Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2024-131999511-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la RESOL-2024-1247-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana San Lorenzo, en las actuaciones administrativas EX-2023-00489016--AFIP- SRRODVMENT#SDGCTI.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-12526878-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 4 de Febrero de 2026 Reunidos los Vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2024-131999511--APN-SGASAD#TFN:
“MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. C/ DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”,
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Mediante el RE-2024-131999134-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.” e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2024-1247-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en fecha 7 de noviembre de 2024 por el Jefe de Departamento de la Aduana San Lorenzo, en las actuaciones administrativas EX-2023-00489016--AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, por la cual se dispuso no hacer lugar a la solicitud de devolución de sumas en concepto de derechos de exportación fijados por el Decreto N° 133/2015, en relación a la Destinación Nro. 16057EC01010088P, cuyo valor asciende a dólares estadounidenses cuarenta y cinco mil (U$D 45.000,00), más sus intereses. Señala que la Aduana rechazó sin sustento ni pruebas la acción de repetición por ella interpuesta, vulnerando así la garantía constitucional del debido proceso.
La misma fundamenta el recurso de repetición en un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración, en base al cobro de tributos ilegales a la mencionada firma, menoscabando su propiedad. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, específicamente el fallo “Camaronera Patagónica S.A. c/ Dirección General de Aduanas” y solicita su aplicación al caso de marras por ser análogo. Ello en virtud de que, en ambos casos, se cuestiona la validez de una norma dictada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la cual se incrementaron las alícuotas de los derechos de exportación. Trae a colación lo dicho por la Corte, en cuanto a la naturaleza tributaria de los derechos de exportación, y alude que su imposición jamás podría ser realizada a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
Manifiesta que el pago de los derechos de exportación en virtud del Decreto N° 133/2015 resulta inconstitucional y violatorio de principios constitucionales básicos, como el principio de reserva de ley, por el cual se establece que la imposición tributaria es facultad exclusiva del Congreso de la Nación. Explica que, una delegación de facultades de este último en el Poder Ejecutivo para aplicar o incrementar derechos de exportación, es ilegítima siempre que no se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 76 de la Ley Suprema. En consecuencia, indica que dicha delegación no cumple con los preceptos establecidos por el artículo mencionado ya que permite que, en forma unilateral y sin el debido control formal, el Poder Ejecutivo pueda modificar tributos.
Asimismo, expone que la facultad que dispone el art 755 del C.A., y que fomentó el dictado del decisorio atacado, resulta inválido e inconstitucional. A su vez, plantea la nulidad de la resolución apelada por carecer de uno de los elementos esenciales que hacen al acto administrativo, como lo es la motivación. Esgrime la improcedencia de la tasa de interés establecida en el art. 3° de la Resolución MEYP 314/2004 y, solicita la aplicación de los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del C.A., en conformidad con lo dispuesto por la Resolución 598/2019 del Ministerio de Hacienda. Ofrece prueba, hace reserva de plantear el caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.
II. En el IF-2025-28409688-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido y mediante IF-2025-28405588-APN-DTD#JGM acompaña las actuaciones administrativas EX-2023-00489016- -AFIP- SRRODVMENT#SDGCTI. Comienza su relato con una breve reseña de los hechos y formula una negativa genérica. Relata los antecedentes normativos que otorgaron la facultad de establecer los derechos de exportación. Señala que, la interpretación que hace la actora del precedente “Camaronera” es desacertada y no respeta el análisis completo de dicha sentencia ni el sentido que quiso darle el más Alto Tribunal. Sostiene que dicho Tribunal ha declarado la invalidez de las alícuotas por los derechos de exportación y que, muy por el contrario, ha declarado la validez de dichos derechos.
Asimismo, afirma que dicho precedente no resulta asimilable al caso de autos, toda vez que no se trata de una norma carente de respaldo legal, puesto que el decreto cuestionado se encontraba sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la Ley N° 26.122. Manifiesta que el Decreto 131 se trata de una norma presidencial que, en forma razonable, ejerció una atribución expresamente reconocida al Poder Ejecutivo por la autoridad máxima del Poder Judicial en el leading case invocado. Luego, esa norma fue sometida al escrutinio del Poder Legislativo, conforme lo previsto en la Ley N° 26.122 que reglamenta el mandato dado por la Constitución Nacional, en el marco del cual fue mantenida su vigencia y validez desde el mismo momento que fue publicada, puesto que, por imperio de la interpretación armónica del texto de los artículos 17 y 24 de la Ley mencionada en último término, en tanto no sea rechazada la norma delegada ésta posee fuerza obligatoria.
Por otro lado, explica que al momento del dictado del Decreto N° 131/15 los elementos esenciales del tributo tenían rango legal y por ello el Poder Ejecutivo estaba facultado a modificar la alícuota del derecho de exportación, que ya existía pero que se encontraba temporal y exclusivamente en el 0%, es decir, que, mediante dicho decreto, el Poder Ejecutivo no ejerció la facultad del inciso a), apartado 1, del artículo 755 del Código Aduanero, sino la del inciso c). Explica que la necesidad de imposición general de gravámenes a la exportación de mercaderías por medio del Decreto 131/15 se vio fundamentada en una variación cambiaria que en la República Argentina tuvo pocos precedentes. Cita jurisprudencia que sustenta su postura.
Indica la limitación del artículo 1164 del C.A. en relación a la facultad de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de normas y explica que las situaciones fácticas diferencian al presente caso del precedente “Camaronera”. Solicita que se aplique el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en la causa “Cencosud S.A.” y los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del C.A. Manifiesta la inexistencia del pago sin reserva alguna ni bajo protesto. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que en fecha 2 de diciembre de 2025 (PV-2025-133572396-APN-VOCXXI#TFN) se elevan los autos a la Sala “G”, y, en fecha 5 de diciembre de 2025 (IF-2025-134969584-APN-VOCXXI#TFN), pasan a sentencia.
IV. La actuación administrativa EX-2023-00489016- -AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI se inicia con las copias del sobre contenedor de la destinación N° 16057EC01010088P y su documentación complementaria. Más adelante, obra el recurso de repetición de las sumas pagadas en concepto de derechos de exportación, interpuesto por la actora, en sede aduanera, en relación al P.E. antes mencionado. Luego, luce agregado print de pantalla del Sistema Informático Malvinas con los datos de la firma actora. A continuación, obran nuevamente copias de la destinación antes mencionada y documentación. Subsiguientemente, obra constancia de ingreso al sistema SIADERE y resumen de devolución cargada de acuerdo al Formulario 7458. Más adelante, luce un informe técnico por el cual se estipula que, al momento de la oficialización de la DDT, se encontraba vigente el Decreto 133/15, y que no correspondería dar curso a la solicitud de repetición. De inmediato, obra Informe de Pago N° PV-2023-00489018-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI por la cual se advierte el monto abonado por la firma en concepto de derecho de exportación y el tipo de cambio. Con posterioridad, luce la Providencia N° PV-2023- 00489018-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI por la cual se le hace lugar, a la actora, a la prueba documental ofrecida y no se le hace lugar a las pruebas pericial contable e informativas por dilatorias en los términos del artículo N° 1073 C.A. Como consecuencia, la recurrente interpone recurso de revocatoria a fin de que se revoque dicho proveído, el que se rechaza mediante la RESOL-2024-1123-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI. Por último, se dicta la RESOL-2024-1247-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI por la cual se rechaza la repetición solicitada por la firma. Luego se cursan a la actora las respectivas cédulas de notificación.
V. En primer lugar, corresponde tratar el agravio de la actora referido a la falta de causa y motivación suficientemente de la resolución aduanera apelada y vulneración del debido proceso.
En tal sentido cabe precisar que no se advierte cuál es el agravio concreto invocado por la actora, y que de la lectura de la resolución aduanera apelada se observa la expresión de los motivos que fundamentan el rechazo de la devolución intentada por la actora. Estos motivos –si bien pueden o no compartirse- excluyen considerar a la resolución apelada como carente de fundamentación.
Por otra parte, se advierte que en las actuaciones administrativas lucen los correspondientes informes técnicos que fundamentan el rechazo de la devolución solicitada.
Por su parte, en relación a la vulneración del debido proceso por haberse rechazado las pruebas ofrecidas en la instancia aduanera cabe señalar que, dada la posibilidad que tienen las partes, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables. Que ello así, corresponde rechazar el planteo efectuado por la actora en este sentido, ya que el vicio alegado no le causa indefensión o gravamen que no puede ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la CSJN, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos: 205-549 y 267-393).
VI. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”
VII. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación al Permiso de Embarque Nro. 16057EC01010088P, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 133/2015.
VIII. Las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164).
Por lo expuesto, voto por:
1).- CONFIRMAR la RESOL-2024-1247-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana San Lorenzo, en las actuaciones administrativas EX-2023-00489016--AFIP- SRRODVMENT#SDGCTI.
2).- Costas a cargo de la actora.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al fondo de lo resuelto, excepto en relación a las costas, que considero deben ser impuestas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- CONFIRMAR la RESOL-2024-1247-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana San Lorenzo, en las actuaciones administrativas EX-2023-00489016--AFIP- SRRODVMENT#SDGCTI.
2).- Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2026.02.04 08:23:01 ART Date: 2026.02.04 09:56:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.04 13:15:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.04 13:16:27 -03:00
Fin de la sentencia