contexto altamente regulado, el cumplimiento de las normas contables sobre llevado de libros y registraciones contables en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCYN se encuentra ínsito en aquella regulación. Ello por aplicación del principio de especialidad, toda vez que la batería de regulaciones emanadas del Organismo Rector de la EF (BCRA) como ser la presentación on-line de balances mensuales, la realización de auditorías completas en los cierres trimestrales y anuales, las fiscalizaciones periódicas a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias abonan con mayor suficiencia que la normativa Civil y Comercial a la integridad, verosimilitud, certeza, fecha de cierta y demás elementos que garantizan que los registros contables que son punto de partida de muchos de los ajustes, entre ellos el ajuste por inflación impositivo, son fidedignos y verídicos, en punto a reflejar la situación financiera, patrimonial y de resultados de la Entidad”.
VII. Que siguiendo los lineamientos marcados por nuestro Máximo Tribunal, cabe pronunciarse sobre los agravios de la apelante que intentan poner en evidencia un menoscabo en su derecho de propiedad, implicando la confiscatoriedad del impuesto discutido de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación de forma integral y sin limitaciones, como única tangente válida admitida para hacer lugar hipotéticamente, en cada caso concreto, al ajuste solicitado y, ergo, al reintegro del monto reclamado. Que, al respecto, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
Que, a fin de resolver la cuestión ventilada en estos autos, ha de estarse al criterio de la Corte Suprema que, a partir del precedente "Candy S.A. c/ AFIP y otro s/acción de amparo", sentencia del 3/07/2009, viene resolviendo en toda cuestión análoga en el sentido de si se adecuan o no los hechos de la causa con los parámetros establecidos en dicha oportunidad (véase “Pettiti Automotores S.A.”, del 04/05/2010; “Carlisa S.A.”, del 07/09/2010 y “Pontoni, Roberto Luis y otros S.H.”, del 17/05/2011).
Que, así, en lo principal, el Alto Tribunal discurrió: “Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. impuesto sucesorio -Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial -Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”.
“Que como ya se ha señalado, si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (Cfr. causa citada "Santiago Dugan Trocello"), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
Y concluye “... que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
Que, en consecuencia, las pautas rectoras que pueden extraerse de dicho precedente para delimitar la aplicación de la doctrina de la no confiscatoriedad en el impuesto a las ganancias, son de carácter sustancial y no nominal, toda vez que el Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que, conforme las pruebas de la causa, entendió que en dicho caso el pago del impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste discutido, al representar para “Candy S.A.” más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas por inflación, resultaba confiscatorio.
Que, siendo ello así, ha de señalarse que habiendo advertido el citado Tribunal la desmesurada incidencia real del gravamen por la no aplicación del ajuste por inflación, el mismo concluyó que la ganancia neta determinada sin ajuste por inflación, no es adecuadamente representativa de la renta que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar (utilidades reales en lugar de ganancias ficticias). No obstante, ello deberá evaluarse en cada caso, en tanto no existe una línea divisoria absoluta que permita delimitar hasta dónde resulta aceptable en este contexto que la alícuota efectiva exceda a la legal, es decir, hasta qué punto se tolera cierta distorsión inflacionaria.
Dicho esto cabe referirse en forma concreta a los períodos fiscales objeto de la presente litis los cuales se estima conveniente analizar de conformidad con la legislación vigente y aplicable a cada uno de ellos: a. Período Fiscal 2017;
b. Períodos Fiscales 2019 y 2020 a. El planteo de confiscatoriedad respecto del período fiscal 2017 En el caso del período fiscal 2017 el marco regulatorio es similar al vigente al momento del pronunciamiento del Máximo Tribunal en la causa “Candy”, ello así toda vez que el mecanismo del ajuste por inflación se encontraba completamente suspendido por aplicación de las previsiones de las leyes antes mencionadas.
Ahora bien, atento el recurso planteado por la recurrente y siguiendo los lineamientos de dicho precedente cabe analizar si en el caso se produce una absorción de la renta que produzca un menoscabo patrimonial de tal magnitud que implique una violación al principio de no confiscatoriedad.
Tal como fuera expuesto en el relato de los hechos, en el período 2017 el impuesto a las ganancias tributado ascendió a la suma de $408.442.079,01, en tanto que el resultado impositivo que se determina considerando el efecto del ajuste integral por inflación, ascendió a la suma de $447.674.875,37, es decir que el impuesto tributado es equivalente al 91,23% de dicho resultado.
Por otra parte, en lo relativo a la otra pauta establecida por la Corte Suprema, es decir a la relación porcentual entre el impuesto ingresado y el resultado contable ajustado, el impuesto tributado representa un 107,66% del resultado contable ajustado que asciende a $379.737.000,00.-.
Es decir que estas cifras corroboran que en principio se verifican los parámetros de “Candy” que llevaron a la Corte a declarar la inconstitucionalidad de la restricción a aplicar el ajuste integral por inflación. Y es en este punto en donde cobra relevancia la prueba producida la cual corresponde valorar a fin de dilucidar la cuestión que nos ocupa.
En esta lógica cabe resaltar la conclusión del perito contador de la recurrente –C.P. AA– quien en su Informe Pericial Contable manifiesta que la determinación del resultado contable del ejercicio finalizado el 31/12/2017 es correcta en el sentido de ajustarse a las normas contables aplicables, Resoluciones Técnicas emitidas por la FACPCE (RT 6 y 39) y otras que pudieran resultar aplicables para la elaboración de estados contables en moneda homogénea, en el marco del alcance limitado que la producción de la pericia contable conlleva.
Advierte el experto que en el informe de la pericia contable existe una diferencia no significativa en la comprobación por él realizada respecto de la practicada por la Dra. Larrea, no obstante lo cual concluye que “el resultado del ejercicio 2017 informado por la Dra. María Cristina Larrea es concordante con el alcanzado por esta pericia”.
Y agrega que “para el desarrollo de la pericia hemos efectuado la validación conceptual y numérica del ajuste por inflación de las partidas involucradas, sobre los cuales hemos constatado los registros contables, libros inventario y balances, estados contables emitidos por la sociedad aprobados por asamblea de accionistas y documentación respaldatoria (mediante muestra representativa incluida en el Anexo VII)” y que se informa que “los valores históricos y rubros contables tomados como base al 31/12/2016 y 31/12/2017 mencionados precedentemente e incluidos en los Anexos V y VI que se adjuntan al presente informe pericial, surgen de estados contables auditados y registros de la sociedad Banco Itaú Argentina S.A. Argentina S.A. transcriptos a sus libros rubricados …”.
Asimismo comenta que “en cuanto a la transcripción del Libro Diario de la sociedad que en el folio 21 del libro diario 104, se informa la detección de una inconsistencia material e involuntaria al momento del copiado de la información contable que implicó que el sistema emitiera reportes erróneos, por lo tanto, las registraciones transcriptas a los libros 90 a 104 (cuyo detalle obra en el cuadro a continuación) no reflejaron las operaciones de la sociedad como estaban expuestas en el sistema contable, por lo cual fueron anuladas como único modo de corregir el error cometido (pero permitiendo su lectura) careciendo por tanto de validez cualquier análisis que pudiera efectuarse sobre los folios anulados”. Agregando que la Sociedad efectuó una nueva e inmediata transcripción a continuación de la información anulada conteniendo los asientos contables correctos –conforme al sistema contable- a partir del folio 22 del libro diario 104 y finalizando en el folio 14 del libro diario 105 para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017, a fin de que quede registrada la situación y pueda ser constatada en cualquier revisión, fiscalización o pericia contable.
Previene el experto que la anulación y nuevos asientos efectuados no transgreden la manda legal referida a formalidades y prohibiciones establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 324 por cuanto se trató de información que no es susceptible de corregirse mediante otras registraciones sino mediante la generación de nuevos asientos con la información correcta que debió emitirse originalmente y no se afectó la inalterabilidad de las registraciones.
En efecto, indica que “esta acción no constituye una alteración, enmienda, tachadura o mutilación del libro sino el cumplimiento de la obligación de veracidad de los registros, salvando un error de transcripción que no fue sustancial ni afectó la integridad de los registros contables de la Sociedad”. Por su parte el perito del Fisco manifiesta que si bien el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 expresado en moneda homogénea a dicha fecha, se considera que resulta razonable en el aspecto teórico, la información utilizada no surge de libros y registros contables con arreglo a lo normado en el Código Civil y Comercial de la Nación artículos 320 a 331.
Señala que del archivo de actualización de bienes de uso recibido de Banco Itaú Argentina S.A. se observan algunas inconsistencias en el detalle de bienes y coeficientes de actualización entre otros que no pudieron ser conciliados por el experto, pero que más allá de ello “el aspecto central radica en la fuente de la información que se considera como fuente para el ejercicio que son los libros diarios N°104 y 105, ya que los mismos fueron rubricados el 5 de febrero de 2019, es decir con posterioridad, conforme surge de la identificación de rúbrica IF-2019-07002184-APN-DSC#IGJ y IF-2019-07002615-APN-DSC#IGJ, respectivamente”.
Es decir que si bien el perito del fisco considera razonable el procedimiento utilizado para determinar el resultado del período fiscal 2017 en moneda homogénea lo desecha por considerar que la información utilizada no surge de libros y registros contables llevados según lo normado por el Código Civil y Comercial de la Nación, dado que a su entender la registración es extemporánea.
En efecto, cuestiona la fuente de información –libro diario 104 y 105- atento que la rúbrica data del año 2019 en tanto que la información allí transcripta corresponde al año 2017 y que al no poder constatar que la distinta información y las planillas puestas a disposición se correspondan con los libros rubricados no puede afirmarse la correcta determinación del impuesto a las ganancias.
Sobre el particular cabe destacar que la mentada irregularidad –registración extemporánea– señalada por el Fisco Nacional no es tal ya que el error incurrido se encuentra suficientemente subsanado y explicado en los propios registros contables de conformidad con lo que la legislación de fondo ordena –art. 324 inc. c) del Código Civil y Comercial– para casos como el ocurrido y tal como lo aclara el perito de la parte en su informe y la recurrente en su contestación de traslado a la impugnación de la pericia, en su apartado B) “Inexistencia de irregularidades en las registraciones contables del Banco. La nueva transcripción del LD”, obrante a fs. 1131/1136.
El Tribunal comparte la conclusión de la parte actora, ya que es el propio Código el que establece en su art. 324 inciso c) que “Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en se advierta la omisión del error” tal como lo ha efectuado la recurrente cuando el error fue advertido.
Además el citado Código establece en su artículo 319 que “el valor probatorio de los instrumentos particulares debe ser apreciado por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo sucedido y narrado, la precisión y claridad técnica del texto, los usos y prácticas del tráfico, las relaciones precedentes y la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que se apliquen”.
A mayor abundamiento cabe destacar que tanto los profesionales intervinientes en la auditoría de los estados contables de publicación como así también los profesionales que dictaminaron en el Informe sobre la determinación del resultado contable en moneda homogénea – Dra. CP María Cristina Larrea – acompañado como prueba documental a la demanda y los peritos de la recurrente intervinientes en esta instancia -C.P. AA y DR- no han efectuado objeción alguna sobre el tema o manifestado imposibilidad de expedirse sobre los puntos de pericia con fundamento a la supuesta irregularidad de los registros contables –en particular libro diario- en los términos invocados por el C.P. Britez.
Con relación a la prueba pericial contable-impositiva el experto de la parte actora -C.P. DR- informó que las liquidaciones del ajuste por inflación impositivo por el ejercicio fiscal 2017, y del incremento de los importes de las amortizaciones que resultan del informe agregado en el Anexo VI de la prueba documental es correcta, en el sentido de ajustarse a las normas contenidas en la ley del impuesto a las ganancias, incluyendo las contenidas en el título VI (“Ajuste por Inflación”), su reglamentación, y normas complementarias, pero prescindiendo de lo que se dispone en el art. 39 de la ley 24.073 y normas concordantes.
Reseña que los procedimientos aplicados consistieron en haber:
i. revisados los papeles de trabajo del ajuste por inflación impositivo mediante la confrontación de las sumas allí consideradas con los montos que surgen del balance de sumas y saldos del ejercicio anterior, corroborado con el balance de publicación auditado.
ii. verificados los cálculos aritméticos correspondientes al ajuste por inflación estático y dinámico.
iii. constatados los índices utilizados para la determinación del ajuste por inflación estático, dinámico y las amortizaciones de los bienes de uso e intangibles iv. revisados el informe especial sobre resultado impositivo con efecto del ajuste por inflación impositivo y sus Anexos I, II, II y IV (“el informe especial”), preparado por la firma profesional Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. de fecha 7/12/2018, que se adjunta como anexo C.
v. constatadas la consistencia técnica, integridad conceptual y corrección aritmética de los Anexos I, II, II y IV del informe especial indicado en iv, anterior.
vi. constatada la correcta determinación del indicador respecto del porcentaje que representa (alícuota efectiva) el impuesto a las ganancias determinado calculado sin aplicación del ajuste impositivo por inflación determinado considerando el efecto de ese ajuste por inflación por el período fiscal 2017 (91,24%), identificado como ítem 9 en el Anexo I del Informe Especial.
Por lo expuesto, corresponde concluir que de la prueba pericial se desprende que se encuentran verificados los presupuestos de confiscatoriedad en los términos del precedente “Candy S.A.” respecto del período fiscal 2017, por cuanto:
1. el impuesto a las ganancias tributado de $408.442.079,01 es equivalente al 91,23% del resultado impositivo que se determina considerando el efecto del ajuste por inflación, que asciende a $447.674.875,37 y, 2) la relación porcentual entre el impuesto ingresado y el resultado contable ajustado, representa un 107,66%, toda vez que tal resultado contable ajustado asciende a $379.737.000,00.
Que de acuerdo con lo señalado y las conclusiones arribadas en los considerandos que anteceden, cabe entender que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación establecido en el Título VI de la ley de impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos por la CSJN en la causa "Candy", dado que el impuesto determinado insume una parte sustancial de la renta en un monto que excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad.
b. El planteo de confiscatoriedad del impuesto en los períodos fiscales 2019 y 2020 Que en atención al recurso de repetición planteado por los períodos fiscales 2019 y 2020, cabe analizar el mismo a la luz de la normativa vigente para dichos períodos teniendo en consideración las defensas esgrimidas por las partes.
En primer término cabe referirse a lo alegado por Fisco Nacional respecto de estos períodos, al poner de resalto que las condiciones difieren de las acontecidas y valoradas por la Corte Suprema al tiempo de expedirse en el fallo “Candy”, por lo que las conclusiones a las que arribara el Máximo Tribunal no resultan aplicables.
Sobre el particular cabe destacar que la confiscatoriedad no se encuentra condicionada a un año fiscal determinado sino a la configuración de las circunstancias fácticas que constituyan tal supuesto en el año fiscal de que se trate.
En efecto, se trata de un principio consagrado en nuestra Constitución Nacional que como tal no posee una limitación temporal en la salvaguarda de los derechos por cuya protección vela.
Así lo ha entendido ésta Sala al resolver el planteo del entonces Banco Itaú Argentina S.A. –EX-2019- 104149914-APN-SGAI#TFN– respecto del período fiscal 2018, sentencia de fecha 18/04/2023 que fuera confirmada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con fecha 05/11/2024 –Causa 35582/2023-, donde el Tribunal de Alzada ratificó que es dable hacer extensiva la solución propuesta en “Candy” al período en cuestión.
En el señalado precedente y tomando las consideraciones que este Tribunal extrajo del informe pericial contable y del informe pericial impositivo producido en dicha oportunidad se concluyó “... que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación establecido en el Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos en el Título VI de la ley de impuesto a las ganancias expuestos por la CSJN en la causa “Candy”, dado que el impuesto determinado insume una parte sustancial de la renta en un monto que excede cualquier límite razonable de imposición configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad”, haciendo lugar así a la repetición planteada por el período fiscal 2018 con más los intereses desde la fecha de interposición del respectivo reclamo administrativo.
Dicho esto, corresponde analizar si en el caso bajo análisis -períodos fiscales 2019 y 2020- se verifican los supuestos confiscatoriedad señalados por el Máximo Tribunal en “Candy” y para ello cabe remitirse a la prueba producida: Informe Pericial contable e Informe Pericial contable-impositivo practicados respecto de los períodos fiscales 2019 y 2020.
En primer lugar, es importante destacar que el perito contable-impositivo -C.P. DR- manifiesta en su informe que los libros Diario General, Inventario y Balances, Asamblea de Accionistas y Actas de Directorio, son llevados en legal forma respecto de los períodos 2019 y 2020 (fs. 952 vta. y sig.). Cabe resaltar lo señalado por el perito contador de la parte actora -C.P. AA- quien recuerda que mediante Comunicación “A” 6651 de fecha 22 de febrero de 2019, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que la reexpresión en moneda homogénea de los estados contables se aplique para aquellos ejercicios económicos que se inicien a partir del 1° de enero de 2020, en tanto que mediante Comunicación “A” 6849 del 27 de diciembre de 2019 estableció los lineamientos para aplicar el procedimiento de reexpresión de los estados financieros establecidos por la NIC 29 respecto del período fiscal 2018 (período de transición) y al cierre del período comparativo (31 de diciembre de 2019). En consecuencia, al 31/12/2020, Banco Itaú emitió bajo normas internacionales de información financiera (NIIF) sus primeros estados financieros ajustados por inflación presentando información comparativa al 2019.
A modo de resumen manifiesta el perito contador de la recurrente -C.P. AA- a fs. 922 que: “Hemos revisado los cálculos aritméticos para la determinación de los valores reexpresados y concluimos que todas nuestras pruebas arrojaron resultados satisfactorios, por lo tanto, podemos dar cuenta de la validez conceptual y númerica de los importes informados, los cuales cuentan con respaldo en registros, libros, asientos contables y/o documentación respaldatoria, según corresponda, habiendo efectuado comprobaciones mediante la observación por muestreo de la documentación de respaldo (factura de proveedores) verificando asimismo los índices de inflación utilizados”.
Respecto de este último tema -índices de inflación-, los peritos de ambas partes son coincidentes en los valores tenidos en cuenta para su cálculo y en la correcta aplicación efectuada.
Precisa el perito contable de la actora que “en relación con los índices utilizados para la reexpresión, informamos que se corresponden con los publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y que la metodología aplicada para la determinación de los coeficientes fue aplicada correctamente y conforme a la metodología de la resolución técnica 6, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), siendo correctos los índices utilizados y aplicados correctamente”.
Además señala, que las cifras tomadas de base para la determinación del resultado del ejercicio - mencionadas e incluidas en los anexos V y VI que se adjuntaron al informe pericial- surgen de estados contables auditados y de registros contables transcriptos en libros rubricados los cuales son detallados en el Informe.
Ahora bien, el perito del Fisco Nacional, tal como lo manifestara respecto del período fiscal 2017, reconoce que si bien resulta razonable el procedimiento teórico a fin de determinar el resultado del ejercicio 2019 en moneda homogénea, considera que la información utilizada no surge de libros y registros contables llevados con arreglo a lo normado por el Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 320 a 331, tema al cual ya se ha hecho referencia en el apartado anterior al cual cabe remitirse en honor a la brevedad.
En tanto que ambos peritos de la parte actora consideran que los libros Diario General, Inventario y Balances, Asamblea de Accionistas y Actas de Directorio, son llevados en legal forma tanto en el período 2019 como también en el período 2020.
Por su parte, el perito contable-impositivo de la parte actora -C.P. DR- a fs. 961/962 en respuesta al punto b) informa que “Con el alcance limitado al objeto específico de la producción de la prueba pericial contable-impositiva”…“que las liquidaciones del ajuste por inflación impositivo por el ejercicio fiscal 2019 y del incremento de los importes de las amortizaciones, que resultan de los informes agregados como anexo XII de la prueba documental, que permiten establecer la ganancia neta sujeta a impuesto al 100% ajustada por inflación para el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2019 se ajustan a las normas contenidas en la LIG, incluyendo las contenidas en su Título VI (“Ajuste por Inflación”) pero prescindiendo de lo dispuesto por el art. 194 de la ley (T.O. 2019 según su vigencia para ese período) en relación al diferimiento del ajuste en sextos, y las demás normas que son contrarias a la aplicación de dicho ajuste, como así también de la límitación prevista por el art. 93”.
A tal efecto, relata los procedimientos aplicados y dice que ha:
i. revisado el ajuste por inflación impositivo determinado según el Título VI de la LIG, en su faz estática y dinámica, por el PF 2019, y los índices utilizados a tal fin.
ii. Constatado el importe correspondiente a la actualización de las amortizaciones de Bienes de Uso, contemplando tanto los adquiridos con anterioridad como con posterioridad al 01 de enero de 2018, es decir, sin contemplar la limitación prevista por el art. 93 de la ley del impuesto a las ganancias por cada uno de los ejercicios, y los índices utilizados a tal fin, iii. constatado el resultado impositivo contemplando la totalidad del ajuste por inflación previsto por el título VI de la ley del impuesto a las ganancias, las actualizaciones de amortizaciones de bienes de uso, por la totalidad de los bienes, ambos rubros para el PF 2019, iv. constatado el importe del impuesto a las ganancias determinado sobre el resultado impositivo totalmente ajustado, v. constatado la tasa efectiva del gravamen expresada como cociente entre el IG determinado sobre el resultado impositivo histórico y el resultado impositivo ajustado por inflación, vi. y que a los efectos de las constataciones que derivan de los ítems i), ii), iii), iv) y v), ha revisado el “Informe Especial sobre Resultados Fiscales con efectos del ajuste por inflación impositivo” y sus Anexos I, II. a , II.b. III, IV y V obrantes a fs. 984/991, preparado por la firma profesional Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. de fecha 15/12/2022, el cual adjunta como Anexo D al informe pericial.
vii. Constatado la consistencia técnica, integridad conceptual y corrección aritmética de los Anexos I, II.a., II.b. III, IV y V, del informe especial indicado en el punto anterior.
viii. Constatado la correcta determinación del indicador respecto del porcentaje que representa la alícuota efectiva si se compara el impuesto determinado considerando aplicable el diferimiento previsto en el art. 194 de la LIG y la limitación prevista por el art. 93 de la LIG con el resultado impositivo ajustado por inflación en su totalidad, es decir, sin considerar el diferimiento previsto en el art. 194 de la LIG, ni la limitación prevista por el art. 93 de la LIG.
Por lo expuesto, de la prueba pericial corresponde concluir que se encuentran verificados los presupuestos de confiscatoriedad, evaluados en los términos del precedente “Candy S.A.” respecto del período fiscal 2019, por cuanto:
1. el impuesto a las ganancias determinado y tributado de $1.794.355.471,33 es equivalente al 53,26% del resultado impositivo que se determina considerando el efecto integral del ajuste por inflación, que asciende a $3.369.276.960,28 y, 2) la relación porcentual entre el impuesto ingresado y el resultado contable ajustado, representa un 98,46%, toda vez que tal resultado contable ajustado asciende a $1.822.444.000,00 (fs. 571 vta.) Es decir que respecto del período fiscal 2019 se superan ampliamente ambos parámetros, motivo por el cual y conforme lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal, le asiste razón a la recurrente en su planteo de repetición.
Ahora bien, la recurrente expuso en su recurso -fs. 560- que para arribar al tributo abonado en exceso por el período fiscal 2019 cuya devolución pretende, detrajo la suma de un segundo sexto (2/6) del ajuste por inflación, dado que lo computó en la declaración jurada del período fiscal 2020, representando en esa oportunidad una disminución del tributo a ingresar en dicho período de $144.246.827 y aclaró que no efectuó tal detracción de la repetición del tercer sexto (3/6) del ajuste por inflación que hubiera correspondido deducir del período fiscal 2021, dado que el resultado impositivo previo a su cómputo ya arrojaba quebranto, pero nada dice respecto de la situación de los sextos restantes: 4/6 – período fiscal 2022, 5/6 período fiscal 2023 y 6/6 período fiscal 2024.
Corresponde señalar aquí que, más allá de arrojar quebranto, es razonable entender que el acrecentamiento del quebranto por el cómputo del sexto haya sido trasladado al periodo fiscal 2022 o siguientes, situación que debería también contemplarse al determinarse el importe final a restituir.
Atento lo expuesto deberá con carácter previo a toda devolución verificarse que el importe cuya restitución se efectúe contemple el efecto de los sextos restantes -de corresponder- según se haya realizado o no su cómputo en los períodos posteriores (2022, 2023 y 2024).
Finalmente cabe referirse al planteo de repetición efectuado por la recurrente respecto del período fiscal 2020 y valorar la prueba producida a su respecto a fin dilucidar la cuestión en debate.
Señala el perito contador-impositivo -C.P. DR- que “Con el alcance limitado al objeto específico de la producción de la prueba pericial contable-impositiva”, la determinación del impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2020 contenida en la declaración jurada presentada por Banco Itaú, que se encuentra agregada en la prueba documental producida en sede administrativa, es correcta, en el sentido de ajustarse a las normas contenidas en la Ley del Impuesto a las Ganancias, su reglamentación y normas complementarias vigentes y aplicables en dicho período fiscal”
Agrega el citado profesional que “a tales efectos se efectuaron constataciones sobre la base de un muestreo consensuado con el perito contador designado a propuesta de la parte demandada, sobre un amplio espectro de operaciones y posiciones de la Entidad que cubrió la totalidad de los ajustes impositivos realizados al resultado contable, no surgiendo inconsistencias que ameritan el aumento de la muestra seleccionada o la realización de procedimientos complementarios” (vide fs. 958).
Asimismo señaló que “el correspondiente análisis ha sido efectuado verificando la razonabilidad en todos los aspectos materiales de los ajustes realizados al resultado contable los cuales han sido compulsados con las transcripciones efectuadas en los libros de Banco Itaú.”.
A tal efecto, relata los procedimientos aplicados y dice que ha:
i) revisado el ajuste por inflación impositivo determinado según el Título VI de la LIG, en su faz estática y dinámica, por el PF 2020, y los índices utilizados a tal fin.
ii) Constatado el importe correspondiente a la actualización de las amortizaciones de Bienes de Uso, contemplando tanto los adquiridos con anterioridad como con posterioridad al 01 de enero de 2018, es decir, sin contemplar la limitación prevista por el art. 93 de la ley del impuesto a las ganancias por cada uno de los ejercicios, y los índices utilizados a tal fin, iii) constatado el importe de la actualización del costo computable de bienes enajenados realizados en el PF 2020 sin contemplar la limitación prevista por el artículo 93 de la ley del impuesto a las ganancias.
iv) constatado el resultado impositivo contemplando la totalidad del ajuste por inflación previsto por el título VI de la ley del impuesto a las ganancias, las actualizaciones de amortizaciones de bienes de uso por la totalidad de los bienes y las actualizaciones del costo computable sin las limitaciones del art. 93, todos los rubros para el PF 2020.
v) constatado el importe del impuesto a las ganancias determinado sobre el resultado impositivo totalmente ajustado, vi) constatado la tasa efectiva del gravamen expresada como cociente entre el IG determinado sobre el resultado impositivo histórico para el PF 2020 sobre el resultado impositivo ajustado por inflación, vii) a los efectos de las constataciones que derivan de los ítems i), ii), iii), iv), v) y vi, ha revisado el “Informe Especial sobre Resultados Fiscales con efectos del ajuste por inflación impositivo” y sus Anexos I, II.a. , II.b. III, IV y V, preparado por la firma profesional Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. de fecha 15/12/2022, el cual adjunta como Anexo D al informe pericial.
viii) Constatado la consistencia técnica, integridad conceptual y corrección aritmética de los Anexos I, II.a., II.b. III, IV y V, del informe especial indicado en el punto anterior.
ix) Constatado la correcta determinación del indicador respecto del porcentaje que representa la alícuota efectiva si se compara el impuesto determinado considerando aplicable el diferimiento previsto en el art. 194 de la LIG y la limitación prevista por el art. 93 de la LIG con el resultado impositivo ajustado por inflación en su totalidad, es decir, sin considerar el diferimiento previsto en el art. 194 de la LIG, ni la limitación prevista por el art. 93 de la LIG por el PF 2020.
Cabe adelantar que aquí también se advierte que se encuentran verificados los presupuestos de confiscatoriedad en los términos de “Candy”, por cuanto:
1. el impuesto a las ganancias tributado $1.677.624.192,15 es equivalente al 70,69% del resultado impositivo que se determina considerando el efecto del ajuste por inflación, que asciende a $2.373.180.854,40 y 2) la relación porcentual entre el impuesto ingresado y el resultado contable ajustado, representa un 76,71%, toda vez que tal resultado contable ajustado asciende a $2.186.951.000,00 (fs. 573). Cabe concluir que respecto del período fiscal aquí analizado también asiste razón a la recurrente, correspondiendo proceder a la devolución del impuesto tributado en exceso, previa verificación del cómputo de los sextos en los períodos fiscales subsiguientes.
Que de acuerdo con lo expuesto y con las conclusiones arribadas en los considerandos que anteceden, cabe resolver que la prohibición y/o limitación de utilizar el mecanismo de ajuste por inflación contemplado en la ley de impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos, conforme a los términos expuestos por la CSJN en la causa "Candy", dado que el impuesto determinado insume una parte sustancial de la renta en un monto que excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose de este modo un supuesto de confiscatoriedad.
Que en consecuencia, corresponde hacer lugar a las repeticiones intentadas con más los intereses desde la fecha de interposición de los respectivos reclamos administrativos, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/1993 (Expte. Nº6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley procedimental.
Por ello, SE RESUELVE:
Hacer lugar a las repeticiones intentadas con más los intereses legales calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando VII in fine. Costas al Fisco Nacional.
Regístrese. Notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregado al expediente papel. Date: 2026.07.01 10:03:56 ART Date: 2026.07.01 13:12:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.01 14:38:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.01 14:40:48 -03:00
Fin de la sentencia