Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 33.788-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 528/13 (AD MEND), dictada por el Administrador de la Aduana de Mendoza, en la Actuación SIGEA N° 12444-61-2009 (SA38-09-154).
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-52632809-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Mayo de 2024 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Señores vocales miembros de la Sala “G” Dres. Horacio Joaquín Segura, Dr. Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados: “TTES. MGTS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 33.788-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Se trata de resolver en autos, si resulta ajustada a derecho, la Resolución Fallo N° 528/13 (AD MEND) dictada con fecha 24/07/2013 por el Administrador de la Aduana de Mendoza, en la actuación SIGEA N° 12444-61-2009 (SA38-09-154) mediante la cual intima a la firma TTES. MGTS S.A. y al chofer Carlos Ceferino Suarez al pago de una multa por la suma de $ 33.335 por la comisión de la infracción de contrabando menor art. 947 del C.A. y declara el comiso irredimible de la mercadería secuestrada.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 13/15vta. se presenta por apoderado la firma TTES MGTS S.A. e interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución. Efectúa una reseña de los hechos ocurridos que originaron la presente causa. Señala que el Sr. Carlos Suarez trabajo en la empresa como chofer del 08/01/09 al 31/03/09 que renunció a la firma con fecha 31/03/09, y que durante ese lapso de tiempo esta persona realizo operaciones de contrabando de mercadería sin conocimiento de la empresa de transporte y ofrece pruebas como fundamento de sus dichos. En subsidio, plantea la falta de personería y competencia del funcionario firmante de la resolución aduanera de instrucción del sumario, asimismo señala que no hay observancia de las formas legales. Cita normativa. Finalmente, ofrece prueba. Plantea cuestión federal, y solicita que se revoque el fallo aduanero apelado, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 26/29vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora en autos y acompaña las actuaciones administrativas de la presente causa. Niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Hace mención a los hechos conforme surgen de las actuaciones administrativas. Afirma que la conducta de la actora se encuadra en la figura del art. 947 del C.A. En cuanto al planteo de nulidad señala que el funcionario firmante de la resolución aduanera se encontraba en uso de las atribuciones legales conferidas como Juez Administrativo de la Aduana de Mendoza. Asimismo, manifiesta que de las constancias del expediente administrativo, ha quedado acreditado que el accionar de la actora configura la infracción imputada y que no probó ni prueba con la presente apelación que su actuar haya sido conforme al derecho. Finalmente, ofrece prueba, se hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la sentencia apelada, con costas.
IV. Que a fs. 1 de la Actuación Nº 12444-61-2009 obra el Acta Nº 086/2009 del cual surge que: “En la jurisdicción de la Oficina "F" - Punta de Vacas, Sub-dependencia de la División Aduana de Mendoza, ubicada en la localidad de Punta de Vacas, Departamento Las Heras, Provincia de Mendoza, siendo las 00:30 hs. del día 05 (cinco) de Febrero del 2009, (...) que al arribo a este punto operativo, procedente de la República de Chile del medio transportador perteneciente a la empresa de transportes TRANSPORTES MGTS S.S., dominio colocado FSB591 y semirremolque GSV228, conducido en esta oportunidad por el Sr. CARLOS SUAREZ, de nacionalidad argentina, quien acredita identidad con D.N.I. N° 27.981.126, que exhibe y retiene, documentado con MIC/DTA N° 14464, declarando venir en "lastre" transportando contenedores APZU362989-2 y APZU362129-5; que al proceder a la revisión del medio, se detecta mercadería sin declarar dentro del contenedor APZU362129-5 constando de 10 (diez) bultos, según el siguiente detalle: 95 (noventa y cinco) docenas de medias algodón poliester marca TUO YI, sin pie de industria 41 (cuarenta y una) docenas de mochilas, varias marcas, varios modelos, diversos materiales, niños y adultos, en su mayoría con pie de industria CHINA- 24 (veinticuatro) docenas de remeras de material sintético, de diferentes equipos de futbol, nacionales e internacionales, algunas con pie de industria PERU.
Atento encontrarse los elementos antes citados en infracción a la Ley 22 415, quedando alojada la precitada mercadería en este Resguardo pasando a constar de 17 (DIECISIETE) BULTOS y a la espera de su remisión al Depósito de Secuestros de la División Aduana de Mendoza...” y firma el conductor, apoderado y el guarda de la aduana. A fs. 2 obra copia del MIC/DTA N° 14464, de la empresa de Transportes MGTS SS, tractor dominio FSB-591 y Semi dominio GSV-228 declarando venir en "lastre" transportando contenedores APZU362989-2 y APZU362129-5. A fs. 3/5 obra el Listado Acta–Lote: 2009-038-00075 del cual surge el detalle de la mercadería secuestrada por el servicio aduanero y el aforo de la misma. A fs. 6/7 obra Res.
Nº 154/09 la cual instruye sumario contra la recurrente y el chofer por la presunta comisión de los delitos aduaneros previstos en los arts. 863, 864, 865 inc. g) del Código Aduanero, encuadrando dicha conducta en la infracción de contrabando menor prevista en el art. 947 del C.A. y se dispone correr vista a los presuntos responsables. A fs. 10/18 obra presentación del apoderado de la empresa de transporte -con fecha 25/09/2009. A fs. 19 se corre vista al chofer y a la empresa de transportes (25/09/09) (la empresa de transporte se notifica personalmente y retira copia con fecha 25/09/09). A fs. 20/35 la actora mediante apoderado contesta la vista y ofrece prueba (09/10/09). A fs.40 se deja constancia que se notificó al Sr.
Suarez Carlos por lista el auto de corrida de vista 25/09/09. A fs. 41 se tiene por presentada a la empresa. A fs. 48/49 obra Dictamen Nº 345/13. A fs. 56/60vta. se dicta la Resolución Fallo N° 488 apelada en autos.
V. Inicialmente, corresponde tratar el planteo de nulidad invocado por la actora, respecto a la falta de personería y competencia del funcionario firmante de la resolución aduanera de instrucción del sumario, asimismo señala que no se observaron las formas legales.
Sin perjuicio del análisis particularizado de cada una de las nulidades esgrimidas por la actora, cabe señalar, genéricamente, que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED, SALA II, 9/10/96, entre otros).
De las constancias administrativas surge que la Resolución de Apertura Nº 154/09 se encuentra suscripta por el Administrador de la Aduana de Mendoza quien se encuentra facultado y resulta competente para proceder a la apertura del sumario atento a las atribuciones legales que le fueron otorgadas en su carácter de Administrador de Aduana. Asimismo, surge del acto de instrucción el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del C.A., como el cumplimiento de la corrida de vista y todos los pasos procesales tendientes a garantizar el derecho del defensa de la actora.
Por lo expuesto, la resolución aduanera de instrucción de sumario no resulta arbitraria a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (ley 19.549) (aplicable en forma supletoria de conformidad con lo dispuesto en el art. 1017 del C.A) en cuanto, en su artículo 7° determina los requisitos esenciales que debe reunir todo acto administrativo. En virtud de ello, la nulidad invocada por la parte actora no puede prosperar. Sin imposición de costas al respecto.
VI. Que corresponde resolver si la resolución recurrida por la que se imputa a la recurrente por la comisión de la conducta prevista en el art. 947 del C.A., se ajusta a derecho.
El art. 947 del C.A en su parte pertinente prevé que: “En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de pesos quinientos mil ($500.000), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando menor y se aplicará exclusivamente una multa de dos (2) a diez (10) veces el valor en plaza de la mercadería y el comiso de ésta..”.
Que el delito de contrabando imputado a la recurrente se encuentra reglado en el Capítulo I del Título I de la Sección XII del C.A, arts. 863 y ss. En lo que aquí importa, cabe mencionar que en el art. 863 se reprime al que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones. Que como surge del texto del art. 947, para que se configure el contrabando menor es necesario que se encuadre la conducta en cuestión en alguno de los supuestos previstos en los arts. 863, 864, 865, inc. g), 871 y 873, del Código Aduanero. Vale decir, el art. 947 no describe conducta punible alguna, por lo que resulta imprescindible encuadrar la conducta o el "hecho" que se pretende reprimir en alguna de los supuestos o tipificaciones legales que se describen en las normas citadas.
En el caso corresponde subsumir la conducta de la imputada en el art. 864, incs. b) del C.A., los que prescribe que “Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que: (…) b) Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación...”.
VII. En el caso de autos, el medio de transporte involucrado se trata de un camión dominio FSB591 y semirremolque GSV228, de la empresa de Transportes MGTS S.A, en esa oportunidad conducido por el Sr. CARLOS SUAREZ, de nacionalidad argentina, D.N.I. N° 27.981.126, quien transportaba en lastre los contenedores APZU362989-2 y APZU362129-5, conforme MIC/DTA N° 14464, del Acta surge que “...al proceder a la revisión del medio, se detecta mercadería sin declarar dentro del contenedor APZU362129- 5 constando de 10 (diez) bultos, según el siguiente detalle: 95 (noventa y cinco) docenas de medias algodón poliester marca TUO YI, sin pie de industria 41 (cuarenta y una) docenas de mochilas, varias marcas, varios modelos, diversos materiales, niños y adultos, en su mayoría con pie de industria CHINA- 24 (veinticuatro) docenas de remeras de material sintético, de diferentes equipos de futbol, nacionales e internacionales, algunas con pie de industria PERU.” Y se procedió al secuestro de la misma por el servicio aduanero.
En autos, el único personal del transportista involucrado, era el conductor del camión el Sr. CARLOS SUAREZ quien por la naturaleza del medio de transporte tenía la responsabilidad de la realización de ese transporte “en lastre” desde Chile hasta el destino indicado en el manifiesto, y asimismo la responsabilidad de la realización los trámites pertinentes en relación con ese transporte frente a las autoridades del país donde ingresaba.
Tratándose de una sanción de naturaleza penal rigen sobre el caso los principios de esa rama del derecho. Así, sancionar a la persona jurídica por el principio de responsabilidad objetiva se aleja del principio de inocencia tutelado por la C.N.
Al respecto, cabe señalar que tal como surge en la Exposición de Motivos del Código Aduanero que “…todas las hipótesis que reprime el artículo 864 requieren dolo…”, por lo cual queda descartado que el tipo pueda configurarse con el elemento subjetivo culposo.
En este sentido, el dolo consiste en saber y querer: “Sin conocimiento no hay finalidad, aunque puede haber conocimiento sin finalidad”. En el tipo culposo se vulnera el deber de cuidado, provocando un resultado, pudiéndose hablar de tipo subjetivo culposo sólo en la culpa consciente y temeraria (ZAFFARONI, Eugenio R. y otros, Manual de Derecho Penal –Parte General, 2005, ps. 399/402, 423/427 y 436).
Que de la compulsa de las actuaciones administrativas no obran elementos de prueba suficiente para demostrar la connivencia entre la firma transportista y el chofer para realizar la conducta ilícita aquí endilgada, extremo de hecho que proporcionaría la certeza en torno a la voluntad de la actora en cometer la infracción.
En este sentido, me remito a lo dicho en los autos “COHEN, Nessim (TF-26.999-A) C/ DGA. Expte. Nº 24.684/2011.SALA V. (C.N.A.C.A.F.), caso similar al de autos, “…en esta materia corre a cargo del Fisco obtener elementos de juicio adicionales tendientes a acreditar la intencionalidad del imputado, ya que la normativa aplicable no autoriza a presumir su culpabilidad e invertir la carga de la prueba (doctrina de Fallos 295:782; 311:444)”. “Es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido la validez de presunciones sobre la existencia de un delito, en tanto las circunstancias fácticas contempladas por la ley la sustenten razonablemente y en tanto se acuerde a los procesados oportunidad de defensa y prueba de descargo (Fallos 313:235, considerando 7° y sus citas). Sin embargo, ello depende de la estructura del tipo penal o infraccional de que se trate. En el caso del contrabando menor, no existe ninguna presunción con base legal, por lo que los elementos de convicción -en caso de no tratarse de pruebas directas- deben ser claros, precisos y concordantes y aportados por el servicio aduanero en el curso de la investigación sumarial…”.
Por lo expuesto corresponde aplicar el principio del art. 898 del CA, de modo que debe revocarse la multa por la infracción penada por el artículo 947 del C.A. impuesta al la empresa de Transporte MGTS SA.
Por ello, voto por:
Revocar la Resolución N° 528/13 (AD MEND), dictada por el Administrador de la Aduana de Mendoza, en la actuación SIGEA N° 12444-61-2009 (SA38-09-154) mediante la cual condena a la firma TTES. MGTS S.A. por la comisión de la infracción de contrabando menor art. 947 del C.A., con costas a cargo de la DGA.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, como así también el pronunciamiento acerca de la nulidad invocada, al cual adhiero, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr. Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. En el caso que se presenta a consideración de este Tribunal, en resumidas cuentas, se adjudica responsabilidad al sujeto principal por un hecho cometido por su dependiente. En este sentido, corresponde analizar si resulta razonable atribuir la responsabilidad endilgada al principal. En esas condiciones, en el voto preopinante se exime a la actora por considerar que no se configuran en el caso los presupuestos subjetivos de responsabilidad.
En sentido contrario, vengo una vez más a reafirmar que, en el ámbito sancionador aduanero y, en general, en el derecho administrativo sancionador, el principal no puede excusarse de los hechos realizados por sus dependientes. Se trata de una política legislativa sancionatoria absolutamente razonable en virtud de los específicos propósitos regulatorios que nos ocupan.
En este caso, siquiera podría excusarse la responsabilidad por el hecho de que la mercadería se encontraba bajo el dominio del dependiente en un ámbito en el que el principal no podría tener injerencia sin menoscabo de los derechos personalísimos del empleado.
Así las cosas, observo que la actuación atribuida al Sr. Carlos Suarez no desliga de responsabilidad a la firma transportista, la cual se limitó a enfatizar su desconocimiento acerca del accionar de su dependiente. Ello, por cuanto el principio fundamental de derecho penal según el cual sólo puede ser reprimido quien sea culpable no condice los fundamentos del derecho sancionador administrativo ni con la realidad de los sujetos obligados por las normas administrativas.
Permitidme que insista en que, cuando una persona es habilitada a realizar una actividad de interés colectivo, tiene que hacerse cargo de las consecuencias múltiples que depara su realización. A la vista de lo que antecede, donde, de ordinario, hay que cumplir exigencias reglamentarias para realizar la actividad, considerar si existió una diligencia debida en el cumplimiento del deber es un dispendio de esfuerzos. Debiéramos considerar que, de ordinario, el obligado presenta credenciales en donde se compromete a realizar la actividad bajo determinados parámetros. Es de suponer que en caso de producir el resultado prohibido fue porque no se cumplió con algunos de los estándares exigidos por la reglamentación. Evitar la discusión sobre ese punto está lejos de exclamar un retorno a épocas donde la sanción se sustentaba en criterios esotéricos.
III. Desde el punto de vista de la política administrativa, la traspolación del principio de culpabilidad implicaría regular un fenómeno de interés colectivo bajo el andamiaje propio de la época de la ilustración. Adviértase que las condiciones de evitabilidad ponderadas bajo el manto del principio de culpabilidad están vinculadas al aspecto interno (subjetivo) de la infracción y operan funcionalmente para excluir la pura responsabilidad por el resultado. El hecho es evitable, en primer término, cuando -como se dice usualmente- el individuo "sabe lo que hace" (dolo) o bien es responsable por un déficit (error evitable) de conocimiento o instrumental (culpa).
Veámoslo más de cerca, y reparemos que, si no se acepta a la culpabilidad como presupuesto del castigo, el error no excluiría la posibilidad de aplicar la sanción. No debería existir dudas de ese criterio en los casos en que se prevén sanciones dirigidas a un sujeto que no participa en las conductas sancionables, ya que, por más que la norma sancionadora estableciera la responsabilidad de un sujeto, si este no configurase la conducta sancionable, sería irrelevante evaluar su responsabilidad subjetiva. Cuando las disposiciones establecen una responsabilidad solidaria, en rigor de verdad, lo que disponen es un régimen de responsabilidad objetiva.
Deseo, en este contexto, subrayar solamente que, si un sistema resulta disociado a la autoría y la responsabilidad, no tiene sentido valorar aspectos subjetivos de la conducta del responsable. Cuando la ley dispone que existe un garante del cumplimiento de la obligación de otro no se requiere el examen del dolo o la culpa en un supuesto deber de diligencia o cuidado respecto del infractor en la comisión de la falta[1]. No digamos pues, que no existe relación intrínseca y necesaria entre el principio de culpabilidad y el principio de responsabilidad personal. Cuando el sujeto puede ser sancionado por un acto que no es propio, la responsabilidad no se establece a partir de juicios de reproches personalísimos.
IV. En ese sentido, debiéramos considerar que, en el campo penal, la exigencia de culpabilidad e imputación personal deriva de que fueron concebidas para poner coto a la libre iniciativa. Si volvemos nuestra mirada al ámbito administrativo, la intervención no tiene en miras abrir juicios morales ni examinar su conciencia de compromiso con el ordenamiento jurídico. Antes bien, la esencia del sistema responde a conjurar los riesgos de una explotación al margen de los condicionamientos previos.
V. Antes de seguir adelante, conviene saber que la sanción administrativa no debe ser la consecuencia de una conducta –activa u omisiva– reprochable a su autor. Bien, pareciera por todo lo anterior, que el poder de sanción puede transmitirse por los vínculos que existen con el autor de la infracción o con el objeto con el cual se cometió la misma. No mediando un reproche por la acción u omisión, sino descansando la responsabilidad por la relación o la situación jurídica, en rigor, asistimos a un escenario en que la situación que amerita sanción se dispone a partir de hechos objetivos.
No es esto decir, ni mucho menos, que, al imputado, no deba garantizársele su derecho de defensa. Debiéramos considerar que, al consagrarse la responsabilidad objetiva, se podrá sancionar sin indagar en las circunstancias subjetivas y sin darle posibilidad al sujeto imputado de oponer causales justificativas que lo eximan de su responsabilidad.
No gastemos muchas palabras en consignar que la responsabilidad objetiva no desconoce la norma constitucional ni los tratados internacionales en materia de derechos humanos. A estas alturas, no hay que alargarse respecto de que la potestad sancionadora administrativa es una manifestación del derecho administrativo. No necesito detenerme en dar precisiones de por qué razón el régimen administrativo no se confunde con el penal.
Me he ocupado en otros casos de explicitar que entre uno y otro existen profundas diferencias de contenido u objeto y de finalidad, que no obligan en ningún modo ni al intérprete ni al legislador, para hacer extensivas las orientaciones, los principios y las reglas de uno al otro, mucho menos en el ámbito de la determinación de la responsabilidad por su aspecto subjetivo o de la culpabilidad.
VI. Así las cosas, es claro que las disposiciones penales se erigen con miras a proteger bienes jurídicos específicos que deben protegerse mediante la tipificación de las principales hipótesis de conducta lesiva que ameritan un reproche por el grado de desdén del autor del delito. En sentido opuesto, las reglas administrativas sancionadoras no operan en el ámbito de la libertad individual, sino en el terreno de la distribución proporcional de los bienes comunes.
Por dichas razones, se admite la no pertinencia de los elementos subjetivos de la conducta tipificada previamente como sancionable. La circunstancia de que las sanciones impuestas a los infractores excluyan la prueba de factores subjetivos propios de las conductas delictivas, como son el dolo y la culpa, no significa el desconocimiento del debido proceso, pues la imposición de las condignas sanciones no se hace de plano y sin procedimiento alguno, sino previo el agotamiento de un debido proceso, en el que la administración le debe demostrar al investigado la comisión de una infracción, que de ser cierta conlleva la formulación de cargos al posible infractor con el fin de que, una vez notificado de ella, exponga las razones de su defensa.
VII. En el caso que aquí se presenta, el resultado sancionatorio que se atribuye al obligado por la actuación de otro- a quien denominaremos extraneus- no se fundamenta en una imputación personal que presupone y fundamenta en la existencia de un comportamiento culposo. El fundamento material para la obligación de responder subyace en una causalidad jurídica más que en un examen de la realidad. Más aun, deseo, en este contexto, subrayar que existe una imputación legal, por cuanto la atribución de responsabilidad puede concebirse sin mediar ningún tipo entre la actuación del extraneus y el responsable. En los dos esquemas analizados puede existir una doble esfera de responsabilidad, la del extraneus y la del responsable. En el primer modelo expuesto, esta dualidad se corresponde a una doble imputación subjetiva. Por un lado, se atribuye de forma directa responsabilidad al sujeto que realizó el acto antijuridico; y, por otro, de forma indirecta, a aquél al que se le comunica la responsabilidad, en virtud del criterio subjetivo de la culpa. En el segundo modelo, existe una imputación subjetiva al intraneus en virtud de un criterio subjetivo (culpa); y una imputación subjetiva del garante en virtud de los criterios absolutamente objetivos de responsabilidad.
VIII. En las condiciones indicadas, el carácter objetivo o subjetivo de la infracción se puede establecer tomando en consideración las razones que pueden excusar el cumplimiento de la falta. Si el sindicado como responsable puede excusar su responsabilidad por una situación particular, el modelo de imputación sería subjetivo. En cambio, si no existen circunstancias personales que atenúen o eliminen la imputación, tales como error excusable de hecho o de derecho, el modelo de responsabilidad será objetivo.
IX. En esa inteligencia de la cuestión, abrevo que la finalidad de la norma sancionadora no es castigar a quien, por su culpa o negligencia, incumplió con su deber jurídico. Por ello, conviene más bien mantener en primer plano que los ilícitos administrativos no son ilícitos de acto sino de autor. Desde luego, y sin ir más lejos, nadie duda de que no se puede entender la falta administrativa sin comprender la obligación previa que se impone a determinados sujetos. Dentro de este marco ha de considerarse que no se le impone la obligación en razón de una cuestión moral. En ese sentido, aunque no falten opiniones en sentido contrario, el ilícito administrativo presenta la singularidad de que sólo pueden ser autores aquéllos sujetos intranei que se encuentran en condiciones de infringir los deberes administrativos. Desde este ángulo, únicamente pueden ser autores los sujetos vinculados por el deber administrativo en cada caso concreto. Sin embargo, obviamente, los extranei (por ejemplo, todos los subordinados, asesores, apoderados, terceros no obligados, etc.) pueden ser las personas que verdaderamente tienen el dominio del hecho. En materia administrativa sancionadora, pretender que la responsabilidad puede establecerse únicamente a partir de juicios de reproche personalísimos, implicaría la impunidad de todos los casos en que el dominio del hecho es de los terceros que no son obligados. Ahí me interesaba llegar para vislumbrar que al legislador administrativo no le interesa en lo más mínimo si el obligado realizará la conducta debida por ser o bien será asistido por un tercero. Menos debería importarle sindicarle una responsabilidad refleja por culpa en la elección o en la vigilancia. El legislador lo hace responsable por la existencia de un deber previo que debió garantizar por su posición idónea para asegurar una distribución proporcionada de las cargas públicas. Es decir que, en esta clase de ilícitos, el criterio determinante de la responsabilidad no está dado por el dominio del hecho, sino por la garantía del cumplimiento del deber. Dicho de otro modo, el obligado es responsable, independientemente que tenga o no el dominio del hecho, ya que puede delegar el manejo de su patrimonio, pero no su condición de obligado, de la cual no puede desentenderse.
X. En ese estado de cosas, permitidme que insista. En el caso de los ilícitos administrativos, carece de relevancia si se actúa o si se omite. El criterio del dominio del hecho es incompatible en su aplicación en los ámbitos de los deberes de colaboración administrativos, especialmente, cuando estos demandan actividades muy complejas como en el caso de la función tributaria. Así, por ejemplo, podemos percibir que el error excusable no puede afincar en una razón de fuerza mayor que impidió controlar a sus subordinados. Por ello, dije más arriba que la única situación que tiene relevancia jurídica es la del obligado. A él se le pide que cumpla con su obligación, no se le pregunta si lo hará por si o por interpósita persona, y las únicas excusas que serán contemplables son todas aquellas que harían irrazonable el cumplimiento del deber en cualquier tiempo y circunstancia. Verbigracia, no tiene entidad excusarse so pretexto que un ladrón entró al estudio contable del contador contratado e impidió la presentación en tiempo y forma. Si, en cambio, podría tener relevancia el incumplimiento en razón de que los servidores del organismo recaudador no estaban funcionando regularmente y no permitían el cumplimiento del deber.
XI. En definitiva, no es esto decir, ni mucho menos, que los perfiles subjetivos sobre los que se pretende construir la responsabilidad sancionadora administrativa, de manera generalizada, fuerzan el planteamiento y terminan igualando los casos en que el obligado se comportó de forma diligente o negligente. En efecto, admitida la exigencia de culpabilidad para la apreciación de las infracciones, ha de admitirse también, consecuentemente, las mismas causas eximentes de la culpabilidad. Sin embargo, como la presunción de inocencia no impide que la carga de la prueba de la causa de justificación recaiga en el sindicado como responsable, lo cierto es que en la práctica se ha transformado en una presunción iuris et de iure la inexistencia de causa exculpatoria. En consecuencia, permitidme hacer notar que, en los casos en que el encartado quiere ser exculpado, no le es suficiente alegar y probar que en el caso en concreto obró con la diligencia debida a las circunstancias de tiempo y lugar. Por ello, terminaré diciendo que el estándar de la inevitabilidad dista mucho del aplicable en el proceso penal, habida cuenta de que su corroboración no depende de las circunstancias de hecho y las personales del responsable.
XII. Es por todo lo expuesto que, a mi criterio, corresponde confirmar la Resolución apelada, con costas. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 528/13 (AD MEND), dictada por el Administrador de la Aduana de Mendoza, en la Actuación SIGEA N° 12444-61-2009 (SA38-09-154).
2. Costas a la vencida.
Dra. Claudia Sarquis dijo:
Que en lo referido estrictamente al ámbito jurisdiccional, y en los términos expresos del art. 903 del C.A., adhiero en lo sustancial y en especial a la parte resolutiva, al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar la Resolución N° 528/13 (AD MEND), dictada por el Administrador de la Aduana de Mendoza, en la Actuación SIGEA N° 12444-61-2009 (SA38-09-154).
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. [1] Se trata de una idea mantenida en Alemania por B. Schünemann. Este autor entiende que la única posibilidad de legitimar la imposición de una sanción, penal o administrativa, a las personas jurídicas prescindiendo de la culpabilidad radica en lo que denomina el estado de necesidad del bien jurídico -véase B. Schünemann (1979), Unternehmenskriminalität und Strafrecht, págs. 235 y ss-.
Date: 2024.05.21 12:02:35 ART Date: 2024.05.21 12:17:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.21 13:00:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.21 13:00:48 -03:00
Fin de la sentencia