Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 20.440-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución Fallo N° 664/2014 (AD PASO).
2Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-14320411-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 9 de Febrero de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en la Causa N° 34.606-A: “CEMBRASS S.A. y OTROS c/ DGA s/ recurso de apelación”
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Fallo N° 664/2014 (AD PASO) dictada en la Actuación SIGEA N° 12311-1230-2011 (Sumario N° 978/2011), mediante la cual se condena a la firma transportista INTERFLET TRANSPORTES LTDA.; a CEMBRASS S.A. y al agente de transporte Walter Antonio Vargas, por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 954 apartado 1 inc. c) del Código Aduanero, intimándoseles al pago de una multa que asciende a la suma de $ 1.738.978,31. Ello, en relación a las destinaciones N° 11 042 TRAS 053885 F y 11 042 TRAS 053908 B.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 96/118 se presentan las coactoras mediante apoderado y con patrocinio letrado, e interponen recurso de apelación ante este Tribunal contra la referida resolución. En primer lugar, efectúan un breve relato de los antecedentes de la cuestión y plantean la nulidad de la resolución aduanera. En relación a dicho planteo, esgrimen que en el caso se aperturó sumario por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A. pero que se las condenó por la infracción prevista en el inciso c) de dicho artículo. Sostienen que tal proceder afecta las garantías del debido proceso y de defensa en juicio, así como el principio procesal de congruencia, el art. 1112 del C.A. y que la resolución resulta irrazonable y carece de los requisitos previstos en el art. 7 de la LPA.
Se agravian especialmente de la imputación a CEMBRASS S.A., destacando que en el caso se trató de tránsitos directos de importación donde el transportista y el agente de transporte actuaron como declarantes, siendo CEMBRASS S.A. la consignataria de la mercadería. Cita el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT). Manifiestan que en el caso del tránsito directo de importación, el declarante es el transportista y su agente, siendo ellos los obligados a presentar el MIC/DTA ante las respectivas aduanas de entrada y salida y cumplir con las obligaciones a su cargo, impuestas por la Res. N° 2392/91 y modificatorias. Seguidamente, afirman que en el caso no ha habido declaración inexacta.
Aluden a que la mercadería declarada en las destinaciones de tránsito coincide exactamente con la mercadería resultante de la comprobación. Destacan que la mercadería en tránsito no requiere el certificado de inocuidad reclamado por la Aduana y que no forma parte de la declaración comprometida efectuada por el transportista, enfatizando incluso que el SIM no permite el ingreso del dato relativo a la intervención de la Secretaria de Ambiente. En relación a la imputación del inciso c), sostienen que toda vez que la mercadería no se encontraba destinada a ser importada al territorio general aduanero argentino, sino que sólo ingresó al mismo en virtud de la destinación suspensiva de tránsito directo de importación, no se efectuó –ni debió efectuarse- ningún pago por la mercadería desde la Argentina.
Consideran que no ha habido lesión del bien jurídico tutelado, así como que tampoco se dan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal contemplado en el art. 954 del C.A. Subsidiariamente, pasan a fundar los agravios relativos a la imputación en los términos del art. 954 inc. b) del C.A. En tal sentido, afirman que en el caso no ha habido una transgresión –real o potencial- a una prohibición a la importación. Afirman que no puede considerarse que se ha producido una transgresión a una prohibición de carácter no económico en los términos del art. 610 inc. h) del C.A., toda vez que la mercadería sería utilizada como insumo en un proceso industrial y que, aun tratándose de residuos, los mismos se encontraban en situación de tránsito, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Basilea.
Por último, subsidiariamente, solicitan la aplicación del art. 898 del C.A. o bien de la adecuación de la multa en virtud de los artículos 915/916 del C.A. Finalmente, ofrecen prueba, plantean el caso federal y solicitan se revoque la resolución aduanera, con costas.
III. Contestación del traslado: Que a fs. 142/144vta. la representante fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. En primer lugar, efectúa la negativa genérica de rigor, negando todas y cada una de las afirmaciones, los hechos, el derecho, la documentación y las copias invocadas por las recurrentes, que no fueran expresamente reconocidas o bien surgieran de las actuaciones administrativas. Seguidamente, hace un brevísimo relato de los hechos y prosigue con la contestación del traslado. Rechaza el planteo de nulidad efectuado por las coactoras invocando el art. 14 de la LPA. Hace referencia al bien jurídico tutelado en el art. 954 del C.A. y cita jurisprudencia al respecto. Sostiene que las declaraciones aduaneras comprometen la responsabilidad de quienes las formulan. Citando la resolución aduanera, alude a que del análisis de la documentación surgiría que la mercadería ingresa al país a valores superiores a los registrados a su salida desde Brasil, así como los fletes se declaran a un valor menor (cuestión que no se relaciona en nada con la de autos). Finalmente, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución recurrida, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas Nro. 12312-1230-2011 (Sumario N° 0978 2011) se inician a fs. 1 con el E-MAIL Nro. 00403/11 (SE ANSE) de fecha 15/08/11. A fs. 2/3 obra impresión de pantalla de consulta de la PA 7404.00.00.100R. A fs. 4/5 obra el alerta N° 257/11 de fecha 25/07/11 bajo el asunto “Intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Tránsito/Trasbordo de Chatarras Metálicas”. A fs. 6 obra el Manifiesto de Carga N° 11 042 MANI 076022 S. A fs. 7 obra el Manifiesto de Carga N° 11 042 MANI 076044 W. A fs. 8/17 obra el EMAIL N° 497/2011 de fecha 24/08/11. A fs. 18 luce el Acta de Verificación N° 101/2011 de fecha 24/08/11. A fs. 19/20, con fecha 02/09/11, se resuelve aperturar sumario y correr vista a Vargas Walter Antonio, INTERFLET TRANSPORTES LTDA. y CEMBRASS S.A. por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A. e informándose el importe de la multa por la suma de $ 1.738.978,31.
A fs. 21 obra la constancia de notificación de dicha providencia a Walter Vargas en fecha 07/09/11. A fs. 29 obra la constancia de notificación de dicha providencia a CEMBRASS S.A. en fecha 14/09/11. A fs. 33 obra la constancia de retorno de correo argentino de la notificación de dicha providencia a INTERFLET TRANSPORTES LTDA. A fs. 34/38 obra copia de la Convención de Basilea. A fs. 39/53, con fecha 21/09/11, contestan la vista Walter Antonio Vargas e INTERFLET TRANSPORTES LTDA. mediante apoderado y a fs. 54/86 acompañan documental. A fs. 87/103vta., con fecha 28/09/11, contesta la vista CEMBRASS S.A. y acompaña documental a fs. 104/131. A fs. 132/149, con fecha en fecha 28/09/11, INTERFLET TRANSPORTE LTDA. amplia la contestación de vista y acompaña una nota confeccionada por CEMBRASS S.A. en la cual describe la utilización de la mercadería en cuestión.
A fs. 150 y vta., Walter Antonio Vargas e INTERFLET TRANSPORTES LTDA. solicitan, con fecha 04/10/11, la bajada de la carga a fin de liberar los medios de transporte. A fs. 151 luce Nota sin número y sin fecha dirigida a la Div. Prohibiciones No Económicas. A fs. 152, con fecha 13/10/11, se tienen por contestadas las vistas y se autoriza la descarga de la mercadería y se ordena proceder a tomar muestras de la misma efectos de su análisis por Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de conformidad con el Dto. N° 182/92 y Res. SAyDS N° 946/02. A fs. 154 se procede a la liberación de los medios de transporte AJL5805/IHG1976 y IFR8009/IGG6407. A fs. 155 luce Acta de Extracción de Muestras N° 111/11 de fecha 20/10/11.
A fs. 156 luce constancia de remisión de muestras a la Div. Prohibiciones No Económicas en fecha 18/11/11. A fs. 157/160 lucen presentaciones de la transportista y del ATA. A fs. 161 se proveen dichas presentaciones en fecha 08/03/12. A fs. 166/169 luce E-MAIL N° 86/12 (DE IESP) de fecha 02/10/12. A fs. 170, con fecha 04/10/12, el Administrador de la Aduana de Paso de los Libres dicta la Res. N° 936/12 (AD PASO) mediante la cual se ordena el reembarco de la mercadería amparada por las destinaciones 11042TRAS053885F y 11042TRAS053908B. A fs. 173/180 luce presentación del ATA de fecha 09/10/12. A fs. 181 y vta., luce presentación del ATA y transportista de fecha 13/04/12. A fs. 182 obra el Acta de entrega de mercaderías N° 06/12 de fecha 10/10/12.
A fs. 183/184 lucen los MIC/DTA AR152902843 y AR152902842. A fs. 185, con fecha 27/09/13, se declara la causa de puro derecho y se ordena poner oportunamente los autos para resolver. Finalmente, a fs. 187/190, obra la Resolución Fallo N° 664/14 (AD PASO), apelada en autos. Que, agregado por cuerda, luce el Alcance N° 12312-1230-2011/1, el cual se inicia a fs. 1/25 con copias autenticadas de documentación obrante en el expediente principal. (no se encuentra la foja 26). A fs. 27 luce la Nota N° 2413/11 (AD PASO) con la remisión de las muestras representativas de la mercadería secuestrada a la Div. Prohibiciones No Económicas en fecha 18/11/11. A fs. 28, luce la Nota N° 548/2011 (DV PNEC) de fecha 22/12/11, con la constancia de remisión de las muestras al ITEM.
A fs. 31/33 luce el Protocolo de Análisis LAB 83183. A fs. 34 luce la Nota N° 4121/12 (DV ITEM) de fecha 09/11/12 remitiendo los resultados de los análisis. Seguidamente, sin foliatura, obra agregada la resolución aduanera aquí apelada.
V. Que, a fs. 156/158 de autos la firma CEMBRASS S.A. solicitó se declarara la condonación de la multa en virtud de lo dispuesto por la Ley 27.260.
Que, conforme sentencia de fecha 11/08/21, obrante a fs. 168/169 de autos, se resolvió no hacer lugar a la condonación peticionada.
Que, apelado dicho pronunciamiento, con fecha 30/06/22, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió declarar condonada de pleno derecho la multa impuesta por la resolución aduanera aquí apelada, conforme surge de la copia agregada a fs. 210/213 de autos.
Que, en consecuencia de ello, el fisco nacional interpuso el recurso extraordinario federal, el cual fue concedido conforme constancia obrante a fs. 214 de autos.
Que, de este modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 30/04/24 declaró admisible el recurso extraordinario y revocó la sentencia de Cámara, ordenando el dictado de un nuevo pronunciamiento. En virtud del mismo, con fecha 10/12/24, esta vez la Sala I de la CNACAF, determinó que “… en aplicación de la decisión de la Corte Suprema, corresponde confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que rechazó la condonación de la multa impuesta a las firmas Cembrass SA, Interflet Transportes LTDA y al sr. Walter Antonio Vargas, en los términos del artículo 954, inciso “c”, del Código Aduanero y devolver la causa al Tribunal Fiscal de la Nación a fin de que, por quien corresponda, se dicte pronunciamiento sobre el plano sustancial del pleito. …” (ver fs. 224 y 232/234 de autos).
VI. Que, en cumplimiento del punto 2 de la sentencia antes aludida, con fecha 246 se ponen los autos a sentencia a fin de resolver si resulta ajustada a derecho la Resolución Fallo N° 664/14, apelada en autos, mediante la cual se condena a las aquí recurrentes por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 954 apartado 1 inc. c) del Código Aduanero.
VII. Que, en primer lugar, corresponde tratar la nulidad planteada por las coactoras en su recurso de apelación. Que, como fundamento de dicho planteo, consideran que la Aduana aperturó el sumario y corrió la vista respectiva por la supuesta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. b) del C.A., dando el trámite correspondiente a dicha imputación e incluso informando el importe de la multa calculada en una vez el valor de la mercadería, aunque termina condenando por la infracción prevista en el inciso c) de dicho artículo. Sostienen que tal proceder afecta las garantías del debido proceso y de defensa en juicio, así como el principio procesal de congruencia, el art. 1112 del C.A. y que la resolución resulta irrazonable y carece de los requisitos previstos en el art. 7 de la LPA.
Que, efectivamente, y conforme surge de las actuaciones administrativas, la Aduana de Paso de los Libres, en el marco del alerta Nro. 257/2011 (emitida por la subdirección de control aduanero respecto de los movimientos transfronterizos de residuos no peligrosos que requerían la previa intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), procedió a la verificación de la mercadería amparada por las destinaciones Nros. 11 042 TRAS 053885 F y 11 042 TRAS 053908 B, realizadas por el transportista INTERFLET TRANSPORTES LTDA., a través del ATA Walter Vargas. En dicha oportunidad, y tras la revisión documental, la división actuante determinó que se trataba del transporte de “residuo de cobre” sin contar con la autorización de la SAyDS, procediendo a la extracción de muestras a los efectos del análisis químico de la mercadería. Como consecuencia de ello, el servicio aduanero procedió a aperturar sumario contencioso y correrle vista al transportista, al ATA y a la firma importadora, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 954 inc. b) del C.A. Tras la intervención de la División Prohibiciones no económicas, la misma determinó (en base al resultado del informe proporcionado por el ITEM) que la mercadería no presentaba las características de un residuo peligroso. La resolución aduanera, en sus considerandos, sostiene que “… se produjo una transgresión a una prohibición a la importación, respecto de la mercadería importada, ya que al momento de la oficialización de la declaración aduanera, dicha mercadería se encontraba alcanzada por una prohibición o restricción legal por cuanto no contaba, con la debida autorización para su tránsito. Surge así que la conducta investigada en autos encuadra en el tipo descripto en el art. 954, ap 1., inc. b), del C.A. (…) la mercadería en trato no se convierte en prohibida porque no se acompañó el certificado exigido, sino que la misma resulta de importación prohibida salvo que se gestione el mismo previamente al libramiento a plaza de la mercadería, …”. Sin embargo, seguidamente, en su parte resolutiva, condena a las aquí recurrentes “… por haberse cometido la infracción al artículo 954 inc. c) del Código Aduanero …”.
Que, como se ve, y tal como lo señalan las coactoras en su planteo de nulidad, la resolución aduanera alude en sus considerandos a la imputación relativa al inciso b) del art. 954 del C.A., mientras que, en su parte resolutiva, y sin haber hecho mención a otra imputación en el trámite del sumario, condena a las aquí recurrentes por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 954 inciso c) del C.A. Recordemos que dicho artículo dispone, en cuanto aquí interesa, lo siguiente: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: (…) b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción; c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia.”.
Que, a poco que se recorre el trámite del procedimiento llevado a cabo en sede aduanera, el cual culmina con el dictado de la resolución que condena por una infracción por la cual no se las había imputado a las partes al aperturar el sumario y correrles la vista respectiva (habiendo contestado las firmas involucradas la vista en virtud de dicha imputación), resulta imposible no advertir que en el caso se da una palmaria afectación del principio de congruencia, con la correlativa vulneración del derecho de defensa de las partes y del debido proceso. Que, en un procedimiento sancionatorio, el órgano administrativo no puede imponer una sanción por un hecho diferente al que se formuló en la acusación inicial. Es decir que si el hecho en virtud del cual se aperturó el sumario infraccional era el relativo a la supuesta transgresión a una prohibición (inciso b del art. 954), por haber entendido la Aduana que la mercadería se encontraba alcanzada por una restricción legal, debiendo haber contado con el certificado de inocuidad, no podía terminar condenando e imponiendo una sanción por otra causal. En este caso, la relativa al ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto de que correspondía (inciso c del art. 954), sin darle a los imputados la posibilidad de defenderse respecto de la nueva calificación. Así lo ha entendido nuestro Máximo Tribunal al explicar que “El principio de congruencia exige la existencia de conformidad entre la sentencia, y las pretensiones y defensas deducidas en juicio, es decir, que debe mediar correspondencia entre el contenido de las pretensiones y oposiciones de las partes, y la respuesta que surge del órgano jurisdiccional en su pronunciamiento. …” (Fallos: 336:2429). En el mismo sentido, estableció que "... el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva" (Fallos:329:4634)
Que la Corte ha reconocido al referido principio el carácter constitucional, como expresión de los derechos de defensa en juicio y debido proceso, asegurando que el administrado pueda defenderse de los hechos que se le imputan. Resultando, por el contrario, inadmisible una incongruencia entre lo actuado en el procedimiento y la resolución definitiva.
Que, a mayor abundamiento, este Tribunal tuvo oportunidad de dictar sentencia fundándose en el principio en comentario en los autos “Pirelli Neumáticos S.A.I.C. c/ DGA s/ Apelación”, Expte. N° 126890310 (Sentencia del 21/06/23). En dicho caso, la inconsistencia se encontraba en que la resolución aduanera formulaba un cargo en relación a una destinación distinta a la involucrada en el sumario infraccional, y en virtud de ello, la Sala F entendió que “Esa inconsistencia –que por la complejidad de su composición puede aseverarse que no resulta un mero error material de tipeo- desnuda un vicio en la resolución en crisis que la afecta fatídicamente, pues las consecuencias de su incorporación en el objeto del casus, representan una flagrante violación al principio de congruencia, afectando el derecho de defensa en juicio a cuya tutela jurisdiccional efectiva nos conmina el ordenamiento fundante del sistema de justicia vigente.
Cabe recordar que el objeto procesal conformado por las circunstancias fácticas que constituyen el hecho que se imputa –aún en acciones constitutivas de la conducta infraccional- es un marco que deviene infranqueable para el juzgador, pues “...El principio de congruencia, como derivación del derecho de defensa, exige la identidad del hecho delictivo por el que se dicta la sentencia con el contenido en la acusación y con el intimado al imputado…” (…) lo que no puede admitirse es que se condene al administrado en base a distintos hechos de los que se derivan condiciones absolutamente distintas a aquellas por las que se defendió.
La férrea tutela del principio de congruencia tiene impacto directo en el derecho de defensa en juicio, al de debido proceso y al de propiedad y, por su trascendencia debe blindarse de cualquier afronta pues “el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos: de ahí que lo esencial sea "...que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias..." (Fallos: 315:106; 329:5903; 338:552 y CSJ 001460/2016/CS001 “Milantic Trans S.A. c/Ministerio de la Producción”, sentencia del 5/8/2021) …”.
Que, por lo demás, dicho pronunciamiento fue confirmado por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal (20/02/2024) y ha quedado firme por haberse declarado inadmisible el recurso extraordinario (21/03/2024).
Que, del mismo modo, la doctrina se ha referido al principio de congruencia insistiendo en que debe existir congruencia entre el hecho que se juzga y el reproche formulado al imputado, ya que “Nadie puede defenderse de aquello que no conoce”. Se resalta que en la práctica “… no es poco usual que se instruya un sumario por la presunta comisión de una infracción aduanera y que luego finalmente se condene al imputado por otra infracción aduanera. …”. En tales casos, se sugiere que “… la falta de una nueva vista al imputado, impedirá el debido ejercicio del derecho de defensa (visto que a partir del nuevo encuadre legal, las defensas serían probablemente diferentes) y, además, se le niega al administrado la oportunidad de convalidar la nueva imputación, el nuevo encuadre legal, abonando la multa correspondiente en tiempo y forma, conforme lo autorizan los arts. 930 y 932 del Código Aduanero, culminando las actuaciones , sin que quede registrado un antecedente infraccional en el Registro de Infractores de la Aduana. (…) el cercenamiento del derecho a la extinción de la acción penal aduanera sin el registro de antecedentes en el legajo del administrado podría asimilarse a la imposibilidad de despliegue de la mejor estrategia, enarbolada por la Corte como disparador de la aplicación del principio de congruencia a favor del administrado. …”. Asimismo, se destaca que “… la Corte Suprema ha considerado que en muchas ocasiones, el cambio de calificación jurídica no resulta irrelevante para el ejercicio de defensa, pudiendo el imputado –en aquellos supuestos- esgrimir nuevas y valiosas defensas. (Fallos 330:5020)”. (“El principio de congruencia y el derecho aduanero”, por Juan P. Cotter, publicado en Guía Práctica de Comercio Exterior y Anticipos del Nomenclador Arancelario Aduanero, Nro. 215, 15/06/12, pág. 3)
Que, por su parte, y con la jerarquía que merecen sus postulados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) ha sostenido que la garantía del debido proceso no sólo es aplicable a las tramitaciones realizadas en sede judicial sino también en sede administrativa. Consideró que es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. El debido proceso debe ser garantizado en todo trámite o actuación del Estado que pudiera afectar los derechos e intereses de los particulares, debiendo la administración actuar conforme a la legalidad y a los principios generales de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, permitiendo a los destinatarios de los actos administrativos ejercer su derecho de defensa. (Diario Tributario, Aduanero y Financiero Nro. 99, 10/02/16, “Principios procesales administrativos aplicados a la gestión aduanera”, Harry Schurig).
VIII. Que, en virtud de todo lo antes expuesto, corresponde hacer lugar al planteo efectuado por las recurrentes y declarar, en consecuencia, la nulidad de la Resolución Fallo N° 664/2014 (AD PASO) dictada en la Actuación SIGEA N° 12311-1230-2011 (Sumario N° 978/2011). De esta manera, una vez firme la presente, deberán remitirse a la D.G.A. las actuaciones administrativas de esta causa (Expte. Nro. 12311-1230-2011 y Alcance Nro. 12311-1230-2011/1), juntamente con copias certificadas de fs. 168/169, 210/214, 224 y vta., 232/234 de autos, así como también de la presente sentencia. Ello, a efectos de que se disponga una nueva corrida de vista a las aquí recurrentes informándoseles la imputación respectiva y el importe de la multa mínima (conf. arts. 930 y 932 del C.A.).
IX. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la parte vencida.
Por lo expuesto, voto por:
1. Hacer lugar al planteo efectuado por las recurrentes y declarar, en consecuencia, la nulidad de la Resolución Fallo N° 664/2014 (AD PASO) dictada en la Actuación SIGEA N° 12311-1230-2011 (Sumario N° 978/2011).
2. Remitir a la D.G.A., una vez firme la presente, las actuaciones administrativas Nro. 12311-1230-2011 y Alcance Nro. 12311-1230-2011/1, juntamente con copias certificadas de fs. 168/169, 210/214, 224 y vta., 232/234 de autos, así como también de la presente sentencia. Ello, a efectos de que se disponga una nueva corrida de vista a las aquí recurrentes, informándoseles la imputación respectiva y el importe de la multa mínima (conf. arts. 930 y 932 del C.A.).
3. Costas a la vencida.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr. Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. De acuerdo con la naturaleza de las cuestiones planteadas, corresponde analizar en primer término el planteo de nulidad formulado por la parte actora. En tal sentido, estimo que los agravios invocados no revisten la entidad suficiente como para justificar la declaración de nulidad solicitada.
Cabe señalar que el examen de nulidad que corresponde efectuar debe realizarse con criterio prudencial y no de manera automática, pues lo que esencialmente se requiere es la verificación de la eventual situación de indefensión que la irregularidad del acto administrativo pudiera haber generado.
En el caso bajo análisis, resulta claro que la irregularidad alegada por el administrado obedeció a un mero error material de tipeo por parte del servicio aduanero, el cual en modo alguno ha vulnerado el derecho de defensa del interesado. Ello se advierte en tanto que, en la propia Resolución Aduanera N° 664/2014, en el apartado de los considerandos, se efectúa un análisis de la conducta reprochada y se fundamenta la procedencia de la condena por la infracción prevista en el artículo 954, inciso b), del Código Aduanero, aun cuando en la parte resolutiva se consigne erróneamente el inciso c).
En efecto, los considerandos desarrollan un razonamiento plenamente compatible con la denuncia, la apertura del sumario y la correspondiente corrida de vista, lo que evidencia una clara congruencia entre los antecedentes del procedimiento y la imputación efectuada. Asimismo, la multa impuesta asciende a la suma de ARS 1.738.978,31, idéntico monto al consignado en la corrida de vista mediante la cual se imputó la infracción del artículo 954, inciso b).
Tan es así que el propio administrado, al interponer el recurso de apelación, articuló su defensa sustancial respecto de la infracción prevista en el artículo 954, inciso b), más allá del planteo de nulidad formulado, lo cual demuestra que el error material señalado no afectó la comprensión de los cargos ni el ejercicio del derecho de defensa. Ello confirma que la resolución cuestionada, pese al yerro advertido, ha sido congruente con la denuncia y con todo lo actuado en el trámite administrativo.
En consecuencia, aun cuando se admita la existencia de un error material por parte de la autoridad aduanera, lo cierto es que dicho defecto no ha generado un estado de indefensión para el administrado. A su vez, cabe recordar que en esta instancia jurisdiccional resulta posible subsanar cualquier irregularidad que hubiera podido producirse durante el procedimiento administrativo, criterio que se sustenta en la distinción entre los actos administrativos dictados en ejercicio de facultades regladas y aquellos emanados del ejercicio de facultades discrecionales. Esta interpretación encuentra sólido respaldo en la doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 205:549; 247:52; 267:393, entre otros), según la cual: “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se configura en la medida en que exista la posibilidad de subsanar dicha restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, garantizando ese derecho fundamental mediante el acceso a un órgano judicial que brinde tutela efectiva”. Tal como aconteció en autos, el recurrente ha acudido a este Tribunal, donde ha podido ofrecer y producir todas las pruebas conducentes para sustentar su pretensión (conf. “Mirror Holding S.A.”, 15/09/2006, expte. N° 20.440-I).
En virtud de lo expuesto, corresponde destacar que en la presente instancia el administrado ha ejercido plenamente su derecho de defensa, sin restricción alguna, aportando todas las pruebas que consideró pertinentes.
Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad deducido, en tanto las deficiencias señaladas no han producido un estado de indefensión ni ocasionado un perjuicio irreparable para la parte recurrente en esta etapa del proceso.
III. Sentado lo anterior, corresponde efectuar el análisis de la cuestión sustancial planteada en autos. Con fecha 10/05/2011, la empresa Cembrass S.A., domiciliada en la República de Chile, adquirió de Termomecánica São Paulo S.A., con domicilio en la República Federativa del Brasil, un total de 47.667 kg de chatarra de cobre, con destino a ser utilizada como insumo en su proceso productivo. La operación fue documentada mediante la factura comercial EXP-2934/11. De las constancias de la causa y de las fotografías agregadas surge que la mercadería consistía en restos de cables, caños y virutas de cobre, elementos habitualmente empleados como materia prima en procesos industriales, en particular en la actividad desarrollada por la firma chilena adquirente.
Toda vez que la mercadería debía circular por el territorio argentino para arribar a su destino final, al ingreso de los camiones por el paso fronterizo de Paso de los Libres se documentaron las destinaciones de tránsito 11 042 TRAS 053885 F (MIC/DTA N° BR186102654) y 11 042 TRAS 053908 B (MIC/DTA N° BR186102655), correspondientes a 22 pallets con 29.951 kg de chatarra de cobre y 22 pallets con 24.215 kg, respectivamente. Ahora bien, corresponde señalar que la infracción prevista en el artículo 954, inciso b), del Código Aduanero solo se configura cuando media una efectiva transgresión a una prohibición de importación o de exportación. A tales fines, el ordenamiento aduanero clasifica las prohibiciones atendiendo, por un lado, a su finalidad -económicas o no económicas- y, por otro, a su alcance, distinguiéndolas en absolutas o relativas.
Las prohibiciones de carácter económico tienen por objeto, entre otros fines, la protección del trabajo nacional y la prevención de desequilibrios en el mercado interno. Por su parte, las prohibiciones de naturaleza no económica responden a razones de interés público superior, tales como la protección de la salud pública o de la sanidad animal y vegetal, la conservación de las especies animales o vegetales, la preservación del ambiente y de los recursos naturales, así como la prevención de la contaminación, entre otras.
Cabe recordar que el artículo 613 del Código Aduanero —vigente al momento de los hechos— disponía que las prohibiciones de carácter económico solo resultaban aplicables a las importaciones y exportaciones para consumo, criterio que resulta coherente con la naturaleza de tales restricciones, orientadas a regular el mercado interno.
En efecto, las mercaderías sometidas a regímenes suspensivos, como el tránsito aduanero, no pueden permanecer indefinidamente en el territorio aduanero ni ingresar al comercio interno, debiendo necesariamente ser objeto de una destinación definitiva ulterior. En consecuencia, las prohibiciones económicas carecen de virtualidad respecto de este tipo de destinaciones, toda vez que no se produce afectación alguna al mercado nacional.
Por ello, tratándose en el caso de destinaciones de tránsito, la eventual aplicación del artículo 954, inciso b), solo podría configurarse ante la existencia de una prohibición de carácter no económico, circunstancia que corresponde analizar.
El servicio aduanero fundó su imputación en que la mercadería carecía de la autorización emitida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, conforme el Decreto 182/92, reglamentario de la Ley 24.051, y la Resolución SAyDS 946/2002.
Sin embargo, la Ley 24.051 y su decreto reglamentario regulan específicamente los residuos peligrosos. En autos se encuentra acreditado —mediante el informe técnico LAB N° 83183, emitido por el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías de la AFIP— que la mercadería analizada estaba compuesta por cobre en un 99,4%, concluyéndose expresamente que no revestía la calidad de residuo peligroso.
A partir de ello, resulta relevante destacar que la Resolución SAyDS 946/2002 no establece una prohibición respecto de los residuos o desechos no peligrosos, sino que prevé un régimen de intervención o autorización previa, estableciendo recaudos y requisitos formales. En tal sentido, aun cuando dicha tramitación no se hubiera cumplido, no puede equipararse automáticamente la ausencia de un certificado con la existencia de una prohibición en sentido estricto.
Ello se ve reforzado por el hecho de que ha quedado debidamente acreditado que la mercadería no generaba ni podía generar riesgo alguno para la salud o el ambiente, extremo que resulta central al momento de evaluar la razonabilidad de una eventual prohibición de carácter no económico, conforme los principios que inspiran el Código Aduanero.
En este contexto, extender el concepto de “prohibición” a toda exigencia de certificación o autorización previa, con prescindencia de la naturaleza de la mercadería, máxime cuando, del propio informe del Instituto Técnico de Examen de Mercaderías de la AFIP (actual ARCA) está probada la inexistencia de peligro concreto o potencial, importa una interpretación excesivamente amplia y carente de razonabilidad.
Máxime cuando se trata de una operación de importación de carácter suspensiva de tránsito directo, sin ingreso definitivo al territorio aduanero, y respecto de una mercadería que ha sido técnicamente calificada como no peligrosa por el propio informe técnico de la AFIP (Actual ARCA).
En síntesis, considero no ajustado a derecho ni a los principios de razonabilidad y proporcionalidad interpretar que, la falta de una autorización prevista por el incumplimiento de requisitos y condiciones formales que establece la normativa reglamentaria configure, por sí sola, una prohibición susceptible de encuadrar en el artículo 954, inciso b), del Código Aduanero.
Por las consideraciones realizadas, corresponde revocar la resolución apelada, dejando sin efecto la sanción impuesta por el servicio aduanero y absolver a los denunciados.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución Fallo N° 664/2014 (AD PASO).
2. Costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución Fallo N° 664/2014 (AD PASO).
2. Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2026.02.09 14:59:11 ART Date: 2026.02.09 15:22:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.09 16:19:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.09 16:20:13 -03:00
Fin de la sentencia