Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124319
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDe conformidad con lo aconsejado por el señor Procurador General y ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario incoado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC). Costas a la recurrente vencida (art. 68, Cód. cit.).
C. 124.319 "G. D. R. A. A. S/ TUTELA"
I. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Azul -en lo que aquí interesa destacar- confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, otorgó la tutela de L. P. A. al señor P. F. A. y la señora C. I. C.. Asimismo, ordenó mantener el plan de revinculación de la niña con su abuela materna, señora A. G. d. R., junto a un seguimiento regular de su evolución (v. sents. del 14-IX-2017 y 5-V-2020).
II. Contra dicha decisión, se alza la señora A. G. d. R. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 22-V-2020).
III. Las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario interpuesto han sido adecuadamente consideradas por el Procurador General en oportunidad de emitir su dictamen (v. dictamen del 21-XII-2021), cuyos fundamentos centrales, vinculados con la insuficiencia técnica del recurso a los fines de conmover la sentencia de la Cámara, son compartidos por este Superior Tribunal y a los que corresponde remitirse en razón de brevedad.
Del dictamen dimana lo siguiente: "... los argumentos sostenidos por la recurrente importan una discrepancia con las conclusiones del pronunciamiento en crisis y, en consecuencia, deviene aplicable lo decidido por esa Corte en tanto 'Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cumple con lo dispuesto en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial al no controvertir los fundamentos en los cuales se basa el fallo, limitándose a esbozar argumentos que trasuntan su disconformidad con la sentencia dictada, alcanzando la crítica, solamente, a constituir una mera discrepancia subjetiva con el criterio del juzgador, dejando así incumplida la carga recursiva impuesta (SCBA LP Rc. 125.313 I. 18/11/2021, autos S. B. s/ Abrigo, entre muchas otras)'" (v. dictamen cit., pág. 4).
Asimismo, destaca que "... el fallo en crisis no sólo analiza los antecedentes fácticos de la causa y la naturaleza de la figura legal de la tutela, sino que pondera fundamentalmente que L. tiene hoy 14 años, que se ha presentado con su propia abogada del niño, doctora María Lorena Fernández, y que ha solicitado el otorgamiento de la tutela definitiva a P. F. A. y C. I. C." (v. dictamen cit., pág. 5).
Señala que "... la Cámara ha abordado y analizado las constancias de la causa y el resultado del programa implementado para concluir que, ante el fracaso del mismo no es posible dilatar la solución del caso (...) En el meduloso fallo, no se ha dejado de analizar ni el programa, ni los informes, ni la petición de la abuela de acercar a su nieta sus mensajes y videos grabados (...) No resulta atendible, entonces, el agravio de la recurrente en el sentido de que no se han generado las condiciones propicias para revertir la situación actual, que no se ha procurado que -mediante el tratamientos psicológicos- se inicie un proceso de reversión de la situación de negación de L. de la existencia y vinculación con su abuela A. y que no se ha dispuesto de un programa bajo la coordinación y dirección de la perito oficial, licenciada Agustina Ferro (...) Se ha trabajado en pos de lograr una revinculación que no se ha conseguido -aunque se han evidenciado cambios positivos que se deben continuar explorando a fin de lograr el fin esperado, pero sin dilatar aún más en el tiempo la resolución de la causa- (ver informes de la Lic. Ferro de fs. 1035/1036; 1041/1041 vta.; 1117/1117 vta.; 1188/1188 vta.; 1198/1200 vta.; 1206/1208 y 1241/1246, por mencionar algunos)" (v. dictamen cit., pág. 6).
Y, finalmente, destacó que "... No se puede pretender negar la voluntad y el deseo de la adolescente, sosteniendo que tiene la voluntad viciada. Ello no está acreditado y constituiría un serio atropello a sus derechos" (v. dictamen cit., pág. 8).
IV. Además de las circunstancias señaladas por la Procuración General, dada la índole de la cuestión debatida, se advierte que el rechazo del recurso que se propicia encuentra suficiente respaldo en las constancias objetivas de la causa (conf. doctr. C. 119.541, "R. C., N.", resol. de 25-II-2015; C. 120.229, "R., P.", resol. de 14-X-2015; e. o.).
En efecto, de los informes técnicos recabados en la etapa propuesta por el Tribunal de Alzada para trabajar sobre la revinculación abuela-nieta (v. sent. de 20-XII-2018), se desprende lo siguiente:
a) Del informe elaborado por la Lic. Ana Lauscher respecto del señor P. F. A. dimana que "... no se encuentra satisfecho el plan de revinculación si se entiende el mismo como real apertura de las partes al encuentro entre L. y su abuela materna en contexto de una interacción aceptable entre los adultos (...) lo conveniente es determinar la opción menos perjudicial para L. en función de su salud mental integral (...) Ante esto es necesario tener en cuenta los tiempos lógicos de su desarrollo que pueden no coincidir con los cronológicos de las instituciones o las personas interesadas (...) en el caso del Sr. A. la representación que posee de la abuela materna es de una figura que puede ocasionar eventualmente daño psíquico a L. ya que la desestabiliza y le genera temor. No obstante ha podido manifestar que si la Sra. A. G. d. R. llegase a modificar su actitud beligerante, de su parte se dispondría otra postura..." (v. informe del 29-V-2019).
b) Del informe presentado por la Lic. Isabel Figueroa respecto de la señora C. I. C. surge que "... ha realizado todo lo que la justicia ha solicitado a pesar de que muchos encuentros con la Sra. G. se dieron de forma violenta, generando mucha angustia en L. y en ella misma (...) al ver que los resultados de los encuentros afectaban el estado anímico de L. y observar el comportamiento de la Sra. G. frente a L. de forma violenta, esto hace repensar de cuidar y proteger a L. (...) Un plan de revinculación debe tener en cuenta no solo el pedido en relación al derecho que alguien pueda tener, sino también las circunstancias (...) No pudiendo ser solo respetado el pedido de una de las partes sin tener en cuenta el costo-beneficio de la niña-joven actualmente (...) Se sugiere respetar los tiempos, las subjetividades, la singularidad de L." (v. informe del 29-V-2019).
c) En el informe recibido de parte de la Lic. Carolina Gasparetto, en relación a la señora A. G. d. R., se concluye que "... No se observan cambios, en relación a la problemática, a excepción de la fuerza que puede poner en juego para seguir intentando recuperar el vínculo con su nieta (...) La paciente no puede empatizar en nada con los señores A. y C.; los ve ligados a la muerte de su hija y apropiación de su nieta" (v. informe del 8-VIII-2019).
e) Finalmente, en el informe realizado por la Lic. Agustina Ferro se concluye que "... si bien los actores de este proceso cumplen con el trabajo clínico individual, no pueden pensar la articulación o inclusión de la tarea de vincular o encontrar a los adultos en una implicación subjetiva distinta que arribe a la resolución del conflicto intrafamiliar (...) continúan enfrentados en relación a ubicar como el responsable del daño psíquico actual o futuro en la niña, a la otra parte..." (v. informe del 28-X-2019).
En este sentido, frente a las manifestaciones expuestas en el recurso interpuesto por la abuela materna (centradas fundamentalmente, por un lado, en cuestionar el trabajo de revinculación llevado adelante en la instancia ordinaria y, por el otro, en invalidar la opinión de L. con sustento en su falta de autonomía), no se aportan elementos suficientes que permitan avizorar un cambio en la relación abuela-nieta de aquella expuesta en los informes citados, como así tampoco tienen asidero las consideraciones en torno a la falta de autonomía de L. para expresar su opinión, quien no solo ha demostrado comprensión de la problemática que la atraviesa a lo largo del proceso, sino que -además- se ha presentado en calidad de parte con representación letrada esbozando de manera clara y precisa cuál es su pretensión (v. fs. 596/598; cfr. arts. 12 de la Convención de los Derechos del Niño; Observación General n° 12 del Comité de los Derechos del Niño; 27 inc. "c", ley 26.061 y su dec. reglamentario 300/05; 1, ley 14.568 y su dec. reglamentario).
En consecuencia, a la luz de las referidas constancias, la solución adoptada en la instancia es la que mejor se adecua al interés superior de L. (art. 3.1, CDN), pauta que guía toda decisión que sobre ella se tome y que ha sido definida como "... el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado y, entre ellos, el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso" (conf. voto del doctor Pettigiani en Ac. 79.931, "A., K. E..", sent. de 22-X-2003. En similar sentido C. 110.887, "N.N. o S., V.", sent. de 10-VII-2013; C. 102.719, "R., D. I.", sent. de 30-III-2010; C. 124.007, "L. o NN", sent. de 6-VII-2020).
La Corte Suprema ha sostenido en reiteradas oportunidades que "... la atención principal al interés superior del niño apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto (...), se prioriza el del niño (Fallos: 328:2870 y 331:2047). En tal sentido, se ha considerado que la regla jurídica del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones tiene el efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos e, incluso, el de los propios padres, por más legítimos que éstos resulten" (conf. Fallos: 328:2870, voto de los jueces Fayt, Zaffaroni y Argibay; 330:642, voto del juez Maqueda y 331:941, voto del juez Zaffaroni)"; CS., "N.N. O U., V. s/protección y guarda de personas" 12/06/2012; L. L. 26/06/2012, 26/06/2012, 7; Cita online: AR/JUR/23454/2012; en similar sentido "S., M. A. s/ art. 19 de la CIDN", 27/11/2018, LA LEY 31/01/2019, 31/01/2019, 3 - DFyP 2019 -junio-, 51 Cita Online: AR/JUR/63273/2018).
Sabido es que la ley 26.061 enfatiza en su texto que "Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (art. 3, in fine , en un todo coherente con lo estipulado en el art. 3 CDN, art. 4, ley 13.298, art. 706 CCyC).
Por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso articulado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
De conformidad con lo aconsejado por el señor Procurador General y ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario incoado (arts. 31 bis, ley 5.827, texto ley 13.812 y 289, CPCC). Costas a la recurrente vencida (art. 68, Cód. cit.).
Regístrese y notifíquese -con copia del dictamen del Ministerio Público- por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/01/2022 15:10:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/01/2022 18:24:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/02/2022 20:23:08 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2022 11:13:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/03/2022 15:15:03 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/03/2022 11:03:47 hs. bajo el número RR-55-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia