Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
I. Que mediante RE-2022-135365694-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2022-180-E-AFIP-DVRSAL#SDGOPII de fecha 22/11/2022, dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Salta de la Dirección General Impositiva (ex AFIP, hoy ARCA), a través la cual se determinó de oficio su obligación relativa al Aporte Solidario y Extraordinario (ASE) previsto por la Ley N° 27.605, para el período fiscal 2020, por un total de $11.765.923,90.- con más intereses resarcitorios por $8.925.590,65.- y se resolvió aplicar una multa de $11.765.923,90.- equivalente al 100% del Aporte omitido, bajo las previsiones del artículo 45 de la Ley 11.683.
En primer término, la parte actora plantea la nulidad de la resolución apelada, fundamentada en la existencia de graves irregularidades procedimentales que le habrían ocasionado un perjuicio concreto. Entre los vicios señalados, destaca la errónea valoración de la prueba producida en sede administrativa y la denegatoria arbitraria de los medios probatorios ofrecidos al contestar la vista.
Expresa que, el Fisco Nacional rechazó la producción de una pericial contable sin esgrimir argumentos válidos, lo que representó una clara vulneración de su derecho de defensa.
Asimismo, impugna la falta de motivación del acto administrativo, alegando que el organismo recaudador no explicitó de manera categórica los fundamentos de su pretensión sancionatoria. Sostiene que el Fisco Nacional omitió brindar una explicación técnica que justifique la imposición de la multa aplicada.
En otro orden de ideas, efectúa un análisis de la normativa aplicable al caso. Al respecto, destaca que el 4/12/2020 el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.605 por medio de la cual se creó el “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia”, que fue promulgada mediante el Decreto 1024/2020 y publicada en el Boletín Oficial el 18/12/2020, fecha en la que entró en vigencia.
Sostiene que el artículo 9 de dicha Ley establece que la aplicación, percepción y fiscalización del ASE estará a cargo de la (ex) AFIP y que resultan de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimiento Tributario y el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430). Asimismo, facultó a dicha Administración a dictar las normas complementarias para la determinación de plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación del ASE.
Sentado ello, se agravia de que el impuesto transgrede el principio de igualdad reconocido por el artículo 16 de la Constitución Nacional. En ese sentido, explica que resulta una diferenciación arbitraria y discriminatoria hacer un distingo con el único objeto de gravar exclusivamente a un minúsculo e irrisorio grupo de personas que tiene un patrimonio superior a $200.000.000 y no hacerlo con el resto de la población o una parte más numerosa de ella. Advierte que este argumento le resta validez constitucional a la Ley al direccionar el cobro de impuesto sobre solo el 0,02% de los residentes, prescindiendo de una contribución en función de la capacidad contributiva de toda la ciudadanía.
Plantea que en su caso particular, la tenencia de activos en el extranjero le impone una carga tributaria adicional superior a los $4.000.000, en comparación con lo que hubiera tenido que pagar si esos activos estuvieran radicados en el país. Argumenta que tal diferencia carece de justificación en función de su capacidad contributiva y advierte que la imposición de una carga diferencial por la radicación de los activos no constituye una pauta razonable ni que se pueda cumplir sin afectar el principio constitucional de libertad de comercio. En otro sentido, aduce la existencia de una identidad sustancial entre el Impuesto sobre los Bienes Personales (ISBP) y el ASE en lo relativo al hecho imponible, los sujetos, el período fiscal y la base imponible. Ello así, plantea que el marco regulatorio consagra una doble imposición entre ambos tributos. Afirma que la normativa consagra una doble imposición, toda vez que los mismos activos financieros ya fueron gravados por el primer tributo y serían objeto nuevamente bajo el ASE. Esta superposición implicaría que una misma persona deba tributar dos conceptos distintos sobre idéntico objeto y causa, diferenciándose ambos gravámenes únicamente por la alícuota aplicada.
Razona que los conceptos de no confiscatoriedad y derecho de propiedad están estrechamente ligados entre sí. En esa línea, indica que la actual presión impositiva que posee es confiscatoria por privarle de una parte sustancial de su renta y patrimonio.
Argumenta que, las alícuotas previstas en el ASE imponen una carga tributaria que supera los límites constitucionales de imposición, vulnerando de manera directa su derecho de propiedad. En ese sentido, afirma que el análisis conjunto de la imposición combinada en el ASE y el ISBP, resultará insoslayable la ilegitimidad constitucional de la norma. Plantea que la aplicación del gravamen en su caso particular resulta confiscatoria, toda vez que la obligación tributaria absorbe la totalidad de la renta generada e impacta sobre una porción sustancial del capital, afectando de este modo el derecho de propiedad y de capacidad patrimonial para continuar cumpliendo con las obligaciones fiscales.
Destaca que la intención del legislador al crear la ley fue recaudar fondos destinados a atender la emergencia sanitaria. En esa tónica, se agravia de que el Estado Nacional al pretender exigirle el pago del ASE, se apartará deliberadamente de la citada intensión legislativa, ya que solo un porcentaje menor de lo recaudado está destinado a la financiación de los fines que justifican y se invocaron para la sanción de la Ley. También esgrime que, pese a su invocación en la Ley, el principio de solidaridad no es aplicable al vínculo jurídico existente entre el Fisco Nacional y el contribuyente. Razona que, en materia de tributación patrimonial, la solidaridad no constituye un principio justificante de la imposición.
Asimismo, explica que también se lesiona el principio de razonabilidad reconocido en el Artículo 28 de la Constitución Nacional. En ese sentido, expone que la norma es irrazonable porque sus propios presupuestos y resultados llevan a situaciones intrínsecamente injustas. No hay lógica entre sus objetivos y sus resultados, ni hay razonabilidad en sus efectos.
En ese sentido, sostiene que se configuró una ficción legal mediante la cual se pretende financiar operaciones carentes de vinculación con los propósitos sanitarios que motivaron la sanción de la norma. Asimismo, indica que no le parece razonable, eximir del pago del gravamen a quien posee activos por un valor de $199.999.000.- mientras se obliga a tributar a aquel cuyo patrimonio alcanza los $200.000.000,01.-, sumado que se profundiza al imponer una carga de un impuesto de $4.000.000 si los bienes están en el país o $6.000.000 si los bienes están en el exterior, aun cuando el valor de dichos bienes y la capacidad contributiva del sujeto pasivo sea igual. Concluye que, discriminar según el lugar de ubicación de los activos, no es un criterio razonable.
En cuanto a los intereses, plantea la inviabilidad de los accesorios en función de la complejidad del asunto en discusión y del correcto comportamiento fiscal que siempre tuvo con el Organismo Fiscal.
Por otro lado, en lo que se refiere a la multa aplicada se agravia de que no se materializó el elemento objetivo puesto que el ASE, como instituto tributario, es un recurso público ilegítimo por transgredir un haz de axiomas previstos en la Constitución Nacional y que, incluso, originó acciones judiciales de impugnación habiéndose esto desarrollado precedentemente. Adicionalmente, arguye que tampoco se cristalizó el elemento subjetivo. Por último, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso, ofrece prueba pericial contable y formula reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que mediante IF-2023-45943616-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas.
III. Que, en la PV-2024-85116378-APN-VOCVI#TFN se resuelve que de conformidad con la facultad establecida en el artículo 35 del Reglamento de Procedimiento (IF-2023-74067906-APN-TFN#MEC, publicado por Resolución TFN 91/2023 en el B.O. del 3/7/2023), la audiencia preliminar de prueba deviene inoficiosa. A través de la PV-2025-70839535-APN-VOCVI#TFN se resuelve abrir la causa a prueba y hacer lugar al informe pericial contable ofrecido por la actora.
En el IF-2025-95744832-APN-DTD#JGM obra agregado el informe pericial presentado por los peritos contadores.
Bajo la PV-2026-17492360-APN-VOCVI#TFN se resuelve declarar la clausura del período probatorio y elevar las actuaciones a consideración de la Sala “B”. Seguidamente, en el IF-2026-17992279-APN-VOCVI#TFN se llaman los autos a alegar. En IF-2026-20081448-APN-DTD#JGM obran los alegatos del Fisco Nacional y en el RE-2026-23241036-APN-DTD#JGM de la actora.
En el IF-2026-28471260-APN-VOCVI#TFN se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
Expuesto lo que antecede, cabe resaltar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la recurrente. Conforme surge del informe final de inspección y de las presentes actuaciones, la recurrente registra inscripción en la actividad de “Servicios inmobiliario realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados NCP”.
Previamente corresponde indicar que la actora informó la existencia de la causa “V., C. contra Estado Nacional y otro sobre acción meramente declarativa de inconstitucionalidad – AFIP Ley 27.605” que tramita ante el Juzgado Federal de Salta N° 2 expediente: FSA 1690/2021. De allí, se consultó a la Sección Juicios Universales de División Jurídica (DI RSAL) mediante correo electrónico, si existe algún impedimento derivado de la misma para proceder a determinar el impuesto por la vía de determinación de oficio. El área consultada informa el 16/12/2021 que la Administración no fue notificada de la concesión de una medida cautelar que impida continuar con el trámite de determinación de oficio.
Como resultado de la fiscalización el Fisco Nacional constató la falta de presentación y pago de la declaración jurada determinativa del ASE, aun cuando la contribuyente poseía bienes que superaban el mínimo exento fijado por la normativa de tal Aporte.
Para ello, se consultaron las bases de datos del Organismo, las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales del ejercicio 2019, la declaración informativa del Aporte Solidario (F. 1556) presentada por la contribuyente y los papeles de trabajo confeccionados por el área de auditoría.
Con fecha 29/04/2021, se notificó un requerimiento a la actora a fin de que acompañara la documentación necesaria para el proceso. En respuesta, la recurrente presentó la totalidad de la información solicitada. La auditoría se limitó a verificar la declaración de bienes del patrimonio —tanto en el país como en el exterior—, su valuación y los movimientos patrimoniales realizados en los 180 días anteriores a la fecha de promulgación de la Ley 27.605.
Sobre la base de los datos aportados y los registros internos, se constató que la recurrente declaró en el Impuesto sobre los Bienes Personales un patrimonio total de $245.265.733,31 para el período 2019. Asimismo, durante el transcurso de la fiscalización, presentó la declaración correspondiente al período 2020, informando un patrimonio de $376.220.489,57.
Del análisis efectuado, el Organismo Fiscal observó que los bienes declarados en dichos períodos no sufrieron variaciones cuantitativas, a excepción de los títulos y acciones del exterior. Al respecto, mediante una presentación digital, la actora informó haber constituido en el país un fideicomiso integrado con títulos y acciones del exterior. En consecuencia, en la declaración jurada de 2020 del ISBP se registró una disminución de las inversiones externas respecto de 2019 y el alta del fideicomiso mencionado. Los fiscalizadores concluyeron que existía perjuicio fiscal, toda vez que en el ISPB dicho fideicomiso fue declarado como bien del país y en la informativa de ASE como un bien del exterior, ello a partir de la tasa mayor aplicable para estos últimos en tal Aporte.
Finalmente, se determinó un impuesto a ingresar de $11.765.923,90. Atento a que la contribuyente manifestó que no conformaría la determinación practicada, se procedió a hacerla efectiva mediante el acto administrativo aquí apelado.
V. Que en primer lugar y por una cuestión de lógica precedencia -aun cuando no hayan sido planteados como excepción previa- corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de nulidad vertidos por la actora por cuanto considera que el acto apelado contiene las siguientes irregularidades: a) incorrecta valoración de la prueba aportada en sede administrativa siendo que la misma sería determinante para la dilucidación del conflicto, b) la falta de producción de la prueba ofrecida -pericial contable- en la contestación de la vista y, c) la ausencia de fundamentación en la multa aplicada.
Al respecto cabe señalar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II, 9/10/96, entre otros).
Respecto a las restantes objeciones nulificantes que plantea la actora, en cuanto a la falta de motivación y fundamentación del acto apelado, cabe señalar que, desde lo estrictamente formal, la resolución apelada en autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Con respecto al argumento relativo a la denegatoria la prueba ofrecida en instancia administrativa -precisamente la pericial contable-, cabe indicar que la recurrente cuenta en instancia de este Tribunal con la posibilidad de ofrecerla y de hecho así lo hizo, por lo que no se observa que se haya vulnerado su derecho de defensa. Los actos impugnados consignaron el impuesto y los periodos fiscales implicados y se expusieron en forma detallada los cargos formulados, los hechos y el derecho que motivaron la imputación infraccional achacada. No se observa que haya existido perjuicio para la actora respecto del debido proceso adjetivo, ya que para ello es necesario que el vicio haya colocado a la parte en estado de indefensión, situación que no se verifica en estas actuaciones. En todo caso la recurrente pudo hacer ejercicio de su defensa plenamente ante este Tribunal Fiscal. En definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada, por lo su agravio debe rechazarse.
Corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra el acto determinativo apelado y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal, razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma (conforme doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia in re B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
VI. Que, reseñadas las actuaciones administrativas, corresponde desentrañar si la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho.
Previo a adentrarnos en las particularidades de la causa conviene resumir, en su parte pertinente, la normativa involucrada.
Así, el artículo 1° de la Ley 27.605 publicada en el Boletín Oficial el 18/12/20 dispone “Créase, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2° según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”.
Por su parte, el artículo 2° establece que “Se encuentran alcanzadas por el presente aporte: a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (...)”.
El art. 3° aclara que “Para los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2° de la presente ley, la base de determinación allí mencionada se calculará incluyendo los aportes a trusts, fideicomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
En ese sentido, la ley 27.605 en su art. 1° crea, con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario, obligatorio, que recaerá sobre las personas mencionadas en el artículo 2°, según sus bienes existentes a la fecha de entrada en vigencia de esa ley, determinados de acuerdo con las disposiciones de la misma, estableciendo un mínimo exento por debajo de los $ 200.000.000.
Cabe señalar en primer término que sin perjuicio del nomen iuris utilizado por el legislador, el Aporte Solidario y Extraordinario creado por la Ley 27605 se encuentra incluido dentro del concepto de “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General” al que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional. En efecto, se trata de “una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos determinados por la norma, en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir, y que se halla destinada a la cobertura de los gastos públicos” (CSJN, in re “Cladd Industria Textil S.A. Y otro c/Estado Nacional -SAGPYA resol. 91/03”, sentencia del 4/8/2009; “Camaronera Patagónica S.A. C/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, del 15/4/2014).
Tiene dicho el más Alto Tribunal que para arribar a la caracterización de un tributo, cabe prescindir de la denominación asignada por las normas y atender sólo a su naturaleza, pues no se trata de un problema terminológico sino sustancial (Fallos 303:640); y que para definir su carácter debe estarse a la realidad de las cosas y a la manera como incide (Fallos 280:176).
En ese sentido el Máximo Tribunal ha dicho que “la norma define un presupuesto de hecho que, al verificarse en la realidad del caso concreto, da origen a la obligación de ingresar al erario público una suma de dinero, en las condiciones establecidas por ella, siendo que tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado y que su cumplimiento se impone coactivamente a los particulares afectados, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia” (CSJN, in re “Pablo Horvath c/Nación Argentina”, Fallos 318:676, sentencia del 4/5/1995). En función de esa doctrina jurisprudencial cabe concluir que de las previsiones de la ley como de las de su decreto reglamentario, surge que el Aporte en cuestión constituye una contribución de carácter pecuniario, obligatoria, impuesta unilateralmente por el Estado mediante el dictado de una ley en sentido formal, dictada por el Congreso Nacional según el procedimiento consagrado en la Constitución Nacional, en circunstancias excepcionales en el contexto de una emergencia sanitaria.
El destino de los fondos recaudados no desvirtúa la naturaleza tributaria de la obligación pecuniaria creada por la Ley 27605. Tampoco la clasificación formulada por la Secretaría de Hacienda mediante la resolución 22/2021, que en su artículo 1° dispone incorporar “...el concepto ‘12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia’ en la clase ‘12.9 Otros’ del tipo ‘12. Ingresos no tributarios’ del clasificador de recursos por rubros”, forma obstáculo para considerar al aludido aporte como un tributo, dadas las circunstancias apuntadas más arriba en orden a la real naturaleza de dicho aporte–que se subsume en los términos que definen el tributo- (véase CNCAF, Sala I, en los autos “T.,S. c/ EN -AFIP- ley 27605 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 29 de marzo de 2022).
En definitiva se trata de una calificación que conduce a un encuadre y tratamiento administrativo de los recursos obtenidos como resultado de la aplicación de la gabela, que carece de virtualidad y efectos a los fines de mudar la naturaleza y rasgos esenciales de la misma -definidos por vía legal-, proceder que por lo demás, le está vedado llevar a cabo al Poder Ejecutivo por vía reglamentaria (en tal sentido, CNCAF, Sala II, in re “Tarasido, Germán Enrique Ignacio c/ EN AFIP Ley 27605 s/Amparo Ley 16.986, sentencia del 14/02/2023).
Sentado ello y entrando al análisis de los agravios constitucionales esbozados por la parte actora -los que deben ser analizados en esta instancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 185 de la Ley 11683-, debe recordarse que tal como ha señalado reiteradas veces nuestro Máximo Tribunal, la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico; por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos: 345:951).
La Corte Suprema sostuvo que “el control de constitucionalidad, aunque debe preservar el derecho de propiedad en el sentido lato que le ha adjudicado esta Corte, encuentra fundamento en que tal derecho –cuya función social se ha de tener presente- se halla con la medida de la obligación de contribuir a las necesidades comunes que pueden imponerse a sus titulares por el hecho de serlo” (Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, del 3/07/2009).
La Corte ha dicho también que “…escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301). Salvo el valladar infranqueable que suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder (Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 314:1293)” (“HERMITAGE S.A. C/ PEN – MeyOS”, 15/06/2010).
En cuanto a la afectación al principio de igualdad, cabe señalar que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, debe considerarse la condición de las personas que soportan los impuestos en orden al carácter y magnitud de la riqueza (arg. Fallos: 207:270), así como también que la igualdad en materia tributaria alude a establecer gravámenes idénticos a los contribuyentes en condiciones análogas (arg. Fallos: 138:313), lo cual comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación específica sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones (arg. Fallos: 149:417). Así pues, en el precedente “Unanué” (Fallos: 138:313) se dejó sentado que: “...la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución, importa, en lo relativo a impuestos, establecer, que en condiciones análogas deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes.
Fallos: tomo 132, página 198 y los allí citados. Que en ese mismo orden de ideas ha dicho la Suprema Corte de los Estados Unidos que la garantía constitucional mencionada no se propone erigir una regla férrea en materia impositiva, sino impedir que se establezcan distinciones, con el fin de hostilizar o favorecer arbitrariamente a determinadas personas o clases como serían si se hicieran depender de diferencias de color, raza, nacionalidad, religión, opinión, política u otras consideraciones que no tengan relación posible con los deberes de los ciudadanos como contribuyentes (Bell's Gap Railward Cº.V. Pennsylvania 134 U. S. 232). Que, en consecuencia, cuando un impuesto es establecido sobre ciertas clases de bienes o de personas debe existir alguna base razonable para las clasificaciones adoptadas, lo que significa que debe haber alguna razón sustancial para que las propiedades o las personas sean catalogadas en grupos distintos (Cooley On Taxation 3ª ed. página 75 y siguientes; Willonghby, On The Constitución, página 593)”.
En el precedente “Drysdale” (Fallos: 149:417), la CSJN afirmó: “Que la igualdad ante la ley, impuesta en el precepto citado, comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones. Y en materia impositiva esta Corte ha establecido reiteradamente que la observancia de aquél principio se cumple cuando en condiciones análogas se imponen gravámenes iguales a los contribuyentes”.
Asimismo corresponde señalar que en lo relativo al principio de capacidad contributiva, se ha señalado en distintos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la misma debe ser entendida como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular, a partir de la existencia de una riqueza en su posesión, siendo que constituye la causa jurídica del tributo (conf. JARACH, Dino, El Hecho Imponible, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996, ps. 85/86, 91, 102/103, 119; citado por la Sala III de la CNCAF en la causa 5267/2021; P., S. O. c/ EN-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO).
En el caso de la Ley 27.605 que aquí nos ocupa, se advierte que el hecho imponible ha sido establecido en base a un criterio de manifestación directa de capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo en virtud de la existencia de un determinado patrimonio, y siendo que la contribución será igual para todas las personas de igual capacidad contributiva. Ello así, es dable concluir en la ausencia de arbitrariedad en las clasificaciones realizadas por el legislador al definir el hecho imponible. Dicho ello, cabe analizar el agravio sustentado por la parte en cuanto a la pretendida alegación de confiscatoriedad del aporte determinado por el Fisco Nacional.
En particular, en relación al supuesto de confiscatoriedad, se ha señalado inveteradamente que, para que ésta exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros). Bajo tales pautas y como ha dicho esta Sala B en otros antecedentes (“Casino de Misiones”, del 19/07/2019), debe interpretarse que la confiscatoriedad no puede ser establecida sino a consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condicionan su aplicación; en definitiva, la violación del derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de la absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado, debiendo estarse al valor real de los bienes, no a su valuación fiscal, y considerar su productividad posible, esto es, su capacidad productiva potencial (Fallos: 314:1293 ya citado y sus citas). En esa línea conceptual se ha establecido asimismo, que la comprobación del índice de productividad es "siempre indispensable" (Fallos: 209:114) o un "elemento de juicio primordial e insustituiblemente necesario para estimar de un modo concreto y objetivo la gravitación del impuesto" (Fallos: 220:1082).
También se ha sostenido que la doble imposición no importa por sí misma violación constitucional (Fallos: 210:500, 257:127, 263:534, 327:1729, entre otros).
Cabe considerar que la manifestación de capacidad contributiva escogida por el legislador para establecer el ASE es el capital, patrimonio o riqueza -aunque únicamente sobre los bienes-, por lo tanto, no cabe considerar las rentas o ganancias reales que haya obtenido la recurrente, como elementos para establecer la posible confiscatoriedad en este tributo patrimonial.
En ese sentido, la Corte ha dicho que “la presunta conformidad de las leyes nacionales o provinciales con las normas constitucionales, que es el principio cardinal de la división, limitación y coordinación de los poderes en nuestro régimen institucional, no debe ceder -por transgresión a ese principio y a esas normas- sino ante una prueba contraria tan clara y precisa como sea posible y particularmente cuando se trata de impuestos creados por el Poder Legislativo en virtud de sus facultades no discutidas, cabe tener presente que el exceso alegado como violación de la propiedad debe resultar no de una mera estimación personal, aunque ella emane de peritos ilustrados y rectos, ni de circunstancias puramente accidentales y eventuales, sino de una relación estimada entre el valor del bien gravado y el monto de ese gravamen, al margen de accidentes transitorios y circunstanciales sobre la producción el aprovechamiento de aquél” (Fallos 207:238; replicado por la Corte en “Gómez Alzaga, Martín Bosco c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 21/12/1999).
En definitiva, en palabras de la Corte (in re “Gómez Álzaga”, antes citado), “...surgen principios básicos aplicables en casos semejantes: a) el carácter confiscatorio de los tributos debe relacionarse con el valor real y actual del bien o su potencialidad productiva; b) esta apreciación de una situación fáctica no debe surgir de una mera calificación pericial de la racionalidad presunta de la explotación sino de la comprobación objetiva de los extremos indicados precedentemente; y c) la acreditación del agravio constitucional debe ser clara y precisa, esto es, inequívoca.” (el destacado es propio).
Es por ello que la posible consideración de las rentas potenciales en el análisis de confiscatoriedad del ASE, sería viable frente a la intención de establecer una valuación de determinados bienes, a partir de la potencialidad de rentas –flujos futuros de rentas estimadas-, cuando dicha valuación difiera de la valuación fiscal establecida a los fines de este Aporte.
En el marco de esta doctrina de la Sala, cabe indicar que las conclusiones a las que arriban los profesionales intervinientes en la prueba pericial producida (vide informe pericial acompañado bajo IF-2025-95810818-APN- DTD#JGM) respecto de la renta neta por bienes afectados al ASE del ejercicio 2020, el disponible luego de pagar Impuesto a las Ganancias e ISBP y el consumo, la absorción del pago del ASE respecto de la renta y el capital y la estimación de la descapitalización no logran demostrar la posible confiscatoriedad del ASE en los presentes actuados. La incidencia porcentual que estiman los peritos -tercer punto de la pericia- del ASE determinado respecto del patrimonio según el ISBP al 31/12/2020 no pone en evidencia que el pago del aporte -sin considerar los demás impuestos- insuma una parte sustantiva de los bienes alcanzados por dicho gravamen al 18/12/2020. En función de ello, solo cabe confirmar la determinación del ASE, con costas.
VII. Que, en relación a los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación en este acto. No obstante, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000)
VIII. Que finalmente corresponde analizar el aspecto infraccional de la resolución en crisis. Tal como surge de los relatos, en el caso de autos se le aplicó a la recurrente una multa del 100% del aporte presuntamente omitido, con sustento en el artículo 45 de la ley de rito.
Cabe destacar que la sanción que se le pretende endilgar requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago de impuestos y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Casa Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”.
Respecto a la excusabilidad del error, cabe señalar que la jurisprudencia se ha inclinado por comprender tanto al error de hecho como al de derecho. Para que el error de derecho, en cuanto equiparable al de hecho pudiere resultar admisible, debe aducirse y demostrarse oscuridad en las distintas disposiciones de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo (CSJN -Morixe Hnos. SACI - 20/8/96). En efecto, la causal exonerativa del error excusable requiere para su viabilidad que sea esencial, decisiva e inculpable, extremos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquel a quien se le atribuye la infracción tributaria. El error es excusable si la conducta del infractor proviene de la certeza y de la convicción de la obligatoria aplicación de las normas fiscales de difícil y alambicada interpretación.
En tales condiciones, corresponde concluir que se encuentra acreditada en autos la materialidad de la infracción prevista en el art. 45 de la ley de procedimiento fiscal, toda vez que al ser sujeto del ASE y por poseer bienes en el país y en el exterior que superaban el mínimo exento fijado por la normativa, conforme lo expuesto previamente, debió presentar la declaración jurada por los bienes existentes en el país y en el exterior y realizar el correspondiente pago.
En cuanto a los argumentos de la actora respecto de la existencia de error excusable, por cuanto así lo sostiene la jurisprudencia invocada, los mismos no pueden tener acogida favorable, toda vez que resultan ser meras manifestaciones que al no ser acompañadas por elementos relevantes que sustenten su postura, no corresponde admitir la existencia y/o configuración del mismo.
En virtud de lo expuesto y de las circunstancias del caso, no se advierte mérito para apartarse de lo resuelto por el juez administrativo, correspondiendo en consecuencia confirmar la multa aplicada, con costas Por ello SE
Confirmar la determinación de oficio apelada en autos, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.03.31 10:36:56 ART Date: 2026.03.31 11:48:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.31 14:11:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.31 14:12:06 -03:00
Fin de la sentencia