Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 32760-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la caducidad de instancia acusada por la parte actora. Con costas (cfme. arts. 68, primera parte y 69 del CPCCN).
2Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional AFIP-DGA, con costas por no existir mérito para la dispensa (art. 68, primer párrafo del CPCCN)
3Cumplir con el envío de la comunicación al Colegio Público de Abogados ordenada en el considerando VII.
4Remitir las actuaciones al Sr. Representante del Fisco a fin de liquide el monto que adeuda el Fisco Nacional AFIP-DGA en concepto de tasa de justicia.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
62081/2019 ULTRAMAR ARGENTINA SA TF 32760-A c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de diciembre de 2020.- SH
El acuse de caducidad de instancia formulado por la parte actora el 05/11/2020 (ver escrito presentado el 4/11/2020 a las 14:23 horas, CSJN, AC. 31/20, Anexo II, apartado 2 “cómputo”, punto resolutivo 2), cuyo traslado fue contestado por la parte demandada el 12/11/2020; y,
I. Que la parte actora solicita se declare la caducidad de la segunda instancia, en los términos del art. 310, inc. 2), del CPCCN. Manifiesta que sustanciados los agravios ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el expediente fue remitido a esta Sala el 22/11/19 y ese mismo día se dictó el primer auto, intimando a la demandada a que practique liquidación del monto del capital del recurso de apelación e ingrese el importe de la tasa de justicia correspondiente. Señala que dicha resolución, dictada por el auto del 22/11/19, es el acto a partir del cual cabe computar el plazo de caducidad por resultar el último que tuvo por efecto impulsar el procedimiento (cfr. art. 311 del CPCCN). En ese orden de ideas recalca que desde el 22/11/19 al presente (4/11/2020) ha transcurrido casi un año superándose holgadamente el plazo de tres meses (art. 310, inc. 2) del CPCCN), aun descontando los plazos suspendidos durante la feria de enero 2020 y durante la feria extraordinaria dispuesta por la CSJN mediante Acordada 6/2020 y sucesivas prórrogas.
II. Que, el Fisco Nacional AFIP- DGA, solicita que se rechace la caducidad acusada, con costas, por cuanto, de admitirse se estaría permitiendo que se frustre la legítima facultad del Fisco para perseguir el cobro de multas y tributos adeudados, con el consiguiente detrimento injustificado del erario público.
III. Que, en primer lugar, corresponde destacar que la instancia es el conjunto de actos procesales que realizan las partes para obtener la decisión judicial de un litigio y que se suceden desde la interposición de una demanda, o la petición que abre una etapa incidental, un proceso o la concesión de un recurso, hasta la notificación de la respectiva sentencia o resolución. En efecto, toda petición inicial de un proceso, trámite o procedimiento dirigido a un juez o tribunal para que satisfaga un interés legítimo de quien acciona es -en generalinstancia y, a partir de ello, comienza para el interesado la carga de impulsar el procedimiento (esta Sala, “ONAB c/ Navarrete Celia s/ proceso de ejecución”, del 13/08/08; “BCRA- Resols 76/05 y 203/05 c/ Gaillard Raúl Augusto Alfonso s/ ejecución fiscal”, del 14/02/11; “Croce Ana María c/ EN- Mº Seguridad- PFA Dto 2744/93 927/11y otro s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, del 01/10/14, “Parraga Ariel Roberto y otros c/ EN -Mº Defensa- Armada- DTO 2769/93 s/ Personal Militar y civil de las FFAA Y de Seg” del 02/08/2016, entre otros).
IV. Que ello no obstante, la caducidad de la instancia debe responder a las particularidades de cada caso y, por constituir un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter, sin llevar con ritualismo el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio (C.S., Fallos: 308:2219; 319:1142; 320:38; 322:2943; y esta Cámara, esta Sala, Causa Nº 8129/11, in re “Santoni María Luisa c/ ENOHS y otros s/ Daños y perjuicios”, del 25/09/14; Causa N° 22642/15, in re “Urquiza, Genaro Osvaldo c/ EN-M Seguridad –SSI-PFA s/ Personal Militar y civil de las FFAA Y de Seg”, del 08/03/18, entre otros).
V. Que, así las cosas, de las constancias físicas y digitales de la causa surge que:
(i) Con fecha 20/02/2018, la demandada –Fisco Nacional– apeló y fundó su recurso contra la sentencia del Tribunal CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 62081/2019 ULTRAMAR ARGENTINA SA TF 32760-A c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Fiscal de la Nación del 19/12/2017, cuyo traslado la parte actora contestó el 27/03/2018.
(ii) El 20/11/2019 las actuaciones fueron recibidas por esta Sala III (cfr. sello cargo de fs. 154). En el primer auto del 22/11/2019, se intimó a la demandada para que practique liquidación del monto del capital del recurso de apelación del 20/02/2018 e ingrese el importe de la tasa de justicia correspondiente. Dicha providencia fue notificada a la demandada por cédula electrónica 190000032486976, el 26/11/2019 a las 9:13 horas.
(iii) Por el despacho del 27/10/2020, frente a la solicitud formulada por la parte actora a fin de que se dicte sentencia, el tribunal reiteró las intimaciones cursadas en los puntos III -liquidación y pago de la tasa de justicia- y IV -bono de derecho CPACF- del primer auto dictado el 22/11/2019, haciéndole saber al Dr. Ricardo Daniel Palermo que a fin de acompañar el bono de derecho fijo se encuentra disponible la opción de pago con tarjeta de débito a través del Sistema de Pagos Judiciales del Banco Ciudad (consultar sitio http:// www.cpacf.org.ar/noticia.php?id=7500&sec=156). Dicha providencia se encuentra debidamente notificada (mediante cédula electrónica 20000038782382 del 27/10/2020, 17:43 hs.).
(iv) Por el escrito del 04/11/2020 a las 14:23 horas, la actora acusa la caducidad de instancia en los términos del inciso 2, del art. 310 del CPCCN. De conformidad con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada 31/2020, Anexo II, apartado 2, punto resolutivo 2, cabe considerar que la fecha de esta presentación es del 5/11/2020.
(v) El Fisco Nacional el 12/11/2020, sin liquidar la tasa, pedir su diferimiento o acompañar la constancia de su cancelación, ni acompañar el bono de ley, solicitó que pasen los autos al Acuerdo para dictar sentencia y contestó el traslado de la perención acusada (ver escritos “SOLICITA SE DICTE SENTENCIA [11/11/2020 20:27] y “CONTESTA TRASLADO [12/11/2020 12:15]”; cfr. CSJN Ac 31/2020, Anexo II, apartado 2 “cómputo”, punto resolutivo 2).
VI. Que, a fin de resolver el planteo, resulta conveniente desde el inicio advertir que, contrariamente a lo aseverado por la actora, el art. 310, inc. 2, del CPCCN no resulta aplicable al caso de autos, en atención a la naturaleza administrativa que ostenta el Tribunal Fiscal de la Nación, lo que impide entender que lo actuado en su sede pueda resultar asimilable a una primera instancia judicial. En conclusión, la cuestión aquí debatida se rige, tal como lo ha sostenido esta Sala en reiterados pronunciamientos, por el inciso primero del artículo citado (conf. esta Sala, Causa n° 12293/2007 in re “Del Llano Pablo Enrique (TF 21539-I) c/ DGI”, del 23/06/2011; n° 8983/2010 in re “La Economía Comercial SA de Seguros Grales (TF 22843-A) c/ DGA, del 12/07/2011; y n° 24015/2008 in re “MBR Transportes Internacionales (TF 2248-A) ACUM c/DGA”, del 18/08/2011, entre muchas otras).
Asimismo, en el caso, cabe destacar que desde el día 16 de marzo de 2020 el curso de los plazos procesales quedó suspendido hasta el 4 de agosto de 2020 debido a las medidas de distanciamiento social preventivo obligatorio adoptadas en el contexto de la pandemia del Covid19 (conf. Ac. CSJN Nº 4, 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 25 y 31, todas del corriente año).
En tal sentido, ha de advertirse que el plazo de seis meses previsto en el inciso 1º del art. 310 del CPCCN no se encontraba cumplido al momento en que se planteara la presente incidencia (5/11/2020).
Si bien ello resulta suficiente a los efectos de rechazar lo pretendido resulta también oportuno destacar que, tal como fuese reseñado en el considerando V, la demandada quedó notificada del primer auto el 26/11/2019 a las 9:13 horas., por el que se dispuso en el punto III que debía practicar la liquidación del monto del capital del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 62081/2019 ULTRAMAR ARGENTINA SA TF 32760-A c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO recurso de apelación de fs. 131/133 e ingresar el importe de la tasa de justicia correspondiente, acompañando la liquidación y el comprobante de pago pertinente, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispuesto por los arts. 11 y 12 de la ley 23.898 y art. 1º, Acordada 20/92 CSJN. Cabe retener que dicha intimación, fue reiterada por la providencia del 27/10/2020, sin que deba reputársela como un nuevo acto impulsorio.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 311 del CPCCN, entre el 26/11/2020 -fecha de la notificación a la demandada del primer auto judicial- hasta el 16/03/2020 -fecha de la Ac. CSJN n° 4/2020 que dispuso la suspensión- transcurrieron dos meses y veinte días, a los que cabe adicionar tres meses más entre el 4/08/2020 - fecha de la reanudación de los plazos dispuesta por la Ac. CSJN 31/2020- hasta el momento del acuse de la perención del 5/11/2020. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar -por prematuro- el planteo de caducidad efectuado por la parte actora, con costas por no existir mérito para la dispensa (art. 68, primera parte, y 69 del CPCCN).
VII. Que toda vez que se encuentra vencido el plazo conferido con fecha el 26/11/2019, reiterado el 27/10/2020, hágase efectivo el apercibimiento allí dispuesto, mediante correo electrónico dirigido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en cuyo asunto deberá constar el nombre del letrado y el número de la presente causa.
En cuanto a la tasa de justicia, teniendo en cuenta que la representación legal de la AFIP-DGA no ha siquiera liquidado la gabela, corresponde remitir las actuaciones al señor Representante del Fisco a fin de que practique la liquidación.
VIII. Que, ahora bien, encontrándose la causa en condiciones de dictar sentencia definitiva, en virtud de lo decidido precedentemente y del principio concentración y de economía procesal, resulta conducente adentrarse en el conocimiento del recurso de apelación que interpuso la AFIP-DGA, contra la sentencia dictada a fs. 126/129vta., fundado por el memorial de fs. 131/133, cuyo traslado fue replicado por la parte actora a fs. 140/143.
X. Que, por la sentencia del 19 de diciembre de 2017, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la resolución (AD SALO) 1118/12, declarando que el importe de la multa impuesta a la recurrente por la comisión de la infracción tipificada en el art. 954, apartado 1, inciso a) del Código Aduanero, -originariamente graduada en $138.660,40- asciende a $3.166,83, y que, en cuanto la obligación tributaria –fijada en la resolución en U$S 36.232,14- la actora adeuda U$S 950,62 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA y de $3485,69 por las percepciones de IVA (IVA adicional) y del impuesto a las ganancias.
Las costas fueron impuestas en un 2% a cargo de la parte actora y en un 98% a cargo de la demandada.
Para así decidir, el TFN consideró que Ultramar Argentina SA, en su carácter de agente de transporte aduanero (ATA) efectuó una declaración inexacta en el manifiesto de rancho del buque “Marida Patani”, habiéndose constatado un faltante de aceite y grasa lubricante. Sin embargo, luego de examinar las constancias agregadas a las actuaciones administrativas, estimó un faltante mucho menor al constatado por el servicio aduanero como consecuencia de la visita de fondeo realizada a bordo del medio de transporte marítimo el día 9 de agosto de 2009.
Al respecto, consideró que “a fs.25 de las act. adm., bajo el título ‘Ship’s Stores Declaration’, se declaró, en cuanto aquí interesa, “Lub oil 37.950 Ltrs,” y “Grease: 680 kgs.”. Y a fs. 32 de las act. adm. se detalló la cantidad de cada tipo de aceite (Alpha SP100 Castrol, Alphasyn EP 220, Argina X40, Clavus R68, etc.) y de cada tipo de grasa (Alcania EP 2, Alcania RL 3, Malleus GL 95 y Rhodinia EP2).
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62081/2019 ULTRAMAR ARGENTINA SA TF 32760-A c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO La suma total de aceites y grasa arroja las cantidades de 38.317 ltrs. Y 1.707 kgs, respectivamente.”
Así las cosas, señaló que “en razón de que la cantidad consignada a fs. 32 de las act. adm. resulta más detallado con relación al de la declaración ‘Ship’s Stores Declaration’ de fs. 25 de las act. adm., puede inferirse que los primeros no constituyen el Manifiesto de Rancho propiamente dicho sino que, más bien, se trata de listados complementarios de uso interno del buque que fueron acompañados al Manifiesto de Rancho a los fines de dotar de una mejor ilustración al servicio aduanero y de facilitarle la tarea de verificación.” En tal sentido, encontró “razonable la explicación de la actora en cuanto señala que la diferencia informada por la Brigada de Fondeo y declarada en el Manifiesto de Rancho, deviene de una errónea suma entre las cantidades declaradas en el Manifiesto y las especificadas en las planillas complementarias.” Al respecto, ponderó que refuerza esta conclusión la manifestación efectuada por el Capitán del buque “Marida Patani”, Mihai Zigarov, al momento de efectuarse la verificación, quien aclaró que “los bienes detallados en el ‘Ship’s Stores Declaration’ resumían el total del “Oil Lub” declarado y que las planillas complementarias individualizaban las cantidades de lubricantes a fin de facilitar su control y no con la intención de ocultarlo” (ver fs., 6/7 de las act. adm).
En virtud de tal razonamiento, el tribunal concluyó que no corresponde sumar las cantidades declaradas en el listado genérico de fs. 25 con las especificadas en los listados complementarios de fs. 32 de las actuaciones administrativas, debiendo estarse a las cantidades declaradas en el primero. Aun así encontró una diferencia y liquidó tributos y multa.
XI. Que, disconforme con lo así decidido, el Fisco Nacional AFIP-DGA sostiene que el voto del vocal preopinante no especifica el motivo por el cual asigna razón a los dichos de la contraria, tratándose simplemente de una opinión del Dr. Basaldúa., sin fundamento fáctico alguno.
Cuestiona la mención a los dichos del capitán del buque puesto que no se encuentra acreditada su idoneidad, no se toma en cuenta la relación de dependencia que tiene con el armador del buque, ni ha sido una declaración testimonial, siendo tan sólo manifestaciones vertidas –presumiblemente- en ocasión de la verificación aduanera. En su consecuencia, aduce que se configura un supuesto de falta de respaldo probatorio suficiente que autoriza a revisar lo decidido de conformidad con lo dispuesto por el art. 1180 del CA.
XII. Que, antes de ingresar al tratamiento de los agravios expresados es importante destacar que el Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, Causa 30445/2014, “Agropecuaria Huinca SRL c/ Dirección General Impositiva s/Recurso directo de organismo externo”, sentencia del 2/09/2014 y sus citas, entre otras).
XIII. Que, anticipadamente, es menester recordar que de acuerdo a lo previsto en el artículo 1180 del código aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta, siempre que del ejercicio del a quo de sus facultades propias de apreciar los hechos no surja que hubiera mediado un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (cfr. Fallos 300:985; y este Tribunal, causa "Schmid, Walter Edmundo", del 26/10/84; Sala I, causa "Scioli", del 14/12/93; Sala V, causas "Aspitarte y Cía S.A.", del 14/8/95; "Seysu S.R.L.", del 25/3/96;
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62081/2019 ULTRAMAR ARGENTINA SA TF 32760-A c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO "Zeneca S.A.", del 26/8/98 y "DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609-A)", del 21/9/06, entre otras).
No cabe, por principio, revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión (CSJN en Fallos: 300:985; esta Sala en las causas “Renault Argentina SA” del 07-3-95 y “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14-11-09). Puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 CA, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (esta Sala, causa 25.245/2005, “Agencia Marítima Tagsa (TF 18034-A) C/ DGA”, sentencia del 20-10-11).
En tales términos, contrariamente a lo aseverado por la demandada, no se advierte que la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de los hechos y pruebas agregadas a la causa resulte arbitraria o errónea en los términos del citado art. 1180 CA, en cuanto ha concluido que el detalle de fs. 32 de las actuaciones administrativas consiste en listados complementarios de uso interno del buque que fueron acompañados a la declaración genérica de fs. 25, sin que corresponda sumar ambas cantidades como lo hizo el servicio aduanero para arribar a una inexactitud mucho mayor a la efectivamente constatada. La referencia a lo manifestado por el capitán del buque es solo ilustrativa de lo que resulta evidente al cotejar el “Ship’s Stores Declaration”, que resume el total del “Oil Lub”, sin que puedan admitirse los agravios expuestos por la demandada en ese sentido. Por consiguiente, en mérito a lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE:
1. rechazar la caducidad de instancia acusada por la parte actora. Con costas (cfme. arts. 68, primera parte y 69 del CPCCN).
2. desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional AFIP-DGA, con costas por no existir mérito para la dispensa (art. 68, primer párrafo del CPCCN)
3. cumplir con el envío de la comunicación al Colegio Público de Abogados ordenada en el considerando VII.
4. remitir las actuaciones al Sr. Representante del Fisco a fin de liquide el monto que adeuda el Fisco Nacional AFIP-DGA en concepto de tasa de justicia.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y cúmplase con la remisión ordenada.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia