Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 28.348-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 667/2010 (AD SALO) de fecha 13 de agosto de 2010, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en el Expediente SC57-10/2006, por la que se condena a la actora al pago de la suma de $ 752.240.- (Pesos setecientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta) por la presunta infracción a los inc. a) y c) del art. 954 del Código Aduanero, por los motivos expuestos en los Considerandos V,VI y VII del voto del Dr. Licht.
2Condenar a la actora al pago de la suma de $ 10.000.- (PESOS DIEZ MIL) por la presunta infracción al inc. a) del art. 994 del Código Aduanero, por los motivos expuestos en el Considerando VIII de dicho voto.
3Costas a su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-125992451-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 22 de Noviembre de 2022 En la ciudad de Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: “ULTRAMAR ARGENTINA S.A. c/D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente N° 28.348-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 2/20vta. la firma ULTRAMAR ARGENTINA S.A. se presenta, por apoderado, e interpone recurso de apelación, en los términos del artículo 1132 y concordantes del Código Aduanero, contra la Resolución N° 667/2010 (AD SALO) de fecha 13 de Agosto de 2010, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en el Expediente SC57- 10/2006, notificada el 18/08/2010, por la que se condena a la actora al pago de la suma de $ 752.240.- (Pesos setecientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta) por la presunta infracción a los inc. a) y c) del art. 954 del Código Aduanero. Relata que la supuesta declaración inexacta se habría producido con relación al Manifiesto Marítimo de Importación identificado bajo el número 06057MAN1000428C, de fecha 27 de Febrero de 2006, cuando, en oportunidad de su ingreso al Sistema Informático María junto a la documentación respaldatoria de origen de la carga, se declaró la mercadería a bordo posicionando él indicador N en vez de S en el respectivo Manifiesto, y existiendo mercadería a bordo, en los términos del artículo 188 inciso c) del Código Aduanero.
Se agravia de que el servicio aduanero omite considerar, previo al dictado de la resolución apelada, la existencia de los correos electrónicos y del Manifiesto General de Carga de Origen, de los que surgiría que la Dirección General de Aduanas conocía -con anterioridad al registro del antes mencionado Manifiesto- la existencia de mercadería a bordo del buque AMANCAY, consistente en carga general en contenedores, que totalizaba 795 (setecientas noventa y cinco) toneladas, de acuerdo a información que le suministrara la Prefectura Naval Argentina. Ello, toda vez que el destino final de la carga era el Puerto de Buenos Aires (como finalmente sucedió) y nunca el Puerto de San Lorenzo, zona esta última en la que se vio obligada a fondear por una cuestión exclusivamente de fuerza mayor, totalmente ajena a la actora, como lo fue el desperfecto mecánico de los motores del buque de bandera Paraguaya “AMANCAY" que fuera agenciado por Ultramar Argentina S.A., junto a las barcazas de bandera Paraguaya “IRAMI" y “ANAHI", formando un convoy.
Se agravia que se omita considerar que el buque en cuestión arribó de manera forzosa a la jurisdicción del Puerto de San Lorenzo, y que en tal circunstancia ULTRAMAR ARGENTINA S.A., dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 168 y 169 CA, dando aviso inmediato a la autoridad, con lo que quedaría desvirtuado lo manifestado por la Aduana de San Lorenzo, al sostener que recién tomó conocimiento, el día 2 de marzo de 2006, de la documentación de origen que amparaba la carga a bordo. Se agravia que el fallo aquí recurrido omite considerar que se podría haber registrado un error involuntario de parte de la apelante, y destaca que tal omisión no podría haber pasado jamás inadvertida para el servicio aduanero al constar en el Manifiesto General de Carga de Origen.
Sostiene que se trató de una situación de fuerza mayor. Entiende que por la índole de la inexactitud, la imposibilidad de que haya pasado inadvertida al servicio aduanero, y la clase y extensión de los controles llevados a cabo por éste, la misma no posee la idoneidad para causar el daño previsto por la normativa, por lo que la ilicitud no se configuraría y tornaría inaplicable lo dispuesto en el art. 959 inc. a) CA. Considera que se está en presencia de una operación de tránsito de exportación, exenta del pago de gravámenes, y donde ULTRAMAR ARGENTINA S.A. registró los respectivos MANI y MANE, y el Servicio Aduanero pudo ejercer el debido control, y sin posibilidad de que se produzca o se pudiera haber producido perjuicio fiscal, o ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.
Advierte que la figura infraccional del artículo 954 inciso c) no le es imputable, ya que por su labor de Agente de Transporte Aduanero, tiene a su cargo la representación del transportista, y la presentación del medio transportador y sus cargas ante el servicio aduanero, de acuerdo CON lo establecido por los artículos 57, 135 y 136 del ordenamiento legal de la materia, habiendo cumplido con la presentación ante la Aduana, de la respectiva documentación.-
Ofrece prueba. Hace reserva de Caso federal. Solicita se deje sin efecto la resolución apelada, sin antecedentes, o, en su defecto se imponga una multa formal en los términos el art. 995 CA.
II. A fs. 28/40 la representación fiscal contesta el traslado conferido y luego de hacer una negativa genérica se explaya sobre los actuados aduaneros. Entiende que la actora, en su escrito de apelación, se agravia que no se haya aplicado a autos, el beneficio de la duda consagrado en el art. 898 del CA. Y, al respecto, destaca que del texto de la Exposición de motivos del Código Aduanero, se desprende que el legislador ha querido tutelar en el capítulo VII, referido a las "Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas", el principio básico de la veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera, y que una vez registrada la declaración deviene inalterable. Y, siendo que el sistema aduanero descansa sobre tales principios, resulta necesario que los distintos actores involucrados –entre ellos los importadores- suministren precisa y concretamente todos los elementos de juicio e informaciones necesarias que permitan al servicio aduanero ejercer sus facultades de control y, en su caso, determinar los tributos aplicables. Cita jurisprudencia.
Entiende que las declaraciones aduaneras efectuadas para dar cumplimiento a las destinaciones u operaciones con mercaderías comprometen la responsabilidad de quienes las formulan, ya que las inexactitudes en que incurran en ellas son punibles, de acuerdo con el art. 954 ap. 1 del CA. Y sostiene que en autos, habiéndose efectuado una declaración que difiere con lo resultante de la comprobación -habida cuenta que se habría constatado la existencia de valores de transacción anormalmente disminuidos frente al marco de la realidad-, tal conducta se encontraría tipificada en la infracción prevista y penada por el inciso a) del artículo antes indicado. Recuerda que, para que ello ocurra, la jurisprudencia ha entendido que basta la mera posibilidad de que la declaración sea incorrecta para configurarse el presupuesto de infracción.
Fundamenta y ratifica la veracidad de los valores de la mercadería importada afirmando que, si bien los valores por los cuales se documentaron las importaciones son valores reales, no existe fraude alguno, la valoración en aduana de la mercadería debe realizarse con sujeción a lo dispuesto en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del G.A.T.T., conforme lo establece la Ley 24.425 en donde el sistema de valoración allí aprobado se basa en un criterio principal, contenido en el art. 10, y cuatro criterios secundarios que deben aplicarse, en principio, sucesivamente en el mismo orden en el que se los enumera. En consecuencia, sostiene, el valor en aduana de la mercadería importada, será el valor de transacción y constituye la primera base para la determinación del valor en aduana, y recién cuando no pueda determinarse dicho valor en virtud del método previsto en el art. 1° se podrá recurrir a otras bases de valoración previas en forma sucesiva y excluyente en los artículos siguientes.
Agregando que, en el caso que nos ocupa, el rechazo de valor de transacción contemplado en el criterio principal no se habría debido a la existencia de algunos de los impedimentos que menciona el art. 10, como así tampoco de los elementos enunciados en el art. 8° (ajuste de precio) sino que se fundaría exclusivamente en que aquél resulta inferior a los precios corrientes de mercado para productos similares, en función de los antecedentes oportunamente adjuntados, rechazando en consecuencia el precio que surge de las facturas relativas a las operaciones de importación en trato. Y entiende que, no obstante no darse ninguna de las circunstancias previstas para desestimar el valor de transacción, tampoco debería aceptarse sin más, y como base idónea de valoración, al facturado y/o declarado cuando éste sea ostensible y considerablemente inferior a los precios o valores corrientes, antecedentes y cotizaciones, estimándose a dicho precio como "vil, absurdo, irrisorio", amparándose para desestimar tal valor en la norma ampliatoria del Código de Valor del GATT (Acuerdo Aprobado por Leyes 23.311 y 24.425), en donde se facultaría a la Aduana a no aceptar dichos precios cuando existan razones fundadas que lleven a sospechar de la veracidad de los precios facturados y declarados y, aún más, permitiría a la Aduana a desestimarlos como base de valoración si su autenticidad no puede ser satisfactoriamente probada por el importador, en una suerte de inversión de la carga de la prueba.
Finalmente, ofrece como prueba documental, la Actuación N° SC57-10/2006, y solicita se rechace la apelación interpuesta, confirmando la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 45 se elevan los autos a consideración de la Sala “G” y a fs. 50 se llaman a sentencia.
IV. En primer lugar, corresponde asentar que, por la forma en que han sido planteados los agravios y su contestación, surge que no está controvertido en autos que la firma ULTRAMAR ARGENTINA S.A. presentó, con fecha 27/02/2006, Manifiesto Marítimo de Importación identificado bajo el número 06057MAN1000428C, consignando que no existía “Mercadería a bordo” cuando sí existía en los términos del artículo 188 inciso c) del CA.
V. Dicho eso, corresponde referirme a los agravios planteados por la actora acerca que la DGA conocía con anterioridad al registro del Manifiesto General de Carga de Origen la existencia de mercadería a bordo, que consistía en un arribo de manera forzosa y que se trataría de un error involuntario deslizado en un campo de dicho Manifiesto, cuando en otro campo -el de comentarios- declaraba la entrada la entrada del medio transportador y sus barcazas por escala técnica, por lo que la inexactitud no habría podido nunca pasar inadvertida por el servicio aduanero, lo que tornaría aplicable lo dispuesto por el art.959 inciso a) del CA.
Con relación a la inteligencia del art. 959, inciso a) del ordenamiento aduanero, que establece que establece: "En cualquiera de las operaciones o de las destinaciones de importación y de exportación, no será sancionado el que hubiere presentado una declaración inexacta siempre que mediare alguno de los siguientes supuestos: a) la inexactitud fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración…", la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “que la literalidad de la expresión utilizada por el legislador en el artículo 959, inciso a, al establecer que la inexactitud debe surgir de la ‘simple lectura de la propia declaración’, permite afirmar que dicha previsión se refiere a aquella clase de error que en la terminología utilizada por los ordenamientos que antecedieron al Código Aduanero era concebido como el error de hecho evidente e imposible de pasar inadvertido (artículo 1057 de las Ordenanzas de Aduana y artículo 171 bis de la Ley de Aduana), esto es, aquél que resulta a simple vista del propio texto de la declaración comprometida, sin necesidad de acudir al cotejo con la documentación complementaria u otra clase de constancias” (CSJN “Petrobras Energía SA (TF 21.509-A) el Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/3/2004).
Esto es, en el supuesto previsto en el inciso a) del art. 959, el legislador ha considerado conveniente establecer una dispensa de la sanción en el único supuesto de ser la inexactitud absolutamente notoria sin que sea necesaria ninguna otra comprobación más que la "simple lectura de la propia declaración", pues cabe suponer que en ese caso la autoridad aduanera estaría en condiciones de advertir fácilmente la inexactitud. Y he de afirmar que no es el caso de autos, por cuanto de la simple lectura de los comentarios insertos en el manifiesto en trato no se desprende la existencia de carga en el buque sino, justamente, la situación de fuerza mayor en que se hallaba.
VI. Dicho eso, corresponde entonces resolver si en autos se ha configurado la infracción tipificada en los incisos a y c) del art. 954 del Código Aduanero.
La parte actora, en su escrito recursivo, sostiene que el servicio aduanero efectúa una interpretación errónea del alcance que cabe asignar al art. 954 del Código Aduanero, pues entiende que la sola declaración incorrecta tipifica la infracción, cuando para ello se requiere asimismo que la referida inexactitud sea idónea para provocar alguno de los resultados previstos en los incisos a, b, o c del referido artículo. Y al respecto sostiene que en el caso de autos, la declaración incorrecta efectuada por su parte no provocó -ni hubiera podido hacerlo- un perjuicio fiscal ni un ingreso desde el exterior distinto del que efectivamente correspondía, pues no está discutido en las presentes actuaciones que se trató de un de una situación de arribo forzoso y de una operación de tránsito de exportación exenta del pago de gravámenes, como queda demostrado por el hecho de que, una vez cesada la cuestión de fuerza mayor, ULTRAMAR ARGENTINA S.A. procedió a documentar la relación de carga Manifiesto Marítimo de Exportación 06057MANE00045313, cuya copia fuera acompañada en oportunidad de efectuarse el descargo administrativo, y por el cual se documentara la salida del medio transportador y sus barcazas, hacia su destino final el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, con el debido control sobre la carga transportada por parte del servicio aduanero. Siendo que la presentación del referido Manifiesto Marítimo de Exportación dio por cerrada una operación aduanera, que sufrió las consecuencias de una fuerza mayor, generadora de la emisión de un Manifiesto Marítimo de Importación, y en la que siempre estuvo presente el control aduanero.- El art. 954 CA tutela el principio de veracidad y exactitud de la declaración y en este sentido sanciona y reprime al que para cumplir una operación de importación o exportación efectuare ente el servicio aduanero una declaración que difiera con el resultado de la comprobación y que de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: a) un perjuicio fiscal y, c) el ingreso o egreso desde el exterior de un importe distinto del que correspondiere.
Entonces, para que quede configurada la infracción, no basta con la mera inexactitud sino que se requiere que exista o pueda llegar a existir un perjuicio fiscal (inc. a) o el ingreso o egreso de mercaderías por un importe distinto al adecuado (inc. c). Y así lo ha entendido el Máximo Tribunal en “Rio Chico S.A. (TF 29. 758-A) el DGA”, sentencia del 23/09/2014, en donde afirma que “la infracción prevista en el arto 954 del código de la materia no se configura con la sola presentación ante el servicio aduanero de una declaración que difiera con el resultado que verifique el organismo de control, sino que requiere, además, que la inexactitud de lo declarado produzca, o pueda producir, alguna de las consecuencias previstas en los tres incisos de los que consta el citado artículo…".
En ese marco, no se advierten en autos que se configure ninguno de tales presupuestos, por cuanto al tratarse de una operación de tránsito, consecuencia de una circunstancia de fuerza mayor, nunca estuvo en riesgo ni el correcto ingreso de tributos ni el de mercaderías porque, simplemente, quedó constancia desde antes de la presentación de Manifiesto que la intención de la actora no era sino reparar el buque y seguir viaje a su destino final, donde ocurriría efectivamente la importación.
VII. En otro orden, no puede dejar de analizarse la calidad de Agente de Transporte Aduanero de la actora frente a la infracción que se le endilga.
Al respecto, la normativa aduanera las define como las personas de existencia visible o ideal que, en representación de los transportistas, tienen a su cargo las gestiones relacionadas con la presentación del medio transportador y de sus cargas ante el servicio aduanero, por lo que, además de ser auxiliares del comercio, son auxiliares del servicio aduanero (art. 57 CA), en tanto responsables de presentar ante dicha autoridad, a) la declaración de los datos relativos al buque; b) el o los manifiestos originales de la carga, incluida la declaración del equipaje no acompañado y de las encomiendas marítimas; c) el manifiesto del rancho; y d) el manifiesto de la pacotilla (art. 135 CA).
Por su parte, la Resolución DGA 630/94, del 15/3/1994, que aprueba las Normas relativas al Modulo Manifiesto en el Sistema Informático María, define “Manifiesto de carga” como “la declaración que realiza el Agente de Transporte aduanero de las cargas transportadas por los buques” y “Declaración”, como “la descripción genérica de las mercaderías en los idiomas …por cada conocimiento de embarque con el detalle de la cantidad de los bultos, peso bruto, consignación y los datos relativos al buque, al transportista y al agente de transporte aduanero”.
De lo expuesto resulta de directo entendimiento que el Agente de Transporte Aduanero no tiene entre sus funciones el tratar con precios de productos ni valor de mercancías, sólo bultos -cerrados- y peso bruto de su carga, por lo que le resultaría imposible el control a que alude el servicio aduanero en la resolución en crisis. Así, por ejemplo, resulta claro que el transportista no tiene la posibilidad de constatar las características de la mercadería contenida en los bultos o contenedores cerrados, por lo cual el contenido de la declaración que supone la presentación del manifiesto sólo puede referirse a la cantidad de bultos, su volumen y su peso, siendo ello el motivo por lo que las diferencias punibles en esa etapa sólo se deben a los denominados faltantes o sobrantes. En cuanto a la descripción de la mercadería, la obligación del transportista sólo consiste en transcribir lo que ha sido declarado por el cargador, por lo que es irrazonable exigirle que haga una declaración en detalle de la mercadería que se encuentra en el interior de los contenedores o bultos, y menos que comprometan el precio o valor que le correspondería a la mercadería.
VIII. Sin embargo, el hecho de que no quede configurada la infracción a que alude el art. 954 CA, eso no significa que su conducta deba quedar impune, toda vez que no está controvertido en autos que, efectivamente, la actora presentó Manifiesto de Carga con información incorrecta, incumpliendo así con la debida diligencia que se desprenden de sus deberes como auxiliar del servicio aduanero.
En tal entendimiento, corresponde aplicar a ULTRAMAR ARGENTINA S.A. la sanción contemplada en el art. 994 inciso a), valuada en PESOS DIEZ MIL ($ 10.000).
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 667/2010 (AD SALO) de fecha 13 de agosto de 2010, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en el Expediente SC57-10/2006, por la que se condena a la actora al pago de la suma de $ 752.240.- (Pesos setecientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta) por la presunta infracción a los inc. a) y c) del art. 954 del Código Aduanero, por los motivos expuestos en los Considerandos V,VI y VII.
2. Condenar a la actora al pago de la suma de $ 10.000.- (PESOS DIEZ MIL) por la presunta infracción al inc. a) del art. 994 del Código Aduanero, por los motivos expuestos en el Considerando VIII.
3. Costas a su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Revocar la Resolución N° 667/2010 (AD SALO) de fecha 13 de agosto de 2010, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en el Expediente SC57-10/2006, por la que se condena a la actora al pago de la suma de $ 752.240.- (Pesos setecientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta) por la presunta infracción a los inc. a) y c) del art. 954 del Código Aduanero, por los motivos expuestos en los Considerandos V,VI y VII del voto del Dr. Licht.
2. Condenar a la actora al pago de la suma de $ 10.000.- (PESOS DIEZ MIL) por la presunta infracción al inc. a) del art. 994 del Código Aduanero, por los motivos expuestos en el Considerando VIII de dicho voto.
3. Costas a su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.11.22 12:34:03 ART Date: 2022.11.22 17:33:41 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.22 22:33:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.22 22:33:27 -03:00
Fin de la sentencia