Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, casar la resolución impugnada y remitir las presentes actuaciones al tribunal “a quo”, a sus efectos. SIN COSTAS en la instancia (Arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la defensa.
//la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de noviembre de dos mil veintidós, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la causa CFP 3893/2016/TO2/5/CFC6 caratulada “TROVATO, Gabriel Roberto s/recurso de casación”, de la que RESULTA:
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de la ciudad de Buenos Aires, el 9 de mayo de 2022 resolvió, por mayoría: “HACER LUGAR a la excepción de falta de acción formulada por la defensa de GABRIEL TROVATO y SOBRESEER al nombrado en orden al delito por el que fuera elevada la causa a juicio (art. 336, inc. 2º, del Código Procesal Penal de la Nación)”.
II. La representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación contra esa decisión, que fue concedido por el tribunal de procedencia -en cuanto a su admisibilidad formal- y mantenido ante esta instancia.
III. El impugnante indicó que el sobreseimiento dictado había coartado la posibilidad de llevar adelante el juicio oral, oportunidad en la que se podía elaborar la correcta calificación jurídica del caso, y recordó que “son los hechos los que definen la calificación jurídica que el MPF le asignará eventualmente al caso, no las 1 Registro nro. 1568/22 calificaciones provisorias que se pudiesen haber aplicado en las distintas etapas del proceso”.
En segundo lugar, señaló que ese Ministerio Público Fiscal no había modificado la plataforma fáctica que le había sido presentada al imputado en su declaración indagatoria ni en el requerimiento de elevación a juicio, por lo que no se había producido una afectación al principio de congruencia.
Explicó que, “al margen de que se hubiese o no acreditado en el juicio a Athanassopoulos la explotación sexual de “X”, el Ministerio Público acusó a Trovato en todas sus instancias por su (1) vínculo personal con Athanassopoulos, (2) el peso de sus influencias en el GCBA y (3) su trabajo específico en la Dirección General de Administración de Infracciones del GCBA, que permitieron que la autoridad administrativa incurriera una y otra vez en la autorización para funcionar del local Stavros”. Sostuvo que la acusación abarcaba un periodo mayor al sostenido por la defensa al presentar la excepción de falta de acción, en tanto “la trata y la explotación están íntimamente vinculadas, pues la última es condición para la primera (se haya consumado o no); y de allí que sin perjuicio de que no se haya condenado a Athanassopoulos por la explotación de X, su captación tenía una finalidad indiscutible que acaecía en un lugar protegido por el aquí imputado y por el que debe responder”.
A continuación, manifestó que la conducta atribuida a Trovato aparentaba constituir un delito contra la administración pública, pues “la parte esencial de la acusación a Trovato estaba dada por el uso de sus influencias para permitir que el local Stavros continuara funcionando, lo que nos lleva a sostener que su conducta podría ser pasible de configuración en el delito de tráfico de influencias, cfr. art. 256 bis del CP”. Reseñó que en el fallo condenatorio aludido por el tribunal al hacer lugar a la excepción se había sostenido que “aún si no se encuentra fehacientemente acreditado que Athanassopoulos regenteara esa explotación sexual, lo cierto es que sí se comprobó que la actividad principal del bar giraba en torno al servicio de las alternadoras que allí estaban (…) Es en ese contexto que toma real dimensión la captación que hizo de la testigo X”. Es decir, no caben dudas de que el lugar (…)
encubierto y protegido por los funcionarios públicos aquí imputados se trata de un prostíbulo que funcionó como destino de explotación de al menos una víctima captada con tales fines”.
Destacó que existía otra investigación en trámite, vinculada al uso del prostíbulo como destino de mujeres captadas para ser explotadas, en tanto “la víctima y su madre formularon otra denuncia vinculada a una maniobra extorsiva llevada a cabo por el mismo tratante. Dijeron que Athanassopoulos fingió una transacción comercial mediante la cual vendía el fondo de comercio a la víctima, comprometiéndose a pagarle la víctima un monto de dinero en pagarés, por lo que Athanassopoulos solicitó su ejecución con posterioridad a ser denunciado”. Agregó que la resolución resultaba equivocada en tanto no había tomado en cuenta que las conductas endilgadas a Athanassopoulos y Trovato conformaban hechos escindibles entre sí “el primero en tanto buscó (y logró) atraer bajo su dominio a mujeres con el objeto de ser prostituidas y, el segundo, que utilizó su rol e influencia de funcionario público asignado a la agencia de control específica para que, basado en un motivo espurio, el local siguiera funcionando”.
Por otro lado, argumentó que la decisión impugnada había obviado los lineamientos internacionales que señalan cómo deben actuar los integrantes del sistema de administración de justicia en casos en los que se encuentran involucrados “(1) funcionarios públicos y posibles hechos de corrupción, (2) cuestiones vinculadas a la trata y explotación de personas y (3) hechos de violencia contra las mujeres”.
Hizo reserva del caso federal IV. Durante el término de oficina previsto en los arts. 465 y 466 del C.P.P.N., se presentó el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara y amplió los fundamentos del recurso interpuesto por su par de grado. En esa misma oportunidad, se presentó la defensa de Trovato y manifestó, en lo medular, que “nuestro defendido, Gabriel Trovato, venía siendo imputado de una participación necesaria limitada a la consumación de la explotación sexual de “X” (es decir a la circunstancia agravante), no así de su captación, atribuida con exclusividad –como no podía ser de otro modo– a Athanassopoulos. Al ser descartado, pues, por la sentencia del tribunal de mérito que el imputado como autor haya incurrido en la figura agravada, queda sin sustento la imputación a Trovato a título de partícipe de dicha explotación”.
Solicitó que se declarase inadmisible o se rechazase el recurso interpuesto.
V. Con fecha 10 de noviembre del corriente año, se cumplieron las previsiones del art. 468 del C.P.P.N., oportunidad en la que la defensa de Gabriel Roberto Trovato expuso oralmente y solicitó el rechazo del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. Superada dicha etapa procesal y efectuado el sorteo de estilo para que los jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: doctores Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.
Quedaron, en consecuencia, las actuaciones en condiciones de ser resueltas.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. El recurso de casación interpuesto resulta formalmente admisible, toda vez que la resolución recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), el recurrente se encuentra legitimado para impugnarla (art. 458 del C.P.P.N.), los planteos efectuados se enmarcan en los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.
II. En primer lugar, por motivos de claridad expositiva, corresponde realizar una reseña del presente incidente.
Conforme surge de la decisión cuestionada, Gabriel Trovato fue requerido a juicio, junto a otro imputado, por “el delito de explotación de la prostitución ajena cometida respecto de "X", desde fines del año 2013 hasta junio de 2014, agravado por su calidad de funcionario público (…), en calidad de partícipes necesarios (arts. 45 y 127, inc. 3, del Código Penal de la Nación).
Para ello, consideró suficientemente probado que los nombrados prestaron colaboración dentro de sus esferas de poder, lo cual posibilitó el funcionamiento ininterrumpido del bar ubicado en Vicente López 2229, al menos entre fines de 2013 y mediados de 2014, brindado así un aporte esencial para la consumación de la explotación sexual de ‘X’.
Concretamente, se le atribuyó a Trovato “que en su ‘carácter de integrante de la Dirección General de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad mediante el ejercicio de sus influencias y a cambio de dinero contribuyó a que el bar funcionara ininterrumpidamente más allá de sus sucesivas clausuras y que de ese modo Nicolás Athanassopoulos explotara sexualmente a ‘X’”.
El 1 de diciembre de 2021, la defensa de Trovato presentó, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 3, una excepción de falta de acción por manifiesta inexistencia de conducta delictiva y solicitó el sobreseimiento de su asistido.
Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, esa parte peticionó el rechazó del planteo esgrimido, argumentando que “más allá de la calificación legal con la que se valoraron los hechos imputados, el avance del proceso podría derivar en una calificación alternativa, configurativa de otros delitos de corrupción por los que el Estado tiene el deber de prevenir, investigar y reprimir; tales como el de tráfico de influencias, abuso de poder, encubrimiento, cohecho y exacciones ilegales”. El 9 de mayo de 2022, el a quo, por mayoría, resolvió hacer lugar a la excepción de falta de acción interpuesta y sobreseer a Gabriel Trovato.
Para resolver de esta manera, se remitió a la sentencia dictada por ese mismo tribunal en la causa 2007/16, en la que se condenó a “Gabriel Nicolás Athanassopoulos, a la pena de cuatro años de prisión, multa de cuarenta y cinco mil pesos ($ 45.000), con más las accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en su modalidad de captación” y explicó que en esa misma decisión se estableció que “si bien se acreditó la captación prevista en el tipo básico del art. 145 bis del código sustantivo, la prueba producida en el debate no resultó suficiente para demostrar, con el grado de certeza que un pronunciamiento condenatorio requiere, que se haya logrado consumar la explotación sexual de LA TESTIGO X. Ello, por cuanto, más allá de su testimonio, ningún otro elemento introducido al juicio dio cuenta de que la nombrada haya ejercido efectivamente la prostitución”.
Desde esa perspectiva, expuso que no se avizoraba que en la celebración de la audiencia pudiesen surgir circunstancias novedosas que pudiesen derivar en una calificación jurídica alternativa, teniendo en consideración que la plataforma fáctica había quedado delimitada al elevar la causa a juicio.
Señaló, a su vez, que para poder endilgarle a Trovato alguno de los delitos de corrupción aludidos por el Ministerio Público Fiscal el imputado debería haber sido notificado formalmente de la base fáctica de aquella imputación, lo que no había sucedido y concluyó en que “de avalarse la postura del acusador, se violaría el principio de correlación o congruencia, dado que se estaría modificando la plataforma fáctica sobre la que ha de versar el debate y la sentencia, ya que este trascendental acto final del proceso recaería sobre hechos que no han sido intimados a los imputados”.
El juez que votó en disidencia, por su parte, indicó que la intimación cursada en los términos del 294 del CPPN resultaba lo suficientemente abarcativa, para cubrir las imputaciones alternativas que pudieran surgir y recordó que “No puede perderse de vista que no se imputan delitos sino conductas, y ello autoriza al titular de la acción –si así lo considerara, aunque en este caso ya demostró interés- a modificarlo, siempre y cuando no sea sorpresivo: esto es, que sea informado con la debida antelación para que la defensa pueda ejercer su ministerio y refutar la acusación”
Esa es la decisión que ahora toca examinar ante esta sede casatoria.
III. Sentado lo expuesto, corresponde recordar que el sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta y procede cuando al tribunal no le queda duda acerca de la extinción de la pretensión penal, o de que el hecho investigado no se cometió, o que no encuadra en una figura legal, o que el sujeto activo no lo cometió, o que éste deba ser exento de culpabilidad o pena.
Resulta indispensable, entonces, que, para que proceda, el imputado aparezca en forma indudable y evidente exento de responsabilidad, de forma tal que la situación no pueda ser puesta en duda.
Abocándome al examen del caso, observo que la decisión adoptada por la mayoría del a quo desatiende estas pautas y, por tanto, se revela carente de la debida fundamentación, de acuerdo al estándar exigido por el art. 123 del C.P.P.N.
La solución propiciada en el voto mayoritario de la sentencia impugnada se sustenta en que, de acuerdo con lo resuelto en la sentencia 2007/16 de ese mismo tribunal, la conducta en la que Trovato habría realizado un aporte necesario no había sido acreditada y, por tanto, no pudo ser adjudicada a su autor, por lo que, de acuerdo con las reglas de la accesoriedad limitada, tampoco podría serle reprochada en carácter de partícipe necesario. Con otras palabras, el razonamiento del tribunal reposa en el hecho, indiscutible, de que no se puede participar en un delito cuya existencia no ha sido probada.
Sin embargo, tal como señalan el impugnante y el juez que votó en minoría, esta circunstancia no obsta a la prosecución de la acción penal, en la medida en que subsiste la posibilidad de que el mismo factum que le fuera acreditado a Trovato podría encuadrarse en alguna de las otras calificaciones jurídicas invocadas por el Ministerio Público Fiscal, las que, como indicó la defensa en la audiencia celebrada ante esta Cámara, pertenecerían, en principio, a la jurisdicción de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde esa perspectiva, si bien el tribunal, en el voto mayoritario, ha realizado un análisis razonable al momento de la subsunción jurídica por la que Trovato había sido citado a juicio, no se ha explicado por qué ese mismo factum reprochado no podría ser objeto de otra calificación.
Ello dependerá, a la postre, de lo que se discuta en el correspondiente juicio público, oral, contradictorio y continuo, en la sede que corresponda, atento a las circunstancias de hecho que allí se ventilen, a lo que surja de la prueba que se produzca y a la polémica que traigan las partes en sus alegatos, con la amplitud probatoria propia de esa etapa procesal, a ser resuelta en la sentencia (cfr., en lo pertinente y aplicable, CFP 3993/2007/153/CFC43 “MINOD, Walter Roque s/recurso de casación”, Reg. 2672/20 de esa Sala IV, del 29/12/2020). Por lo demás y al margen de presentarse ahora como prematuro, tampoco se advierte la afectación al principio de congruencia que, en el caso, podría producirse si se modificasen sustancialmente los hechos imputados y anoticiados al acusado (cfr., en lo pertinente y aplicable, causa 1929, “Vecchi, Amado A. s/recurso de casación”, Reg. 2509 de la Sala II de esta Cámara, del 26/4/1999, voto de los jueces Fégoli y Mitchell), extremo que no ha ocurrido pues la defensa de Trovato siempre ha tenido conocimiento y noticia del factum imputado Al respecto, lo primero que hay que destacar es que, tal como sostiene autorizada doctrina en la materia “… no es preciso… una identidad absoluta o matemática entre los términos de la correlación, hasta el extremo de que deba referirse a las menores modalidades de la conducta humana, las cuales han de excluirse siempre que sean indiferentes o no puedan acarrear limitaciones ilícitas a la defensa; vale decir, que la identidad de que se trata es naturalmente relativa: atañe a los elementos fácticos relevantes; a los que el defensor pudo no tener en cuenta porque no estaban comprendidos en la acusación -originaria o ampliada-” (cfr. Vélez Mariconde, Alfredo, Derecho Procesal Penal, Córdoba, 1986, T. II, p. 238/9). A tal fin, basta con que la correlación verse sobre el hecho, en el sentido antes expuesto, de modo que el tribunal de juicio tenga libertad para seleccionar la norma que considere aplicable al caso.
Es facultad de los magistrados que integran el tribunal, cualesquiera sean las peticiones de la acusación y de la defensa, la de precisar las figuras delictivas que juzgan con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley penal, sin más limitación que la de restringir su decisión a los hechos que constituyeron la materia del proceso. De esta manera se salvaguarda la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 242:207; 250:572; 274:402; 302:791; entre otros).
Tal exigencia no obedece a meras razones de simetría jurídica, por el contrario legalmente se justifica por la circunstancia de que el hecho que se atribuye al imputado cerca el límite de la jurisdicción del tribunal de juicio y también porque la sentencia debe fundarse en el contradictorio, el cual desaparece si se condena por un hecho diverso y del que el imputado no pudo defenderse, probando y alegando lo que consideraba hacía a su derecho. La necesaria correlación entre acusación y sentencia supone que la base fáctica contenida en el documento acusatorio sea trasladada sin alteración de sus aspectos esenciales a la sentencia (cfr. voto del juez Fégoli en “Vecchi”, antes citada, con cita de Barberá de Riso, en Doctrina Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, tomo II, ps. 23/5).
Por tanto -y de comprobarse-, para que se entienda vulnerado este principio, las diferencias entre acusación y sentencia deberían ir más allá del nomen iuris dado a la conducta atribuida, recayendo sobre situaciones fácticas disímiles (del voto del juez Mitchell en ese precedente).
Es por ello que, siempre que el factum se mantenga incólume, la modificación del encuadre jurídico del caso no produce, en principio, una afectación a la congruencia, salvo que se evidencie una alteración sorpresiva de aquel, susceptible de desbaratar la estrategia de la parte o provocar un estado de indefensión al no haber contado con posibilidades defensivas distintas a las ejercidas frente a la anterior calificación, extremos que, en el caso, se presentan como hipotéticos y conjeturales.
Lo expuesto hasta el momento permite concluir que el pronunciamiento cuestionado deviene arbitrario por carecer de la debida fundamentación, por lo que corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válidos (cfr. Fallos: 311:1438, 326:3734, 330:4893 y 331:2285, entre muchos otros).
IV. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, casar la resolución impugnada y remitir las presentes actuaciones el tribunal “a quo”, a sus efectos. Sin costas en la instancia (Arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la defensa.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. El recurso de casación interpuesto es formalmente admisible en tanto se dirige contra una sentencia de las enumeradas en el art. 457 del C.P.P.N., el recurso ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo (art. 458 del C.P.P.N.), los planteos realizados encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del código ritual.
Cabe recordar, que el art. 337, segundo párrafo, del C.P.P.N., concede la facultad al Ministerio Público Fiscal de recurrir el sobreseimiento, al igual que lo hacen los artículos 457 y 458 en cuanto conceden al fiscal la facultad de interponer el recurso de casación contra una sentencia definitiva –y el sobreseimiento lo es en cuanto pone fin al proceso-.
II. Que doy por reproducidos los hechos reseñados en el voto que lidera el acuerdo y, por coincidir en lo sustancial con las consideraciones efectuadas, habré de adherir a la solución propuesta de hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Es que, la decisión adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 3, de esta ciudad, que hizo lugar a la excepción de falta de acción formulada por la defensa de Gabriel Trovato y sobreseyó al nombrado en orden al delito por el que fue elevada la causa a juicio, se presenta –en relación con los elementos y constancias obrantes en la causa- al menos prematura.
En efecto, el impugnante expuso fundadamente que, en el estado actual en el que se encuentra la causa, no es posible el dictado de una solución liberatoria como la adoptada, describiendo que se ha puesto fin al proceso mediante un estudio que no ha abarcado la completa dimensión de los elementos obrantes en autos.
Como bien describe el acusador público, al margen de lo descripto en el juicio oral y público respecto de la investigada explotación sexual de “X por parte de Athanassopoulos” y que se ha vinculado al encausado en el caso cómo partícipe del mentado delito, el Ministerio Público Fiscal acusó a Trovato en todas sus instancias por su vínculo personal con el nombrado, el peso de sus influencias en el GCBA y su trabajo específico en la Dirección General de Administración de Infracciones del GCBA, que permitieron que la autoridad administrativa incurriera una y otra vez en la autorización para funcionar del local “Stavros”.
En lo sustancial, al encausado se le ha imputado el haber hecho uso de sus influencias en el manejo de las clausuras que dispuso el Gobierno de la Ciudad sobre el bar nocturno, las que significaron un velo de protección que habría habilitado su funcionamiento a lo largo de los años en pleno corazón del barrio de Recoleta y a la vista de todos.
En el caso de los nombrados a lo largo de las presentes actuaciones se remarcó que su accionar habría posibilitado que el local “Stavros” –de propiedad de Athanassopoulos- pudiera funcionar de manera ininterrumpida y al margen de la legalidad; y que con la colaboración del imputado, el nombrado se asegurara la impunidad tanto en sede administrativa como judicial.
En dicho marco, no existen dudas de que la acusación incluye que el delito de trata de personas y el de explotación están íntimamente vinculadas, pues la última es condición para la primera, ya sea que se haya consumado o no, por lo que sin perjuicio de que no se haya condenado a Athanassopoulos por la explotación de X -se condenó a Gabriel Nicolás Athanassopoulos por considerarlo autor penalmente responsable del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en su modalidad de captación, descartando la explotación posterior que le había sido imputada, por imperio del principio de la duda- su captación tenía una finalidad indiscutible, y habría sucedido en un lugar que habría sido protegido por el aquí imputado.
Así, la defensa siempre ha tenido conocimiento del marco legal y del contexto fáctico por lo que se lo acusa a Trovato, ya que estas circunstancias objetivas se han mantenido invariables a lo largo del trámite de la causa. Desde un inicio la imputación ha sido suficientemente abarcativa, por lo que el encausado ha contado -y cuenta- con pleno conocimiento del marco imputativo y con las adecuadas herramientas procesales necesarias para cumplimentar la estrategia defensiva que entendiera corresponder.
No puede alegarse, entonces, que se haya modificado la plataforma fáctica, ni que la acusación haya presentado circunstancias sobrevinientes ajenas al conocimiento de la defensa, en tanto en la descripción de los hechos endilgados en su contra siempre se ha enfatizado en su condición de funcionario público y las implicancias que ello tenía en los hechos por los que se lo acusaba; circunstancia que se extrae de la lectura de los diversos actos procesales celebrados en autos como la declaración indagatoria, y el requerimiento de elevación de la causa a juicio.
La eventual modificación de la calificación legal en modo alguno puede en el caso significar un cambio en la intimación de los hechos ya que la verificación procesal de éstos no ha presentado variación entre las indagatorias y su acusación al momento de requerir la elevación a juicio, habiendo sido contemplados en oportunidad de resolver y confirmar su situación procesal. En efecto, frente a los mismos hechos el acusador público se encuentra autorizado -debiendo contar siempre con una fundamentación adecuada- a optar por una calificación distinta.
Cabe señalar que el principio de congruencia no es un principio abstracto basado en una formalidad procesal sino que su operatividad se proyecta en el adecuado ejercicio del derecho de defensa, que es inviolable conforme expresamente lo declara la Constitución Nacional en el artículo 18. En el caso de autos, tanto la defensa, como el imputado, conocieron -y conocen-, efectiva y ampliamente, los hechos enrostrados desde el inicio mismo de la causa y las posibles calificaciones legales en torno a esa conducta, por lo que al no haberse acreditado ni concretizado fehacientemente perjuicio alguno al no explicarse de qué defensa se habría visto privadas de ejercer, resulta infundado su planteamiento en el caso.
En este contexto y luego de un examen de la cuestión planteada por el representante del Ministerio Público Fiscal de acuerdo a las constancias de la causa, el sobreseimiento dictado en las presentes actuaciones luce desconectado argumentalmente de la controversia jurídica planteada, y evidencia falta de exhaustividad en el análisis de las constancias incorporadas al proceso. Estas falencias contradicen los fines previstos por la ley para el dictado de este tipo de resoluciones, esto es la certeza sobre el acaecimiento o no de un determinado hecho o suceso histórico, para que el juzgador pueda, con la debida convicción, emitir un juicio asertivo, una afirmación y no una mera suposición o conjetura sobre la adecuación o no de esa realidad histórica a una figura delictiva (causa Nro. 1468 “Santos, Enrique José s/recurso de casación”, Reg.
Nro. 2231, rta. el 22/11/99; causa Nro. 2184 “Pawly, Alberto Oscar s/recurso de casación”, Reg. Nro. 3065, rta. 19/12/2005; causa Nro. 7906 “Morel, Pedro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.686, rta. 26/11/2009, entre otras). Es que, tal como señalé en los precedentes citados, el sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta, y procede cuando al juzgador no le queda duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de que el hecho no se cometió o no encuadra en una figura legal, que el delito no fue cometido por el imputado o de su falta de responsabilidad. A su vez, para resultar aplicable la excepcionalidad pretendida, y no vulnerar la garantía del debido proceso, debe aparecer necesariamente como una consecuencia natural, irreversible e inevitable, que torne innecesario el debate; supuestos que no se constatan en autos (cfr. en lo pertinente y aplicable mi voto en causa “PUCHETA, Nicolás David s/recurso de casación” reg. 2455/15.4, rta. el 23/12/2015).
Por el contrario, las cuestiones que el a quo pretendió tener por acreditadas a fin de dictar la resolución aquí impugnada se presentan controvertidas y deben ser suficientemente analizadas a la luz de las pruebas obrantes en la causa y del resultado que pudieran arrojar aquellas medidas aclaratorias señaladas en el voto que lidera el acuerdo, permitiendo de este modo esclarecer lo ocurrido previo resolver la situación procesal de Trovato.
A lo expuesto, cabe aunar que en los delitos en los que se ve involucrada la trata de personas, la especial situación de sometimiento en la que se encuentran las víctimas de dichas maniobras frente a su agresor, ameritan una especial atención por parte de la justicia (cfr. mi voto causa nro. 1206/2016/1/2/CFC1 Romero Yurquina, Eliseo Alfredo s/ incidente de excarcelación, Reg. Nº 74/17, Sala I, rta. 6/3/17).
Todo ello debe ser analizado conforme a la obligación asumida internacionalmente por el Estado argentino por cuanto se comprometió a tomar todas las medidas apropiadas para suprimir todas las formas de trata de mujeres y su explotación al suscribir el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (“Protocolo de Palermo”), anexo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por la República Argentina mediante la ley Nº 25.632, en el año 2002) debiéndose evaluar especialmente la vulnerabilidad de las víctimas a los efectos de brindarle especial protección de acuerdo a las obligaciones impuestas por las disposiciones contenidas en las Reglas de Brasilia, la Acordada 5/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, y la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Nro. 26.485.
Es que, existe una necesidad imperiosa del Estado de luchar contra este tipo de actividad ilícita, pues tiene como víctimas a un sinnúmero de personas en indudable situación de vulnerabilidad, evidenciado principalmente por su identidad de género, y su condición social y económica. Lo que no solo abarca la prevención, sino también la investigación y el castigo de los autores de estos delitos (cfr. causa “SANTOS, Rodrigo Ernesto s/recurso de casación” reg. 390/22.4, rta. el 7/4/22).
Así, por los principios de oralidad, inmediación y contradicción, el juicio oral y público constituye el escenario propicio para la controversia y el examen del marco fáctico-probatorio de autos. Espacio en el que las partes podrán efectuar planteos y formular las consideraciones que estimen pertinentes dentro del marco de su teoría del caso y en el que se producirá la prueba que permitirá establecer los hechos investigados y determinar eventuales responsabilidades penales.
III. Por lo expuesto, corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, CASAR la resolución recurrida, y REMITIR las presentes actuaciones al Tribunal “a quo” a sus efectos; sin costas en esta instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). Y TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada por la defensa. El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Convocado a emitir mi voto en tercer orden, coincido con el voto de mi distinguido colega que abre el Acuerdo, doctor Javier Carbajo, que a su vez cuenta con la adhesión del doctor Gustavo M. Hornos, en cuanto afirmaron que en el caso no se advierte la violación al principio de congruencia señalado por el “a quo”.
Con relación a la violación al principio de congruencia, habré de recordar que dicho principio descansa sobre una identidad fáctica y no sobre la calificación jurídica que se le otorgue a la intervención del imputado en los hechos reprochados.
Dicho principio procura no dejar desamparado al imputado y a su defensor respecto a sus posibilidades concretas de refutar o inhibir la imputación que pesa sobre aquél, a cuyo tenor deberá disponer de todas las herramientas necesarias para poder probar y alegar contra la acusación que se le formula, vulnerándose así la garantía de la defensa en juicio art. 18 de la Constitución Nacional- (cfr. en lo pertinente y aplicable, voto del suscripto, C.F.C.P., Sala IV, causas: FCR 22000809/2010/TO1/CFC1, “Solari, Fabio Enrique s/ recurso de casación”, Reg. nro. 872/16, rta. el 7/7/16; FCB 48115/2017/TO1/CFC1, “Fernández, Gerardo Fabián s/ recurso de casación”, Reg. nro. 107/19, rta. el 19/02/19; FCR 7043/2016/TO2/CFC1, “Naino, Mario Gustavo y otra s/ recurso de casación”, Reg. nro. 1195/19, rta. el 12/06/19; FSA 25810/2018/TO1/CFC1, “Velasco Navia, Pamela s/recurso de casación”, Reg. nro. 82/20, rta. el 18/02/20; FCB 13194/2017/TO1/CFC6, "Torres, Oscar Javier y otros s/recurso de casación", Reg. nro. 1206/20.4, rta. el 29/07/20 y FSA 7150/2018/TO1/CFC4 “Mateo, Jorge Ernesto y otros s/recurso de casación”, Reg. nro. 298/22, rta. el 22/03/22, entre muchos otros).
De adverso a lo postulado por el “a quo”, en el caso en análisis tanto la descripción del hecho que se le imputa a Gabriel Trovato como las pruebas reunidas en autos permiten la continuidad de la imputación formulada al nombrado y la posible subsunción en otra figura legal distinta a la propuesta primigeniamente por el fiscal de instrucción y señalada en el recurso de casación, esto es el delito de tráfico de influencias previsto y reprimido por el Art. 256 bis del Código Penal, extremo que no fue analizado fundadamente en la resolución impugnada y que deberá ser dilucidado en el correspondiente juicio oral. Al respecto, como ha señalado la defensa de Trovato en la audiencia llevada a cabo en esta instancia, la justicia federal no resulta competente para el juzgamiento de dicha figura legal. Por ello, deberán remitirse las presentes al “a quo” para que se forme el correspondiente incidente de incompetencia.
Resta por señalar que el sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta. Procede cuando el tribunal no le quede duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena (cfr. en lo pertinente y aplicable, causas FCR 52019408/2013/1/CFC1, “Mieres Martín y otros s/ recurso de casación”, reg. nº 1212/18.4, rta. 14/09/2018; CPE 768/2010/6/1/CFC1, “Bladimirsquy, José Fernando y otros s/recurso de casación”, reg. nº 1782/18, rta. 15/11/2018; FSM 66669/2014/1/CFC1, “Logística Victoria y otro s/ recurso de casación”, reg. nº 1944/18.4, rta. 12/12/18; CFP 7216/2016/CFC1, “Katunin Alexander Yacovlevich y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 105/19.4, rta. el 19/02/2019; FSA 7791/2013/CFC1, caratulada: “Vera Cucchiaro, Javier s/recurso de casación”, reg. Nro. 1973/20.4, rta. el 7/10/2020; CFP 5542/2017/11/CFC1, caratulada: “Bonatti, Sebastián Santiago y otros s/recurso de casación”, reg. 2390/20.4, rta. el 26/11/20.4 y causa CFP 5092/2017/5/CFC1, caratulada: “Achata Iquize, Remberto s/recurso de casación”, reg. 358/21.4, rta. el 6/04/21, todas de esta Sala IV de la C.F.C.P., entre otras).
La necesidad de certeza negativa para sobreseer a una persona con respecto a determinado hecho resulta un mandato procesal esencial (C.S.J.N., M.1232.XLIV, “Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ denuncia Las Palomitas – Cabeza de Buey s/ homicidio, privación ilegítima de la libertad y otros”, rta. el 26/9/2012, y C.F.C.P., Sala IV, causas nº 946/2013, “Pereyra, Mario Ariel s/recurso de casación”, reg. nº 672/2014, rta. 24/4/2014, y CPE 921/2012/CFC2 “Bossio Diego s/ recurso de casación”, reg. nº 1139/17, rta. 31/8/17); extremo que, por el momento, no se verifica en el sub lite.
La finalidad última del proceso penal consiste en la averiguación de los hechos que se reconocen de interés para la apreciación de la responsabilidad de los imputados (cfr. Fallos: 321:1385 y 342:624), a lo que se aúnan las particularidades de los hechos que aquí se investigan y el rol que como funcionario público Gabriel Trovato podría haber cumplido, relativo a una actividad ilícita vinculado a la trata de personas, que se habría desarrollado en el local cuyo funcionamiento habría posibilitado.
De conformidad con lo expuesto, propongo al
I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, casar la resolución impugnada y remitir las presentes actuaciones el tribunal “a quo”, a sus efectos. Sin costas en la instancia (Arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la defensa.
Por ello, en mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, CASAR la resolución impugnada y REMITIR las presentes actuaciones al tribunal “a quo”, a sus efectos. SIN COSTAS en la instancia (Arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada por la defensa.
Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.), remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío. Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de Cámara.
Fin de la sentencia