Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2023-139768066-APN-SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-54350580-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Mayo de 2024 SERVICIOS LIMITADA TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El Expediente N° EX-2023-139768066- -APN-SGAI#TFN caratulado: “TRIUNFO COOPERATIVA DE SERVICIOS LIMITADA S/ APELACIÓN a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación) y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que, con fecha 23/11/2023, la actora interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 de la Ley N.°11.683 (t.o. en 1998 y modificaciones) contra la Resolución N.° 871160-02, dictada el 01 de Noviembre de 2023, dictada por la División Jurídica de la Dirección Regional Mendoza de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante la cual se resolvió aplicar una multa de ($28.695,77) pesos veintiocho mil seiscientos noventa y cinco con setenta y siete centavos, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 46 y 47 inc. b) de la Ley N.° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.), monto equivalente a un tercio (1/3) del mínimo legal, correspondiente a dos (02) veces de Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas, por el período fiscal 2017.
La actora afirma que la AFIP inició un proceso sumarial en su contra, estando ya presentada, a la fecha de inicio del sumario, regularizada y pagada la diferencia mediante plan de pagos N° P591764 consolidado en fecha 28/12/2021 en los términos de la Ley 27.541 y sus modificaciones. Entiende que al ser obligaciones e infracciones formales, se aplica la multa que en esta oportunidad se apela por una razón evidente de desproporcionalidad, atento al daño excesivo que le puede llegar a causar su efectiva aplicación, por lo que solicita su tipificación en el art. 45 del mismo cuerpo legal.
Argumenta que no se puede encuadrar la conducta como dolosa por haber consignado cifras inexactas en la declaración jurada original, como consecuencia de haber sido impugnado un crédito que a la vez se encuentra en una zona “gris”.
Asevera que el artículo 46 de la ley de rito, establece una multa para el caso de defraudación tributaria, es decir, por una conducta de la que surgiera un perjuicio al fisco, cometida mediante declaraciones engañosas u ocultamiento malicioso, pero esta maquinación debe ser probada, no puede basarse en meras presunciones emanadas del agente verificador, como ocurrió en el presente caso.
Sostiene que, aun aceptando la postura extrema al respecto, la cual exige la acreditación del elemento subjetivo en aquellos casos en que se producen la hipótesis detallada en el artículo 46, aun así jamás quedaría acreditado el dolo, sino que el mismo, por su entidad, queda a cargo de demostración por parte del Organismo Fiscal. Razona que el engaño es la expresión objetiva de una falsedad que es subjetivamente pensada y nada de lo expuesto, sucede en la especie, por lo que solicita se modifique el encuadre legal dispuesto, por el del artículo 45 de la Ley N.° 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.).
Por lo expuesto, solicita se revoque la resolución apelada con costas y en subsidio solicita se modifique el encuadre legal dispuesto, por el del artículo 45 de la Ley N.° 11.683. Acompaña prueba documental y hace reserva del caso federal.
II. Que mediante el IF-2024-36216237-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido, solicitando que por las razones de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente y se confirme la resolución N.° 871160-02 recurrida.
En primer lugar, niega todos y cada uno de los hechos alegados por la recurrente, que no sean materia de expreso reconocimiento en la presente contestación o que no surjan de los antecedentes administrativos que acompaña y conforme surge de ellos, las tareas de fiscalización desarrolladas se han ajustado en un todo a la normativa en vigor.
Indica que a partir de una fiscalización que se le realizó a la actora, se le determinó que omitió ingresar el tributo previsto en el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias – Salidas No Documentadas -, periodo fiscal 2017. Ello así tras haberse detectado el cómputo de crédito fiscal improcedente originado en operaciones inexistentes con los proveedores Peandu SRL y Alarcón Juan José, por lo que en las compras impugnadas en las que se comprobó la efectiva salida de fondos se le aplicó el impuesto en concepto de Salidas No Documentadas y, por consiguiente, la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito.
Alega que de los elementos obrantes en autos, junto con la conformación de las impugnaciones efectuadas, se encuentra debidamente acreditada la materialidad del hecho incriminado, quedando constituido así, el elemento objetivo y en lo que hace al elemento subjetivo, se encuentra configurado, por haber recurrido al uso de comprobantes apócrifos.
En este sentido, sostiene que la utilización de facturas apócrifas son un medio para que el que pretende ocultar erogaciones no documentadas de modo tal que ya no se trata de una simple omisión sino que de una intención deliberada de sustraerse al pago del tributo, habiendo la contribuyente registrado contablemente operaciones inexistentes y luego omitido presentar en tiempo y forma los formularios correspondientes.
Por otro lado indica que con relación al reencuadre en el artículo 45 de la ley de rito solicitado por la recurrente, el tipo previsto en el mencionado artículo no resulta aplicable a la presente causa, toda vez que el ilícito que el mismo sanciona se comete en forma instantánea, quedando consumado con la falta de ingreso del tributo, o con la falta de presentación de las declaraciones juradas o en el momento de presentación de las declaraciones juradas inexactas.
Por otra parte asevera que el elemento subjetivo del tipo, está dado por la conducta negligente del responsable respecto del cumplimiento de sus deberes fiscales, perfeccionándose en el grado de culpa y por el contrario, en estos autos el tipo penal que sanciona la conducta reprochable el del art. 46 y en éste el momento consumativo de la infracción es el de la presentación de la DDJJ inexacta.
Concluye la representación fiscal indicando que los argumentos vertidos por el apelante carecen de entidad suficiente como para desvirtuar las concretas circunstancias y no habiendo mérito para revocar la resolución dictada, solicita se rechace el recurso impetrado, con costas a la actora. Acompaña los antecedentes administrativos y plantea el caso federal.
III. Que las presentes actuaciones quedan de puro derecho e, inmediatamente, se eleva la causa a consideración de la Sala “B” bajo la PV-2024-42477787-APN-VOCVI#TFN.
Mediante el IF-2024-50977430-APN-VOCVI#TFN se ponen los autos a sentencia.
IV. Que del informe final de inspección surge que las presentes actuaciones tienen su origen en la OI N° 2040550 de la que surge que el cargo es por “Facturación Apócrifa”. Se observa que la firma registra alta en la actividad “Servicios de seguros patrimoniales excepto los de las aseguradoras de riesgo de trabajo” y se encuentra inscripta en el Impuesto a las Ganancias Sociedades Exenta, IVA y Aportes de la Seguridad Social Ley 24241. A fin de dar inicio a la fiscalización ordenada, se procedió a notificar el requerimiento respectivo en el domicilio electrónico de la contribuyente el día 09/05/2022. La contribuyente, luego de solicitar una prórroga, aportó la información correspondiente por los periodos calendarios 2017, 2018 y 2019.
Se le practica un segundo requerimiento en relación a los proveedores observados (Peandu SRL y Alarcon Juan José) solicitando toda la documentación de respaldo de las operaciones efectuadas entre los periodos 01/2017 y 06/2018.
Así las cosas, con la información y documentación aportada, se realiza el papel de trabajo con la exposición de las operaciones observadas y registradas en su contabilidad como así también el crédito fiscal de tales operaciones computado en las declaraciones juradas de IVA, que asciende a $21.345,45. Con fecha 29/11/2022, el contribuyente procede a rectificar las DDJJ del Impuesto al Valor Agregado, sin formular observaciones. Asimismo acató y efectuó el pago correspondiente al tributo relativo a las Salidas No Documentadas por las operaciones efectuadas con los proveedores observados, incluyendo los intereses resarcitorios correspondientes. El mencionado pago asciende a $43.046,66, sin formular observaciones.
La recurrente había solicitado la condonación de la sanción atento haber cancelado la obligación objeto del sumario mediante el plan de pagos N° P591764 consolidado en fecha 28/12/2021 en el marco de la ley 27.541 y mod.
Ahora bien la Sección Recaudación de Agencia Sede 1 de la Dirección Regional Mendoza, informa que el pago de $ 43.043,66 fue cancelado mediante un pago bancario de fecha 30/11/2022, es decir con fecha posterior al 29/04/2022 que fue la establecida por el art. 9 de la RG 5151 texto vigente según RG 5181/2022 (AFIP) como fecha límite de acogimiento al citado régimen de regularización.
A partir de ello, el Juez administrativo concluye que no resulta aplicable el beneficio excepcional condenatorio establecido por la ley 27541 y mod. ley 27562 y ley 27563.
V. Que, corresponde expedirse con respecto a la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas, en el marco de los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley de ritual, graduada en (02) veces el impuesto omitido y reducida a 1/3, atento la falta de antecedentes sumariales (art. 49).
Cabe señalar previamente que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla. En cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben sería pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
Sentado ello, con relación a la multa por defraudación aplicada en la resolución aquí en trato, debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la ley de rito, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos. Para facilitar la probanza de tal elemento subjetivo el legislador estableció presunciones (artículo 47 de la ley ritual). En las mismas, a partir de un hecho cierto que debe ser probado por el Organismo fiscalizador (los descriptos en sus incisos) se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (que ha existido la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas), lo que posibilita tener por cierto que se obró en fraude al Fisco.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Así se ha señalado en forma constante por la doctrina especializada que "no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error a la víctima de la defraudación." (cfr. Díaz Sieiro, H. D. - Veljamovich, R. D. - Bergoth, L.: "Procedimiento Tributario" - 1993 - comentario al art. 46 de la L. 11683) (causa 22.708 - "Casino del Litoral SA [TF 15.319-I] c/DGI" – 8/2/1999)”.
En el mismo sentido lo ha entendido la Alzada al afirmar que “el ilícito tipificado en el artículo 46 de la ley procedimental requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de tres elementos, a saber: a) la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b) un error en la víctima del ilícito y c) la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. A ello, el artículo 47 incorpora una serie de presunciones legales "iuris tantum" tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto es, que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consiste en que una vez que el Ente Fiscal probó que se configura alguno de los casos previstos en los cinco incisos que contiene la norma citada, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa” (Batello, Tarcisio Ludovico - CNFED. CONT. ADM. -
SALA V – 29/3/1999).
No puede negarse que la pretensión penal fiscal deriva de atribuir actos fraudulentos, claramente determinados y fundados en la resolución, todo lo cual llevó a considerar que el comportamiento observado por la encartada ha asumido el carácter de fraudulento. En esta inteligencia, se aprecia plenamente en autos una maniobra o ardid deliberado tendiente a detraer materia imponible, circunstancia que más allá de encontrarse acreditado vía presunción legal, surge manifiesta de la conducta asumida por la contribuyente, desplegando una trama que sólo ha tenido por objeto inducir a engaño al Organismo Recaudador, reduciendo intencionalmente el saldo a favor del mismo.
Por su parte, tal como sostuvo la Sala V in re “Italiano, Antonio Alberto” (12/02/2008) cabe dejar en claro que aceptar la procedencia de esta clase de presunciones, no importa desconocer la doctrina acuñada por nuestro Máximo Tribunal, en la que ha plasmado en forma indubitada el principio de culpabilidad subjetiva como única posibilidad para la aplicación de sanciones (Fallos: 282:193; 284:42; 289:336; 290:202; 292:195; entre muchos otros). En efecto, en el precedente “Mazza, Generoso” la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314. En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados. Ello es así siempre que el órgano sancionador haga explícito el razonamiento en virtud del cual, partiendo de tales indicios, obtiene la conclusión de que la conducta del infractor es reprochable (así lo ha entendido también esta Sala “B” in re “Triunfadores S.A.” del 18/11/2008; y “Tamalet, Jorge Omar” del 15/04/2009, entre otros).
Cabe destacar que la valoración que realiza el organismo se refiere a circunstancias tipificantes que luego de probar el soporte fáctico de las presunciones aplicadas permite inferir la conducta dolosa que, efectivamente, es la que corresponde asignar como resultado de los hechos y fundamentaciones alegados por el ente recaudador. Dicha valoración, provoca la convicción de que la vulneración del bien jurídico se produjo no sólo con conocimiento sino también con la voluntad del sujeto, a través de una conducta defraudatoria.
Conforme surge del acto aquí recurrido, el Juez administrativo utiliza la presunción del inciso b) del art. 47 de la ley de rito (“Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”, en tanto el aludido inciso anterior –inc. a)- expone “Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas”).
Conforme surge del acto recurrido y del informe de fiscalización, el origen del ajuste determinado por el Organismo tributario que devino en la multa apelada, es la detección de “operaciones inexistentes” con los mencionados proveedores, ante lo cual la recurrente nada ha expuesto ni acreditado en sentido contrario como para rebatir ese grave cuestionamiento y considerando que se omitió íntegramente el tributo sobre la salidas no documentadas en relación a tales operaciones inexistentes, lo cual denota la grave incidencia de tal omisión, cabe concluir que la presunción se encuentra correctamente activada.
Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las circunstancias analizadas en las presentes actuaciones han concordado elementos suficientes para tener por configurada la sanción impuesta y no existiendo elementos que justifiquen lo contrario, corresponde confirmar la multa aplicada al contribuyente de autos en la Resolución Nº 871160-02.
El Dr. Armando Magallón dijo:
I. Que comparto los relatos efectuados por el Dr. Porporatto en su voto, pero disiento en la solución que entiendo que corresponde dar al caso bajo examen.
II. Que en lo que se refiere a la multa aplicada en el Impuesto a las Salidas no documentadas por el periodo fiscal 2017 con base en la imputación del tipo infraccional descripto en el art. 46 de la Ley 11.683, ya he tenido la oportunidad de abordar la cuestión en el Considerando III del voto emitido al resolver la causa “Quercia, José Luis”, sentencia del registro de esta Sala “B” -en su anterior integración- fechada el 9 de abril de 2012, a cuyos fundamentos me remito en mérito a la brevedad a los fines de postular idéntica solución para el sub lite.
III. Que sin perjuicio de lo señalado y a mayor abundamiento de lo expresado en aquella ocasión, creo conveniente puntualizar aquí que la solución que propuse oportunamente para dilucidar la cuestión que también ahora nos convoca no depende, a mi modo de ver, de la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones de la RG. (AFIP) 893, tal como parecería surgir de las consideraciones efectuadas en el dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal a las cuales remitió la Corte Suprema de Justicia al emitir sentencia en el precedente “D'Ingianti, Rosario Vicente” del 12/10/2010.
Que ello así pues, tal como señalé en “Quercia”, la imposibilidad de aplicar multas por las infracciones materiales previstas en el ordenamiento procedimental respecto del Impuesto sobre las Salidas no documentadas -en los supuestos en que las imputaciones son efectuadas bajo los mismos términos que los utilizados en estos autosderiva del carácter del instrumento -volante de pago- con el que el tributo base de la multa debe ser cancelado, el que carece de los atributos propios de una declaración jurada determinativa.
Que no empece a dicha conclusión, según entiendo, la circunstancia de que el art. 15 de la Ley 11.683 atribuya a tales boletas de depósito y comunicaciones de pago el “carácter” de declaración jurada. En efecto, la norma aludida señala que serán pasibles de las sanciones previstas en los arts. 39, 45 y 46 “...las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben...”, por lo que parece obvio que (i) sólo las deficiencias consignadas en tales instrumentos podrían generar la imputación infraccional y, (ii) la falta de presentación de volantes de pago ante el organismo no podría identificarse o asimilarse con errores, falsedades u omisiones volcadas o consignadas en ellos -según los términos expresos de la norma examinada-, pues es evidente que se trata de dos situaciones distintas.
Que puede advertirse entonces, con meridiana claridad, que la imputación de autos -la de que se habría verificado el tipo del art. 46 por la falta de presentación del formulario de determinación Salidas no documentadas (original) del impuesto y periodo supra referido (sic) (fs. 4, 1° párrafo de la resolución recurrida)- no podría ser convalidada en este instancia ni aún mediando la inapropiada caracterización de la comunicación de pago que lleva a cabo el juez administrativo interpretando la norma del aludido art. 15 de la ley procedimental. Ello así, en tanto y en cuanto no se le reprocha a la contribuyente el hecho de haber presentado documentos (comunicaciones de pago o boletas de depósito) que contengan falsedades y/o errores.
Que por su parte y en cuanto a las “omisiones” a que se refiere el citado art. 15, adviértase que según su texto las mismas deben, al igual que los errores o las falsedades, ser comprobadas “en dichos instrumentos”, vale decir, que éstos deben contener a aquellos. Ergo, la norma bajo análisis no se refiere -y por ende no podría penalizar- a la omisión de presentar el comprobante de pago o boleta de depósito, omisión a la que, como medio comisivo, sí hacen referencia (cuando se trata de verdaderas declaraciones juradas determinativas) tanto el art. 46 como el art. 45 de la ley procedimental.
Que cabe poner de especial relieve que, tal como se exhibe en el acto sancionatorio apelado, la imputación efectuada por el Fisco Nacional contra la actora de autos habría consistido en “Que la sumariada omitió presentar el formulario de determinación Salidas no documentadas (original) del impuesto y periodo supra referido (…) y, contradictoriamente, se agregó “Que la inexactitud de lo declarado y su incidencia en la determinación del impuesto, han provocado el perjuicio fiscal requerido por las figuras infraccionales dispuestas en la norma (…) El art. 13 de la ley ritual determina que las DDJJ presentadas se encuentran sujetas a verificación administrativa y que el contribuyente es responsable del impuesto que de ellas surja” (ver fs. 5 último párrafo y 1° párrafo de fs. 6 del acto sancionatorio).
Que como ya se ha señalado, ninguna aplicación podría tener en la especie la previsión contenida en el art. 15 antes citado, en la medida que éste remite a situaciones fácticas -errores, falsedades u omisiones contenidas en boletas de depósito y/o comunicaciones de pago- que no se verifican en el caso bajo análisis.
La Corte Suprema de Justicia tiene dicho que “La correlación entre sanción y bien jurídico es la que, con fundamento en la proscripción de la analogía, permite fundar la prohibición de que, so pretexto de interpretación, se amplíen los tipos legales a la protección de bienes jurídicos distintos de los que el legislador ha querido proteger” (Fallos 318:207), como así también que “La cláusula del art. 29 de la Constitución Nacional según la cual ¨los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley en contra del imputado¨, impide aumentar los supuestos susceptibles de sanción penal, más allá de los comprendidos en el precepto aplicable, entendido con el alcance que los términos en que está redactado llanamente autorizan” (Fallos 215:23).
Que siendo así, no podría pretenderse la subsunción en el tipo infraccional del art. 46 de la conducta aquí reprochada -la omisión de ingreso del Impuesto sobre las salidas no documentadas mediando falta de presentación de volantes de pago- cuando ello no encuentra expresa previsión normativa, pues lo contrario implicaría una manifiesta y grave violación de los principios constitucionales de legalidad y tipicidad penal.
III. Que en virtud de lo expuesto voto por revocar la Resolución N.° 871160-02, con costas.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Porporatto.
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la sanción apelada, con costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2024.05.24 09:55:29 ART Date: 2024.05.24 14:54:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.24 15:12:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.24 15:13:14 -03:00
Fin de la sentencia