Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.539-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de lo actuado a continuación del auto de fs. 16/vta. de la Actuación SIGEA n° 12210-7186- 2011, respecto de la actora, comprendiendo a la Resolución DE PRLA n° 7838/2017, aquí apelada.
2Costas al Fisco.
3Rechazar el planteo de prescripción planteado por la actora respecto de los tributos, sin costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-12236628-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 2 de Febrero de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia Beatriz Sarquis (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “TRICO LATINOAMERICANA S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, expediente 38.539-A.
La Dra. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 282/289 se presenta la firma TRICO LATINOAMERICANA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA 7838/2017, dictada en el sumario por infracción prevista en el art. 970 del CA, en cuanto la condena al pago de tributos correspondientes a la mercadería amparada por la destinación de importación temporaria 06 073 IT14 003199 T. En primer lugar plantea la prescripción por la irrazonabilidad de la duración del proceso. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de postura. Considera que la dilación irrazonable del procedimiento jurisdiccional resulta incompatible con el derecho al debido proceso consagrado por el art. 18 de la CN y el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, resalta que no tuvo posibilidad de defenderse en sede aduanera porque no fue notificada de la corrida de vista. Explica que se enteró de la existencia del sumario por la notificación de la resolución que apela. Señala que la demora en resolver el sumario implicó una gran dificultad a la hora de recolectar la documentación necesaria para probar la regularización de la DIT involucrada. Plantea la prescripción del Fisco para percibir tributos de acuerdo a los plazos previstos en los arts. 803 y 805 del CA. En relación al fondo sostiene que la DIT fue cancelada en tiempo y forma mediante los PE que enumera en el cuadro de fs. 286. Adjunta CTC y la declaración jurada de descarga pertinente. Subsidiariamente, solicita la aplicación del art. 898 del CA. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución, con costas.
II. Que a fs. 355/358 se presenta el representante del Fisco nacional (AFIP-DGA) y contesta el traslado conferido. Hace una reseña de lo actuado en sede administrativo y niega todos los asertos esgrimidos por la contraria. Expresa que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae exclusivamente sobre la importadora. Señala que la actora no ha demostrado el cumplimiento de la DIT en trato. Cita los arts. 272 y 274 del CA. Concluye que, habiendo vencido el plazo otorgado y no habiéndose cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio de la régimen, corresponde el pago de los tributos. Se opone al planteo de prescripción de la acción para percibir tributos, sostiene que con el dictado del auto de apertura de sumario se suspendió el plazo de prescripción hasta la fecha del dictado de la resolución. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Que a fs. 359 se tiene por contestado el traslado. A fs. 364 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas. a fs. 367 se elevan los autos a esta Sala “F”, a continuación se llaman autos a sentencia.
IV. Que la Actuación nº 12210-7186-2011 se inicia con el Acta denuncia nº 37/12 formulada en los términos del art. 970 del CA en relación al DIT nº 06 073 IT14 003199 T, cuyo sobre se agrega a fs. 3. A fs. 4 mediante Nota nº 1230/11 se liquida la multa mínima. A fs. 6 se agrega la clasificación y aforo de la mercadería en presunta infracción. A fs. 7 se liquidan los tributos. A fs. 12 se reliquidan los tributos y multa. A fs. 16, con fecha 3/7/2013, se instruye sumario y se corre vista de las actuaciones a la importadora. A fs. 18 vta., con fecha 15/5/2017, se giran las actuaciones al agente Vaz de Brito, quien a fs. 19, con fecha 14/8/2017, informa que no existen antecedentes registrados respecto de la firma imputada. A fs. 20 vuelven a liquidarse los tributos y multa. Finalmente, a fs. 21/22, con fecha 9/10/2017, se dicta la Resolución DE PRLA nº 7838/2017, notificada a la aquí recurrente el 17/10/2017, conforme surge de la constancia SICNEA nº 17 001 NOTI 067360 W de fs. 31.
V. Que corresponde analizar el agravio opuesto por la actora, en cuanto señala que no fue citada en el sumario administrativo, vulnerando así su derecho de defensa.
Cabe señalar que de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA n° 12210-7186-2011, surge que todo el procedimiento administrativo tuvo por finalidad investigar si se había cometido la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Ello en razón de considerar el servicio aduanero el incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del mentado régimen, en relación a la mercadería importada temporariamente por el importador, al amparo de la destinación nº 06 073 IT14 003199 T.
Que el servicio aduanero al dictar la resolución apelada en autos ordenó el archivo de las actuaciones de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General n° 11/2016 (DGA), reclamándole el pago de tributos con relación a la Destinación nº 06 073 IT14 003199 T.
Que la mencionada Instrucción General n° 11/2016 (DGA) fue dictada con el objeto de establecer las pautas procedimentales que habilitan a los jueces administrativos a disponer el archivo de las actuaciones sumariales en las que se investiga la presunta comisión de infracciones aduaneras cuyos montos tornen antieconómico instrumentar y continuar las medidas implementadas tendientes a lograr su cobro. Por consiguiente, determinó el archivo de las actuaciones cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de quince mil pesos ($15.000), ello siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados por el art. 970 del CA, dentro de los últimos doce meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción.
A su vez, mediante dicha instrucción se establecieron las aéreas intervinientes en las que resulta obligatoria la aplicación de la misma, el procedimiento a seguir por las referidas áreas y los requisitos que deben cumplirse para hacer efectivo lo dispuesto en la Instrucción, es decir, archivo provisorio de los sumarios.
Que en razón de ello, el servicio aduanero dispuso en la resolución aquí apelada, el archivo de la denuncia por la presunta infracción en virtud de la liquidación efectuada a fs. 12 del expediente administrativo, que arrojó un monto de $10.657,53, en concepto de multa mínima, ello con fundamento en que la firma importadora carecía de antecedentes que la inhiban de dicho tratamiento.
Que, en consecuencia, no cabe duda de que la resolución resultó condenatoria para la firma importadora aquí recurrente, y para la aseguradora, ello si se tiene en cuenta que se formuló cargo por los tributos que se consideraron adeudados, e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 274 del CA.
Que, a su vez, el servicio aduanero omitió correr vista de lo actuado al presunto responsable de la infracción, de las obligaciones tributarias emergentes del DIT en cuestión, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción Gral. n° 11/2016 y la formulación de cargo a la importadora por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT 06 073 IT14 003199 T.
Que, el art. 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas, luego del dictado de la instrucción de sumario de fs. 16/vta. ninguna intervención se le otorgó a la firma importadora, ya que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar, o en su caso solicitar, el agregado de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporal.
Que a mayor abundamiento, la aquí actora recién tomó conocimiento del sumario administrativo al notificarse del dictado de la Resolución DE PRLA nº 7838/2017 apelada en autos, sin que con anterioridad se la citara a tomar vista de los actuados a fin de poder esgrimir las defensas de que pudieran valerse, todo ello, en abierta violación de lo establecido en el art. 1101 del CA.
Que es menester recordar que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia del reclamo tributario que pretende realizar la Administración, y es en el marco del mismo donde se pretende garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado en el art. 18 de la CN.
Que, en consecuencia, la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del CA), dando vista a la imputada en relación a la infracción endilgada y citando a la aseguradora por resultar, en su caso, garante de la obligación tributaria, a fin de que aporten la documentación que creyeran idónea, importando dicho procedimiento, la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Que por su parte, la LNPA, de aplicación supletoria a los procedimientos que se cumplen ante el servicio aduanero, establece en el art. 7°, inc. d), que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda que la omisión de correr vista de los actuados, desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
Que por todo lo expuesto, cabe concluir que la omisión de la corrida de vista del art. 1101 del CA, en el sumario que diera origen a esta causa, torna nulos todos los actos procesales posteriores al auto por el cual se instruyó el sumario, inclusive la Resolución DE PRLA nº 7838/2017, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tiene por configurado ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario.
Que resulta necesario destacar, que previo a disponer el archivo de la multa, correspondía que el servicio aduanero determinara en forma fehaciente si se habría configurado la infracción prevista en el art 970 del CA, que se le imputa a la importadora, que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa, y a los tributos que ahora se pretenden exigir la firma importadora.
Que, en consecuencia, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al régimen de importación temporaria previsto en el art. 970 del CA, que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, en definitiva, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado en el sumario que ha tramitado como Actuación SIGEA n° 12210-7186-2011, en relación a la importadora recurrente, a continuación del auto obrante a fs. 16 y vta. de las act., comprendiendo a la Resolución DE PRLA n° 7838/2017, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del CA.
VI. Que, sentado lo expuesto, corresponde tratar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. No se encuentra controvertido en autos que el vencimiento del DIT n° 06 073 IT14 003199 T operó el 22/10/2008. Que, conforme lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes del Código Aduanero, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 01/01/2009.
Que dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario de fecha 03/07/2013, conforme lo dispuesto en el art. 805 inc. a), del CA, que establece que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura del sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión. Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora.
VII. Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás planteos de la actora.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de lo actuado a continuación del auto de fs. 16/vta. de la Actuación SIGEA n° 12210-7186-2011, respecto de la actora, comprendiendo a la Resolución DE PRLA n° 7838/2017, aquí apelada.
2. Costas al Fisco.
3. Rechazar el planteo de prescripción planteado por la actora respecto de los tributos, sin costas.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero, en lo sustancial, a lo decidido en los Ptos. I -limitando la declaración de la nulidad de la Resolución apelada en autos solamente a sus artículos 2° y 3°- II y III de la parte resolutoria del voto de la Vocal preopinante.
II. Que, bajo tales premisas, en cuanto al archivo del trámite de la presunta infracción objeto de autos corresponde recordar que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración al momento de instruir los procedimientos infraccionales, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la hipotética sanción debatida en la litis (multa), de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que todo tipo de multa debiera ser impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal).
En consecuencia, toda condena debiera ser fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, resultando dicho efecto compatible con los demás derechos fundamentales, al preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
III. Que, asimismo, cabe destacar que in re “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020, el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
No obstante, en dichos pronunciamientos se puntualizó expresamente que el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administración debía quedar limitado a una labor de investigación sumarial en la faz instructoria, aunque jamás decisoria.
Por último, el carácter eminentemente penal de las multas ha sido recientemente reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”.
En efecto, la referida sanción es de carácter penal pues, “‘si bien puede existir en los casos de multas un interés de tipo fiscal en su percepción, esto no altera su naturaleza principalmente punitiva’, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios del derecho penal, según lo prescribe el art. 4° del Código Penal” (Fallos: 288:356). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089).
IV. Que, en tal orden de ideas, dentro de dichas facultades instructorias, que le acuerda tanto el Decreto Nro. 618/97 como la ley 22.415 y las normas dictadas en consecuencia, se encuentra la de desestimar la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera (confr. art. 1090, inc. b), del C.A.); como así también la de establecer con carácter general los límites para disponer el “archivo” de los casos de fiscalización, determinación de oficio, Iiquidación de deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos o procedimientos a cargo del organismo, que en razón de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna y económica concreción, en especial cuando esa decisión no causa agravio al particular, como sucede en el sub exámine, ni afecta el control aduanero.
V. Que, en efecto, las Instrucciones Generales 11/2016 (DGA) y 09/2017 (DGA) -al igual que sus antecesoras I.G. 02/2007 (DGA) y su ampliatoria I.G. 02/2008 (DGA)- dispusieron que los (mal denominados) jueces administrativos a cargo de las distintas áreas -previa evaluación de cada caso- dispondrán el archivo de las actuaciones que pueda importar la aplicación de sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornen antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro con los alcances que se determinan.
Y, entre la referidas sanciones, se incluyó expresamente las denuncias por infracción al artículo 970 de la ley 22.41, cuando el importe de la multa mínima no alcanzara, en el caso de la Instrucción General 11/2016 (DGA) involucrada en la litis, a la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados, por el tipo infraccional citado dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido.
VI. Que, por lo tanto, toda vez que la presunta infracción sometida a análisis de este Tribunal se cometió en fecha 22/10/2008, cabe colegir que no surge de la litis que la firma recurrente tuviera registrado antecedentes similares al 22 de octubre de 2007, por lo que la Aduana no podrá proceder al “desarchivo” infraccional de las presentes actuaciones ni utilizar el presente Sumario en otro proceso aduanero donde intervenga la firma recurrente, máxime cuando de las actuaciones administrativas que tengo a la vista NO se desprende que previo al dictado de la resolución apelada en autos existieran antecedentes en el sistema SUMARCHI de sumarios archivados en cabeza de la empresa importadora que la inhiban del tratamiento previsto por la normativa de referencia, por lo que el archivo dispuesto en la causa por la DGA resulta definitivo, no causa agravios ni puede perjudicar en el futuro al particular, no debiendo computarse ni agregarse ningún tipo de antecedente en su contra.
VII. Que, por lo demás, no debe olvidarse que al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal (hoy Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063), según lo dispone expresamente el inc. 2, del artículo 1.017 de la ley 22.415 y la doctrina de Fallos 332:1109 -voto del Dr. Zaffaroni-, entre muchos otros.
En tales condiciones, la citada normativa de aplicación supletoria ahora contempla el denominado “principio de oportunidad” o de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal, que es regulada en los siguientes artículos: el criterio de oportunidad (art. 31), conversión de la acción (art. 33), conciliación (art. 34) y suspensión del proceso a prueba (art. 35), siendo que todos los referidos institutos figuran ahora en el código sustantivo en los artículos 59 inc. 5), 6) y 7) y art. 73 párr. 2º, que se incluyeron con posterioridad a la sanción del catálogo procesal nacional y constituyen un elenco “mínimo” de garantías que corresponde incorporar al procedimiento aduanero sancionador. Por ende, uno de los criterios de oportunidad que posibilitan la disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal es aquél que hace referencia a la “Insignificancia del hecho”, debiendo interpretarse que se trata de hechos de mínima importancia, que no poseen la entidad suficiente como para poner en peligro ni lesionar el bien jurídico tutelado ni tampoco el interés público, siendo que este principio, con los matices y dentro de los límites propios de la materia aduanera, puede ser aplicado por la Dirección General de Aduanas al momento de instruir casos como el presente, a través de la aplicación de normas reglamentarias que recepten su hermenéutica y siempre que no resulten incompatibles con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
VIII. Que, por último, corresponde aclarar que en la especie no resulta de aplicación lo decidido por esta Sala “F” in re “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A.” con fecha 12/2/2020, pues la cuestión resuelta en aquella oportunidad por este Tribunal no resulta un caso “estrictamente análogo” al aquí debatido, ni corresponde una aplicación automática de dicho precedente, pues basta una mera lectura y el cotejo de ambas causas para advertir que se trata de supuestos distintos, en los hechos como los sujetos apelantes resultan diferentes, en tanto en dicho precedente la parte recurrente era la compañía aseguradora que había garantizado la operación en trato, la que no resultaba pasible, en virtud de los principios de culpabilidad y de personalidad de la pena, de ningún tipo de reproche infraccional (sólo del tributario), mientras que en el sub lite la demandante es la propia firma importadora, a quién, a partir de su conducta, se le puede imponer tanto la sanción penal (multa) como la formulación de un cargo aduanero por los tributos presuntamente adeudados al Estado Nacional.
IX. Que, en definitiva, el archivo del Sumario implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022).
X. Que, no obstante lo expuesto, y compartiendo lo postulado en el Considerando V del voto precedente -en relación a que la omisión en que incurrió el servicio aduanero al no correr la vista de las actuaciones administrativas desnaturaliza el procedimiento previsto por el legislador, y que tal vicio no puede considerarse saneado ulteriormente con la notificación de la resolución apelada-. resulta ajustado a derecho declarar la nulidad de los artículos 2° y 3° de la Resolución DE PRLA Nro. 7838/2017, de fecha 9 de noviembre de 2017, apelada en autos.
XI. Que, sentado ello, corresponde tratar el agravio formulado por la firma actora en el Pto. III 2) de su presentación inicial, en donde peticiona expresamente la prescripción de la acción fiscal para percibir los tributos reclamados en autos, por haber transcurrido el plazo quinquenal previsto en el Código Aduanero.
XII. Que, por lo demás, entiendo que no corresponde aplicar en la especie la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de procesos aduaneros, en tanto la recurrente es una empresa comercial (persona jurídica) y no una persona física.
En efecto, si bien esta Sala “F” in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS” (Expte. Nro. 30.630-A) de fecha 6/3/2015 y “ZURICH ARGENTINA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, resolvió declarar la inconvencionalidad -y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)- de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto la prescripción no podía quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con posterioridad -26 de febrero de 2016- a dichos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
XIII. Que por último, tampoco corresponde aplicar a la litis la doctrina sustentada por esta Sala “F” in re “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” (EX 2019-112544550- APN-SGASAD- TFN), de fecha 3/2/2022, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación, toda vez que la plataforma fáctica de aquél expediente, en el cual la DGA había demorado más de 9 (nueve) años en notificar la resolución definitiva –extremo que diera lugar, por su marcada excepcionalidad, a que este Tribunal aplicara la doctrina del “margen de apreciación nacional” para sortear el límite impuesto por la OC 22/16 de la CIDH y declarar la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación objeto de dicha causa- difiere sustancialmente de la presente litis, donde la resolución aduanera fuera notificada 8 (ocho) días después de su dictado por lo que la referida solución resulta inaplicable para resolver el supuesto bajo examen.
XIV. Que en virtud de los fundamentos y razones expuestos en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de los artículos 2° y 3° de la Resolución n° 7838/17 (DE PRLA), de fecha 9 de octubre de 2017, recaída en el expediente SIGEA nº 12210-7186-2011, y notificada en fecha 17 de octubre de 2017;
2. Imponer las costas del pleito a la DGA vencida;
3. Rechazar el planteo de prescripción de planteado por la actora respecto de los tributos, sin costas. El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de lo actuado a continuación del auto de fs. 16/vta. de la Actuación SIGEA n° 12210-7186- 2011, respecto de la actora, comprendiendo a la Resolución DE PRLA n° 7838/2017, aquí apelada.
2. Costas al Fisco.
3. Rechazar el planteo de prescripción planteado por la actora respecto de los tributos, sin costas.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2024.02.02 09:53:21 -03:00 Date: 2024.02.02 14:58:50 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.02 15:03:13 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.02 15:03:14 -03:00
Fin de la sentencia