Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa T-881/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada en PE1729679-2025; conforme lo expuesto en los considerandos.-
2Declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en la presente acción.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: T-881/24-TSJ Sentencia N°: 1191 Actor: TROSCE MARIA CELESTE Demandado: MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 22/09/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1191 FOLIO Nº 3957/3959 PROT. ELECT. TSS1 048 C.251
Río Gallegos, 22 de septiembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “TROSCE MARIA CELESTE C/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº T-881/24-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver sobre la excepción previa de incompetencia opuesta por la parte demandada, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Karina Astudillo Gallardo (cfr. PE1729679-2025).-
La actora, con el patrocinio letrado del Dr. Gabriel Eduardo Peralta, interpone demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Río Gallegos, con el objeto que se restablezca en sus remuneraciones el código 400 denominado Responsabilidad Profesional y Técnica (que estaban siendo abonados desde el año 2008 y que fueron dados de baja según Decreto Municipal Nº 735-22) y el ítem Título Profesional (cfr. PE1453601-2024¸ pág. 1).- La Municipalidad de Río Gallegos, al oponer la excepción previa venida a tratamiento, sostiene que “...el reclamo del actor no es de competencia de este Excelentísimo Tribunal...es de índole laboral, ya que reclama la restitución de un ítem laboral, no siendo esta temática competencia del Área Contencioso Administrativa del Tribunal Superior, debiendo excluirse del conocimiento de casos de competencia directa de los Juzgados Civiles de la Primera Circunscripción con competencia en lo laboral, según se determina en la Ley Uno (sic).” (cfr. PE1729679-2025, pág. 2).- Añade que: “...no es de competencia directa en el caso de marras, independiente del hecho de que la accionante sea empleada pública, y que denuncie la privación de un adicional, ya que el Decreto Nº 735/22 no la priva del ítem reclamado, solo rechaza el Recurso de Reconsideración interpuesto por la actora a la privación del ítem Responsabilidad Profesional y Técnica y su contenido y aplicación deben analizarse en el contexto de un juicio laboral...” (cfr. PE cit., pág. 2/3).- En PE1040738-2025 se corrió traslado a la parte actora de la excepción previa de incompetencia del Tribunal, el cual fue contestado en PE1779226-2025.-
En dicha oportunidad la accionante solicitó su rechazo con fundamento en que si bien la relación jurídica es laboral, está reglada por normas del derecho administrativo como son las ordenanzas que reglan los denominados ítems salariales, las convenciones colectivas para el sector público municipal y el estatuto para el personal municipal (cfr. PE cit., págs. 1/2).-
El Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal, contesta vista señalando que: “...la presente acción no constituye materia contencioso administrativa de competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia en función de lo establecido en el art. 132, inc. 2º de la Constitución Provincial y del artículo 2 inciso e) de la Ley Pcial. Nº 2600 debiendo declararse incompetente para intervenir en los presentes actuados.” (cfr. PE1785731-2025 pág. 2).- Los presentes pasan al Acuerdo en PE1072784-2025.-
II. Luego de reseñada brevemente la cuestión que suscitara la promoción de estas actuaciones y los planteos de las partes, debemos analizar, liminarmente, la competencia de este Tribunal para entender en autos, dado la excepción opuesta por la parte demandada, a lo que se suma que el Sr. Agente Fiscal igualmente se ha manifestado por la incompetencia de este Alto Cuerpo en razón de la materia. Así también debe recordarse que el artículo 67 del CPCA, Ley Nº 2600 dispone que la incompetencia, si no se hubiere opuesto como excepción, deberá ser declarada por el Tribunal como primera resolución que dicte.- Reiteramos que, tanto la accionada como el Sr. Agente Fiscal que tomó intervención en el caso, se expresaron a favor del desplazamiento de la competencia hacia el Juzgado con competencia en lo laboral. Ello así, pues consideran que el reclamo es de índole laboral.-
Ahora bien, la asignación de competencia debe efectuarse tal como lo ha sostenido este Alto Tribunal en base a la propia naturaleza de la demanda y con apoyo en los hechos expuestos en la misma, ya que estos constituyen el sustento de la pretensión que la parte actora propone a decisión con relación al derecho sustancial reclamado (cfr. Interlocutorio, Tomo IV, Reg. 416, Folio 692/693).-
Para ello es preciso recordar que la atribución de competencia por razón de la materia debe -inexorablemente- prevalecer sobre la efectuada en razón del órgano administrativo. En este sentido este Alto Cuerpo ha resuelto que: “...‘...Aunque la relación jurídica que une a ambas partes constituya, tanto por su objeto como por las normas a la que está subordinada, un vínculo de empleo público, en el marco de la jurisprudencia vigente en la materia, dicha circunstancia no configura un antecedente que por sí baste, cuando la pretensión se fundamenta en normas laborales, para que el caso sea de la competencia contencioso administrativa (SCBA, B 55233 -I-3-8-93 in re: ‘Vargas Juan c. Prov. de Bs. As. s.
Dem. Cont. Adm’.) (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Contencioso Administrativo, Reg. 632, Folio 1770/1772).’” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 916, Folio 2705/2710).- Este criterio también ha sido receptado por destacada jurisprudencia en la materia, en cuanto la opinión mayoritaria se inclina técnicamente a favor de estimar que la competencia contencioso administrativa no se define porque intervenga el Estado (a salvo los ordenamientos que así lo preceptúan) sino por la materia en debate, por el contenido jurídico, por el derecho que se intenta valer, por las normas de fondo para resolver el caso, por la subsunción del caso al derecho administrativo (conf. CNCAFed., Sala 3ra. 10/05/01,"Estado Nacional v.
Aguas Argentinas.", Fallos 164:188; 244:252; 295:112 y muchos más) (cfr. STJ de la Provincia del Chubut “T. P. S.A. y Otros c/ Municipalidad de Trelew s/ contencioso administrativo”. Microjuris, cita online: MJ-JU-M-76974-AR MJJ76974 del 22/10/2022).- Por su parte, el artículo 1º del CPCA, Ley Nº 2600, prescribe que el Tribunal Superior de Justicia en pleno conocerá y resolverá en instancia única en las acciones cuyas normas predominantes en la resolución del conflicto sean de derecho administrativo y que se deduzcan por violación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo tutelado por el ordenamiento jurídico, originados en la actuación del Estado Provincial, sus entidades autárquicas y jurídicamente descentralizadas y las Municipalidades.- Sumado a ello, el artículo 2º de la citada normativa establece que, serán competencia contencioso administrativa las controversias en que sean parte las empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Provincial, sus entes autárquicos y jurídicamente descentralizados, las municipalidades y comisiones de fomento en la actividad regida predominantemente por el derecho administrativo, en tanto no se trate de cuestiones que se susciten con sus empleados o funcionarios (cfr. art. cit., inciso e).-
III. En el concreto caso de autos la cuestión planteada no resulta ser de competencia de este Alto Cuerpo en virtud que se suscita entre la accionante y su empleadora la Municipalidad de Río Gallegos una relación expresamente excluida en el artículo 2 inciso e) in fine de la Ley Nº 2600 y además tiene por objeto el restablecimiento en las remuneraciones del código 400 denominado Responsabilidad Profesional y Técnica y el ítem Título Profesional.- El artículo 89 del CPCA, Ley Nº 2600, impide su sustanciación en este proceso al disponer que: “El Tribunal no podrá hacer en la sentencia declaraciones sobre derechos laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza que no sean los limitados al derecho administrativo para resolver la cuestión conforme a lo alegado y probado por las partes.”.
Asimismo es doctrina de este Alto Cuerpo que no entenderá en aquel proceso que tenga por objeto el cobro de una suma de dinero basada en relación laboral, ya que su competencia originaria únicamente corresponde a lo que respecta a normas de materia contencioso administrativa, resultando ajena a ella los procesos de contenido patrimonial (cfr. Sentencia, Tomo XXII, Reg. 723, Folio 4351/4359; Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1131, Folio 3645/3652).- En igual sentido se ha señalado, con relación a un reclamo como el de autos que: “Esta última pretensión debe ser desestimada, toda vez que se trata de una cuestión que excede el marco del proceso contencioso administrativo (cfr. art. 89 del CPCA, Ley Nº 2600).
En efecto, es criterio de este Tribunal Superior de Justicia que en este tipo de juicios, sólo debe decidirse sobre la materia contencioso administrativa (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo IX, Reg. 626, Folio 1748/1750). Por ello en el sub lite...La solicitud de la parte actora deberá ser objeto de planteo por la vía y forma correspondiente, toda vez que se trata de una materia extraña, en principio, a la acción contencioso administrativa.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1067, Folio 3369/3375).- Si bien es cierto que el artículo 132, inc. 2º de la Constitución Provincial atribuye al Tribunal Superior de Justicia en instancia única la competencia en materia contencioso administrativa, no es menos exacto que las normas legales necesarias dictadas para ponerlo en ejecución, han dispuesto que las acciones de tal índole contencioso administrativa de las que conocería este Alto Cuerpo jurisdiccional quedaban limitadas a la revisión de actos administrativos sin abarcar en esa taxativa numeración las acciones resarcitorias de perjuicios o reclamatorias de salarios caídos o deudas.
Es más, el legislador vedó expresamente al Tribunal Superior pronunciarse en sus sentencias sobre reclamaciones de derechos patrimoniales que las partes aleguen tener (art. 89 del CPCA, Ley Nº 2600), que es precisamente lo que constituye una de las pretensiones de la actora. En el ordenamiento provincial, en el derecho positivo vigente, impera una notable escisión entre la revisión judicial de los actos administrativos de competencia originaria de este Alto Cuerpo, y el juzgamiento de sus consecuencias patrimoniales, a cargo de la justicia ordinaria, para así garantizar su revisión en la doble instancia; lo que no permite asimilarlo a otro ordenamiento provincial o federal.- En síntesis, la reclamación bajo análisis excede el marco del proceso contencioso administrativo y deberá canalizarse por la vía procesal correspondiente.-
IV. Que, de las consideraciones expuestas, se concluye que la presente acción no constituye materia contencioso administrativa de conocimiento originario y exclusivo de este Tribunal Superior de Justicia (art. 132, inc. 2º de la Constitución Provincial), debiendo declararse la incompetencia en razón de la materia, con imposición de las costas por su orden, de conformidad a lo prescripto por el art. 90 del CPCA, Ley Nº 2600 y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Por todo lo expuesto, jurisprudencia y normas legales citadas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada en PE1729679-2025; conforme lo expuesto en los considerandos.-
2. Declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en la presente acción.-
4. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
Fdo. Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1048C.251 Tomo: XX Sentencia: 1191 Folio N°: 3957/3959 Secretaría: 1
Fin de la sentencia