Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 48550-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas.
CAF 35014/2022/CA1; UABL SA (TF 48550-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En orden a la apelación interpuesta por la parte demandada a fs. 848 contra la regulación de honorarios practicada en los resolutivos 3°, 4° y 5° de la sentencia de fs. 825/832, por altos –los de los profesionales que intervinieron por la contraria y el perito contador por ella propuesta, y por bajos los del fisco nacional– teniendo en cuenta la naturaleza, resultado y monto del asunto debatido, asimismo el mérito, la calidad y eficacia de la gestión profesional y etapas cumplidas, se CONFIRMAN los honorarios regulados en la instancia anterior (cfr. ley 27.423, arts. 16, 19, 21, 29 y 44 y decreto-ley 16.638/57).
Por su parte, en cuanto a la apelación del abogado Felipe Carlos Stepanenko a fs. 852/vta contra la regulación de sus honorarios (resolutivo 4°), considerándolos bajos, por las mismas razones expuestas en el párrafo precedente, también se los confirma.
Y, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y considerando, además, el resultado del recurso, SE FIJAN los honorarios del abogado patrocinante de la parte actora y de su apoderado legal, Dres. Felipe Carlos Stepanenko y Agustín Isola, por la actuación de fs. 891/895, en las sumas de pesos trescientos cuatro …
CAF 35014/2022/CA1; UABL SA (TF 48550-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de noviembre de 2022.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 825/832 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, resolvió: 1°) rechazar el planteo de prescripción articulado por la parte actora, y 2°) revocar en todas sus partes el acto administrativo apelado, con costas.
En tal sentido, a través de la Resolución N° 37/17 (DV R2II), obrante a fs. 8/34 vta., la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro II de la AFIP-DGI, había determinado de oficio la materia imponible en el impuesto a las ganancias –en lo sucesivo, “IG”–, correspondiente a los períodos fiscales 2010, 2011 y 2012, al tiempo que liquidó los intereses resarcitorios de ley e impuso una multa – graduada en 70%– en el período fiscal 2011, en los términos de los artículos 37 y 45 de la ley 11.683, respectivamente.
Para decidir de aquél modo, la mayoría del tribunal a a quo, luego de describir las expresiones de las partes contendientes y de referir que en la causa se produjo prueba, rechazó –con costas– el planteo de prescripción parcial articulado por la parte actora en su libelo recursivo, el cual tenía por norte atacar la acción del fisco nacional respecto del período fiscal 2010. Vale aclarar que este pronunciamiento no fue recurrido.
Seguidamente, desestimó la calificación de arbitraria de la decisión de la administración, achacada por la actora al no haberse hecho lugar a la prueba ofrecida oportunamente.
En los Considerandos V y VI, el tribunal de grado efectuó un relato del sustrato fáctico que encierra el caso y de las imputaciones practicadas por el organismo fiscal.
Luego de ello, sostuvo que correspondía resolver si las líneas de crédito contabilizadas por UABL SA, provenientes de la firma controlante –Cedarino SL, con domicilio en España–, constituyeron una forma de financiación interna –aportes de capital– o externa –pasivo–. Destacó que, en el supuesto de los aportes de capital, los accionistas asumen los riesgos de la inversión, retribuyéndose el capital aportado con la distribución de los dividendos, mientras que, en los préstamos, la tomadora debe cancelar los pasivos en el tiempo pactado, remunerando a los acreedores por el riesgo asumido, con la adición de los intereses. Esto último –puntualizó– origina la deducción de los intereses y las diferencias de cambio en el IG.
Afirmó que el fisco nacional no había impugnado la acreditación de los fondos en cabeza de la actora, ni su aplicación. Expuso que, en la pericia contable, los profesionales coincidieron en que los saldos de los dos primeros tramos de los contratos de mutuo fueron cancelados, lo cual permite desestimar la noción de falta de intención de devolución de los fondos y la vocación de permanencia, que caracteriza a los aportes societarios.
Mencionó que de los estados contables de UABL SA y de Cedarino SL, se pudo extraer que, dentro del giro normal de esta última, se hallaba el otorgamiento de líneas de crédito similares a las aquí analizadas.
Puso de resalto que el ente recaudador, provisto de prerrogativas inquisitivas suficientes, debió arrimar a la causa la demostración de qué parte de la operación realizada no se ajustó a la realidad.
Mencionó que la recalificación de la línea de créditos en aportes de capital resultaba improcedente, motivo por el cual revocó el ajuste.
II. Que contra dicha sentencia se alza la parte demandada, interponiendo recurso de apelación a fs. 868 –concedido a fs. 869– y expresando sus agravios a fs. 878/886 vta., los que fueron contestados por la actora a. fs. 891/895.
Luego de efectuar una descripción de los antecedentes de la causa, sostuvo que la cuestión a dirimir consiste en determinar si los fondos ingresados a UABL SA, provenientes de las tres líneas de crédito CAF 35014/2022/CA1; UABL SA (TF 48550-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO otorgadas por Cedarino SL, respondieron a auténticos préstamos, o bien representaron aportes de capital.
Destaca el voto disidente del Vocal Martín, al referir a la moderada tasa de interés pactada entre las partes, lo cual surgiría del estudio de “precios de transferencia” de la firma.
Critica el pronunciamiento apelado, por cuanto habría omitido valorar que, luego de 2013, la actora canceló la totalidad del capital del primer préstamo, gracias a la fuerte inyección de capital recibida de UABL Paraguay SA en junio y septiembre de ese año, firma que terminaría siendo su principal accionista.
En este sentido, expresa que a partir de 2013, luego de la devolución de u$s 15.000.000, se modificaron las participaciones accionarias en UABL SA, incorporándose como nuevo accionista a UABL Paraguay SA, con un porcentaje de 74,02%, licuándose la participación de Cedarino SL de España –25,12%– y Thurson Shipping Inc. Panamá – 0,86%–. Ello –precisa– evidenciaría que entre la actora y Cedarino SL existió una innegable vinculación societaria, en tanto que la dadora de los fondos era controlante de la tomadora en forma directa y, luego de la modificación de las participaciones, lo seguía siendo en forma indirecta, a través de UABL Paraguay SA. Ambas firmas –concluye– formaban parte del mismo grupo económico.
Niega que las cancelaciones parciales del capital evidencien una “intención de devolución”.
Desconoce que la circunstancia de que las líneas de crédito se hallaren asentadas en los estados contables de las firmas, alcance para interpretar que se trataron de auténticos préstamos. Menciona que hubo varias falencias formales en la documentación respaldatoria aportada por la actora, tales como una inadecuada formalización del préstamo, falta de demostración de la personería de los firmantes, ausencia del tratamiento de las líneas de crédito por los órganos societarios, falta de garantías, etc. Al respecto, señala que tales circunstancias no obstan a la doctrina que señala que debe considerarse con relativa flexibilidad de cumplimiento de ciertos requisitos formales, cuando se trata de compañías vinculadas. Realza el voto del Vocal Martín, al expresar que el devengamiento de intereses contemplado en el contrato de préstamo comenzó en el año 2009, siendo que al 31/12/16 aún se mantenían impagos; ello también permitiría vislumbrar que tal devengamiento solo tuvo efectos documentales.
Transcribe fragmentos del voto del vocal mencionado, en el cual expone fundamentos en pos de interpretar que los ingresos de dinero en UABL SA no reportarían el carácter de préstamo.
Destaca que todas las evidencias recolectadas forman la convicción de que, en el caso de los desembolsos de dinero de Cedarino SL en favor de UABL SA, deberían ser caracterizados como un aporte de capital.
Afirma que debe tenerse en cuenta que Cedarino SL es una compañía española, cuya actividad es la “tenencia de valores de entidades no residentes”, y que a partir del 1/1/13 cesó la vigencia del Convenio de Doble Imposición con el Reino de España, en razón de la denuncia efectuada por la República Argentina.
Acusa que el Tribunal Fiscal no efectuó una adecuada y completa ponderación de las circunstancias fácticas y de las pruebas arrimadas a la causa, correspondiendo analizar la operatoria y establecer su naturaleza jurídica desde la perspectiva de su realidad subyacente, más allá de las formas y modalidades estipuladas.
En otro orden de consideraciones, cuestiona la imposición de costas a su parte.
Cita jurisprudencia, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.
III. Que previo a ingresar al tratamiento de la materia sometida a examen, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a la recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan CAF 35014/2022/CA1; UABL SA (TF 48550-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15, “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN M Interior OPyV DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18, entre otros).
IV. Que, asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. CNACAF, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/2016, del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/2018, del 7/5/19, entre otros).
V. Que ello sentado, como medida preliminar corresponde indicar que la cuestión elevada a estudio y resolución de esta Alzada se identifica con la legitimidad de la activación del denominado “Principio de Realidad Económica”, previsto en el artículo 2° de la ley 11.683 (t.v.).
A cuyo respecto, el organismo recaudador consideró que, en la realidad de los hechos, y a los fines tributarios, los fondos que Cedarino SL remitió a UABL SA revistieron la naturaleza de aportes societarios –y no de préstamos–, motivo por el cual no cabría la deducción en la base imponible del IG de las diferencias de cambio, al tratarse de importes denominados en dólares estadounidenses (ley 20.628, t.o. en 1997, art. 68, actual art. 72, t.o. en 2019).
Como corolario de ello, el organismo impugnó las DDJJ-IG-2010-2011-2012, en las cuales la firma actora había consignado los pasivos y, consecuentemente, deducido las diferencias de cambio negativas, producto de su re-expresión en moneda nacional.
Concretamente, la impugnación fiscal alcanzó las sumas de $ 2.227.648.- –2010–, $ 5.763.469.- –2011– y $ 12.527.472.- – 2012–, lo cual se tradujo –luego de computar los quebrantos acumulados por la compañía, y los pagos a cuenta correspondientes–, en un impuesto a ingresar de $ 1.949.901,51.- en el periodo fiscal 2011, más los intereses resarcitorios y la multa impuesta a su respecto (v. especialmente, fs. 33/34 vta).
Como se dijo, la mayoría del Tribunal Fiscal de la Nación no convalidó esta tesis, y resolvió revocar la Resolución N° 37/17 (DV R2II).
VI. Que en lo tocante al aspecto fáctico del planteo, conforme surge de las piezas que componen estos actuados, teniendo la firma actora por actividad principal la prestación del servicio de transporte fluvial y lacustre de carga, y como otras actividades la de servicios de transporte marítimo de carga; servicios complementarios CAF 35014/2022/CA1; UABL SA (TF 48550-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO para el transporte marítimo; la venta al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado y combustibles y lubricantes para automotores, contrató con su controlante –Cedarino SL, radicada en España– una línea de créditos, en cuyo marco concertaron préstamos de dinero los días 28/11/08 (fs. 51/55), 12/8/10 (fs.57/61vta.) y 19/8/11 (fs. 62/67 vta).
Las características salientes de esas operaciones se extraen de los denominados “Contratos de línea de crédito” que obran en autos, y son las siguientes:
- Contrato del 28/11/08: se otorgó una línea de crédito de hasta u$s 15.000.000, con un interés compensatorio del 6% anual, y un plazo máximo de utilización al 31/12/09 y de amortización al 31/5/13. Los fondos tendrían por destino la adquisición de bienes de uso –activos no financieros–, y serían desembolsados a pedido de la tomadora, en tramos.
- Contrato del 12/8/10: se otorgó una línea de crédito de hasta u$s 10.000.000, con un interés compensatorio del 6% anual, y un plazo máximo de utilización al 31/7/11 y de amortización al 31/8/14. Los fondos tendrían por destino la adquisición de bienes de uso –activos no financieros–, y serían desembolsados a pedido de la tomadora, en tramos.
- Contrato del 19/8/11: se otorgó una línea de crédito de hasta u$s 15.000.000, con un interés compensatorio del 6% anual, y un plazo máximo de utilización al 31/12/12 y de amortización al 31/8/16. Los fondos tendrían por destino la adquisición de bienes de uso –activos no financieros–, y serían desembolsados a pedido de la tomadora, en tramos.
Ahondando en la lectura de la Resolución N° 37/17 (DV R2II) y del recurso que dio inicio a estas actuaciones –piezas en las que se brindan explicaciones acerca de los desembolsos de dinero por parte de la firma extranjera, y de las devoluciones practicadas por parte de la empresa local–, junto con el dictamen pericial de autos, punto 3° (v. fs. 740/742, con la aclaración de fs. 762/763 vta), obtenemos que, de los desembolsos realizados oportunamente, en el ejercicio 2013 la responsable había reintegrado casi la totalidad del tramo 1 –u$s 14.998.000–; que en el ejercicio 2014 había hecho lo propio por el tramo 2 –que incluía la suma de u$s 2.575.000–, y en los ejercicios 2015 y 2016 se mantenía impago el tramo 3, por el cual se habían girado u$s 2.850.000. En todos los casos, las cancelaciones sólo alcanzaban al capital adeudado, no los intereses compensatorios devengados. Por otro lado, continuando con el relato de los hechos, en los meses junio y septiembre de 2013, UABL SA recibió aportes de capital a cuenta de futura suscripción de acciones por parte de UABL Paraguay SA –compañía vinculada de exterior–, por valor de $ 81.171.412. Posteriormente, el 28/11/13, por asamblea extraordinaria se resolvió aumentar el capital de la sociedad comercial, a través de la emisión de acciones por $ 81.171.412, suscriptas por UABL Paraguay SA a través de la capitalización de aquellos aportes a cuenta (v. fs. 10/11, 418 vta. y 828).
Hasta aquí, las partes no presentan diferencias sustanciales en sus argumentaciones.
VII. Que, ahora bien, arribados a este estadio, corresponde reconocer en cuál o cuáles aspectos las partes disienten. Tal como fuera adelantado al comienzo del considerando anterior, la firma contribuyente cualificó a las sumas obtenidas de Cederino SL como préstamos –lo cual, desde el ángulo contable, generó el cómputo de un pasivo y, desde el fiscal, la deducción de las diferencias de cambio en el IG–, mientras que el fisco nacional lo hizo como aportes societarios, excluyendo aquél tratamiento fiscal. Presentado así el cuadro, la solución al entuerto habrá de alcanzarse llevando a cabo una prudente lectura de los hechos que se presentan en la causa, a la luz del ordenamiento fiscal vigente, y con la colaboración de la prueba disponible.
VIII. Que los motivos por los cuales UABL SA imputó el carácter de préstamo a las sumas obtenidas de Cedarino SL, CAF 35014/2022/CA1; UABL SA (TF 48550-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO radican directamente en la voluntad que las partes celebrantes fijaron en los contratos de mutuo. Se trata pues de un asunto que no merece una mayor tarea interpretativa, correspondiendo, a priori, limitar el examen a los términos de los actos jurídicos bilaterales en cuestión.
Por el contrario, al adentrarnos en la tesitura defendida por el organismo fiscal, la labor interpretativa requiere más esfuerzo.
En efecto, de acuerdo con esta última postura, los giros de dinero en trato reportarían la calidad de aportes de capital, a partir del conocimiento de la verdadera intención que habrían tenido las partes al celebrar los contratos. Se trata de la clásica distinción entre la intentio facti y la intentio juris (Jarach, Dino., “El Hecho Imponible. Teoría General del Derecho Tributario Sustantivo”, Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina SA, Bs. As. 1943, pág. 101) La tarea interpretativa, sustentada en el artículo 2° de la ley 11.683, no se limita, pues, a la lectura de las cláusulas de los contratos, y a los movimientos de los valores entre las partes, sino que abarca un contorno más amplio, alcanzando fundamentalmente a la situación económico financiera de la firma actora, a la composición del grupo económico al que pertenece y a otras operaciones realizadas en su seno.
Como correlato de la tarea descripta, el ente recaudador arribó a la conclusión de que, a los efectos fiscales, la verdadera intención de UABL SA no habría sido obtener préstamos de Cedarino SL.
Ingresando más detenidamente en este desarrollo, el fisco nacional argumenta que, como consecuencia del aumento del capital social resuelto el 28/11/13, se habrían alterado sustancialmente las tenencias societarias de las firmas del grupo económico, ya que originalmente Cedarino SL poseía el 96,66% y Thurston Shipping Inc. el 3,4%. Luego de la operatoria, UABL Paraguay SA pasó a contar con el 74,02%, Cedarino SL con el 25,12% y Thurston Shipping Inc con el 0,86%. Completa el cuadro el hecho que Cedarino SL era titular del 97,50% del capital social de UABL Paraguay SA.
Siendo esto así, el organismo colige que con los “supuestos prestamos”, sumado a la devolución del primer tramo del crédito –por u$s 15.000.000–, “se modificaron las participaciones accionarias… e incorporó como nuevo accionista a la empresa UABL Paraguay SA con un porcentaje del 74,02% licuando la participación de los dos anteriores…” (fs. 12)
De este modo, siendo que las firmas involucradas formaban parte de un grupo económico, “la aludida operatoria debía ser analizada bajo ese contexto” (fs. 12 vta); máxime si se tiene en cuenta la baja tasa de interés y el extenso plazo otorgado para las devoluciones, en el marco de una empresa con dificultades económicas (fs. 13). En orden a esto último, el ente recaudador puso de relieve la ratio de incidencia de los pasivos en el patrimonio neto de la compañía, que alcanzaron el 91% en el ejercicio 2010, el 92% en el 2011 y el 169% en el 2012 (fs. 13 vta). En suma, asevera la administración que los fondos devueltos a Cedarino SL por el primer tramo del préstamo retornó a la compañía vía UABL Paraguay SA, revistiendo pues “un aporte de capital indirectamente” efectuado por esta última. Es que, “la concordancia entre los períodos del aumento de capital y la integración como accionista mayoritario de UABL Paraguay SA, quien aportó las sumas integradas y la cancelación del primer supuesto préstamo de U$S 15.000.000 a la firma Cedarino SL de España fue contundente… se observaron indicios que permitieron establecer que los referidos ingresos de fondos no revestían el carácter de créditos sino de inversiones de capital realizadas por Cedarino SL, su controlante y que de tratarse de operaciones entre partes independientes ningún prestador hubiera otorgado tales fondos a una persona jurídica en estas condiciones… se distancia de un verdadero contrato comercial de préstamo en dinero, y se asemejan por las condiciones pactadas a un aporte efectuado por la sociedad vinculada para inyectar capital en el giro operativo de la rubrada con un laxo compromiso de devolución en CAF 35014/2022/CA1; UABL SA (TF 48550-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO tanto existieren utilidades que si lo permitan… se pudo concluir que las remesas de fondos se asemejaban a aporte de capital en lugar de préstamos de dinero, toda vez que no se habían reunido los elementos que se encontrarían presentes en las operatorias normales para este tipo de contratos” (fs. 15 vta/16).
Entre los argumentos presentados por la parte actora contra esa construcción jurídica, cabe aquí mencionar el que niega que los fondos obtenidos de UABL Paraguay SA se hubieran aplicado a cancelar el préstamo obtenido de Cedarino SL, precisando que ambas operaciones se realizaron desde distintas cuentas (fs. 427 vta/428 vta).
IX. Que, frente a este escenario, la mayoría del TFN resolvió no acoger a la tesis del fisco nacional, por los fundamentos expuestos en el Considerando I de esta sentencia.
Sin pretender incurrir en innecesarias repeticiones, a los fines de llevar a cabo la tarea a la que esta Alzada está llamada, baste aquí referir a la compulsa que el a quo realizó de la pericia contable, extrayendo que las cancelaciones de los tramos 1 y 2 de los préstamos llevaba a desestimar la noción de falta de intencionalidad de devolución de los fondos y la vocación de permanencia.
Luego de expresar que el fisco nacional no cuestionó la existencia de las acreditaciones de los fondos, ni su aplicación, ponderó que, a pesar de la situación económico financiera en la que se encontraba la firma, en los registros contables surgía que en su giro normal se le otorgaban créditos similares a los analizados, que fueron cancelados en su totalidad.
X. Que estos juzgadores, si bien comparten la resolución a la que arribó el a quo, consideran que, a más de los fundamentos reseñados en el considerando precedente, corresponde añadir otro que remata la suerte del caso.
Como se dijera, las partes establecieron en los “Contratos de línea de crédito” que el destino de los fondos sería la adquisición de bienes de uso –inversiones en activos no financieros– (artículo 1.3).
Si se accede a la lectura del dictamen pericial contable (fs. 740/742), en su punto 2° los expertos describieron las adquisiciones y reparaciones que reflejaban los libros “Inventarios” y “Balances” compulsados, dando cuenta –con descripción del ejercicio, concepto, valor y fuente– de cada operación. Ello se vincula con los estados contables acompañados por la actora –que se tienen a la vista–, en particular con los “Estados de flujo de efectivo” y “Evolución de bienes de uso” (fs. 72, 77 vta, 88 vta, 94, 110, 122, 134 vta, 141, 150 vta, 157 vta, 166 vta, 173 vta, 184, 191 vta) y también con las “Memorias” (fs. 84, 101, 131, 146, 179, 198 vta). Téngase en cuenta que los libros contables de la actora han sido auditados externamente, conforme surge de fs. 79 vta/80, 85 vta/86, 104/105, 143/vta, 147 vta/148, 163vta/164 y 180vta/181.
La información descripta coadyuva a comprender que la adquisición de bienes de uso ha sido una constante en el devenir de la actividad fluvial desarrollada por la actora, lo cual denota que, más allá de las variaciones que pudiera haber experimentado su cuenta capital –perteneciente al patrimonio neto–, el acceso al crédito se encuentra justificado.
No se desconoce la falta de acreditación de cuáles bienes de uso se habrían adquirido con los fondos obtenidos de la línea de crédito; empero, el examen de los registros contables permite tener una visión lo suficientemente clara del cuadro analizado.
Es que, recordemos, lo que se discute no es stricto sensu el empleo de los fondos, sino su naturaleza.
XI. Que expuesto lo anterior, se comparte el criterio sentado por el tribunal de grado, ya que los componentes de los que se valió el organismo para desconocer las operaciones de crédito, y recalificarla como de aporte de capital, no resultan idóneos para subsumir la situación de hecho en el enunciado legal contenido en el artículo 2° de la ley 11.683.
CAF 35014/2022/CA1; UABL SA (TF 48550-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO No debemos perder de vista que ese precepto enuncia que para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los “actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes”, para luego concretar que “Cuando estos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes…” (subrayado aquí agregado).
En tal sentido, esta Sala recientemente ha sostenido que, en orden a la jurisprudencia digna de invocación en este tipo de asuntos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con un importante repertorio de pronunciamientos en torno al Principio de Realidad Económica, tornándose oportuno referir a dos decisorios de cercana publicación (v. esta Sala, in re: “EMC Computer System Argentina SA (TF32716-I) s/Direccion General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 58416/19, del 14/7/20). La primera de las causas que allí se mencionó, corresponde a los autos “Consorcio de Empresas Mendocinas Postrerillos SA (TF 24.929-I) s/Dirección General Impositiva”, del 31/10/17, referida a la potestad con que cuenta el fisco nacional de desconocer las formas y estructuras asignadas por los contribuyentes. Allí, la Corte Suprema afirmó que “… dicha facultad solo puede ser válidamente ejercida por la administración tributaria cuando resulta manifiesta la discordancia entre la sustancia económica del acto o negocio y la forma o estructura que los contribuyentes le han asignado pues como principio, salvo que se presente esa ostensible discordancia, ´debe darse prioridad a las estructuras jurídicas utilizadas por los particulares´…” (Considerando 7°. Los subrayados son aquí agregados). Más cercano en el tiempo, en un caso que guarda cierta semejanza con el presente –se trataba de un mutuo entre sociedades vinculadas, que el fisco nacional había recalificado a un aporte de capital–, la mayoría del Alto Tribunal –la disidencia desestimó el recurso de queja en los términos del CPCCN, art. 280–, haciendo suyo las expresiones de la Procuración General de la Nación, ponderó que “… esa calificación se asienta, fundamentalmente, en el hecho de la falta de pago oportuno del mutuo… Pero, según pienso, del mero incumplimiento de un acuerdo no se puede derivar sin más y sin considerar las circunstancias de cada caso, una mutación en la naturaleza jurídica de un instituto, ya que ello importaría, derechamente, dejar librada la sustancia jurídica de todo acto a lo que pudiera suceder a la postre, es decir supeditando toda conclusión a lo que los hechos ulteriores determinasen”. En el desarrollo de dicho análisis, puso de resalto que el organismo fiscal había omitido tomar en cuenta las cancelaciones parciales de capital que la firma contribuyente fue realizando.
Finalmente sostuvo lo siguiente: “… para la aplicación del instituto se requiere que existan motivos serios por los cuales quepa dejar de lado la configuración de un determinado negocio jurídico para reencuadrarlo en aquel otro que mejor se adecue a la sustancia económica del asunto o a la auténtica intención jurídica de las partes intervinientes, circunstancias que, por lo ya expuesto, considero que no se hallan en la presente especie” (CSJN – “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Transportadora de Energía SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, del 26/12/19).
XII. Que en suma, a tenor de todo lo expuesto, se concluye que los argumentos expuestos por el organismo recaudador no logran conmover la sentencia apelada, traduciéndose lo allí resuelto en una razonada derivación del derecho vigente, merecedor de confirmación en esta instancia, con costas (cfr. CPCCN, art. 68 párrafo primero). En mérito de lo expuesto SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas.
CAF 35014/2022/CA1; UABL SA (TF 48550-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En orden a la apelación interpuesta por la parte demandada a fs. 848 contra la regulación de honorarios practicada en los resolutivos 3°, 4° y 5° de la sentencia de fs. 825/832, por altos –los de los profesionales que intervinieron por la contraria y el perito contador por ella propuesta, y por bajos los del fisco nacional– teniendo en cuenta la naturaleza, resultado y monto del asunto debatido, asimismo el mérito, la calidad y eficacia de la gestión profesional y etapas cumplidas, se CONFIRMAN los honorarios regulados en la instancia anterior (cfr. ley 27.423, arts. 16, 19, 21, 29 y 44 y decreto-ley 16.638/57).
Por su parte, en cuanto a la apelación del abogado Felipe Carlos Stepanenko a fs. 852/vta contra la regulación de sus honorarios (resolutivo 4°), considerándolos bajos, por las mismas razones expuestas en el párrafo precedente, también se los CONFIRMA.
Y, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y considerando, además, el resultado del recurso, SE FIJAN los honorarios del abogado patrocinante de la parte actora y de su apoderado legal, Dres. Felipe Carlos Stepanenko y Agustín Isola, por la actuación de fs. 891/895, en las sumas de pesos trescientos cuatro mil trescientos veintiséis ($ 304.326.-) y ciento veintiún mil setecientos treinta y uno ($ 121.731.-), respectivamente, equivalentes –a la fecha– a la cantidad de 29,26 UMA y 11,7 UMA (cfr. ley 27.423, arts. 30 y concs).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite –en la instancia anterior– su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. CSJN, Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros). Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia