Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2021-101485016-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el acto apelado. Con costas al Fisco Nacional.
I. Que mediante el RE-2024-34002043-APN-SGAI#TFN se presenta el contribuyente e interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 inciso b) de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) contra la Resolución Nº 33/2024 (DV CRR1), de fecha 07/03/2024, dictada por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro de la Dirección General Impositiva.
En virtud de la citada Resolución Nº 33/2024 (DV CRR1), se determina de oficio el “Gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo” - Ley N° 20.630 (B.O 1974 y sus modif.), imponiéndose la obligación de ingresar la suma de $98.111.192,23, con más intereses resarcitorios por la suma de $269.289.605,82, por los períodos fiscales 07/2017 a 12/2019.
En primer término, la actora invoca los arts. 129 de la Constitución Nacional, 50 y las cláusulas transitorias segunda y décimo novena de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 538 de dicha jurisdicción, y el Decreto PEN N° 743/16, a fin de sostener que la competencia en materia de regulación, autorización, organización, explotación, recaudación, administración y control de los juegos de azar y actividades conexas corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reseña, asimismo, que la DGI-AFIP -actual ARCA- inició un proceso de verificación y fiscalización respecto de la recurrente, en su carácter de agente de retención del “Gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo” (en adelante, el Impuesto a los Premios).
Sostiene que el núcleo del litigio radica en una errónea interpretación normativa por parte del organismo fiscal, el cual considera que la modalidad denominada “Quiniela Poceada de la Ciudad” constituye un juego distinto de la quiniela tradicional y, por ende, no se encuentra alcanzada por la exclusión de objeto prevista en el art. 1° del tributo.
En dicha línea, afirma que el Fisco le endilga responsabilidad por el ingreso del mencionado impuesto respecto de dicha modalidad, por entender que la misma no se encuentra comprendida en la exención incorporada por la Ley N° 23.760.
Por el contrario, la recurrente sostiene que, dicha norma consagra una exención amplia y genérica en favor del juego de quiniela, sin efectuar distinción alguna en función de la modalidad de organización o de determinación de los premios.
Añade que la controversia se circunscribe así a una cuestión de puro derecho, vinculada al alcance de la exclusión reseñada.
Sentado ello, plantea, con carácter preliminar, la prescripción de las obligaciones correspondientes al período comprendido entre el 01/07/2017 y el 31/10/2018, con fundamento en el plazo quinquenal previsto en el art. 57 de la Ley N° 11.683. A tal efecto, sostiene que la suspensión dispuesta por la Ley N° 27.562 no resulta aplicable a la generalidad de los contribuyentes, sino únicamente a aquellos que hubieran adherido al régimen de facilidades allí previsto.
Aun en la hipótesis de considerarse aplicable dicha suspensión, afirma que la prescripción habría operado el 31/12/2023.
Seguidamente, plantea la nulidad absoluta e insanable del acto administrativo por falta de causa y motivación, sosteniendo que la resolución impugnada se encuentra viciada por errores de hecho y de derecho.
En tal sentido, afirma que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos que justifiquen excluir los premios de quiniela del alcance de la exención legal, por lo que -agrega- el acto se sustenta en una aplicación errónea del derecho. Añade que ello le ocasiona un perjuicio grave, en tanto compromete la continuidad de servicios y programas sociales al verse afectados recursos presupuestarios.
En cuanto al fondo del asunto, desarrolla un análisis pormenorizado de la normativa aplicable, concluyendo que la exención resulta clara e inequívoca. Sostiene, a tales efectos, que existe identidad sustancial entre todas las variantes del juego de quiniela -incluida la denominada “quiniela poceada”- y que la ley no establece distinción alguna entre ellas.
Manifiesta que ni la Ley N° 20.630 -modificada por la Ley N° 23.760- ni su Decreto Reglamentario N° 668/74 introducen la distinción adoptada por el Fisco, relativa a la modalidad de conformación de los premios como criterio para definir el hecho imponible o la procedencia de la exención.
Agrega que tampoco se contemplan diferenciaciones en función de la forma de determinación del premio ni de la organización de las jugadas.
Destaca que la norma presenta una redacción amplia, tanto al definir el hecho imponible como al establecer la exención en el segundo párrafo del artículo, sin incorporar limitaciones relativas a si el juego es “bancado” o a cualquier otra característica.
A mayor abundamiento, señala que el primer párrafo de la norma tampoco atiende a la modalidad de conformación de los premios para tipificar el hecho imponible.
Concluye que del texto legal surge con claridad que el elemento determinante de la materia gravada es que los premios provengan de “juegos de sorteo” en general, con independencia de la existencia de “tope de banca” o de cualquier otra modalidad, y agrega que el hecho imponible se perfecciona al nacer el derecho al cobro del premio, conforme el art. 3° de la Ley N° 20.630.
Sostiene que, la Quiniela de la Ciudad y la Quiniela Poceada de la Ciudad, constituyen variantes de un mismo juego, regulado por un único cuerpo normativo, diferenciándose únicamente en la forma de determinación del premio -predeterminado en el primer caso (“bancado”) y variable en el segundo (en función del pozo recaudado)-. Añade, a tales efectos que, incluso la modalidad poceada puede, ocasionalmente, presentar características propias de un sistema bancado.
Cita el Decreto N° 688/74 como criterio interpretativo, destacando que el elemento definitorio de los juegos de azar, a los fines del gravamen, es el sorteo, sin que resulten relevantes las modalidades de apuesta o de premiación.
En consecuencia, concluye que las variantes derivadas de la combinación de apuestas o del modo de distribución de premios no alteran la naturaleza del juego de quiniela.
Refiere, asimismo, que Lotería Nacional S.E. reglamentaba la quiniela como un único juego con diversas modalidades, conforme surge de la Resolución N° 09/2014.
Señala así que, la Quiniela Poceada se explota en la Ciudad de Buenos Aires desde 1983 -época en la que estaba a cargo de Lotería Nacional S.E.- y que, durante dicho período, la ex AFIP convalidó la aplicación de la exención, comenzando a cuestionarla recién a partir del traspaso de competencias a la Ciudad.
En este sentido, afirma que el accionar del organismo recaudador vulnera los principios de buena fe, legalidad y razonabilidad.
Asimismo, cuestiona la interpretación fiscal según la cual la exención habría tenido por finalidad combatir el juego clandestino a través de la “quiniela bancada”, sosteniendo que la quiniela poceada también presenta correlato en el ámbito del juego ilegal.
Cita el diario de sesiones de la Cámara de Diputados, en particular la intervención del diputado Tomasella Cima - autor del proyecto-, quien habría aludido genéricamente al juego de quiniela, sin circunscribir la exención a una modalidad específica.
Añade que, aun en el ámbito de Lotería Nacional, existían modalidades poceadas, desarrolladas en la misma jurisdicción territorial que actualmente corresponde a la recurrente.
Finalmente, sostiene que el criterio de la AFIP implica arrogarse competencias en materia de regulación del juego que corresponden exclusivamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interfiriendo en “instrumentos de gobierno”.
En tal sentido, advierte que la confirmación del acto impugnado implicaría privar a la contribuyente -y, por su intermedio, a organismos como el Ministerio de Hacienda y el Instituto de la Vivienda- de recursos esenciales. Solicita, asimismo, que se dejen sin efecto los intereses resarcitorios con fundamento en el art. 888 del Código Civil y Comercial de la Nación. En subsidio, plantea su inconstitucionalidad por considerarlos desproporcionados.
Cita jurisprudencia y doctrina que estima aplicables al caso, acompañando prueba documental. Hace reserva de plantear la inconstitucionalidad del obrar de la Administración Tributaria. Plantea caso Federal.
II. Que por su parte, mediante el IF-2024-82016842-APN-DTD#JGM, se presenta el Fisco Nacional, acompaña las actuaciones administrativas y contesta el recurso interpuesto, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos. Formula reserva del caso federal y solicita se confirme el acto apelado, con costas.
III. Que mediante la PV-2025-139093548-APN-VOCVI#TFN se rechazó la oposición formulada por el Fisco Nacional respecto de la prueba ofrecida por la recurrente, teniéndose presente la prueba documental acompañada, para su oportuna valoración.
Asimismo, por intermedio de la PV-2026-34067634-APN-VOCVI#TFN se elevaron los autos a consideración de la Sala “B” y mediante el IF-2026-35845043-APN-VOCVI#TFN se llamó autos para sentencia.
IV. Que en lo que respecta al acto determinativo apelado en autos y a fin de favorecer una mayor claridad expositiva, corresponde reseñar, en primer término, los fundamentos que llevaron al Fisco Nacional a practicar el ajuste aquí debatido.
Que, conforme surge del análisis de los antecedentes administrativos, a raíz de la fiscalización dispuesta mediante la Orden de Intervención N° 1.848.079, se procedió a verificar la situación de la responsable frente al Impuesto a los Premios, constatándose la omisión de practicar retenciones bajo el concepto SICORE - “Juegos, Premios y Concursos Deportivos” (cód. 466), respecto de premios con derecho a cobro efectivamente abonados correspondientes al juego denominado “Quiniela Poceada de la Ciudad”, durante los períodos 07/2017 a 12/2019. En consecuencia, el organismo fiscal entendió que la contribuyente habría dejado de ingresar el gravamen en su justa medida.
Que, a la luz de la normativa aplicable, los fiscalizadores concluyeron que los sorteos realizados en el marco de la referida modalidad no se encuentran comprendidos en la exención prevista en el segundo párrafo del art. 1° de la Ley N° 20.630 y sus modificatorias.
Para así decidir, los actuantes se basaron en el criterio sostenido en el precedente tramitado en el marco del recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 265/17 (DV RRLP) de fecha 02/11/2017, dictada por la Dirección Regional La Plata -ratificada por la Resolución N° 76/2018 (DIR RLPL) del 19/12/2018-, en el cual se analizó la gravabilidad de la “Quiniela Plus”, implementada por el Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. En dicha oportunidad se sostuvo que “…la quiniela plus, a diferencia de la quiniela múltiple, es un juego de los denominados poceados, en tanto el premio a distribuir depende del monto total apostado, mientras que la quiniela tradicional o múltiple se caracteriza por ser un juego ‘bancado’”. Que, una vez establecida – a criterio de la inspección - la gravabilidad de los premios correspondientes a la modalidad poceada, el área fiscalizadora procedió a sistematizar la información proporcionada por Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, relativa a los premios abonados, agrupándolos según las fechas de pago y en conformidad con los períodos de liquidación previstos en el sistema SICORE.
Que, a tal efecto, los premios fueron agrupados entre los días 1 y 15 de cada mes, y entre los días 16 y 30 o 31, según correspondiera. Posteriormente, se excluyeron de la base imponible aquellos premios que no superaban el monto exento de $1.200, conforme lo dispuesto por el art. 5° de la Ley N° 20.630 y sus modif., y el art. 7° de la RG N° 1.588/2003.
Que, a los fines de determinar dicho mínimo exento, los actuantes consideraron que el monto neto de cada premio equivale al 90% de su valor bruto, por lo que el importe exento asciende a $1.333,33 ($1.200 / 0,90), de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del art. 2° de la Ley N° 20.630.
Así las cosas, sobre la base imponible “acrecentada”, los fiscalizadores aplicaron la presunción prevista en el segundo párrafo del art. 4° de la citada ley, procediendo a efectuar el cálculo de grossing-up sobre los premios netos abonados, mediante la utilización de un coeficiente de 0,721, determinado conforme la siguiente fórmula: [1 – (0,31 × 0,90)].
Finalmente, sobre el monto así obtenido se aplicó la alícuota del gravamen (31%), establecida por el art. 20 de la Ley N° 24.800 (B.O. 17/04/1997), modificatoria de la Ley N° 20.630, la cual incluye el 1% destinado al Instituto Nacional del Teatro.
En consecuencia, de las liquidaciones practicadas surgieron saldos a favor del Fisco en concepto del Impuesto a los Premios, correspondientes a los períodos 07/2017 a 12/2019, por un total de $98.111.192,23.
V. Que procede en primer término analizar, por razones de lógica precedencia, el planteo de prescripción articulado por la actora, respecto de los períodos 01/07/2017 al 31/10/2018.
Al respecto, cabe recordar que la Ley N° 11.683 dispone en su art. 56 que las acciones y facultades del Fisco para determinar y exigir el pago de los tributos, así como para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras previstas en la ley de rito, prescriben -conforme su inc. a)- por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos. A su vez, el art. 57 establece que dicho plazo comienza a correr el 1° de enero siguiente al año en que operan los vencimientos generales para la presentación de las declaraciones juradas y el ingreso del gravamen. En tales condiciones, prima facie podría sostenerse que los plazos de prescripción correspondientes a los períodos 07/2017 a la primera quincena del 12/2017 comenzaron a correr el 01/01/2018, mientras que aquellos correspondientes a la segunda quincena del 12/2017 en adelante lo hicieron a partir del 01/01/2019. Ahora bien, corresponde analizar si en el caso se verifica algún supuesto de suspensión del curso de la prescripción. En este sentido, el art. 17 de la Ley N° 27.562 (B.O. 26/08/2020) dispuso: “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.
Por su parte, el art. 18 de dicha norma estableció que sus disposiciones rigen a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Sobre el particular, cabe recordar que es doctrina reiterada de nuestro Máximo Tribunal que la primera fuente para determinar la voluntad del legislador es la letra de la ley (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en su sentido más obvio conforme al entendimiento común (Fallos: 306:796, consid. 11 y sus citas), sin que quepa a los jueces sustituir dicha voluntad, sino aplicar la norma tal como fue concebida (Fallos: 300:700). Asimismo, las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras que emplean, sin desvirtuar su significado específico (Fallos: 295:376), máxime cuando éste concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y con la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente.
Con relación a la aplicación de las suspensiones anuales, la misma cuestión ya ha merecido tratamiento por parte del Máximo Tribunal, en ocasión de establecerse similares alcances para la ley 23.495 del año 1987 -que instauró un régimen de normalización impositiva y cuyo artículo 49 establecía que se suspendía “con carácter general por el término de 1 (un) año, el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”- resolviéndose que la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo transcripto alcanzaba a la generalidad de los contribuyentes, toda vez que no se había establecido vinculación exclusiva entre la suspensión y los contribuyentes que hubiesen ejercido el derecho de acogerse al régimen de normalización tributaria (Fallos 314:1656).
Asimismo, vale destacar que dicho criterio fue ratificado por el Máximo Tribunal in re “AFIP-DGI c/ Paredes Cereales Sociedad Anónima s/recurso extraordinario” del 15/10/15 -adhiriendo al dictamen de la Procuración General de la Nación del 29/5/15-, en donde, con relación al artículo 44 de la ley 26.476, se pronunció por la aplicación literal del precepto.
En el caso de autos, el curso del plazo de prescripción de las facultades del Fisco para determinar y exigir tributos se vio alcanzado por una suspensión general de un (1) año, dispuesta por el art. 17 de la Ley N° 27.562, la cual opera de pleno derecho y con vigencia inmediata desde su publicación, incidiendo sobre los plazos en curso y difiriendo su vencimiento.
Asimismo, respecto de los períodos 07/2017 a la primera quincena del 12/2017, cabe tener presente lo dispuesto por el artículo s/n agregado a continuación del artículo 65 de la Ley 11.683 (t.o 1998 y sus modif.) el cual prescribe que “se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes que del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dicho actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Que, en función de lo expuesto, habiéndose notificado la vista de las presentes actuaciones el 26/10/2023, opera la suspensión de los 120 días hábiles establecida precedentemente - hasta el 25/04/2024, a los cuales se adicionan los días pendientes -, no habiéndose cumplido a la fecha del dictado de la resolución – 07/03/2024-, el plazo prescriptivo.
En tales condiciones, computadas tanto la suspensión anual general prevista en la Ley N° 27.562 como la suspensión específica de ciento veinte (120) días aplicable a los períodos señalados, corresponde concluir que los plazos de prescripción operaron con posterioridad al dictado del acto impugnado. En consecuencia, a la fecha de su emisión -07/03/2024-, las facultades del Fisco se encontraban plenamente vigentes.
Por ello, corresponde desestimar el planteo de prescripción articulado por la recurrente.
Cabe señalar, asimismo que, si bien el planteo fue tratado en forma previa por razones de orden lógico, el mismo no fue articulado como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual, sino como defensa contra el acto determinativo. En consecuencia, no corresponde otorgarle tratamiento incidental ni disponer una imposición de costas autónoma.
En este aspecto, resulta pertinente recordar lo sostenido por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en autos “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia del 24/08/2007), en cuanto señaló que, al encontrarse los planteos subsumidos en el ámbito recursivo y no haber generado una actividad procesal autónoma, no se justifica un tratamiento especial en materia de costas distinto del asignado al resolverse la cuestión sustancial.
En igual sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Colorin IMSSA (TF 24.123-
1. c/ D.G. l.” al sostener que “la representación del organismo recaudador centró sus argumentos en la circunstancia de haber resultado vencedora en dicho punto (…) pero no se hizo cargo de las circunstancias tenidas en cuenta por la cámara para dejar sin efecto la condena en costas dispuesta por el Tribunal Fiscal (…) en particular, en cuanto a que dicho planteo no había sido tratado como de previo y especial pronunciamiento sino como una defensa más frente a la pretensión fiscal y que, por lo tanto, no podía considerarse de forma escindida o autónoma respecto de la unidad de la sentencia a los efectos de la imposición de las costas” (CSJN - Colorín IMSSA (TF 24.123-1) c/ D.G. l.””, sentencia del 02/07/2013).
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios articulados por la apelante en torno a los planteos de prescripción, sin imposición de costas autónomas, de conformidad con el criterio sentado por el Máximo Tribunal en el precedente “Colorín IMSSA”.
VI. Que, seguidamente, corresponde analizar el planteo de nulidad articulado por la actora, fundado en la alegada ausencia de causa y motivación del acto determinativo.
Cabe señalar que, para la procedencia de la nulidad, es menester la existencia de un vicio o la violación de una forma procesal, o bien la omisión de un acto que frustre el propósito perseguido por la ley y que genere un estado de indefensión. Las nulidades procesales resultan inadmisibles cuando no se indican concretamente las defensas de las que se habría visto privado el impugnante, debiendo además fundarse en un interés jurídico actual, pues no pueden invocarse por la nulidad misma. En tal sentido, quien la articula debe aportar elementos que acrediten, prima facie, el perjuicio sufrido, si pretende la invalidación de lo actuado (cfr. C.S.J.N., “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, 05/10/1995, T. 318, P. 1798; “Aguirre, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, 06/02/2001, T. 324, P. 151; C.N.A.C.A.F., Sala II, “Simijosky, Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, 09/10/1996).
En lo que atañe a los aspectos formales, la resolución determinativa impugnada -en cuanto acto administrativosatisface los requisitos establecidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se advierte que el organismo fiscal se haya apartado, en su actuación, del ordenamiento jurídico vigente.
De la lectura del acto administrativo apelado se advierte que el mismo expresa en forma clara y precisa las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de sustento. Los agravios de la actora traducen, en sustancia, su disconformidad con el criterio adoptado por el juez administrativo, lo cual excede el marco propio del planteo de nulidad.
En efecto, la mera divergencia en la interpretación normativa entre el contribuyente y la Administración no constituye, por sí sola, un vicio invalidante del acto determinativo, en tanto la nulidad requiere la configuración de un defecto sustancial que afecte la validez del acto, lo que no se verifica cuando la controversia se limita al alcance o inteligencia de la norma aplicada.
Por tales motivos, adelanto que, el planteo de nulidad articulado no puede prosperar, agregando asimismo que, en el presente caso, tampoco corresponde otorgarle tratamiento incidental ni disponer una imposición de costas autónoma, con fundamento en el precedente “Bolland y Cia. S.A.” de la CSJN - sentencia del 21/02/2013-.
VII. Que corresponde a este Tribunal analizar la causa conforme a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, cabe precisar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino únicamente a expedirse respecto de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/02/1987; “Stamei S.R.L. c/ Universidad de Buenos Aires s/ ordinario”, sentencia del 17/11/1987; C.N.C.A.F., Sala V, “Werner, Tomás M. c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 27/04/1998; “Congelados Macchiavello y Cía. S.A.”, sentencia del 26/04/2007, entre otros).
VIII. Que, en primer lugar, corresponde tratar el planteo formulado por la actora en el acápite XI de su escrito recursivo, mediante el cual cuestiona la competencia del Fisco Nacional, sosteniendo que este se arrogaría potestades en materia lúdica que serían de resorte exclusivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adelantamos que dicho agravio no puede prosperar.
Al respecto, cabe reconocer a la ARCA -ex AFIP- como el organismo responsable de la aplicación de la política tributaria nacional, así como de la recaudación y el control del cumplimiento de los tributos nacionales, conforme al Decreto 618/97. El Poder Ejecutivo Nacional invocó las atribuciones del art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional para dictar el mencionado decreto, que tuvo por finalidad, entre otras, “combatir la evasión impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social”.
Por su parte, más recientemente, el Decreto 953/24, que creó la ARCA, estableció expresamente en su art. 6 que dicha agencia es la continuadora jurídica de la AFIP y mantiene las responsabilidades, competencias y funciones asignadas, tanto por el citado Decreto 618/97 como por el resto del plexo normativo vigente.
En este sentido, es dable señalar que la Ley N° 11.683 ha dotado al organismo fiscal de facultades expresas de verificación y fiscalización en su Capítulo V (arts. 33 y siguientes). En función de ello, compete a la ARCA revisar la correcta aplicación de las normas nacionales con implicancias tributarias, como la que se debate en estas actuaciones, sin que ello implique menoscabar el rol de la autoridad competente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su respectivo ámbito de actuación.
Desde esta perspectiva, la intervención del Fisco Nacional en el caso no importa el ejercicio de potestades regulatorias en materia de juegos de azar (cuya organización y explotación corresponde, en principio, a las jurisdicciones locales -conforme fallos 322:1142-), sino el legítimo ejercicio de sus atribuciones en materia tributaria, en tanto se encuentra en discusión la aplicación de un gravamen de carácter nacional. En tal sentido, la eventual competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de regulación de la actividad lúdica no se ve afectada, en la medida en que el presente litigio no versa sobre aspectos vinculados a la habilitación, control o explotación del juego, sino sobre la interpretación y aplicación de normas tributarias nacionales.
Finalmente, la Ley 24.588 reconoce a la Ciudad facultades propias en materia de tributación local, lo cual tampoco resulta aplicable en autos, dado que la controversia se circunscribe a un gravamen de carácter nacional. En consecuencia, no se advierte invasión alguna de competencias locales por parte del organismo fiscal.
IX. Que sentado ello, corresponde ingresar al análisis del fondo de la cuestión. El ajuste en examen se sustenta en la postura fiscal según la cual la modalidad denominada “Quiniela Poceada de la Ciudad” constituiría un juego distinto de la quiniela, motivo por el cual quedaría fuera de la exclusión de objeto prevista en el art. 1° de la Ley N° 20.630.
A efectos de posibilitar una adecuada comprensión del planteo de la recurrente, resulta pertinente recordar el marco normativo aplicable.
La Ley N° 20.630 (B.O. 22/01/1974) creó el “Gravamen de emergencia a los premios ganados en juegos de sorteo” y estableció como hecho imponible en su artículo 1° a “...los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, quinielas, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente.
No están alcanzados por el gravamen de la presente ley los premios que, por ausencia de tercero beneficiario, queden en poder de la entidad organizadora …”
En efecto, como se advierte, la ley del gravamen en su redacción original adoptó como presupuesto de hecho, generador de la obligación tributaria, a los premios obtenidos, entre otros, del juego de quiniela. Posteriormente, mediante el artículo 80 de la Ley N° 23.760 del 7/12/1989, B.O. del 18/12/1989, se modificó el art. 1° de la Ley 20.630, incorporando la exclusión de la quiniela del objeto del gravamen que aquí nos ocupa. Ello así, el artículo en cuestión quedó redactado de la siguiente forma: “Quedan sujetos al gravamen de emergencia de la presente ley los premios ganados en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente. No están alcanzados por el gravamen de la presente ley los premios de juego de quiniela y aquellos que, por ausencia de tercero beneficiario, queden en poder de la entidad organizadora” (el resaltado no está en la ley).
En cuanto a las razones del cambio legislativo, corresponde señalar que, contrariamente a lo sostenido por el Fisco Nacional, no surge que la exclusión de objeto haya estada motivada por el carácter “bancado” del juego. Por el contrario, de los antecedentes parlamentarios se desprende que el fundamento radicó en cuestiones operativas vinculadas al mínimo no imponible y al funcionamiento del sistema de apuestas. En tal sentido, el diputado Carlos Lorenzo TOMASELLA CIMA – autor del proyecto- expresó: “(…) propicio la modificación del artículo 1° de la ley 20.630, que impone un gravamen de emergencia a los premios de los juegos de sorteo y a los pronósticos deportivos: ... A su vez, el artículo 5° de la misma ley fija un mínimo no imponible, que es actualizado anualmente … con relación específica al juego de la quiniela, los apostadores asisten a las casas de juego y en todos los casos invariablemente preguntan cuál es el mínimo para apostar. Entonces, todas las apuestas sin excepción se hacen por un monto que no supera el mínimo. Esto obliga a confeccionar una multiplicidad extraordinaria de boletas en perjuicio de las loterías provinciales, debido al aumento del costo operativo y con mengua de la afectación de los fondos con destino específico ... De aceptarse la propuesta, haríamos un bien a las loterías provinciales sin afectar la recaudación a nivel nacional, sin perjuicio de remarcar una vez más que por medio de este impuesto el Estado no recauda ingresos” (conf. transcripción del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 39° Reunión, continuación de la 1° Sesión Extraordinaria, 30 de noviembre de 1989).”
En tales condiciones, el hecho de que la modalidad vigente al momento de sancionarse la exclusión de objeto fuera “bancada” no permite inferir que ese haya sido el criterio determinante de la decisión legislativa. Por el contrario, ni del texto de la ley ni de sus antecedentes surge que la exclusión incorporada se encuentre condicionada a una modalidad específica del juego.
En igual sentido se ha expedido el Juzgado en lo Civil y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata, en autos “INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍAS Y CASINOS (IPLYC) c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/ ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA”, sentencia del 19/09/2022, al sostener que: “El hecho de que una modalidad haya sido la que se hallaba en uso al momento de sancionarse la eximición del impuesto a los premios de la quiniela, no resulta suficiente para considerar convertida una categoría establecida por la ley (el juego de quiniela como género) en una o alguna de sus subcategorías o especies, tal como lo pretende la demandada; sino que cabe entender que tal concepto se proyecta a todas sus variantes y subespecies incluidas en la misma noción, hayan sido o no puestas en práctica o existido tales variantes al momento de establecerse la norma…”
Por lo tanto, de la jurisprudencia reseñada se colige la existencia de una relación de género y especie entre la quiniela concebida de manera genérica y la “quiniela poceada”, como una variante o especie de aquella. Asimismo, la Corte Suprema ha agregado que, si bien no es aceptable la analogía en la interpretación de las normas tributarias materiales para extender el derecho más allá de lo previsto por el legislador, ni para imponer una obligación (Fallos: 310:290; 312: 912, considerando 6°, entre otros), ello no significa que tales disposiciones deban necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación (Fallos: 179: 337; 307:871; 314:745, entre otros).
Ello es así por cuanto, el intérprete, debe dar pleno efecto a la voluntad del legislador, siendo la letra de la ley la primera fuente de interpretación, cuyas palabras deben ser entendidas en su sentido propio y corriente (Fallos: 200:165; esta Sala, 18/03/1997, “Servicios Aéreos Patagónicos”, entre otros).
En este contexto, cabe destacar que el Diccionario de la Real Academia Española define la “quiniela”, en su acepción aplicable, como: “4. f. Arg., R. Dom. y Ur. Juego que consiste en apostar a la última o a las últimas cifras de los premios mayores de la lotería”.
A la luz de lo expuesto, corresponde concluir que la variante denominada “Quiniela Poceada de la Ciudad” se encuentra comprendida dentro de la categoría genérica del juego de quiniela.
A mayor abundamiento, se advierte que, tanto dicha modalidad como la denominada “Quiniela de la Ciudad” se encuentran reguladas por un mismo cuerpo reglamentario, el cual, en su art. 2 dispone lo siguiente, cito: “ Entiéndase por Quiniela de la Ciudad al Juego de La Quiniela administrado y comercializado por LOTBA S.E que consiste en efectuar apuestas en sus modalidades de “Quiniela de la Ciudad”, “Quiniela Poceada de la Ciudad””.
Así las cosas, cuando la norma establece los supuestos excluidos y hace referencia a los premios del juego de quiniela, dicha expresión debe interpretarse en sentido amplio, sin que corresponda efectuar distinción alguna en cuanto a la modalidad del juego -sea ésta bancado o poceado-, máxime cuando la propia norma no introduce diferenciación alguna al respecto.
En igual sentido se ha pronunciado esta Sala “B” en el precedente EX-2021-101485016-APN-SGAI#TFN, caratulado “INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINOS SOCIEDAD DEL ESTADO s/ Recurso de Apelación”, de fecha 21/03/2023, cuyos presupuestos fácticos y jurídicos resultan análogos al caso bajo análisis; criterio que fue posteriormente confirmado por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante sentencia de fecha 12/08/2025.
En conclusión, cabe entender que la variante “Quiniela Poceada de la Ciudad” de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. se encuentra excluida del objeto del gravamen aquí discutido, por lo que corresponde revocar el acto apelado, con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar el acto apelado. Con costas al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.04.14 16:45:33 ART Date: 2026.04.15 09:35:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.15 11:03:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.15 11:04:24 -03:00
Fin de la sentencia