Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
I. Que mediante el RE-2023-32429513-APN-SGAI#TFN se presenta la actora e interpone recurso de apelación, en los términos del art. 76, inc. b), de la Ley N° 11.683 (t.o. y sus modif.), contra la Resolución N° 008/2023 (DV SRR1) y su modificatoria N° 27/2023 (DV SRR1), de fechas 3/2/2023 y 9/2/2023 respectivamente, dictadas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la DGI-AFIP, mediante las cuales se determinó la responsabilidad personal y solidaria del Sr. Alberto Rubén Ullrich, en su carácter de socio gerente, por el incumplimiento de las obligaciones impositivas de la deudora principal, Printerra S.R.L. En consecuencia, se le intimó el ingreso de la suma de $3.726.597,24, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 12/2016 a 12/2017, con más intereses resarcitorios calculados en $5.870.161,30; así como la suma de $6.669.007,17, correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2017, con más intereses resarcitorios por $8.835.078,45.
Asimismo, se dispuso la suspensión del sumario instruido hasta tanto recaiga sentencia definitiva en sede penal, de conformidad con lo dispuesto por el art. 20 del Régimen Penal Tributario.
Resulta necesario mencionar que las resoluciones recurridas encuentran su origen en el incumplimiento de la contribuyente principal -Printerra S.R.L.- respecto de las obligaciones determinadas mediante las Resoluciones N° 119/2022 (DV SRR1) y 120/2022 (DV SRR1) respectivamente.
En primer término, la actora sostiene que la Resolución N° 27/2023 subsana una resolución anterior -Resolución N° 008/2023-, y agrega que dicho accionar involucra una cuestión de fondo y no una mera rectificación de un “error material”.
Manifiesta que impugna y rechaza la responsabilidad solidaria e ilimitada que le fuera atribuida de oficio mediante acto determinativo, por considerarlo carente de fundamento fáctico y jurídico suficiente. Expresa que, en el caso, no se verifican los presupuestos legales que habilitarían la extensión de responsabilidad pretendida por el organismo fiscal.
Asimismo, esgrime que la potestad del Fisco Nacional de determinar de oficio y extenderle la responsabilidad personal y solidaria por el solo hecho de revestir el carácter de gerente de una sociedad colisiona con el principio de seguridad jurídica y vulnera derechos y garantías de jerarquía constitucional reconocidos a los particulares y a las empresas.
Afirma que el factor de atribución de responsabilidad de directores y gerentes reviste carácter subjetivo, razón por la cual entiende que el organismo recaudador debía acreditar previamente la existencia de dolo o culpa, y no fundar la pretensión fiscal en un régimen de responsabilidad objetiva.
Interpreta que la responsabilidad por deuda ajena y la extensión de la solidaridad a administradores y gerentes encuentran fundamento en los arts. 46 y 47 de la Ley N° 11.683 (sic) normas que -a su entender- describen conductas dolosas.
Detalla que Printerra S.R.L. presentó, durante los períodos involucrados, las declaraciones informativas “CITI Compras” y “CITI Ventas”, así como las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, circunstancia que -a su criterio- evidencia la inexistencia de ocultamiento o maniobra ardidosa tendiente a evadir tributos.
Cita doctrina y jurisprudencia en sustento a su postura, reiterando que la responsabilidad subjetiva no puede presumirse, pesando sobre el organismo fiscal la carga de acreditar los extremos que la configuran. Explica que las deudas intimadas tienen origen en la impugnación de operaciones concertadas con el proveedor Sr. Azcurra, quien fue incorporado a la base APOC en el año 2018, con efectos retroactivos al año 1998, bajo la calificación de “usina sin capacidad económica y financiera”. Sostiene que ello implica que el propio Fisco autorizó al mencionado sujeto a emitir comprobantes durante aproximadamente veinte (20) años, pretendiendo posteriormente responsabilizar a quienes contrataron con aquél.
Asevera que Printerra S.R.L., durante los años 2016 y 2017, no tenía motivos para abstenerse de operar con el mencionado proveedor, en tanto éste se encontraba formalmente autorizado por la AFIP para emitir comprobantes, los cuales –agrega- habrían sido oportunamente validados por el organismo recaudador. Se pregunta, asimismo, si no existe responsabilidad estatal derivada de la falta de fiscalización durante el referido lapso temporal, sosteniendo que el Fisco pretende trasladar a los particulares tareas propias de control y verificación.
Menciona que Printerra S.R.L. se encuentra en estado de quiebra desde el 14/07/2021 (sic), circunstancia que implicó el desapoderamiento de la fallida y el desplazamiento de la administración societaria, la cual pasó a encontrarse a cargo de la sindicatura interviniente, con la consecuente custodia de la documentación e información societaria a partir de dicha fecha.
En este sentido, expresa que la Resolución N° 120/2022 alude, entre sus fundamentos, al resultado de una inspección realizada en su domicilio particular – la cual califica como nula - pese a que la documentación de la sociedad se hallaba bajo la órbita del Juzgado interviniente y de la sindicatura concursal. Sostiene que dicha circunstancia evidencia la improcedencia de atribuirle falta de colaboración o incumplimiento en el suministro de documentación, en tanto la indisponibilidad de tales elementos derivaba del estado falencial de la sociedad y no de una conducta voluntaria de su parte.
Finalmente, sostiene que el accionar del Fisco Nacional vulnera las garantías constitucionales del debido proceso, el principio de inocencia y la responsabilidad por los actos propios, reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales incorporados a ella.
Acompaña prueba documental, ofrece prueba informativa y efectúa reserva del caso federal.
II. Que mediante el IF-2023-100047213-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco Nacional, acompaña las actuaciones administrativas y contesta el recurso interpuesto, negando todos y cada uno de los hechos y derechos invocados por la recurrente.
Manifiesta que la actora pretende reabrir una discusión que considera precluida, vinculada a las deudas determinadas mediante las Resoluciones N° 119/2022 (DV SRR1) y 120/2022 (DV SRR1), dictadas respecto de un tercero ajeno a la presente litis.
En tal sentido, afirma que la recurrente consiente el acto determinativo dictado a su respecto, toda vez que no desarrolla agravios concretos ni fundamentos suficientes que permitan desvirtuar la legitimidad de la resolución apelada.
Sostiene que la atribución de responsabilidad no ha sido automática ni objetiva, por cuanto no solo se acreditó la ostentación formal del cargo de socio gerente, sino también la efectiva disponibilidad y administración de los fondos societarios necesarios para cancelar las obligaciones tributarias adeudadas.
Asevera que constituye doctrina pacífica del Tribunal Fiscal de la Nación que, a fin de eximirse de responsabilidad, incumbe a la actora acreditar que Printerra S.R.L. la colocó en una situación de imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones fiscales, extremo que no ha sido probado en autos.
Cita jurisprudencia y doctrina que estima aplicables al caso, solicita la confirmación de los intereses resarcitorios determinados y se opone a la prueba informativa ofrecida por la recurrente.
Finalmente, formula reserva del caso federal y peticiona se confirmen los actos apelados, con expresa imposición de costas.
III. Que mediante el IF-2024-131664316-APN-DTD#JGM la actora sustituyó el patrocinio letrado e informó que Printerra S.R.L. no efectuó acogimiento alguno en los términos dispuestos en la Ley Nº 27.743. A través de la PV-2025-70839059-APN-VOCVI#TFN, se abrió la causa a prueba por el término de sesenta (60) días, haciéndose lugar a la prueba informativa ofrecida por la recurrente dirigida al Juzgado Comercial N° 31, Secretaría N° 61, en el marco del expediente comercial N° 28.714/2018. Asimismo, se rechazó la prueba informativa ofrecida, dirigida a la AFIP.
Que, mediante el IF-2025-126640649-APN-DTD#JGM la actora sustituyó nuevamente el patrocinio letrado. Por su parte, a través del IF-2026-11903074-APN-SGAI#TFN se agregó el oficio remitido por el Juzgado Comercial N° 31, Secretaría N° 61, mediante el cual se informó que la quiebra de Printerra S.R.L. fue clausurada por distribución final con fecha 07/02/2025, luego de haberse realizado íntegramente el activo y practicado la distribución final.
Posteriormente, mediante la PV-2026-47363508-APN-VOCVI#TFN, se clausuró el período probatorio y se elevaron las actuaciones a consideración de la Sala “B”.
Puestos los autos a alegar, hicieron uso de dicho derecho tanto la recurrente como el Fisco Nacional mediante los IF-2026-52611255-APN-DTD#JGM e IF-2026-49911749-APN-DTD#JGM respectivamente.
Finalmente, mediante la IF-2026-55149962-APN-VOCVI#TFN se llamaron los autos para dictar sentencia.
IV. Que corresponde a este Tribunal analizar la causa conforme a los términos en que ha quedado trabada la litis. En principio, cabe precisar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino únicamente a expedirse respecto de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/02/1987; “Stamei S.R.L. c/ Universidad de Buenos Aires s/ ordinario”, sentencia del 17/11/1987; C.N.C.A.F., Sala V, “Werner, Tomás M. c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento”, sentencia del 27/04/1998; “Congelados Macchiavello y Cía. S.A.”, sentencia del 26/04/2007, entre otros).
V. Que conforme surge acreditado en los antecedentes administrativos de la causa, mediante la Orden de Intervención N° 1.777.578 se inició la fiscalización para verificar el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 12/16 a 12/17, y el Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2016 y 2017, a la firma Printerra S.R.L. Cabe agregar que la citada empresa tenía como actividad declarada la impresión de diarios y revistas, con cierre fiscal de ejercicio en el mes 12 – diciembre-.
Así las cosas, mediante la Resolución N° 119/2022 (DV SRR1), de fecha 1/07/2022, el Fisco Nacional determinó de oficio a la firma Printerra S.R.L., con carácter parcial y sobre base cierta, la obligación tributaria correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 12/2016 a 12/2017, reclamando asimismo los intereses resarcitorios correspondientes y dejando expresa reserva de aplicar las sanciones previstas en el art. 20 de la Ley Penal Tributaria.
A su vez, mediante la Resolución N° 120/2022 (DV SRR1), también de fecha 1/07/2022, el organismo fiscal procedió a determinar de oficio, con carácter parcial y sobre base cierta, la obligación tributaria de la firma Printerra S.R.L. en el Impuesto a las Ganancias, correspondiente a los períodos fiscales 2016 y 2017, estableciendo un saldo a favor del Fisco respecto de este último período, con más los intereses resarcitorios pertinentes, y dejando igualmente expresa reserva de aplicar las sanciones contempladas en el art. 20 de la Ley Penal Tributaria.
Que de las constancias de autos y de los antecedentes administrativos acompañados por el organismo recaudador se desprende que las resoluciones determinativas dictadas respecto de Printerra S.R.L. adquirieron firmeza, en tanto transcurrieron los plazos previstos en el artículo 76 de la Ley N° 11.683 sin que aquellas hubieran sido recurridas.
En tal inteligencia, y conforme lo anteriormente expuesto, a la fecha del requerimiento efectuado al recurrente en autos -mediante vista notificada el 14/9/2022-, la deuda resultaba plenamente exigible a la deudora principal, Printerra S.R.L., quien no canceló las sumas adeudadas. En consecuencia, el organismo fiscal procedió a iniciar la correspondiente determinación de oficio respecto del Sr. Ullrich, en su carácter de socio gerente de la mencionada sociedad, mediante la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria previsto en la ley ritual.
VI. Que sentado ello, en primer término, corresponde señalar que el proceder del Fisco Nacional, en cuanto subsanó la Resolución N° 008/2023 mediante la Resolución N° 27/2023, resulta ajustado a derecho. Ello así, por cuanto el art. 116 de la ley N° 11.683 reconoce expresamente la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, cuyo Decreto Reglamentario prevé en su art. 101 la posibilidad de rectificar errores materiales o aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto administrativo. En el caso de autos, la Resolución N° 27/2023 se limita a subsanar un error material contenido en la Resolución N° 08/2023, consistente en la incorrecta consignación del número “129”, sin modificar en modo alguno el contenido sustancial, fundamentos, alcances ni efectos jurídicos del acto primigenio. Se trata, pues, de una mera corrección numérica que no incide sobre la decisión administrativa adoptada.
Asimismo, cabe señalar que el efecto retroactivo propio del acto subsanador resulta legítimo, en tanto la rectificación efectuada mediante un nuevo acto administrativo no importa una modificación sustancial del acto originario ni la alteración de situaciones jurídicas consolidadas, sino únicamente la corrección formal de un error material manifiesto. En tales condiciones, la subsanación se integra al acto originario y produce efectos desde la fecha de su dictado, en tanto se limita a exteriorizar adecuadamente la verdadera voluntad administrativa ya expresada al momento de su emisión (conf. Gordillo, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo, cap. XII pág. 4).
Por lo demás, no se advierte afectación alguna al derecho de defensa de la actora, toda vez que la corrección introducida no modificó los cargos formulados, los fundamentos de hecho y de derecho ni el alcance de la pretensión fiscal, manteniéndose incólume la posibilidad de ejercer plenamente las defensas y planteos que estimara pertinentes.
VII. Que, en relación con los agravios introducidos por la recurrente tendientes a cuestionar la procedencia de los ajustes practicados a la sociedad, incluyendo la alegada vulneración de garantías constitucionales, cabe señalar que, en un precedente reciente en el que también se debatió la responsabilidad personal y solidaria del apelante - autos "Romero, Jorge Omar s/ Apelación", Sala "B", sentencia del 29/4/2026-, el actual vocal instructor de la presente causa adhirió al voto del Dr. Pérez, oportunidad en la que se sostuvo que: “(…) Al respecto es dable señalar que en principio la materia a considerar en el caso sub examine recaería en los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente (la que como se dijo es reconocida por el propio actor), careciendo de aptitud aquellos enderezados a cuestionar la legitimidad de la determinación de oficio efectuada por el Fisco respecto del deudor principal, toda vez que este Tribunal Fiscal debe acotar su examen a los aspectos que permitan clarificar la actuación del hoy recurrente en orden a su eventual responsabilidad tributaria solidaria. No obstante ello, excepcionalmente pueden analizarse aspectos de fondo de la deuda determinada cuando éstos son necesarios para clarificar si aquella es efectivamente imputable al período o gestión del responsable solidario (…)”.
En virtud de ello, los agravios articulados tendientes a cuestionar el ajuste principal -incluso mediante el planteo de una eventual nulidad de la inspección llevada a cabo en el marco de la Resolución N° 120/2022- resultan, a todas luces, improcedentes, toda vez que no se verifican en autos las mencionadas circunstancias que habilitarían el análisis de cuestiones atinentes a la validez del acto y al fondo de la deuda determinada.
Asimismo, en nada modifica el criterio expuesto lo manifestado por el recurrente en ocasión de alegar, correspondiendo tener presente que, en dicha instancia procesal las partes valoran la prueba rendida en la etapa anterior, encontrándose vedada la incorporación de hechos o pruebas nuevas (ALSINA, Hugo, Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ediar, Buenos Aires, 1961, t. III, p. 707).
VIII. Que sentado lo expuesto, corresponde seguidamente examinar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad personal y solidaria que el Fisco Nacional endilga al recurrente.
A fin de lograr un adecuado esclarecimiento de la cuestión debatida, corresponde detenerse en la naturaleza jurídica de la responsabilidad solidaria, para así extraer los presupuestos a los que la ley subordina el nacimiento de la categoría de deudor solidario.
Al respecto, es sabido que la doctrina tradicional, al delinear la figura del responsable, tuvo en consideración que, en las diversas legislaciones, además del sujeto pasivo del impuesto, se declara obligado al pago del tributo -o al cumplimiento de otros deberes fiscales- a una persona distinta, en razón de una relación de hecho o de derecho existente entre el “responsable” y el contribuyente (en este sentido, entre muchas otras, véanse las obras de Giannini, “Istituzioni di Diritto Tributario”, y Martínez, “Estudios de Derecho Fiscal”).
En efecto, y tal como lo señala Jarach, sólo el sujeto pasivo principal -esto es, el deudor por título propio o “contribuyente”- puede ser determinado sin necesidad de una norma expresa, por cuanto surge de la propia naturaleza del hecho imponible. Todos los demás sujetos pasivos se distinguen de aquél porque, aun cuando mantengan alguna relación con la hipótesis de incidencia de la obligación tributaria, dicha relación no resulta lo suficientemente estrecha como para constituir la causa jurídica del tributo. De ello, se extrae la importante consecuencia de que sólo el criterio de atribución del hecho imponible al contribuyente es necesariamente un criterio económico; para los otros obligados, el criterio de atribución debe resultar explícitamente de la ley y puede ser de cualquier naturaleza (Jarach, Dino; "El hecho imponible", p.177/179).
Asimismo, la doctrina especializada ha entendido que no basta con que una persona revista formalmente el carácter de director, gerente o representante de una persona jurídica para que le sea atribuida responsabilidad solidaria, debido a que no se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva, sino subjetiva, derivada de una conducta que importe el incumplimiento de los deberes impositivos a su cargo. Y, a su vez, se agrega que, para que dichos deberes puedan considerarse propios del contribuyente, resulta necesario que el sujeto administre bienes de éste o disponga de ellos en ejercicio de sus funciones, pues sólo así puede incurrir en el incumplimiento de las obligaciones legales cuyo quebrantamiento da lugar a la responsabilidad prevista por la norma (conf. Diez y Ruetti, “Ley de Procedimiento Tributario comentada”, pág. 100).
Bajo tales premisas, cabe señalar que el mecanismo legal antes descripto fue receptado por la Ley ritual en los arts. 6 y 8, respectivamente -y no en los citados arts. 46 y 47, en los que erróneamente pretende encuadrarse el apelante- máxime cuando en el caso de autos no se aplicaron multas en los términos de los artículos invocados, y siendo que el organismo fiscal incluso efectuó expresa reserva de promover las sanciones que pudieran corresponder en el marco de la Ley Penal Tributaria (vide Resolución 08/223, pág. 13).
En efecto, el art. 6° de la Ley N° 11.683 dispone que “están obligados a pagar el tributo al Fisco, bajo pena de las sanciones de esta ley (...) con los recursos que administran, perciben o disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etcétera, en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables (...) d) los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refieren los incisos b) y c) del art. 5°”. (el resaltado no está en la ley).
Por su parte, el artículo 8° de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que: “responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los puntos a) a e), del inciso 1, del artículo 6°, cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizaran su situación fiscal dentro de los quince (15) días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio (...)”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) c/ DGI”, de fecha 11/02/2014, sostuvo que “(...) la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida (...)”.
Tal conclusión resulta acorde con la doctrina sentada por el Máximo Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769), donde se señaló que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena ”.
En el caso de autos, no sólo venció el plazo de la intimación cursada al deudor principal, sino que, además, las resoluciones mediante las cuales se determinó la deuda han quedado firmes, al no haber sido recurridas dentro del plazo legalmente establecido.
Por otra parte, la doctrina ha entendido que, aun cuando el presunto responsable cuente con facultades de administración, percepción o disposición de fondos, podrá eximirse acreditando que dicha responsabilidad no le es imputable subjetivamente – recaudo introducido por la ley de reforma 27.430 en reemplazo del anterior texto en cuanto éste último exigía la demostración que los propios entes administrados lo hayan puesto en imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con sus deberes tributarios -. En efecto, la mencionada doctrina ha entendido que, si bien se ha cambiado la terminología, se mantienen idénticos efectos (conf. Gómez, Teresa y Folco, Carlos; Procedimiento Tributario, pág. 135).
Por consiguiente, la carga probatoria respecto de las circunstancias eximentes de responsabilidad recae sobre quien pretende sustraerse a ella, pues “la ley presume en el representante la suma de facultades necesarias para conocer, decidir y materializar el cumplimiento de las obligaciones impositivas del representado, en cuanto las mismas tengan por causa hechos o situaciones relativos a la representación (…) sin otra excusa valedera que no sea la imposibilidad de llevarla a cabo por impedimento surgido de acto u omisiones del propio representado” (conf. Gomez, Teresa y Folco, Ob. Cit. pág. 137).
En este contexto, corresponde al responsable solidario aportar prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar este principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión de los cargos y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re “Méndez, Ernesto Juan” (9/3/2010), en la que textualmente dijo: “En esas condiciones, resulta de aplicación lo previsto en el artículo 7° de la ley 11.683 t.o. en 1998 cabiendo pues, imponer (…) la responsabilidad solidaria frente al cumplimiento de la obligación, de la que sólo se hubieran podido desligar si hubiesen demostrado debidamente ante la administración que su representante lo colocó en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales (art. 8º, ley cit.). Que esta responsabilidad solidaria no resulta más que la aplicación del principio general en materia de sociedades contenido en la ley 19.550, que en su artículo 59 establece que los administradores y representantes de aquéllas "que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión (…)”.
Cabe adelantar que el recurrente no ha producido prueba alguna tendiente a demostrar que fue colocado por la contribuyente -deudora principal- en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con los deberes fiscales que le incumbían.
Antes bien, de las probanzas colectadas por el Fisco Nacional, agregadas en los antecedentes administrativos, se desprende que el Sr. Ullrich, Alberto Rubén:
i. Ejerció el cargo de Socio Gerente de Printerra S.R.L (ver el contrato constitutivo – suscripto en fecha 6/9/2013- de la mencionada firma, cuyo artículo décimo dispone: “(...) a) GERENCIA: se designa Gerente por el plazo de duración de la sociedad a Alberto Rubén Ullrich, quien acepta el cargo conferido (...) – asimismo luce agregada la constancia del Boletín Oficial-.
ii. De dichas actuaciones administrativas se desprende también que el aquí recurrente revestía el carácter de representante legal y socio mayoritario de la firma.
iii. A fs. 8/12 del Anexo acompañado y del Informe Final de Inspección obrantes en los antecedentes administrativos, lucen agregadas las circularizaciones remitidas al Banco Galicia y al Banco Ciudad, así como las respuestas brindadas por dichas entidades, en las cuales figura el Sr. Ullrich como responsable de las cuentas bancarias abiertas a nombre de Printerra S.R.L., circunstancia que, prima facie, acredita que operaba y disponía de los fondos de la sociedad deudora.
iv. Obran agregadas las DDJJ Ley 17.250 – F.522 A- suscriptas por el recurrente en su calidad de socio gerente.
De ello se colige que el Sr. Ullrich participaba activamente en el giro empresario y suscribía documentación vinculada con la operatoria comercial y tributaria de la sociedad, por lo que no resultaba ajeno al manejo y administración de la firma. En efecto, en su carácter de socio gerente de Printerra S.R.L., se encontraba a cargo de la administración societaria en los términos del art. 157 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Se trata, en definitiva, de actos reveladores de un efectivo ejercicio de administración y gestión societaria, extremos relevantes a los fines de analizar la procedencia de la responsabilidad personal y solidaria prevista en el art. 8°, inc. a), de la Ley N° 11.683.
En tal inteligencia, cabe destacar que, quienes administran o disponen de los fondos de los entes sociales son los obligados al cumplimiento de los deberes tributarios, alcanzándolos la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurran, derivando, de su conducta, la solidaridad respecto de las obligaciones fiscales adeudadas. Que, en tal contexto, se reitera aquí que resulta aplicable al caso la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", en tanto la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues tal como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción; exigencia que debe ser interpretada en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, siendo el interesado quien debe alegar y probar que la responsabilidad no le es imputable subjetivamente.
Que si bien el Sr. Ullrich, manifiesta genéricamente que Printerra S.R.L. cumplió con sus obligaciones fiscales, cabe precisar que esa mera afirmación no lo exime de la responsabilidad que, en el ámbito fiscal, le acarrea su carácter de socio gerente de la aludida firma y, por ende, del carácter de responsable solidario por los incumplimientos incurridos por la sociedad que representa, todo ello en virtud de su designación en fecha 06/09/2013 y del efectivo ejercicio del cargo durante los periodos objeto de reclamo en el sub examine, lo cual – conforme las probanzas colectadas - está fuera de discusión.
En efecto, el recurrente no ha aportado elementos idóneos tendientes a demostrar la configuración de alguna causal eximente que permita relevarlo de la responsabilidad atribuida, limitándose a efectuar manifestaciones genéricas vinculadas a la improcedencia del ajuste fiscal practicado a la sociedad fallida. En particular, no se ha acreditado que hubiese sido colocado en una situación de imposibilidad material o jurídica de cumplimiento de los deberes tributarios cuya omisión dio origen a la deuda determinada, ni tampoco que hubiera carecido de intervención efectiva en la administración societaria durante los períodos objeto de fiscalización. Que, si bien obra en autos el oficio del Juzgado Comercial N° 31 mediante el cual se informa la declaración de quiebra de la contribuyente principal con fecha 12/07/2021 y el consecuente desapoderamiento de sus bienes, con el correlativo desplazamiento de las facultades de administración en favor de la sindicatura interviniente, lo cierto es que dicha circunstancia resulta sobreviniente respecto de los períodos fiscales determinados -correspondientes a los años 2016 y 2017-, durante los cuales el recurrente ejercía plenamente las funciones de administración de la sociedad.
En tales condiciones, la ulterior pérdida de la administración societaria derivada del estado falencial carece de entidad suficiente para neutralizar la responsabilidad atribuida por incumplimientos tributarios configurados con anterioridad a la declaración de quiebra.
A mayor abundamiento, y en atención a lo invocado por el recurrente al momento de alegar, cabe añadir que, sin perjuicio del oficio remitido por el Juzgado Comercial N° 31, este Tribunal Fiscal -en ejercicio de las facultades conferidas en procura de la verdad material conforme al art. 164 de la ley ritual- procedió a efectuar una consulta pública en el sitio web del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar), de la cual surge que, en el proceso falencial mencionado, el organismo recaudador verificó tardíamente - mediante incidente - el crédito invocado sin que conste, en el proyecto de distribución elaborado por la sindicatura interviniente, que el Fisco hubiera percibido suma alguna en cancelación de la deuda insinuada.
Asimismo, con respecto al planteo introducido respecto a la presunta inexistencia de una sentencia dictada en sede falencial, cabe señalar que, la exigibilidad de la obligación tributaria respecto del aquí recurrente, no depende del dictado de un pronunciamiento jurisdiccional en el marco de la quiebra, sino de que el contribuyente principal haya sido intimado de pago y haya transcurrido el plazo de quince (15) días previsto en el art. 17 de la ley ritual (conf. Fallos: 337:58). En el caso de autos, los actos determinativos fueron debidamente notificados tanto al domicilio del deudor principal como a la sindicatura interviniente, adquiriendo firmeza ante la ausencia de impugnación dentro de los plazos legales pertinentes. En tal sentido, la verificación del crédito en el proceso falencial no tiene carácter constitutivo, sino que persigue únicamente el reconocimiento de la legitimidad de la acreencia y su incorporación al pasivo falencial (conf. Rouillon, Adolfo A. N., comentario a los arts. 32 y 36 de la LCQ).
Que, por lo tanto, a partir de los elementos reunidos en el sub examine, cabe concluir que se encuentra acreditada la calidad de socio gerente del Sr. Ullrich durante los períodos fiscales ajustados, habiendo verificado el organismo fiscal que ejerció funciones vinculadas al manejo financiero-societario y contó con facultades de decisión en materia tributaria y de control sobre la correcta administración de la sociedad, por lo que su responsabilidad solidaria -tanto en el aspecto objetivo como subjetivo- se encuentra debidamente comprobada con arreglo a las normas fiscales aplicables.
Así las cosas, mal podría concluirse que el recurrente carecía de acceso o poder de disposición respecto de los fondos de la deudora principal. Asimismo, tampoco se encuentra acreditado -extremo cuya demostración incumbía al apelante- que, por alguna circunstancia particular, se hubiere visto impedido de dar cumplimiento correcto y oportuno a las obligaciones tributarias, de donde surge con claridad su deber de responder en carácter de responsable solidario.
Que por todo lo merituado, corresponde confirmar la resolución recurrida - Resolución N° 008/2023 (DV SRR1) y su modificatoria N° 27/2023 (DV SRR1) - resultando ajustada a derecho la atribución de responsabilidad personal y solidaria al Sr. Ullrich, Alberto Rubén.
IX. Que, por su parte, al no haberse formulado agravios concretos en relación con los intereses resarcitorios, solo corresponde su confirmación. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada, con costas.
2. Se deja constancia que la presente es suscripta por el Dr. Pablo Porporatto (Vocal titular de la Vocalía de la 6°Nominación) y por el Dr. José Luis Pérez (Vocal titular de la Vocalía de la 5° Nominación) por encontrarse en uso de licencia el Dr. Armando Magallón (Vocal titular de la Vocalía de la 4° Nominación), conforme lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.06.09 12:37:11 ART Date: 2026.06.09 12:54:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.09 12:55:27 -03:00
Fin de la sentencia