Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-109689882-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, por los motivos expuestos en el considerando VI de la presente. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Revocar la RESOL-2022-6531-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 15/09/2022, en la actuación SIGEA N° 12210-1446-2013. Costas a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-61066831-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Sábado 20 de Junio de 2026 Reunidos los vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2022-109689882- -APN- SGASAD#TFN: “GLENMARK GENERICS S.A. c/DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución RESOL-2022-6531-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 15/09/2022, en la actuación SIGEA N° 12210-1446-2013, en cuanto condena a GLENMARK GENERICS S.A. al pago de una multa equivalente a $ 206.125,36 formulándole cargo, así como a la aseguradora CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. en concepto de tributos por la suma de U$S 49.312,29 (Derechos de Exportación, Tasa de Estadística e IVA), atento a encontrar a la importadora responsable de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en virtud de la mercadería importada temporariamente mediante destinación N° 11073IT14001566L, con vencimiento el 16/09/2012.
II. Fundamentos de la apelación: Mediante el IF-2022-109689794-APN-DTD#JGM, en fecha 14/10/2022, se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la resolución antes citada. En primer lugar, opone la excepción de prescripción de las acciones del Fisco, tanto para perseguir el cobro de los tributos como para imponer penas. En cuanto al fondo de la cuestión, explica que la mercadería importada fue debidamente reexportada y que ello se desprende de los permisos de embarque y CTC N° 6665/09 acompañados. Explica la relación insumo-producto, en cuanto al insumo importado y al producto incluido en los permisos de embarque. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2023-24226383-APN-DTD#JGM en fecha 06/03/2023, la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar una negativa genérica, defiende la vigencia de las acciones del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Cita jurisprudencia. En cuanto al fondo de la cuestión, relata que la infracción se configuró por no haber cumplido con los requisitos legales previstos por la norma. Explica que, tratándose de un caso de importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indubitablemente sobre los beneficiaros de regímenes especiales. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-1446-2013 se inician a fs. 1/13 con las constancias aportadas por la actora vinculadas a la reexportación de la mercadería. A fs. 14 y vta. obra el acta de denuncia N° 381/15. A fs.18 y 19 se efectuaron el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 25, en fecha 07/12/2016 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 28 y vta. se dispone correr vista de lo actuado. A fs. 41/42 y 49/58 se incluyen las contestaciones de vista junto a la documental acompañada. A fs. 93/101 se emite el acto apelado. A fs. 104/106 la actora da cuenta del recurso interpuesto y acompaña formulario F4.
V. Que en fecha 11/06/2026, por PV-2026-58359364-APN-VOCXXI#TFN, se elevaron los autos a la Sala “G” y, el 17/06/2026, pasaron a sentencia (IF-2026-60003556-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que, previo a todo, corresponde tratar la excepción de prescripción opuesta por la actora en el escrito de apelación.
Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario (obrante a fs. 25 de las actuaciones administrativas) se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al auto de apertura, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería, así como la liquidación de tributos (fs. 18/19).
Que, por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 16/09/2012 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2013.
Que, en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 07/12/2016, hasta ese momento habían transcurrido 3 años, 11 meses y 6 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 1 año y 25 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (07/12/2016) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 15/09/2022- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., y desde ese momento-cuando opera la reanudación- hasta la notificación a las partes (en fecha 21/09/2022) no transcurrió el plazo restante, razón por la cual la acción para perseguir el cobro de tributos se encuentra vigente.
Que, en lo atinente a la multa, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 16/09/2012 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2013.
Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 07/12/2016). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 08/12/2016, finalizando el 07/12/2021.
Que ahora bien, el art. 17 de la Ley N° 27.562 dispone la suspensión “(…) con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.”, es decir del 26/08/2020 al 26/08/2021. Que, en atención a ello, el nuevo plazo debe computarse desde el 08/12/2016 al 26/08/2020 y luego reiniciar el cómputo a partir del 26/08/2021. En efecto, del 08/12/2016 al 26/08/2020 transcurrieron 3 años, 8 meses y 18 días.
Es decir que del plazo quinquenal restaba cumplirse 1 año, 3 meses y 13 días los que debían computarse una vez que cesara la suspensión de la ley citada. Posteriormente, del 26/08/2021 a la fecha del dictado de la resolución aduanera apelada (15/09/2022) transcurrió 1 año y 18 días.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado, no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones, como tampoco aquella para perseguir el cobro de los tributos y, como consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
VII. Que debiendo abordar el fondo de la cuestión, cabe determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
VIII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos. Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, a mayor abundamiento, en cuanto a la documentación antes aludida, la CNCAF estableció que “…La prueba del cumplimiento de la obligación impuesta en razón de otorgamiento cae en cabeza de la beneficiaria, quien debe hacerlo por medio de la documentación aduanera correspondiente.” (Sala I, “Pellital SA c/ AFIP - DGA s/Dirección General de Aduanas” del 12/09/2023, Sala III, “Spadafora, Luis Horacio c/DGA s/ Dirección General de Aduanas”, del 19/05/21, “Boehringer Ingelheim SA c/ AFIP - DGA s/ proceso de conocimiento”, del 23/06/2021, Sala IV, “Aseguradora de Crédito y Garantías – TF 35007-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 7/04/22).
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que el Decreto N° 1330/04- a cuyo amparo se autorizó la operación en trato- establece que la mercadería “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6)
Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Por razones debidamente justificadas, el mencionado Organismo podrá autorizar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, cuando la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA comunique que el usuario ha presentado un informe técnico preliminar respecto del proceso de perfeccionamiento industrial involucrado, conforme las condiciones que establece el presente decreto. A los fines enunciados, los beneficiarios deberán contar con un dictamen o informe técnico elaborado por un organismo científico o tecnológico, cuya especialización y competencia sea acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación que se solicite. La Autoridad de Aplicación dispondrá los procedimientos y requisitos técnicos-administrativos para la implementación de lo establecido en el presente artículo.” (Art. 15)
X. Que mediante la DIT N° 11073IT14001566L la actora importó temporalmente, bajo el régimen antes citado 2 kgs. de Doxorubicina.
Que cuestionamiento efectuado por el servicio aduanero se sustenta en que “no coincide la Posición Arancelaria declarada en los P.E. con la del CTIT correspondiente.” (fs. 84, Nota N° 4265/22 SE OPRE) Que del cotejo de la documentación obrante en las actuaciones administrativas de la causa puede concluirse que, tal como explica la actora en el escrito inicial, los productos exportados se encuentran tipificados en el CTC aplicable a autos (N° 6665/09).
Que si bien es cierto que las P.A. referidas por el servicio aduanero no son coincidentes, no lo es menos que puede identificarse-a través de la documentación adjunta en las actuaciones administrativas y de la prueba documental aportada por la actora-que los productos exportados (Doxorubicina, en frascos de 10 mg. y 50 mg.) se encuentra receptado y tipificado en el CTC aplicable a autos.
Que más allá de la descripción de la mercadería, los cálculos efectuados sobre la cantidad de mercadería exportada en cada caso, en relación con la relación insumo producto de cada caso coinciden con aquellos declarados en la hoja de descarga de cada permiso de embarque. Que ello permite concluir que de los 2000 gr. de mercadería importada existió una parte que fue importada para consumo, mientras que el resto se reexportó en su nueva forma, conforme el siguiente detalle:
También fue aportada por la actora copias certificadas (de las constancias informáticas de su sistema interno, adjuntas en la prueba documental aportada en el RE-2022-109629120-APN-SGASAD#TFN) de donde se desprende que los códigos de producto incluidos en el CTC como X1401BD y X1401BE responden a los productos Doxorubicina de 10 mg. y 50 mg. respectivamente.
Que de los considerandos que constituyen la motivación del acto puesto en crisis no se advierte que se haya valorado o cuanto menos considerado los argumentos de la actora en relación al cumplimiento de los deberes impuestos por la normativa aduanera, más allá de las alegaciones genéricas referidas a la obligatoriedad del régimen y a su carácter excepcional.
Que, por lo expuesto, no cabe más que revocar el acto, con costas a cargo del Fisco.
Por todo lo expuesto, voto por:
1).- RECHAZAR el planteo de prescripción opuesto por la actora, por los motivos expuestos en el considerando VI de la presente. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa. 2).- REVOCAR la RESOL-2022-6531-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 15/09/2022, en la actuación SIGEA N° 12210-1446-2013. Costas a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, así como el sistema normativo sobre el cual versa la controversia, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADO-RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, se puede colegir que el auto de apertura del sumario fue dictado el 07.12.2016, en tanto la notificación al supuesto responsable se efectuó mediante la corrida de vista de fecha 03.06.2022. En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los casi diez años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (16.09.2012) y la corrida de vista operada el 03.06.2022.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. Por lo expuesto, voto por:
1).- Revocar la RESOL-2022-6531-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12210-1446-2013.
2).- Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR el planteo de prescripción opuesto por la actora, por los motivos expuestos en el considerando VI de la presente. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa. 2).- REVOCAR la RESOL-2022-6531-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 15/09/2022, en la actuación SIGEA N° 12210-1446-2013. Costas a cargo del Fisco.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.06.18 20:12:48 ART Date: 2026.06.19 10:37:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.20 12:47:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.20 12:47:44 -03:00
Fin de la sentencia