Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 29.230-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 2146/2017 dictada en las Actuaciones N° 12197-1270- 2009 y, en consecuencia, el cargo N° 269/2009, declarando que el importe de los tributos adeudados asciende a la suma de quince mil quinientos veintinueve dólares con 70/00 (u$d 15.529,70) y que el mismo deberá ser convertido a pesos al tipo de cambio del día anterior al de su efectivo pago. Ello, con más los intereses resarcitorios devengados de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A. Asimismo, se adeuda en concepto de multa automática la suma de dos mil setecientos ochenta y siete pesos con 56/00 ($ 2.787,56).
2Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos, las que se disponen en un 70% a cargo de la actora y un 30% a cargo de la D.G.A.
3Declarar que el importe que podrá exigirse a la firma ESCUDO SEGUROS S.A. es el monto máximo garantizado mediante la póliza N° 112104 con las salvedades hechas en el considerando XIII de la presente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-75484538-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 5 de Agosto de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 38.014-A: “ESCUDO SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”;
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 2146/2017 dictada en las Actuaciones N° 12197-1270-2009, mediante la cual se resuelve rechazar la impugnación impetrada por la firma ESCUDO SEGUROS S.A., confirmándose por ende el cargo N° 269/2009 por el importe de la suma máxima garantizada mediante la póliza N° 112104, con más los intereses del art. 794 del C.A.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 7/13vta., se presenta la actora mediante apoderada, y con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos antecedentes del caso. Manifiesta que el monto máximo afianzado es de $ 58.183 y limita su responsabilidad al mismo. Seguidamente, plantea la nulidad del cargo y de la resolución aduanera considerándola viciada en su causa por cuanto sostiene que no fue agregado el despacho de importación. Entiende improcedente el reclamo en concepto de IVA adicional, del Anticipo del Impuesto a las Ganancias y del derecho específico SIM. Cuestiona la liquidación en dólares de los tributos esgrimiendo que la obligación se afianzó con la limitación de responsabilidad de la póliza. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se haga lugar a la impugnación y se decrete la nulidad del cargo formulado.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 31/35 la representante fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas vinculadas a la causa. En primer lugar, efectúa la negativa genérica de rigor, negando todas y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y/o copias contenidos en la apelación que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Relata muy brevemente los hechos acaecidos en sede administrativa y prosigue con la contestación del recurso. Rechaza el planteo de nulidad manifestando que el acto administrativo posee causa y motivación, para lo cual cita las partes pertinentes de la resolución aduanera. Sostiene que la causa consiste en la falta de presentación del certificado de origen. Al respecto argumenta que la presentación y validez de dicho documento resulta un requisito indispensable para acreditar el origen de la mercadería y beneficiarse del acuerdo de complementación económica aplicable. Señala que la obligación tributaria de la Aseguradora es idéntica a la del tomador y que el límite de la póliza no puede alcanzar los eventuales intereses que se devenguen, resultando los mismos plenamente exigibles. Cita jurisprudencia. Fundamenta la liquidación del cargo en dólares estadounidenses para lo cual cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece como prueba las actuaciones administrativas que en dicho acto acompaña, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas antecedentes de la presente causa (Actuación N° 12197-1270-2009) se inician a fs. 1/4 adjuntando la impresión SIM de la garantía MOTIVO FCTX relativo a la garantía 07001051732X. A fs. 5 luce el cargo N° 269/2009 formulado por la suma de U$S 23.245,24. A fs. 11 luce constancia de correo argentino donde se informa la devolución de la notificación a la firma importadora, disponiéndose a fs. 12/13 la notificación a CALENO S.A. en los términos del art. 1005 de la ley 22415. A fs. 14, con fecha 09/03/09 se presenta la aseguradora. A fs. 23/29 impugna el cargo la aseguradora en fecha 11/03/09. A fs. 39 luce print de pantalla por la consulta de juicios en fecha 10/03/13. A fs. 41, con fecha 18/01/16 se intima a la aseguradora a que acredite personería mediante apoderado abogado o bien ratifique el escrito de impugnación, lo cual es notificado a la aseguradora en fecha 23/03/16. A fs. 44, con fecha 31/03/16 se ratifica la impugnación. A fs. 47, con fecha 13/04/16 se tiene por deducida la impugnación y se ordena la agregación del despacho de importación, como así también la de su documentación complementaria y que se indiquen los motivos de la formulación del cargo. A fs. 48 luce la Nota N° 86/2016 (SE OREI) de fecha 31/05/16. A fs. 50 luce la Nota N° 102/2016 (SE T1CF) de fecha 02/06/16. A fs. 51 luce la Nota N° 941/16 (SE OREI) de fecha 22/06/16. A fs. 53 obra la Nota N° 79/16 (SE ITCA) de fecha 20/06/16. A fs. 54 obra el sobre conteniendo el original del DI N° 07 001 IC04 159990 E y su documentación complementaria. A fs. 57/58 luce copia autenticada de la póliza N° 112104. A fs. 59, con fecha 29/03/17 se ponen los autos para resolver. Finalmente, a fs. 60 y vta. luce la resolución aduanera aquí apelada.
V. Que, en primer lugar, corresponde tratar el planteo de nulidad efectuado por la actora en su recurso de apelación. En relación a dicho planteo, la misma considera que el cargo y la resolución aduanera resultan nulos por contener vicios en su causa. Funda lo dicho en el hecho de que la Aduana no habría agregado el despacho de importación, lo cual, a poco que se observan las actuaciones debe ser rechazado. Conforme surge del expediente administrativo antecedente de la presente causa, a fojas 54 obra agregada la carpeta original que contiene el despacho de importación N° 07 001 IC04 159990 E y su documentación complementaria.
Que, en consecuencia, se rechaza el planteo de nulidad, sin costas, por su tratamiento integrativo con el fondo.
VI. Que, en cuanto aquí interesa y conforme surge de las actuaciones administrativas, la resolución aduanera apelada rechazó la impugnación impetrada por ESCUDO SEGUROS S.A. (en su calidad de garante de la firma importadora) contra el cargo Nro. 269/2009, formulado en relación al DI N° 07 001 IC04 159990 E. Mediante dicho despacho, oficializado en fecha 28/09/2007, la firma CALENO S.A. importó un total de 49.953,30 metros de mercadería nueva (correspondientes al subítem 1 modelo “MOODY” y al subítem 2 modelo “DEVIL”) clasificada bajo la PA 5211.42.90.150L cuya descripción reza: “De densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior a 54 hilos por cm2 Con hilados de elastómetros Los demás –Tejidos de mezclilla (denim) -Con hilados de distintos colores: TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN PESO, MEXCLADO EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, DE PESO SUPERIOR A 200g/m2.”, originaria y procedente de China, con un valor FOB total de U$S 84.111,49. Asimismo, se declaró en el campo “a) Opciones / b) Ventajas” “CERTIFORIGENTEX=NO”, a la vez que lucen garantizados los importes correspondientes a: “ESTADÍSTICA (GTIA) (MORA)”, “I.V.A. (GTIA) (MORA)”, “DER. IMPORTACIÓN (G) (MORA)”, “MULTA RES 763/305 (FCTX)”, “DIEM IVA (G)
(FCTX)” y “DIEM IMP GCIAS (G) (FCTX)”. (ver carpeta del DI agregada a fs. 54 de las act. adm.)
Que en el sobre contenedor del referido despacho también lucen agregados: el Bill of Lading N° CLANNGBBUE070114, la certificación de flete, la factura comercial N° 104039 (con su certificación por parte de la Cámara de Comercio Latina y legalización consular de la firma de la titular de dicha Cámara), el parcial 4 del DI y la constancia de salida de zona primaria aduanera. Sin embargo, y pese a que en la portada del sobre contenedor figura tildado el casillero correspondiente a “6- CERTIFICADO DE ORIGEN”, no obra agregado dicho documento dentro del sobre.
VII. Que en el caso de autos, la Aduana formuló el cargo –el que se confirma mediante la Resolución aquí apelada- con fundamento en la falta del certificado de origen. En tal sentido, la División Registro de Importación remite a la Sección Liquidaciones “… la impresión S.I.M. de la garantía MOTIVO FCTX, que el Sistema María da por vencida, a fin de realizar el cargo correspondiente a la garantía 07001051732X, por todos los conceptos recaudatorios. …”, constando en dicha constancia SIM que el motivo de constitución de la garantía (seguro de caución) es “FCTX CERT. ORIG. R 763”. (ver fs. 1/4 de las act. adm.)
Que, así las cosas, y pese a los argumentos efectuados por la actora respecto de la falta de agregación del despacho de importación respectivo (cuestión que quedara zanjada en el considerando V de la presente), no hay constancias de que haya sido presentado el certificado de origen relacionado con la operación de autos en el trámite de las actuaciones administrativas ni ante esta instancia. De este modo, y en cuanto aquí interesa, resulta evidente que se encuentra configurado el hecho generador de la obligación tributaria, por lo que corresponde expedirse respecto de la responsabilidad imputada a la aquí recurrente en su calidad de garante de la importación de autos, con motivo de la ausencia del certificado de origen.
Que la póliza en virtud de la cual la Aduana funda su exigencia a la firma aseguradora es la Nro. 112104, por la que aseguró, con motivo “CERT. ORIG. R 763/96 FCTX”, hasta la suma máxima de cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos ($ 58.183) (ver fs. 57/58 de las act. adm.).
Que tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco, en dicho Código, la situación de ese garante frente al servicio aduanero, eventual acreedor, corresponde considerar a la mentada aseguradora como un fiador (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (asegurado) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la coactora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza, el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. No existe beneficio de exclusión alguno para el Asegurador.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, en ese orden de ideas, la Aduana, en su carácter de asegurado o acreedor frente al incumplimiento del tomador del seguro -importador- no se encuentra obligada a cumplir con otros requisitos más que la determinación de dicho incumplimiento; lo que como ya se dijo, ocurre en autos ante la ausencia del certificado de origen.
VIII. Que, sentado lo antes expuesto, y frente al incumplimiento del importador ante la constatable ausencia del certificado de origen, la aquí recurrente resulta responsable solidariamente de la obligación tributaria, reclamada por el servicio aduanero mediante el cargo N° 269/2009.
Que mediante el referido cargo se exigen los siguientes rubros: multa, IVA, Ganancias Res. 3543/92 y derecho específico SIM. Y, según surge del cuerpo del despacho, tales rubros fueron garantizados por la aseguradora. Por ende, al haberlos garantizado no puede ir contra sus propios actos. (ver liquidación y DI obrantes –respectivamente- a fs. 5 y 54 de las act. adm.)
Que, sin embargo, y en cuanto es materia de agravio, corresponde analizar los rubros que integran la liquidación aduanera.
IX. Que, en relación al concepto percepción del impuesto a las ganancias (RG 3543/92), resulta de aplicación la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “... a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “... cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir –en cuanto aquí interesa- el importe liquidado en concepto de percepción de Impuesto a las Ganancias, asistiéndole razón en este punto a la recurrente, y debiéndose revocar dicho rubro.
X. Que, en relación a la moneda en la que se efectuara la liquidación (dólares estadounidenses) corresponde señalar que el art. 20 de la ley 23.905 modificó, en lo que aquí respecta, el art. 639 del C.A. estableciendo que “ Los derechos de importación, los derechos de exportación, así como los demás tributos que gravaren las importaciones y las exportaciones se determinarán en dólares estadounidenses.”. No obstante lo cual, el segundo párrafo del artículo en comentario dispone que a los fines del pago “… la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago.”. (el subrayado me pertenece)
Que dicha cuestión fue tratada en el precedente “Volkswagen Argentina SA c/AFIP-DGA”, de fecha 23/8/2011, en el cual la CSJN adoptó la postura de la Procuradora Fiscal, quien entendió que el art. 20 de la ley 23.905 no fue dejado sin efecto por la ley 23.928, toda vez que, según lo dispuesto en su art. 7, ésta solo estaba dirigida a las obligaciones de dar sumas determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte allí se debatía debían determinarse en dólares.
Que, de este modo, no existe obstáculo para mantener la obligación tributaria expresada en dólares estadounidenses. En este caso, los tributos que debe abonar la actora en su carácter de garante de la operación aquí involucrada.
XI. Que, sin embargo, en relación a la multa automática, rubro exigido dentro del cargo impugnado en autos, corresponde hacer una salvedad a lo dispuesto en el considerando anterior.
Que dicho concepto, referenciado en los códigos de Sistema María (código 882) como "MULTA RES 763/305" corresponde a la penalización por incumplimiento en el régimen de Certificados de Origen para importaciones, establecido por las Resoluciones MEyOySP N° 763/1996 y sus complementarias. La misma se calcula en el 1% sobre el valor en aduana de la mercadería en trato (en el caso, U$S 88.493,66) y, en este caso, dicho concepto fue garantizado. Es decir, que la multa en cuestión cumple una función punitiva y no recaudatoria, y corresponde convertir tal importe a pesos, aplicando el tipo de cambio vigente a la fecha de vencimiento del plazo de intimación del certificado de origen. Esto es, 28/09/2007, conforme surge de la liquidación obrante a fs. 5 de las actuaciones administrativas. Fecha que, por lo demás, no fue cuestionada en autos.
XII. Que teniendo en cuenta lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde proceder a la reliquidación del cargo formulado por la Aduana (conf. liquidación del cargo obrante a fs. 5 de las act. adm.) • Multa Res. 763/305: USD 884,94 (t.c. vigente al 28/09/2007 $3.15 = $ 2.787,56.-)
• DIEM IVA (FCTX): USD 2.695,24 DERECHO ESPECÍFICO: USD 12.834,46 TOTAL: USD 15.529,70.-
Que, conforme surge de la reliquidación que antecede, el importe de los tributos adeudados asciende a la suma de quince mil quinientos veintinueve dólares con 70/00 (usd 15.529,70). Dicho importe deberá ser convertido a pesos al tipo de cambio del día anterior al de su efectivo pago, y sobre éste se aplicarán los intereses resarcitorios devengados de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A. Asimismo, se adeuda en concepto de multa automática la suma de dos mil setecientos ochenta y siete con 56/00 ($ 2.787,56).
XIII. Que, no obstante, en lo que respecta a la limitación de la responsabilidad de la actora aseguradora, cabe señalar que mediante la póliza de seguro de caución N° 112104, de cuyo cuerpo surge la vinculación con la Garantía Nro. 07 001 051732 X (ver fs. 2/4 y 57/58 de las act. adm.), la misma aseguró, con motivo de la falta del certificado de origen, la suma de cincuenta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos ($ 58.183.-). Resultando dicha suma el “límite máximo” de la responsabilidad de la aseguradora, claro que con la salvedad de adicionar al importe de dicho monto límite (si fuera que los tributos adeudados superaran ese límite) los accesorios que correspondan.
Que resulta oportuno citar aquí que “… el Certificado de Origen tiene por finalidad acreditar el cumplimiento de los requisitos de origen establecidos de conformidad con las normas aplicables, a los fines de la utilización de las preferencias arancelarias en el marco de un acuerdo de comercio. Como consecuencia de ello, la ausencia de este certificado es motivo suficiente para la emisión del cargo por parte del servicio aduanero, siendo ajustado a derecho el reclamo a la empresa de los tributos por la mercadería cuyo origen no fue debidamente acreditado. (…) En esa comprensión del asunto, el importe que podrá exigirse a la aseguradora será el monto máximo garantizado por las pólizas anteriormente mencionadas ($8.000). Ello con más los intereses del art. 794 del Código Aduanero. …” (Expte. Nº 29.230-A; LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A., Sala G, 24/02/025). El subrayado me pertenece.
Que, en consecuencia, el importe que podrá exigirse a la firma ESCUDO SEGUROS S.A. es el monto máximo garantizado mediante la póliza número 112104; o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de U$S 15.529,70, convertidos al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago (con más los intereses del art. 794 del C.A.), además del importe correspondiente a la multa automática que asciende a la suma de $ 2.787,56; si estos últimos resultaran inferiores.
XIV. Que en relación a la tasa de interés, considero de aplicación lo sostenido por el suscripto al resolver en la Causa N° 34.408-A “PARANÁ S.A. DE SEGUROS c/DGA” (Sent. del 25/10/2023) donde dejé sentada mi postura que discrepa con las interpretaciones que proponen morigerar la alícuota en concepto de tasa de interés legalmente aplicable a las deudas aduaneras en dólares. Ello, en el entendimiento de que deben respetarse las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas. Considero que en este ámbito -de jurisdicción administrativa- está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
En este sentido se ha pronunciado la propia Corte en el caso “Provincia de Santa Cruz” (FALLOS 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Por el contrario, y en concordancia con la letra expresa de la normativa -de cuya aplicación no encontramos graves razones para apartarse- observamos que la intención del legislador al momento de haber elevado las tasas, que luego fueron modificadas por la vía de otra Resolución -por la cual resultaron inferiores- tendía en ese tiempo a permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado. Esta posición también se sostuvo cuando la Excma. CSJN sentenció:
“Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42). Asimismo, el Máximo Tribunal aún no ha anulado o morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente esta materia.
Como consecuencia de los razonamientos precedentes, deducimos que la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts. 794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22.415). Máxime, cuando su invalidez no ha sido declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía de este Tribunal, implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló, en cada momento, las tasas aplicables a este tipo de deudas con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia.
En tal sentido, no puede olvidarse que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a dichos criterios, que no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 308:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espec. Consid. VII y sus citas)
Consecuentemente, entiendo que morigerar todo o parte de la norma (en este caso la tasa aplicable) implica arrogarse facultades de control judicial, o lisa y llanamente legislativas, que exceden la competencia de este Tribunal.
XV. Que, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente en relación a la Resolución N° 3271/2012, cabe señalar que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad que debe ser considerada ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 286:76; 288:325; 300:1087; 333:447, entre muchos otros). En tal sentido, en oportunidad del Acuerdo Plenario de fecha 26/4/2022 (IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN), dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020- 24600163-APNSGASAD#TFN), por mayoría, los Vocales acordaron en su artículo 1° que “El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. …”.
Que, en consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 1164 del C.A., corresponde rechazar dicho planteo.
XVI. Que, a mayor abundamiento, señalo que se resolvió en el mismo sentido que la presente en los autos “ESCUDO SEGUROS S.A. c/D.G.A.s/apelación”, Expediente N° 38.013-A, Sala “F”, sentencia de fecha 21/03/23.
XVII. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas conforme los respectivos vencimientos, las que se disponen en un 70% a cargo de la actora y un 30% a cargo de la D.G.A. (conf. art. 1163 del C.A.).
Por ello voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 2146/2017 dictada en las Actuaciones N° 12197-1270- 2009 y, en consecuencia, el cargo N° 269/2009, declarando que el importe de los tributos adeudados asciende a la suma de quince mil quinientos veintinueve dólares con 70/00 (u$d 15.529,70) y que el mismo deberá ser convertido a pesos al tipo de cambio del día anterior al de su efectivo pago. Ello, con más los intereses resarcitorios devengados de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A. Asimismo, se adeuda en concepto de multa automática la suma de dos mil setecientos ochenta y siete pesos con 56/00 ($ 2.787,56).
2. Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos, las que se disponen en un 70% a cargo de la actora y un 30% a cargo de la D.G.A.
3. Declarar que el importe que podrá exigirse a la firma ESCUDO SEGUROS S.A. es el monto máximo garantizado mediante la póliza N° 112104 con las salvedades hechas en el considerando XIII de la presente. El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Adhiero, en lo sustancial, al voto del Vocal preopinante.
II. No obstante, corresponde efectuar algunas salvedades con relación a los criterios adoptados en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora y la morigeración de la tasa de interés en dólares.
III. En dichas condiciones, en lo que respecta a la responsabilidad de la aseguradora formulada en el considerando VII, a lo referente a la aplicación supletoria del Código Civil y Comercial, corresponde hacer la salvedad acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
Con respecto a esta cuestión, debo decir que no concibo la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En efecto, si bien el legislador tiene un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto es que esa opción regulatoria es meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre está sometido a exigencias jurídicas que le son impuestas por las razones que justifican su existencia. En consecuencia, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora son meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que rigen las cuestiones públicas. Si no se reconociera esta elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora.
Encontrándose el quid del asunto en la sustantividad pública de la relación jurídica examinada, existe un hecho que se impone por sí mismo: la responsabilidad de la compañía aseguradora deberá determinarse en razón del régimen de derecho público aplicable, considerándose también que los mecanismos de tutela específicamente previstos para controlar la actividad administrativa se ajusten a derecho.
En tales condiciones, corresponde señalar que el art. 453 inc. c) del CA prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del mismo cuerpo normativo indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al momento de la oficialización de la importación.
Sentado lo anterior, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor. Sobre la base de lo expuesto y en esa comprensión del asunto, el importe que podrá exigirse a la aseguradora será el monto máximo garantizado por la póliza, convertido al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior. Ello con más los intereses del art. 794 del CA.
IV. Finalmente, y en lo que respecta a la morigeración de la tasa de interés aplicable en dólares, advierto que podría hacerse sin declarar la inconstitucionalidad de la reglamentación aplicable y sin necesidad de violentar la norma procesal que limita las facultades jurisdiccionales de este organismo administrativo jurisdiccional. Como dije al fallar en la causa: “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA SA c/ DGA s/recurso de apelación”, EX-2020-15395348-APNSGASAD#TFN (sentencia del 18/02/21), este tribunal no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma asimilándose a los jueces de la Constitución y brincando con juegos interpretativos la máxima que impone el sometimiento de la administración a la ley. No obstante ello, también advertí que ese obstáculo legal no encorsetaba la posibilidad de resolver el caso sometido a decisión mediante una justa ponderación de los principios aplicables y sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad de norma alguna. En ese orden de ideas, hice hincapié en que la limitación legal tenía exclusiva relación con los casos que demandaban su solución mediante una subsunción de los hechos en las normas aplicables. Añadiendo que solamente ante los casos de ausencia de complejidad sustancial, en donde el control de constitucionalidad debía ser directo, no podía prescindirse de resolver el caso sino mediante una declaración de inconstitucionalidad que me estaba prohibida realizar.
En sentido contrario, advertí que no era menester la declaración de inconstitucionalidad si la resolución del caso demandaba recurrir a la ponderación de los valores, principios y normas con incidencia en la situación examinada. Así fue que, recientemente, el pasado 30 de abril de 2020, en la sentencia dictada in re “C.J.C. c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército s/ daños y perjuicios”, ED-CMXIX-139, Revista de Derecho Administrativo, mayo 2020 - Número 5, la Corte Suprema declaró inaplicable el régimen de ejecución de sentencias de condenas monetarias contra el Estado Nacional, regulado en el art. 22 de la Ley 23.982, respecto del crédito de una persona mayor de 70 años de edad, discapacitada, y con serios problemas de salud. Así lo hizo el Alto Tribunal al encontrar que el caso del actor no estaba exceptuado normativamente del régimen general para la cancelación de créditos no consolidados en contra de un organismo del sector público, que implica una serie de trámites y plazos de espera para su percepción, considerándose entonces en el voto principal a la situación planteada como un “caso no previsto” que, por razones de equidad, debía ser resuelto por aplicación de normas análogas. En cuanto aquí es de específico interés, debe hacerse notar que el voto principal (suscripto por los Dres. Maqueda, Lorenzetti y Rosatti) evita expresa e intencionalmente declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 23.982, siquiera en cuanto a su aplicación al caso concreto. A todas luces es significativo que en este nuevo pronunciamiento el Alto Tribunal elija apartarse de la declaración de inconstitucionalidad y se incline directamente por la inaplicabilidad de la ley en el caso concreto.
En ese marco interpretativo, debe considerarse que la Corte Suprema no ha hecho otra cosa que prescindir de la norma aplicable cuando conduce ocasionalmente a un resultado injusto en su aplicación concreta a un caso particular, en función de sus particularidades, a veces imprevisibles para el propio legislador. En estos supuestos, corresponde prescindir de la letra de la norma y priorizar el espíritu del legislador, resolviendo el caso como este lo hubiera hecho de haberse representado las circunstancias del mismo, aun cuando esto implique dejar de lado el texto de la previsión normativa aplicable al caso.
En atención a la luz del estándar interpretativo comentado, corresponde hacer lugar al planteo de la actora y, en consecuencia, reducir la tasa de interés aplicada por ARCA-DGA, aplicando la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en la Resolución ME Nº 21/91 -a título referencial-, que era del uno por ciento (1%) mensual y hasta el 1/08/19, fecha en la que por imperio de la Resolución Nº 598/19 (B.O. 18/07/19), que derogó la Resolución Nº 314/04, y sus modificatorias, entre las que se encuentra la Res. 50/19 del ex Ministerio de Economía y Producción, comenzó a regir la nueva tasa para intereses resarcitorios del 0,83% nominal mensual en aquellas obligaciones nominadas en dólares estadounidenses.
Por lo expuesto, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N°2146/2017 dictada en las Actuaciones N°12197-1270- 2009 y, en consecuencia, el cargo N°269/2009, declarando que el importe de los tributos adeudados asciende a la suma de quince mil quinientos veintinueve dólares con 70/100 (USD 15.529,70) y que el mismo deberá ser convertido a pesos al tipo de cambio del día anterior al de su efectivo pago. Ello, con más los intereses que deberán ser computados en los términos expresados en el considerando IV.
Asimismo, se adeuda en concepto de multa automática la suma de dos mil setecientos ochenta y siete pesos con 56/100 ($2.787,56).
2. Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos.
3. Declarar que el importe que podrá exigírsele a la firma ESCUDO SEGUROS SA será el monto máximo garantizado mediante la póliza N°112104 con las salvedades efectuadas en el considerando XIII del voto del vocal preopinante.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 2146/2017 dictada en las Actuaciones N° 12197-1270- 2009 y, en consecuencia, el cargo N° 269/2009, declarando que el importe de los tributos adeudados asciende a la suma de quince mil quinientos veintinueve dólares con 70/00 (u$d 15.529,70) y que el mismo deberá ser convertido a pesos al tipo de cambio del día anterior al de su efectivo pago. Ello, con más los intereses resarcitorios devengados de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A. Asimismo, se adeuda en concepto de multa automática la suma de dos mil setecientos ochenta y siete pesos con 56/00 ($ 2.787,56).
2. Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos, las que se disponen en un 70% a cargo de la actora y un 30% a cargo de la D.G.A.
3. Declarar que el importe que podrá exigirse a la firma ESCUDO SEGUROS S.A. es el monto máximo garantizado mediante la póliza N° 112104 con las salvedades hechas en el considerando XIII de la presente. Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.- Date: 2026.07.17 17:05:13 ART Date: 2026.07.17 17:15:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.05 14:38:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.05 14:39:20 -03:00
Fin de la sentencia