Abriendo la norma
Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro · Causa 13
Lo que resolvió el tribunal
I. Condenar a J. J. A., cuyos demás datos personales obran en la presente, a la pena de DIECISIETE AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas del proceso, por ser coautor del delito de ROBO CALIFICADO POR EL RESULTADO HOMICIDIO EN CONCURSO REAL CON TENENCIA DE ARMA DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, hecho acaecido el día 10 de octubre de 2009, en la localidad y partido de Tigre, provincia de Buenos Aires (arts. 165, 189 bis inc. 2º segundo párrafo, 54 y 55 del C.P. y 4º de la ley 22.278).
II. MANTENER a J. J. A. en su actual situación de detención a disposición de éste Tribunal.
Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Departamento Judicial San Isidro C. 13, seguida a “C.D.V y a J.J.A. por los delitos de homicidio criminis causae y robo calificado por el resultado homicidio en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal, hecho en el que resultara víctima Santiago Juan Urbani”.
En la ciudad de San Isidro, a los 10 días del mes de noviembre de 2014 se reúnen en ACUERDO los Sres. Jueces integrantes del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial San Isidro, el que se encuentra integrado por el Dr. José Alberto Villante en carácter de Presidente y las Dras. Silvia Noemí Chomiez y Mirta Angélica Ravera Godoy en carácter de Vocales, con el objeto de dictar sentencia en los términos del artículo 4º de la ley 22.278 en la presente causa Nº 13 del registro de la Secretaría de este Tribunal seguida a J. J. A. por el delito de homicidio en ocasión de robo en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal; intervienen en el proceso el Sr. Fiscal del Joven, Dr. Andrés M. Zárate, el Sr. Representante de la Particular Damnificada, Dr. Alberto F. Spagnuolo, y el Sr. Defensor Oficial, Dr. Juan Staubli. Practicado el sorteo de rigor, se estableció que en la votación debía observarse el siguiente orden: VILLANTE - CHOMIEZ - RAVERA GODOY.
I. Que con fecha 18 de julio de 2010 -cfr. fs. 1206/1282- este Tribunal dictó sentencia resolviendo en lo que aquí interesa declarar penalmente responsable a J. J. A., en orden al delito de robo calificado por el resultado homicidio, y diferir la imposición de pena a ser aplicada para la oportunidad prevista en el art. 4º incs. 2° y 3º de la ley 22.278.
En dicha sentencia de responsabilidad, se tuvo por cierto que el día 10 de octubre de 2009, alrededor de las 3:30 horas, dos personas que fueron identificadas a la postre como C. D. V. y J. J. A., junto con por lo menos dos personas más, en las inmediaciones del domicilio sito en la Av. Liniers Nº 1954 de la localidad y partido de Tigre, abordaron a Santiago Juan Urbani, y lo condujeron a su domicilio sito en Av. Liniers 1988 de Tigre, en el que se encontraban su madre Julia Rapazzini y su hermana Florencia Urbani y al que ingresaron al menos V. y A.. Una vez en el interior de la vivienda se dirigieron a la habitación de Florencia Urbani y mediante intimidación con al menos dos armas de fuego la redujeron y obligaron a Santiago Urbani a permanecer en dicha habitación mientras que A. condujo a Florencia Urbani a la habitación de su madre donde permanecieron ambas, mientras se apoderaraban ilegítimamente de dinero en efectivo y otros elementos de valor. Mientras tanto, Santiago Juan Urbani, quien se encontraba en la habitación de su hermana, recibió un disparo en la parte frontal derecha del cráneo -provocándole la muerte-, el que fuera efectuado por quien a la postre fuera identificado como C. D. V. con un arma tipo escopeta recortada calibre 16 UAB, sin marca, con numeraciones 6084 y 5113, que portaba sin autorización legal para ello. Luego, se retiraron todos los intervinientes del lugar con los elementos sustraídos abordo del Chevrolet Corsa color azul domino GSW-997 propiedad de Santiago Juan Urbani.
Dicha sentencia fue recurrida por la Defensa, el Sr. Fiscal del Joven y el Sr. Representante de la Particular Damnificada, por lo que con fecha 29 de marzo de 2011, conforme surge de fs. 2213/2343, la Sala I de la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Deptal. resolvió confirmar la sentencia condenatoria dictada, con la sola modificación de la calificación legal, entendiendo que los hechos debían calificarse como constitutivos de los delitos de robo calificado por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal. Contra ese pronunciamiento la defensa interpuso recurso de inaplicabilidad de ley, el que conforme surge de fs. 2522/2542 fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, resolviendo el Superior Provincial hacer lugar parcialmente al recurso incoado y encuadrar los hechos reprochados a J. J. A. como coautor, en las figuras de homicidio en ocasión de robo en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal (arts. 45, 55, 165 y 189 bis inc. 2º segundo párrafo del C.P.), sentencia que se encuentra firme.
II. Que de la fotocopia certificada del DNI de J. J. A. obrante a fs. 390 y de la fotocopia certificada de la partida de nacimiento obrante a fs. 391 surge que éste nació el día 24 de junio de 1993, por lo que al día de la fecha cuenta con 21 años de edad. Que asimismo, del acta de procedimiento obrante a fs. 5/6 surge que las presentes actuaciones se iniciaron el día 10 de octubre de 2009, habiéndose aprehendido a J. J. A. con fecha 20 de octubre de 2009 (cfr. fs. 370/372), por lo que al día de la fecha el requisito previsto por el inciso 3º del artículo 4º de la ley 22.278 se encuentra cumplido con holgura.
Luego se agregaron los informes de diagnóstico y tratamiento pertinentes, solicitándose al Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental la confección de informes psicológicos y ambientales respecto del nombrado, recordándole a los profesionales intervinientes su deber de exponer conclusiones claras, concretas y específicas, con desarrollo razonado de los fundamentos pertinentes, basándose en los conocimientos propios de su ciencia o profesión, de manera neutral y objetiva.
III. Que en consecuencia, luego de arrimados los informes correspondientes, se corrió vista a las partes y se fijó audiencia a fin de resolver respecto de la necesidad o no de imposición de pena respecto de J. J. A., y en su caso su monto, la que finalmente con fecha 3 de noviembre de 2014 fue celebrada.
En dicho acto, el Sr. Fiscal del Joven requirió se le impusiera a J. J. A. la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas del proceso.
A su vez, el Sr. Representante de la Particular Damnificada solicitó se le aplique al encausado la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas del proceso.
Por su parte, el Sr. Defensor Oficial solicitó se aplique la reducción a la escala de la tentativa prevista por el artículo 4º de la ley 22.278 y se le imponga a su asistido la pena de cinco años de prisión.
Asimismo, en dicha audiencia se tomó contacto de visu con el imputado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Código Penal.
Así las cosas, encontrándose cumplidos al día de la fecha los requisitos del artículo 4º de la ley nacional 22.278 y contando con informes actualizados en tales términos, se procede a tratar y votar la siguiente cuestión:
Si corresponde imponer o no pena al encausado, en su caso el monto de ésta y la modalidad de cumplimiento.
A la única cuestión el Sr. Presidente del Tribunal, Dr. Villante dijo:
1. Que J. J. A. fue declarado penalmente responsable de los delitos de homicidio en ocasión de robo en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal (arts. 45, 55, 165 y 189 bis inc. 2º segundo párrafo del C.P.). En esta etapa del proceso, se presentan tres opciones: la condena del encausado a una pena de prisión que se ubique dentro de la escala correspondiente a tal calificación legal, la condena del encausado a una pena dentro de la escala reducida en la forma prevista para la tentativa, o bien la absolución de pena.
En este sentido, debo adelantar que entiendo necesaria la aplicación de pena, lo que derivo de múltiples circunstancias, siendo una de las principales la gravedad de los hechos cometidos por el encausado.
Asimismo, tengo en cuenta la insuficiencia del tratamiento resocializador por el que se encuentra transitando el encausado -desde hace casi cinco años-, siendo necesario a mi entender que dicho tratamiento continúe y se profundice a los efectos de la acabada resocialización del joven A..
2. Que a continuación expondré y valoraré las distintas constancias obrantes en la presente causa y producidas en la audiencia realizada el pasado 3 de noviembre que reflejan el modo en que A. se ha desempeñado a lo largo de los casi cinco años de tratamiento resocializador al que se lo ha sometido, habiendo ingresado con fecha 21 de octubre de 2009 al Centro de Recepción de Dolores, a saber:
Informe ambiental obrante a fs. 578, de fecha 5 de noviembre de 2009, confeccionado por la Trabajadora social del Centro de Recepción de Dolores, donde se plasma que el joven manifiesta que mantiene muy buena relación con su grupo familiar y que ambos progenitores le marcaban límites pero que él no los obedecía. El joven comenta que consumía marihuana pero que actualmente en ese momento no sentía la necesidad de consumirla. La licenciada hizo saber que desde su ingreso el encausado no había presentado inconvenientes y que se incorporaba progresivamente a las actividades de la institución, retomando su escolaridad.
Informe obrante a fs. 707, de fecha 29 de diciembre de 2009, confeccionado por la Trabajadora social del Centro de Recepción de Dolores en el que se hace saber que el encausado se encuentra adaptado al régimen de vida institucional, respetando a los demás y mantiene buena conducta. Que se ha integrado a la totalidad de las actividades que se desarrollan en la institución. Manifiesta en pocas palabras sus errores e intenciones de cambiar a la hora de abordar temas de importancia. La profesional plasma que el encausado recibe las visitas de sus familiares que se hallan comprometidos a acompañarlo y armar un proyecto para el futuro.
Informes obrantes a fs. 4055 y 4057/4065, de los que surge en líneas generales que el encausado presenta conducta y predisposición satisfactorias a lo largo de los días que estuvo alojado en el Centro de Recepción de Dolores.
Con fecha 16 de febrero de 2010 el joven ingresó al Centro de Recepción Mar Del Plata (cfr. fs. 4056).
Informe obrante a fs. 4056, de fecha 16 de febrero de 2010, confeccionado por el Centro de Recepción Mar del Plata -en el que el joven estuvo alojado doce díasdonde se informa que el joven se adapta adecuadamente a la normativa institucional y se mantiene tímido pero respetuoso. Asimismo se hizo saber que concurría a los talleres que se brindaban en la institución.
Tengo en cuenta asimismo, la impresión personal recogida respecto del encausado con fecha 18 de marzo de 2010 a instancias de la audiencia celebrada a tenor del artículo 36 inc. 3º de la ley 13.634 y 12 de la C.D.N., cuya acta obra a fs. 795. En dicho acto el encausado hizo saber que comenzaría a estudiar sexto grado, que mantenía entrevistas periódicas con la psicóloga, que era visitado por sus padres y hermanos. Que asistía al taller de carpintería y que previo a su detención trabajaba como pintor y albañil.
Informe obrante a fs. 855/856, de fecha 8 de abril de 2010, confeccionado por la Licenciada en Trabajo Social del Centro de Recepción Dolores, del que surge que el encausado fue trasladado con fecha 5 de febrero de 2010 al Centro de Recepción, reingresando el día 17 de febrero del mismo año. Se pone en conocimiento que A. retomó la totalidad de las actividades que venía realizando antes de ser trasladado al Centro Cerrado Mar del Plata, se hace saber que el joven comenzó a manifestar sus decisiones e intenciones aunque le cuesta asumir sus responsabilidades sin responsabilizar a otros por sus acciones. Se informa que elude las respuestas cambiando de tema cuando se lo insta a abordar temas de importancia. Se pone en conocimiento que compartió una cena con las autoridades y los demás jóvenes y mantuvo buen comportamiento. Reitera lo informado anteriormente en punto a que recibe la visita de sus familiares y estos acompañan al joven.
Informe de fecha 4 de junio de 2010, obrante a fs. 3948, confeccionado por la Licenciada en Trabajo Social del Centro de Recepción Dolores, del que surge que el encausado luego de siete meses de alojamiento en esa institución pasó por varias etapas, durante la adaptación no se expresaba o le costaba comunicarse, fue pasando por períodos de ansiedad y se mostró demandante, siendo contenido en la institución. Durante el mes de abril retomó su escolaridad con buenos resultados y desarrolla las actividades que se le encomiendan, al abordarse temas de importancia el joven reconoce la necesidad de fijarse metas y objetivos asumiendo un rol tendiente a asumir responsabilidades y a la puesta de límites claros para armar y viabilizar un proyecto para su futuro.
Con fecha 8 de junio de 2010 el joven ingresó al Centro de Recepción de Pablo Nogués (cfr. fs.4085).
Informe confeccionado por la Licenciada Paola Yanuzzi del Centro de Recepción de Pablo Nogués, obrante a fs. 4085, remitido con fecha 25 de julio de 2014 en virtud que fue solicitado en relación a los escasos días que estuvo el encausado en esa institución en el año 2010. En éste se hace saber que el joven estuvo detenido en ese centro desde el día 8 de junio de 2010 hasta el día 13 de julio de 2010. Durante el tiempo que duró el alojamiento se mantuvieron entrevistas semanales con el mismo y se lo acompaño durante el desarrollo del proceso judicial. Si bien se lo observaba tranquilo frente a las circunstancias vividas, hace saber que se infiere una posición de desconcierto del encausado en relación a la gravedad de la situación, como si aún no hubiera caído en la cuenta de cómo sus acciones anudaban a la instancia en juego en ese momento. Por último, se informa que no presentó conflictos convivienciales con sus pares ni situaciones problemáticas con los adultos.
Con fecha 14 de julio de 2010 el joven ingresó al Centro Cerrado Almafuerte.
Informe confeccionado por la Licenciada en Trabajo Social del Instituto Almafuerte, obrante a fs. 3984/3985, de fecha 12 de agosto de 2010, del que surge en lo sustancial que el encausado vivía con sus padres y sus hermanos en Garín, que cursó hasta sexto grado de la escuela y que a los 15 años comenzó a fumar marihuana esporádicamente, momento en el cual comenzó a tener problemas con la ley penal. Asimismo se informa que el encausado realizaba changas junto a su padre.
Correctivo disciplinario de fs. 4009/4010, de fecha 17 de octubre de 2010, confeccionado por personal del Centro Cerrado Almafuerte del que surge que el día 17 de octubre de 2010 A. se tomó a golpes de puño con otro joven alojado allí, imponiéndosele por parte del Director de dicha institución, en consecuencia, ocho días sanción consistente en su separación del área de convivencia.
Informe médico de fs. 1398, de fecha 5 de noviembre de 2010, confeccionado por el Médico Legista del Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental en el Instituto Almafuerte, del que se desprende que el encausado recibe tratamiento psicológico y concurre a la escuela. Se presenta lúcido, coherente, orientado y atiende y percibe adecuadamente. Presenta un estado de ánimo tranquilo y recibe visitas de familiares, juicio conservado, valora, discrimina y razona adecuadamente comprendiendo la diferencia entre el bien y el mal. Se concluye que A. no presenta un cuadro psicótico, comprende y dirige sus acciones y debe continuar con tratamiento psicológico. Informe socioambiental obrante a fs. 1399/1401, de fecha 5 de noviembre de 2010, confeccionado por la Perito Trabajadora Social del Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental en el Instituto Almafuerte en el que en lo sustancial se consignó que A. se encontraría cumpliendo adecuadamente con las normas del lugar y manteniendo buena relación con sus pares y personal.
Informe de fecha 24 de noviembre de 2010, obrante a fs. 1409/140, confeccionado por la Licenciada en Trabajo Social del Centro Cerrado Almafuerte, que reitera la conformación del grupo familiar del encausado, sus estudios y su modo de vida previo a la detención sufrida. Asimismo, pone en conocimiento que lleva adelante sus estudios y participa de las actividades del centro sin problemas.
Informe de fecha 2 de diciembre de 2010, obrante a fs. 1412, confeccionado por la Licenciada en Psicología del Centro Cerrado Almafuerte, en el que dicha profesional describe que A. se presenta cordial y dispuesto al diálogo, responde a las preguntas que se le realizan sin gran carga emocional en su relato y la profesional entiende ello como una defensa subjetiva frente al malestar que algunos temas le provocan. En función de que el encausado estando en libertad tenía pareja y considerando que A. no presentaba inconductas, manifiesta que se trata de un joven con capacidad para la adaptación y vinculación. Se describe al joven como capaz de tolerar la ansiedad y se hace saber que estaría internalizando la ley. Finalmente se concluye que A. poseería recursos subjetivos para reflexionar y analizar sus elecciones, así como para adoptar una posición responsable respecto de sus actos y decidir, aunque se indica necesario un vínculo profesional que propicie el alcance de esos objetivos.
Respecto de éste informe, debo aclarar que resulta llamativo que la profesional haya consignado que el joven no registraba inconductas, claro está -y surge de fs. 4009/4010- que el día dicisiete de octubre de dos mil diez el joven se había tomado a golpes de puño con otro, dentro de ese mismo Centro Cerrado.
Informes de fecha 22 de febrero de 2011 y 21 de junio de 2011, obrantes a fs. 4005 y 4007, confeccionados por el Centro Cerrado Almafuerte, de los que se desprende que el encausado logra los objetivos que se le proponen en el área educativa.
Informe socioambiental obrante a fs. 2360/2362, de fecha 29 de marzo de 2011, confeccionado por la Perito Asistente Social del Cuerpo Técnico Auxiliar de Campana, quien describe el grupo familiar de A., y a la vivienda como de características modestas, paredes de mampostería de ladrillos con pintura en su exterior e interior, techo de losa, tres dormitorios. Refiere que al fondo del terreno de propiedad de los progenitores se ubica otra construcción de similares características que ocupaba A.. Asimismo señala la situación económica y laboral concluyendo que se satisfacen las necesidades básicas. En cuanto al estado de salud poseen obra social y la progenitora del encausado se encuentra medicada por problemas de presión. Se consigna un trato correcto durante la entrevista que se lleva a cabo con la progenitora del encausado quien describe la situación actual del joven quien cursa 5º año del E.P.B. en su lugar de alojamiento, realiza algunas actividades de mantenimiento, se encuentra bajo tratamiento psicológico y habría comenzado a vincularse con V. tres meses antes de su detención. Refiere que se había enterado a través de personal de la institución que su hijo consumía marihuana.
Informe obrante a fs. 3975/3976, de fecha 4 de mayo de 2011, confeccionado por la Licenciada en Psicología y la Licenciada en Trabajo Social del Centro Cerrado Almafuerte, en el que se pone en conocimiento que el encausado mantiene buena relación con sus pares y con los adultos a cargo de su cuidado, realiza labores de mantenimiento del edificio, se encuentra cursando segundo ciclo en el centro de educación de adultos, asiste a talleres y se presenta respetuoso y con poco diálogo en las entrevistas, sin poder problematizar en profundidad los diferentes aspectos abordados. Se informa que durante el seguimiento psicológico A. mostró cierta resistencia para desplegar o profundizar temas relacionados con la causa judicial, pero que sin embargo fue mostrándose más abierto al análisis de los últimos años de su historia vital y refiriendo que sus conductas transgresoras comenzaron a sus 14 años de edad, destacando la preocupación de sus padres por ello, y considerando en esos momentos que las conductas transgresoras que llevaba a cabo no implicarían consecuencias. Las profesionales infieren un impacto en la subjetividad del joven y su concepción respecto de la responsabilidad que podrían generar sus acciones, advierten cierto sentimiento de culpa en A., aunque explican que por el momento no se la nombra como tal y no se ha logrado analizar a que se encuentra ligado. Se hace saber que se continuará con el abordaje psicológico respetando los tiempos del sujeto y teniendo como fin que éste adopte una posición reflexiva y responsable respecto de sus actos y sus dichos. Por último se informa que el encausado recibe visitas.
Informe conglobante confeccionado por el Centro Cerrado Almafuerte, obrante a fs. 3953, de fecha 17 de junio de 2014, en el que el equipo técnico de esa institución consigna que durante su permanencia en la institución tuvo buena relación con los pares así como con los adultos, realizaba tareas de mantenimiento, no incurrió en acciones que impliquen falta disciplinaria, siendo su comportamiento adecuado a las normas institucionales. Ello indicaba un pronóstico favorable en cuanto a su capacidad de autovalimiento y adquirir una actitud responsable. Cursó segundo ciclo del centro de educación para adultos presentando buen comportamiento, asistió además a los talleres de comunicación social e informática. Se presentaba reservado a los espacios de entrevista con poco diálogo sin poder problematizar en profundidad los diferentes aspectos abordados. Durante el comienzo del seguimiento psicológico mostró cierta resistencia para desplegar o profundizar distintos temas, en particular todo aquello que lo vinculara a la causa judicial por la cual se encontraba detenido. Concluye que el discurso de A. hacía pensar en un viraje en cuanto al reconocimiento de las consecuencias de sus actos, que la reacción de éste en las primeras entrevistas podría considerarse un mecanismo de defensa y que se advertía la presencia de sentimiento de culpa, por último se menciona que recibía visitas.
Respecto de éste informe cabe remarcar nuevamente que el encausado protagonizó un episodio de violencia en ese Centro Cerrado, tal como surge del informe de fecha 17 de octubre de 2010, obrante a fs. 4009/4010.
Con fecha 8 de julio de 2011 el encausado ingresó a la Unidad Nº 47 del S.P.B.
Oficio obrante a fs. 2964, de fecha 8 de julio de 2011, que da cuenta del ingreso de A. a la Unidad Nº 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense con fecha 6 de julio de ese año, siendo incluido en el Programa de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos inscribiéndoselo en la escuela.
Informe obrante a fs. 3096/3101, de fecha 10 de agosto de 2011, confeccionado por la Unidad Nº 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense, de la que se desprende que el encausado se encuentra alojado en esa unidad bajo régimen cerrado para procesados, bajo una modalidad atenuada, no posee expedientes disciplinarios y su conducta se encuentra en observación. Se consigna que mantiene buen trato con el personal desde su ingreso y cumple las indicaciones, no se ha comportado de manera agresiva y se presenta aseado y prolijo con buena relación con sus iguales. Asimismo presenta compromiso con las actividades de la institución. La Licenciada en Psicología, la Licenciada en Terapia Ocupacional y la Licenciada en Trabajo Social, a instancias de la entrevista mantenida describen un encuentro en el que se pudo observar a A. dispuesto al diálogo y con actitud cordial. Informan que recibe visitas de sus familiares y comenzó el tercer ciclo de la escuela en el Instituto Almafuerte, pero debido a una serie de traslados manifestó no haber podido terminarlo. Hizo saber que se encontraba cursando el segundo ciclo en la Unidad y que estaba participando de las charlas y debates sobre rugby.
Informe socioambiental obrante a fs. 3089, de fecha 12 de agosto de 2011, confeccionado por la Licenciada en Trabajo Social del Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental, en la que dicha profesional describió el extenso grupo familiar de A. así como sus ingresos y ocupaciones, una actitud colaboradora de los progenitores y su situación de angustia. Consigna que los padres de A. reconocen que las exigencias de la vida cotidiana no les permitieron estar al tanto de las actividades de su hijo, pero informan que la familia se encuentra unida y respaldando al joven. Hace saber que el padre es quien más se angustia con la situación en la que se encuentra su hijo. Se observa que la situación familiar general no sufrió grandes modificaciones, que el joven cuenta con apoyo y contención familiar, los padres fueron incluidos en dispositivos terapéuticos y son ligeramente críticos en cuanto al desempeño del rol paterno y la puesta de límites y control hacia el joven. Se hace saber que se observa a A. en buen estado general, que presenta pocas expectativas en relación al futuro y se lo ve poco motivado en cuanto al uso positivo del tiempo en su lugar de detención.
Informe socioambiental obrante a fs. 3106/3107, de fecha 23 de agosto de 2011, confeccionado por la Licenciada en Trabajo Social del Cuerpo Técnico Auxiliar del Departamento Judicial Zárate-Campana, en el que se describe nuevamente la familia del joven, sus ocupaciones, la vivienda y la situación económica-laboral de la familia en el mismo sentido que en los anteriores informes. Se consigna que la progenitora de A. lo describe como deprimido, y verbalizando cuestiones cotidianas y tareas compartidas junto a su madre. Señala cambios positivos desde el traslado de su hijo a la Unidad Nº 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque señala que se encuentra en adaptación a las reglas y pautas institucionales. Asimismo consigna que la progenitora demuestra preocupación por el uso del joven de lenguaje carcelario.
Evaluación psicológica obrante a fs. 3121/3122, de fecha 31 de agosto de 2011, confeccionado por la Licenciada en Psicología del Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental, en la que dicha profesional informó que el joven presenta un nivel de comprensión y expresión acorde a su edad y medio de estimulación, consigna que A. describe la relación con sus familiares negando cualquier aspecto conflictivo. Se advierte en A. la capacidad de mediatización a través de la palabra y en condiciones propicias la expresión de sus emociones, puede comenzar a reflexionar acerca de diferentes aspectos de su vida mostrándose implicado con ellos. Se informa que se muestra en su discurso un incremento en las funciones de alerta y cuidado lo que le permite comenzar a disponer de mayores recursos para anticiparse a situaciones desfavorables. Presenta una posición de implicancia respecto de sus comportamientos transgresores, lo que le permite reflexionar acerca de las consecuencias de sus actos y problematizar algunos aspectos personales y vinculares que podrían haber influido en sus comportamientos. El atravesamiento por el sistema penal parece haberle permitido el inicio de un reposicionamiento subjetivo en relación a sí mismo, su historia, sus elecciones y el otro social. Ha comenzado a comprometerse desde una posición activa en el armado de un proyecto de vida. Por último, la Licenciada hace saber que los padres impresionan ocupados y atentos a las necesidades de su hijo, e implementando todo lo que está a su alcance para apuntalarlo y acompañarlo.
Informe obrante a fs. 3651/3653, de fecha 30 de noviembre de 2011, confeccionado por personal del Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos de la Unidad Nº 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense, que da cuenta que el encausado se presenta a las entrevistas individuales con cierta reticencia al diálogo, pero presenta una actitud respetuosa y correcta. Se informa que participa con cierta regularidad en los talleres ofrecidos: telar, actividad deportiva y pintura. Se consigna que asistía a la escuela pero luego abandonó, presuntamente porque no llegaría a cumplir los objetivos para aprobar el año. Recibe visitas semanalmente. Sanción disciplinaria obrante a fs. 408/412 del incidente de sanciones disciplinarias, de fecha 29 de junio de 2012, de la que surge que J. J. A. fue sancionado por el Director de la Unidad Nº 47 del S.P.B. con doce días de separación del área de conviviencia por la conducta encuadrada como promover disturbios, destruir instalaciones y protagonizar una reyerta mediante la utilización de elementos punzocortantes y contundentes. Dicha sanción fue declarada nula, conforme surge de fs. 420/423. Empero, más allá de la nulidad dictada -la que obedece a vicios formales en la sustanciación del proceso disciplinario-, y si bien no valoro dichas actuaciones con el mismo criterio y peso que aquéllas que resultaron confirmadas, la entiendo como un indicativo de la conducta del encausado en su lugar de encierro. Resulta inobjetable que el hecho materialmente existió y que resulta significativo respecto del proceso resocializador analizado.
Sanción disciplinaria obrante a fs. 440/448 del incidente de sanciones disciplinarias, de fecha 25 de octubre de 2012 -la que fuera confirmada con fecha 7 de noviembre de 2012-, de la que surge que J. J. A. fue sancionado por el Director de la Unidad Nº 47 del S.P.B. con diez días de separación del área de convivencia por intentar agredir al personal penitenciario en momentos en los que se le brindaba la correspondiente apertura de celda. Asimismo se desprende de esas actuaciones que el encausado a instancias de su descargo manifestó -en relación a su accionar-: "lo hice porque quería salir de la celda".
Informe de desempeño de fecha 30 de octubre de 2012, obrante a fs. 3554, producido por la Unidad Nº 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense del que se desprende que el interno tiene una relación regular con sus pares y se encuentra en el pabellón de separación del área de convivencia. Que ha tenido una mala relación con el personal penitenciario y que ha sido sancionado en dos oportunidades, el día 15 de agosto de 2011 y el 20 de octubre de 2012. Desarrolla actividades deportivas y registra un concepto malo.
Conforme surge de fs. 3700 el día 30 de octubre de 2012 el encausado ingresó a la Unidad Nº 54 del S.P.B.
Sanción disciplinaria obrante a fs. 480/488 del incidente de sanciones disciplinarias, de fecha 27 de diciembre de 2012, de la que surge que J. J. A. fue sancionado por el Director de la Unidad Nº 54 del S.P.B. con diez días de separación del área de convivencia por agredir juntamente con un igual al personal penitenciario. Dicha sanción fue declarada nula, conforme surge de fs. 510/511, también por vicios en la sustanciación del proceso disciplinario, por lo que valoro la inconducta de A. de la misma forma que aquélla informada a fs. 420/423.
Informe del Servicio Penitenciario Bonaerense de fecha 27 de diciembre de 2012, obrante a fs. 4205, del que se desprende que A. posee un concepto regular y una conducta regular de 3,60.
Informe socioambiental obrante a fs. 3751, de fecha 13 de febrero de 2013, practicado por la Perito Asistente Social del Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental, del que surge que dicha profesional mantuvo entrevista con el joven, quien se presenta con una actitud reticente, con dificultades para expresarse, contesta con monosílabos y su comportamiento es respetuoso. Comenta que actualmente no realiza ninguna actividad y que en breve comenzará su ciclo escolar, el que no pudo concluir debido a los varios traslados de unidades. Recibe visitas y no realiza tratamiento psicológico, afirmando no necesitarlo, comenta que cuando necesita hablar lo hace con su madre. La perito mantuvo comunicación telefónica con el Director de la Unidad Nº 54, quien manifestó que la conducta del joven no es la adecuada, mantiene perfil agresivo con el personal y algunos internos, pero nota un cambio favorable. Se consigna que el joven asiste a un espacio de reflexión llamado "el Cine en contexto de encierro". Por último, se pone en conocimiento que el encausado no demuestra actitud reflexiva ni proyectos que lo motiven a un cambio.
Informe del Servicio Penitenciario Bonaerense de fecha 26 de febrero de 2013, obrante a fs. 4227, del que se desprende que A. posee un concepto pésimo y una conducta pésima.
Informe producido por la Dirección de la Unidad Nº 54 del Servicio Penitenciario Bonaerense con fecha 27 de febrero de 2013, obrante a fs. 3776, en el que esa Dirección solicita aval para reubicar a A. en una Unidad acorde a sus características. Se consigna que en su estadía el encausado habitó los distintos pabellones de la unidad presentando serios problemas de índole convivencial con internos que habitaban las distintas unidades. Se destaca que se dirige en forma incorrecta, querellante y demandante hacia sus iguales así también como hacia el personal penitenciario. Asimismo se informa que el interno V. se encuentra alojado en la misma unidad y que juntamente con A. forman un grupo antagónico con el fin de someter a sus iguales a todo tipo de servidumbres basándose en promesas falsas y convirtiéndose de esa manera en un líder negativo para la unidad. Se hace saber que ello imposibilita la reubicación interna ya que no es recibido por los habitantes de los distintos pabellones. Por último, se pone en conocimiento que el joven junto con un grupo de iguales agredió a otros pares, por lo que se le iniciaron actuaciones administrativas.
Sanción disciplinaria obrante a fs. 538/549 del incidente de sanciones disciplinarias, de fecha 28 de febrero de 2013, de la que surge que J. J. A. fue sancionado por el Director de la Unidad Nº 54 del S.P.B. con diez días de separación del área de convivencia, ello por haber formado parte de un grupo de internos que agredió a otro grupo mediante la utilización de elementos punzocortantes adosados a palos de escoba. A instancias de su descargo el encausado manifestó hacerse cargo, sanción que fuera luego confirmada con fecha 8 de marzo de 2014, conforme surge de fs. 550/552.
Constancia obrante a fs. 3796, confeccionada por la Sra. Juez Vocal de éste Tribunal Dra. Mirta A. Ravera Godoy, de fecha 1º de marzo de 2013, en el que informó que se entrevistó con A. en el asiento de la Unidad Nº 54 del S.P.B., consignando que el joven posee mala conducta y siempre hay un problema, refiere que el trato es bueno, la comida es buena, cocinan los mismos internos, recibe visitas de su madre, su padre, hermana, hermano y concubina. Sin actividades, no está yendo al colegio. Lo ve una psicóloga y otro psicólogo que también lo atiende. Se encuentra inserto en el programa de jóvenes adultos. Según el director, comienza las clases el día lunes. No acepta las propuestas del programa jóvenes adultos. Asimismo la Sra. Juez dejó constancia que recorridas las instalaciones no reconoció agravamiento de las condiciones de detención. Con fecha 12 de marzo de 2013 J. J. A. ingresó a la Unidad Nº 45 (cfr. fs. 3789).
Solicitud efectuada por la Dirección de la Unidad Nº 45 del S.P.B. con fecha 20 de mayo de 2013, obrante a fs. 3824, en la que se solicita aval judicial a los efectos de reubicar a J. J. A., ello con motivo de un intento de agresión del encausado hacia personal penitenciario y a los efectos de evitar posibles eventos de violencia donde pueda verse involucrado el nombrado así como respecto de terceros, ello con el objeto asimismo de evitar la agravación de las condiciones de detención del nombrado que generarían que éste se mantenga continuamente separado del área de convivencia, lo que iría en contra de la progresividad de la pena. Se sugieren asimismo una serie de unidades que cuentan con el Programa Integral de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos.
Sanción disciplinaria obrante a fs. 579/599 del incidente de sanciones disciplinarias, de fecha 22 de mayo de 2013, de la que surge que J. J. A. fue sancionado por el Director de la Unidad Nº 45 del S.P.B. con siete días de separación del área de convivencia, ello por intentar agredir al personal penitenciario con un elemento cortopunzante de aproximadamente 25 cm de longitud con una empuñadura de tela. Dicha sanción fue declarada nula, conforme surge de fs. 606/607, otra vez en razón de vicios formales, por lo que habré de valorar el hecho informado, en consecuencia, en los términos ya expresados.
Proveído de fecha 19 de junio de 2013, obrante a fs. 3873/3875, en el que se resolvió egresar al encausado del Programa de Asistencia y Tratamiento para Jóvenes Adultos -una vez que el Sr. Defensor Oficial prestó su consentimiento a tal efecto-, ello en atención a que J. J. A. había sido derivado a la Unidad Penitenciaria de Bahía Blanca, por ser esa la única Unidad en la que se encontraba implementado el programa integral de asistencia y tratamiento para jóvenes adultos en la que el imputado podía ser alojado, en virtud que en las restantes unidades había mantenido conflictos con los internos o con el personal carcelario, o no era posible su recepción por alguna otra cuestión; y toda vez que el encausado había solicitado ser alojado en la Unidad Nº 21 en virtud de la cercanía a su domicilio, manifestando que no le interesaba el programa de jóvenes adultos, extremo que fuera constatado por la Sra. Juez Vocal Dra. Ravera Godoy en su entrevista personal con el joven de referencia en fecha primero de marzo de 2013.
Acta de medida preventiva obrante a fs. 621/622 del incidente de sanciones disciplinarias, dictada con fecha 24 de julio de 2013, en la que el Director de la Unidad Nº 21 del S.P.B. informó que con la finalidad de preservar el orden y la disciplina con el objeto de permitir una reeducación en los aspectos sociales y morales, lo que requiere una corrección constante, se resolvía alojar a J. J. A. en el pabellón Nº 9 de separación del área de convivencia de la modalidad estricta, aplicarle un régimen disciplinario estricto, consistente en el alojamiento unicelular continuo con salidas vigiladas al patio de recreos y en horarios distintos al del resto de la población. Asimismo se dispuso reciba visitas separado de los lugares comunes destinados a ello, se instruyó a los médicos, psicólogos, asistentes sociales y capellán para que realicen un control continuo y especializado y mantener la separación del resto de la población carcelaria hasta tanto se reviertan las condiciones de inadaptabilidad que presentaba J. J. A.. Actuaciones obrantes a fs. 3886/3887, de fecha 7 de octubre de 2013, producidas por la Dirección de la Unidad Nº 21 del S.P.B., de las que surge que el encausado se niega a ser entrevistado para incluirlo en tareas laborales en el sector de talleres.
Informe obrante a fs. 4088/4090, de fecha 12 de agosto de 2014, remitido por la sección de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad Nº 21 del S.P.B., del que surge que A. fue recibido en esa unidad proveniente de la unidad Nº 4 de Bahía Blanca y que presentó varios problemas de convivencia, por lo que fue alojado en el pabellón Nº 2 de la modalidad estricta, de autodisciplina y gestión. Se destaca que no desempeña actividades laborales y que posee conducta seis, que actualmente observa los reglamentos carcelarios y respeta los lineamientos del sector que habita, posee un concepto bueno.
Informe de desempeño institucional obrante a fs. 4360, de fecha 23 de julio de 2014, confeccionado por la Jefatura de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad Nº 21 del S.P.B., del que se desprende que mantiene una relación regular con el personal, acata las directivas impartidas, se muestra agresivo y/o impulsivo, tiene una buena relación con sus iguales y no se muestra querellante y/o demandante, participa de los recreos en el pabellón y posee una conducta seis, mereciendo un concepto regular. Informe social de fecha 24 de julio de 2014, obrante a fs. 4365, practicado por la Licenciada en Trabajo Social de la Unidad Nº 21 del S.P.B., del que surge en lo sustancial que A. es un interno que no realiza actividad educativa ni laboral, excusándose en un cambio de pabellón. Se afirma que cuenta con acompañamiento familiar.
Informe integral de fecha 24 de julio de 2014, obrante a fs. 4366, practicado por el Grupo de Admisión y Seguimiento de la Unidad Nº 21 del S.P.B., del que surge que posee una conducta seis, mereciendo concepto regular. No realiza actividades laborales, no concurre a la escuela por voluntad propia, es visitado por sus familiares. Se consigna que practica deportes y tiene buena relación con el profesor, no participa ni ha participado de los grupos de abordaje psicosocial brindado por los representantes del Ministerio de Justicia. Desde el aspecto psicológico, refiere no considerar necesario realizar tratamientos para las adicciones y además desestima recibir apoyo psicológico. Se sugiere su incorporación a las diferentes actividades institucionales como ser trabajo y escuela, realización de cursos y talleres y terapia psicológica para reforzar sus recursos yóicos. Se presenta como propuesta tratamental -teniendo en cuenta que el encausado lleva a cabo una rutina institucional poco activa-, que se dinamice la misma a través de las propuestas existentes en ese establecimiento, realización de cursos, manualidades, talleres, escuela, y que se contemple la posibilidad de mejorar su actual conducta o concepto para que se pueda contar con elementos que le permitan establecer su evolución dentro de la institución.
Informe obrante a fs. 4337, de fecha 12 de agosto de 2014, confeccionado por la Sección Vigilancia y Tratamiento de la Unidad Nº 21 del Servicio Penitenciario Bonaerense, del que surge que el encausado no desempeña tareas laborales, posee conducta seis y es merecedor de un concepto bueno. Asimismo, se aprecia la conducta mantenida por A. desde el año dos mil once hasta dos mil catorce, de la que surge que ésta se ha mantenido bastante baja a lo largo de los años, pudiendo percibirse algunos altibajos, oscilando entre uno y ocho en el primer período de 2014.
Informe de desempeño institucional obrante a fs. 4362/4363, del que surge que el encausado practica deporte dos o tres veces por semana, mantiene buena relación con su profesor, no es conflictivo a la hora de participar, no es líder del grupo, participa de manera activa y demuestra interés, mereciendo un concepto bueno.
Informe ambiental obrante a fs. 4419/4423, de fecha 8 de octubre de 2014, en el que la Licenciada del Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental, Nora Martínez Segovia, consignó que los padres de J. J. A. se muestran angustiados ante la situación de su hijo, que se los observa comprometidos y brindándole apoyo y contención durante el tiempo de detención. Hace saber que la familia se encuentra unida y ofreciéndole apoyo mutuo. Nota en la familia valores relacionados con el trabajo. Finalmente consigna que observa al encausado sin motivaciones ni proyectos, con incertidumbre, y expectante ante el acontecer de su situación procesal.
Pericia psicológica obrante a fs. 4422/4423, de fecha 16 de octubre de 2014, practicada por la Licenciada Buitrago, en la que dicho profesional consignó que el joven se presenta a la entrevista con actitud colaboradora y aporta datos con fluidez, manifestando su desgano y falta de proyecto personal. Muestra interés en su proceso penal y las consecuencias del mismo. La Licenciada consigna en su informe que se administraron técnicas gráficas de las cuales se extrae que el encausado tiene un yo con capacidad de simbolización e insight, no obstante se advierten indicadores de ansiedad e impulsividad que éste intenta mantener a raya, frente a situaciones donde se siente lejos de sus expectativas, su tolerancia a la frustración es escasa, expulsando al exterior su malestar a través del desafío a la autoridad y hacia sus pares. La perito sugiere se continúe trabajando a través de sostenes externos que le permitan a A. construir paulatinamente mecanismos de regulación interna, facilitando el despliegue de la palabra como mediatizadora y condición necesaria para que pueda interrogarse acerca de los diferentes aspectos de su vida desde una posición de implicancia. Finalmente consigna que en el joven, por sus propias características, los permanentes cambios de internación operan como modo de evitar confrontarse con aspectos conflictivos, obstaculizando así su posibilidad de implicarse desde una posición activa en el armado de un proyecto de vida.
Por último, tengo en cuenta la sanción disciplinaria aplicada al encausado de fecha 16 de octubre del corriente, confirmada a fs. 656/658 del incidente de sanciones disciplinarias, mediante la cual se le aplicaron ocho días de separación del área de convivencia por tener en su poder e intentar agredir a otro interno con un elemento punzo cortante de aproximadamente cincuenta centímetros de longitud.
3. Que ahora bien, expuestos de manera cronológica los informes realizados respecto del nombrado, estimo corresponde ahora analizar los argumentos de las partes en relación a la necesidad, o no de imposición de pena, y en su caso su monto, vertidos en la audiencia celebrada el día 3 de noviembre del corriente año. Así, en primer lugar el Sr. Fiscal del Joven en su alocución valoró la sentencia dictada por la Sala I de la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental, obrante a fs. 2213/2343, en especial el punto G VII de esa resolución, en cuanto dicho órgano tuvo en cuenta que los agravantes y atenuantes contemplados en los artículos 40 a 41 bis del C.P. se deben estudiar en el momento de resolver respecto de la necesidad o no de imposición de pena, y no al momento del dictado del auto de responsabilidad. El Sr. Fiscal del Joven adhirió al criterio de la Cámara por entender que existe una relación directa entre el artículo 4º de la ley 22.278 y los artículos 40 y 41 del C.P.
Asimismo, valoró el modo en el que concurren los delitos por el cual el joven ha sido declarado penalmente responsable, concluyendo que en virtud de la concurrencia material entre el homicidio en ocasión de robo y la tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal, la pena a imponer parte de un mínimo de diez años y un máximo de treinta y un años de prisión, por lo que siguiendo el lineamiento de la Cámara en cuanto a la aplicación de los artículos 40 a 41 bis, aumentando el mínimo en un tercio y el máximo en la misma proporción, la escala penal aplicable en abstracto a A. discurre entre los trece años y cuatro meses de prisión y los cuarenta y un años y cuatro meses de prisión.
Seguidamente, realizó un análisis de los fallos "Mendoza y otros vs. Argentina", de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyendo en lo sustancial que no resulta posible la aplicación de penas perpetuas a menores de edad en la República Argentina y que la pena a imponer debe atender a un criterio de proporcionalidad entre el hecho cometido y las circunstancias del caso.
Debo aclarar que estoy de acuerdo con lo manifestado en éste punto y adhiero a la doctrina sentada en los fallos referidos, "Caso Mendoza y otros vs. Argentina" dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 14 de mayo de 2013 y el fallo "Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ Robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado", fallo del 7 de diciembre de 2005. Luego tuvo en cuenta el pronunciamiento dictado por el Tribunal en lo Criminal Nº 6 Departamental en la causa seguida a los coimputados mayores de edad, Oscar Pérez Graham y Emiliano Herrera. Respecto a dicho fallo consideró que la pena de 20 años impuesta a Emiliano Herrera por el delito de homicidio en ocasión de robo opera como un límite máximo de pena a imponerle a A., ello por encontrarse éste condenado por el mismo delito por el cual el aquí imputado se encuentra declarado penalmente responsable. Asimismo, tuvo en cuenta que dicho Tribunal Nº 6 consideró aplicable el agravante del artículo 41 bis del C.P., tanto respecto de Pérez Graham como de Emiliano Herrera.
En cuanto al primer argumento, tengo en cuenta que el artículo 67 de la ley 13.634 establece que si los mayores coprocesados fueren absueltos, o condenados a pena inferior a la aplicada a los niños, procederá la revisión de oficio del proceso. La cuestión relativa a la aplicación del agravante del artículo 41 bis del C.P., la trataré posteriormente.
En cuanto a la mensura de la pena, el Sr. Representante de la Vindicta Pública consideró relevante el principio de proporcionalidad. Sostuvo que cualquier respuesta penal debe ser ajustada a la circunstancia de menor del imputado y al delito, privilegiando su reintegración a la familia y a la sociedad, lo que se condice con los artículos 6 a 58 de la ley 13.634 y se encuentra en consonancia con los artículos 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 37 a 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Acto seguido, y luego de dar lectura al hecho por el cual A. se encuentra declarado penalmente responsable, consideró que debía valorarse el tramo del hecho relacionado con la tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal, admitido con carácter firme por la Suprema Corte de Justicia de ésta Provincia.
Luego de ello, pasó a realizar un análisis de los informes glosados a la presente causa a fs. 473/474, 1332/1334/1340, 1351/1357, 1398/1401, 1409/1410, 1412, 3015/3026, 3089, 3106/3107, 3114/3115, 3121/3122, 3130, 3302/3303, 3554, 3651, 3655/3685, 3722, 3776, 3824, 3877/3878, 3897, 4303/4377, 4381, 4390, 4414/4420, 4422/4423; así como de la sentencia respecto de los coimputados y de lo resuelto en la presente por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; señalando que ha quedado fuera de controversia que el encausado ingresó al domicilio del hecho con fines de robo, a sabiendas de lo que hacía, con un arma de fuego, y que participó en el despliegue y en el desapoderamiento en calidad de coautor.
Luego de analizar dichos informes, concluyó que A. presenta un doble perfil, en apariencia tranquilo, pero que no se condice con las graves inconductas a lo largo del proceso, su nula readaptación social y desafío a la autoridad, falta de reconocimiento y esfuerzo personal. Al respecto, debo decir que concuerdo con el Sr. Fiscal del Joven, en tanto de los informes que analizara más arriba surgen dichos extremos, que he de tener en cuenta a los fines de la determinación del monto punitivo.
A su vez, la fiscalía realizó una aclaración respecto de las actuaciones disciplinarias labradas en relación a A.. En este sentido, manifestó que no consideraba tales sanciones en punto al hecho por el cual se iniciaron ni en relación a la cantidad de días a los que se sancionó al encausado. Hizo saber que a los efectos de determinar la pena a aplicar, las tendría en cuenta como un indicativo de la conducta del encausado, correspondiendo el análisis de la sanción y su nulidad para el momento en el que se planteé la posibilidad de gozar de algún beneficio y luego de que la sentencia de pena se encuentre firme.
Reitero lo dicho más arriba sobre ésta cuestión. Así, tengo en cuenta tanto las sanciones confirmadas, como aquéllas declaradas nulas por motivos procedimentales. En mi opinión, las sanciones declaradas nulas en función de vicios formales en la sustanciación de su procedimiento, no deben ser valoradas con el mismo criterio y peso que aquéllas que resultaron confirmadas, pero sí como un indicativo de la conducta del encausado en su lugar de encierro. Resulta inobjetable que las inconductas materialmente existieron y que resultan significativas respecto del proceso resocializador analizado.
Consideró el Fiscal a su vez, luego de analizar el libro "Delito y Punibilidad" de Enrique Bacigalupo, que la pena debe constituir un vínculo entre el hecho y la personalidad del autor. Afirmó que ésta debe estar relacionada con la culpabilidad en torno al hecho en sí, que se debe medir el injusto penal como la libertad de expresión del sujeto frente a lo que debe hacer y en definitiva hace. Tuvo en cuenta, en los términos del artículo 41 del Código Penal que el encausado al momento del hecho no se encontraba escolarizado, tenía un manejo independiente en el ámbito familiar, vivía en un garaje donde había construido una vida independiente, estaba ajeno a las recomendaciones del padre y de la madre y consumía estupefacientes. En cuanto al consumo de sustancias psicotrópicas tuvo en cuenta que si bien no habían datos objetivos al respecto, ello surgía del relato del joven. Sostuvo que el encausado ya contaba con un arma de fuego desde antes del hecho -según éste mismo refirió en su declaración a tenor del art. 308 del C.P.P.- y que había tomado de manera natural que uno de los coimputados mayores lo pasara a buscar para salir a cometer un ilícito, describiendo asimismo el hecho con total nitidez, por lo que valora el posicionamiento de A. frente al hecho y que éste no fue determinado por un tercero a cometerlo. Al respecto, resulta indudable para mí que J. J. A., al momento del hecho, obró con pleno conocimiento de la conducta antijurídica que llevaba a cabo, dirigiendo sus actos de manera consciente. Sumado a ello, tengo también en cuenta que no hay indicio alguno de que A. haya sido coaccionado, sino que éste accedió a acompañar a los demás coimputados de manera libre y voluntaria, teniendo claro que el propósito de dicha actividad común era la comisión de un hecho ilícito. A punto tal, que A. tomó su propia arma de fuego para ir a delinquir.
Siguiendo en su alocución, el Sr. Fiscal del Joven tuvo en cuenta que el encausado asumió un rol activo en el grupo conformado, que además contaban con armas y un vehículo y que si bien la víctima fue hallada al azar, el iter criminis se desarrolló de manera consciente, surgiendo ello de la circunstancia de que el imputado vio que la víctima había fallecido, y luego se encargó de reprender al coimputado V. por haberle "marcado" la escopeta.
En mi opinión, resulta evidente que J. J. A. llevó a cabo el hecho materia de juzgamiento de manera voluntaria y consciente.
Tuvo en cuenta a su vez la Fiscalía, que luego de cometido el ilícito, A. estuvo prófugo durante diez días, destacando que los hábitos familiares que surgen de los informes son buenos, que ha tenido buenos ejemplos en su vida y buenas condiciones económicas, con sustento suficiente para cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, manifestó que la decisión de llevar a cabo conductas disvaliosas provino de una elección libre de A., quien asimismo consumía distinta clase de estupefacientes y no estaba escolarizado por problemas con las figuras de autoridad.
Acto seguido, el Sr. Fiscal del Joven analizó los agravantes y atenuantes previstos por el artículo 41 del Código Penal. Tuvo en cuenta la nocturnidad, la pluralidad de autores, la utilización de armas de fuego y la extensión del daño causado y la aplicación al presente del artículo 41 bis del C.P. Consideró que el único atenuante lo constituía la minoridad del imputado al momento del hecho.
Habré de dar tratamiento a éstos elementos, su procedencia y las valoraciones efectuadas por el Sr. Fiscal del Joven más abajo.
La misma parte manifestó que tenía en cuenta, a los efectos de la mensura de la pena, el principio de proporcionalidad y los agravantes y atenuantes referidos. Analizando el tratamiento resocializador de A., indicó haber encontrado más retrocesos que avances. Efectuó un análisis de la personalidad de A. y su desempeño en los distintos lugares en los que estuvo alojado, concluyendo que dicho trayecto había resultado conflictivo y que el encausado no había logrado progresar ni gestar un proyecto de vida, por lo que sostuvo correspondía apartarse de la reducción a la escala de la tentativa prevista por el art. 4º de la ley 22.278.
Debo coincidir nuevamente con el Sr. Fiscal del Joven. Surge de las actuaciones antes reseñadas que A. ha presentado conflictos en la mayoría de sus lugares de alojamiento, lo que a su vez motivó que éste fuera trasladado en innumerables ocasiones por haber incurrido en hechos de violencia tanto hacia sus pares como hacia las autoridades respectivas. También se desprende de los informes psicológicos que A. no ha logrado gestar y mucho menos consolidar un proyecto de vida.
El Sr. Fiscal del Joven, con cita del fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la causa Nº P 113673 -correspondiente a la causa Nº 16338 de la sala I de la Excelentísima Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Dpto. Judicial La Plata-, explicó que asumía el baremo denominado "Balancing". Estimó que en este caso se hallaban en pugna dos derechos: el de la víctima a obtener justicia y el del imputado a ser tratado de manera razonable respecto al hecho. Manifestó que la Corte afirma que siempre que se encuentren dos derechos constitucionales en pugna debe haber proporcionalidad para que uno no quede sobre otro, debiendo armonizar conceptos que tienen que ver con lo punitivo, para afianzar la justicia.
Coincido con el Sr. Fiscal del Joven en cuanto a la aplicación de la doctrina del "Balancing Test", como antítesis de la doctrina de la "jerarquización" de derechos. Considero fundamental realizar un esfuerzo por dar la mayor amplitud posible a ambos derechos, priorizando su armonía. En éste caso, a mi humilde entender -y respetando por supuesto el derecho de las víctimas a obtener justicia-, a los efectos de la mensura de la pena debemos tener en cuenta los bienes jurídicos afectados y los derechos con los que cuenta el encausado en su calidad de imputado -además de los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento resocializador, la impresión directa recogida por el juez, los atenuantes y agravantes valorados, y la necesidad de que el encausado asuma una actitud constructiva ante la sociedad-.
Así, encuentro que en el presente caso se han afectado tres bienes jurídicos: la propiedad -ingresando en un domicilio familiar en horas de la noche junto a varios sujetos, además de la posterior sustracción de gran cantidad de cosas ajenas-, la seguridad pública y, más importante, la vida.
Entonces, mediante la doctrina del "Balancing Test", y teniendo en cuenta los bienes jurídicos afectados por el injusto y las garantías del imputado a un debido proceso y a recibir un trato digno, así como el interés superior del niño, que se debe determinar una respuesta punitiva proporcional, adecuada y necesaria. Ello se encuentra íntimamente vinculado con la extensión del daño causado y será analizado en su oportunidad.
Por último, el Sr. Fiscal del Joven estimó prudente y proporcional que se condene al imputado a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por entender que dicho monto punitivo resultaba proporcional al hecho cometido por el joven, y a su falta de respuesta y nulo posicionamiento frente al proceso.
Seguidamente, el Sr. Representante de la Particular Damnificada, Dr. Alberto F. Spagnuolo, efectuó un análisis del fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmando que no se establecía allí que el artículo 4º de la ley 22.278 modificaba las escalas penales a la escala de la tentativa, de manera general y obligatoria, para todos los casos.
Asimismo, manifestó que, teniendo en cuenta la escala penal para el delito por el cual el joven se encuentra declarado penalmente responsable -que parte de los trece años de prisión y llega a más de cuarenta-, la pena de diecisiete años de prisión solicitada por el Sr. Fiscal del Joven se acerca casi al mínimo de la escala, por lo que la estima ajustada a la medida de la culpabilidad y proporcional a la gravedad del injusto cometido.
Arguyó que ha habido un absoluto fracaso del tratamiento tutelar al que ha sido sometido A. y una falta total de colaboración por parte de éste para alcanzar los objetivos propuestos. Opinó que el joven no ha logrado internalizar las pautas de convivencia de la sociedad de la cual forma parte. Indicó que la pena debe establecerse en relación a las circunstancias agravantes y atenuantes del artículo 41 del Código Penal, y de manera proporcional a la culpabilidad del hecho.
Luego de ello el Sr. Representante de la Particular Damnificada hizo referencia a la extensión del daño causado, considerando que el hecho de marras terminó para todos los encausados el día 10 de octubre de 2009 -fecha del hecho-, pero que sin embargo para las víctimas ese fue el comienzo y que la pérdida irreparable de un integrante de la familia genera un daño muy grande. Expresó que no ha observado a lo largo del proceso una actitud sincera de arrepentimiento por parte del imputado, que no ha notado remordimiento y que por ello, sumado a la extensión del daño causado, merece mayor reproche.
Comparto en términos generales los argumentos vertidos por el Sr. Representante de la Particular Damnificada, lo que será analizado en detalle más adelante.
Por último, dicha parte adhirió al pedido de pena efectuado por el Sr. Fiscal del Joven, solicitando en definitiva se condene a J. J. A. a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, estimándola ajustada a la medida de la culpabilidad y cercana al mínimo de la pena producto del concurso delictivo. A su turno, el Sr. Defensor Oficial comenzó su alocución considerando que resulta sumamente difícil para el sentenciante valorar el hecho y los resultados de los ilícitos cometidos por menores de edad. Arguyó que resulta menester tener en cuenta el interés superior del niño y que en el fallo "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se subraya que debe considerarse que es lo que le pasa a la persona que comete un hecho siendo menor de edad. Asimismo, se mostró sorprendido por la alocución del Sr. Fiscal del Joven y consideró que dicha parte no pudo demostrar por qué considera que no debe aplicarse la reducción prevista por el artículo 4º de la ley 22.278.
Asimismo, dicha parte esgrimió que el artículo 41 bis del Código Penal no resulta de aplicación a la presente causa, citando en apoyo los fallos de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires: "Ríos, Marcelo Rubén s/ recurso de casación" y "Gallardo, J. Oscar s/ recurso de casación". Mencionó que dicho agravante resulta aplicable solamente a la figura del homicidio, por cuanto la figura del art. 165 del C.P. ya contiene como elemento objetivo el robo con armas de fuego, lo que excluye el agravante del artículo 41 bis del C.P. Sostuvo asimismo que valorar ello en este caso resultaría violatorio del principio ne bis in idem, y que así lo ha dicho la Corte. Derivó de allí que la escala penal propuesta por el Sr. Fiscal del Joven no es correcta, debiendo ésta ubicarse entre los diez y los treinta y un años de prisión, concluyendo que el mínimo de la escala penal -deducido de la aplicación de la reducción prevista por el artículo 4º de la ley 22.278- parte de la pena de cinco años de prisión.
No concuerdo con el Sr. Defensor Oficial en éste punto. Estimo que el artículo 41 bis del Código Penal prevé un agravante genérico del hecho, y que el robo calificado por el resultado homicidio no contempla en su tipo objetivo que éste sea cometido mediante el uso de arma de fuego, sobre lo que más adelante me explayaré. Tengo en cuenta asimismo lo planteado por el Sr. Defensor Oficial en cuanto a la aplicación de la reducción prevista por el artículo 4º de la ley 22.278, punto sobre el que habré de efectuar algunas aclaraciones de manera posterior.
Continuando con su alocución, el Sr. Defensor Oficial consideró que el Sr. Fiscal del Joven efectuaba una lectura parcializada de los informes a los que hizo referencia. Dijo que su defendido, al ingresar a su primer lugar de detención -Centro Cerrado de Dolores-, había retomado sus estudios y realizaba talleres, presentando actitud colaboradora. Manifestó que no se encontraba de acuerdo con el Sr. Fiscal en que el encausado nunca quiso utilizar las herramientas que se le brindaron para resocializarse, afirmando que el encausado las había aprovechado desde un primer momento. Indicó que luego fue trasladado a la Unidad Nº 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde no tuvo acceso a las mismas herramientas y recursos de los que gozaba en la órbita de la Secretaría de Niñez y Adolescencia provincial. Expresó que en innumerables ocasiones requirió que se lo incluya al joven en actividades. Señaló que el Sr. Fiscal del Joven nunca visitó al imputado en los distintos lugares de alojamiento y aclaró que su defendido no había permanecido prófugo, sino que se había entregado voluntariamente.
En relación a dichos argumentos, encuentro acertado que A. en un principio demostró cierto interés en realizar actividades. Sin embargo, dichos períodos se han visto alternados con episodios de inconductas graves y fases de apatía y pasividad, conforme surge de los informes que analizara más arriba. Vale traer a colación los variados informes psicológicos que dan cuenta de cierta capacidad del joven para reflexionar, pero a su vez demuestran que éste no ha podido lograr a lo largo del tiempo gestar un proyecto de vida.
A su vez, el informe ambiental más reciente, de fecha 8 de octubre de 2014, obrante a fs. 4419/4423, describe al encausado sin motivaciones ni proyectos, con incertidumbre, y expectante ante el acontecer de su situación procesal. La pericia psicológica obrante a fs. 4422/4423, de fecha 16 de octubre de 2014, advierte indicadores de ansiedad e impulsividad que el imputado intenta mantener a raya, con escasa tolerancia a la frustración frente a situaciones donde se siente lejos de sus expectativas, expulsando al exterior su malestar a través del desafío a la autoridad y hacia sus pares. Asimismo, se refirió allí que -por sus propias características- los permanentes cambios de internación operan como modo de evitar confrontarse con aspectos conflictivos, obstaculizando así su posibilidad de implicarse desde una posición activa en el armado de un proyecto de vida.
Entonces, si bien el encausado ha tenido algunos períodos en los que ha receptado de manera relativamente correcta el tratamiento resocializador al que ha sido sometido, cierto es que no ha logrado mantener ello en el tiempo, lo que claramente se desprende del análisis cronológico de la totalidad de los informes glosados a la presente causa.
Luego, el Sr. Defensor Oficial se refirió a la lectura del Sr. Fiscal del Joven respecto de las sanciones impuestas a su defendido. Remarcó que la mayoría de ellas habían sido nulificadas y que su asistido sólo contaba con cuatro sanciones confirmadas por este Tribunal. Expuso que a fs. 4390 se encuentra agregado un informe que fija la conducta del encausado en nueve puntos y un concepto bueno, y que ello fue reconocido por ésta presidencia al momento de rechazar la solicitud efectuada por la Unidad Nº 21 para que el encausado sea trasladado a otra Unidad. Sobre esto, ya expliqué la forma en la que valoro las actuaciones disciplinarias labradas al encausado. Respecto del informe de conducta y concepto señalado, cabe destacar que se aclara allí que el encausado ha recibido varios correctivos disciplinarios. Entiendo que dicho informe debe ser analizado en conjunto con lo actuado a fs. 4381: en efecto, obra allí la nota de elevación confeccionada por la Unidad Nº 21, remitiendo un nuevo gráfico de conducta en virtud del dictado de nulidad de una sanción disciplinaria impuesta. Asimismo, no puede dejar de tenerse en cuenta, a los efectos de su valoración, la nueva sanción que se le impusiera al encausado con fecha dieciséis de octubre de 2014.
Es decir, más allá de que eventualmente el encausado haya alcanzado -en un momento- un grado de conducta alto, debido en parte a nulidades procedimentales, resulta claro que en reiteradas oportunidades registró inconductas, que requirió de trato especial para su contención y que su buen comportamiento ha sido esporádico e inestable. Es evidente que A. no ha podido sostener su progreso en el tiempo. Ahora bien, sobre los dichos del Sr. Defensor Oficial según los cuales el alto grado de conducta del encausado fue reconocido por el Suscripto al denegar el traslado de éste hacia otra unidad por no haber registrado sanciones de gravedad, cabe ubicar ello en su contexto. El aquí encausado había sido albergado en las unidades 47, 54, 45, 4 y 21 del Servicio Penitenciario Bonaerense, sucesivamente, lugares en los que había participado de una variedad de incidentes. Trayendo a colación nuevamente el régimen especial dispuesto por el Sr. Director de la Unidad Nº 21, tal como quedó detallado más arriba, éste tenía la finalidad de preservar el orden y la disciplina en la Unidad, y el objeto de permitir una reeducación en los aspectos sociales y morales del encausado, procurando una corrección constante. En virtud de todo ello, y toda vez que luego de haber estado alojado en cuatro unidades distintas con graves inconductas, y no habiendo registrado en ese último tiempo inconductas graves, se dispuso que el encausado continuara alojado allí.
Asimismo, cabe recordar al respecto que con fecha 19 de junio de 2013 se había dispuesto: "...el condenado en autos A. J. J. ha sido derivado a la Unidad Penitenciaria de Bahía Blanca, por ser esta la única Unidad en la que se encuentra implementado el programa integral de asistencia y tratamiento para jóvenes adultos en la que el imputado pueda ser alojado, en virtud que en las restantes unidades ha mantenido algún conflicto, ya sea con los internos, o con el personal carcelario; o no pueden recibirlo por alguna otra cuestión. Así las cosas, en reiteradas oportunidades el encausado A. ha solicitado a este Tribunal continuar con su encierro en la Unidad Penitenciaria N° 21 de Campana, y ello en virtud de la cercanía a su domicilio, manifestando que no le interesaba el programa de jóvenes adultos, resultando su actitud acorde con sus dichos, todo lo cual fuera constatado por la Sra. Vocal de este Tribunal Dra. Mirta Ravera Godoy en su entrevista personal con el joven de referencia en fecha 1/3/2013 y cuya acta luce a fs. 193 del presente incidente, donde el joven se expresó refiriéndole que no acepta las propuestas del programa de jóvenes adultos", lo que finalmente derivó -una vez que el Sr. Defensor Oficial prestó su consentimiento- en el alojamiento del joven en la Unidad Nº 21 del S.P.B.
Consideró luego el Sr. Defensor Oficial que al momento de solicitar una pena, la Fiscalía debe analizar el proceso resocializador del joven, y tener en cuenta que éste había podido internalizar las circunstancias del hecho y algún grado de arrepentimiento. Alegó que el joven no tuvo ninguna injerencia en el homicidio de Santiago Juan Urbani, ya que se encontraba en un lugar físico distinto de donde sucedió, y que frente al disparo efectuado por V., A. le hizo un reproche. Por ello arguyó que resultaba necesario que quede correctamente acreditado que su defendido no tuvo ni el aspecto subjetivo ni material de la muerte.
Más adelante daré tratamiento a la cuestión relativa al arrepentimiento que A. ha demostrado o no respecto del hecho cometido. En cuanto a la injerencia de A. en el hecho y el reproche que merece como coimputado, debo decir que si bien se encontraba en un dormitorio distinto a la habitación donde sucedió el homicidio, A. accedió de manera libre y consciente a participar juntamente con otras tres personas en la perpetración de lo que sabía era un delito, valiéndose de armas de fuego y un vehículo, por lo que puedo concluir que hizo su parte en un plan común que tenía como finalidad la comisión del hecho materia de juzgamiento, aceptando sus resultados. Asimismo, y en cuanto a la reprimenda de A. a su consorte V., debo aclarar que se desprende de lo obrado en la presente causa que -tal como refiriera el Sr. Representante de la Particular Damnificada en la réplica que efectuó en la audiencia del tres de noviembre del corriente- consistió en la siguiente frase: "me quemaste la escopeta". Entiendo que ello denota preocupación por la imposibilidad que esto generaría de poder seguir utilizando dicha arma de fuego, más no por la muerte que el coimputado V. produjera.
Por último, la autoría y participación de J. J. A. en el hecho materia de juzgamiento, así como la tipicidad objetiva y subjetiva aplicables, ya han sido harto analizadas en las sentencias tanto de primera instancia, como de Cámara y de Corte, por lo que a mi humilde entender debe estarse a lo allí resuelto con carácter firme. Continuando con su alocución, el Sr. Defensor Oficial manifestó que le llamaba la atención, conociendo el criterio del Sr. Fiscal del Joven en relación al artículo 165 del C.P., que éste solicitara una pena tan alta en el marco de la presente, cuando no lo había hecho en otros procesos. Citó a modo de ejemplo -entre otros- la causa Nº 135 seguida a U. I. A. ante éste Tribunal.
Debo decir que no encuentro deficiencias en la fundamentación esgrimida por el Sr. Fiscal a los efectos de solicitar el monto punitivo en el marco de esta causa. Además, concuerdo con la Fiscalía en cuanto a que, en el Derecho Penal Juvenil, la decisión relativa a la necesidad o no de imposición de pena es siempre sumamente ajustada a las particularidades del caso y del joven, por lo que mal pueden trazarse paralelismos abstractos con otros procesos. Cabe aclarar, además, que U. I. A. fue condenado a la pena de seis años de prisión en orden al delito de homicidio, teniendo en cuenta allí sus condiciones personales y el resultado del proceso resocializador por él transitado, por lo que encuentro que dicho caso no resulta comparable. El Sr. Defensor Oficial consideró asimismo que debe tenerse en cuenta, a los efectos de la mensura de la pena, el hecho de que el encausado no registra antecedentes, valorando como atenuante de la pena la minoridad de A. al momento de la comisión de los hechos. Peticionó que no se aplique el agravante previsto por el artículo 41 bis del Código Penal y que no se tenga en cuenta el consumo de estupefacientes. En razón de sus argumentos, finalmente, solicitó se haga lugar a la aplicación del artículo 4º de la ley 22.278 y se le imponga al encausado la pena de cinco años de prisión.
Coincido solo parcialmente con el Sr. Defensor en cuanto a tales argumentos vertidos, lo que trataré más adelante.
A su vez, al momento de las réplicas, el Sr. Fiscal dejó a salvo, en lo sustancial, que la reducción a la escala de la tentativa prevista por el artículo 4º de la ley 22.278 no es de aplicación obligatoria, y que había manifestado que se apartaba de la reducción de tal escala, pero no de la aplicación de dicha norma en sí. Asimismo, aclaró que el monto punitivo se solicitaba concienzudamente y que no pueden compararse distintos casos, lo que resulta característico del proceso minoril, máxime cuando en las causas señaladas por el Defensor se había arribado a condenas en virtud de acuerdos de juicio abreviado, por lo que no podía considerarse que se había apartado de su deber de objetividad. En relación a la aplicación del artículo 41 bis del C.P., expresó que se trata de un agravante genérico y que no existe jurisprudencia uniforme respecto de la aplicación de esa norma al tipo penal previsto por el artículo 165 del C.P., motivo por el cual no se encuentra obligado a acatar la postura de la Defensa.
Por último, el Sr. Defensor manifestó que la Defensoría de Casación Penal ha efectuado una publicación en relación a la imposibilidad de aplicar el agravante en cuestión a la figura del artículo 165 del C.P.
4. Que analizados los correspondientes informes agregados a la causa, así como los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia realizada con la finalidad de resolver respecto de la necesidad o no de imposición de pena, y en su caso su monto; y tal como lo adelantara más arriba, estimo que no corresponde otorgarle a J. J. A. el beneficio de la absolución de pena; a lo que agrego que tampoco encuentro procedente el beneficio de la reducción de la escala penal en la forma prevista para la tentativa, previsto por el artículo 4º de la ley 22.278.
En efecto, a la luz de los informes y argumentos analizados, entiendo que la aplicación de pena resulta imprescindible para procurar la reinserción de J. J. A. en la sociedad, debiendo continuar con el proceso resocializador que ha comenzado, tal como lo han requerido la acusación pública y privada de manera fundada.
Así, se desprende de los informes que he tenido en cuenta más arriba que el proceso resocializador de A. resulta sinuoso. A lo largo de éste se verificaron altibajos de buena y mala conducta. Ello me permite concluir que no ha logrado sostener en el tiempo actitudes que le permitan demostrar un cambio que amerite la concesión del beneficio de la reducción de la escala penal al grado de tentativa, ni mucho menos su absolución, teniendo en cuenta la gravedad del hecho juzgado.
Debo aclarar que no coincido con la Defensa en punto a que aquello que no le habría permitido al joven mantener un progreso sostenido sería el hecho de que haya sido trasladado en innumerables ocasiones. Es justamente a causa de registrar graves problemas de conducta -que han sido plasmados en una numerosa cantidad de informes, actas disciplinarias y sanciones- que el imputado debió ser trasladado en varias oportunidades, por lo que el endeble resultado del tratamiento resocializador resulta atribuible, en mi opinión, al propio A..
Deben destacarse la variedad de propuestas que ofrecieron todas las instituciones y todas las unidades penitenciarias que el encausado transitó a lo largo de casi cinco años. En ellos se encontraban implementados talleres, actividades laborales, cursos y actividades educativas, las que a mi modo de ver el encausado desarrolló generalmente durante corto tiempo, sin demostrar compromiso ni continuidad. Obviamente, en muchas ocasiones tal continuidad fue imposible como producto de su pésima conducta.
Actualmente, J. J. A. no lleva a cabo actividades de talleres ni laborales por propia voluntad, lo que contradice la propuesta tratamental sugerida por la Unidad Nº 21 del S.P.B., a fin que éste pueda realizar cierta evolución dentro del régimen institucional.
De dichos informes, surge que el encausado cuenta con capacidad para comprender y dirigir sus acciones, así como determinados aspectos que dan cuenta de su dificultad para mediatizar su problemática a través de la palabra, la falta de límites por parte de sus progenitores, su imposibilidad de poder tomar real dimensión de las consecuencias de sus acciones y de colocarse en una posición de implicancia frente a ellas, sin la necesidad de colocar sus responsabilidades en cabeza de otros. Por tales razones, teniendo en cuenta las modalidades de los hechos, los antecedentes del imputado, el resultado del tratamiento resocializador y la impresión directa que obtuve de J. J. A. (art. 4º ley 22.278), y habiéndolo escuchado (art. 12 C.D.N.), estimo necesaria la aplicación de pena, e improcedente la reducción a la forma prevista para la tentativa.
5. Que ahora bien, atento a lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental el pasado 29 de marzo de 2011, obrante a fs. 2213/2343, he de valorar a continuación las circunstancias atenuantes aplicables, así como aquellas agravantes introducidas y discutidas por las partes, a los efectos de la mensuración de la pena a aplicar.
Entiendo que la norma prevista en el artículo 41 bis del C.P. debe tenerse en cuenta como parámetro para fijar la escala penal para el hecho analizado en concreto - es decir, como un agravante del hecho-, pero no como un elemento constitutivo del tipo penal. Así, no constituye una calificante de la figura típica del robo agravado por el resultado homicidio, sino del hecho calificado de tal manera (ver D´Alessio, Andrés José -Director-, "Código Penal comentado y anotado", Parte General, 2ª edición, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, 2º edición, págs. 441/444).
En este sentido, encuentro configurada dicha agravante prevista en el artículo 41 bis del Código de fondo, toda vez que J. J. A. ejerció violencia hacia las víctimas mediante el empleo de un arma de fuego, no encontrándose tal circunstancia contemplada como elemento constitutivo o calificante de la figura prevista en el artículo 165 del C.P.
Desde mi humilde punto de vista, resulta aplicable la doctrina de los fallos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la Causa Nº P100072 -del día 12 de noviembre de 2008- y en la Causa Nº P102775 -del día 14 de marzo de 2012-, entre otros; y del acuerdo plenario del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, dictado el día 19 de abril de 2013 en la Causa Nº 36.328, caratulada "R., F.A. s/ Recurso de Casación".
Más allá del respeto que me merecen las opiniones en contrario, basadas en la complejidad de la figura del art. 165 del C.P. y en la gravedad de los medios supuestamente ya contenida -o en el robo, o en el resultado de muerte- en dicho tipo penal, entiendo que la letra de la ley es clara -insisto, en mi opinión- al establecer que sólo se excluye la aplicación de tal agravante cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate.
El artículo 165 del C.P. -al igual que el 79- prevé un resultado típico de muerte, pero ningún medio comisivo en particular. El artículo 41 bis del mismo código, en cambio, agrava el hecho por su comisión a través de un medio puntual de violencia -el arma de fuego-, que a mi criterio resulta fundadamente más gravoso que otros, y legislativamente coherente.
Estimo corresponde aclarar que en virtud de lo resuelto en el marco de la presente causa, por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la agravante prevista en el artículo 41 bis del C.P., resulta aplicable solamente a la figura prevista en el artículo 165 del C.P., y no al tipo penal previsto por el artículo 189 bis inc. 2º segundo párrafo del C.P., con el cual concurre materialmente en ésta causa.
Por otra parte, no puedo dejar de sopesar la gravedad del hecho por el cual el encausado se encuentra detenido y por el cual ha sido declarado penalmente responsable.
La conducta desplegada por J. J. A. produjo la afectación de una diversidad de bienes jurídicos: la seguridad pública, la propiedad y -mucho más importante- la vida. Se ha tenido por probado que el encausado participó en la sustracción de bienes con el uso de armas de fuego, acompañado de tres personas más y que a resultas de dicho accionar se produjo la muerte de una de las víctimas. A. amenazó con un arma de fuego a Julia Mónica Rapazzini y a Florencia Urbani, reduciéndoles violentamente su voluntad, circunstancia que no puede dejar de ser valorada en éste momento. Tengo en cuenta a su vez que J. J. A. se apoderó de una gran cantidad de bienes de propiedad de las víctimas, los que tenían un valor apreciable y respecto de los que tuvo la oportunidad de disponer.
El resultado de las acciones de J. J. A. y sus consortes no sólo se ha proyectado sobre la persona de Santiago Juan Urbani. El daño se ha extendido sobre el resto de sus familiares, los que no sólo se vieron sometidos a la violencia ejercida en el desapoderamiento, sino también al inmenso dolor de la pérdida injusta de un ser querido, lo que a mi humilde entender hace que la extensión del daño causado sea incalculable. Ello es así, incluso cuando A. no fue el autor del disparo que terminara con la vida del joven Urbani, lo que por supuesto tengo presente.
Por otra parte, más allá de la interpretación que han efectuado algunos profesionales respecto del modo en el que el encausado habría materializado sus sentimientos, debo concluir que no he notado en las innumerables audiencias y visitas institucionales en las que he entrevistado a J. J. A., al día de la fecha, que éste haya demostrado arrepentimiento por el hecho que cometió.
En este sentido, no habré de tener en cuenta como un elemento que me permita atenuar la pena a aplicar los dichos de A. en las audiencias de debate y del artículo 4º, cuando pidió disculpas y manifestó estar arrepentido de lo que hizo. "El arrepentimiento del autor no puede ser concebido como una finalidad del sistema penal ni una actitud del inculpado que deba fomentar el Estado; ni siquiera a ello debe tender el fin de la pena, porque no sería lícito que el derecho penal trate de modificar la estructura de la personalidad, los sentimientos o las ideas del ser humano sometido a proceso, por el contrario debe respetar su autodeterminación, derivada de una concepción antropológica que lo concibe como un ser libre. Ello no implica que el derecho penal no pueda apreciar el arrepentimiento verdadero como pauta de atenuación de la pena, en cuanto demuestre la internalización del respeto por las normas y los valores vigentes" (Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala II, "G. ,I. A. s/Recurso de Casación").
Así, no encuentro que los dichos del imputado se hayan traducido en una internalización adecuada del respeto por las normas y valores vigentes, ni que se hayan derivado de esto último.
Tengo en cuenta para ello que durante el curso de las audiencias celebradas no he podido percibir ni un atisbo de perdón para con las víctimas. No hubo palabras, gestos u otra demostración o expresión de su cara o cuerpo, que demostraran su aflicción por el daño causado.
El encausado manifestó -en la audiencia celebrada el 3 de noviembre próximo pasado- encontrarse arrepentido de lo que hizo, y expresó saber que lo que había hecho estaba mal. Entiendo que el arrepentimiento que A. ha expresado no apunta al daño causado a las víctimas. Por sus dichos y su actitud, encuentro que A. está arrepentido solamente de las consecuencias que la comisión del ilícito ha tenido para él mismo y para su propia familia, lo que me convence de no considerarlo como un atenuante a valorar.
Asimismo, valoro la situación social de J. J. A., la que se ha visto reflejada en el sinnúmero de informes ambientales agregados a la causa, que han sido detallados más arriba. Las condiciones de vida de A. no resultaban paupérrimas al momento del hecho, por lo que entiendo que ésta circunstancia tampoco atenúa su responsabilidad. Entiendo como agravante del hecho cometido la nocturnidad. En efecto, el hecho transcurrió bien entrada la noche, aproximadamente a las 03:30 hs. Coincido con el Sr. Fiscal del Joven el abrigo de la obscuridad y la soledad de las calles facilitó de manera sustancial la comisión del ilícito materia de juzgamiento, brindándoles a A. y sus consortes mayores posibilidades de abordar a la víctima, ingresar a su vivienda, apoderarse de los bienes de ésta y -finalmente- huir con éxito.
Encuentro como agravantes de la pena a imponerle a J. J. A., además, que el hecho desplegado fue sumamente violento para con todas las víctimas -a tal punto que resultó la muerte de una de ellas-, perpetrado con la utilización de al menos un arma de fuego apta para el disparo -art. 41 bis C.P.- y llevada a cabo por varias personas, de manera organizada, y valiéndose de un vehículo automotor, lo que irrefutablemente significó un poder intimidante y operativo sumamente mayor sobre las personas ofendidas.
Tengo en cuenta como aminorante la escasa educación con la que el encausado contaba al momento del hecho, lo que a criterio del suscripto atenúa en cierta medida su culpabilidad, en virtud del estado de vulnerabilidad que tal circunstancia le pudo producir, al no haber tenido una oportunidad completamente favorable de interiorizar correctamente las reglas de convivencia social.
Sin embargo, aclaro que valoro dicha atenuante como de importancia relativa, por cuanto considero que la educación formal no guarda estricta relación directa con el respeto por bienes jurídicos de la envergadura de los afectados en el hecho de ésta causa. Además, tengo en cuenta que los progenitores de A. constituían un ejemplo de vida y de valores positivo e inmediato, que el imputado, libre y voluntariamente, no internalizó.
Asimismo, valoro a favor de A. el hecho de que al momento de su declaración a tenor del artículo 308 del C.P.P., haya reconocido su participación y haya efectuado aportes tendientes al esclarecimiento del hecho por el cual ha sido declarado penalmente responsable. También, que si bien se entregó a las autoridades diez días después de la comisión del hecho, lo hizo de manera voluntaria.
Considero que la minoría de edad del encausado al momento de la comisión del hecho debe ser tenida en cuenta como aminorante, ello en atención a la falta de madurez del joven en dicha etapa de su vida.
Con todo, insisto nuevamente en que la naturaleza de los bienes jurídicos afectados, y la forma en que fueron violados, me hacen valorar esta atenuante - también- con moderación.
Valoro asimismo como atenuante que de los informes obrantes a fs. 4387, 4395, y 4403/4404 surge que el imputado no registra otros antecedentes además de la presente causa.
Por último, tengo en cuenta la impresión directa de A. recogida en las audiencias celebradas, las visitas institucionales y la entrevista que recientemente mantuve con él en los términos de los artículos 12 de la C.D.N. y 41 del Código Penal, momento en que A. se refirió a sus condiciones personales y forma de vida. Mi impresión del imputado, en definitiva, no fue buena, encontrándola compatible con las descripciones actitudinales y de personalidad detalladas en el punto precedente.
Ello es mi convicción sincera (arts. 210, 371 y 373 del CPP).
6. Que como adelanté, el art. 4º de la ley 22.278 establece tres posibilidades, a saber: la absolución de pena, la imposición de una pena dentro de la escala reducida en la forma prevista para la tentativa, o la imposición de una pena dentro de la escala correspondiente al delito de que se trate.
La decisión por una de esas tres opciones debe constituir una respuesta jurídicopenal fundada, racional, proporcional, conveniente e idónea, orientada a fomentar y reforzar en concreto -en caso de ser necesario- el sentido de responsabilidad de un joven declarado penalmente responsable, su respeto por los demás y su inserción en la comunidad signada por una convivencia armónica, teniendo en cuenta su interés superior (arts. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 3, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 4 de la ley 22.278, 40 y 41 del Código Penal, 30 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y 6 y 58 de la ley 13.634). Ello resulta compatible con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Maldonado, ya citado.
También es coherente con lo resuelto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en la causa P. 114.698, caratulada "Marsiglio, María de los Ángeles - Agente Fiscal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 28.541 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, seguida a A. , I. A. y A., M. E.", sentencia del 16 de octubre de 2013.
Además, se encuentra dentro de los parámetros sostenidos por la jurisprudencia mayoritaria de la Cámara de Casación Penal nacional y por reconocida doctrina (ver D´Alessio, ob. cit., págs. 652 y siguientes, en especial pág. 654).
La decisión al respecto depende, según lo normado expresamente por dicho artículo 4º, de "las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez", elementos que ya he analizado. También inciden en tal decisión, por supuesto, los atenuantes y agravantes. Ahora bien, la pena prevista para el delito tipificado por el artículo 165 del Código Penal contempla una pena mínima de diez años de prisión y un máximo de veinticinco años de prisión.
A su vez, el artículo 41 bis del C.P. que tal como adelantara más arriba encuentro aplicable, prevé la elevación de dicha escala penal en un tercio en su mínimo y en su máximo, derivándose así la escala de trece años y cuatro meses de prisión de mínima, a treinta y tres años y cuatro meses de prisión de máxima.
Por su parte, la escala prevista por el artículo 189 bis inc. 2º del Código Penal contempla una pena mínima de dos años de prisión y un máximo de seis.
Tratándose de un caso de concurrencia material, la escala penal prevista para el delito por el cual J. J. A. se encuentra declarado penalmente responsable, arroja una pena mínima de trece años y cuatro meses de prisión, y un máximo de treinta y nueve años y cuatro meses de prisión (art. 55 del C.P.).
En mi fuero íntimo, entiendo como justo y fundado en todos los elementos analizados y valorados precedentemente, imponerle a J. J. A. la pena de diecisiete años de prisión.
Estimo que tal respuesta jurídico penal es proporcional y racional, teniendo en cuenta la naturaleza violenta y la gravedad de los hechos que ha cometido el imputado, las circunstancias atenuantes y agravantes valoradas, la multiplicidad de bienes jurídicos afectados y la extensión del daño causado.
Asimismo, la estimo ajustada a las problemáticas y necesidades de A. (art. 58 de la ley 13.634), siendo esta conveniente para que pueda profundizar el tratamiento resocializador que ha venido desarrollando insatisfactoriamente hasta la fecha, y que - insisto- dista mucho de concluir.
Entiendo que el monto escogido es adecuado para concluir el proceso de resocialización del encartado y encarrilarlo hacia una actitud que le permita lograr y mantener una armónica convivencia en sociedad, con respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros.
Ello se justifica plenamente, asimismo, en el interés superior del niño (art. 3 inc. 1 C.D.N.), ya que la pena señalada tiende a que A. pueda lograr resultados satisfactorios en el proceso de resocialización que insatisfactoriamente ha desarrollado hasta la fecha; siendo acorde con lo normado por el art. 40 inciso 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Debo aclarar que la respuesta punitiva escogida no atiende a criterios retributivos. La pena que propongo no busca infligir un daño, sino que tiene como norte asegurar en la medida de lo posible la correcta reinserción social de J. J. A.. A modo de reflexión, estimo pertinente efectuar una aclaración respecto del monto punitivo elegido, que se encuentra íntimamente relacionada con lo argumentado por el Sr. Defensor Oficial respecto de la aplicación del beneficio de la reducción a la escala de la tentativa, previsto por el artículo 4º de la ley 22.278.
Antes que nada, considero que no debe efectuarse una interpretación reduccionista del artículo 4º de la ley 22.278 que se ciña solamente a la reducción de la pena mínima a la mitad. No debe perderse de vista que existe una escala penal tentada, y que ésta comprende una reducción tanto en su mínimo como su máximo. Así, advierto que la escala penal derivada de la reducción a la forma prevista para la tentativa (art. 4º de la ley 22.278), incluso sin aplicar el agravante del artículo 41 bis del C.P., prevé como mínimo la pena de cinco años de prisión y como máximo la pena de veinte años y ocho meses de prisión, de acuerdo con el criterio del fallo Plenario de la Cámara Nacional de Casación "Villarino, Martín Patricio y otro s. recurso de casación", al que adhiero.
En consecuencia, la pena que he escogido aplicarle al imputado se ubica no sólo dentro de la escala penal prevista para el delito -trece años y cuatro meses, a treinta y nueve años y cuatro meses-, sino que también se subsume dentro de aquélla prevista en caso de que se aplicara el beneficio de la reducción a la escala de la tentativa, y sin aplicar la agravante del art. 41 bis del C.P. -cinco años, a veinte años y ocho meses-, motivo por el cual en mi opinión lejos está de resultar desproporcionada. En definitiva, es mi convicción que la pena de diecisiete años de prisión es adecuada, idónea y útil para fomentar y reforzar el sentido de responsabilidad del joven A. -extremo que al día de la fecha no ha demostrado y que se ha visto reflejado en los informes agregados a la causa-, su respeto por los demás y su inserción en la comunidad signada por una convivencia armónica, tal como lo ordenan la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes nacional 22.278 y provincial 13.634.
7. Que por último, en cuanto a la modalidad de ejecución de la pena, estimo que ésta debe efectuarse bajo la órbita del Servicio Penitenciario, no resultando conducente o posible en éste sentido -en atención a la edad del encausado, la etapa actual del proceso y el monto punitivo decidido- su cumplimiento en una institución distinta (art. 6 de la ley 22.278) o bajo alguna modalidad morigerada.
En virtud de todo lo expuesto, estimo corresponde condenar a J. J. A. a la pena de diecisiete años de prisión, y mantenerlo en su actual régimen de detención a disposición de éste Tribunal. Así lo voto.
A la misma cuestión la Sra. Juez Vocal, Dra. Silvia Noemí Chomiez dijo:
Comienzo mi voto adelantando que llego a la misma conclusión en cuanto al monto punitivo que mi colega preopinante, sin perjuicio de que habré de exponer algunas consideraciones concurrentes y otras disidentes en relación al voto que antecede.
En primer lugar, ha quedado debidamente establecido que J. J. A. ha sido declarado penalmente responsable como coautor de los delitos de homicidio en ocasión de robo en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra, conforme sentencia dictada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, obrante a fs. 2522/2542, la que a esta fecha se encuentra firme.
Por otra parte, también deviene coincidente que el acusado ha cumplido la mayoría de edad y cumplido con más de un año de tratamiento en distintos organismos del poder ejecutivo en encierro, encontrándose actualmente detenido en la Unidad Carcelaria nº 21 de Campana, dependiente del Servicio Bonaerense.
Disiento en parte con el Dr. José Alberto Villante, en orden al análisis del cuadro sobre la vida institucional que realiza del joven A.. La vida institucional del mismo, su conducta en el encierro, se ha visto desdoblada en dos oportunidades claramente distinguibles, una, en sus primeros momentos de encierro dentro de las diversas instituciones que comprenden la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la pcia. de Bs. As. cuyo devenir ya fuera plasmado en el voto que me antecede, y luego, en su posterior ingreso al Sistema Penitenciario Provincial, al cumplir su mayoría de edad, desvirtúan un claro proceso de trabajo tendiente a la resocialización del joven en detención con un efecto contraproducente en su progreso. Ello lo encuentro reflejado en el informe psicológico elaborado por la Lic. Yamile Rayes de fs. 3302/3303vta. del que se desprende "se advierte un mayor repliegue, retracción y rigidez con respecto a las entrevistas anteriores, como así también para problematizar el contexto en el que se encuentra inserto, tendiendo a posicionarse en un lugar pasivo frente a aquellas vivencias que le resultan adversas...". La profesional hace saber que encuentra al joven carente de estímulos y matices con respecto a su situación de encierro, encontrando suspendida su capacidad de formular proyectos.
Es de destacar que el paso por las distintas unidades carcelarias en ocasiones, han obedecido a que el joven se ha visto inmerso en situaciones de violencia, tanto en la índole convivencial con otros internos como así también con personal penitenciario, dirigiéndose en forma incorrecta y querellante hacia los mismos.
Así también he de disentir parcialmente en cuanto al análisis que desarrolla, valorando sanciones disciplinarias que han sido declaradas nulas, por existir en su sustanciación vicios relevantes que obligaron a tal reconocimiento legal. Si bien entiende que el hecho de disvalor administrativo que las motivó existió, la conclusión posterior de su declaración de nulidad, resulta un mero hecho, que en nada desmerece la connotación negativa de su vida intramuros. Dichas valoraciones jurídicas sobre su existencia resultan incongruentes en un sistema de derecho. A mi humilde entender solo deben valorarse aquéllas sanciones que no han sido tachadas con la sanción de nulidad aludida, en el entendimiento de que resultan las únicas que permiten una valoración. Sobre ello, la de fecha 25 de octubre de 2012, en ocasión que se encontraba intramuros en la Unidad Penitenciaria nº 47 de San Martín, la cual consistió en intentar agredir a personal del Servicio penitenciario en oportunidad en que procedía a la apertura de la celda (ver constancias de fs. 440/448) resolución confirmada el 7 de noviembre de 2012, conforme emerge del legajo de sanciones. La otra, del 28 de febrero de 2013, alojado en esa oportunidad en la Unidad Penitenciaria nº 54, por haberse agredido con otro grupo de internos (538/539), confirmada en fecha 8 de marzo de 2013, según fs. 550/552. Ahora bien, el concepto penitenciario y su conducta es la alfanumérica 9, manteniendo desde hace más de un año una vida penitenciaria sin sanciones.
Si bien la vida institucional del acusado J. J. A., no resulta de ejemplaridad resocializadora, y su conducta no merece, a mi entender un sostenimiento por su parte de promoverse hacia un futuro en libertad, el que no avizoro que se le pueda infligir una menor a la pena solicitada por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal, que funciona a contrapunto entre el máximo punitivo que prevén los delitos que se le endilgan y los mínimos legales previstos en esas figuras típicas, es entre otros fundamentos que expondré que la pena si bien es alta, resulta adecuada, a lo que adelantaré, entre la gravedad de los hechos por el cual fuese declarado penalmente responsable, entre los que, hago aquí un aparte, se trataron de una violencia innecesaria respecto de las víctimas mujeres aquella madrugada que se encontraban en su hogar, sorprendidas por un grupo numeroso de agresores armados, entre los que se encontraba el aquí acusado A., con el fin de apoderarse de objetos de valor, implicancias de la vulnerabilidad que en tal oportunidad se hallaban, descansando y desprotegidas ante un grupo, que sin miramientos, acabó con la vida de Santiago Urbani, y de cuya participación criminal no puede, ni debe permitirse desligarse, llevan a mi sincera convicción que la pena propuesta, resulta justa y adecuada, en proporción a la necesidad de la punitiva expresada por el Sr. Agente Fiscal y el grado de culpabilidad que se demostró, ya por sentencia firme de la Suprema Corte de la Provincia, por lo que en lo esencial adhiero al voto de mi colega preopinante.
Entrando en el fondo del asunto, o sea en la determinación de la necesidad o no de una pena, que le puede corresponder al encausado, es relevante y fundamental tener presente lo que ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Maldonado", considerando 36, que "la medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le formule a la persona por haber escogido el ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad de autor". Asimismo, ese Alto Tribunal de Justicia, en el fallo citado en los considerandos 37 y 40 ha sostenido también, que "corresponde a un incuestionable dato óntico que estos (los niños, niñas y adolescentes) no tienen el mismo grado de madurez emocional que debe suponerse y exigirse a los adultos ... Toda la psicología evolutiva confirma esta observación elemental ... Esta incuestionada inmadurez impone, sin lugar a dudas, que el reproche penal de la culpabilidad que se formule al niño no puede tener la misma entidad que el formulado normalmente a un adulto. Desde este punto de vista la culpabilidad por el acto del niño es de entidad inferior a la del adulto, como consecuencia de personalidad inmadura en la esfera emocional...". Desde el dictado de este fallo, que ha marcado un antes y un después en lo que deviene a doctrina y jurisprudencia en el relativo marco del Derecho Penal Juvenil, que por una parte tiene en cuenta, pondera y reclama una suma cautela en la ocasión de decidir la necesidad de imponerle una sanción legal a un joven que entre los 16 y 18 años ha infringido la ley penal, y por otro lado esa sanción, en el caso de vencerse negativamente a respecto sobre quien debe pesar la misma, encuentra un límite muy marcado en el sentido de que su culpabilidad no es la necesidad de imponérsela, sino revela un límite garantizador constitucional en las necesidades preventivo especiales (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional) orientado a la necesidad de "reinserción social" el que no puede traspasar aquel límite que fuere reconocido en su culpabilidad, por otra parte disminuida por su falta de desarrollo como ser humano legalmente pleno.
En éste orden de ideas así también lo entendió la Sala II de la Excma. Cámara de Apelación Departamental en causa nº 76.290/II, en donde emerge del voto del Dr. Leonardo Pitlevnik en cuanto dice: "El juzgamiento de hechos como los aquí ventilados, cometidos por jóvenes entre 16 y 18 años nos enfrenta ante una realidad por demás difícil y conflictiva. Se discute, en términos generales, desde la no aplicación de pena, la imposición de la pena en forma tentada o su imposición en los términos del código sustantivo". La necesidad de la imposición de una pena se debe basar en elementos concreto. Lo concreto en este proceso, fue lo que hizo J. J. A.. Ello en virtud de un hecho que contiene un grave disvalor de acción y de resultado, que amerita la sanción penal de su autor. La moderación de la pena o la sanción a imponérsele la encuentro dentro del límite que en éste caso coincide con la pretensión punitiva pretendida por el Sr. Fiscal, considerándolo proporcionado a su culpabilidad, y no es la culpabilidad o meramente en la "gravedad de los hechos ilícitos" en lo que fundo que habré de proponer se le imponga a J. J. A. la pena de DIECISIETE AÑOS DE PRISION, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS, la que encuentro plenamente motivada sobre el monto punitivo en que su extensión temporal, pondero la necesidad de su privación de la libertad en sus posibilidades plenas de resocialización, y si bien todo encierro así aún sea breve siempre tendrá efectos nocivos, en el caso que me ocupa avizoro que no tendrá para el encausado consecuencias negativas para su reintegración en la sociedad (tal como lo establece la Observación General nº 10 párr 11 de la Naciones Unidas), y que estoy en el claro convencimiento de que esta sanción no responde a tradicionales objetivos de una pena, que eran la represión y el castigo, todo lo contrario en la rehabilitación del joven para que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
En relación a la valoración punitiva que realizó el Sr. Agente Fiscal para estimar matemáticamente en su alegato la aplicación entiendo errónea, del art. 41 bis del Código Penal, lo cual frente a la renovación de sus fundamentos y lo decidido por los Tribunales Superiores en distintas instancias que arribó este proceso, deviene abstracta aplicación. Es sobre ello que al incorporarse en su contexto genera, por regla concursal material, la calificación legal que se estableciera ya contiene un delito doloso que incluye para su consumación la utilización de un arma de las de fuego y guerra (art. 189 bis del Código Penal) se determina su inaplicabilidad legal de la simple lectura de la propia exclusión que el propio texto del artículo expresa. O sea como elemento constitutivo o como calificante del delito que se trate. Ya he sostenido en iguales situaciones que la aplicación del art. 41 bis del Código Penal, se trata de una circunstancia de agravación de la pena que, con deficitario aporte legislativo su aplicación ha devenido en una sistemática utilización de hipótesis de máxima pretensión punitiva (cfr. "Código Penal" David Baigún, Eugenio Zaffaroni, Ed. Hamurabi, T 2, artículo del Dr. Alejandro Walter Slokar, págs. 92/93), teniendo en cuenta el monto elegido por el Representante del Ministerio Público Fiscal, aún utilizando los tópicos punitivos que utiliza, se encuentran debajo del mínimo de la sumatoria de los delitos endilgados al acusado en su escala de la tentativa. Por ello, sin más análisis al respecto dejo a salvo este presupuesto acusatorio.
No puede desconocer el juez, en el serio y delicado momento de la aplicación judicial de una pena, en este caso entiendo que será privativa de la libertad, elevada y grave por su extensión, cuya necesidad exige, un pormenorizado detalle sobre todas las circunstancias de la vida del acusado, y la gravedad de los hechos, implica en su extensión ante y post delictiva, la función específica de la misma y en la repercusión en la vida a quien se la impone.
Ello, en el entendimiento de que su cumplimiento, en este caso privado de su libertad, en el transcurso temporal prolongado que se le impone, tendrá un adecuado y específico tratamiento.
En su alegato, si bien el Sr. Agente Fiscal Dr. Andrés Zárate requirió, con sus fundamentos, los que ya han sido analizados, una pena de diecisiete años de prisión, las accesorias legales y las costas, la cual ante la calificación legal que se le atribuyera al hecho y participación del acusado J. J. A., le correspondió la de homicidio en ocasión de robo y tenencia ilegal de arma de guerra, ambos en concurso real (arts. 55, 165 y 189 bis inc. 2) segundo párrafo del Código Penal) aparece, adecuada a las circunstancias que fundamentarán su aplicación en el caso que se analiza. No puede abstraerse el juez, a las circunstancias en que se desarrolló el hecho, lo que hizo durante el mismo, antes y después de que ocurriera.
Tal como se encuentra firme a su respecto, en orden a su responsabilidad penal, A. tuvo participación activa en su desarrollo, en cuanto al desapoderamiento ilegítimo de los objetos propiedad de los Rapazzini, del claro reparto de roles dentro de la vivienda con un fin delictivo, la organización con personas mayores de edad, el uso de armas de fuego, la posterior destrucción de pruebas para lograr su impunidad y, lo de mayor relevancia, que durante esa práctica delictual, la comunidad de intereses en la impunidad llevó a un innecesario maltrato a las víctimas mujeres que en esa madrugada fueran sorprendidas en su descanso, se aduna el inentendible hecho de la violenta muerte del joven Santiago Urbani.
Sobre ello, es necesario en esta parte del fallo, dejar en claro, que si bien los jueces que integramos este Tribunal, hemos vivido situaciones ajenas al juicio y que han tomado estado público, en ningún momento nos han hecho decaer la imparcialidad ni la comprensión del dolor de una madre ante la pérdida tan violenta de un hijo. J. J. A., resulta merecedor de la pena exigida y solicitada por el Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal. Pero por otro lado merece, que en su extensión reciba un adecuado tratamiento, y no un cautiverio sin sentido que degrade su condición humana. Es por ello, en mi opinión, la grave sanción que se propone debe aplicársele con un tratamiento adecuado a su personalidad, integrador del grupo convivencial en encierro (población y autoridades) y sobre todo que pueda, y permita proyectar en su futuro, un programa de estudio, trabajo y adaptación de su realidad actual, con la realidad que permita en el ocaso temporal de la sanción impuesta, su nuevo ingreso a la sociedad con bases sólidas y coherentes en sistema penal juvenil.
Por todo lo expuesto considero adecuada, la imposición a J. J. A., de la pena de 17 años de prisión, accesorias legales y costas por el delito del cual fuera declarado responsable conforme sentencia S.C.J.B.A. (de fs 2522/2542) en orden los delitos de homicidio en ocasión de robo en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra (arts.55, 165, 189 bis del Código Penal).
Por ser mi sincera y razonada convicción, así lo voto.
A la misma cuestión la Sra. Juez Vocal, Dra. Mirta Angélica Ravera Godoy: Que comparto la decisión propuesta por mis colegas preopinantes, adelantando que habré efectuar algunas consideraciones adicionales, por un lado, y que habré de apartarme de algunas de las conclusiones vertidas en primer lugar, por el otro.
1. Que habiéndose cumplimentado los extremos previstos por el art. 4° de la ley 22.278, es decir más de un año de tratamiento tutelar, hallándose firme la declaración de responsabilidad del encausado y contando con más de 18 años de edad, entiendo nos hallamos en condiciones de proceder a determinar si corresponde absolver al encausado de imposición de pena, si por el contrario hay que imponerle una teniendo en consideración la disminución de la punición en el grado de la tentativa, o bien imponerle una pena dentro de los parámetros legales para el tipo penal correspondiente.
Entiendo que corresponde al juzgador valorar el injusto cometido evaluando en este punto la normativa provincial, los fallos de la Corte provincial, nacional, la normativa constitucional y las reglas internacionales aplicables al régimen penal de niños y adolescentes, pero muy especialmente la situación del joven no sólo antes y durante el hecho, sino también su evolución posterior en el marco de la teoría de prevención especial de la pena (Conf. CApel. SI, sala II, 26/6/2009, "V.,J. A").
2. En este orden de ideas, resalto la relevancia en cuanto a la importancia central del tratamiento y su necesariedad respecto de la imposición de pena, exigidos por la ley nacional 22.278. Estos principios anteriormente enunciados, encuentran su correlato en la ley provincial 13.634.
3. Específicamente en cuanto a la aplicación de la pena, el art. 58 de la ley provincial 13.634 impone que ello se ajuste a los siguientes principios: que sea proporcionada a las circunstancias y gravedad del hecho y a la particular situación y necesidades del niño; que las restricciones a la libertad sólo se impongan luego de un cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible, y que en el examen de los casos se considere como un factor rector el interés superior del niño. El art. 33 impone también como principios rectores para la interpretación y aplicación de las normas del proceso penal: la protección integral de los derechos del niño, su formación plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, la mínima intervención, la subsidiariedad; también que el niño asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.
4. Tanto la ley nacional como la ley provincial son, en lo atinente a la reducción de pena en caso de condena, acordes con lo resuelto por la CSJN en "Maldonado" del 7/12/2005. El mencionado precedente de la Suprema Corte, en cuanto interpreta la normativa convencional incorporada a la Constitución Nacional por imperio del art. 75 inc. 22 es relevante pues "es obligación de los jueces inferiores conformar sus decisiones a las conclusiones de la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, a menos que sustenten su discrepancia en razones no examinadas o resueltas por el Tribunal" (Fallos 311:1644; 312:2007; entre otros).
Nuestro máximo Tribunal, en el fallo citado, se expidió en relación a los parámetros que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la imposición de una pena. En efecto, la Corte señaló que era constitucionalmente obligatorio valorar la minoridad de edad al momento del hecho como consecuencia del art. 40 inc. 1 de la CIDN (considerando 7 del voto mayoritario).
También señaló que en los casos de los menores la concreta situación emocional al cometer el hecho, sus posibilidades reales de dominar el curso de los acontecimientos, o bien, la posibilidad de haber actuado impulsivamente o a instancia de sus compañeros, o cualquier otro elemento que pudiera afectar la culpabilidad adquieren una significación distinta, que no puede dejar de ser examinada al momento de determinar la pena (considerando 16 del voto de la mayoría).
También estableció la Corte Federal que en la ley 22.278 existe un aspecto que no aparece en el Código Penal: la facultad y el deber del juez de ponderar "la necesidad de la pena". Dicha necesidad en modo alguno puede ser equiparado a "gravedad del hecho" o a "peligrosidad"; antes bien, la razón por la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento de sentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años se relaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente, atienden a fines de resocialización o para decirlo con las palabras de la Convención de los Derechos del Niño, la "importancia de promover la reintegración social del niño y que éste asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40 inc. 1) (Considerandos 21 y 22).
También, la Corte señaló que debe partirse de la premisa elemental que, los menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos, pero no debe perderse de vista que de dicho principio no se deriva que los menores frente a la infracción de la ley penal deban ser tratados exactamente igual que los adultos (considerando 32), de lo cual se colige el plus de derechos que gozan los menores. Agregó la Corte que al momento de determinar la pena, el Tribunal no puede omitir la consideración relativa a su concreta necesidad respecto de ese autor en concreto. Y que la medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le formule a la persona que por haber escogido el ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea, que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor, y esta culpabilidad se determina según el ámbito de autodeterminación que éste haya tenido para ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en que hubiese actuado y en relación a sus personales capacidades en esas circunstancias, de este modo nuestra Constitución impuso desde siempre un derecho penal de acto (Considerandos 35 y 36).
También la Corte ha referido que existen casos en que los niños incurren en comportamientos ilícitos de alto contenido antijurídico y que debe tenerse en cuenta que los niños y adolescentes no tienen el mismo grado de madurez emocional que debe suponerse y exigirse en los adultos, lo que es verificable en la experiencia común y corriente de la vida familiar y escolar en que se corrigen acciones de los niños que en los adultos serían patológicas. Esta incuestionada inmadurez emocional impone, sin lugar a duda alguna que el reproche penal de la culpabilidad que se formula al niño no puede tener la misma entidad que el formulado normalmente a un adulto. Desde este punto de vista, la culpabilidad por el acto del niño es de entidad inferior a la del adulto, como consecuencia de su personalidad inmadura en la esfera emocional (considerando 37).
De todo lo hasta aquí expuesto, la lógica interna del juicio de punición está organizada por: 1) la particular condición del sujeto de derechos, dada por su menor edad, conforme el orden jurídico vigente, arts. 1 y 40 punto 3, apartado a) de la CIDN., y art.1 ley 22.278; 2) Reconocimiento de la condición de sujeto en pleno desarrollo, como concepción dinámica y humana, dada por su falta de madurez emocional, mental e intelectual, siendo titular del derecho de protección y cuidados especiales, incluida la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, atento ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los arts. 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el art. 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño; 3) Necesidad de ponderar como elemento de significación diferenciada el Principio de autodeterminación, como límite a la culpabilidad; 4) Justificación de la necesidad de la pena estructurada en clave garantista de promoción, reconocimiento y respecto por el derecho a la reintegración social, a un tratamiento efectivo, humano y equitativo de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad, conforme disponen las Reglas de Beijing, Parte Primera, Principios Generales; y 5) Los menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos, más el plus de garantías y derechos específicos.
Este, a mi entender es el marco legal aplicable de manera integrada, desarrollando una hermenéutica jurídica inclusiva, que maximice los derechos de los jóvenes a la luz del derecho de los Tratados, en clave garantista y humana, llevando a la Suscripta a una labor de interpretación del art. 4° de la ley 22.278 en cuanto a su aplicación conforme la lógica del Derecho transnacional, como derecho interno, a la luz de lo normado por el art. 75 inc. 22 de nuestra carta magna, planteando la "protección reforzada de los derechos de los niños" y su lectura transversal empleando criterios amplios de interpretación, organizados sobre principios rectores, a saber: 1) De interés superior, 2) protección integral, 3) justicia especializada, 4) presunción de minoridad, 5) principio de lesividad, 6) confidencialidad y privacidad, 7) formación integral y reinserción en la familia y sociedad y 8) acceso a los recursos judiciales tomando en cuenta que su capacidad de actuar no es plena, "sino que está vinculada al ejercicio de la autoridad parental, y determinada por su grado de madurez emocional y capacidad de discernimiento".
Diseñado este encuadre, producto de la actividad jurisprudencial y observando las pautas del art. 4 de la ley 22.278, en cuanto establece que cumplidos los requisitos antes mencionados, debe evaluarse la modalidad del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento y la impresión recogida sobre él, y asimismo lo normado por el art 58 de la ley 13.634, atendiendo al criterio de proporcionalidad, no sólo a las circunstancias y la gravedad del mismo, sino también a la particular situación y necesidades del niño.
En oportunidad de la audiencia antes mencionada, las partes se expidieron respecto a la necesidad o no de aplicación de pena en el caso de autos.
En atención a lo expuesto, resta a la Suscripta el control de legalidad en función de las constancias de la causa, a la luz de los principios rectores en materia penal, esto es, el debido proceso y la defensa en juicio consagrados en la Carta Magna (Cf. D'Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", 4ta. edición, ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1999), atendiendo a la gravedad del hecho, antecedentes personales, resultado del tratamiento y conforme los datos colectados con más mi impresión personal he de pronunciarme en torno a la necesidad o no de imposición de pena.
La gravedad del hecho he de ponderarla mediante la aplicación de criterios objetivos y subjetivos. Los objetivos emergen del quantum de la pena, meritando la calificación legal traída a estudio por el delito de HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO EN CONCURSO REAL CON TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACION LEGAL, previstos por los artículos 45, 55, 165,189 bis inc. 2°, 2° párrafo del Código Penal, en cuanto prevé la escala punitiva MÍNIMA DE 10 AÑOS Y MÁXIMA DE 31 AÑOS DE PRISIÓN, encuentro que la presente se encuadra dentro de las denominadas causas graves, ajustándose al criterio establecido de "causa grave" delineado por los parámetros estipulados por el Superior Departamental (Cám. Apel. San Isidro, Sala II, 8/4/2009, "RJA". En igual sentido, se reitera criterio en autos "L., D., CApel y Gtias. San Isidro, Sala II, de fecha 4/2/2010), expidiéndose sobre el punto definió lo que ha de entenderse como tal, a cuyos fundamentos me remito brevatis causae, concluyendo: "sólo pueden entenderse como tales las causas que se refieran a delitos con pena mínima no inferior de cinco años, o pena máxima no inferior de quince años de prisión o reclusión".
Integro esta línea de pensamiento con otra pauta de interpretación en cuanto a la valoración de la gravedad del hecho, la cual cabe extraerla del diseño de competencias establecido por el artículo 27 de la ley 13.634 al regular los procedimientos ante el Fuero Penal del Niño, y haciendo una interpretación integral con su artículo 43 donde se mencionan las mismas. En dicho cuerpo legal se estableció que en ciertas causas, taxativamente previstas, se exceptúa el juzgamiento unipersonal, establecido como regla en la ley 13.634, y se habilita, en consecuencia, la constitución excepcional de Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil integrado por tres jueces (art. 27 de la ley 13.634). Fuera de los casos previstos en el art. 27, considerados graves, será competente el juez Penal del Niño.
Resulta de ello que las escalas penales correspondientes a los delitos enumerados en el art. 27 de la ley 13634, son una clara pauta interpretativa de a qué se refirió el legislador provincial al hacer alusión a "causas graves" referidas también en el art. 43 del mismo cuerpo legal. En resumen, puede decirse que los delitos que en el sistema de la ley 13.634 requieren, por su gravedad, el juzgamiento por un Tribunal colegiado, son aquellos cuyas escalas penales superan en su mínimo la pena de CINCO años o en su máximo la de QUINCE años de pena privativa de libertad, y esto con independencia de que no todos los delitos con esas características habiliten ese tratamiento especial, sino sólo los taxativamente enumerados en su art. 27. Así las cosas, se cuenta con una base segura para decidir a qué se refiere la ley 13.634 cuando hace referencia a "causas graves" en su artículo 43, ya sin una enumeración taxativa como las que contiene el art. 27 de la misma ley. Ello así, tras una valoración conforme las pautas del artículo 40 y 41 del CP, atento la naturaleza de la acción y el medio empleado, extensión del daño y del peligro causado y en relación a los elementos subjetivos tengo en cuenta su menor edad, su educación, sus costumbres y conducta precedente, motivos que lo llevaron a delinquir, medios de vida y de su familia, su participación en el hecho, sus antecedentes y condiciones personales, sus vínculos, calidad de las personas y circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren mayor o menor peligrosidad; aspectos que desarrollaré a renglón seguido.
Las constancias de autos evidencian la historicidad del joven y el desarrollo evolutivo durante del tratamiento resocializador durante el transcurso del proceso respecto de J. J. A., por lo que corresponde el análisis de sus antecedentes personales así como el resultado de las medidas socio educativas diseñadas en el marco de la presente intervención judicial.
Así las cosas, tengo para mí el desarrollo de la intervención institucional estructurada en dos momentos, esto es, el ingreso a las instituciones del Sistema Penal Juvenil para luego, con 18 años de edad, ingresar al Servicio Penitenciario Provincial, donde en un eje témporo-espacial y en un análisis integrador procedo a describir y valorar seguidamente:
1. CENTRO CERRADO DE DOLORES; fecha de ingreso 21/10/2009, (permaneció 107 días en dicha institución);
2. CENTRO DE RECEPCION MAR DEL PLATA, fecha de ingreso 5/02/2010 (permaneció 9 días en dicha institución);
3. CENTRO CERRADO DE DOLORES, reingresa en fecha 17/02/2010 (permaneció 121 días en dicha institución);
4. CENTRO CERRADO PABLO NOGUES, ingresa con fecha 8/6/2010, a los fines exclusivos de la celebración del juicio (permaneció 36 días en dicha institución);
5. INSTITUTO ALMAFUERTE, fecha de ingreso 13/07/2010 (permaneció 357 días en dicha institución).
SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL: fecha de ingreso 06/07/2011;
1. UNIDAD N° 47, fecha de ingreso 06/07/2011;
2. UNIDAD N° 54, fecha de ingreso 30/10/2012;
3. UNIDAD N° 45, fecha de ingreso 12/03/2013;
4. UNIDAD N° 4; fecha de ingreso 12/06/2013;
5. UNIDAD N° 21, fecha de ingreso 5/07/2013 (actual lugar de alojamiento).
CENTRO CERRADO DE DOLORES. Ver fs. 578, 707, 3948, 4055, y 4057 a 4065. En dicho período el joven no presenta inconvenientes, se incorpora progresivamente a las actividades de la institución, retoma la escolaridad, adaptado al régimen, respeta a los demás y tiene buena conducta. El joven expresó que consumía marihuana, pero actualmente no siente la necesidad de consumirla. Recibe visitas de sus familiares, quienes se hallan comprometidos en acompañarlo y armar un proyecto para el futuro. Manifiesta en pocas palabras sus errores e intenciones de cambiar a la hora de abordar temas de importancia. En oportunidad de su reingreso con fecha 17/02/2010, retoma la totalidad de las actividades, comenzando a manifestar sus decisiones e intenciones aunque le cuesta asumir sus responsabilidades sin responsabilizar a otros por sus acciones. Elude las respuestas cambiando de tema cuando se lo insta a abordar temas de importancia. A lo largo de sus siete meses de alojamiento, pasó por varias etapas, durante la adaptación no se expresaba o le costaba comunicarse, fue pasando por períodos de ansiedad, y se mostró demandante, siendo contenido en la institución. Al abordar temas de importancia, reconoce la necesidad de fijarse metas y objetivos, asumiendo un rol tendiente a asumir responsabilidades y a la puesta de límites claros.
CENTRO CERRADO PABLO NOGUES. Ingresa con fecha 8/6/2010, ver fs. 4085. Durante el juicio, durante la celebración del debate, se mantienen entrevistas con el mismo y se lo acompaña durante el desarrollo del proceso judicial mediante la intervención de la licenciada Paola Yanuzzi, destacando que se lo observa tranquilo frente a las circunstancias vividas, no presentó conflictos con sus pares ni situaciones problemáticas con los adultos. En lo que aquí interesa, se infiere una posición de desconcierto del encausado en relación a la gravedad de la situación, como si aún no hubiera caído en la cuenta de cómo sus acciones anudaban a la instancia en juego en ese momento.
CENTRO CERRADO ALMAFUERTE. Ingresa con fecha 13/7/2010, fs. 1398, 1399/1401, 1409, 1410, 1412, 3953, 3981, 3975/3976, 3985, 4009/4010, 4005 y 4007. El joven vivía con sus padres y hermanos en Garín, curso hasta 6° grado de la escuela, a los 15 años comenzó a fumar marihuana esporádicamente, momento en el cual comenzó a tener problemas con la ley penal. Asimismo, se informa que el encausado realizaba changas junto a su padre. Con fecha 17/10/2010 se toma a golpes de puño con otro joven allí alojado, imponiéndosele 8 días de sanción. Conforme el informe médico el joven recibe tratamiento psicológico y concurre a la escuela, se presenta lúcido, coherente, orientado, atiende y percibe adecuadamente, presenta un estado de ánimo tranquilo, recibe visitas de familiares; juicio conservado, valora, discrimina, y razona adecuadamente comprendiendo la diferencia entre el bien y el mal.
Se concluye que A. no presenta un cuadro sicótico, comprende y dirige sus acciones y debe continuar con tratamiento psicológico. La profesional que lo atiende señala que A. se presenta cordial y dispuesto al diálogo, responde a las preguntas sin carga emocional en su relato, entendiendo la profesional que ello se debe a una defensa subjetiva frente al malestar que algunos temas le provocan. A. poseería recursos subjetivos para reflexionar y analizar sus elecciones, así como para adoptar una posición responsable respecto de sus actos y decidir, aunque se indica necesario un vínculo profesional que propicie el alcance de esos objetivos. El encausado logra los objetivos que se le proponen en el área educativa.
Buena relación con sus pares y con adultos a cargo de su cuidado. Realiza tareas laborales de mantenimiento del edificio. Se encuentra cursando 2° ciclo del centro de educación de adultos. Asiste a talleres y se presenta respetuoso, con poco diálogo en las entrevistas, sin poder problematizar en profundidad los diferentes aspectos abordados, se informa que durante el seguimiento psicológico, A. mostró cierta resistencia para desplegar o profundizar temas relacionados con la causa judicial, mostrándose más abierto al análisis de los últimos años de su historia vital y refiriendo que sus conductas transgresoras comenzó a los 14 años de edad, destacando la preocupación de sus padres por ello, y considerando en esos momentos que las conductas transgresoras que llevaba a cabo no implicarían consecuencias.
LAS profesionales infieren un impacto en la subjetividad del joven y su concepción respecto de la responsabilidad que podrían generar sus acciones, advierten cierto sentimiento de culpa en A. aunque explican por el momento no se lo nombra como tal y no se ha logrado analizar a qué se encuentra ligado. Se continuará con el abordaje psicológico respetando los tiempos del sujeto teniendo como fin que adopte una posición reflexiva y responsable respecto de sus actos y sus dichos.
Finalmente, el último informe señala buena relación con sus pares como con adultos, realiza tareas de mantenimiento, no incurrió en acciones que impliquen faltas disciplinarias, comportamiento adecuado a la norma institucional, pronóstico favorable en cuanto a la capacidad de autovalimiento y adquirir una actitud responsable, cursó 2° ciclo de educación para adultos, asistió a talleres de comunicación social e informática. En orden a los aspectos psicológicos, se presenta reservado a los espacios de entrevista con poco diálogo sin poder problematizar en profundidad los diferentes aspectos abordados. Mostró cierta resistencia para desplegar o profundizar distintos temas, en particular todo aquello que lo vincula a la causa judicial por lo cual se encuentra detenido. El informe concluye que el discurso de A. hacía pensar en un viraje en cuanto al reconocimiento de las consecuencias de sus actos; que la reacción de éste se podía considerar como un mecanismo de defensa y se advertía la presencia de sentimientos de culpa, aspecto que no encuentro verificado conforme el último informe producido por el CUERPO TECNICO AUXILIAR DPTAL. a fs. 4422/4223 que valoraré oportunamente.
Hasta aquí el recorrido en los dispositivos de máxima seguridad del Sistema Penal Juvenil teniendo ante mí un joven con un grado de adaptación y responsabilidad formal a las medidas socioeducativas, destacándose en un hilo conductor de manera sistemática y continua, ello es, su resistencia interna a abrir un proceso reflexivo y de responsabilidad que lo confronte con las causas y razones de su actual presente.
SISTEMA PENITENCIARIO PROVINCIAL:
UNIDAD N° 47. Ingresa con fecha 06/07/2011. Ver fs. 2964, 3096/3101, 3121/3122, 3651/3653, fs. 3554, 3978/3979; fs. 440/448 del incidente de sanciones disciplinarias. Se lo incluye en el programa de asistencia y tratamiento de jóvenes adultos y se lo inscribió en la escuela. Se encuentra bajo régimen cerrado para procesados bajo modalidad atenuada. Mantiene buen trato con el personal, no se ha comportado de manera agresiva, buena relación con sus iguales, presenta compromiso con las actividades de la institución, se presenta a las entrevistas dispuesto al dialogo con actitud cordial, recibe visitas familiares, cursó 2° ciclo, participa de charlas y debates sobre rugby. En la evaluación psicológica del 31/08/2011 confeccionado por el CUERPO TECNICO AUXILIAR DPTAL. da cuenta de un nivel de comprensión y expresión acorde a su edad y medio de estimulación.
A. describe la relación con sus familiares negando cualquier aspecto conflictivo. Se advierte capacidad de mediatización a través de la palabra y en condiciones propicias en la expresión de sus emociones. Puede comenzar a reflexionar acerca de los diferentes aspectos de su vida mostrándose implicado en ellos. En su discurso se muestra un incremento en las funciones de alerta y cuidado, lo que le permite empezar a disponer de mayores recursos para anticiparse a situaciones desfavorables, presenta una posición de implicancia respecto de comportamientos transgresores lo que le permite reflexionar sobre las consecuencias de sus actos y problematizar algunos aspectos personales y vinculares que podrían haber influido en sus comportamientos.
El atravesamiento por el sistema penal parece haberle permitido el inicio de un posicionamiento subjetivo en relación a sí mismo, su historia, sus elecciones y el otro social. Ha comenzado a comprometerse desde una posición activa en el armado de un proyecto de vida. Los padres impresionan ocupados y atentos a las necesidades de su hijo e implementan todo lo que está a su alcance para acompañarlo y apuntalarlo. Ahora bien, dicho informe da cuenta del reposicionamiento del sujeto en una actitud activa y crítica, en principio. Sin embargo, conforme emerge de fs. 3651/3653, el encausado se presenta a las entrevistas con reticencia al diálogo, en una actitud respetuosa y correcta, y participa regularmente en los talleres de telar, pintura y actividad deportiva, asistía a la escuela pero luego abandonó porque no llegaría a cumplir los objetivos para aprobar el año, recibe visitas semanalmente, informándose que tras haber participado en la toma de rehén de un guardia de esa Unidad, se decidió el traslado a la Unidad 54.
Coincido con mi colega preopinante, y me aparto también del voto del Sr. Presidente, en cuanto a la valoración de la sanción disciplinaria obrante a fs. 408/412 del incidente de sanciones disciplinarias de fecha 29/06/2012 en función de la sanción de nulidad decretada por el presidente de este tribunal, toda vez que en mi opinión desprovee al acto de sus efectos propios y normales, lo que así voto. Sí corresponde valorar la sanción obrante a fs. 440/448 del incidente de sanciones disciplinarias de fecha 22/10/2012 de la que surge que J. J. A. fue sancionado por el director de la unidad n° 47 del SPB con diez días de separación del área de convivencia por intentar agredir al personal penitenciario en momentos en los que se le brindaba la correspondiente apertura de celda.
Asimismo surge de esas actuaciones -la que fuera confirmada con fecha 7 de noviembre de 2012- que el encausado a instancias de su descargo manifestó, en relación a su accionar, "lo hice porque quería salir de la celda". Del informe de desempeño de fecha 30/10/2012 producido por la unidad N°47 SPB obrante a fs. 3554 se desprende que el interno tiene una relación regular con sus pares y se encuentra en el pabellón de separación del área de convivencia; que ha tenido una mala relación con el personal penitenciario y que ha sido sancionado en dos oportunidades, el día 15/08/2011 y el 20/10/2012. Desarrolla actividades deportivas y registra un concepto MALO. UNIDAD N° 54. Ingresa con fecha 30/10/2012.
Ver fs. 3700, 4205, 3751, 4227, fs. 538, 549, 550/553, del incidente de sanciones disciplinarias. Se le aplica una sanción conforme emerge del incidente de sanciones disciplinarias conforme fs. 480/488, la cual no he de valorar por la sanción de nulidad decretada por el Presidente de este Tribunal. Del informe del servicio obrante a fs. 4205, A. posee una conducta regular y concepto REGULAR de "3.60". En el informe obrante a fs. 3751 de fecha 13/02/2013 se señala que el joven se presenta con una actitud reticente para expresarse, contesta con monosílabos, comportamiento respetuoso, comenta que no realiza ninguna actividad y en breve comenzará su ciclo escolar el que no pudo concluir debido a los traslados de unidades.
Recibe visitas y no realiza tratamiento psicológico, afirmando no necesitarlo, que cuando necesita hablar lo hace con su madre. La conducta del joven no es adecuada, mantiene perfil agresivo con el personal y con algunos internos, no demuestra actitud reflexiva ni proyectos que lo motiven a un cambio. A fs. 4227 se desprende que presenta concepto pésimo y conducta pésima, siendo que con fecha 27/02/2013 se solicita aval para reubicar a A. conforme a sus características. En dicho informe se consigna que habitó distintos pabellones de la unidad, presentando serios problemas de índole convivencial con internos. Se dirige en forma incorrecta, querellante y demandante hacia sus iguales como hacia al personal penitenciario.
Se informa que encontrándose el interno V. alojado en la misma unidad, conforma con A. un grupo antagónico con el fin de someter a sus iguales a todo tipo de servidumbres, basándose en promesas falsas y convirtiéndose en un líder negativo, ello imposibilita la reubicación interna ya que no es recibido por los habitantes de los distintos pabellones. Aquí tengo en cuenta la sanción disciplinaria obrante a fs. 538, 549 de fecha 26/02/2013 del incidente de sanciones disciplinarias, y validada por el presidente de este Tribunal en fecha 08/03/2013 conforme obrante a fs. 550/553, habiendo sido sancionado por el director de la unidad n°54 con diez días de separación por haber conformado parte de un grupo de internos que agredió a otro grupo de internos utilizando elementos punzocortantes adosados a palos de escoba.
El joven en su descargo expresó hacerse cargo. En oportunidad de la visita realizada por la suscripta el 01/03/2013 a dicha unidad verifiqué que el joven tiene mala conducta, expresando que el trato es bueno, la comida es buena, cocinan los mismos internos, recibe visitas de su madre, padre, hermano, hermana y concubina, sin actividades, y no está yendo al colegio, lo vio una psicóloga y otro psicólogo, se encuentra inserto en el programa jóvenes adultos, según el director comienza las clases el día lunes, no acepta la propuesta del programa de jóvenes adultos.
UNIDAD N° 45. Ingresa con fecha 12/03/2013. Ver fs. 3789, 3824.
Dicha unidad requiere aval con fecha 20/5/2013 obrante a fs. 3824 en función del intento de agresión al personal penitenciario y a efectos de evitar posibles eventos de violencia en donde pueda verse involucrado el nombrado y terceros, a fin de evitar agravamiento de las condiciones de detención si se lo mantiene continuamente apartado del área de convivencia, lo que iría en contra de la progresividad de la pena. La sanción disciplinaria obrante a fs. 579/599 del incidente de sanciones disciplinarias de fecha 22/05/2013 no he de ponderarla en función de la nulidad de la misma decretada por el Presidente de este Tribunal conforme surge de fs. 606/607 del respectivo incidente. La sanción disciplinaria obrante a fs. 579/599 del incidente mencionado donde intenta agredir al personal penitenciario con elemento cortopunzante de 25 cm. aproximadamente de longitud con una empuñadura de tela he de ponderarla. UNIDAD N° 4. Fecha de ingreso 12/06/2013. Ver fs. 3871. Según fs. 4088/4090 se informa que en dicha unidad presenta problemas de convivencia por lo que fue alojado en el pabellón 2 de modalidad estricta de autodisciplina y gestión. Luego se lo traslada a la Unidad N° 21.
UNIDAD N° 21. Fecha de ingreso 5/07/2013. Ver fs. 3882, fs. 3886/3887, 4366, 4337, 4362, 44363, fs. 621/622 del incidente de sanciones disciplinarias. Con fecha 24/07/2013 se informa que el Director, con el objeto de preservar el orden y la disciplina, y toda vez que A. requiere de una corrección constante, se lo aloja en el pabellón 9, separándoselo del área de convivencia de la modalidad estricta, aplicándosele un régimen disciplinario consistente en el alojamiento unicelular continuo, con salidas vigiladas al patio de recreos y horarios distintos al resto de la población. Asimismo, se dispuso reciba visitas separado de los lugares comunes destinados a ellos, se instruyó a los médicos, psicólogos, asistentes sociales y capellán para que realicen un control continuo y especializado y mantener la separación del resto de la población carcelaria hasta tanto se reviertan las condiciones de inadaptabilidad que presentaba J.
J. A.. Actuaciones obrantes a fs. 3886/3887 de fecha 7/10/2013 producidas por la Unidad N°21 de las que surge que el encausado se niega a ser entrevistado para incluirlo en tareas laborales en el sector talleres. En el informe institucional del 23/07/2014 emerge que tiene una relación regular con el personal, se muestra agresivo y/o impulsivo, buena relación con sus iguales, no se muestra querellante y o demandante, participa de los recreos en el pabellón, posee conducta 6 y concepto regular. Con fecha 24/07/2014 la trabajadora social de la Unidad informa que A. no realiza actividad educativa ni laboral, excusándose en un cambio de pabellón. Cuenta con acompañamiento familiar. El informe integral del 24/07/2014 de fs. 4366 producido por el grupo de admisión y seguimiento de la Unidad N° 21, consignando conducta SEIS y concepto REGULAR, no realiza actividades laborales, no concurre a la escuela, es visitado por sus familiares, practica deportes, tiene buena relación con el profesor, no participa ni ha participado de los grupos de abordaje brindados por los representantes del Ministerio de Justicia.
Desde el aspecto psicológico, refiere no considerar necesario realizar tratamiento para las adicciones; además desestima recibir apoyo psicológico. Se sugiere su incorporación a actividades institucionales como ser trabajo y escuela, realización de cursos y talleres, y terapia sicológica para reforzar sus recursos yoicos (el resaltado me pertenece). Teniendo en cuenta que lleva una rutina institucional poco activa, se plantea la necesidad de dinamizar las mismas a través de las propuestas existentes (cursos, manualidades, talleres, escuela) a fin de mejorar su conducta o concepto para que pueda contar con elementos que le permitan establecer su evolución. De fs. 4337 del 12/08/2014 surge que no desempeña tareas laborales, conducta 6, concepto bueno.
La conducta de A. desde el 2011 hasta el 2014 es baja, oscila entre UNO y OCHO. Del informe de fs. 4362/4363 surge que el encausado practica deportes 2 o 3 veces por semana, mantiene buena relación con su profesor no es conflictiva a la hora de participar no es líder del grupo, participa de manera activa y demuestra interés mereciendo concepto BUENO.
Con fecha 28/08/2014 se produce gráfico de conducta desde el ingreso al ámbito penitenciario 6/7/2011 hasta la fecha, del que extraigo las calificaciones correspondientes al:
a) período 2011, trimestre 3 y 4, calificación 3 y 5;
b) período 2012, trimestres 1,2, 3, y 4 calificación 7, 4.6, 5 y 3;
c) período 3013, trimestres 1, 2, 3, y 4 calificación 1, 3, 5, y 7; y d) período 2014, trimestres 1 y 2, calificación 8 y 9.-
Este recorrido que tiene por sujeto activo al propio joven, da cuenta de una conducta regular, concepto del interno en su vida intercarcelaria "Bueno". Cotejados estos informes con la evaluación interdisciplinaria que produce el Cuerpo Técnico Auxiliar Dptal., obrante a fs. 4419/4423 tengo para mí que la necesidad de hacerse respetar en el ámbito del servicio responde a las causas que motivaron los distintos cambios de alojamiento, desplegando mecanismos e impulsión y baja tolerancia a la frustración donde interroga el orden de legalidad existente. J. se observa sin motivaciones ni proyectos, con incertidumbre y expectante ante el acontecer de su situación procesal. Del informe psicológico extraigo como eje las siguientes cuestiones:
1. necesidad de profundizar en su posición como sujeto de responsabilidad; 2) necesidad de construir mecanismos de regulación interna, donde la palabra opere como mediatizadora y condición necesaria par interrogarse desde una posición de implicancia; 3) los permanentes cambios de institución dadas por sus características y la conflictiva convivencial, son funcionales a obturar el confronte con sus propios aspectos, obstaculizando así el desarrollo de una posición activa en el armado de un proyecto de vida. Estas conclusiones se verifican en términos de realidad cuando en oportunidad de ser oído el joven, con motivo del cierre del debate, expresó: "el proceso penal le restó, porque no puede estar con su familia".
"Lo que pasó estuvo mal, piensa salir y trabajar, piensa que algún día se va a ir". "Solicita se tenga en cuenta que tiene una familia que lo está esperando". "La ley sirve para que se haga justicia". Entonces, el proceso penal en su función pedagógica, donde opere la construcción de un espacio que lo reconozca y que se reconozca como sujeto responsable ante el otro social y ante sí mismo, viene interrogado toda vez que este proceso penal no tiene sentido para A., es un proceso sin valor; a mi humilde entender se encuentra sobreadaptado (véase en concordancia fs. 3302) en un proceso aparente, sin resonancia interna, con necesidad de salir construyendo la paradoja de "querer salir, quedándose".
Cómo se sale de un proceso penal, desmotivado, sin la construcción de un proyecto de vida, sin la capacidad de interrogarse en orden a las causas que lo ubican en este proceso. A., está detenido en un tiempo mecánico, negándose el propio trabajo interno que como sujeto se debe a sí mismo. Piensa en salir desentendiéndose de cómo se sale, y para qué se sale. Los procesos reflexivos son vitales a fin que el rito penal dé cuenta de la inscripción interna de una legalidad que incluye al otro y lo incluye como sujeto responsable, siendo que hasta tanto este proceso no se profundice, permanecerá obturado el confronte con los aspectos más profundos de A. que lo tienen en el actual contexto penal. No hay una correspondencia entre el decir y el qué hacer, más bien a lo largo de este recorrido institucional encuentro que este joven reproduce una matriz propia de cuando vivía con sus padres, viviendo en un garaje contiguo al de su familia, y erigiéndose en la propia ley.
En cuanto concierne a su entorno e historicidad familiar, a fs. 2360/2362 de fecha 29/03/2011 obra pericia socioambiental labrada por la perito del Cuerpo Técnico Auxiliar de Campana, donde se describe la vivienda como de características modestas, paredes de mampostería de ladrillos con pintura en su exterior e interior, techo de losa, tres dormitorios; al fondo del terreno de propiedad de los progenitores se ubica otra construcción de características similares ocupada por J., respecto a la situación económica y laboral la perito concluye que se satisfacen las necesidades básicas, poseen obra social y la progenitora se encuentra medicada por problemas de presión, trato correcto durante la entrevista con la progenitora, quien describe la situación a dicho momento, relatando que el joven cursa 5°año del EPB en su lugar de alojamiento, realiza actividades de mantenimiento, se encuentra bajo tratamiento psicológico y habría comenzado a vincularse con V. tres meses antes de su detención.
La progenitora refirió que se había enterado a través del personal de la institución que su hijo consumía marihuana.
A fs. 3089 de fecha 12/8/2011 obra informe socioambiental labrado por la perito del Cuerpo Técnico Auxiliar Dptal., se describe el extenso grupo familiar de A. y la actitud colaboradora de los progenitores y su situación de angustia; que los padres del encausado reconocen que las exigencias de la vida cotidiana no le permitieron estar al tanto de las actividades de su hijo pero informa que la familia se encuentra unida y respaldando al joven; la perito menciona que el padre es quien más se angustia con la situación en la que se encuentra su hijo, observando que la situación familiar no sufrió grandes modificaciones, que el joven cuenta con apoyo y contención familiar, los padres fueron incluidos en dispositivos terapéuticos y son ligeramente críticos en cuanto al desempeño del rol paterno y la puesta de límites y control hacia el joven. La profesional hace saber que se observa a A. en buen estado general y presenta pocas expectativas en relación al futuro y se lo observa poco motivado en cuanto al uso positivo del tiempo en su lugar de detención.
El informe socioambiental obrante a fs. 3106/3107 de fecha 23/08/2013 labrado por la Licenciada en Trabajo Social del Cuerpo Técnico Auxiliar del Departamento Judicial de Zárate-Campana, se describe nuevamente la familia del joven, sus ocupaciones, la vivienda y la situación económica y laboral de la familia, en el mismo sentido que en los anteriores informes. Se consigna que la progenitora de A. lo describe como deprimido, y verbalizando cuestiones cotidianas y de tareas compartidas junto a su madre. Señala cambios positivos desde el traslado de su hijo a la Unidad N° 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque señala que se encuentra en adaptación a las reglas y pautas institucionales. Asimismo consigna que la progenitora demuestra preocupación por el uso del joven del lenguaje carcelario.
Tengo para mí un joven desmotivado, con poca fuerza de voluntad, con actitudes de resistencia significativa para el abordaje de un tratamiento psicológico, con escaso apego a la norma, y conciencia embrionaria del sentido del proceso penal. Valoro como positivo su compromiso con la actividad deportiva y los informes de conducta del último tramo, correspondiente al primer semestre, entendiendo que pueden ser indicadores de un proceso de cambio. Proceso de cambio que requiere del apuntalamiento y la intervención profesional a los fines de generar un trabajo reflexivo para el armado de un proyecto de vida que otorgue sentido a su condición de persona y existencia.
9. Sentado esto corresponde en consecuencia proseguir con el estudio integrador de lo sucedido, a los fines de mensura la necesidad o no de imposición de pena.
Así las cosas, tal como surge del desarrollo exhaustivo realizado precedentemente, tengo ante mí un joven que ha demostrado dificultad en el acatamiento y sostén de reglas socioeducativas impuestas durante el transcurso del proceso, pero lo cierto es que a partir de su detención, verifico un grado de apego mínimo a la norma. Así, no ha podido apropiarse de la oferta de las medidas socioeducativas y sostenerlas, a corto, mediano y largo plazo. Los problemas convivenciales entre pares y el cuestionamiento al principio de autoridad han determinado la lógica de los traslados que como señalara, le son funcionales a sus propios intereses: el principal, que destaco y visualizo, es la propia resistencia de trabajar aquellos aspectos subjetivos que lo sitúan en el actual presente. Así se encuentra detenido sin poder virar: hacia atrás, implica trabajar las causas que promovieron su comportamiento desviado, y hacia delante, significa hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, y sólo desde esta posición de responsabilidad, comenzar a construir un proyecto de vida que lo dignifique.
Entiendo que en el caso de autos, no podemos hablar aún del aspecto conclusivo del tratamiento resocializador, dado que si bien no se trata de un fracaso del mismo, nos encontramos ante un incipiente comienzo del proceso de inscripción de la ley en el orden interno del joven, por lo que concluyo que el joven ha tenido escasos progresos, pero éstos no resultan suficientes para considerar viable la absolución de pena, ni la reducción a la escala de la tentativa. Por lo que estimo que la aplicación de una pena deviene necesaria para profundizar la reinserción del encausado en la sociedad y concluir con el proceso de resocialización que ha comenzado (Véase en igual sentido, CApelGtias en lo Penal Dptal., c. 76562/II, 02/07/2013, "P., I. M."). La Corte interamericana de los Derechos Humanos en su pronunciamiento "Mendoza y otros vs. Argentina", 14/05/2013), siguiendo, en lo sustancial, las conclusiones del Informe 172/10 de la Comisión, fallo que luego tuvo favorable acogida por nuestro Máximo Tribunal Federal (CSJN, 05/08/2014, "Arce, Diego Daniel s/ homicidio agravado"), y en lo que aquí interesa, con el tema específico planteado en el presente caso, se expidió respecto del tema directamente relacionado con la imposición de sanción penal a niños, la Convención Americana no incluye un listado de medidas punitivas que los Estados pueden imponer cuando los niños han cometido delitos. No obstante, es pertinente señalar que, para la determinación de las consecuencias jurídicas del delito cuando ha sido cometido por un niño, opera de manera relevante el principio de proporcionalidad. Conforme a este principio debe existir un equilibrio entre la reacción penal y sus presupuestos, tanto en la individualización de la pena como en su aplicación judicial. Por lo tanto, el principio de proporcionalidad implica que cualquier respuesta a los niños que hayan cometido un ilícito penal será en todo momento ajustada a sus circunstancias como menores de edad y al delito (Cfr. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores -Reglas de Beijing). Adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/33, de 29 de noviembre de 1985, Regla 5., privilegiando su reintegración a su familia y/o sociedad.
En definitiva, si bien los derechos procesales y sus correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los niños el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las que se encuentran los niños, la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías (Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002, párr. 98). En tal sentido, el artículo 5.5. de la Convención Americana señala que, "[c]uando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento". Por lo tanto, conforme al principio de especialización, se requiere el establecimiento de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso y durante la ejecución de las medidas o sanciones que, eventualmente, se apliquen a los menores de edad que hayan cometido delitos y que, conforme a la legislación interna, sean imputables. Ello involucra tanto a la legislación o marco jurídico como a las instituciones y actores estatales especializados en justicia penal juvenil. Sin embargo, también implica la aplicación de los derechos y principios jurídicos especiales que protegen los derechos de los niños imputados de un delito o ya condenados por el mismo.
En oportunidad de expresarse al respecto, tanto la Fiscalía como el particular damnificado -por los fundamentos de hecho y derecho alegados en la audiencia celebrada- solicitaron la imposición de pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS.
La Defensa solicitó la aplicación de pena de cinco (5) años de prisión, haciendo uso de la facultad que otorga el artículo 4° de la ley 22.278.
Atendiendo lo postulado por las partes; he de evaluarlo a la luz de lo precisado por nuestro Máximo Tribunal en los considerandos 35 y 36: "La medida de la pena no puede exceder la del reproche que se le formule a la persona que por haber escogido el ilícito cuando tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor (…)". También en el considerando 37, la CSJN hace referencia al reproche de culpabilidad que se le formula al niño, refiriendo que "dicho reproche no puede tener la misma entidad que el formulado normalmente a un adulto. Desde este punto de vista la culpabilidad por el acto del niño es de entidad inferior a la de un adulto, como consecuencia de su personalidad inmadura en la esfera emocional".
La ley 13.634 fija los requisitos que debe cumplir la sanción en caso de aplicarse. El artículo de referencia reza: "Artículo 58. La sanción impuesta por la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios: 1) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del mismo, sino también a la particular situación y necesidades del niño. 2) Las restricciones a la libertad personal del niño sólo se impondrán luego de un cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible". Antes bien, se advierte, a partir de lo transcripto que la interpretación que logra armonizar la posible aplicación de sanciones penales -a aquellas personas responsables de hechos ilícitos cometidos en la franja etaria comprendida entre los 16 y los 18 años de edad- con el plexo normativo que asegura los derechos del niño, es aquella que atendiendo a las características del caso concreto sometido a consideración y tomando conocimiento directo y personal con al joven, analiza en primer lugar la necesidad de aplicarle una pena, descartando la posible conclusión del proceso por otras vías (entre ellas el prescindir de la pena) y en caso de considerarla necesaria determine específicamente el monto de pena a aplicar y su modo de ejecución, detallando las específicas circunstancias que indican la elección de determinado monto, teniendo en especial consideración la posibilidad de aplicar la escala reducida de la tentativa, conforme lo establece el art. 4 de la ley 22278.
En consonancia con lo expresado, el considerando 14 del fallo antes citado expresa que "en el caso de que el tribunal decida aplicar efectivamente una pena, aún debe decidir acerca de la aplicabilidad de la escala de la tentativa".
Sentado esto, y conforme desarrollara precedentemente, un análisis integrador de la normativa vigente y principios generales de este Fuero de Responsabilidad, entiendo debe imperar el principio de proporcionalidad entre la pena y el injusto provocado, atendiendo no solo a las circunstancias y gravedad del hecho, sino también la particular situación y necesidades del niño, grado de respuesta en el marco del seguimiento socio-educativo, a los fines de asegurar que la respuesta jurisdiccional frente a los delitos cometidos por adolescentes sea la más adecuada.
Así las cosas, considero que, en miras a la continuación del proceso de inscripción de la ley en el orden interno de J. J. A., la pena deviene necesaria teniendo en cuenta, tal como expuse, la decisión sobre la aplicabilidad o no de una pena a quien cometiera un hecho siendo menor de 18 años, se relaciona con el mandato constitucional de asegurar que estas penas atiendan, preponderantemente, al fin de resocialización que, en palabras de la Convención sobre los Derechos del Niño, la misma está destinada a promover la reintegración social y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad (art. 40, inc. 1 CIDN), y que en el avance de este camino de resocialización vaya siendo acompañado de informes, que puedan augurar un mejor pronóstico conforme el interés superior del niño que propugna la ley 13634 y en consonancia con la CIDN.
Es por lo antes expuesto, que entiendo corresponde hacer lugar a la imposición de pena solicitada por el Ministerio Público y el particular damnificado, evaluar la aplicación al caso en estudio de los principios de reducción de penal conforme lo previsto por el art. 44 del C.P. en función de lo establecido por el art. 4º de la ley 22.278, como parámetro específico de este Fuero al momento de mensurar el monto punitivo. Ahora bien, en el supuesto que me convoca, encuentro ajustado a derecho, no hacer uso de la facultad que me otorga el art. 4° de la ley 22278 en cuanto a ponderar la aplicación de la pena dentro de la escala de la tentativa. En ese sentido, el representante de la Vindicta Pública así como el particular damnificado solicitaron la aplicación de DIECISIETE AÑOS DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS. Las razones que motivan la decisión responde a la valoración integral de la gravedad del hecho, grado de respuesta alcanzado a las medidas socioeducativas, analizando el antes, durante y después, circunstancias personales y antecedentes del joven. Así, operó el principio de autodeterminación donde en un contexto de nocturnidad y agrupabilidad, con división de roles, decidió con medios concretos, empleo de armas de fuego, utilización de un vehículo para llegar al lugar y luego fugarse, cometer el luctuoso hecho, donde el grado de intensidad y de violencia desplegada arrojaron como resultado niveles de victimización irreversible. A ello agrego que el joven pertenece a una familia de trabajo y capacidad de sustento a las necesidades básicas de contención y compromiso ante el proceso penal. Frente a ello, también aquí el joven, con autodeterminación, responde a las medidas socioeducativas de un modo pendular. Así, en un primer tramo parece con conciencia crítica para luego replegarse y volverse apático, objetiviza la intervención, la vacía de contenido, la vive como que resta en su vida, y no hace carne el significado de lo sucedido, replanteándose su posición para asumir el principio de responsabilidad de sus actos para reconocer una ley que nos alcanza a todos en un Pacto de Convivencia Social. Sólo inscribe y tiene su propia ley, y descarta toda oportunidad dirigida a la construcción de un proyecto de vida.
Tal como me he expedido en anteriores pronunciamientos, he de complementar lo dictaminado por el Superior Dptal., en tanto tiene dicho que: "la fundamentación de la necesidad de imposición de pena, luego del análisis del resultado del tratamiento tutelar (...) debe ser fundamentado por el representante del Ministerio Público Fiscal de intervención, exclusivo titular de la acción penal, debiendo el magistrado encargado del juicio, limitarse a decidir sobre la base de las alegaciones de las partes, pudiendo apartarse únicamente cuando favorezca al imputado" (CApelGtias SI, Sala III, c. N° 11.214/I).
Por todo lo expuesto, entiendo proporcionado y en respetuosa armonía a lo dispuesto por la CSJN en el fallo supra citado, resultando compatible con el criterio de proporcionalidad de las penas y el principio de especialización como fuera supra citado, concluyendo la necesariedad de la pena por los fundamentos expuestos.
11. En cuanto a los agravantes y atenuantes, adhiero al voto del Presidente del Tribunal en igual sentido y por sus mismos motivos y fundamentos, haciendo la salvedad en cuanto a la educación, pues la exclusión de los niveles formales de educación responde, no a la falta de oportunidad para efectivizar dicho derecho, sino a la propia voluntad del joven y en su contexto de familia donde no se le otorga valor a la misma. Rigen los artículos 210, 371 inc. 4°, 373 y ccdtes. del C.P.P.B.A. -ley 11.922 y sus modificatorias-; 40 y 41 del Código Penal.
En razón a lo peticionado por el Fiscal en cuanto a la aplicación del art. 41 bis del C.P., a los fines de agravar la mensura de la pena, y en consonancia con mi colega preopinante, he de decir que la calificación legal de los eventos ilícitos en juzgamiento ya se encuentra estipulada en los términos los arts. 45, 55, 165 y del 189 bis inc. 2° del C.P. Ahora bien, por cuanto entiendo que la aplicación del art. 41 bis en el caso de autos resulta violatorio del principio de legalidad, toda vez que en mi opinión no es posible aplicar la agravante genérica que prevé la regla del art. 41 bis del CP en el delito de homicidio en ocasión de robo, en miras a respetar la voluntad legislativa, aplicando la agravante calificativa, la utilización de "armas". Considero que "la ratio agravatoria que importa la aplicación del art. 41 bis del Código Penal, al supuesto del homicidio en trato, la concurrencia de la utilización como medio violento de un arma de fuego no implica -desde mi punto de vista- la presencia de un agravante, al del delito previsto por la regla del art. 165 en concurso real con el delito previsto en el art. 189 bis inc. 2), considerando además que la pena contemplada en el tipo de homicidio endilgado resulta lo suficientemente amplia a los efectos de permitir una individualización de la sanción con atención a las circunstancias especiales que pueden servir de fundamento para su ponderación" (conf. TCP BsAs, 01/12/2009, "S.C.A."). Por lo tanto considero que deviene inaplicable esta regla aumentativa en el caso particular, por lo que corresponde excluir su aplicación.
En efecto, considero improcedente la aplicación del artículo 41 bis del Código Penal como agravante, en función a la complejidad de la figura del art. 165 del CP, dado que engloba de manera plural el robo y el homicidio, tipifica así la figura homicidio en ocasión de robo, y siendo que el presente hecho viene concursado realmente con el de tenencia de arma de guerra sin la debida autorización, corresponde una interpretación armónica de la norma y lo que el legislador quiso contemplar: ello es el concurso ideal que queda subsumido en dicho art. 165 entre ambas figuras, con la pena ya de por sí agravada en su mínimo y su máximo, y a su vez ya la propia pena se encuentra aumentada en su máximo con el concurso real de tenencia de arma de guerra, todo ello en un solo tipo penal, una única conducta con encuadre típico plural. De esta forma, ha quedado estipulada una escala penal con un mínimo de diez años y un máximo de treinta y un años de prisión o reclusión para el caso de autos. Es por ello, que debe contemplarse la exclusión dispuesta en su último párrafo del art. 41 bis, pues opera ya de por sí en uno de los tipos penales que completan la figura de los arts. 45, 55, 165 y del 189 bis inc. 2° del CP y a los fines de la pena y como agravante de la misma. En consecuencia, si uno de los tipos penales que integran este concurso -el robo- ya contiene como elemento objetivo el uso de un arma de fuego, entonces la agravante prevista en el artículo 41 bis cede pues opera la exclusión de su último párrafo. A modo de conclusión, la máxima taxativa interpretativa obstaculiza extender la incidencia del arma de fuego cuando ésta se encuentra ponderada en el propio tipo penal y no puede sumarse otra agravación. Esto conforme las calificación sustentada y por la que viene el acuse respecto de A., por ser mi razonada e íntima convicción (conf. TCP BsAs, 01/12/2009, "S.C.A. ", TC3 LP 26177 F.MA. y o. s/ Recurso de Casación S 16/02/2010; TC3 LP 57484 553 S 10/07/2014 E.J.A. S/ Recurso de Casación; TC0003 LP 43126 RSD-374-11 S 01/04/2011 Juez CARRAL (SD) Carátula: D. ,W. D. s/Recurso de casación ; TC0002 LP 19909 RSD-833-9 S 25/08/2009 Juez MAHIQUES (MI)
Carátula: M. ,G. A. s/Recurso de casación; TC0002 LP 19909 RSD-833-9 S 25/08/2009 Juez CELESIA (MI) Carátula: M. ,G. A. s/Recurso de casación).
Rigen los artículos 210, 371 inc. 5°, 373 y ccdtes. del C.P.P.B.A. -ley 11.922 y sus modificatorias-; arts. 40 y 41 del Código Penal.
12. Por lo expuesto en los puntos que anteceden, habiendo valorado las argumentaciones de las partes en cuanto a la necesidad de pena, la gravedad del hecho, la evolución del tratamiento, la proporcionalidad de la pena a imponer, así como los atenuantes y agravantes, corresponde pronunciarme sobre el juicio de punición, tal como argumenté anteriormente, encuentro ajustado a derecho aplicar pena, en atención al grado de respuesta alcanzado en su vida intramuros, el principio de apropiación de la norma, su inclusión en actividades restitutivas de derechos, por lo que, a mérito de los fundamentos desplegados en mi VOTO acompañaré el monto punitivo CONDENANDO al encartado a DIECISIETE AÑOS DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS.
Por ser mi sincera y razonada convicción, así lo voto.
Por lo que finalizado el Acuerdo, el Tribunal de Responsabilidad Penal juvenil del Departamento Judicial San Isidro, por unanimidad,
I. CONDENAR a J. J. A., cuyos demás datos personales obran en la presente, a la pena de DIECISIETE AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas del proceso, por ser coautor del delito de ROBO CALIFICADO POR EL RESULTADO HOMICIDIO EN CONCURSO REAL CON TENENCIA DE ARMA DE GUERRA SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL, hecho acaecido el día 10 de octubre de 2009, en la localidad y partido de Tigre, provincia de Buenos Aires (arts. 165, 189 bis inc. 2º segundo párrafo, 54 y 55 del C.P. y 4º de la ley 22.278).
II. MANTENER a J. J. A. en su actual situación de detención a disposición de éste Tribunal.
Regístrese, notifíquese y firme que sea practíquese el Cómputo de Vencimiento, comuníquese y cúmplase.
FDO: JOSE ALBERTO VILLANTE- SILVIA N. CHOMIEZ- MIRTA A. RAVERA GODOY
Ante mí: JUAN C. N. GAVIGLIO
Fin de la sentencia