Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 41.257-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución N°134/2014 (DV ORR1) con costas.
I. Que a fs. 16/65 vta. la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N°134/14 (DV ORR1) dictada el 16 de octubre de 2014 por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la AFIP-DGI, mediante la cual determinó de oficio la materia imponible en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2008, con más los intereses resarcitorios de ley, difiriendo el tratamiento de la materia infraccional de conformidad a lo previsto por el artículo 20 de la ley 24.769. Que RIGANTI E HIJOS S.A. –en adelante RHSA– es una persona jurídica, registrada en el Organismo Fiscal cuya actividad principal declarada es: servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial N.C.P., estando también inscripta en otras actividades tales como: venta al por mayor de bebidas alcohólicas; venta al por mayor de bebidas no alcohólicas; venta al por mayor en comisión o consignación de alimentos, bebidas y tabaco, cerrando sus ejercicios fiscales el 31 de diciembre de cada año. Que la suma reclamada por el Fisco Nacional se origina como consecuencia de la solicitud de la Fiscalía donde se encontraba tramitando una denuncia penal derivada de la O.I. N°449.799 mediante la cual el Organismo Fiscal constató inconsistencias en la declaración jurada presentada por la recurrente y puso a consideración de RHSA los ajustes determinados a través de la “prevista”, los cuales fueron aceptados por RHSA y regularizados.
Que en dicho marco la Fiscalía instruyó a que se amplíe la fiscalización iniciada a fin de constatar la materialidad de las operaciones de venta y recompra de acciones promocionales entre Cervecería y Maltería Quilmes S.A.C.I.F –en adelante CMQ– y RHSA lo cual dio lugar a una nueva orden de intervención -O.I. 790.190-.
Que de las tareas llevadas a cabo por los fiscalizadores y de conformidad con nueva documentación provista por el Juzgado se determina un nuevo ajuste que es el que aquí se discute.
Dicho ajuste consistió en la omisión de declarar ciertas operaciones concertadas con CMQ, en el marco de un acuerdo de mediación celebrado con la recurrente como consecuencia de la rescisión del contrato de distribución y la desvinculación producida entre ambas empresas.
Que mediante el citado acuerdo se estableció el pago por parte de CMQ a RHSA de ciertos importes: a) la suma de u$s 2.917.000 en concepto de restitución de acciones promocionales –acciones de marketing, gastos de publicidad y similares–; b) una suma no cuantificada en el citado acuerdo destinada al pago de las indemnizaciones de una determinada nómina de personal detallada como Anexo del art. 7° del acuerdo en cuestión.
Que de las tareas de fiscalización practicadas y de la circularización realizada a CMQ, se detectó que RHSA no emitió factura o nota de débito alguna respecto de los ingresos recibidos para el pago de indemnizaciones al personal que totalizaron un importe de $6.726.027,83.-, pero que sin embargo, sí había registrado como gasto –deducción– los importes correspondientes a las indemnizaciones pagadas al personal, por un importe de $ 6.466.390,68.
Es decir que RHSA computó en su balance y declaración jurada del impuesto a las ganancias el gasto, pero no declaró la totalidad de los ingresos derivados del “Acuerdo”, en particular en lo referente a la suma que CMQ asumió pagar de conformidad a lo estipulado en el art. 7° del Acuerdo, por lo cual entregó cheques con destino al pago de las indemnizaciones al personal, los que fueron recibidos por RHSA y endosados a nombre de cada uno de los empleados.
Por otra parte, plantea la recurrente que la determinación es nula atento que los fiscalizadores en la segunda verificación –O.I. 790.190– con su requisitoria obligaban tanto al contribuyente como al imputado penalmente a declarar en su contra y por lo tanto, tal situación queda dentro de las teorías de las nulidades absolutas por violación de los derechos constitucionales y principios inalienables establecidos en el derecho penal argentino.
Observa RHSA que en la Resolución N°134/14 “nada se dice con referencia a que se realizó una denuncia penal, en la que se dictó la FALTA DE MERITO por no haber dado cumplimiento al art. 18 de la ley 24.769”.
Y agrega que al haberse abierto una nueva orden de intervención se produce una agresión al contribuyente ya que se lo persigue nuevamente por el mismo impuesto, período y causa.
Se agravia de que el Fisco Nacional caracterizó a la determinación de oficio como de base cierta, siendo que a su criterio no fue tal, ya que la información fue suministrada por terceros –CMQ– violando la cláusula de confidencialidad de un “Acuerdo” y por lo tanto, se basó en presunciones de presunciones y no probó en caso alguno la certeza de sus indicios.
Alega que el organismo fiscal mediante un procedimiento determinativo de oficio improcedente e ilegítimo “viene a impugnar su propia liquidación”, refiriéndose al ajuste determinado y puesto en consideración a través de la “prevista” en oportunidad de la verificación llevada a cabo mediante la O.I. N° 449.799.
Señala que “En definitiva, en última instancia, existiría un ingreso no declarado de $259.637,15, que se compensaría con el propio gasto no computado de $259.637,15. En consecuencia por esta supuesta diferencia detectada por el Organismo Fiscal no habría omisión de impuesto alguna”.
Cita jurisprudencia, ofrece prueba informativa, testimonial y pericial contable, plantea el caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, dejando sin efecto la pretensión fiscal.
II. Por su parte el Fisco Nacional contesta el traslado a fs. 84/100 y niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente.
Destaca que de las tareas de verificación llevadas a cabo por solicitud de la Fiscalía, la inspección actuante realizó circularizaciones y requirió a CMQ la documentación de respaldo de las sumas pagadas a RHSA. Que al dar respuesta CMQ informó que RHSA no emitió factura o nota de débito alguna respecto de los pagos por indemnizaciones al personal, manifestando que dichos montos han sido abonados con fecha 28 de agosto de 2008 mediante emisión de cheques y fueron tratados como gastos para CMQ, imputándose contablemente en la cuenta “Desvinculación distribuidores”, que se encuentra agrupada dentro del rubro “Otros ingresos y egresos netos” del estado de resultados.
Que por su parte el Juzgado Penal aportó copias de los acuerdos laborales firmados por RHSA y sus empleados al momento de producirse la desvinculación con CMQ, los cuales obran a fs. 7 a 522 del “ Cuerpo fotocopias, documentación remitida por el Juzgado”.
Que por otra parte mediante Nota N°2446/2012 la División Jurídica de la Dirección Regional Oeste, como consecuencia del oficio de fecha 14/06/2012 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, Secretaría N°2 en el marco de la Causa N°650/11, caratulada “Riganti e Hijos S.A. s/inf. Ley 24.769” solicitó a la División Fiscalización N°2 que “a la luz del acuerdo y las actuaciones que en copia se adjuntan-, que si la pretensión fiscal varía, se indique en qué medida lo hace y si eventualmente el crédito fiscal que obtuvo la cervecería puede ser impugnado”.
Que del análisis de la citada documentación se observó: a) que los montos abonados por indemnizaciones al personal totalizaron un importe de $6.726.027,83; b) que los cheques identificados en los acuerdos se debitaron de los extractos bancarios de CMQ y c) que en el período fiscal 2008 la recurrente computó como gasto indemnizaciones laborales pero no declaró el ingreso correspondiente a dicho monto. En efecto, puntualiza que únicamente declaró en el rubro “Otros Ingresos” un importe de $4.545.000, bajo el concepto: “indem res cto.”, pero que tal importe correspondía a la contrapartida de un pago recibido de CMQ en el mes de julio a cuenta de las sumas facturadas posteriormente (en septiembre) por RHSA como “reintegro de acciones promocionales”.
Se opone a la prueba dado que la misma no fue ofrecida en la instancia previa conforme lo previsto por el art. 166, 2° párrafo de la ley 11.683.
Solicita se dicte sentencia rechazando el recurso interpuesto y confirmando la resolución recurrida con expresa imposición de costas a la contraria.
Que a fs. 112/113 vta. se da tratamiento a la cuestión previa planteada por la recurrente con relación a la litispendencia y conexidad y al principio del “non bis in ídem” resolviendo no hacer lugar al mismo con costas.
Que a fs. 115 se da traslado de la oposición articulada por la representación fiscal a las medidas probatorias ofrecidas por la apelante, quien no responde ni efectúa presentación alguna.
Que a fs. 126 se resuelve hacer lugar a la oposición planteada por el Fisco Nacional por considerar que las pruebas propuestas son inconducentes y además por constar la información que a través de ellas se pretende aportar en las actuaciones administrativas.
Que, no habiendo prueba a producir, a fs. 144 se elevaron los autos a consideración de la Sala “B”. Finalmente, a fs. 149 se llamaron los autos para sentencia.
III. En primer lugar por una cuestión de lógica procedencia corresponde dar tratamiento al agravio de la recurrente respecto de la existencia de un vicio de nulidad absoluta del acto administrativo por verificarse a su entender falta de motivación y de causa.
Invoca RHSA que se verifica en el caso un posible vicio de desviación de poder que conduce a la ilegalidad y que la determinación carece de causa que justifique su dictado.
Al respecto es preciso recordar que la ley establece que el procedimiento de determinación de oficio debe iniciarse con un acto preparatorio por el que se confiera vista de las actuaciones, acto destinado a que el contribuyente pueda tomar conocimiento del accionar fiscal y de los cargos e impugnaciones que se formulan a fin de garantizar el derecho de defensa. Dicho procedimiento debe respetar el derecho del administrado de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto determinativo, de ofrecer las pruebas y también solicitarlas, y debe concluir con una resolución que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto resulten conducentes para la solución del caso.
Es decir que el procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento administrativo que concluye con el dictado de un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la ley 19.549 establece.
Sentado ello, cabe señalar que los agravios dirigidos a obtener la declaración de nulidad del acto venido en recurso no puede prosperar, pues se observa claramente que el ente fiscal cumplió con los requisitos exigidos por la ley, advirtiéndose que, tanto la resolución que ante esta instancia se apela, como así también la vista corrida en sede administrativa, expone en forma pormenorizada los hechos y antecedentes en virtud de los cuales se sustenta la determinación recurrida.
Sobre el particular es constante la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en sostener que “cuando la restricción de defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Cfr. CSJN, Fallos: 205:549; 267:393; entre otros).
Ello así, en autos la recurrente ha podido ofrecer las medidas probatorias tendientes a demostrar sus dichos, por lo que tales agravios no pueden ser acogidos favorablemente. Máxime cuando fue la propia apelante quien no contestó el traslado a la oposición a la producción de la prueba interpuesto por el Fisco Nacional siendo que el mismo le fue oportunamente conferido y que tampoco cuestionó la decisión frente a su rechazó.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de nulidad introducida.
Cabe señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por el actor ni tratado como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por lo cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto corresponde traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007) en cuanto a que “... al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto que “(…) tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal. En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (CSJN - “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013, B-485-XLV).
IV. Seguidamente corresponde adentrarnos en el análisis de la cuestión de fondo traída a conocimiento de este Tribunal Fiscal.
Cabe prevenir que el juzgador no está obligado a pronunciarse sobre todas las articulaciones de las partes, sino solamente sobre aquellas que estime conducentes para fundar su decisión (Cfr. CSJN in re "Sopes Raúl Eduardo c. Administración Nacional de Buenos Aires" sentencia del 17/11/1987; Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V en autos “Tunesse, María del Carmen Flavia c. Ministerio del Interior s/juicio de conocimiento” sentencia del 13/04/1998; “Manzino, Silvia B.”, T.F.N., Sala “D”, sentencia de fecha 17/03/2006, entre otros).
Antes de introducirnos en el análisis del fondo de la cuestión cabe señalar que, contrariamente a lo que argumenta la recurrente respecto a la imposibilidad del Fisco Nacional de efectuar una nueva determinación de impuesto respecto de un impuesto y período fiscal que ya había sido objeto de determinación, es la propia ley de procedimiento tributario la que habilita tal posibilidad. En efecto, indica el último párrafo del artículo 17 que “No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria si -antes de ese acto- prestase el responsable su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados, la que surtirá entonces los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para el Fisco”.
En tanto que en su artículo 19 al señalar los efectos de la determinación de oficio establece que: “Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley”.
Y agrega que “La determinación del juez administrativo del impuesto, en forma cierta o presuntiva, una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos: a) Cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior.
b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión y otros)”.
El caso bajo estudio se ciñe precisamente a estos preceptos por cuanto se verifican las previsiones del último párrafo del art. 17, en atención a que RHSA aceptó la liquidación puesta a consideración a través de la “prevista” y rectificó las declaraciones juradas correspondientes, lo cual tiene el efecto de una determinación de oficio para el Fisco Nacional.
Es por ello que al surgir nuevos elementos de juicio a través del aporte realizado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, el juez administrativo está perfectamente autorizado a revisar la determinación antes efectuada y modificar la misma sí de dichos elementos surge que el impuesto antes determinado no lo fue en debida forma.
Máxime en el caso que nos ocupa donde los funcionarios actuantes habían solicitado la documentación en oportunidad de la verificación y la misma no había sido aportada.
Sentado ello, cabe analizar el tema puesto en crisis que concretamente se circunscribe a determinar si resulta procedente el ajuste practicado en el impuesto a las ganancias respecto a la omisión de declarar la totalidad de los ingresos recibidos por RHSA con destino al pago de las indemnizaciones al personal en virtud del “Acuerdo” de mediación celebrado el 23/07/2008 entre la recurrente y CMQ.
A tal efecto, cabe reseñar brevemente ciertos términos de dicho “Acuerdo” en lo relativo al tema que aquí se discute.
La cláusula primera establece: “Las partes acuerdan que, si bien la relación comercial que las vincula finalizará el 31 de julio de 2008, Riganti continuará operando como distribuidor y colaborando transitoriamente con CMQ a los únicos fines de realizar una transición ordenada hasta el 1° de septiembre de 2008…”.
Por otra parte, la cláusula Tercera dispone: “Sin reconocer hechos ni derecho alguno respecto de los reclamos efectuados por Riganti, y al solo efecto conciliatorio y mediatorio, CMQ ofrece pagar a Riganti la suma de dos millones novecientos mil diecisiete dólares sujeto a los siguientes términos y condiciones. CMQ acuerda pagar la suma indicada precedentemente en concepto de restitución de las acciones promocionales realizadas por Riganti durante los años 2002 a 2007”.
Sobre el particular la cláusula Cuarta estipula que “Todas las sumas mencionadas en la cláusula tercera serán facturadas por Riganti a CMQ, adicionando cuando correspondiere el impuesto al valor agregado. Asimismo se aplicará sobre tales montos las retenciones legales que establecen las normas impositivas vigentes”.
En tanto que, la Cláusula 7° de fundamental importancia para la controversia de estas actuaciones, establece: “Adicionalmente y por el mismo concepto indicado en la cláusula tercera, CMQ se compromete, como condición de este acuerdo a abonar a Riganti una suma que éste último se compromete a aplicar al pago de las indemnizaciones laborales por despido que legalmente correspondan a su personal dependiente afectado a la operatoria comercial de distribución para CMQ, sin que este pago signifique reconocimiento alguno por parte de CMQ de obligación solidaria de cualquier naturaleza, a cuyo efecto las partes acuerdan:
a) Riganti entrega en este acto un lista que firman ambas partes y que forma parte del presente como Anexo “A”, en la que se consigna la nómina de todo el personal en relación de dependencia laboral con Riganti, indicando su antigüedad y la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año incluyendo el mes de agosto de 2008 y la suma total de las indemnizaciones correspondientes por el despido sin causa, con el objeto de que CMQ pueda emitir los cheques por los montos descriptos y facilitar a Riganti el endoso y pago a cada uno de los trabajadores dependientes de aquél. (...) c) CMQ abonará los conceptos individualizados en la cláusula séptima, únicamente respecto al personal denunciado en el Anexo A y por los montos y conceptos allí denunciados”.
De los términos transcriptos surge claro que los importes resultantes de las indemnizaciones laborales correspondientes a los empleados de RHSA, son abonadas por CMQ y que dichos pagos conforme lo estipula la cláusula tercera constituyen una restitución de las acciones promocionales realizadas por Riganti durante los años 2002 a 2007 y además, que el importe debía ser facturado por RHSA conforme así lo establece la cláusula cuarta.
Que sin lugar a duda el ingreso que recibe RHSA en concepto de “restitución de acciones promocionales”, es un ingreso gravado para la sociedad anónima, que debió haber sido declarado como tal sin más, máxime si RHSA computó como gasto las indemnizaciones laborales de los empleados en cuestión.
Ello así toda vez que podría haber ocurrido que RHSA no computara como gastos las indemnizaciones laborales pagadas dado que no fue quien desembolsó las sumas correspondientes, y en tal escenario tampoco declarara como ingresos dichas sumas, situación que no hubiera causado perjuicio fiscal alguno, ya que ingresos y gastos quedarían apareados, pero como ya se anticipara esto no fue lo ocurrido. En efecto, la recurrente computó el gasto / deducción y omitió declarar el ingreso de dichos importes otorgando un tratamiento asimétrico a la operación en cuestión, desvirtuando así el verdadero resultado del ejercicio y omitiendo el correspondiente impuesto, dejando de ingresar el tributo en su justa medida. Cabe recordar que al tratarse de una sociedad anónima, responsable comprendido en el art. 69 de la ley del impuesto a las ganancias, la misma establece en su art. 2° apartado 2° que se encuentran sujetos al impuesto “Los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos, cumplan o no con los requisitos del apartado 1°, es decir, con los requisitos de periodicidad, permanencia de la fuente y habilitación, por lo que queda gravado por el impuesto a las ganancias todo beneficio, sin que interese la naturaleza de tales ingresos, más aún cuando su onerosidad está fuera de discusión.
Que ello así, el Fisco Nacional entendió que los ingresos omitidos detectados corresponden ser gravados en su totalidad es decir por la suma de $6.726.027,83 y no solo por la suma informada en la declaración jurada en el rubro otros ingresos cuyo importe ascendió a $ 4.545.000,00.-.
Conforme lo expuesto asiste razón al Fisco Nacional en determinar un ajuste sobre base cierta respecto de la suma de $2.181.027,83, por la diferencia entre el total de indemnizaciones al personal reconocidas y abonadas por CMQ cuyo valor fue determinado en $6.726.027,83 y la suma de $4.545.000,00 declarada como otros ingresos por RHSA, lo cual arroja un mayor impuesto al declarado en su oportunidad, resultando de esta manera un impuesto determinado por el período fiscal 2008 de $861.313,98, que luego de la detracción de los importes a su favor provenientes de retenciones, pagos a cuenta y anticipos se arriba a un saldo a ingresar de $516.144,21.-.
V. Que por su parte, no habiendo agravios concretos con relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación. No obstante ello, corresponde recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (Cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por lo expuesto SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución N°134/2014 (DV ORR1) con costas.
Regístrese. Notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregado al expediente papel. Date: 2026.08.06 12:38:48 ART Date: 2026.08.06 13:23:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.06 17:11:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.06 17:11:46 -03:00
Fin de la sentencia