Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad opuesto por la recurrente. Sin costas.
2Revocar la Resolución N° 12/2015, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en la Actuación Administrativa SIGEA 112509-1765-2012. Costas a la demandada vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-148340060-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Diciembre de 2023 de Aduanas s/ apelación”, expediente n° 36116-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales Titulares integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “ULTRAMAR ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente n° 36116-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs. 5-15 se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución de la Aduana de San Lorenzo N° 12/2015 recaída en el expediente administrativo SIGEA N° 12509-1765-2012 el 14/05/15, por la que se confirmó el Cargo tributario N° 3326/2012 dispuesto, en relación a la descarga del buque “POPLAR ARROW”, documentada mediante Manifiesto de Carga 12057MANI002119V. Ello en virtud de una diferencia entre la cantidad de mercadería declarada y la efectivamente descargada, según verificación del servicio aduanero. Dicha diferencia arrojó un faltante de 185.210 kg. del producto fosfato diamónico clasificado en la posición arancelaria 3105.30.10.000C, importado por la firmas Bunge Argentina S.A. y Asociación de Cooperativas Argentinas La recurrente alega que no existe el faltante endilgado. Plantea la nulidad de la resolución apelada. Cuestiona la determinación tributaria y las alícuotas aplicadas por el servicio aduanero. Afirma que la Aduana desconoció el pago de los tributos efectuado por las firmas importadoras. Ofrece prueba. Cita jurisprudencia. Formula reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada. En subsidio solicita se modifiquen las alícuotas del cargo determinado.
II. A fs. 31-35 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado que le fuera conferido respecto del recurso de apelación interpuesto. Niega las afirmaciones de hecho y de derecho expresadas en la apelación en traslado, no reconocidas expresamente. Realiza una descripción de los antecedentes administrativos del caso. Realiza consideraciones en cuanto a que la firma recurrente carece del beneficio de alícuota reducida de IVA, IVA adicional e impuesto a las Ganancias. Expresa que la recurrente no justificó el faltante mediante el procedimiento establecido en art. 142, apartado 1 del Código Aduanero (CA), por ende correspondía la presunción de importación a consumo establecido en el apartado 2 de la norma citada. Así también sostiene que los conceptos de Iva (10,5 %), Iva adicional (20%) y percepciones del Impuesto a las Ganancias que conforman el reclamo de tributos es procedente dado que existe diferencia entre la figura del importador y la de otros contribuyentes, siendo que el primero se encuentra inscripto y posee Certificado de Validación de Datos de Importadores (CVDI) por lo que se le aplica una alícuota general del 10 %, situación en la que no se encuentra la recurrente en atención a la carencia del Certificado mencionado, por lo que debe aplicársele una alícuota del 20%. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas. Cita jurisprudencia. Formula reserva del Caso Federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, a fs. 36, se abre la causa a prueba. A fs. 68 se clausura el período probatorio. A fs. 87 se ponen los autos a alegar. A fs. 91-101 vta. y fs. 110-132 presenta el alegato la parte actora. Por su parte, a fs. 105- 106, lo hace la demanda. A fs. 134 los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Previo a adentrarme en el análisis de las cuestiones de fondo, corresponde expedirme sobre el planteo de nulidad opuesto por la recurrente.
La actora plantea, en su libelo recursivo, que la resolución apelada carece de causa y motivación. Ello por cuanto considera que resulta incongruente con los hechos tenidos por acreditados.
Sostiene que en los considerandos de la resolución en cuestión se reconoció que se declaró ante la Aduana de San Lorenzo la cantidad de 8.500.000 kg. de mercadería y se descargaron 8.314.790 kg. Es decir que existió una diferencia en menos de 185.210 kg. Asimismo, ante la Aduana de Necochea se declaró la cantidad de 17.368.350 kg. y se descargaron 17.371.760 kg. , es decir que existió una diferencia en más de 3.410 kg.
Por lo expresado, la recurrente entiende que en realidad la diferencia resultante sería de 181.800 kg. y no de 185.210 kg. como lo confirma la resolución cuestionada, por lo que considera que la misma carece de causa.
Respecto a lo esgrimido, cabe señalar que la nulidad es un modo excepcional de extinción de las obligaciones. Como tal debe ser analizada con suma prudencia y evaluarse con rigurosidad el extremo esgrimido por la recurrente en su planteo a fin de determinar resulta suficiente para convencer a este juzgador y declarar la invalidez e ineficacia de los actos jurídicos llevados a cabo por la Administración. En esta inteligencia, la presunta carencia de causa de la resolución en crisis alegada por la actora deviene frágil puesto que, de la lectura de sus considerandos, se evidencia que la Aduana ha expresado los fundamentos para su dictado en sostener que, a su criterio, se verifican los presupuestos de hecho y derecho para confirmar el cargo dispuesto.
La resolución cuestionada es consecuencia de un procedimiento en el cual han intervenido las áreas correspondientes y competentes y se sustenta en hechos que le sirven de causa y en la normativa aplicable al caso.
No se colige en la especie, que el acto administrativo cuya nulidad absoluta e insanable se plantea haya sido emitido sin causa alguna. Por el contrario la Aduana expresa sus razones, las cuales, independientemente de ser compartidas o no, dan sustento suficiente para considerar al acto válido en cuanto a sus formas y requisitos esenciales según lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 19.549).
Corresponde, entonces, rechazar el agravio de la recurrente en ese sentido.
V. Sentado ello, para proceder a analizar si es ajustada a derecho la resolución apelada, es necesario examinar el proceso de descarga de la mercadería en cuestión.
Como ya se expresó, se trata de fosfato diamónico a granel, clasificado en la Posición Arancelaria (P.A.)
3105.30.10.000C.
De las constancias de las actuaciones administrativas y de autos, surge que la descarga del buque POPLAR ARROW se llevó a cabo en dos etapas. Una primera en la Aduana de Necochea y una segunda restante en la Aduana de San Lorenzo.
A fs. 29 de las actuaciones 12509-1765-2012 obra la Nota N° 21/2012 emitida por la Aduana de San Lorenzo en la que informó al Jefe de la Sección “G”, que el 31/07/2012 finalizó la descarga de 8.314.790 kg. de la mercadería fosfato diamónico, clasificada en la P.A. 3105.30.10.000C y amparada en el Manifiesto de Carga 12057MANI002119V, la cual arrojó una diferencia en menos de 185.210 kg. Asimismo se dejó constancia de que el declarante no justificó tal diferencia.
La mercadería referida precedentemente fue importada a consumo mediante destinaciones de importación (DI) Nros. 12057IC650000106P y 12057IC650000107Z, cuya documentación de oficialización se agregó a fs. 30-31 y fs. 32-33, respectivamente.
A fs. 35 obra el duplicado del Manifiesto de Carga aludido, del cual surge que se habían declarado 8.500.000 kg. del producto en cuestión, por lo que la diferencia en menos informada arrojaría un porcentaje del 2,17 % en relación a la cantidad declarada en dicho manifiesto.
Como consecuencia de ello, a fs. 38 de las actuaciones se realizó el aforo de la mercadería faltante, en los términos del art. 142, ap. 2 del CA —dado que superaría la tolerancia de Ley a los efectos tributarios— y a fs. 39 se formuló a Ultramar Argentina S.A. el Cargo N° 3326/2012, el cual fue impugnado por dicha firma, según presentación obrante a fs. 1-14 vta. de las actuaciones vinculadas. Dicha impugnación fue rechazada por el servicio aduanero mediante la resolución aquí apelada.
En su presentación de impugnación, la recurrente alegó que el buque POPLAR ARROW, previo a la descarga en el puerto de San Lorenzo realizó una primera descarga de la misma mercadería objeto de autos, en el puerto de Necochea y acompañó la documentación (despachos de importación, conocimientos de embarque y complementaria) de dicha descarga, obrantes en la actuación SIGEA 10023-4304-2013. En consecuencia, a fs. 103 de las actuaciones SIGEA 12509-1765-2012, mediante Nota N° 78/15 la Aduana de San Lorenzo realizó un informe completo de la descarga del buque POPLAR ARROW. Allí expresa: “…en la jurisdicción Aduanera de Necochea se descargó un total de 17.371.760,00 kg. de Fosfato Diamónico-Posición SIM 3105.30.10.000C-, del total declarado de 17.368.350,00 kgs. según despachos de importación N° 12040IC65000059Y / 12040IC65000060G / 12040IC65000061H / 12040IC65000062X / 12040IC65000063J / 12040IC65000064K, resultando un diferencia de -3.410,00 kgs.” Continúa el informe: “En cuanto a la descarga del buque en la jurisdicción de la Aduana de San Lorenzo se informa que el Resultado de la descarga arroja un total de 8.314.790,00 kgs. de Fosfato Diamónico –Posición SIM 3105.30.10.000C-, de un total declarado de 8.500.000,00 kgs. según despachos de importación N° 12057IC65000106P / 12057IC65000107Z. Resultando un diferencia de 185.210,00 kgs.” (el resaltado es propio).
No obstante lo expresado en el informe referido precedentemente, el servicio aduanero emitió el Dictamen N° 54/2015 —fs. 104-106— y a fs. 134-136 dictó la resolución apelada en autos.
Corresponde, en primer lugar, analizar si en el presente caso se ha producido, efectivamente, un faltante del 2,17 % imputado, es decir, si se ha configurado o no el hecho imponible (la importación para consumo irregular) previsto por el art. 142 del CA.
Tal como se ha podido constatar, de la compulsa de las actuaciones administrativas, la documentación relativa a los DI involucrados, tickets de balanza fiscal y demás pruebas obrantes en autos, la recurrente no ha logrado desvirtuar lo aseverado por la Aduana de San Lorenzo en cuanto a la existencia de un faltante. La agente de transporte no aportó prueba alguna ni presentó —en los términos del art. 142, ap. 1 del CA— la solicitud de rectificación de la declaración efectuada. Por tanto el servicio aduanero no ha marrado en la conclusión arribada en cuanto a dicha comprobación.
Ahora bien, el total del producto fosfato diamónico descargado por el Buque POPLAR ARROW en ambos puertos (Necochea y San Lorenzo) fue de 25.686.550 kg., mientras que la totalidad declarada de 25.868.350 kg. , según informe de Aduana de San Lorenzo obrante a fs. 103 y documentación de los DI involucrados. Es decir que se verificó, en realidad, un faltante de 181.800 kg. los cuales representan, respecto de las cantidades descargadas en ambos puertos, un 0,70 % del total declarado.
En este orden de ideas, asiste razón a la recurrente, en cuanto a que las diferencias de mercadería debieron ser proyectadas sobre la totalidad de la carga del buque, es decir, sobre el total del peso declarado para la totalidad de las destinaciones involucradas, en relación a mercadería clasificada en la misma P.A. transportada por el mismo buque.
VI. Sentado ello, corresponde analizar si la diferencia del 0.70 % de mercadería faltante genera responsabilidad tributaria en los términos del art. 142 ap. 2 del CA.
En este sentido cabe destacar que las tolerancias admitidas se encuentran reguladas por la Resolución ANA Nº 2220/90, según la modificación introducida por la Resolución ANA N° 2914/94. Dicha norma establece que el margen de las aludidas tolerancias se establecerá “en el seis por mil del total de la carga...considerándose a los efectos fiscales correcta y real la cantidad declarada, siempre que no exceda ese límite”.
Mediante el fallo plenario de este Tribunal, del 31/8/05, dictado en la causa n° 14.287-A “SUPERMAR S.A.”, se fijó la doctrina legal en cuanto a que la tolerancia del seis por mil dispuesta a los fines tributarios se aplica a toda operación de sólidos a granel, sin importar el método utilizado para determinar su peso (ello en concordancia con lo dispuesto en relación a la tolerancia -del 4%- admitida por la citada Resolución n° 2914/94, a los efectos infraccionales).
A mayor especificidad y como consecuencia de lo expresado anteriormente, destaco que el objeto de la litis no radica, entonces, en establecer la existencia o no de la diferencia imputada, sino -y específicamente- en determinar las consecuencias legales que la misma pudo haber producido. El servicio aduanero afirma que al exceder, el faltante, la tolerancia admitida legalmente, sin ser debidamente justificada, la misma generó responsabilidad tributaria en los términos del art. 142 del C.A. Por su parte, la recurrente sostiene que el faltante imputado por el servicio aduanero no es apto para generar los efectos tributarios previstos en dicho artículo.
En este orden de ideas, en el caso en análisis el porcentaje de faltante determinado ha sido del 0,70 %. Dicho faltante no ha sido justificado por la recurrente en los términos del art. 141 apartado 1 del CA y resulta ser excedente al porcentaje de tolerancia admitido a los efectos fiscales, por las normas referidas precedentemente (0,6 %). Por consiguiente generaría responsabilidad a la recurrente en los términos del art. 142 del CA.
VII. Expuesto lo que antecede, corresponde determinar si la recurrente es responsable de la exigencia tributaria dispuesta en la resolución apelada.
Conforme surge de las constancias de los DI vinculados a la mercadería descargada, las firmas importadoras abonaron los tributos correspondientes a las cantidades declaradas, esto es 8.500.000 kg. en Aduana de San Lorenzo —ver DI 12057IC65000106 P de fs. 30-31 y DI 125057IC65000107Z de fs. 32- 33— y 17.368.350 kg. en Aduana de Necochea — ver DI Nros. 12040IC65000063J, 12040IC65000062X, 12040IC65000064K, 12040IC6500059Y, 12040IC65000061H y 12040IC65000060G obrantes en sobre de documental adjunta a las actuaciones SIGEA 10023-4304-2013—.
De la liquidación practicada a fs. 38 de las actuaciones administrativas 1212509-1765-2012, al valor en aduana de la mercadería faltante se aplicaron las alícuotas IVA (10,5%) I.V.A Adicional (20 %) e Impuesto a las Ganancias (8 %).
Como se expresó en el considerando precedente, se ha verificado que el faltante de la mercadería fosfato diamónico es del 0,70 %, es decir que excede la tolerancia de ley a los efectos fiscales —art. 11.1 de la Resolución ex ANA 2914/94—. Asimismo la recurrente no ha justificado la diferencia resultante mediante carta de rectificación o demás formas previstas en el CA y disposiciones reglamentarias, dentro del plazo de dos (2) días a contar desde la finalización de la descarga.
La actora considera que la alícuota del 21 % de IVA no le corresponde por encontrarse exenta del pago de dicho impuesto en virtud de lo establecido por el art. 7, inc. h), punto 13 de la Ley de IVA. Sostiene que el art. 34 de la reglamentación de la Ley de IVA (Decreto 692/98 modificado por Decreto 1228/98) comprende, dentro de esa exención, a todos los servicios conexos al transporte.
En este sentido cabe destacar que la exención alegada por la recurrente, sin lugar a dudas, se trata de un beneficio impositivo que la ley establece para el tipo de actividad específica en virtud de su naturaleza. No obstante ello dicho beneficio no puede considerarse extensivo a situaciones como la analizada en autos, ello por cuanto la mercadería faltante se presume importada a consumo y se encuentra gravada por el impuesto en análisis.
La aplicación del impuesto en cuestión se centra sobre el objeto —mercadería— y no es excluyente de quienes son sujetos “beneficiarios” de exenciones en virtud de la actividad que desarrollan —en el caso transporte internacional de cargas—. Claro está que la actora se encuentra excluida de la presentación del Certificado de Validación de Datos de Importadores (CVDI) en tanto no es importadora y la norma no tuvo en cuenta un extremo como el aquí analizado, lo que aduna mi convencimiento de que es en el objeto —insisto, mercadería— el foco que se pretendió establecer en la norma en cuestión.
En función de lo precedentemente expuesto considero que la actora no se encuentra exenta del pago del IVA por el faltante detectado en la descarga.
No obstante lo expresado precedentemente, de las constancias de las actuaciones administrativas, tal como se observa del cuerpo de cada DI involucrado, las operaciones fueron documentadas por la totalidad de la mercadería declarada en los documentos de transporte y se abonaron los tributos que gravaban la importación para consumo del total declarado. Es decir que las importaciones para consumo no se oficializaron sólo por la mercadería efectivamente descargada, sino por el total documentado en cada conocimiento, por lo que los tributos fueron abonados, incluso, por el faltante que excede el porcentaje de tolerancia admitido.
En razón de ello, el suscripto considera que no se adeuda importe alguno en concepto de tributos por el faltante imputado, en tanto que los mismos fueron abonados por las importadoras en oportunidad de documentar las operaciones en cuestión.
Tampoco corresponde reclamo de suma alguna derivada de la presunta diferencia que, a criterio de la Aduana, existiría entre los montos abonados por las importadoras y los que debería abonar la actora dado que, al momento de oficializarse las respectivas operaciones, la Aduana efectuó el cálculo de las alícuotas aplicables y las importadoras abonaron la totalidad de los tributos así liquidados.
Distinta sería la situación frente al supuesto en que las importadoras hubieran abonado los tributos correspondientes a la mercadería efectivamente descargada, en cuyo caso sí habría correspondido determinar tributos que gravaban la importación para consumo de la mercadería faltante y que le habría correspondido abonar al agente de transporte aduanero, por aplicación de lo dispuesto en el art. 142, ap. 2 del CA.
Así también, en relación a la alícuota reducida de IVA (10,5%) abonada por las importadoras al momento de la oficialización de las destinaciones en cuestión, cabe destacar que la Ley 26050 (B.O. 31/08/2005) introdujo una modificación al art. 28 de la Ley de IVA e incorporó a continuación del inc. k) el inc. 1) el cual establece la alícuota reducida del 50 % a: “las importaciones definitivas que tengan por objeto los fertilizantes químicos para uso agrícola”
Sin lugar a dudas se trata de un beneficio impositivo que la ley establece para el tipo de producto específico en virtud de su naturaleza e independientemente de quien resulte sujeto responsable de su pago. Si bien la Resolución N° 12/2005 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) del Ministerio de Economía de la Nación, mediante Anexo VI creó un registro de los productos y firmas locales fabricantes y comercializadoras alcanzadas por la alícuota reducida del IVA dispuesta por la Ley 26050, la nómina contenida en dicho Anexo, hoy sustituido mediante Resolución SAGPyA N° 614/2008, no limita el beneficio a las firmas allí mencionadas —entre las cuales, lógicamente no se encuentra la recurrente por no ser comercializadora, sino transportista aduanera—.
En definitiva no puede desconocerse en el caso en análisis que el beneficio de alícuota reducida establecido por las normas referidas resulta aplicable, amén de que el pago de los tributos fue efectuado por las firmas importadoras por el total de la mercadería declarada, según la alícuota correspondiente al IVA determinada en base a la normativa aplicable.
En síntesis, la primer discusión sobre el casus es que la alícuota diferencial está centrada sobre el objeto –mercadería- y no es excluyente de quiénes son los sujetos “beneficiarios” de ello. Claro está que la actora no puede encontrarse registrada en los listados de referencia en tanto no es importadora y la norma no tuvo en cuenta un extremo como el aquí analizado, lo que aduna mi convencimiento de que es en el objeto –insisto, mercadería- el foco que se pretendió establecer en la norma en cuestión. Una conclusión diferente a la aquí arribada conllevaría a agravar injustificadamente la situación de la recurrente en cuanto a la responsabilidad emergente de la presunción del art. 142 del CA, ap. 2, lo cual resultaría inadmisible y desvirtuaría el sentido de la obligación tributaria, dándole un rumbo más propio del carácter sancionador que el específicamente recaudatorio como lo es en el caso traído a debate. La segunda cuestión a disgregar se centra en si, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es la aquí recurrente quien debe afrontar el pago de tributo alguno por la faltante en trato, lo que, como se dijo, se encuentra resuelto por el simple hecho de que todos los tributos que componían la exigencia del Fisco, fueron abonados oportunamente por las importadoras.
En función de lo precedentemente expuesto considero que no corresponde a la actora abonar saldo alguno en concepto de IVA por el faltante detectado en la descarga respecto del producto fosfato monoamónico. A su vez, en relación a los conceptos de Iva Adicional e Impuesto a las Ganancias, tal como se ha expresado y se observa en la documentación correspondiente a los DI involucrados, las operaciones fueron registradas por el total de la mercadería declarada, por lo que los conceptos referidos también fueron abonados incluso por la mercadería faltante.
Por todo lo expuesto hasta aquí, corresponde revocar la Resolución N° 12/2015 (AD SALO) apelada.
VIII. En cuanto a las costas del proceso, corresponde imponerlas a la demandada vencida, conforme lo dispuesto en el art. 1163 del CA.
IX. Por lo expuesto VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad opuesto por la recurrente. Sin costas.
2. Revocar la Resolución N° 12/2015, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en la Actuación Administrativa SIGEA 112509-1765-2012. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de nulidad opuesto por la recurrente. Sin costas.
2. Revocar la Resolución N° 12/2015, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en la Actuación Administrativa SIGEA 112509-1765-2012. Costas a la demandada vencida.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.12.12 14:30:08 -03:00 Date: 2023.12.13 14:09:03 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.13 14:09:04 -03:00
Fin de la sentencia