Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 122534106-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Salasuscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 17727/2024 - TRINAL SA (TF 122534106-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de julio de 2025.- MLF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal declaró la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 2695 dictada el 17/04/2019 en el marco de la actuación SIGEA Nº 12197-1999-2010 e impuso las costas a la DGA (v. sentencia de fs. 233/235 del DEO 15942740, a cuya foliatura se hará referencia en lo sucesivo, salvo indicación en contrario).
El pronunciamiento fue apelado por el Fisco, cuyo recurso fue concedido a fs. 246 y fundado a fs. 249/265. A fs. 269/273 la parte actora contestó los agravios.
II. Que la decisión se funda en que la Aduana dispuso la instrucción del sumario e inmediatamente dictó la resolución apelada, sin correr vista de la instrucción del sumario a la actora, incumpliendo con los pasos procedimentales previstos en el art. 1101 del código aduanero y lesionando de tal modo su derecho de defensa y su garantía al debido proceso. Estimó que la falta de cumplimiento de los procedimientos esenciales y sustanciales previstos en el ordenamiento jurídico tornan al acto administrativo nulo de nulidad absoluta (arts. 7, inc. d) y 14, inc. b) de la ley 19549). Concluyó así que la resolución definitiva dictada en el expediente administrativo carece de validez en su totalidad.
III. Que el apelante sostiene, en esencia, que en esta causa no se discute una infracción sino un cargo, el cual tiene su génesis en la falta de presentación de un certificado de origen no en la infracción propiamente dicho, es decir, no hay accesoriedad de ningún tipo.
Estima que si no hay una imputación infraccional concreta no se debe correr vista, solamente se formula un cargo y contra el cargo el ordenamiento prevé dos alternativas (1°) la impugnación del art. 1053 del CA o (2°) el pago extintivo de la obligación y, eventualmente, y de encuadrar en determinados supuestos puntuales, la posibilidad de repetir lo pagado en demasía, obviamente de conformidad al procedimiento del art. 1069 del CA. Añade que, sí no hay pretensión punitiva, no tiene ni finalidad (ni sentido) notificar una corrida de vista, toda vez que no hay nada de lo que deba defenderse, entonces no se le notifica el inicio de un procedimiento para las infracciones, sino su archivo y la formulación de un cargo por tributos. Señala que la administración, en el caso, voluntariamente optó por no continuar con el aspecto infraccional y resolver únicamente respecto de un cargo (determinación por tributos por haberse considerado nacionalizada la mercadería).
Destaca que la faz tributaria no debe confundirse con la faz infraccional en la cual sí se ha absuelto a la firma sin que se pretendiera cobro de multa alguna y que la causa de la obligación tributaria reclamada es el acaecimiento del hecho imponible y no la comisión de la infracción. Por eso, la facultad que se le otorga al servicio aduanero es de prescindir del procedimiento para las infracciones que daría lugar a una eventual multa, mas no del reclamo tributario.
Advierte que la propia actora reconoció no haber aportado el certificado de origen correspondiente a la operación de importación al momento de documentarla, sino que garantizó su falta de presentación. Señala que la exigencia tributaria del servicio aduanero tiene su fundamento en que al momento imponible de la operación la mercadería no se encontraba amparada por certificado de origen tal como la misma actora reconoce en su apelación.
Recuerda que el art. 1104 del C.A. prevé que, dentro del plazo de diez días con que cuenta el imputado para presentar su defensa, también debe cuestionar las actuaciones cumplidas con vicios de forma, bajo pena de entender consentido lo actuado y no poder discutirlo en el futuro. Menciona que ello es aplicación del principio de la preclusión y que, independientemente no haberse provocado lesión alguna al derecho de defensa de la actora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalad que no se produce una violación al derecho del defensa en los términos del art. 18 CN en la medida en que exista la posibilidad de subsanación en una etapa jurisdiccional posterior; agrega que no todo incumplimiento de las formas procesales acarrea la nulidad del acto y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III continua diciendo que se ha incurrido en un excesivo rigorismo formal, demostrado por la interpretación exegeta de una norma cuya aplicación literal implicaría dispendio jurisdiccional y toma de medidas inconducentes. Explica que la apertura de sumario es un acto administrativo, alcanzado, en consecuencia, por la ley 19.549 y que en este caso se ha soslayado su presunción de legitimidad, que no es nulo ni puede neutralizarse su efecto suspensivo del curso de la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos ya que el acto subsiste y produce sus efectos jurídicos y fácticos propios hasta tanto fue extinguido por la declaración judicial de nulidad.
Manifiesta que nos encontraríamos ante un vicio de gravedad inferior y por ende subsanable; que el interesado debe demostrar el perjuicio concreto que le ha inferido el vicio que invoca, lo cual no ha ocurrido y que la nulidad no es procedente en atención a lo previsto por el art. 1051 del código aduanero. Luego de transcribir diversa jurisprudencia, indica que no ha valorado acertadamente las pruebas aportadas, incurriendo en arbitrariedad en la apreciación de los hechos y pruebas.
Finaliza señalando que es innegable que la accionante incumplió con los requisitos del régimen al que pretendía acogerse por lo que solicita que se confirme la resolución cuestionada.
IV. Que las actuaciones administrativas nro. 12197-1999-2010, - agregadas a fs. 158/226- fueron iniciadas con la denuncia por supuesta infracción al art. 954 inc. a) del código aduanero al no haber sido acompañado el certificado de origen a la destinación de importación 09 001 IC04 162082 P, de conformidad con lo dispuesto por la Res. 763/96 (v. fs. 160).
Surge de lo actuado que el importador garantizó la falta de presentación del certificado de origen en los términos de la Res. 763/96 (v. fs. 168/170) y que se ejecutó la multa mínima, según cargo 740/10, abonada en junio de 2010 (cfr. fs. 171/185).
El 22/12/2014 se instruyó sumario (v. fs. 190), se liquidaron los tributos adeudados como consecuencia de la falta de presentación del certificado de origen con fecha 13/8/2015 (v. fs. 196) y acto seguido se dictó la resolución impugnada con fecha 17/4/2019, en la cual se absolvió al importador y al despachante de la infracción investigada -decisión aprobada el 22/7/2019- y se formuló cargo por tributos (v. fs. 188/202 y 204/206), que fue notificado el 30/11/2021 (v. fs. 220).
La absolución de los imputados (art. 1) se fundó en la existencia de un razonable estado de duda (art. 898 CA) y en la imposibilidad, atento el tiempo transcurrido, de comprobar el origen de la mercadería.
V. Que, a la luz de los antecedentes de hecho mencionados, se advierte que la resolución aduanera aquí cuestionada constituye una decisión definitiva que pone fin al procedimiento para investigar la comisión de una infracción aduanera, absolviendo por el beneficio de la duda en razón del tiempo transcurrido; a su vez, el cargo formulado en dicha resolución no es impugnable por el procedimiento reglado del artículo 1053, inciso a), del Código Aduanero, en la medida en que fue dictada en el marco de un procedimiento infraccional (arg. art. 1112, incs. a y b, CA; art. 17, Res. 763/96).
De este modo, se torna aplicable al presente caso la jurisprudencia de esta Sala, en su actual integración, elaborada en los casos en los que se ha omitido cumplir con la vista prevista en el art. 1101 CA en los procedimientos en los que el sumario fue archivado en los términos de las Instrucciones Generales nros. 11/16 y 9/17 (cfr. causas “PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 67137511-A) c/ DGA”, nro. 32755/23, sentencia del 6/3/25; “MERISANT ARGENTINA SRL (TF 71387564-A) c/ DGA”, nro. 4033/24, del 27/3/25; “LA PERSEVERANCIA SEGUROS SA (TF 67287009-A) c/ DGA”, nro. 10231/24, sentencia del 20/3/25 y “ROBERTO RODOFELI Y CIA SRL-TF 40035-A c/ DGA”, nro. 7865/24, del 1/4/2025, entre otras), a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse, en lo pertinente.
En consecuencia, toda vez que la Aduana no cumplió con el procedimiento previsto en el Código Aduanero al omitir la vista que prevé el art. 1101 CA, corresponde desestimar el recurso interpuesto y confirmar la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III sentencia que declaró la nulidad de la resolución apelada, puesto que la irregularidad detectada ha impedido el adecuado ejercicio del derecho de defensa del imputado tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional, omisión que no resulta subsanable en el trámite jurisdiccional posterior dado que ha implicado una violación al debido proceso, de raigambre constitucional.
Por ello, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que -por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Salasuscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán, quien integra este Tribunal en los términos de la Ac. 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia