Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2025-36660593-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2Confirmar la Resolución RESOL-2025-197-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en la actuación administrativa EX-2023-03327229- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación abonados en relación al PE 18057EC010000680Y, documentado por la firma “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA”, con costas (Art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-48855971-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 15 de Mayo de 2026 SACIFIA Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria, y Horacio Joaquín Segura (como Vocal subrogante atento encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación), y con la Presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2025-
36660593- -APN-SGASAD#TFN -MOLINO CAÑUELAS SACIFIA.:
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. El 08.04.25, mediante RE-2025-36660293-APN-SGASAD#TFN, la firma “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.” interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2025-197-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, dictada por el Sr. Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (AD SALO), recaída en la Actuación EX-2023-03327229- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, por la cual resuelve no hacer lugar a la devolución de U$S 35.691,00.-, abonada en concepto de derechos de exportación establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 1343/2016 en relación al PE Nº 18057EC010000680Y, oficializado el 23.01.18, y conforme fecha de cierre de venta según ley 21.453 el 10.01.18, con más sus intereses. En primer lugar, realiza una presentación de los hechos del caso, a continuación, funda su recurso argumentando la invalidez de la resolución debido a que en sede aduanera se rechazó la producción de la prueba pericial contable sin ningún tipo de fundamento, vulnerando así su derecho de defensa.
En cuanto al fondo, la recurrente sostiene —acompañando un cuadro explicativo— que mediante el Decreto 1343/2016 el Poder Ejecutivo Nacional modificó (según su postura, incrementó) las alícuotas de derechos de exportación correspondientes a las posiciones arancelarias involucradas, sin autorización o ratificación del Poder Legislativo Nacional, por lo que reputa la norma inaplicable por contrariar el ordenamiento jurídico. Agrega que el propio decreto invocó como sustento de competencia el art. 99 inc. c) de la Constitución Nacional y el art. 755 del Código Aduanero. Expone un análisis detallado de la doctrina emanada del fallo “Camaronera Patagónica”, y en base a esos argumentos, sostiene que se configuro un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración, por lo que solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a la inconstitucionalidad de la norma.
Cita abundante jurisprudencia al respecto. Se refiere al Principio de Legalidad y Reserva en materia tributaria. Plantea la nulidad absoluta e insanable de las resoluciones objeto del presente, en orden a su insuficiente motivación y vulneración del debido proceso, rechazándole la producción de prueba pericial contable en sede aduanera. Finalmente, indica que se deberá devolver el capital ingresado indebidamente en dólares estadounidenses o en pesos al tipo de cambio oficial del día anterior a su efectivo pago con más los intereses correspondientes. Ofrece prueba y solicita se haga lugar a lo solicitado en las acciones de repetición interpuestas, ordenando la devolución de las sumas reclamadas.
II. El 23.06.25, mediante el IF-2025-67350761-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Hace la negativa genérica de rigor y efectúa una breve reseña de los hechos. En primer término, manifiesta que la resolución aduanera se dictó con sustento en los hechos, antecedentes y el derecho allí analizado, expresando allí las razones que llevaron a su formulación. Afirma que la recurrente ha podido ante esta instancia argumentar acerca de todas las cuestiones fácticas y jurídicas que considere oportuna, y ofrecer prueba respecto de los hechos que considere controvertidos. En cuanto al planteo de declaración de nulidad, considera que el interesado debe demostrar el perjuicio concreto que le ha inferido el vicio que invoca, puesto que no puede declararse la nulidad del acto por la simple presencia de un vicio o de una violación si no existe un perjuicio.
Respecto a la cuestión de fondo, analiza el precedente de la C.S.J.N. en “Camaronera Patagónica S.A.” y resalta que la interpretación que efectúa la recurrente resulta desacertada y no recepta el análisis completo de dicha sentencia ni el sentido que quiso darle el Más Alto Tribunal. En ese sentido, expone que el criterio sentado en “Camaronera” no resulta aplicable a la presente causa en tanto, la Resolución 11/2002 de fecha 05/03/2002 (sobre la que versa dicho precedente) fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.122 (27/07/2006) mientras que, el Decreto 133/2015, fue dictado con posterioridad a la misma. Cita el fallo “Transportadora de Gas del Sur S.A. C/ DGA S/ Recurso de Apelación” Expte. 38.422-A y hace propios los argumentos elaborados por el Dr.
Juan Manuel Soria y transcribe las partes relevantes. Explica que, en consonancia con los arts. 17 y 24 de la Ley 26.122 el decreto bajo análisis tiene plena vigencia desde su publicación en el BO en tanto no sea expresamente derogado o rechazado por el Congreso. Subraya que el Decreto N° 1343/2016 se dictó en función de lo previsto en la Ley 22.415, en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2752/1991, 2275/1994 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 509/2007 (ratificado por el Congreso de la Nación). Afirma que, en virtud de todo ello, el Decreto en cuestión se mantiene vigente y los derechos de exportación vinculados al mismo son absolutamente legales. Por otra parte, cita jurisprudencia que respalda la legitimidad de la delegación efectuada a favor del Poder Ejecutivo, los que reconocen la validez del artículo 755 del C.A.
Agrega, que debe tenerse presente que el artículo 755 de la Ley 22.415 ha sido incluido en el Digesto Jurídico Argentino, aprobado por la Ley 26.939, ratificándose la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para fijar y/o modificar los derechos de exportación. Hace referencia a la limitación del artículo 1.164 del C.A. en relación a la facultad de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de normas. En subsidio, destaca que la actora no logró demostrar de modo suficiente no haber trasladado el costo de los derechos de exportación que reclama, por lo que considera que si el pago del tributo no ha causado un menoscabo patrimonial a quien lo realizó, por haber trasladado su carga a terceros, carece de interés legítimo para accionar en la justicia.
Por ultimo expresa, que en el caso que se haga lugar a la repetición, se aplique el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en la causa “Cencosud SA” y los arts. 811 y 812 del C.A. Ofrece prueba. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. La demandada, informa que, con la contestación del traslado, acompaña las actuaciones administrativas EX- 2023-03327229- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI. El 26.02.26 se resuelve no hacer lugar a la medida de prueba pericial contable solicitada por la actora por considerase meramente dilatoria, se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a esta Sala “E”, el 27.02.26 se los pasa a sentencia.
IV. La Actuación EX-2023-03327229- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI se inicia el 28.12.23, con la solicitud de devolución de derechos de exportación presentada por la recurrente en relación al PE Nº 18057EC010000680Y, oficializado el 23.01.18 y conforme fecha de cierre de venta según ley 21.453 el 10.01.18. Luego, luce el permiso de embarque, a continuación, se emite Informe en donde se indica que los tributos liquidados y pagados en la destinación involucrada, son los estipulados por la normativa vigente a la fecha de oficialización, por lo que los tributos están correctamente liquidados y pagados por el exportador. Luego luce informe que deniega la producción de prueba pericial contable a la parte actora, por la cual, interpone recurso de revocatoria ante su denegación. A continuación, se dicta la Resolución RESOL-2025-197-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, que se apela en autos.
V. De acuerdo a la índole de las cuestiones planteadas, en primer lugar, corresponde tratar los agravios expuestos en el punto IV. a.- del escrito de apelación, titulado GRAVES INCONSISTENCIAS EN LA RESOLUCIÓN RESOL-2025-197-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI conjuntamente con el agravio expuesto en el punto IV.c.- del escrito de apelación, titulado PLANTEA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN COMO DEFENSA DE FONDO.
En tales condiciones, es preciso resaltar que el análisis de las circunstancias en relación a dichos planteos, no puede efectuarse en forma mecánica, sino sopesando la gravedad de las irregularidades expuestas y la posibilidad de su subsanación en cada caso en concreto.
Es así que, en el caso de autos, no se constata que en sede aduanera se hubieren producido errores o vicios, que causaren a la actora una indefensión o gravamen.
En cuanto a las presuntas inconsistencias e irregularidades respecto a la fundamentación de la resolución aduanera, debe señalarse que la Resolución RESOL-2025-197-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada en el sumario, aparece fundada, en cuanto a la exposición de los hechos, causa, motivación y derecho aplicable (conf. Art. 7° de la LNPA) y el hecho de que los argumentos allí expuestos hayan resultado contrarios a la posición de la actora de ninguna manera permiten considerar la nulidad de la misma.
En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a las nulidades planteadas, con costas.
VI. Corresponde ahora resolver si la Resolución RESOL-2025-197-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por el Sr. Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (AD SALO) denegando la devolución de la suma pretendida por MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A., en concepto de derechos de exportación abonados con relación al en relación al PE Nº 18057EC010000680Y, oficializado el 23.01.18, (y conforme fecha de cierre de venta según ley 21.453 el 10.01.18), se ajusta a derecho.
Mediante dicho PE la actora documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 2302.50.00.100A –PELLETS DE CASCARA DE SOJA - abonando los derechos de exportación establecidos por el Decreto 1343/2016 (B.O. 30.12.16) que fija la alícuota en 26.5% y toma como válidos los tributos del Decreto 509/07 que establecían una alícuota del 24%, reclamando una diferencia del 2.5%. De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -10.01.18 para el PE de autosconforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07. Luego, se dictó el decreto 133/15, que redujo la alícuota y la fijó en 27% y, posteriormente a ello, se sanciona el decreto 1343/16 (30.12.16 B.O. con una vigencia desde enero 2018 hasta diciembre de 2019 inclusive) que redujo a su vez la alícuota establecida por el decreto 133/15 en 0.5%, reduciendo ambos decretos la del 32%. Dicho lo anterior, el decreto 1343/16 -impugnado en estos autos- redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 27% al 26,5% -alícuota efectivamente abonada por la actora-. Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora. El Poder Ejecutivo -unilateralmente- redujo la alícuota y la carga tributaria consecuente que el contribuyente pagaba.
Cabe señalar que el planteo de la recurrente no se agota en una discusión aritmética sobre aumentos o reducciones, sino que cuestiona la fuente de habilitación constitucional y legal para que el PEN fije o modifique alícuotas de derechos de exportación, invocando a tal fin el precedente “Camaronera Patagónica”. Cabe destacar que, el Decreto 1343/2016 se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 755, apartado 1 del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y sus modificaciones).
Que, en segundo lugar, corresponde reseñar que la ley 25.561 (BO: 07.01.02) en cuanto declaró la emergencia cambiaria y económica y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas de los Derechos de Exportación, fue prorrogada por el Congreso mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15) que extendió su vigencia hasta el 31.12.17. En consecuencia, al momento del dictado del decreto 509/07 -como pretende la actora que sean liquidados los tributos- las condiciones de emergencia cambiaria determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación, extendiéndose hasta el año 2017.
Que asimismo corresponde señalar, que el decreto 509/07, se dictó en ejercicio de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los incisos 1 y 2 del Artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL, por los Artículos 11, apartado 2 y 12 de la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero) y por el art. 6º de la Ley de Emergencia Nº 25.561 con sus prórrogas –leyes 25.972 (BO: 17.12.04); 26.077 (BO: 10.01.06); 26.204 (BO: 20.12.06); 26.339 (BO: 04.01.08); 26.456 (B0: 16.12.08); 26.563 (B0: 22.12.09); 26.729(B0: 28.12.11); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15)- y en las leyes 26.217 (BO: 16.01.07) y 26.732 (BO: 28.12.11), la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, el Artículo 2º inciso d), apartado 5) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985 y el Artículo 2º del Decreto Nº 645 de fecha 26 de mayo de 2004, plexo normativo y demás leyes que fueron prorrogándose en la emergencia económica hasta el 31 de diciembre del año 2017, con un intervalo que duró hasta el dictado del decreto 793/18 el 4 de septiembre de 2018, ratificado por ley 27.467 del Congreso de La Nación con vigencia hasta finales del año 2020.
En tal sentido, durante un periodo de 15 años desde su creación y mediante sus sucesivas prórrogas existió una indubitable y clara voluntad del Congreso de gravar con derechos de exportación a las operaciones de este tipo, como sucedió con el dictado del Decreto 1343/2016 que disminuyó la alícuota en 0.5%, la cual, operaria desde el mes de enero de 2018 y se extendería hasta el mes de diciembre de 2019.
Del mismo modo, el Congreso de la Nación, tanto en la ley 26.217 como en la 26.732, además de crear y prorrogar por cinco años el impuesto a la exportación que había creado, delegó en el PEN -por cada una de esas leyes- las facultades para establecer las alícuotas correspondientes (art. 6 de la ley 25.561 y art. 1 de las leyes mencionadas), así como ratificó y ordenó expresa y nominalmente la continuación en vigencia de las normas delegadas dictadas previamente por el PEN que fijaban las alícuotas de los derechos (art. 2 de ambas leyes, 26.217 y 26.732) en base precisamente a las normas delegantes mencionadas en primer término (arts. 6 de la ley 25.5.61 y arts. 1 de las leyes 26.217 y 26.732).
Las regulaciones legales del Congreso, especiales y específicas, se dispusieron además sin perjuicio del régimen general de delegación legislativa de la ley constitucional 26.122 (sancionada por el Congreso conforme la manda del art. 99 inc. 3 cuarto párrafo de la Constitución), vigente desde el 28.07.06 para todas las normas delegadas dictadas por el PEN -es decir previo al dictado del decreto 509/07 y cuyos fundamentales arts. 17 y 24 establecen la vigencia de las normas delegadas dictadas por el PEN desde su entrada en vigencia y hasta su ratificación o derogación por parte del Congreso. En caso de ratificación de la norma delegada por el Congreso, tal ratificación tiene efecto retroactivo y aún en el caso de su derogación, los efectos de tal acto derogatorio son prospectivos.
VII. Que atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, corresponde en este punto dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa.
VIII. En relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”. IX.- Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
X. Por último, cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario como he comentado ut-supra, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020- 24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”.
XI. Que en virtud de todo lo expuesto, los derechos de exportación fijados en el Decreto 1343/16, con sustento en la Emergencia Económica y demás argumentos expuestos precedentemente, resultan legítimamente exigibles y correctamente abonados al momento de documentarse la exportación a consumo 18057EC010000680Y, correspondiendo, en consecuencia, confirmar la Resolución RESOL-2025-197-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, en cuanto deniega la acción de repetición interpuesta por la actora.
XII. En relación a las costas, considero que las mismas deben ser impuesta a la actora vencida en conformidad a lo dispuesto en el art. 1163 del C.A..
Que, por ello, VOTO por:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2025-197-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en la actuación administrativa EX-2023-03327229- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación abonados en relación al PE 18057EC010000680Y, documentado por la firma “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA”, con costas (Art. 1163 del CA).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. Héctor Hugo Juárez.
II. En primer lugar, corresponde tratar los agravios expuestos por la actora en cuanto a los planteos de inconsistencias de la resolución aduanera apelada y la solicitud de nulidad formulada (puntos IV.a.- y IV.c.- del recurso de apelación). Del análisis de los antecedentes, no surge que en sede aduanera se hubieren producido errores o vicios, que causaren a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia. Nótese, que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente en esta sede a fin de ejercer su derecho de defensa. Asimismo, se observa que la resolución aduanera apelada en autos, fue dictada conforme lo establecido por el art. 7 de ley 19.549, contando con los requisitos esenciales del acto administrativo. En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a las nulidades planteadas por la recurrente, con costas.
III. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada - RESOL-2025-197-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI - en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A., se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de U$S35.691,00, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 18057EC010000680Y. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en PA 2302.50.00.100A –Pellets de cáscara de soja – De leguminosas SALVADOS, MOYUELOS Y DEMÁS RESIDUOS DEL CERNIDO, DE LA MOLIENDA O DE OTROS TRATAMIENTOS DE LOS CEREALES O DE LAS LEGUMINOSAS, INCLUSO EN –PELLETS- abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 1343/16 que fijó, para esa PA, una alícuota del 26%.
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -10.01.18 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora manifiesta que la normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 690/02 (BO: 26.04.02), que estableció una alícuota del 5% para la PA objeto de autos.
III.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que mediante el decreto 2275/94 (BO: 30.12.94) se aprobó en el orden nacional la nomenclatura única basada en el sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías, sustituyéndose la nomenclatura del comercio exterior (NCE) por la nomenclatura común del MERCOSUR (NMC) (art. 1 y anexo I). Dicha norma ubicó al pellet de cáscara de soja en la PA 2302.50.00.100A.
Posteriormente se dictó la resolución 11/02 del Ministerio de Economía (BO: 05.03.02), que fijó una alícuota de derechos de exportación del 10% para todas las mercaderías ubicadas en su anexo (art. 1 y anexo), y una alícuota del 5% para todas las mercaderías no consignadas en el referido anexo (art. 2). Bajo este marco, el pellet de cáscara de soja quedó gravado con una alícuota del 5%, atento a que la PA 2302.50.00.100A no fue consignada en el anexo de la resolución 11/02.
Luego se dictó la resolución 35/02 del Ministerio de Economía (BO: 08.04.02), que fijó una alícuota de derechos de exportación del 20% para todas las mercaderías ubicadas en su anexo (art. 1 y anexo), manteniendo la alícuota de derechos de exportación fijada por la resolución 11/02 para todas las mercaderías no incluidas en su anexo (art. 2). La PA 2302.50.00.100A no fue incluida en el anexo de la nueva resolución, por lo que se mantuvo gravada a una alícuota de derechos de exportación del 5%.
Más tarde se dictó el decreto 690/02 (BO: 26.04.02), mediante el cual se sustituyó el anexo I del decreto 2275/94, estableciéndose la nueva nomenclatura común del MERCOSUR (NMC) (art. 1). Este decreto, si bien modificó los anexos de las resoluciones 11/02 y 35/02, continuó dejando fuera de ambos a la PA 2302.50.00.100A, por lo que la alícuota siguió siendo del 5%. Posteriormente, mediante el art. 19 del decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se mantuvo en 5% la alícuota de derechos de exportación para esta PA.
Finalmente, mediante el dictado del decreto 2014/13 (BO: 02.12.13) se incorpora al Anexo XIV del Decreto 509/07 la posición arancelaria en trato, elevándole la alícuota al 32%.
La PA 2302.50.00.100A no sufrió variaciones en su alícuota de derechos de exportación hasta el dictado del decreto 2014/13 (BO: 02.12.13) que la elevó al 32% y después con el decreto 133/15 (BO: 17.12.15) que la redujo al 27% (ver art. 1 y Anexo I) y, posteriormente a ello, el dictado del decreto 1343/16 (30.12.16) que la volvió a reducir al 26%.
III.2. Sentado lo que antecede, corresponde evaluar la validez legal de los decretos 2014/13, 133/15 y 1343/16, en cuanto aumentó y después bajó las alícuotas, respectivamente, de derechos de exportación para la mercadería en trato Para ello, es menester recordar, que el art. 76 de la Constitución establece, como requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante (en el caso, los decretos 2014/13, 133/15 y 1343/16), tres exigencias claras: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio. Asimismo, no puede dejar de señalarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15.04.14, en cuanto establece, para la materia tributaria, el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o, de existir, incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución.
Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan para el dictado de los decretos (art. 99 inc.1 de la Constitución y art. 755 del CA) que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a aumentar y luego bajar las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superan el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-.
Así, resulta claro que los decretos 2014/13, 133/15 y 1343/16, en cuanto aumentaron y redujeron las alícuotas de derechos de exportación para la mercadería ubicada en la PA 2302.50.00.100A, no se dictaron con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas tributarias, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”). Por ello, y porque no fue objeto de ratificación posterior por el Congreso de acuerdo al mencionado estándar jurisprudencial establecido por la Corte, las alícuotas incrementadas por dicha normativa padecen el vicio de nulidad absoluta e insanable que embarga a la mencionada resolución (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11).
En consecuencia, las alícuotas incrementadas o bien posteriormente disminuidas para esta PA por los decretos 2014/13, 133/15 y 1343/16, respectivamente, deben considerarse como incrementadas o reducidas respecto a la alícuota válida del 5%, con base en una norma nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución, por lo que el reclamo de la actora deviene legítimo y procedente, siendo válida la alícuota del 5% establecida por el decreto 509/07.
IV. Moneda en que se deben devolver los derechos: Dicho lo anterior, se aclarará lo referido a la moneda en que deben devolverse los derechos de exportación abonados en demasía, en atención a la controversia que tiene como punto focal la aplicación del precedente de la Corte Suprema in re “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A c/ DGA)” del 15.05.14.
No comparto el criterio sentado por la Corte en el referido precedente, conforme los fundamentos expuestos en mis votos disidentes en las causas “MONSA S.R.L.” (Expte. 32.261-A, 03.07.19), “TETRA PAK SRL” (Expte. 38.243-A, 21.08.19-A), “CURCIJA S.A.” (Expte. 30.506-A, 30.08.19-A) y “COFCO International Argentina S.A.” puntos VI y VII (EX-202 1-1082 12085-APN-SGASAD#TFN), los que se consideran integrando y fundamentando este pronunciamiento.
No resulta ocioso recordar, una vez más, que, cuando el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905 se establece que los tributos aduaneros se determinarán en dólares, el legislador usa una expresión técnica, precisa, propia de nuestra legislación tributaria -determinación-, comprensiva tanto de: a) los procedimientos de deficiencia fiscal (cuando hay una deuda del contribuyente con el Fisco) que tramitan mediante los procedimientos de determinación de oficio (en materia impositiva) o impugnación (en materia aduanera); b) los procedimientos de repetición de impuestos (cuando el contribuyente los pagó en exceso, generándose un crédito fiscal a su favor que el estado debe honrar). Ambos procedimientos -impugnación y repetición- tienen carácter jurídico de determinación, expresión técnica usada por el legislador en los arts. 11, 14, 16, 81, 83 y concordantes de la ley 11683, como en las normas respectivas del Código Aduanero, del Acuerdo de Valor del GATT y demás legislación tributaria (ver mis votos referidos supra). Se trata de la misma expresión técnica utilizada por el legislador en el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905, no pudiendo aducirse su inconsecuencia o imprevisión (Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros).
La palabra “determinación”, pese a lo que sostiene la Corte en el considerando 6º de “CENCOSUD”, no se limita a los montos “adeudados por los contribuyentes”, ni puede confundirse con la franquicia -de carácter liquidatoriodel párrafo segundo del mismo art. 20 de la ley 23.905, que habilita a cancelar en pesos las deudas de tributos aduaneros determinadas en dólares.
Tratándose los tributos repetidos en autos de diferencias de derechos de exportación que se determinan en dólares (ley 23.905. art. 20, párrafo primero), ésta es la moneda en la que efectuarse su devolución, con sus intereses resarcitorios. Para su pago la Aduana podrá hacer uso de la franquicia del art. 20, segundo párrafo de la ley 23.905 y cancelarlos al tipo de cambio oficial –vendedor- del día anterior al de su efectiva cancelación.
V. Costas: En relación a las costas de la cuestión sustancial, se imponen a la Aduana vencida (art. 1163 del CA).
VI. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Revocar la resolución RESOL-2025-197-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo en el marco de las actuaciones EX-2023-03327229- - AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, declarando que corresponde devolver a la actora la suma de Dólares Veintiocho Mil Cuarenta y Tres con 31/100 -u$s35.691,00-; conforme lo establecido en el considerando IV.-, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
3. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 del CA).
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Adhiero voto del Dr. Juárez.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2025-197-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en la actuación administrativa EX-2023-03327229- -AFIPSRRODVMENT#SDGCTI, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación abonados en relación al PE 18057EC010000680Y, documentado por la firma “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA”, con costas (Art. 1163 del CA).
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Horacio Joaquín Segura (Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) -conf. art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN-).
Date: 2026.05.14 20:19:46 ART Date: 2026.05.15 10:44:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.15 13:40:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.15 13:40:33 -03:00
Fin de la sentencia