Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-59478049-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 7.623.877 (Pesos siete millones seiscientos veintitrés mil ochocientos setenta y siete) equivalente a 74,69 (setenta y cuatro con 69/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 19.059.692 (Pesos diecinueve millones cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y dos) equivalente a 186,72 (ciento ochenta y seis con 72/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 17/2026 (CSJN 03/08/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
3Regular los honorarios de la Contadora Tatiana Sabrina Sgroi, por su actuación como perita contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $6.346.601 (Pesos seis millones trescientos cuarenta y seis mil seiscientos uno) equivalente a 62,18 (sesenta y dos con 18/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada, el monto del litigio y demás pautas establecidas en los artículos …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-79371689-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Agosto de 2026 Impuesto a las Ganancias En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O’Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX- 2025-59478049-APN-SGAI#TFN caratulado “TUBHIER S.A. s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias”
El Dr. Martín dijo:
I. Que por IF-2025-59477938-APN-DTD#JGM Tubhier S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución N° RESOL-2025-93-E-AFIP-DVRRME#SDGOPII de fecha 8 de mayo de 2025 dictada por la Jefa (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mendoza de ARCA, por la cual se impugnó la declaración jurada presentada en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2018 y se determinó su obligación impositiva en la suma de $21.009.886,87 con más intereses resarcitorios. Asimismo, se aplicó una multa equivalente al 100% del gravamen dejado de ingresar en los términos del art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Expone los antecedentes normativos que rodean el caso y concluye en que si bien mediante ley N° 27.430 se comenzó a reconocer los efectos de la inflación en la liquidación del Impuesto a las Ganancias a partir del período fiscal 2018, un año después, con índices de inflación cada vez más elevados y próximos al cierre del ejercicio 2018, se modificaron los parámetros y, en consecuencia, el mecanismo del Título VI devino virtualmente inaplicable para dicho período fiscal. Así, sostiene que en el hipotético caso de que, en el año 2018 hubiera tenido lugar una inflación superior al 55% anual conforme IPC, la cláusula transitoria dispuesta en el segundo art. s/n° a cont. del art. 118 de la LIG obligaría a que solo se pudiese reconocer un tercio (1/3) del impacto de tal inflación en ese ejercicio fiscal, debido a que recién en el ejercicio 2021 la totalidad del ajuste (ganancia o pérdida) que se genere en ese año sería totalmente computable, en el caso que corresponda aplicar el ajuste por inflación porque la variación del IPC acumulada en los 36 meses anteriores superó el 100%.
Alude a los antecedentes jurisprudenciales del Máximo Tribunal emitidos sobre el tema, y en especial menciona el caso “Candy S.A.”, en el que se consideró demostrado que, al determinar el Impuesto a las Ganancias sin aplicar el ajuste por inflación, la alícuota efectiva del tributo a ingresar por la contribuyente no era del 35% sino que, representaba el 62% del resultado impositivo ajustado para el ejercicio 2002 o, el 55% de las utilidades contables ajustadas obtenidas en ese mismo año, lo cual resultaba claramente confiscatorio.
Asegura que la pericia contable ofrecida permitirá tener por acreditado que, la alícuota efectiva del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2018, sin aplicar los mecanismos de ajuste por inflación impositivo en su totalidad en dicho ejercicio, representa un 55% en el marco de la promoción industrial, de acuerdo con los Estados Contables auditados de Formar S.A. -de la que es su continuadora- al 31 de Octubre de 2018, por lo que remarca que se superó holgadamente el 35% fijado por el legislador, resultando en consecuencia el gravamen confiscatorio al amparo de la jurisprudencia de la CSJN.
Entiende que se ocasiona una lesión a su derecho de propiedad dado que las normas que imposibilitan la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación generan el ingreso de un tributo cuya alícuota efectiva no sería el 35% previsto por la LIG, sino un 55% respecto del resultado contable ajustado en el marco de los beneficios promocionales de acuerdo con los Estados Contables.
Sostiene que la impugnación de la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación en la determinación del Impuesto a las Ganancias del período 2018, es improcedente, toda vez que, lo contrario implica una violación del derecho de propiedad por verificarse un supuesto de confiscatoriedad.
Se agravia de que en sede administrativa se haya desestimado la certificación contable sobre la declaración jurada de la incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre los resultados de Formar S.A. -empresa absorbida por Tubhier S.A.-” y la prueba pericial contable propuesta, cuando ambas resultaban fundamentales a los fines de acreditar la confiscatoriedad del gravamen.
Reconoce que la normativa aplicable es clara en cuanto le impide aplicar el mecanismo de ajuste por inflación en el período fiscal 2018, sin embargo manifiesta que, la no aplicación de dicho plexo normativo conlleva a la determinación de un Impuesto a las Ganancias confiscatorio en los términos de la jurisprudencia de la CSJN desde el precedente “Candy S.A.”. Concluye en que la confiscatoriedad se configura en su caso ya que para cumplir con la carga tributaria del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2018 pretendida por el Fisco Nacional, tendría que aplicar más del 50% de su utilidad del ejercicio, en evidente trasgresión al principio de no confiscatoriedad.
Indica que la resolución apelada también comprendió un ajuste por diferencia de ventas pero al rechazarse la producción de la prueba pericial contable ofrecida se le impidió ejercer su derecho de defensa al respecto. Se queja de los intereses resarcitorios exigidos en razón de que no se expresa fundamento alguno sobre su procedencia. Considera que no se deben intereses porque no hay omisión de ingreso del tributo, ni tampoco se cumplió con la constitución en mora ya que no todo retardo en el cumplimiento de la obligación genera responsabilidad del deudor, sino que ésta debe ser atribuible a título de culpa o dolo.
Alega que no cometió infracción alguna, por lo que entiende que la multa impuesta resulta improcedente al no configurarse los elementos objetivo y subjetivo del tipo infraccional que se pretende aplicar. Agrega que el Fisco no acreditó ni probó que su conducta haya sido culposa o al menos negligente. En subsidio, peticiona que se aplique la figura del error excusable debido a que su conducta tenía sustento en la jurisprudencia de la CSJN desde el fallo “Candy S.A.” en adelante.
Por último, ofrece prueba documental y pericial contable y por los argumentos desarrollados y la jurisprudencia citada pide que se haga lugar al recurso y se deje sin efecto la resolución apelada, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional. Hace reserva del caso federal.
II. Que por IF-2025-87781419-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Hace saber que el ajuste efectuado proviene de conductas contrarias a normas específicas que regulan la liquidación del Impuesto a las Ganancias, atento que se verificó que Tubhier S.A. incluyó en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2018 -cierre octubre- el concepto de ajuste por inflación impositivo, el cual resulta improcedente. Señala que Formar S.A., absorbida por Tubhier S.A., calculó el ajuste por inflación y lo expuso como ajustes que disminuyen la utilidad en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período mencionado.
Pone de resalto que el ejercicio fiscal involucrado inició el 1° de noviembre de 2017, por lo que, por aplicación de la normativa vigente al momento, no corresponde deducir importe alguno en concepto de ajuste por inflación, sin perjuicio de que la actora pretenda la aplicación de dicho plexo normativo en su caso concreto en los términos de la jurisprudencia de la CSJN en el precedente “Candy”. Con relación a dicho caso señala que, en el mismo se toma la incidencia del ajuste Estático y Dinámico (Título VI) fijándola en el 62%, mientras que en el presente caso la actora unilateralmente señala que la alícuota efectiva del impuesto sin ajuste por inflación es de 55% para afirmar el carácter confiscatorio del gravamen reclamado, sin dar fundamentos válidos de ello.
Por lo tanto, considera que a los fines de la determinación del resultado impositivo, se deben tomar las cifras consignadas en los balances comerciales o, en su caso impositivos, confeccionados en moneda histórica y, practicar los restantes ajustes que correspondan previstos por la Ley del Impuesto a las Ganancias sin considerar corrección alguna mediante la aplicación de índices.
Con relación al agravio al principio de no confiscatoriedad la actora debe llevar adelante una acabada etapa probatoria, de la cual surja con absoluta nitidez que el impuesto determinado absorbe una porción sustancial de su patrimonio, en razón de no advertirse en el caso bajo análisis tal circunstancia, al tener la posición fiscal sustento en la ley aplicable. Manifiesta que el procedimiento seguido preservó en todo momento el debido proceso adjetivo, encontrando la resolución recurrida su causa en los antecedentes generados por la fiscalización practicada, la que se desarrolló con total apego a la normativa vigente y conforme las facultades contenidas la ley de procedimiento tributario.
Advierte que el agravio desarrollado en su recurso se circunscribe al hecho de cuestionar que se cumplió al aplicar la normativa aplicable, sin que sus argumentos sobre la vulneración del principio de no confiscatoriedad y del derecho de propiedad puedan prosperar.
También menciona que se compararon las ventas netas declaradas con las que surgían de las facturas electrónicas emitidas, y se advirtió que éstas últimas eran superiores, por lo que se incrementaron sus ingresos por la diferencia detectada.
Sobre la multa asegura que la circunstancia fáctica que justifica su aplicación es la presentación inexacta de la declaración jurada original y por ende el ingreso en menos del Impuesto a las Ganancias, habiendo actuado la recurrente de manera negligente al declarar el gravamen, atento que en todo momento tuvo conocimiento de la improcedencia de su accionar, dado que no podía desconocer la normativa aplicable, sin que pueda eximirla el invocar el error excusable.
En cuanto a los intereses establecidos en el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), señala que los mismos resultan ser resarcitorios de daños y perjuicios y según lo prescribe la norma citada, corresponde su aplicación en forma objetiva y de pleno derecho.
Por último, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos expuestos y jurisprudencia citada pide que se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas. Formula reserva del caso federal.
III. Que con la PV-2025-108775530-APN-VOCXII#TFN se admitió la prueba pericial contable, cuyo informe se agregó en el IF-2025-136008909-APN-DTD#JGM. Luego mediante las presentaciones obrantes en los IF-2025- 139999068-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional y la actora por el IF-2025-140193878-APN-DTD#JGM realizaron impugnaciones, las que fueron contestadas por los IF-2026-10710265- APN-DTD#JGM y RE-2026-11516492- APN-DTD#JGM por el ente fiscal y por el perito contador de la actora, respectivamente. De lo que, corrido nuevo traslado las partes respondieron con los IF-2026-14195337-APN-DTD#JGM la recurrente y con el IF- 2026-14680833-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional. Con la PV-2026-18423071-APN-VOCXII#TFN se declaró cerrado el periodo de instrucción.
Por PV-2026-37965714-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la sala “D” y por medio de los IF-2026-43195059-APN-DTD#JGM e IF-2026-43307341-APN-DTD#JGM se incorporaron los alegatos presentados por las partes. Por IF-2026-78605067-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para sentencia.
IV. Que corresponde establecer si la resolución apelada se ajusta a derecho.
Que en forma preliminar corresponde recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (crf. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140,301:970, entre otros).
Que en las presentes actuaciones Tubhier S.A., cuya actividad declarada es la fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p., interpone recurso de apelación contra la resolución del ente fiscal que impugnó la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación impositivo al período fiscal 2018 del Impuesto a las Ganancias.
Que el 30 de septiembre de 2024, el ente fiscal prestó conformidad a la comunicación de Reorganización por fusión de Formar S.A. con Tubhier S.A. y la verificación por la deuda de Formar S.A., hoy fusionada, se desarrolló bajo la Orden de intervención Nº 2.076.663.
Que Formar S.A., absorbida por Tubhier S.A., practica el cierre de sus ejercicios contables el 31 de octubre de cada año.
Que en el marco de la auditoría fiscal se requirió en reiteradas oportunidades información a la actora, pero se dejó constancia que la misma fue aportada de forma incompleta. Que ello así, se analizó la documentación proporcionada consistente en los papeles de trabajo utilizados para la confección de la declaración jurada y de los ajustes por inflación, los Estados Contables y otras planillas y también se consultaron los sistemas informáticos del organismo referidos a las declaraciones juradas presentadas, registros de compras y ventas aportados conforme R.G. 3685/14, perfil fiscal, retenciones y percepciones, libros de IVA digitales, facturación electrónica y otras consultas.
Que la apelante calculó el ajuste por inflación del período fiscal 2018 y lo expuso como ajustes que disminuyen la utilidad en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2018, presentada el 17 de abril de 2019.
Que el Fisco Nacional tuvo en cuenta que el Titulo VI de la ley N° 20.628 del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 2019 y sus mod.) que regula el ajuste por inflación impositivo indica, entre otras cuestiones, que sus disposiciones tienen vigencia para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, por lo que al haber comenzado el ejercicio el 1° de noviembre de 2017, no corresponde deducir importe alguno en concepto de ajuste por inflación.
Asimismo, se compararon las ventas netas declaradas con las que surgían de las facturas electrónicas emitidas, y se constató que éstas últimas eran superiores, por lo que se incrementaron los ingresos por la diferencia detectada. Ello así, se proyectó la liquidación rectificativa del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2018, la que fue comunicada a la actora, quien no prestó conformidad, lo que motivó el inicio del procedimiento de determinación de oficio que culminó con el dictado de la resolución ahora apelada.
V. Que con relación al cargo formulado por Ajuste por Inflación, en primer término en materia legislativa cabe hacer referencia a los antecedentes que rodean al presente caso.
Que resulta oportuno recordar que el mecanismo de ajuste por inflación que contempla la Ley de Impuesto a las Ganancias desde el año 1986 en su título VI, en su versión integral, que permite determinar los resultados impositivos homogeneizando la moneda de comparación, encontró un obstáculo para su aplicación a partir de la sanción de las leyes 24.073, de convertibilidad fiscal N° 23.928 y de emergencia económica N° 25.561, ya que ante los bajos niveles de variación en los índices generales de precios, llevó a que virtualmente se suspendiera su incidencia por una vía indirecta de suponer la no movilidad de esos ratios, subsistiendo sin embargo, la herramienta en la norma del tributo. Pacíficamente se aceptó esta normativa, mientras efectivamente fueron exiguos los desplazamientos en los índices de precios. Sin embargo, el statu quo se alteró a partir del año 2002 cuando siguiendo a un aumento significativo en el tipo de cambio, también comenzó a notarse un incremento en los precios.
Si bien el mecanismo de Ajuste por Inflación impositivo como dispositivo de corrección global de los resultados puede provocar alternativamente ganancias por inflación o pérdidas por inflación, en este último caso dio lugar a un sinnúmero de reclamos administrativos y judiciales con el fin de que se permitiera incorporar el ajuste por inflación para la determinación de los resultados impositivos. En ese interregno también se pronunciaron los jueces, en diversos sentidos, destacándose un leading case producido por la Excma Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos CANDY S.A. 2-6-2009, donde reconoció para dicho supuesto la existencia de confiscatoriedad y exigiéndole al Fisco Nacional el reconocimiento del ajuste por inflación impositivo - virtualmente suspendido por aplicación de las normas citadas ut-supra-.
Que estos conflictos parecieron destinados a desaparecer o por lo menos a disminuir, cuando el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), y en lo tocante, “restableció” para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2018, el mecanismo de ajuste por inflación integral contemplado en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias, claro que con una disposición limitante incorporada en el Artículo 95 del texto ordenado en 1997 y modificatorias. De la conjunción de los dos párrafos incorporados por el artículo 65 de la Ley 27.430, se puede concluir que el Ajuste por Inflación sería aplicable si la variación en el índice de precios acumulados en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio superara el 100%, entendiendo que para el primer ejercicio sería un 33,33% (para el siguiente 66,66%). Esto es, llegado al primer cierre posible de un ejercicio regular de 12 meses, 31 de diciembre de 2018, el IPIM -con un parámetro vigente superior al 33%- permitiría la utilización del dispositivo de Ajuste por Inflación contemplado en el Título VI.
A pesar de lo descripto, antes de producirse este hecho, y camino a una variación en los índices precios que superaría ese umbral y pondría en funcionamiento efectivo el AxI, el Poder Legislativo sancionó la Ley N° 27.468 (B.O 4/12/2018) con varias modificaciones de trascendencia, con puesta en funcionamiento para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, aún no cerrados. En primer lugar, sustituyó los índices de precios al por mayor, internos y nivel general, por el índice de precios al consumidor nivel general (IPC). El segundo aspecto abordado fue el incremento, para el primer ejercicio en que se utilizaría plenamente el ajuste por inflación integral, del umbral para que disparara la aplicación del mismo a un 55% (siguientes 30% y 15%, respectivamente). En términos concretos y en lo que interesa en las presentes actuaciones, al no alcanzar el IPC durante el período fiscal 2018 el ratio de 55%, ambas reformas significaron que en el citado ejercicio no quedara legalmente autorizada la utilización del AxI.
Al mismo tiempo la tercera novedad que introdujo la ley N° 27.468, lo constituyó el diferimiento parcial (66,66%) del ajuste por inflación -positivo o negativo- a los dos ejercicios siguientes en lugar de imputarse su totalidad al ejercicio en que se determinó y al cual corresponde su cálculo.
Con posterioridad, mediante la sanción de la ley N° 27.541 (B.O. 23/12/2019) se sustituyó el artículo 194 de la LIG (t.o. 2019) al disponer que “El ajuste por inflación positivo o negativo, según sea el caso, a que se refiere el Título VI de esta ley, correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1° de enero de 2019, que se deba calcular en virtud de verificarse los supuestos previstos en los dos (2) últimos párrafos del artículo 106, deberá imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
Lo indicado en el párrafo anterior no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto según decreto 824 del 5 de diciembre de 2019”. De esta manera, la ley del gravamen en su actual redacción condiciona la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación al diferir su aplicación en sextos, debiendo imputarse un sexto (1/6) en el período fiscal 2019 y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes.
VI. Que en autos no resulta controvertido que la recurrente determinó el ítem ajuste por inflación, con incidencia en el resultado impositivo, constituyendo un renglón más para establecer la base imponible del Impuesto a las Ganancias o el quebranto respectivo.
De esta manera, imputó al período fiscal 2018 la totalidad del resultado surgido de la aplicación integral del ajuste impositivo por inflación, cuando no lo tenía permitido en virtud de que, conforme la normativa vigente, dicho mecanismo comprende los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2018, en caso de cumplirse las condiciones para ello y bajo los lineamientos que se indican, y en el caso de autos el ejercicio fiscal 2018 se inició el 1° de noviembre de 2017. Sin embargo, Tubhier S.A. procedió a aplicar el mecanismo de ajuste por inflación en su totalidad, es decir al 100%, con fundamento en el precedente “Candy S.A.” al alegar que, de lo contrario, se configura un supuesto de confiscatoriedad, mientras que el ente fiscal rechaza que se produzca dicha vulneración. Que los efectos de abordar el cargo referido al Ajuste por Inflación, se deben analizar los Estados Contables, tanto a valores históricos base del ajuste por inflación impositivo, como los ajustados por inflación utilizable como parámetro a fin de evaluar una eventual confiscatoriedad, teniendo en cuenta que al tratarse de un ejercicio comercial e impositivo con cierre de ejercicio en el mes de octubre de 2018, queda claro que no resultan de aplicación las modificaciones introducidas en la materia por la Ley 27.430. Por ello, las presentes actuaciones deben ser analizadas al amparo de la normativa vigente a esa fecha y la jurisprudencia aplicable.
VII. En materia de confiscatoriedad me he expresado en carácter de Vocal Instructor en los autos POLIRESINAS SAN LUIS S.A. (Sala D – 25/02/2022, confirmada por la Alzada el 26/12/2023 y CSJN con sustento en el art. 280 C.P.C.C.N.) DROGUERIA SUR S.A. (Sala D – 14/09/2023) y ADM AGRO S.R.L. (Sala D – 15/09/2023) y si bien corresponde remitirme a sus desarrollos y conclusiones, en mérito a la brevedad, estimo oportuno aludir a aspectos que considero relevantes para la presente causa.
“Que cabe señalar que en materia impositiva el método integral de ajuste por inflación se rige por el Titulo VI de la ley del Impuesto a las Ganancias -art. 94 y siguientes- (texto vigente al momento de los hechos), el cual se encontraba suspendido en su aplicación efectiva por el art. 39 de la ley N° 24.073.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de expedirse acerca de la procedencia del ajuste por inflación al resolver los autos “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/ amparo”, con fecha 30/06/2005, al compartir los argumentos y conclusiones expuestos en el dictamen del Procurador General de la Nación, donde expuso que : “Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas).”; a lo que se agregó que “..., no puede desconocerse que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410), por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 320:1166). Y que quien tacha de inconstitucional una norma tributaria aduciendo que viola sus derechos de propiedad e igualdad debe probar de modo concluyente cómo tal afectación ha tenido lugar (arg. Fallos: 314:1293 y 320:1166).”
Que con posterioridad, el Máximo Tribunal volvió a referirse al tema bajo análisis, y con fecha 3/07/2009 en la causa “Candy SA c/AFIP y otro s/acción de amparo” reiteró los argumentos vertidos en el precedente citado y agregó que: “...el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad...”, y continúa diciendo que “Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si estas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152).
“A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los "principios de la ciencia económica" (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)”.
“...Es necesario, entonces, determinar si existe una afectación al derecho de propiedad y, a tales efectos, corresponde reiterar algunas de las pautas jurisprudenciales que esta Corte, desde antiguo, expuso sobre la materia, examinando su concreta aplicación en el sub lite”.
“Al respecto, se ha señalado de manera invariable que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros)”.
“En todos estos casos, el Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”.
“Que la jurisprudencia de esta Corte no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias. En razón de ello, y en atención a que las características particulares que presenta el tributo difieren de las propias de otras gabelas examinadas en anteriores fallos (vgr. Impuesto sucesorio Fallos: 234:129; 235:883-; contribución territorial -Fallos: 206:214, 247; 209:114; 210:172 y 239:157-; ahorro obligatorio -Fallos: 318:676 y 785-, en los que se fijó un 33% como tope de la presión fiscal) el criterio para la determinación del límite de afectación del derecho de propiedad en el caso no puede estar férreamente atado a los parámetros fijados en aquellos precedentes”. “...si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada "Santiago Dugan Trocello" citado), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
“Que de acuerdo con dichas pautas, ...cabe concluir que la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Título VI de la ley del impuesto a las ganancias resulta inaplicable al caso de autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor -según cabe tener por acreditado con la pericia contable- y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad”.
“Que conforme lo expuesto…, en los antecedentes “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” nuestro máximo Tribunal sostuvo que “...el simple cotejo entre dos liquidaciones “con” y “sin” ajuste por inflación no resulta apto para acreditar la afectación al derecho de propiedad alegado por la actora. Citamos esta conclusión como punto de partida del análisis sobre el principio de no confiscatoriedad que debe estar presente en la materia tributaria. Se coincide que no se trata de un concepto técnico donde sea suficiente medir dos números o dos porcentajes y mucho menos que se trate de un instituto que se encuentre a expensas de las diversas coyunturas. De hecho que la legislación no contenga un mecanismo de ajuste por inflación en el momento de implantación de un gravamen a la renta no permite adelantar que se esté frente a un gravamen que afecte el derecho de propiedad. Ello sólo podrá ser evaluado con el transcurso del tiempo, ya que será suficiente que no haya habido inflación o que la misma tienda a cero para que el hipotético planteo de confiscatoriedad carezca de sentido. Aquí el ajuste por inflación global o mal denominado integral no permite a priori calificar el desvío. En definitiva se asumen alícuotas efectivas mayores o menores a la tasa nominal, según sea el grado de exposición a la inflación de los activos y/o pasivos. Y no es un mero desvío entre la alícuota nominal y la efectiva el que debe sustentar los reclamos. Está implícito en el concepto y expresamente en algunos fallos de la C.S.J.N. que debe superarse un límite tolerable o razonable. Estas afirmaciones nos permiten visualizar que la confiscatoriedad no es un mecanismo de control permanente sobre la alícuota aplicable, que autorice que cualquier desplazamiento de la misma otorgue el derecho a reclamarla.
Entonces nos encontramos con un principio que busca desprenderse de la simple comparación para elevarse a un terreno superior, cuasi constitucional, pero abstraído del análisis binario de “liquidación con ajuste” o “liquidación sin ajuste”. Y esto lo remarca también la Corte cuando ratifica que el ajuste por inflación impositivo que aún contempla el articulado de la ley está suspendido. Resolver este intríngulis aplicando únicamente el Título VI de la ley nos llevaría al contrasentido de decir “la ley está vigente”. Justamente es lo que abandona la jurisprudencia, cuando busca determinar la existencia de una tributación exagerada, desmedida, pero esos límites escurridizos deben tener un arraigo marco en el tiempo, no resultando posible modificarlos a diario. Quizás nos ayude a comprender que si bien nuestra legislación receptó durante casi dos décadas una alícuota corporativa del 35%, ahí donde hoy se busca anclar el punto de referencia, no se debe olvidar que la misma ley en la década de los años 80 y principios de los 90, acogió una alícuota combinada del 45% para el tándem -sociedad/accionista- e igual porcentaje para establecimientos permanentes de sujetos del exterior. Más aún, el artículo 69 (t.o. en 1997 y modificaciones) contempla una alícuota del 41,5% para determinadas ganancias provenientes el juego y cuando al mismo tiempo se previó en la Ley 27.430 una alícuota corporativa del 25% más un 13% sobre dividendos –sin aplicación efectiva-. A mayor abundamiento se recuerda que cuando se transformaron los quebrantos impositivos en bonos de crédito fiscal, la alícuota del gravamen para las sociedades de capital se redujo al 20% con más el 8% de retención si se distribuían dividendos. Nos animaríamos a reflexionar sobre este último caso, a modo de ejemplo, ¿Un 30% de una tasa efectiva hubiera sido tildada de confiscatoria? Entendemos que coyunturalmente la alícuota nominal puede variar sin que entre en crisis con la tasa efectiva.
A ello debemos sumar un problema aún no resuelto definitivamente. Sólo a modo de ilustración, si se utilizara uno de los límites que estableció la Corte en el caso Candy (55% de la utilidad comercial ajustada) y dijéramos que allí se confirma la confiscatoriedad pero en un 54% o 53% o cualquier valor menor, podríamos afirmar que no?. Ahora bien, sería razonable excluir de la tributación en el primer caso un 20% entre el 35% (tasa nominal máxima para períodos anteriores) y la hipotética tasa de confiscatoriedad (55%) y en el segundo supuesto gravar un 18% o 19% más. No caben dudas que la declaración de confiscatoriedad debe estar acompañada de un segundo elemento que no genere una desigualdad entre los contribuyentes en igualdad de condiciones. Ello provocaría impactos económicos en utilidades y precios que podrían provocar hasta la eliminación del mercado de alguno de ellos.
Este enfoque de que la confiscatoriedad requiere un alejamiento en demasía o superar un adecuado límite de razonabilidad, lleva consigo la necesidad de aceptar que su análisis y medición puede incluir cualquier otro elemento que no implique ceñirse estrictamente al mecanismo de la ley -Título VI-, ya declarado como no vigente.
Tan abierto puede ser el resultado que quienes pretenden plantearla utilizan indistintamente como parámetros orientadores tanto el resultado contable ajustado por inflación como el resultado impositivo ajustado por inflación. Ello a veces marca dos extremos con un diferencial de alícuota del 10% o 20%, entonces ¿cualquiera de ellos podría indicar el inicio de la confiscación? ¿Un mix entre ellos? ¿Y la utilización de un índice de precios que refleje de mejor manera las oscilaciones de los precios en la actividad de la empresa o en el sector donde actúa? ¿Y las ganancias que se combinan con otros resultados que están fuera de la tributación o con tributación diferencial.? ¿Y el deterioro del impuesto a ingresar entre la fecha de determinación y la de efectivo pago?. Todos ellos y muchos otros más pueden incidir en la determinación del ratio que se pretenda utilizar para efectuar la comparación que traduzca en números o porcentajes el principio jurídico de la no confiscatoriedad”.
VIII. En apoyo de sus manifestaciones la actora acompañó sus Estados Contables (en rigor de Formar S.A.) al 31 de octubre de 2018 a valores históricos (RE-2025-59468040-APN-SGAI#TFN), una certificación contable (RE- 2025-59468774-APN-SGAI#TFN) y ante esta instancia produjo durante la instrucción un informe pericial contable.
Que en el informe contable agregado por IF-2025-136008909-APN-DTD#JGM los peritos respondieron el cuestionario propuesto por la empresa recurrente. En el primer punto el experto de dicha parte detalló la documentación analizada y, luego de cotejar como fueron valuados los activos y pasivos, expuso que “como consecuencia de la labor realizada concluyó que el Ajuste por Inflación Impositivo (Título VI Ley 20.628 t.o. 2019 y sus modif.) ha sido correctamente confeccionado cumpliendo en su totalidad las disposiciones de la ley a su respecto”, mientras que en su respuesta la otra profesional sostuvo que “cabe dejar sentado que no corresponde la aplicación del ajuste por inflación impositivo a los estados contables de la actora, cerrados al 31/10/2018, por cuanto, a dicha fecha el mismo no se encontraba en vigencia”. Agregó que en caso de que el Tribunal considere procedente su aplicación, debe tener en cuenta algunas observaciones técnicas respecto del cálculo determinado por la contribuyente, e hizo saber que “no pudo constatar documentalmente el aumento al activo computable por "intereses presuntos" en el orden de $46.471.775,31”, en razón de que manifestó que de los papeles de trabajo de la liquidación del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2018, los mismos se encontraban contabilizados dentro de los Estados Contables en el rubro "otros créditos" y fueron detallados dentro de la Nota 3.3.), pero de ella no surgía ninguna línea precisando a estos "intereses presuntos", sin que tampoco se coligen de la Nota 5 de los Estados Contables, donde se detallaban las cuentas particulares de los accionistas. Aclara que, sin tener sin tener en cuenta el aumento del activo computable por "intereses presuntos" por la suma $46.471.775,31, los activos y pasivos computables y el capital expuesto a la inflación quedarían conformados de la siguiente manera: S/ actora: Activo computable $271.995.544,88; Pasivo computable $132.850.349,94 y Capital expuesto $139.145.194.94; mientras que según la pericia dichos montos serían de $225.523.769,57; $132.850.349,94 y $92.673.419,63; respectivamente.
En el punto segundo se les solicitó que realicen una conciliación entre las ventas que se desprendían de los registros contables de Tubhier S.A. (continuadora de Formar S.A.) y las consideradas a efectos impositivos, y según el perito de la actora las diferencias objeto del presente informe se encuentran plenamente justificadas, por su parte la profesional nombrada por el ente fiscal resaltó que para responder este punto pericial se tuvo en cuenta la copia simple exhibida de la conciliación de ventas, cuyo armado fue responsabilidad pura y exclusivamente de la recurrente, para responder que “no pudo validar la misma documentalmente ya que no se encontraron registrados "anticipos de clientes" dentro de los pasivos contabilizados en los estados contables cerrados al 31/10/2018; la Nota 4.2. que hace referencia a los Resultados Financieros y por Tenencia expuestos en el Estado de Resultados, denota una diferencia de cambio positiva -generada por activos- en el orden de los $ 42.952.442.-; no se encontraron detallados en el Estado de Resultados ni en sus notas "otros ingresos" por $ 95.041”. Indicó como se expusieron las ventas y contestó que “en dicha conciliación, se deja constancia que los "incentivos fiscales" corresponden a "Bono IVA", vinculado con los beneficios del régimen de promoción industrial instituidos por la Ley N° 22.021 y su modificatoria Ley N° 22.702. (según Nota 1 a los Estados Contables). En función de lo expuesto, no fue posible conciliar las ventas contabilizadas en los registros contables con las consideradas a los efectos impositivos”.
A continuación verificaron el contenido de las conclusiones arribadas en la Certificación Contable acompañada, al respecto el profesional de Tubhier S.A. respondió que “considerando las implicancias del régimen promocional del que gozaba la actora en el ejercicio fiscal 2018, concluyo que el porcentaje del 54,82% representa la verdadera incidencia del Impuesto sobre las utilidades contables”. En este punto, la perito del Fisco, sin perjuicio de las consideraciones que expresa respecto de la certificación, contestó lo transcripto a continuación: la "Declaración Jurada sobre incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre los resultados de Formar S.A. - Empresa absorbida por Tubhier S.A.", que acompaña la certificación contable en ciernes, señala en su apartado 1° que el resultado contable ajustado antes de Impuesto a las Ganancias ascendió a $202.218.635.- y en su apartado segundo 2° expresa que "... el impuesto a las ganancias calculado sin el ajuste por inflación previsto en el Título VI de la Ley 20.628 (t.o. 2019 y sus modificatorias) del período fiscal 2018 ascendió a $17.138.524 lo que representa un 54,82% del resultado contable...". Al respecto, es dable señalar que el importe de $17.138.524 corresponde al impuesto determinado que surge de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2018, y que, a diferencia de lo que se manifiesta en la declaración jurada adjunta a la certificación contable, contiene en su cálculo el ajuste por inflación impositivo. Ello surge así también del papel de trabajo obrante a fs. 87 del cuerpo 12019-98-2024 4 embebido en IF-2025-87833500-APN-DTD#JGM. Por otro lado, el porcentaje que se obtiene de relacionar $17.138.524 y $202.218.635 (considerando que ambos son los parámetros expuestos en la certificación contable), equivale a 8,48%. Esta experta procedió a realizar el recálculo del impuesto a las ganancias sin la incidencia del ajuste por inflación según cálculos y papel de trabajo de la actora obrante a fs. 87 del cuerpo 12019-98-2024 4 embebido en IF-2025- 87833500-APN-DTD#JGM, a saber:
Resultado impositivo neto de AXI $48.967.211,98 Ajuste por inflación $105.986.894,99 Resultado impositivo bruto (sin AXI) $154.954.106,97 Impuesto determinado sin AXI $54.233.937,44 Ahora bien, la relación entre el impuesto determinado sin la incidencia del ajuste por inflación y el resultado contable ajustado por inflación, equivale a 26,82% (es decir: $54.233.937,44/$202.218.635 = 26,82%). Al respecto, cabe traer a colación lo expuesto en autos "Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo" en cuanto en su 8° considerando se expresa que "... de no recurrirse en el período fiscal finalizado el 31/12/02 al mecanismo correctivo cuya aplicación se discute en la causa, es decir, si se determina el impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste por inflación, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35% sino que representaría ... el 55% de las utilidades -también ajustadas obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año, porcentajes éstos que excederían los límites razonables de imposición...".
IX. Que en primer lugar, cabe hacer mención que en las presentes actuaciones se ha hecho lugar a la prueba pericial ofrecida por la actora, conforme se desprende del Considerando precedente, la cual fue producida con la intervención de los profesionales propuestos por ambas partes.
Del documento “único” producido, se destaca que no se mantiene tal calificación en su contenido, ya que los únicos tres puntos que conforman la respuesta final, están constituidos por conclusiones diferentes y calificadas por los propios profesionales como RESPUESTAS UNILATERALES. Si bien ello enriquece el análisis por parte de esta Instrucción, claramente alerta sobre la existencia de diferencias de envergadura que conducen al mismo tiempo a la aplicación del ajuste por inflación impositivo y a su rechazo, según cada uno de los expertos. A mi entender y antes de evaluar dichas conclusiones considero necesario resaltar el tratamiento tributario diferencial con que cuenta la empresa frente al Impuesto a las Ganancias, por la realización parcial de actividades realizadas en la Provincia de San Luis y alcanzadas por la Ley 22.021 y modificatorias con beneficios impositivos.
La calificación de exentas de una parte de sus ventas surge del documento que luce en el IF-2025- 87833500-APN-DTD#JGM, pdf 12019-98-2024 4, fs. 87. En la liquidación del Impuesto a las Ganancias realizada por la empresa el Resultado Contable asciende a $173.154.772 y expone un Ajuste por Ganancias exentas por beneficios fiscales por $103.279.952 en Columna I. Ello hasta aquí habla de una incidencia importante de la actividad promocional en el Impuesto a las Ganancias equivalente al 60% del resultado contable, la que no se encuentra cuestionada, por el contrario, implícitamente ratificada. Sin embargo, ello da lugar a un impacto directo en el ajuste por inflación impositivo. En efecto, al momento de determinar el ajuste estático deben tomarse como punto de partida los activos contables -tal como lo hizo la empresa- a los cuales le corresponden sumar o restar -según corresponda-, entre otros, los ajustes de valuación para llevarlos de su valuación contable a su valuación impositiva de acuerdo a la normativa de la LIG -también tal como lo hizo la empresa y que tampoco se encuentran cuestionados en particular los referidos al rubro Bienes de Cambio-.
De aquellos activos contables deben detraerse los bienes no monetarios -destacándose principalmente los bienes de uso-, recordándose que a los efectos del ajuste por inflación impositivo los bienes de cambio reciben el tratamiento de “computables” o “monetarios” sin que ello altere su verdadera identidad económica o contable. Y esto se explica en que en la fórmula de costos del ejercicio la existencia inicial fue computada a sus valores históricos, cuya actualización es finalmente reconocida por vía del ajuste por inflación tratando a esa existencia como expuesta a la inflación.
Al partir del activo contable (en el presente caso los contadores certificantes de los Estados Contables 2018, dejaron nota que las valuaciones se hicieron a valores cercanos a reposición para los bienes de cambio) se produjo un ajuste de valuación -en menos- por $17.193.779, pudiendo deberse a que en principio la valuación impositiva debe realizarse a valores históricos ajustados. Ello corrobora que quedan conformando el activo impositivo, que se ajustará por inflación, los bienes de cambio en existencia al cierre del ejercicio octubre 2017, que según Estados Contables certificados ascienden a $109.768.942 menos los $17.193.779.
Ahora bien, retomando el dato vinculado a que la empresa tiene actividades beneficiadas con la exención del Impuesto a las Ganancias, resulta erróneo computar la totalidad de los bienes en existencia al 31/10/2017 a los efectos de producir una pérdida por inflación cuando las actividades vinculadas con ellos tuvieron una ganancia exenta. Este comportamiento no resulta admisible, conforme fuera expuesto en la causa POLIRESINAS SAN LUIS S.A. (Sala D - 25/02/2022, confirmada por la Alzada el 26/12/2023). Una interpretación en contrario llevaría al absurdo de que una empresa que tiene el 100% de sus actividades exentas, generaría una pérdida por inflación -quebranto- por la existencia de bienes de cambio al inicio del ejercicio.
En consecuencia, debería haberse detraído de cualquier comparación, incluidas las producidas en el informe pericial, la porción de bienes de cambio vinculados con ganancias exentas. Ello disminuiría el activo expuesto y por ende la pérdida por inflación -estático-. Finalmente ascendería la ganancia impositiva. Todo ello provoca que los datos de base tomados para guarismos que arriban a tasas efectivas de tributación con relación a los resultados impositivos y/o contables, no resulten acertados, perdiendo así toda confiabilidad las conclusiones que permiten demostrar la existencia de confiscatoriedad, al amparo de lo sentenciado por nuestro Máximo Tribunal en el caso CANDY S.A. A su vez ningún punto de pericia fue propuesto contemplando dicha circunstancia, lo que hace que el dictamen contable contenga datos distorsionados y por ende opiniones inexactas.
Al mismo tiempo considero que la empresa ha hecho un mayor hincapié en el resultado contable y su vinculación con la tributación efectiva a fin de demostrar la existencia de confiscatoriedad. Entiendo que dicha relación tiene un carácter complementario respecto del impacto principal que contempla el resultado impositivo. Observo un razonamiento sesgado sobre el tema, ya que si el Impuesto a las Ganancias no superara el 35% del resultado impositivo ajustado por inflación, el resultado contable como base de la confiscatoriedad se convertiría en un argumento ajeno a la inflación, atento que el resultado impositivo estaría ajustado correctamente y el resultado contable comparable carecería de sentido en la fundamentación utilizada por la Excma. Corte Suprema en el caso CANDY S.A.
En base a lo expuesto, pierden relevancia todos los demás temas motivo de agravios por parte de la actora, ya que si no se conoce el monto de los bienes de cambio que corresponde tener como expuestos a la inflación, no tiene sentido debatir sobre el índice de inflación aplicable. También carece de sentido abordar los distintos ajustes cuestionados, entre otros, intereses presuntos, dividendos, etc.
Por lo expuesto, corresponde ratificar el cargo objeto de análisis del presente Considerando.
X. Que el otro de los ajustes practicado por el organismo fiscal radica en la constatación de una diferencia por ventas sobre lo que la actora se agravia por el rechazo de la prueba pericial contable en sede administrativa, sin embargo ante este Tribunal no logro contradecir la postura fiscal, por lo que dicho cargo debe ser confirmado.
XI. Que teniendo en cuenta que los intereses resarcitorios constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que incurrió el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA el DGI, 01/06/2000), al haber sido calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998) cabe disponer su confirmación.
XII. Que resta referirse a la multa aplicada, equivalente al 100% del impuesto dejado de ingresar por el período fiscal 2018 según el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que en lo que hace a la procedencia de la sanción se encuentran acreditados los elementos que permiten encuadrar la conducta de la empresa recurrente en dicha figura infraccional al configurarse el presupuesto básico de omisión de pago, sin que haya logrado acreditar la falta de culpa en su accionar, ni tampoco la existencia de un error con entidad para eximirla conforme se desprende del análisis de los hechos y pruebas producidas, ante lo cual cabe disponer la confirmación de la misma.
XIII. Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas. La Dra. Gómez dijo:
Que adhiero a la solución propiciada en el voto del Vocal Instructor.
La Dra. O’ Donnell dijo:
I. Adhiero al relato de los antecedentes y a la decisión propuesta por el Vocal Instructor de confirmar la Resolución en todas sus partes, con costas.
II. En particular, cabe mencionar que, conforme surge de sus Considerandos, el 30 de septiembre de 2024, el Fisco Nacional prestó conformidad a la reorganización por fusión de la sociedad Formar S.A. con Tubhier S.A., su continuadora.
Allí también se menciona que Formar S.A. practicaba el cierre de sus ejercicios contables el 31 de octubre de cada año y que presentó el 17 de abril de 2019 su declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2018 en la que calculó el ajuste por inflación (100%) y lo expuso allí como “ajustes que disminuyen la utilidad”.
El juez administrativo consideró que dicha deducción no estaba admitida por la normativa vigente y determinó de oficio la obligación de Tubhier S.A., por el impuesto las ganancias del período fiscal 2018.
La determinación de oficio también incluyó un ajuste por diferencias de ventas registradas con origen en que, al comparar las ventas netas declaradas por Formar S.A. con las que surgen de las facturas electrónicas emitidas, se constató que éstas últimas eran superiores.
Tubhier S.A. ante este Tribunal reconoce que la normativa aplicable es clara en cuanto a que, al no haberse alcanzado el piso del 55% de inflación conforme IPC en ese año (2018), el mecanismo “devino virtualmente inaplicable para ese período fiscal”. No obstante, solicita que igualmente se revoque la Resolución toda vez que - según dice- de no incluir el ajuste por inflación en la liquidación, la alícuota efectiva del impuesto representaría un 55% respecto del resultado contable ajustado, en el marco de la promoción industrial, de acuerdo con los Estados Contables auditados de Formar S.A. al 31 de octubre de 2018. En apoyo de su postura cita la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Candy S.A.” (Fallos 332:1571).
Por otra parte, con relación al ajuste sobre diferencias de ventas, se agravia del rechazo de la producción de la prueba pericial contable ofrecida en sede administrativa, en la cual se solicitaba la realización por parte del experto de una conciliación entre las ventas que surgían de los registros contables de Tubhier S.A, absorbente de Formar S.A. y las consideradas a efectos impositivos. Afirma que con ello el juez administrativo impidió a la sociedad ejercer adecuadamente su derecho de defensa, de raigambre constitucional.
III. En cuanto a los agravios sobre la confiscatoriedad producida por efecto de la no aplicación del ajuste por inflación, en primer término vale aclarar que, más allá de lo que señala la recurrente respecto del IPC aplicable al período fiscal, en rigor de verdad no le correspondía aplicar el ajuste por inflación porque la ley 27.430, mediante su art. 65, modificó al art. 95 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997) habilitó el mecanismo para ejercicios que se iniciaran a partir del 1 de enero de 2018 y, en el caso, como se dijo, el ejercicio inició para Formar S.A. el 1 de noviembre de 2017 dado que cerraba sus ejercicios contables el 31 de octubre de cada año. Lo antes expuesto no impide que este Tribunal analice la confiscatoriedad invocada por la recurrente, que debe resolverse con arreglo a la doctrina adoptada por la Corte Suprema en el precedente “Candy S.A.” que menciona. Más precisamente, debe determinarse si la no aplicación del mecanismo de ajuste por inflación implica una absorción de la renta de tal entidad o magnitud que menoscaba la garantía que proscribe la confiscatoriedad por parte del Estado, en afectación al derecho de propiedad, en los términos de dicha jurisprudencia. Cabe recordar que en dicho precedente, así como en los posteriores dictados en el mismo sentido, el Máximo Tribunal puso especial énfasis en la prueba concluyente y objetiva que deben –necesariamente- rendir los contribuyentes para demostrar la confiscatoriedad en el pago de un tributo que, conforme de allí se desprende, es la prueba pericial contable.
En efecto, tratándose de los alcances de esta garantía constitucional, la prueba pericial contable es fundamental y así lo manifestó el Máximo Tribunal en “Chubb Argentina”, sentencia del 27 de mayo 2014, entre muchos otros, al decir que “…como lo señaló el a quo con citas de precedentes de esta Corte, "las rigurosas exigencias con que el Alto Tribunal ha rodeado la configuración de ese agravio constitucional (confr. Fallos: 314: 1293, considerando 7° y sus citas), no condicen con que pueda ser admitido teniendo como único medio de prueba la documentación confeccionada y presentada en forma unilateral por la accionante" (confr. Causa S.260.XLIII "Sol de Mayo S.A.c/ AFIP DGI s/ ordinario", sentencia del 19 de mayo de 2010). Por lo tanto, la circunstancia de que se trate de una especie particular de procedimiento [el de determinación de oficio] no releva a la actora de probar los hechos que alega, máxime cuando, de la jurisprudencia de esta Corte surge con nitidez la decisiva importancia de la carga probatoria exigible a quien invoca la existencia de la confiscatoriedad de un tributo (confr. Doctrina de Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros)”.
En el caso, si bien fue producido el informe pericial contable en esta instancia a solicitud e interés de Tubhier S.A. en el IF-2025-136008909-APN-DTD#JGM, sus conclusiones distan de consistir la prueba objetiva de la confiscatoriedad, necesaria que según los precedentes antes citados para determinar si la no aplicación del ajuste por inflación configura, en el caso concreto, un supuesto de confiscatoriedad en los términos exigidos por dicho Tribunal.
Cabe destacar, en primer lugar, que ninguna de las respuestas de los expertos se obtuvo de forma conjunta sino que de todas se evidencia un desacuerdo entre ellos que no fue superado ni aclarado ni en las impugnaciones ni en las observaciones formuladas por ambas partes que posteriormente se presentaron respecto del informe. En efecto, en el punto 1 se les solicitó que se expidan acerca de la corrección técnica del ajuste por inflación efectuado en el ejercicio fiscal 2018 considerando las disposiciones del Título VI de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 2019 y sus modificaciones).
El perito ofrecido por la recurrente contestó que el ajuste por inflación impositivo fue correctamente confeccionado cumpliendo en su totalidad las disposiciones de la ley a su respecto. Para ello, tuvo en cuenta los Estados Contables, con dictamen de “importante estudio de plaza” sin salvedades, notas y anexos integrantes de esos Estados, papeles de trabajo correspondientes a la determinación del ajuste por inflación y a la liquidación del impuesto a las ganancias.
Manifestó que constató la exclusión de los activos no computables a los efectos de realizar el ajuste (bienes de uso, créditos impositivos, deudores incobrables a efectos impositivos, anticipos y pagos a cuenta de impuestos), controló la valuación de activos y pasivos y su correspondencia con las disposiciones contenidas en el art. 107 del Título VI de la ley 20.628, y la valuación de los créditos comerciales y corroboró el computo de los pasivos admitidos por la ley así como el correcto tratamiento de los movimientos dinámicos previstos por el Título VI de la ley y de la aplicación correcta del índice de ajuste previsto por la normativa.
Por su parte, la perito de parte del Fisco Nacional contestó que más allá de la inaplicabilidad del ajuste por inflación conforme la normativa vigente para el período fiscal revisado “… cabe hacer algunas observaciones técnicas respecto del cálculo determinado por la contribuyente. Para ello se tuvo en cuenta la siguiente documentación: estados contables presentados para los ejercicios 2017 y 2018; papeles de trabajo presentados oportunamente por la contribuyente relativos a la determinación del impuesto a las ganancias para el período fiscal 2018 y para efectuar el cálculo del ajuste por inflación (fs. 87 y 88 del cuerpo 12019-98-2024 4 embebido en IF-2025-87833500-APN-DTD#23JGM, respectivamente). Entonces, teniendo en cuenta el mentado papel de trabajo del cálculo del ajuste por inflación impositivo, vale decir que esta experta no pudo constatar documentalmente el aumento al activo computable por “intereses presuntos” en el orden de $46.471.775,31.- …”, ya que “Según surge del papel de trabajo de la liquidación del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2018, los mismos se encuentran contabilizados dentro de los Estados Contables en el rubro "otros créditos" y son detallados dentro de la Nota 3.3.). Sin embargo, de ella no surge ninguna línea precisando a estos “intereses presuntos”. Así como “Estos “intereses presuntos” tampoco se coligen de la Nota 5 de los Estados Contables, donde se detallan las cuentas particulares de los accionistas”.
Asimismo, efectuó consideraciones sobre el indicie utilizado en el cálculo y señaló que en cuanto a la parte dinámica del ajuste por inflación que no pudo constatar documentalmente el alta de los bienes de uso -edificios y obras en curso- en el mes de octubre 2018 por la suma de $25.420.500.- y $ 272.933.-, respectivamente. En la impugnación del Fisco Nacional sobre este punto, se señaló que el perito de la recurrente enumeró la documentación tenida a la vista y transcribió taxativamente parte de la normativa. Mientras que la recurrente señaló que el perito hizo lo encomendado y en todo caso lo que se evidencia es “una simple discrepancia de criterio…”.
Con relación a la observación sobre los intereses presuntos, la recurrente sostiene que su cómputo en el rubro créditos del balance impositivo es procedente tal como lo dispone el art. 96 de la ley del impuesto a las ganancias vigente al cierre del ejercicio de la presente litis (hoy, art. 107). Por su parte el Fisco Nacional manifiesta que dicha observación no tuvo origen en una cuestión técnica, sino en la imposibilidad de validar el monto ajustado a partir de la documental puesta a disposición.
Respecto de la observación de índice de actualización aplicable, la recurrente insiste en que en relación con el ejercicio fiscal en cuestión el coeficiente de ajuste era el IPIM, toda vez que el ejercicio fiscal objeto de la litis cerró el 31 de octubre de 2018 por lo que la modificación de coeficiente de actualización (IPC) resultó de aplicación para el ejercicio iniciado el 1 de noviembre de 2018 y cuyo cierre operó el 31 de octubre de 2019. La perito del Fisco Nacional se limitó a mencionar que la aplicación de uno u otro índice deviene superflua toda vez que el mecanismo del ajuste por inflación no se encontraba legalmente vigente para el ejercicio fiscal determinado y practicó los cálculos con ambos índices.
En el punto 3, se les solicitó a los peritos que verificaran el contenido de las conclusiones arribadas en la Certificación Contable (acompañada como Documental F en el RE-2025-59468774-APN-SGAI#TFN).
El perito de la parte recurrente contestó que analizó los parámetros utilizados por la empresa y “el profesional dictaminante” sobre la incidencia del impuesto a las ganancias con y sin aplicación del ajuste por inflación previsto por el Título VI de la ley 20.628 (t.o. 2019) y sus modificaciones. Y afirmó que “Considerando las implicancias del régimen promocional del que gozaba la actora en el ejercicio fiscal 2018, concluyo que el porcentaje del 54.82% representa la verdadera incidencia del Impuesto sobre las utilidades contables. Es por ello que convalidó el contenido del informe en todos sus términos.”
Sobre ello, en primer lugar se observó que el perito designado por la recurrente fue quien realizó la certificación cuyo contenido se le solicitó verificar (v. RE-2025-59468774-APN-SGAI#TFN). Al respecto, el profesional señaló que “Además, carece de significatividad la mención sobre el hecho de que el profesional independiente que firma el informe especial presentado por la parte actora sea el mismo profesional que actúa como perito de parte toda vez que, en el mismo sentido carecería de valor el informe pericial presentado por la demandada dado que la perito actuante se desempeña en relación de dependencia del propio organismo”.
La perito del Fisco Nacional, por otra parte, señaló que para la confección del documento a verificar se utilizó la declaración jurada emitida por Tubhier S.A. y que surge de allí mismo que fue la recurrente la responsable por la preparación y presentación de dicha declaración jurada y demás información objeto de examen así como también del control interno que hubiese sido necesario para posibilitar la preparación de la información necesaria para su confección.
También hizo notar que en la certificación se aclaró que “El trabajo profesional no constituyó una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación” y que “La tarea profesional del certificante se limitó a cotejar la información incluida en la declaración jurada que se adjuntó a la misma y se detalló en el primer párrafo de la certificación con los Estados Contables de FORMAR S.A. (absorbida por TUBHIER S.A., CUIT 30- 61221167-8) correspondientes al ejercicio cerrado al 31/10/2018; verificar los cálculos realizados por la Sociedad y la determinación de la incidencia del impuesto a las Ganancias sobre los resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2018, verificar las cifras de los impuestos determinados por esos períodos, de acuerdo a las declaraciones juradas por el Impuesto a las Ganancias, presentadas por la Compañía y que le fueran suministradas; verificar los beneficios promocionales vigentes en el período analizado.”
Por último, la experta señaló que “Ahora bien, la “Declaración Jurada sobre incidencia del Impuesto a las Ganancias sobre los resultados de Formar S.A. - Empresa absorbida por Tubhier S.A.”, que acompaña la certificación contable en ciernes, señala en su apartado 1° que el resultado contable ajustado antes de Impuesto a las Ganancias ascendió a $202.218.635.- y en su apartado segundo 2° expresa que “... el impuesto a las ganancias calculado sin el ajuste por inflación previsto en el Título VI de la Ley 20.628 (t.o. 2019 y sus modificatorias) del período fiscal 2018 ascendió a $17.138.524 lo que representa un 54,82% del resultado contable..." (el subrayado y el resaltado me pertenecen). Al respecto, es dable señalar que el importe de $17.138.524.- corresponde al impuesto determinado que surge de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2018, y que, a diferencia de lo que se manifiesta en la declaración jurada adjunta a la certificación contable, contiene en su cálculo el ajuste por inflación impositivo. Ello surge así también del papel de trabajo obrante a fs. 87 del cuerpo 12019-98-2024 4 embebido en IF-2025-87833500-APN-DTD#JGM. Por otro lado, el porcentaje que se obtiene de relacionar $17.138.524,- y $202.218.635.- (considerando que ambos son los parámetros expuestos en la certificación contable), equivale a 8,48%. Esta experta procedió a realizar el recálculo del impuesto a las ganancias sin la incidencia del ajuste por inflación según cálculos y papel de trabajo de la actora obrante a fs. 87 del cuerpo 12019-98-2024 4 embebido en IF-2025-87833500-APN-DTD#JGM, a saber: Resultado impositivo neto de AXI $48.967.211,98 Ajuste por inflación $105.986.894,99 Resultado impositivo bruto (sin AXI) $154.954.106,97 Impuesto determinado sin AXI $54.233.937,44. Ahora bien, la relación entre el impuesto determinado sin la incidencia del ajuste por inflación y el resultado contable ajustado por inflación, equivale a 26,82% (es decir: $54.233.937,44/$202.218.635 = 26,82%).”
En suma, de todo lo antedicho se concluye que el informe pericial arroja más inconsistencias que conclusiones contundentes y objetivas que respalden de manera convincente la alegación de confiscatoriedad, lo que redunda en una falta de prueba suficiente que acredite la confiscatoriedad alegada, conforme los precedentes citados. Las impugnaciones al informe y las observaciones realizadas por las partes tampoco permiten llegar a una conclusión distinta ya que mantienen el desacuerdo en las conclusiones arribadas, más no permiten obtener la prueba de confiscatoriedad invocada por la recurrente, que es a quien, por lo demás, le correspondía acreditarlo. Nótese que el perito de la recurrente concluyó que el porcentaje del 54,82% representa la verdadera incidencia del impuesto sobre las utilidades contables, teniendo en consideración las implicancias del régimen promocional del que gozaba la recurrente. Y, en una presentación posterior, aclaró que no se consideraron los beneficios promocionales a los efectos del cálculo del ajuste por inflación porque los beneficios de que goza Tubhier S.A. en virtud de la ley 22.021 y su modificatoria 22.702 se encuentran exentos del pago del impuesto a las ganancias, motivo por el cual deben ser excluidos del cálculo.
Sin embargo, no consta en forma clara y concluyente cómo se arribó a dicho porcentaje y, en lo que aquí resulta más relevante- de cómo se practicó el cálculo a partir de los beneficios promocionales, lo que era fundamental si se pretendía validar su incidencia en el porcentaje de tasa efectiva que se pretende hacer valer a los fines de probar la confiscatoriedad invocada. En este punto, cabe estar a las observaciones efectuadas por el Vocal Instructor en el IX, en particular, en el hincapié que hace respecto de que no fue ofrecido ningún punto de pericia sobre esta cuestión en particular.
La prueba producida en tales condiciones no permite, entonces, concluir si media o no la absorción de la porción sustancial de la renta o del capital, ni tampoco el porcentaje de la alícuota efectiva que, en su caso, produjo la afectación a la garantía constitucional para luego analizar la situación particular según el criterio adoptado en el precedente rector en la materia.
Por ello, al no haberse cumplido con la carga probatoria exigible a quien invoca la existencia de la confiscatoriedad del tributo, que, siempre según el criterio de la Corte Suprema, resulta fundamental cuando se trata de analizar el agravio de confiscatoriedad, en particular para determinar la tasa efectiva de imposición, tal como se resolviera en los precedentes ya citados, corresponde rechazar el recurso en lo referido a este ajuste, con costas.
IV. Resta pronunciarse sobre el ajuste sobre diferencia de ventas sobre el cual, cabe adelantar, ni los agravios expresados ni la prueba producida logran no logran conmover los fundamentos desarrollados en la Resolución apelada.
En efecto, la única prueba ofrecida fue el punto 3 de la pericia contable, en la que se encomendó a los expertos que “3. Efectúe una conciliación entre las ventas que surgen de los registros contables de Tubhier S.A. (continuadora de Formar S.A.) y las consideradas a efectos impositivos.”
Como ya se dijo, ambos expertos contestaron en forma unilateral de modo que no puede obtenerse una prueba concluyente de dicho informe. En lo que aquí interesa el perito ofrecido por Tubhier S.A. detalló las partidas que conforman las ventas registradas en los Estados Contables según “registros contables que han sido puesto a disposición” y afirmó que “Las Ventas netas se documentan mediante las Facturas, Notas de Débito y Crédito y los anticipos de clientes y las diferencias de cambio se documentan por los mismos medios electrónicos, los cuales han sido constatados por este perito.” Concluyó así que “En opinión de este perito las diferencias objeto del presente informe se encuentran plenamente justificadas”.
Por su parte, la perito del Fisco Nacional expresó que “para responder este punto pericial se tuvo en cuenta la copia simple exhibida de la conciliación de ventas, cuyo armado fue responsabilidad pura y exclusivamente de la parte actora”. En dicha copia se expusieron montos por ventas según facturas electrónicas, anticipos de clientes, diferencias de cambio, otros ingresos y por ventas netas según estados contables. A continuación, la experta señaló que “no pudo validar la misma documentalmente ya que no se encontraron registrados “anticipos de clientes” dentro de los pasivos contabilizados en los estados contables cerrados al 31/10/2018; la Nota 4.2. que hace referencia a los Resultados Financieros y por Tenencia expuestos en el Estado de Resultados, denota una diferencia de cambio positiva -generada por activos- en el orden de los $42.952.442.-; no se encontraron detallados en el Estado de Resultados ni en sus notas “otros ingresos” por $ 95.041”. Por otra parte, transcribió como se expusieron las ventas en la nota 4.1 de los Estados Contables del ejercicio en cuestión sobre lo que concluyó que “En dicha conciliación se deja constancia que los “incentivos fiscales” corresponden a “Bono IVA”, vinculado con los beneficios del régimen de promoción industrial instituidos por la Ley N° 22.021 y su modificatoria Ley N° 22.702 (según Nota 1 a los Estados Contables). En función de lo expuesto, no fue posible conciliar las ventas contabilizadas en los registros contables con las consideradas a los efectos impositivos”. Lo antedicho no ha sido aclarado ni ampliado ni en las impugnaciones ni en las explicaciones posteriores brindadas por la recurrente, fundamentalmente respecto del contenido de la conciliación puesta disposición para contestar el punto de pericia, que es, en suma, sobre lo que debía ahondar a fin de probar la inexistencia de diferencias entre las ventas declaradas y las que surgían de las facturas electrónicas, lo que no se suplido por el hecho de que “no surge de ninguna presentación que la perito de ARCA haya solicitado documentación adicional” y que “los datos de facturación de la empresa obran también en los propios registros de la Administración … razón por la cual no hubo limitante alguna para elaborar el informe…”.
En suma, debe recordarse que recae sobre el contribuyente la carga de probar por todos los medios la veracidad de sus dichos, conforme las reglas del art. 377 del CPCCN y al no haberlo logrado, deben convalidarse el ajuste practicado.
Por lo expuesto, corresponde confirmar también confirmar este ajuste. Con costas.
V. Por último, adhiero al voto del Vocal Instructor respecto de confirmar los intereses que también se intimaron a ingresar en la Resolución y que fueron liquidados conforme el art. 37 de la ley 11.683 y la multa aplicada en los términos del art. 45 de la ley 11.683, también con costas.
Que del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 7.623.877 (Pesos siete millones seiscientos veintitrés mil ochocientos setenta y siete) equivalente a 74,69 (setenta y cuatro con 69/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, y por el patrocinio letrado, la suma de $ 19.059.692 (Pesos diecinueve millones cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y dos) equivalente a 186,72 (ciento ochenta y seis con 72/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Acordada N° 17/2026 (CSJN 03/08/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017.
3. Regular los honorarios de la Contadora Tatiana Sabrina Sgroi, por su actuación como perita contadora designada a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $6.346.601 (Pesos seis millones trescientos cuarenta y seis mil seiscientos uno) equivalente a 62,18 (sesenta y dos con 18/100) UMA, los que quedan a cargo de la recurrente en atención a la labor desarrollada en la pericia practicada, el monto del litigio y demás pautas establecidas en los artículos 15,16,19,20,21,22,24,29 y 51 de la ley 27.423, la Acordada N° 17/2026 (CSJN 03/08/2026) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Decreto 1077/2017.
4. Se deja constancia que la suma regulada no incluye el IVA.
Regístrese, notifíquese y archívese. – Date: 2026.08.18 11:08:42 ART Date: 2026.08.18 12:57:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.18 13:15:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.18 13:16:55 -03:00
Fin de la sentencia