Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. N°8849/25 Sentencia: Definitiva Actor: Ubillos Domingo Alberto Demandada: Masterbus Minera S.A Objeto: Demanda Laboral Fecha: 29-07-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintinueve días del mes de julio de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “UBILLOS Domingo Alberto c/ MASTERBUS MINERA S.A. s/ demanda laboral” Expte, Nº 7242/23 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral de Minería y de Familia de la localidad de Las Heras, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8849. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Griselda I. Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDO: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el Dr. Eugenio Gómez Carrasco se presenta en PE 938178/2023 en representación de Domingo Alberto Ubillos promoviendo demanda laboral por cobro de pesos contra la razón social MASTERBUS MINERA S.A. por cobro de la suma de $7.245.053,56 o lo que en más o menos surja de la prueba con más intereses y costas. Indica su ingreso en relación laboral de la empresa MASTER BUS S.A. el 18 de febrero de 2019 como oficial mecánico sujeto al CCT Nº 225/75. Relata que en marzo de 2022 todos los trabajadores fueron por un contrato de cesión a la razón social MASTERBUS MINERA S.A. indicando los CUIT de ambas empresas y que el actor siguió prestando servicios para la razón social cesionaria demandada bajo las mismas condiciones fácticas y reconocimiento de la antigüedad laboral. Se refiera a su desempeño con fidelidad y probidad como oficial mecánico y lugar de desempeño en Comodoro Rivadavia y en las minas situadas en esta provincia obligado a desplazarse a distintos lugares frente a cualquier inconveniente o falla mecánica de los vehículos de transporte de personal con ingreso a los yacimientos sin ser objeto de sanciones que vulnerado la confianza o lealtad entre las partes.
No obstante los esfuerzos para mantener su fuente de trabajo relata que el 13 de abril de 2023 recibe una notificación de su empleadora, instrumentada en escritura pública labrada por el escribano Raúl Gastón Ignao, por la que le hace saber la decisión de la empleadora de proceder a su despido con causa (art. 242 LCT) por su exclusiva culpa. Se indicaba como injuria grave que encontrándose de licencia médica desde el 10 de noviembre de 2022 hasta el 1º de mayo de 2023 por afectación de un hombre fue detectado el 7 de abril de 2023 en la mina Cerro Negro ubicada en la provincia de Santa Cruz trabajando para otro empleador (Margus S.R.L.) competidor de la demandada. Describe el hecho y los perjuicios poniendo a disposición la liquidación final en el telegrama al que me remito. Sostiene no haber prestado en ningún momento servicios laborales para Margus SRL pero reconoce que el 7 de abril de 2023 ingresó a la mina Cerro Negro en un vehículo de dicha empresa encontrándose de licencia médica. Indica que lo realizó como viajero particular en calidad de acompañante del chofer de dicha firma. Reconoce que su representado se encontraba de licencia médica desde el 1º de noviembre de 2022 por una afección en el hombro izquierdo (lumbalgia post esfuerzo tras levantar una barra estabilizadora) pero dice que el cuadro clínico era ambulatorio, habían transcurrido varios meses desde el accidente y si bien no podía realizar esfuerzos físicos ello no le impedía circular en un vehículo, que de hecho lo hizo en calidad de acompañante de un chofer de transporte de personal con quien tiene relación de amistad. Sostiene que la injuria laboral debe comprender el incumplimiento de algún tipo de obligación originada en el contrato de trabajo contrario a derecho que agravia a la empleadora y no consienta la prosecución del vínculo. Invoca el derecho y ofrece prueba.
II. Que se certifica la realización de la audiencia del art. 47 de la ley 1444 donde las partes no llegan a un acuerdo y contestada la demanda se corre traslado de la documental acompañada. La contestación de la demanda obra en PE 992357-2023. Se niega todos y cada uno de los hechos afirmados en la demanda y la autenticidad de la documental acompañada salvo la expresamente reconocida. Da su versión de los hechos que dista de la del actor que se tiene presente y se da por reproducida. Se refiere al hecho injurioso ocurrido el 7 de abril de 2023 al ingresar, mientras se encontraba con licencia médica, a la mina Cerro Negro para prestar su fuerza de trabajo a la empresa Margus SRL competidora de la demandada.
Indica que esta conducta significó la absoluta pérdida de confianza por lo que el vínculo no era ya sostenible. Respeto del justificativo intentado por el demandado que sostiene que ingreso en la mina Cerro Negro en calidad de amigo acompañante de un chofer y como viajero particular en un vehículo de la empresa MAR GUS SRL sin prestar servicios laborales y que su patología no le impedía circular en un vehículo como acompañante del chofer de transporte de personal y que se limitó a oficiar de simple acompañante de un chofer amigo de otra empresa. Para desvirtuar este justificativo pone de manifiesto que no es tan fácil el ingreso a una mina como Cerro Negro toda vez que existen medidas de seguridad y protocolo.
Indica que en la actividad minera no se permite el ingreso de terceros ajenos a la actividad, el control del acceso al yacimiento es estricto y sólo para quienes realizan actividades o prestan servicio efectivo. Respecto del protocolo refiere que la empresa OROPLATA controla el acceso de los contratistas que se extiende a sus subcontratistas previamente avalados o permitidos y se extiende a todo personal, vehículo, materiales, equipos y herramientas que utilice el contratista para la prestación de y ejecución del servicio. Califica la conducta del actor como sumamente sospechosa y poco prudente del actor. Dice haber recibido más información sobre su ingreso a la mina y verificada la prestación efectiva de tareas a favor de una empresa competidora se decide el despido.
Argumenta que el actor incumplió las normas de buena fe y el deber de fidelidad y de no concurrencia. Contestando el reclamo de diferencias salariales explica la existencia de dos convenios y dos escalas y que al demandado se le aplicaba la escala de Rio Gallegos y que la empresa se rige desde el principio por la escala que acompaña y no por la pretendida por el actor. Entiende no aplicable las multas del art. 2 de la ley 25.323 y la multa del art. 132 bis de la LCT por haberse producido un despido con justa causa y haberse abonado los aportes y contribuciones en tiempo y forma sin retenciones por parte de la demandada. Impugna la liquidación y ofrece prueba.
El actor amplia el ofrecimiento de prueba en PE998423-2023. En PE622986-2023 se provee las pruebas propuestas por los litigantes, produciéndose la obrante en autos. El cierre del período probatorio se dispuso en providencia instrumentada en PE913210-2924 que fijó la audiencia del art. 70 de la ley 1444 para que las partes alegaran. Actor y demandada hicieron uso del derecho de alegar con los memoriales de PE1572260-2024 y PE1554540-2024 respectivamente disponiéndose el pase a estudio para el dictado de la sentencia.
III. Que la sentencia obra en PE1600924-2024 y no textual dispone en su FALLO: 1º) Hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Domingo Alberto UBILLOS contra MASTERBUS MINERA S.A. y condena a esta última a pagar a la primera la suma de $1.009.352,94 en concepto de multa prevista en el art. 80- texto conforme art. 45 ley 25345-, a dicho importe se deberán adicionar los intereses conforme lo indicado en el considerando bajo el título: 4 tasa de interés aplicable. 2º) rechazar los rubros que no se hace lugar: antigüedad art. 245 LCT; Sustitutiva del preaviso art. 233 LCT; SAC preaviso; Integración mes de despido; SAC sobre integración mes de despido; multa art. 2 ley 25323; días trabajados del mes; SAC proporcional; vacaciones no gozadas; SAC sobre vacaciones no gozadas; diferencias salariales; multa art. 132 bis LCT. 3º) Impone las costas en un 30% a la demandada y el resto a cargo de la actora; 4º) difiere la regulación de honorarios conforme se indica en considerando; 5º) de forma.
IV. Que disconforme con lo resuelto el actor apela y funda su recurso con el memorial de PE1604302/2024. Se le concede con efecto suspensivo a la contraria en PE977399/2024 y se corre traslado del memorial en PE999091. La demandada lo contesta con la pieza de PE 1638388/2024. Los autos se elevan con la certificación de estilo en PE 1740521/2025 que se reciben en soporte digital sin agregados en PE1061644/2025.
En PE 1776732/2025 se dicta el pase de los autos a despacho para dictar sentencia estableciendo el orden de estudio que en PE1867681/2025 se corrige dejando establecido el indicado al comienzo del presente acuerdo: Monelos, Fernández y Bard.
V. Que al expresar agravios el apoderado del actor ataca en primera término que en la sentencia se haya tenido por justificado el despido del trabajador sobre la base del informe de la empresa OROPLATA S.A. en cuanto a sus registros el Sr. UBILLOS se registra como chofer… ingresando en el móvil dominio AC398RF de propiedad de la firma MARGUS SRL y recuerda el telegrama de desvinculación y la causal invocada encontrarse trabajando para otro empleador (Margus S.R.L.) que compite en forma directa con las actividades de la demandada. Sobre esta base sostiene que se debe partir de la base que el actor se desempeñaba como oficial mecánico y no como chofer para la demandada y por ello razona que no se detectó que el trabajador hubiera realizado trabajos de mecánico para otra empresa.
Respecto de que se configuraría una supuesta violación del deber de concurrencia (art. 88 LCT) sostiene que su parte ha desvirtuado dicha acusación y por ello no justificado el despido. Se remite a la prueba informativa y pone de resalto que la empresa MARGUS SRL pone de manifiesto desconocer los motivos por los cuales Domingo Alberto Ubillos, con quien ella no tiene ninguna vinculación, pudo ingresar a la Mina Cerro Negro en la fecha 07 de abril del año 2023. Y en otra respuesta afirma que el Sr. Alberto Ubillos no ha prestado servicios mecánicos en relación de dependencia ni en forma particular para esa empresa. De ello deduce que no ha existido relación laboral con la firma MARGUS SRL y por ende como lo manifestara el actor ingresó en la mina Cerro Negro en un vehículo de esta empresa como viajero particular como acompañante del chofer de dicha firma.
Minimiza que debió registrarse como chofer para el ingreso como exigencia formal y no es demostrativa que haya trabajado para MARGUS SRL ante la prueba que no existió vinculación laboral o contractual entre el actor y esta firma que afirmó desconocer los motivos del Sr. Ubillos. Explica que ello se encuentra corroborado por los informes de la AFIP que dan cuenta de la inexistencia, en la cuenta del actor, de aportes y contribuciones realizados por la empresa MARGUS SRL. por ello razona que probado la inexistencia de relación laboral o contractual con la firma MARGUS SRL el hecho de haber ingresado al yacimiento minero y se haya anotado como chofer por ser requisito del ingreso no constituye a su juicio injuria laboral para la empleadora.
Argumenta por otro lado que la demandada no acreditó que el actor hubiera realizado alguna actividad laboral dentro del yacimiento minero y por ello, a la luz de la sana crítica, el ingreso en esa circunstancia es insuficiente para tener por acreditada la prestación del servicio máxime ante el desconocimiento de MAGNUS SRL de toda relación contractual con el accionante.
Invoca el informe de Hospicasa S.A. y critica que en la sentencia se le confirió un sentido distorsionado y sostiene que demuestra que el actor, si bien podía desplazarse en un vehículo, no podía realizar actividades laborales y que tenía una enfermedad ambulatoria y que ello comprueba a las claras que no se encontraba prestando servicios laborales. Por ello argumenta que no se puede invocar la figura de la concurrencia desleal válidamente para el despido. Ello es así porque se requiere la demostración del perjuicio potencial extremo no verificado. Concluye que no existe elemento de prueba que permita tener por acreditada la infidelidad del actor o la figura de la concurrencia desleal por la que fuera despedido. Lo único probado es el ingreso al yacimiento minero y su registro como chofer y argumenta que no puede tenerse per se cómo conducta antijurídica sin acreditar el despliegue de una actividad laboral concreta a favor de un tercero y en perjuicio de la demandada.
Se agravia, en otro andarivel, por el rechazo del reclamo de diferencias salariales reclamadas por su parte. Sobre el particular señala que la propia actora hace saber que el Sr. Ubillos prestaba servicios en la base de Comodoro Rivadavia en la calle Pablo Pedro Ortega 3910 indicando el horario y jornada laboral. Hace hincapié por ello en que no se trata de un problema de encuadre sindical pues ambas partes son concordantes en que se encontraba encuadrado dentro del CCT Nº 225/75 sino en cual escala salarial era la aplicable. Atento el lugar de trabajo la escala a aplicar no sería la correspondiente a la jurisdicción de Rio Gallegos sino la de la U.T.A. de Comodoro Rivadavia pues el ámbito territorial de los Convenios Colectivos se circunscribe a la ubicación del centro de trabajo y no el correspondiente al domicilio social de la empresa. Formula reserva del caso federal y pide se revoque la sentencia en los aspectos que ha sido materia de agravios con costas.
VI. Que al contestar los agravios la parte demandada en PE 1638388/2024 con la pluma de las Dras. Fernanda A. Loncón y Romina de los Ángeles Mercado piden se rechace el recurso.
Destacan en primer lugar que el memorial de la actora constituye una mera disconformidad subjetiva con los argumentos vertidos en la sentencia atacada, sin que se logre una crítica concreta y razonada del fallo para rebatir los cimientos argumentales del decisorio cuestionado y sólo reedita los argumentos de la demanda. Se explayan sobre los recaudos omitidos en la pieza que contestan.
Hace hincapié en que el juez al resolver tuvo en cuenta la contestación del oficio adjunto a PE1155370/2023 efectuado por OPROPLATA S.A. que transcribe y valoró que el accionante estaba de licencia por enfermedad circunstancia acreditada por el informe de la Clínica HOSPICASA S.A. de PE 1026617/2023. Transcribe en negrita los términos utilizados por el magistrado al fundar la sentencia. Entiende que la sentencia tiene un razonamiento basado en los hechos acreditados en el expediente, circunstancias del caso y normativa aplicable. Expresa que, en su razonamiento, el magistrado tiene en cuenta el deber de fidelidad y buena fe que debe mantener el trabajador (arts. 63 y 85 LCT9 que obligan al trabajador a no ejecutar actividades por cuenta propia o ajena que puedan afectar intereses del empleador o competir con él.
Expresa que la sentencia valora la conducta del actor al no cumplir su licencia médica. Por ello considera suficiente la prueba contundente y concluye con la legitimidad del despido, siendo irrelevante que el actor no haya ingresado como mecánico de otra empresa. El haberlo hecho como chofer de otra empresa mientras cursaba una licencia médica es suficiente para configurar una pérdida de confianza. Respecto del segundo agravio (por el rechazo del reclamo de diferencias salariales) señala que no existe discrepancia entre las partes en cuanto al encuadramiento en el CCT 225/75 de la Unión Tranviarios Automotor. Discrepan las partes en la escala salarial aplicable por existir dos según la filial.
Sostiene que no se aportaron elementos que demuestre la improcedencia de la escala aplicada por la patronal. Sostiene que no existe prueba tendiente a demostrar que la filiar de Río Gallegos no es la que debe representar en los acuerdos salariales de los empleador que prestan servicio en establecimientos de la demandada. Por ello considera en función de los informes de la Unión Tranviarios Automotor, seccional Santa Cruz, con sede en Río Gallegos (ver PE 1302579/2024 y Cuerpo Pericial Contable (PE1431245/2024) no surge que el actor no pertenezca al grupo de trabajadores que los representantes de la filial Rio Gallegos se encuentra legitimado para negociar colectivamente y por ende se rechaza las diferencias pretendidas.
Razona que el magistrado acertadamente remarca que el accionante no ha ofrecido prueba respecto de la aplicación del convenio y agrega que no existe reclamo del sindicato ante las autoridades pertinentes. Por ello solicita el rechazo del recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia con imposición de costas. En PE 999091/2024 se tiene por contestado en tiempo y forma el traslado.
VII. Que en primer lugar debo rechazar la pretensión de la demandada de declarar desierto el recurso por ser una simple disconformidad subjetivos con los argumentos de la sentencia sin una crítica concreta y razonada del fallo encaminada a rebatir todos y cada uno de los cimientos argumentales sobre los que se erige el decisorio. Es decir se plantea el incumplimiento de los requisitos del art. 90 de la ley 1444 y la sanción contenida en el art. 92 de la misma ley. De una lectura del memorial de agravios en tratamiento se alcanza a entender el motivo del agravio y donde el recurrente entiende equivocada la sentencia. Es decir que en principio se ha cumplido con el requisito del art. 90 de la ley del rito atacando la sentencia. Es el criterio amplio de este tribunal para analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación exigidos por el art. 90 referido que entiendo mínimamente cumplidos, lo que no implica que tenga éxito. Debo ingresar a analizar los agravios expuestos a fin de determinar si ellos conmueven la sentencia. Es decir que, sólo con un criterio rígido se debe declarar desierto el recurso y pero con el criterio amplio sostenido por el tribunal se lo trata y según surja del tratamiento el recurso puede tener éxito o ser rechazado.
El art. 90 de la ley 1444 impone como requisito que el recurso sea mantenido por una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que el recurrente considere que, a su juicio, se encuentran equivocadas.
VIII. Que establecido que la representación del actor en su memorial cumplió mínimamente requisito del art. 90 del rito ingresaré a analizar los agravios expuestos por la recurrente en esa pieza. Pretende el actor que el razonamiento del magistrado al tener por justificado el distracto sobre la base del informe de la firma OROPLATA S.A. respecto de que se registró el ingreso del Sr. Ubillos con el móvil dominio AC398RF de propiedad de la firma MARGUS S.R.L. es equivocado.
El representante del actor sostiene en su memorial de agravios que “si bien Ubillos debió registrarse como chofer simplemente para ingresar al yacimiento, como exigencia formal…” en la demanda afirmó que el ingreso el 7 de abril de 2023 a la mina Cerro Negro en un vehículo de MARGUS S.R.L. “lo realizó como viajero particular, en calidad de acompañante del chofer de dicha firma … con quien el nombrado mantiene una relación de amistad…”.
Aclaro en primer lugar que en esta litis el aspecto fáctico ni jurídico me provoca dudas.
No resulta convincente la versión que se ensayó por el actor y que no fuera compartida por el Sr. Juez a quo. En efecto una mina de explotación de oro no es una atracción turística, pero sobre todo no está abierta al público para que cualquiera circule a su placer. En primer lugar, la explotación minera está sometida a muchos riesgos que como para permitir la entrada de amigos de los choferes de transporte del personal. En efecto hay maquinaria pesada, explosivos, productos químicos peligrosos que pueden afectar a quienes no los conocen. Por ello los mineros deben cumplir una serie de medidas de seguridad y protocolos que un extraño ignora y por consiguiente no cumple. Las empresas deben vigilar y limitar el ingreso de extraños dentro del predio para no asumir responsabilidades por accidentes que sufra el visitante o que este ocasione por desconocer los protocolos. Tienen el riesgo que extraños ingresen drogas dentro del perímetro, no cumplan los protocolos de seguridad, no se encuentren entrenados como operar en caso de siniestros, realicen robos, maniobras contra la seguridad y de secretos industriales. En consecuencia, limitan el ingreso de extraños con toda razón.
Los choferes de transporte de personal vienen en un vehículo determinado e identificado como de propiedad del contratista y autorizado al efecto. Estos viajes se realizan sólo con dos choferes como explicó el testigo Ballerini y sin otro acompañante del chofer. En caso de una suplencia de un chofer el emprendimiento minero tiene aviso del reemplazante. El personal de seguridad no permitirá el ingreso de acompañante de choferes que no tengan una autorización expresa. No se trata de políticas conocidas solo por las empresas sino de público conocimiento y sobre todo nos es conocida por nuestra actividad. El actor como mecánico de otra empresa contratista contaba con ingreso a la mina por su actividad para la demanda como señala la actora en su libelo de inicio cuando expresa:
“También el actor prestó servicios de auxilio mecánico de los vehículos que en su itinerario ingresaban al campo, en las minas ubicadas en la Provincia de Santa Cruz, quedando el dependiente obligado a desplazarse a distintos lugares en recorridos que realizaba regularmente frente a cualquier inconveniente o falla mecánica de los vehículos destinados a transporte de personal con ingreso a los yacimientos” (ver PE938178/2023).
Ello explica cómo pudo ingresar a la mina Cerro Negro el Sr. Ubillos como segundo chofer el día 07/04/2023 a las 8hs 34' y retirarse a las 11hs 50' registrándose como chofer del móvil AC398RF de propiedad de la firma MARGUS S.R.L. sin inconvenientes, presumo al ser una cara conocida.
Los testigos Martín Ballerini y Néstor Barrientos en PE 1382302/2024 explicaron el sistema de control al acceso a la mina Cerro Negro, que a ellas se ingresa a trabajar y que por la distancia de Caleta Olivia las empresas de transporte de personal llevaban dos choferes por la distancia y permiten descartar que el actor hubiera ido como acompañante de un chofer amigo.
A mi entender las razones dadas por el actor no alcanzan a explicar por qué se admitió su registración como chofer si como según sus dichos viajaba como “amigo del chofer” para acompañarlo. A mi entender la única conclusión es que, o bien viajaba como segundo chofer contratado en negro por la propietaria del vehículo. Lo cierto es que, al desistir el actor del testigo no se pudo realizar un intento de destruir lo acreditado en autos.
Tan poco seguro de su versión se encuentra el actor que sostiene que para la demandada él se desempeñaba como oficial mecánico y no como chofer y que no se detectó que hubiera estado realizando trabajos mecánicos para la otra empresa. Lo concreto es que existe un registro de haber ingresado a la Mina Cerro Negro como chofer de un vehículo de la empresa MANGUS SRL. Que ello haya sido sin registrarlo en AFIP (en efecto esta firma no podía informar que había contratado en negro al actor para realizar un viaje) o para sustituir al segundo chofer titular para ese viaje. Pero que lo hubiera hecho como chofer o como mecánico no quita ni pone rey como reza el dicho pues debió guardar el reposo. Lo cierto y comprobado es que, mientras el actor se encontraba en uso de licencia por enfermedad y la demandada le abonaba salarios para que guardara el reposo indicado por el médico para poder curar y obtener el alta, él prestó su fuerza laboral como chofer para otra empresa. Ello demoró o puso en riesgo su curación. Es decir que se trata, a mi juicio, de una injuria grave habida cuenta que, al no respetar el reposo dispuesto por los médicos para curar su afección, ha violado el deber de obrar con buena fe y fidelidad perjudicando la confianza de su empleadora en que el actor guardaba reposo con pago su salario de enfermedad. El accionar del actor cuando se desempeñó como chofer de otra empresa violó así la confianza y la buena fe con la empleadora quien estimaba que el actor guardaba el reposo indicado por el médico tratante para su total recuperación que permitiera el alta. Los argumentos de la sentencia no alcanzan a ser conmovidos por los agravios vertidos. La demandada ha acreditado que mientras abonaba salarios durante la licencia por enfermedad a su oficial mecánico, éste actuó como chofer para otra empresa de transportes.
Por más que el tratamiento del manguito rotador fuera ambulatorio, como se sostiene sin una prueba, ello no implica que se pueda prescindir de cuidados, pues se debe evitar esfuerzos con el hombro. Caso contrario, sí puede deambular como chofer y exponerse a esfuerzos está en condiciones de que se le otorgue el alta, aunque sea con tareas livianas. Y manejar un vehículo de transporte de personal por caminos de ripio expone a movimientos bruscos y esfuerzos en curvas y pozos que no es lo aconsejable para quien se encuentra convaleciente de un trauma en el manguito rotador. Es decir que la conducta desplegada no era lo aconsejable para obtener una más pronta recuperación para la cual el empleador tenía la obligación de abonar, mientras se prolonga, un salario. Por estas consideraciones rechazo el primer agravio intentado.
Respecto del agravio que se ensaya con relación al rechazo del reclamo de diferencias salariales aclara la parte, como lo había realizado el magistrado en la sentencia, que no se trataba de un tema de encuadramiento sindical. No existe controversia desde que las partes coinciden en que el actor se encontraba encuadrado en la C.C.T. Nº 225/75 como se indica incluso en el contrato que se acompañó en el responde.
El CPN José Rodiño miembro del Gabinete Contable explicó que, dentro de ese convenio (CCT 225/75) existen dos escalas salariales: una de la filial Comodoro Rivadavia y otra de la filial Rio Gallegos. La controversia existe respecto de la aplicación de una u otra escala. Indicó el CPN José Rodiño en su respuesta dentro de la pericia que excede a su incumbencia profesional determinar cuál de ellas procede para este caso, “cuestión reservada exclusivamente a V.S.” (ver PE 1431246/2024).
Argumentó el magistrado en su sentencia que la actora se limitó a sostener que escala resultaba supuestamente aplicable, pero ninguna prueba se produjo tendiente a desvirtuar la procedencia de la que recurre la empleadora.
Para sostener su recurso se invoca que la propia demandada reconoce que el actor prestaba servicios en la base de Comodoro Rivadavia. Pero, pasa por alto que, como se señalara más arriba: “También el actor prestó servicios de auxilio mecánico de los vehículos que en su itinerario ingresaban al campo, en las minas ubicadas en la Provincia de Santa Cruz, quedando el dependiente obligado a desplazarse a distintos lugares en recorridos que realizaba regularmente frente a cualquier inconveniente o falla mecánica de los vehículos destinados a transporte de personal con ingreso a los yacimientos” (ver PE938178/2023). Es decir que el actor prestaba servicios en dos jurisdicciones provinciales. Por otro lado del examen de la causa surge que el domicilio del actor se encuentra en esta provincia en Caleta Olivia Avenida República Nº 1376 Depto. 2 (ver contestación de la demanda, carta poder, telegramas, registro de conductor, escritura de notificación del despido, recibos de sueldo, certificados de domicilio etc.) mientras la demandada lo tenía en Perito Moreno 1996 donde se notificó la demanda, telegramas, recibos de sueldo, formularios de AFIP etc. y realiza tareas de transporte de personal para un establecimiento minero de la franja norte de la Provincia Santa Cruz. No se demostró el error de la sentencia en cuanto pondera lo informado por la Seccional de Río Gallegos de la Unión Tranviarios Automotor (PE 1302579/2024) en cuanto descarta que el actor pueda no pertenecer al grupo de trabajadores que los representantes de la Filial de Rio Gallegos, se encuentran legitimados para negociar colectivamente y por ello el fundamento de la sentencia se encuentra incólume desde que no se ha demostrado, a mi juicio, el error de la sentencia.
IX. Que por estas consideraciones soy de la opinión que corresponde rechazar este agravio. Así lo propongo al acuerdo por entender que la sentencia en crisis es justa y debe ser confirmada. Respecto de las costas se encuentra firme la imposición de ellas en un 30% a cargo de la demandada y el resto a la actora (punto 3 de la sentencia) por lo que considero justo mantenerlos en esta proporción en la instancia. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
X. Por las mismas razones expuestas por el preopinante entiendo que la sentencia es justa y que los agravios expresados por el recurrente no conmueven la sentencia. Adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XI. Que en función de las consideraciones vertidas al responder a la anterior cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios vertidos por el recurrente y en consecuencia confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios incluso en la proporción en que impone las costas. 2º) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales hasta tanto exista en autos regulación de los correspondientes a la instancia de grado. 3º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1604302/2024. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XII. Entiendo que la propuesta formulada precedentemente se ajusta a lo establecido en el Acuerdo y la sentencia como consecuencia es justa. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 29 de julio de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo establecido en el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios vertidos por el recurrente y en consecuencia confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios incluso en la proporción en que impone las costas. 2º) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales hasta tanto exista en autos regulación de los correspondientes a la instancia de grado. 3º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 1604302/2024. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. La Dra. Griselda I. Bard no firma ni emite opinión por no existir disidencia. Fdo. Humberto Monelos- Juez de Cámara a/c de Presidencia; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. – Protocolización: A201034S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3132 Folio Nº: 054/062 Secretaria: 1
Fin de la sentencia