Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto e intereses y revocarla en relación a la multa aplicada. Costas conforme los respectivos vencimientos.
I. Que mediante RE-2022-18107176-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 11/2022 (DV DEOB) de fecha 03/02/2022, dictada por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales Dirección General Impositiva Administración Federal de Ingresos Públicos (hoy ARCA), por la cual se determina el Impuesto a las Ganancias – Retenciones a beneficiarios del exterior, correspondiente a los períodos mensuales 11/2019 a 01/2020 por la suma de $1.031.140.125,00 con más intereses resarcitorios hasta el 10-02-2020 (fecha de presentación en concurso preventivo) por $58.671.873,11 y se procedió a aplicar una sanción de multa, equivalente al 200% del gravamen dejado de ingresar, en la suma de $2.062.280.250,00 en los términos del segundo párrafo del art. 45 de la Ley 11.683.
La recurrente manifiesta que se trata de un ajuste fiscal inválido por haber entendido erróneamente (la AFIP -hoy ARCA-) que reviste carácter de representante legal en el país de la firma Vicentín SAIC Sucursal Uruguay y que por ese motivo es el sujeto obligado al ingreso de la retención del Impuesto sobre la ganancia proveniente de la venta realizada por esta última a la firma holandesa Renaisco BV de parte del paquete accionario de su titularidad en la empresa argentina Renova SA, atribuyéndole el carácter de fuente argentina y como tal alcanzada por la Ley de Impuesto a las Ganancias (art. 98) y por la RG 4227/2018, reclamando a la recurrente el ingreso de la retención del 15% con carácter de pago único y definitivo sobre una base presunta del 90% del precio de venta. Señala que Vicentín es una sociedad cuyo giro principal de negocios consiste en el aprovisionamiento de productos del agro (principalmente soja, girasol y algodón), que en la mayoría de los casos se somete a algún proceso de manufactura en las plantas industriales que posee, plantas con almacenamiento y molienda de granos. Afirma que es una de las principales compañías agroexportadoras del país, y que produce y exporta biodiesel de Argentina a Europa, por lo cual –dice- contribuye al fortalecimiento del PBI.
Explica que Vicentín Uruguay se creó en 2004 bajo la forma de sucursal de sociedad argentina y afirma que desde el punto de vista impositivo genera que sus resultados positivos se consoliden fiscalmente en Vicentín SAIC sobre base devengada, mientras que los resultados negativos de fuente extranjera, no pueden emplearse contra ganancias de fuente argentina.
Expone que las operaciones patrimoniales y de resultados en Uruguay son incluidas en los registros contables de su casa matriz, por lo que expresa que no existe planificación fiscal respecto de las operaciones entre Vicentín y Vicentín Uruguay, y que todo el resultado fiscal de esta última paga Impuesto a las Ganancias en Argentina. Indica que es normal que la comercialización internacional de productos agrícolas sea desarrollada por empresas especializadas o traders que actúan como nexo entre la oferta y la demanda y que no son las destinatarias de las mercaderías. Agrega que los traders asumen el riesgo y dice que cuando un intermediario internacional compra no sabe a quién venderá el producto ni a qué precio. Expresa que por ello existe Vicentín Uruguay, ya que es trader internacional.
Manifiesta que no opera con Vicentín Uruguay por capricho sino que existen razones por las características del mercado internacional de agro-commodities con decisiones de economía de opción, que lo obligan a recurrir a un trader ubicado fuera del país para que Vicentín pueda cumplir con sus compromisos de exportación. Indica que Vicentín Uruguay se constituye como ente jurídico autónomo con capacidad para desarrollar actividades comerciales y de inversión, y que así adquirió parte del paquete accionario en Renova de la firma Vicentín Paraguay SA y luego decidir gestionar la venta de ese paquete a Renaisco BV.
Refiere que las operaciones entre sucursal y casa matriz son fáctica y jurídicamente viables y producen efectos en lo comercial, en lo económico y en lo tributario.
Explica que Vicentín Paraguay adquirió de Molinos Río de la Plata SA el 16,66% del paquete accionario de Renova SA. Para poder concretar dicha adquisición Vicentín Paraguay solicitó un préstamo a Vicentín Uruguay y esta última para posibilitar dicho fondeo solicitó un préstamo a Cooperatieve Centrale Raiffesen-Boerenleenbank BA, Rabobank Nederland por la suma de U$S 25.000.000 que se formalizó mediante contrato el 26/9/2014 y se consignó que los fondos se afectarían a la exportación de bienes, incluida la compra por parte de Vicentín Paraguay de parte del capital accionario de Renova SA y para aumentar la trituración en la planta de Renova SA. A fin de garantizar el cumplimiento, explica que, Vicentín Paraguay intervino como garante firmando un contrato de garantía y de prenda sobre las mencionadas acciones en Renova SA.
El préstamo tomado por Vicentín Uruguay con Rabobank fue prorrogado en tres ocasiones (2015, 2017, 2019) y el contrato de garantía y de prenda sobre las acciones también. Finalmente el préstamo fue cancelado por Renaisco BV mediante la retención de una parte del precio pactado con Vicentín Uruguay, lo que importó el levantamiento de la prenda y posibilitó la transferencia de las acciones.
Agrega que el 04/11/2019 Vicentín Paraguay SA emitió la “oferta de compraventa de acciones” dirigida a Vicentín Uruguay y fue aceptada por esta el 26/11/2019 y en relación al precio de la compraventa U$S 29.473.508,18 permanece impago y fue objeto de reconocimiento como deuda concursal en el expediente “VICENTÍN SAIC S/ CONCURSO PREVENTIVO” Expte Nº 21-25023953-7 de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial dela Segunda Nominación de la Ciudad de Reconquista. Por otro lado, Vicentín Uruguay vendió a Renaisco BV sociedad radicada en el Reino de los Países Bajos 438.233.700 acciones clase B nominativas no endosables de valor $1 y con derecho a 1 voto cada uno de Renova SA. El importe total de la operación ascendió según dice a U$D 122.700.000. El resultado de la operación para Vicentin SAIC Sucursal Uruguay ascendió a un total de U$S 66.723.296 que fue incluido en el resultado de la Sucursal y luego consolidado con el resultado de Vicentin SAIC e incluido en su declaración jurada como resultado del ejercicio de fuente extranjera.
El resultado impositivo de fuente extranjera fue absorbido con un quebranto computable específico de misma fuente AR$3.585.672.500,43 y el saldo remanente con un quebranto de fuente argentina por AR$1.093.191.442,64 En cuanto a los antecedentes administrativos, señala que el 06/7/2020 la AFIP inició una fiscalización bajo una orden de intervención. Se cursaron requerimientos mediante los cuales se solicitó información y documentación relativa a la venta de las acciones de Renova SA, efectuada por Vicentín Uruguay a Renaisco BV y se le consultó sobre el tratamiento de esa operación en el marco de la RG 4227.
Señala que contestó los requerimientos detallando la operación y allí donde indicó la cuenta bancaria en la que Vicentín Uruguay recibió los fondos por la venta de acciones en Renova. Señala que al contestar el requerimiento se acompañó una certificación contable en respaldo del resultado informado por la venta de las acciones a Renaisco BV. Se indicó que Renova SA no había absorbido o recuperado quebrantos a esa fecha u otros créditos impositivos diferidos. El 15/4/21 se dispuso el cierre de la fiscalización y se puso a consideración el ajuste. Manifiesta una reseña de la cuestión en debate y señala que el Fisco Nacional prescinde de sus antecedentes aplicables en materia de conflictos entre “fuente actividad” y el “lugar de emisión” de las acciones objeto de compraventa sin brindar razón alguna.
A su vez señala que el Fisco Nacional prescinde de la realidad económica de la operación, en tanto fue la actividad de Vicentín Uruguay la “causa fuente” de la ganancia de capital por la venta de las acciones en Renova SA. Sostiene que la resolución pasa por alto que dicha renta fue el producto directo de la actividad de Vicentín Uruguay que involucró sus activos, desarrolló funciones y asumió sus riesgos fuera del país.
Agrega que el Fisco yerra al aplicar la presunción de ganancia del 90% contemplada en el artículo 104 inciso i) de la LIG porque durante la fiscalización proveyó los elementos para determinar el resultado de la operación. Advierte que, debe revocarse la resolución apelada por arbitrariedad del Fisco cuando sostiene la sustancia de Vicentín Uruguay como “beneficiario el exterior”, mientras que la niega al sostener que son una sola persona a efectos de la representación, o al asignar los resultados de Vicentín Uruguay de fuente extranjera a la casa matriz argentina (Vicentín).
Indica que el Fisco aplica el principio de realidad económica, sosteniendo que la recurrente y la sucursal constituyen una misma entidad jurídica desconsiderando la actuación de Vicentín Uruguay.
En tal sentido plantea que debe revocarse la resolución apelada porque se limita a transcribir los mismos contenidos de la Vista. La resolución prescinde de los hechos relevantes de la causa cuando aplica la norma literalmente y prescinde de la actividad económica desplegada por Vicentín Uruguay en el exterior, que es la causa fuente de la ganancia de capital controvertida.
Indica que la recurrente no desconoce que el artículo 7 de la LIG establece, en su primer párrafo, la fuente argentina para la enajenación de acciones "cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en la República Argentina". Esta norma, incluida por la Ley 27.430, aclara un principio general ya existente -bajo el artículo 5 de la ley del gravamen- en función del cual se considera que tales bienes resultan "ubicados" o "utilizados económicamente" -en forma ficta- en el país (i.e. lugar de radicación de la sociedad emisora). En tal sentido señala que dicho artículo 7 no resuelve el conflicto de fuentes cuando un bien "ubicado en el país" resulta objeto de una "actividad comercial" (i.e. compraventa) llevada a cabo íntegramente en el exterior, por un sujeto residente que opera -fuera del país- a través de un establecimiento con actividad comercial permanente, como sucede en el caso de autos.
En efecto, alega que Vicentín Uruguay compró un paquete accionario a un residente en Paraguay, gestionó el precio de la transacción y luego vendió las acciones a un comprador holandés. Asimismo, explica que recibió la contraprestación en el exterior y fijó que cualquier conflicto que se suscitase con el comprador sería resuelto en el exterior y dice que luego registró en su propia contabilidad la operación.
Señala que los roles, riesgos y funciones que generaron la ganancia de capital bajo análisis resultan atribuibles a Vicentín Uruguay cuya sustancia no es cuestionada.
Manifiesta que no es válido prescindir del dictamen Nº 27/2003 de la Dirección de Asesoría Técnica (25/4/03), puesto que la DGI ante un conflicto similar de fuentes, se expidió a favor de la prevalencia de la fuente actividad sobre la ubicación del bien.
Indica que debe resaltarse que la prevalencia de la actividad comercial por sobre el lugar de la emisión de las acciones, bajo el dictamen 27/2003, cobra relevancia por haberse dictado en el contexto del Convenio para Evitar Doble Imposición con Brasil. Aclara que la AFIP-DGI interpreta que ni un tratado puede alterar el derecho interno y la prevalencia de la fuente actividad por sobre la ubicación del bien en función de lugar de su emisión. Asimismo, manifiesta que, el propio organismo reconoce que el criterio normal sería atribuir la ganancia al país de la sociedad emisora pero –por sobre ese criterio normal- prevalece la regla de la fuente actividad, cuando concurren tales circunstancias, como en estos autos.
Señala que resulta improcedente la postura fiscal de la AFIP-DGI al pretender desconocer sus propias opiniones en casos análogos, bajo pretexto de que la legislación vigente al momento de emitir esas opiniones era diferente a la de autos, cuando la introducción del artículo 7 de la LIG, a través de la Ley 27.430, no hizo más que reiterar un principio que se encontraba vigente (art. 5 de la LIG) para el caso específico de las acciones y extenderlo a las nuevas modalidades de la economía digital (monedas digitales, fideicomisos financieros).
Expone que la Administración prescinde de considerar que la ganancia obtenida por la operación aquí involucrada responde a una actividad comercial desarrollada íntegramente fuera del país por parte de funcionarios de Vicentín Uruguay (un sujeto tributariamente distinto a la aquí actora), quienes cumplieron los roles y funciones necesarios para perfeccionar tal compraventa; asumieron los riesgos y el control de la transacción y la contabilizaron en la sucursal.
Añade que el organismo fiscal no analizó ni desconoció las circunstancias acreditadas por su parte y que ni se ha controvertido que la actividad comercial que finalizó con la venta de las acciones de Renova SA, fue llevada a cabo íntegramente en el exterior, por un sujeto residente que opera –fuera del país- a través de un establecimiento con actividad comercial permanente.
La recurrente declara que Vicentín Uruguay compró un activo a un sujeto residente en Paraguay, que luego vendió a otro sujeto de exterior radicado en Holanda; habiendo la sucursal controlado la operación desde su génesis hasta la conclusión.
Agrega que Vicentín Uruguay prestó a Vicentín Paraguay un importe que no sólo le permitió financiar su operatoria regular, sino también adquirir parte del paquete accionario en Renova SA e incluso hacer un aporte de capital para mejorar la capacidad instalada en esta última. Y por las ventajas obtenidas por Vicentín Paraguay, ésta garantizó, con un propio activo (las acciones en Renova SA) el préstamo contraído por aquella ante el Rabobank.
Reitera que los roles y funciones que desarrolló Vicentín Uruguay y los activos que afectó para que ambas operaciones pudieran concretarse dan cuenta del desarrollo íntegro de dicha actividad en el exterior. Indica que la doctrina es conteste en aceptar la prevalencia de la fuente “actividad” sobre la “ubicación” del bien –dice- tal como se hizo en el caso de autos.
Considera que no resulta de aplicación al caso el impuesto cedular del artículo 98 inciso c) de la LIG pues ese tributo resulta aplicable a “la ganancia neta de fuente argentina” que no se verifica en el caso de realizar una actividad comercial en el exterior. Asimismo señala que el art. 125 establece "Las ganancias atribuibles a establecimientos permanentes instalados en el exterior de titulares residentes en el país; constituyen, para estos últimos, ganancias de fuente extranjera", que resultan consolidables con los resultados de su casa matriz, bajo el art. 14.6 de la ley del gravamen, tal como lo hizo la recurrente.
Concluye que, la ganancia de Vicentín Uruguay por la compraventa de las acciones de Renova SA fue válidamente incluida en la ganancia de fuente extranjera de la recurrente; contra la cual procedió a computar el quebranto acumulado de fuente extranjera existente a ese momento en los términos del art. 131 primer párrafo de la LIG; el remanente se compensó con el quebranto de fuente argentina en los términos del tercer párrafo del mismo artículo.
Como defensa subsidiaria, pone de resalto que el artículo 98 de la LIG dispone en su último párrafo que cuando el sujeto adquirente de las acciones no sea residente argentino, el impuesto deberá ser ingresado por el representante legal del beneficiario del exterior (vendedor).
A su vez, el artículo 6 de la RG 4227/2018 preceptúa que la retención o el ingreso del impuesto, estará a cargo del representante legal domiciliado en el país del beneficiario del exterior, y que de no poseer representante legal en el país, dicho ingreso lo efectuará el propio beneficiario mediante transferencia bancaria internacional. Entiende que Vicentín Uruguay no califica ni bajo el art. 118 de la LGS ni en el 123 de la misma, y que su poderdante no es responsable del ingreso del impuesto que corresponde a su sucursal en tanto titular y enajenante de las acciones de Renova SA.
Advierte que, en el plano fiscal, existe una confusión del negocio de Vicentín Uruguay con el de Vicentín en Argentina violando el mandato de “separación de negocios” del art. 126 y que en el plano societario resulta en conflicto con las normas de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550). En efecto dice que el criterio adoptado por el organismo resulta incompatible con el régimen adoptado por dicho cuerpo normativo (arts. 121 y 123). Agrega que para la ley argentina, el representante no tiene la responsabilidad del mero apoderado, con las facultades propias de un factor y sujeto a las instrucciones del principal, sino que su responsabilidad legal se asimila a la de un “director de sociedad anónima” por lo cual dice que tal cargo no puede ser presumido como lo hace el organismo fiscal.
Considera que, debe rechazarse la presunción absoluta que realiza el organismo recaudador respecto de que la casa matriz es la representante legal de su sucursal, para exigir el ingreso del impuesto a su representada. Advierte que el Fisco Nacional se equivoca en la adecuada interpretación de las disposiciones legales. Indica que si bien el art. 98 de la LIG dispone en su último párrafo que el impuesto deberá ser ingresado por el beneficiario del exterior a través de su representante legal domiciliado en el país, luego fue reglamentado por el art. 252 del Decreto 862/2019.
Señala que si Vicentín Uruguay no poseía representante legal en el país al tiempo de concretarse la venta y producirse el pago por parte del comprador, entonces el pago debe serle exigido a aquella y la retención no resultaba procedente.
Sostiene que el Fisco Nacional realiza una interpretación y aplicación de la norma no según su texto sino guiado por su conveniencia, con lo cual dice que su accionar vulnera el principio de reserva de ley puesto que asigna de facto a Vicentín SAIC el carácter de representante legal de la sucursal para imputarle la obligación de retención e ingreso del impuesto.
Rechaza la aplicación de la presunción de renta del 90 % (base presunta) y manifiesta que más allá de la improcedencia de la pretensión fiscal, también rechaza la metodología implementada por el organismo fiscal a los efectos de cuantificar la misma.
Señala que según el organismo fiscal no ejerció la opción y en realidad –dice- no puede elegir porque tal opción se encuentra en cabeza del beneficiario del exterior Vicentín Uruguay a la que previo a la Resolución apelada no le reconoció autonomía de la voluntad, reduciendo su existencia a la casa matriz.
Sostiene que la carga de informar tal situación al agente de retención o a su representante legal no existe porque Vicentín no es el representante legal de su sucursal, figura que existe para sucursales o sociedades extranjeras con actividad en el país y no para casa matriz –residente argentino- de un establecimiento permanente en el exterior. Agrega que la presunción que hace la AFIP-DGI es improcedente por ser contraria a la ley, porque existiendo opción de determinar la tributación en base real se optó por la absoluta.
Expresa que la AFIP-DGI se aparta de las previsiones legales y que la Resolución Nº 11 carece de presunción de legitimidad ni ejecutividad y señala que viola la ley, su espíritu y su finalidad.
Asimismo entiende que la tributación en función de presunciones es la excepción y no la regla y que se viola el principio de capacidad contributiva y de legalidad.
Considera que la AFIP-DGI distorsiona la aplicación del gravamen al punto de exigir el ingreso de un impuesto que excede en casi diez puntos porcentuales la cuantía fijada por el legislador.
Agrega que al gravar con el impuesto el costo de las acciones se vulnera el principio de que el impuesto debe recaer sobre la renta y no sobre el capital.
Denuncia arbitrario accionar de la DGI expresando que Vicentín está siendo objeto de múltiples procedimientos determinativos de oficio en el IG con motivo de un ajuste en el resultado declarado en el impuesto. Por otro lado, alega que el Fisco ha omitido reconocer el quebranto utilizado para absorber el resultado positivo declarado por la venta de las acciones. Dice que se trata de un quebranto específico de fuente extranjera y un quebranto de fuente argentina mediante el cual se canceló el remanente.
Expresa que el organismo debe proceder a dicho reconocimiento o de lo contrario se vería beneficiado con una doble tributación y dice que el fisco se niega a su reconocimiento señalando que no se configuró pago en exceso. Denuncia la ilegitimidad del ajuste y plantea la nulidad del acto. Indica que el accionar del organismo fiscal tuvo falencias, que rechazó prueba por considerarla superflua y dilatoria. Esgrime que el derecho a ser oído significa que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa.
Además expone que finaliza el procedimiento determinativo mediante un acto que no se funda en los hechos del caso ni en la normativa aplicable conforme las disposiciones de la LIG, y que vulnera numerosas garantías constitucionales.
Se agravia de los intereses reclamados y de la multa encuadrada en el artículo 45 inciso b) de la LPT. Manifiesta que en el presente caso no se verifican respecto de la conducta desplegada por Vicentín los elementos objetivo y subjetivo requeridos por el tipo infraccional para la configuración de la sanción aplicada, y que resulta improcedente el encuadre efectuado por la AFIP-DGI en la figura agravada de omisión prevista en el segundo párrafo del art. 45 de la LPT y que ha derivado en la aplicación de una multa del 200% del impuesto supuestamente omitido. A todo evento, solicita la reducción de la multa.
Acompaña documental. Ofrece prueba informativa y pericial contable. Cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso de apelación en todas sus partes y se revoque la resolución recurrida, con costas.
II. Que mediante IF-2022-41106781-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y que se confirme el acto apelado, con costas.
La representación fiscal manifiesta que la recurrente, omitió retener el “Impuesto a las Ganancias – Retenciones” con carácter de pago único y definitivo a Beneficiarios del Exterior, correspondiente a la venta, por parte de la firma Vicentin S.A.I.C. Sucursal Uruguay, de parte del paquete accionario de la empresa Renova S.A. (cuyas acciones son emitidas en la República Argentina), a la sociedad compradora de Renaisco B.V., constituida en el Reino de los Países Bajos.
Niega todos y cada uno de los hechos alegados por el recurrente que no fueran materia de expreso reconocimiento de su parte o surjan de manera indubitada de los antecedentes administrativos.
En primer lugar señala que, la Resolución dictada por el Juez Administrativo es un acto que goza de legalidad y reúne los requisitos del acto en cuanto a su causa fuente como a su procedimiento y motivación.
Indica que el tema de discusión radica en establecer si la renta obtenida por la sucursal de Vicentin S.A.I.C. (Argentina), ubicada en Uruguay, constituye renta de fuente extranjera o renta de fuente argentina. Aclara que, el resultado obtenido se origina por la venta que Vicentín SAIC Sucursal Uruguay (establecimiento permanente situado en el exterior perteneciente a Vicentín SAIC Argentina) efectuó de su tenencia accionaria correspondiente a una sociedad constituida en Argentina, y que fuera adquirida por otra empresa -RENAISCO BV-, también del exterior.
Reseña la normativa que resulta de aplicación. El art. 2° de la Ley del Impuesto a las Ganancias, el artículo 5 de la LIG, en relación a la determinación de la fuente de la renta y también el 7.
Explica que la ley expresamente dispone que las ganancias obtenidas por la venta de acciones que fueron emitidas por empresas radicadas, domiciliadas o establecidas en Argentina, se consideran ganancias de fuente argentina, sin establecer ningún tipo de condicionamiento.
Agrega una mención a lo normado por el artículo 125 de la LIG que, trata el tema de la fuente de las rentas obtenidas por establecimientos permanentes ubicados en el exterior. En relación a la enajenación de acciones en particular, menciona el art. 98 de la LIG. Asimismo, dice que el artículo 104, inciso i) dispone una presunción de ganancia neta del 90% sobre las sumas pagadas al beneficiario del exterior y agrega el artículo 252 del Decreto Reglamentario de la LIG (según texto ordenado en 2019).
Sostiene que del juego armónico de las normas se desprende que las rentas derivadas de la venta de acciones de sociedades constituidas en el país, efectuada por sujetos radicados en el exterior, son consideradas de fuente argentina; que tales rentas tributan el impuesto cedular del 15%; que los establecimientos permanentes del exterior pertenecientes a sujetos del país se consideran beneficiarios del exterior; que es aplicable, en el caso de beneficiarios del exterior, una retención de pago único y definitivo; que la retención se aplica sobre una presunción de ganancia neta del 90% o sobre la ganancia determinada sobre base cierta, según sea la opción ejercida por el beneficiario.
En relación al cómputo de los quebrantos impositivos, expresa que el artículo 25 de la LIG dispone en su octavo párrafo que no serán compensables los quebrantos impositivos con ganancias que deban tributar el impuesto con carácter único y definitivo ni con aquellas comprendidas en el Capítulo II del Título IV, es decir, las ganancias alcanzadas por el impuesto cedular.
Agrega lo establecido por la Resolución General (AFIP) N° 4227/2018 (en adelante RG 4227/2018), a través de la cual el Organismo establece la forma de efectuar la retención del impuesto a las ganancias, con carácter de pago único y definitivo, y su correspondiente ingreso, para las inversiones sobre renta financiera de los beneficiarios del exterior.
A su vez, señala que el área de fiscalización, a los efectos de determinar el ajuste en cuestión, aplicó la presunción establecida en el inciso i) del artículo 104 de la LIG (90%) sobre el importe de la venta de las acciones, y sobre dicha base aplicó la alícuota del 15%.
Con respecto a la nulidad planteada por la recurrente manifiesta que no existen vicios que tornen nulo el procedimiento, habiendo sido efectuado de conformidad con las normas aplicables a la especie, no existiendo agravio concreto del contribuyente que vulnere garantía constitucional alguna.
Señala que el acto atacado, se encuentra perfectamente motivado, pues de su lectura, surgen los elementos de hecho y de derecho que llevaron a la convicción administrativa de determinar el impuesto discutido, otorgando la oportunidad a la encartada de que ejerza su defensa y aportar todas las pruebas que hagan a su derecho. Añade que la resolución apelada se encuentra perfectamente motivada, causada y se ha respetado acabadamente el derecho de defensa de la actora y solicita que las nulidades opuestas sean rechazadas.
El Fisco Nacional expresa que es la normativa la que expresamente indica, a través del artículo 7, que el resultado de la venta de las acciones de una empresa cuyo paquete accionario fue emitido en nuestro país, es de fuente argentina.
Además indica que para determinar si un resultado es de fuente argentina o no, es prioritario definir su origen y luego ubicarlo geográficamente, es decir, se deberá identificar si ese resultado proviene de un bien (por ejemplo: la venta de un bien mueble), de una actividad (la prestación de un servicio) o de un hecho acaecido, y, en cada caso, se deberá verificar si ello sucede dentro o fuera del país.
Advierte que según el artículo 5° de la LIG la fuente se determinará sin tener en cuenta la nacionalidad, el domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos. De ello se desprende que el acto contractual no es causa suficiente para atribuir la fuente de la ganancia.
Resalta que la causa de la obtención de los beneficios no fue la realización de la actividad sino la venta de los bienes –acciones- a cambio de un precio convenido. Tal razonamiento queda confirmado por el hecho que el precio determinado en la operación llevada a cabo entre RENAISCO BV y Vicentin SAIC Sucursal Uruguay remunera la transmisión de las acciones de RENOVA SA y bajo ningún punto de vista remunera las gestiones realizadas para lograr la venta.
Aclara que si la causa de la renta es la venta de un bien, la fuente de la renta estará determinada por la ubicación del bien al momento de llevarse a cabo la operación. En este caso, tratándose de la venta de acciones de una sociedad constituida en el país, la fuente se ubica en el lugar de residencia de la sociedad emisora. Entiende que convalidar la pretensión de la contraria, en el sentido de considerar que es la actividad desarrollada en el exterior la fuente de la ganancia de capital controvertida, no resulta admisible por haber quedado demostrado que, el origen de la renta es la venta de las acciones y la ubicación de la fuente se produce en el lugar de radicación de la sociedad emisora de las acciones transferidas. No se advierte la existencia de un conflicto de fuentes, como intenta hacer valer la encartada.
Considera que la ganancia obtenida por la venta de las acciones de la sociedad constituida en el país es de fuente argentina y que, como se señaló, resulta de aplicación el impuesto cedular establecido en el artículo 98 de la LIG a la tasa del 15%, debiendo considerarse a Vicentin SAIC Sucursal Uruguay como beneficiario del exterior, según lo dispuesto por el artículo 125 del mismo precepto.
En lo que hace al agravio relativo a que la recurrente no sería representante legal en el país de Vicentin SAIC Sucursal Uruguay, advierte que si bien no existe una definición legal de “sucursal” es generalmente aceptado que este concepto alude a un instrumento de tipo operativo para el desarrollo de una actividad, revistiendo dicho instrumento una mera extensión de su titular o casa matriz.
Aclara que no se encuentra controvertido en la presente causa que Vicentin SAIC Sucursal Uruguay, como sucursal en el exterior de un residente en el país, reviste la calidad de establecimiento permanente, según los términos del artículo 22 de la LIG.
Concluye que a la luz de las observaciones comentadas, que siendo Vicentin SAIC la casa matriz de la sucursal radicada en Uruguay, contaría con mandato suficiente en los términos del artículo 252 del decreto reglamentario para efectuar el ingreso del impuesto.
Sumado a lo dicho, tratándose ambas de la misma empresa no se advierte la necesidad para Vincentin Uruguay de efectuar una designación previa y expresa a fin de formalizar a la aquí actora como su representante legal, toda vez que desde el punto de vista jurídico constituyen la misma persona.
Agrega que la separación de Vicentin SAIC (sujeto local) y Vicentin SAIC Sucursal Uruguay (beneficiario del exterior) en dos sujetos tributarios diferentes, constituye una ficción creada por la legislación tributaria en el ámbito del impuesto a las ganancias, al solo efecto de la determinación de las rentas gravadas y de la ubicación de la fuente productora de las mismas. Sin embargo, se aclara, no se puede soslayar que dicha situación de ninguna manera modifica su calidad de entidad jurídica única.
En cuanto a la base de cálculo del impuesto, manifiesta que la Ley de Procedimiento Tributario establece un orden de prelación para la aplicación primero del método de base cierta y, luego, sobre base presunta, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia de materia imponible, que no se replica en la Ley de Impuesto a las Ganancias. En esta última, se establece una opción que solo puede ser ejercida por el beneficiario de la ganancia (Vicentin SAIC Sucursal Uruguay).
Advierte que de las actuaciones que forman parte del expediente en trato, no surge una expresión inequívoca por parte de Vicentin SAIC o de Vicentin SAIC Sucursal Uruguay que permita afirmar que, habiendo aceptado el ajuste propuesto por el área fiscalizadora, se opta por la aplicación del criterio de cálculo de la base imponible teniendo en cuenta los gastos necesarios para obtenerla.
No hay una conformidad contundente a la procedencia de la retención, sino que se plantea considerar los gastos correspondientes en forma subsidiaria, esto es, condicionado a decisiones previas en cuanto a la fuente, a la procedencia del impuesto cedular y a la representación legal en Argentina.
En cuanto a las ganancias y quebrantos que habrían sido incorrectamente computados en la declaración jurada respectiva, tal como lo expresa el área determinativa en la resolución apelada, no se impugnó dicha declaración jurada y corresponde al contribuyente corregir la situación oportunamente expuesta, siempre que la responsable acepte el ajuste propuesto, cuestión que precisamente corresponde a la apelación en trato. Por ende, solicita el rechazo de la apelación relativa a este concepto.
Concluye que la renta obtenida por Vicentin SAIC Sucursal Uruguay producto de la venta de su participación accionaria en la firma RENOVA SA (sociedad constituida en el país), a un adquirente también del exterior, constituye una renta de fuente argentina, según lo establecido en el artículo 7 de la LIG; según lo establecido en el artículo 125 de la LIG, dicha renta debe ser atribuida al establecimiento permanente ubicado en Uruguay, el cual, respecto de tales rentas reviste el carácter de beneficiario del exterior. Por su parte, Vicentin SAIC Sucursal Uruguay, como beneficiario del exterior de renta de fuente argentina, resulta alcanzado por lo establecido en el artículo 98, inciso c), de la LIG, gravado a una tasa del 15%; a fin de determinar el impuesto a ingresar, el anteúltimo párrafo del citado artículo 98, establece que dicha alícuota se debe aplicar sobre la presunción de ganancia neta del 90% de los importes pagados, o sobre la base cierta determinada, de acuerdo con lo previsto por el inciso i) del artículo 104 de la LIG y por el segundo párrafo de la misma norma, a fin de ingresar el tributo. En atención a lo establecido en la RG Nº 4227, artículo 6to, inciso d), Vicentin SAIC Argentina debe actuar como responsable del ingreso de la retención como pago único y definitivo en cuanto a que resulta responsable en el país de Vicentin SAIC Sucursal Uruguay - establecimiento permanente de Vicentin SAIC -Argentina-, y en la forma establecida en su artículo 9.
Respecto a la sanción aplicada, afirma que la comisión de los hechos violatorios que se le imputan, se encuentran debidamente probados y que la omisión de actuar como agente de retención y la consiguiente falta de ingreso del impuesto al vencimiento de la obligación tributaria como en el caso de autos, son prueba clara de la existencia de la conducta que sanciona el art. 45 de la ley 11.683.
Menciona que el no actuar como agente de retención y en este caso en particular, con una sucursal del exterior, reviste esencial importancia y a mérito de ello el legislador ha querido especialmente punir la falta de ingreso del Tributo.
Con respecto al “error excusable” alegado por el apelante, advierte que para que proceda el mencionado error, el mismo debe ser probado y procede en los casos en que la norma aplicable al caso resulte compleja, oscura, novedosa o admitiera diversas interpretaciones que hubieran impedido al responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender el verdadero significado del precepto legal de que se trate.
Respecto a los intereses resarcitorios, señala que contrariamente a lo argumentado por la recurrente, en autos queda probada la subjetividad requerida para configurar la mora culpable y que el estado de mora constituido por el incumplimiento material de la obligación produce, entre otros efectos, la obligación accesoria de pagar intereses. En el régimen previsto por la Ley de Procedimiento Tributario, la constitución en mora se produce en forma automática, es decir, por el solo vencimiento de los plazos para el pago y sin la necesidad de requerimiento previo por parte del Fisco. Acompaña antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida. cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto, solicita que se rechace el recurso impetrado, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida, con costas.
III. Que mediante PV-2022-124886231-APN-VOCV#TFN se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba informativa, prueba pericial contable en Argentina y en Uruguay vía exhorto. En IF-2026-27968578- APN-SGAI#TFN se encuentra la contestación de exhorto con el informe pericial contable producido en Uruguay y en IF-2024-55118625-APN-DTD#JGM el producido en Argentina. En PV-2026-30362188-APN-VOCV#TFN se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la sala “B” y mediante IF-2026- 34937592-APN-VOCV#TFN se ponen los autos para alegar. Habiendo alegado las partes, por IF-2026-
45539367-APN-VOCV#TFN se llamaron los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar, aun cuando no hayan sido planteados como excepción, por una cuestión de lógica precedencia, corresponde que este Tribunal se pronuncie con relación a los agravios de la actora por cuanto considera que el acto administrativo vulnera el derecho de defensa y debido proceso adjetivo.
En efecto, plantea que el acto apelado adolece de motivación toda vez que existen fundamentos contradictorios en el actuar de la Administración.
Cabe señalar, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED.,SALA II , 9/10/96, entre otros).
Que respecto de lo estrictamente formal, la resolución determinativa de autos, en cuanto acto administrativo, aparece satisfaciendo acabadamente los requisitos estatuidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Asimismo, no se observa que el organismo fiscal se haya apartado en su accionar del ordenamiento jurídico positivo.
Que en definitiva, los agravios de la actora son argumentos que hacen a su disconformidad con la forma en que resolviera el juez administrativo, circunstancia ésta que excede el marco de la nulidad planteada. Que corresponde señalar aquí que, si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, lo cierto es que no fue articulado por la actora como excepción en los términos del art. 171 de la ley ritual sino como defensa contra los actos determinativos apelados y con la finalidad de obtener la revocación del criterio fiscal (vide petitorio del escrito de apelación), razón por la cual no corresponde una imposición de costas autónoma. En este aspecto cabe traer a colación lo dicho por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re “Ferioli, Jorge Oscar” (sentencia de fecha 24/08/2007), por cuanto “...al estar subsumidos los planteos de nulidad dentro del ámbito recursivo, y por tanto, no haber generado o dado lugar a una actividad procesal autónoma, distinta o específica de aquella que es propia de la sustanciación ordinaria de la apelación de fondo, no se justifica tampoco un tratamiento especial y distinto -en materia de costas- que aquel asignado al resolverse la cuestión sustancial...”.
Que en el mismo sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia en cuanto “Que tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal; ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. fs. 132), lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y —tal como lo puso de relieve el a quo— la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. sentencia de cámara, considerando V, fs. 735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia” (B-485-XLV, “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Que según se desprende de los antecedentes administrativos la recurrente es una sociedad anónima, cuya actividad económica declarada ante el Organismo, es la “elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar” entre otras, y cierra sus ejercicios comerciales el 31 de octubre de cada año.
Surge también que la contribuyente se encuentra en concurso preventivo desde el 10/2/2020 (autos “VICENTIN SAIC S/Concurso Preventivo Expte. N° 21-25023953-7), en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 2da Nominación de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.
El Fisco Nacional observó que la contribuyente omitió retener el Impuesto a las Ganancias -Retenciones con carácter de pago único y definitivo a Beneficiarios del Exterior-, correspondiente a la venta, por parte de la firma Vicentin SAIC Sucursal Uruguay, de parte del paquete accionario de la empresa Renova SA (cuyas acciones son emitidas en la República Argentina), a la sociedad compradora de Renaisco B.V., constituida en el Reino de los Países Bajos.
Que en el caso de marras corresponde señalar que la operatoria efectuada se basó en que Vicentin SAIC Sucursal Uruguay vendió a Renaisco BV, Sociedad radicada en el Reino de los Países Bajos, 438.233.700 acciones de Renova SA. La oferta de compraventa, remitida por Vicentin SAIC Sucursal Uruguay, fue aceptada por Renaisco B.V.
Conforme surge de la pericial contable, ordenada en autos y producida en Uruguay, la misma da cuenta de la intervención de Vicentin SAIC en la adquisición de Vicentin Paraguay SA, de parte del paquete accionario de Renova SA en 2014 que consistió en solicitar un préstamo a Rebobank Nederland por U$S 25.000.000 por concepto de prefinanciación de exportaciones. Dicho préstamo fue renovado en 2015, 2017 y 2019.
En tal sentido los peritos señalan que las acciones vendidas por Vicentin SAIC Sucursal Uruguay a Renaisco B.V. fueron adquiridas previamente a Vicentin Paraguay SA. Con fecha 4/11/2019 Vicentin Paraguay SA emitió una oferta de compraventa de acciones a Vicentin SAIC Sucursal Uruguay nominada “Oferta de compraventa de acciones 0001/11/2019” (Anexo D). Dicha oferta fue aceptada por Vicentin SAIC Sucursal Uruguay con fecha 26/11/2019 (Anexo E).
Asimismo indican que en dicha oferta se establece que se ofrecen 438.233.700 acciones Clase B, nominativas, no endosables de valor nominal AR$1 con derecho a 1 vto cada una, representativas del 16.66% del capital social y votos de Renova SA. Asimismo se estableció que el precio de estas acciones es de U$S 122.700.000 ajustados en más o en menos, según corresponda, por la suma que resultara del ajuste referenciado en el artículo 3.3. del Anexo I de los términos y condiciones de la oferta de acciones.
Que entrando al análisis de la cuestión de fondo traída a decisión de este Tribunal, corresponde efectuar en primer término una reseña de la normativa aplicable a la cuestión.
En tal sentido, el artículo 5 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o en 2019) establece que: “En general, y sin perjuicio de las disposiciones especiales de los artículos siguientes, son ganancias de fuente argentina aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, de la realización en el territorio de la Nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios, o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos.”
En tal sentido corresponde señalar que el artículo 1°de la ley de gravamen establece “Todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley, quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. Las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme lo establecido en el artículo 36. Los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, residentes en el país, tributan sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o en el exterior, pudiendo computar como pago a cuenta del impuesto de esta ley las sumas efectivamente abonadas por impuestos análogos, sobre sus actividades en el extranjero, hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de la ganancia obtenida en el exterior. Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina, conforme lo previsto en el Título V y normas complementarias de esta ley. El artículo 7° -texto según art. 5 de la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017)- indica que “Con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente, las ganancias provenientes de la tenencia y enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares—, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, se considerarán íntegramente de fuente argentina cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en la REPÚBLICA ARGENTINA. Los valores representativos o certificados de depósito de acciones y de demás valores, se considerarán de fuente argentina cuando el emisor de las acciones y de los demás valores se encuentre domiciliado, constituido o radicado en la REPÚBLICA ARGENTINA, cualquiera fuera la entidad emisora de los certificados, el lugar de emisión de estos últimos o el de depósito de tales acciones y demás valores.”
Por otra parte el art. 125 de la ley del gravamen dispone “Las ganancias atribuibles a establecimientos permanentes instalados en el exterior de titulares residentes en el país, constituyen, para estos últimos, ganancias de fuente extranjera, excepto cuando ellas, según las disposiciones de esta ley, deban considerarse de fuente argentina, en cuyo caso los establecimientos permanentes que las obtengan continuarán revistiendo el carácter de beneficiarios del exterior y sujetos al tratamiento que este texto legal establece para éstos.” Asimismo el artículo 98 de la ley de gravamen establece lo siguiente: “La ganancia neta de fuente argentina de las personas humanas y sucesiones indivisas derivada de resultados provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares—, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, quedará alcanzada por el impuesto a la alícuota que se detalla a continuación dependiendo del valor de que se trate:
(…) c) Acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares y cuotapartes de condominio de fondos comunes de inversión a que se refiere el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 24.083 y sus modificaciones, que (i) cotizan en bolsas o mercados de valores autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES que no cumplen los requisitos a que hace referencia el inciso u) del artículo 26 de esta ley, o que (ii) no cotizan en las referidas bolsas o mercados de valores: QUINCE POR CIENTO (15 %).
(…) Lo dispuesto en el presente artículo también será de aplicación cuando el sujeto enajenante revista la condición de beneficiario del exterior, que no resida en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no cooperantes. En dicho caso la ganancia —incluida aquella a que hace referencia el artículo 15 de esta ley— quedará alcanzada por las disposiciones contenidas en el inciso i) y en el segundo párrafo del artículo 104, a la alícuota de que se trate establecida en el primer párrafo de este artículo.” Asimismo, el último párrafo del artículo 98 de la LIG establece: “En los supuestos…en que el sujeto adquirente no sea residente en el país, el impuesto deberá ser ingresado por el beneficiario del exterior a través de su representante legal domiciliado en el país.”
En concordancia con lo expuesto, el artículo 252 del Decreto Reglamentario de la LIG (según texto ordenado en 2019) establece: “En los supuestos contemplados en el último párrafo del artículo 98 de la ley, el enajenante beneficiario del exterior deberá ingresar el impuesto directamente a través del mecanismo que a esos efectos establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, o podrá hacerlo: (i) a través de un sujeto residente en el país con mandato suficiente o (ii) por su representante legal domiciliado en el país”.
Analizada la normativa antes transcripta, se observa que por un lado el artículo 5 de la ley establece con carácter general el criterio de fuente. En efecto, cabe notar que dicha norma dice “En general, y sin perjuicio de las disposiciones especiales de los artículos siguientes...”, lo que lleva entonces a considerar la norma del artículo 7 de la misma ley como una disposición especial para un caso específico.
Siendo ello así, cabe coincidir con la postura fiscal en cuanto a la existencia de una norma clara y precisa, como lo es el artículo 7 de la ley del gravamen, que sin lugar a dudas consagra que el resultado de la venta de acciones se considera íntegramente de fuente argentina cuando el emisor se encuentre domiciliado, establecido o radicado en la República Argentina. En el caso está fuera de discusión que las acciones vendidas por Vicentín SAIC Sucursal Uruguay a la firma RENAISCO BV, fueron emitidas por una empresa local (en el caso RENOVA S.A.), es decir, radicada en la República Argentina, con independencia de que la venta se hubiera concretado en el exterior.
Cabe recordar que la Corte tiene dicho en lo relativo a la interpretación de las normas que “.... resultan aplicables las pautas de hermenéutica que establecen que cuando una ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación (Fallos: 320:2145, considerando 60 y su cita), y que la primera fuente de exégesis de la leyes su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 323:620; 325:830)".
Ante la claridad de la norma y su especificidad, corresponde descartar cualquier tipo de conflicto normativo, como así también la pretendida aplicación al caso de precedentes administrativos como el Dictamen 27/03 o la opinión del Organismo fiscal en el ámbito de la Comisión de Enlace AFIP-CPCE CABA, del 14/4/2010, toda vez que se trata de opiniones -que no revisten carácter de fuente para este Tribunal- que se suscitaron en un contexto diferente al que resulta de aplicación al caso de autos, habida cuenta que el texto de la norma específica del artículo 7 ha sido incorporado a la Ley del tributo por la Ley Nº 27.430 (B.O. 29/12/2017).
Por lo tanto, a la luz del artículo 125 de la ley, las ganancias atribuibles a establecimientos permanentes instalados en el exterior de titulares residentes en el país, que deban considerarse de fuente argentina, los establecimientos permanentes que las obtengan continuarán revistiendo el carácter de beneficiarios del exterior y sujetos al tratamiento que la ley establece para éstos, quedando sujeta así a la tasa del 15% prevista por el inciso c), del artículo 98 de la ley del gravamen, en cuanto establece que ello será de aplicación cuando el sujeto enajenante revista la condición de beneficiario del exterior y que en los supuestos que el sujeto adquirente no sea residente en el país, el impuesto deberá ser ingresado por el beneficiario del exterior a través de su representante legal domiciliado en el país.
En cuanto al agravio de la recurrente, referido a que Vicentín SAIC -Argentina- no sería representante legal en el país de Vicentín SAIC Sucursal Uruguay, cabe señalar que una sucursal actúa como una unidad separada, con su propia contabilidad, que constituye un centro de imputación de ingresos y gastos, diferenciado de su casa matriz. Así la Corte en la causa “The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Ltd.” del 22/11/2011, invocado por el Fisco Nacional en sustento de su postura, en el marco del análisis del gravamen sobre los bienes personales allí discutido, señaló -como principio- que la sucursal es un establecimiento secundario que carece de personería jurídica propia, aunque dotado de relativa autonomía destinado a colaborar en la explotación realizada por el establecimiento principal que constituye el titular de todo el patrimonio. Es decir, la sucursal es solo un sector descentralizado de la casa central.
Ello así, cuando el artículo 98 de la ley del impuesto y el artículo 252 del Decreto reglamentario establecen que “...el enajenante beneficiario del exterior deberá ingresar el impuesto directamente o a través del mecanismo que a esos efectos establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos o podrá hacerlo: (i) a través de un sujeto residente en el país con mandato suficiente o (ii) por su representante legal domiciliado en el país”, siendo que la sucursal constituye una unidad patrimonial con su matriz, no puede esta última aducir que no tiene representación legal de aquélla, puesto que sería negar su propia representación.
Por último en cuanto al agravio de la actora referido a su rechazo a la presunción del 90% de renta (base presunta), corresponde aquí transcribir lo dispuesto por el artículo 104 de la LIG, en cuanto establece “Cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por los conceptos que a continuación se indican, se presumirá ganancia neta, sin admitirse prueba en contrario:(...)i) El NOVENTA POR CIENTO (90 %) de las sumas pagadas por ganancias no previstas en los incisos anteriores. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos g) y h), los beneficiarios de dichos conceptos podrán optar, para la determinación de la ganancia neta sujeta a retención, entre la presunción dispuesta en dichos incisos o la suma que resulte de deducir del beneficio bruto pagado o acreditado, los gastos realizados en el país necesarios para su obtención, mantenimiento y conservación, como así también las deducciones que esta ley admite, según el tipo de ganancia de que se trate y que hayan sido reconocidas expresamente por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.”
En el caso, no se encuentra acreditado el ejercicio de opción alguna, la que debe ser ejercida en forma expresa, no resultando aceptable la pretensión de la recurrente de que el Fisco debió haber practicado la liquidación sobre base cierta por el hecho de haber la actora puesto a su disposición los elementos para así hacerlo a lo largo de la fiscalización.
Por último, el artículo 25 de la Ley dispone que no serán compensables los quebrantos impositivos con ganancias que deban tributar el impuesto con carácter único y definitivo ni con aquellas alcanzadas por el impuesto cedular. En cuanto al planteo subsidiario relativo a que el Fisco ha omitido reconocer el quebranto utilizado para absorber el resultado positivo declarado por la venta de las acciones, cabe advertir que dicha declaración no fue objeto de impugnación en el acto recurrido en autos, razón por la cual no corresponde pronunciamiento alguno, debiendo en su caso la recurrente -de así considerarlo- proceder a su rectificación en caso de terminar aceptando el criterio fiscal traído en discusión.
En función de todo lo expuesto, corresponde confirmar la resolución venida en recurso.
VI. Que en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con prescindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte entre otros precedentes (...) se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en la determinación apelada.
VII. Que resta analizar el aspecto sancionatorio del acto venido en recurso.
Que el Fisco Nacional sustenta la multa aplicada en el segundo párrafo del artículo 45 de la ley procedimental, el cual señala que: “Será reprimido con una multa del doscientos por ciento (200%) del tributo dejado de pagar, retener o percibir cuando la omisión a la que se refiere el párrafo anterior se vincule con transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos permanentes ubicados en el país con personas humanas, jurídicas o cualquier otro tipo de entidad domiciliada, constituida o ubicada en el exterior.”
Que el tipo infraccional allí descripto requiere por lo tanto que la omisión imputada se vincule con transacciones celebradas entre un sujeto local con una persona domiciliada, constituida o ubicada en el exterior. En definitiva, atento la forma en que se resolviera la cuestión de fondo, esto es que la recurrente reviste el carácter de representante legal en el país de la firma Vicentín SAIC Sucursal Uruguay y que por ese motivo es el sujeto obligado al ingreso de la retención del Impuesto sobre la ganancia proveniente de la venta realizada por esta última a la firma holandesa Renaisco BV de parte del paquete accionario de su titularidad en la empresa argentina Renova SA, no se aprecia en el caso concreto que la conducta de la aquí recurrente encuadre en las previsiones del segundo párrafo del artículo 45 de la ley, en la cual el Fisco sustenta su pretensión sancionatoria. En efecto, la omisión imputada no se vincula con transacciones celebradas entre la empresa local con una persona jurídica del exterior, sino que la operatoria que da lugar al ingreso de la retención es la operación celebrada entre dos sujetos del exterior, cuyo resultado se considera íntegramente de fuente argentina en función de las normas legales analizadas en los Considerandos precedentes.
Ello así, no encontrándose debidamente encuadrada la conducta que se pretende sancionar en el acto aquí recurrido, solo cabe revocar la multa aplicada.
VIII. En cuanto a las costas, atento a la forma en que se resuelve se imponen conforme los respectivos vencimientos.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto e intereses y revocarla en relación a la multa aplicada. Costas conforme los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.05.13 14:47:51 ART Date: 2026.05.13 17:33:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.13 19:21:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.13 19:21:53 -03:00
Fin de la sentencia