Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2024-39324532-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-68598786-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 25 de Junio de 2025 VOC. 1RA En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. José Luis Pérez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para dictar sentencia en el Expte. EX-2024-39324532-APN-SGAI#TFN caratulado: “UN RINCON DE NAPOLI SRL s/ Recurso de Apelación”.
El Dr. Pérez dijo:
I. Que mediante RE-2022-39323864-APN-SGAI#TFN se interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 39/2022 (DV RSJU) dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional San Juan mediante la cual se determinó de oficio en forma parcial la materia imponible y la obligación impositiva de aquella frente al Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria por los períodos fiscales septiembre de 2016 a agosto 2018, con más intereses resarcitorios y aplica multa del art. 45 de la Ley 11.683.
Señala que resulta improcedente la determinación de oficio del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, pues los hechos en cuestión no dieron lugar a la omisión del tributo señalado, en tanto no se verificaron los presupuestos objetivos que marca el artículo 1º, inciso c), de la ley 25.413. Sostiene que la tesis argumental que desarrolla el juez administrativo con el objeto de determinar de oficio el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, deja en evidencia no sólo la confusión de conceptos y las erráticas consecuencias fiscales que pretende asignar al caso, sino también porque los hechos en cuestión jamás dieron lugar a la omisión del tributo señalado, puesto que UN RINCÓN DE NAPOLI no sólo no reemplazó el uso de las cuentas bancarias sino que además tampoco tiene organizado un sistema de pagos ajeno al sistema “bancarizado”.
Indica que la elección de depositar el efectivo cobrado en las cuentas bancarias de los proveedores es una política comercial del tercero y responde a la naturaleza de la actividad consignataria.
Afirma que esa decisión comercial de proceder como lo hace la empresa no es materia de discusión en el ámbito del derecho público y, en particular, que afecte la relación fisco-contribuyente ya que las facturas que se abonan están absolutamente registradas, son perfectamente válidas y, por otra parte, los pagos –aunque sean en efectivo– al ser depositados en las cuentas bancarias de los proveedores no extraen de la economía formal las operaciones que se realizan y mantienen dentro del sistema bancario los fondos. Alega que la operatoria comercial en cuestión no se encuentra gravada por ese hecho imponible, siendo su inclusión absolutamente forzada y basada en “interpretaciones” del propio ente fiscal ajenas a la delimitación del presupuesto de hecho que tipifica la mencionada ley. Afirma que la expresión “todos los movimientos de fondos” no puede ser concebida ni interpretada como la gravabilidad de todas las cobranzas y pagos que en el comercio se realicen, puesto que dejaría de ser un tributo sobre las operatorias en cuentas corrientes para erigirse como un impuesto sobre el comercio, lisa y llanamente.
Manifiesta que en el caso de UN RINCÓN DE NAPOLI, no se ha ni organizado un sistema de pagos mediante depósitos en efectivo en las cuentas de los proveedores (en tanto ese modo de cancelación coexiste y convive con los pagos mediante la entrega de cheques a la orden para su depósito en cuentas bancarias) sino que, lo que es más importante, no se ha eliminado o reemplazado el uso de cuentas dado que el depósito se efectúa en la cuenta del proveedor.
Indica que el juez administrativo también pretende sustentar la gravabilidad de las operaciones sobre la base de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 del Anexo del decreto 380. Esa norma, amén de la dudosa legalidad de los términos completos de la reglamentación, nada agrega ni modifica a la interpretación del hecho efectuado por la recurrente sobre la base de la norma tributaria que define al hecho imponible (o sea, la ley).
Destaca que la posición de la actora es conteste con la totalidad del texto del hecho imponible y es armónica con el resto del ordenamiento en el sentido de que sólo podría concebirse el inciso c) como una norma antielusiva y contraría a nuestra ley vigente en materia de pagos, por lo que sólo podrían estar alcanzados aquellos movimientos de fondos que, en efectivo, se realicen por fuera completamente de las cuentas bancarias, más no aquellos que precisamente se hacen acreditando el efectivo en una cuenta corriente del proveedor.
Alega que en el caso de UN RINCÓN DE NAPOLI no se está ante un sistema organizado de pagos en tanto coexiste con la cancelación de deudas mediante la entrega de cheques siendo su elección una decisión coyuntural y propia del acuerdo comercial sin finalidades elusivas. Y segundo, porque UN RINCÓN DE NAPOLI, pese a recibir pagos en efectivo por sus ventas, JAMÁS deja de utilizar la cuenta bancaria pues el depósito del efectivo se efectúa en cuenta corriente del proveedor, transparentando el pago conforme la ley 25.345 e introduciendo el dinero en una cuenta bancaria.
Sostiene que esta operatoria, legítima y acorde a la Ley Antievasión, no ha querido ni se encuentra alcanzada por el inciso c) del artículo 1º.
Alega que para generar el hecho imponible en el tributo en cuestión, con fondos en efectivo, la operatoria debe desarrollarse íntegramente “por fuera del sistema financiero”. Si esos fondos se depositan en cuentas bancarias, aunque sean ajenas, no se genera el impuesto.
Destaca que cuando se habla de un sistema organizado de pagos, éste responde a un esquema de trabajo que, a través de mecanismos ordenados y recurrentes, termina sustituyendo el empleo de una cuenta bancaria. Por su propio peso conceptual puede afirmarse que la circunstancia de efectuar depósitos en cuenta bancaria de proveedores, medio legítimo para cancelar operaciones según la Ley Antievasión, no genera ninguna obligación en el marco de la Ley de Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios. Alega que cualquier interpretación en contrario implicaría una exigencia arbitraria de la Administración, que alteraría la calificación dada por la norma. Informa que el pago mediante depósito en efectivo en cuenta corriente del proveedor, amén de encontrarse dentro del sistema financiero con la consiguiente bancarización del fondo como lo exige nuestro ordenamiento vigente, responde a la propia estructura comercial por la que recibe pagos en efectivo por parte de sus clientes.
Manifiesta que el hecho imponible requiere, para su correcta configuración, de la precisa definición de cada uno de sus elementos o aspectos en la ley nacional del tributo. El principio de reserva de ley importa la necesaria precisión en la definición del hecho imponible y que la materia reservada para el Congreso sea indelegable.
Indica que la actora ha explicado por qué la operatoria en crisis está fuera del objeto del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria: primero, porque no ha reemplazado el uso de las cuentas sino que, por el contrario, las ha bancarizado depositando el dinero en la cuenta corriente del proveedor. Y segundo, porque esa modalidad la efectúa del mismos modo en que paga con cheques a sus proveedores por lo que no ha organizado su sistema de pagos en torno a esa modalidad.
Sostiene que la gravabilidad en cabeza de la recurrente por tales fondos —que no son suyos— afecta el principio constitucional de capacidad contributiva en términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Alega que la recurrente no ha realizado ninguna maniobra que pudiera considerarse adecuada a la tipicidad del artículo 45 de la ley 11.683. La Dirección General Impositiva conoce perfectamente que no puede aplicar una multa sin un sustento fáctico y jurídico que la justifique.
Sostiene que la determinación practicada por el Fisco Nacional es contraria a las normas legales que en materia tributaria han sido objeto de análisis y por ende deben revocarse. Por lo tanto y en virtud del principio de accesoriedad, también resulta improcedente la aplicación de los intereses resarcitorios previstos por el artículo 37 de la ley 11.683.
Acompaña documental, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso y formula reserva del caso federal.
Por lo expuesto precedentemente, solicita se haga lugar al recurso y se revoque la determinación de oficio, con costas.
II. Que mediante IF-2022-86107663-APN-DTD#JGM contesta el traslado la representación fiscal, solicitando por los argumentos de hecho y de derecho que expone, se rechacen los planteos de la recurrente, con costas.
En primer lugar señala que la Ley Nro. 25413 y sus modificatorias en su artículo 1° dispone que estarán alcanzados por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aún en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinatarios a la acreditación a favor de los establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito.
Indica que tanto la Ley del Impuesto como su reglamentación prevén como aspecto objetivo del hecho imponible, esto es como presupuesto de hecho alcanzando por el gravamen bajo tratamiento, a todo movimiento o entrega de fondos de cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, que se realice en el ejercicio de una actividad económica, a través de un sistema de pagos organizado, que reemplace el uso de cuentas – de cualquier naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras. Señala que en un primer momento se verificó que los fondos bancarizados por la firma UN RINCÓN DE NÁPOLI S.R.L. fueron TRES (3) veces inferiores a sus ventas registradas durante los periodos fiscales 2017 y 2018, y apenas superaron la tercera parte de las compras correspondientes a iguales periodos. Sostiene que la actora recibe dinero proveniente del ejercicio de su actividad económica por fuera del sistema bancario, y que luego dichos fondos se aplican al pago de proveedores, sin pasar nunca por sus propias cuentas bancarias, reemplazando con dicha práctica el uso de éstas.
Señala que los funcionarios fiscalizadores verificaron que los movimientos de fondos no bancarizados no eran circunstanciales ni se trataban de pagos puntuales, ya que, por un lado, de lo manifestado por la propia actora durante la anterior instancia en sus presentaciones digitales surge el depósito en cuenta como mecanismo recurrente de pago a los proveedores consignantes, y por otro, de la comparación realizada entre los fondos bancarizados dispuestos en pagos y las compras registradas en cada uno de los periodos bajo inspección surge que la relación es similar, siendo en promedio las compras un 63% superiores al capital bancarizado.
Sostiene que se tuvo por acreditada la existencia de un sistema de pagos organizado mediante el cual la responsable canalizó el dinero obtenido de sus ventas y efectuó sistemáticamente pagos a sus proveedores, en reemplazo del uso de sus propias cuentas bancarias, configurándose el hecho imponible previsto en el inciso c) del artículo 1º de la Ley N.° 25.413 y en el inciso b) del artículo 2º de su Decreto Reglamentario. Señala que se tomó como referencia el monto de compras brutas resultante de sumar los importes netos gravados, no gravados, exentos e IVA obtenidos de los registros aportados, y se le detrajo el monto de fondos dispuestos en bancos en concepto de pagos. Este último importe resultó de sumar a la existencia inicial de cada período, las acreditaciones recibidas, y detraer el saldo bancario al final de cada mes, y de esa manera se arribó al importe abonado a proveedores por la contribuyente actora a través de su sistema de pagos organizado, para cada uno de los períodos comprendidos entre septiembre/2018 y agosto/2018.
Alega que en el caso se tiene acreditado que la contribuyente actora efectuó durante los períodos que corren entre septiembre de 2016 y agosto de 2018, cobros a sus clientes y pagos a sus proveedores en efectivo, en forma directa y mediante depósitos en las cuentas bancarias de sus proveedores, en ejercicio de su actividad económica, adoptando esta mecánica como modalidad habitual, en forma recurrente y sistemática, siendo estos movimientos de fondos significativos en relación al total de operación de compra y venta concertadas en el período bajo análisis, reemplazando el uso de sus propias cuentas bancarias. Dichos movimientos de fondos constituyen un sistema organizado de pagos y se enmarcan en los presupuestos definidos en el inciso c) del artículo 1° de la Ley Nº 25.413 y sus modificatorias.
Sostiene que se rechaza el agravio respecto de la inconstitucionalidad del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria por afectación del principio de reserva de ley tributaria, recordando que está vedado expedirse sobre la constitucionalidad de las normas ello en los términos del artículo 185 de la Ley 11.683, recordándose una vez más que el Máximo Tribunal se ha expedido en la causa antes citada declarando por mayoría la constitucionalidad del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria, en tanto los elementos esenciales del tributo, su hecho imponible, los sujetos obligados, la base imponible y las exenciones han sido expresamente establecidos por ley, en sentido formal y material, emanado del Congreso de la Nación.
Indica que el precedente invocado por la actora, COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (COLPROBA) de fecha 08 de abril de 2021, versa sobre una operatoria que no guarda ninguna similitud en sus aspectos objetivos ni subjetivos respecto a la mecánica constatada en el caso de autos.
Alega que la operatoria verificada respecto a la actora consiste en cobros a sus clientes y pagos en efectivo a sus proveedores, en forma recurrente y sistemática, siendo dichos movimientos de fondos significativos en relación al total de operaciones y efectuados en el marco de su actividad económica, reemplazando el uso de sus propias cuentas bancarias.
Sostiene que en relación al cálculo de los intereses resarcitorios que la contribuyente pretende desconocer, alegando la nulidad de su reclamo, se recuerda que los mismos fueron liquidados aplicando lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Tributario, desde la fecha de vencimiento de cada obligación hasta la fecha de la mentada Resolución tomando como base el impuesto a ingresar determinado, encontrándose estos datos consignados en el cuadro a continuación del artículo 2° de aquella. Manifiesta que la omisión detectada fue verificada por el organismo fiscal en ejercicio de las facultades otorgadas por la normativa vigente en el marco de un procedimiento de verificación, siendo esa la maniobra culposa imputada, la omisión de ingresar el Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria en su justa medida.
En cuanto al elemento subjetivo, afirma que no puede admitirse que se presente en autos un supuesto eximente de responsabilidad, ya que más allá de la jurisprudencia que invoca el recurrente, aplicable al caso particular que allí se resolviera, el actor también ha evidenciado conocer lo que prescriben literalmente las normas aplicables y vigentes, así como el criterio fiscal sobre el tópico. Acompaña antecedentes administrativos, hace reserva de la cuestión federal y solicita se dicte sentencia confirmando la resolución apelada, con costas a la actora.
III. Que mediante PV-2023-59905237-APN-VOCI#TFN se abre la causa a prueba ordenándose producir la prueba pericial contable. En IF-2024-48905384-APN-DTD#JGM obra prueba pericial contable. En PV- 2025-20252673-APN-VOCI#TFN se elevan los autos a consideración de la sala “A” y pasan para alegar. Finalmente en IF-2025-63342465-APN-VOCI#TFN se llaman autos para sentencia.
IV. Que en el caso de autos y conforme surge del informe final de inspección obrante en IF-2022- 86109331-APN-DTD#JGM se informa que la firma aporta la documental solicitada ante requerimientos cursados, siendo base para la presente, la información surgida de e-fisco, estados contables auditados por contador público y certificados aportados, libros de compras y ventas, extractos bancarios, manifestaciones y explicaciones vertidas por la firma.
Del análisis comparativo de ventas según libros IVA ventas / declaraciones juradas de IVA surge que el importe de acreditaciones bancarias en los períodos fiscales 2017 - 2018 son sensiblemente inferiores a las ventas totales registradas, a saber:
Periodo fiscal 09/2016 a 08/2017 las ventas totales (Neto más IVA) declaradas ascienden a $394.110.072,04, sin embargo, las acreditaciones bancarias en dicho periodo ascienden solo a $ 119.637.744,00 representando un 30% del total de ventas brutas.
Periodo fiscal 09/2017 a 08/2018 las ventas totales (Neto más IVA) declaradas ascienden a $393.732.545,29 sin embargo las acreditaciones bancarias en dicho periodo ascienden solo a $ 169.633.999,00 representando un 43% del total de ventas brutas.
Lo expuesto sería -para la fiscalización- un firme indicio de que el dinero recaudado en razón de las ventas realizadas por la contribuyente no pasan por cuentas bancarias de la empresa.
Durante el transcurso de la fiscalización la inspección ha realizado un análisis del origen y de la calidad de los movimientos de fondos que reemplazan el uso de cuentas bancarias.
El análisis de tales parámetros permitió conocer que se estaría frente a “pagos” -requisito básico- para encuadrar en un “sistema de pagos”, a tal efecto el objeto de la fiscalización se centró en la comparación entre los Montos de los Fondos Dispuestos de Bancos en Pago (Saldo inicio Periodo + Acreditaciones Bancarias - Saldo fin de del Periodo) y las Compras Totales provenientes del Régimen Informativo R.G. 3685, extrayendo así todos aquellos conceptos que no corresponden propiamente a pagos.
En segunda instancia, una vez confirmada la existencia de pagos, se verificó que las operaciones realizadas a través de tales movimientos de fondos, no cuentan con una exclusión de objeto, o bien con una exención expresa por parte de la norma, no habiéndose detectado, en el análisis realizado, movimientos de fondos que respondan a estos conceptos.
Otro análisis realizado en la presente fiscalización ha sido la comprobación de si la empresa utiliza o no un método de pagos regular. El requerimiento de regularidad, o bien la existencia de una práctica sistémica, implica el ejercicio asiduo, habitual, puntual, etc. Para así determinar circunstancias y situaciones que llevan a probar, de manera inequívoca, la comentada presunción.
De las tareas de fiscalización aplicadas al contribuyente la inspección concluyó en la utilización de un sistema de pagos organizado, conforme lo expuesto, pues por los períodos fiscales 09/2016 a 08/2017 solo bancarizó en cuentas propias un 30% de sus ingresos y en 09/2017 a 08/2018, un 43%.
Conforme lo expuesto, el Fisco Nacional considera que se han efectuado pagos a sus proveedores mediante el depósito en dinero en las cuentas bancarias por ellos informadas a la fiscalizada, encontrándose este proceder contemplado en la Ley de Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente: y que con relación al impuesto omitido, surgen de las tareas de fiscalización aplicadas, que materializados en efectivo en las cuentas de los proveedores.
A criterio del Fisco no se tratan de hechos aislados o circunstanciales, sino que responden a un esquema de trabajo, a través de mecanismos ordenados y recurrentes: y se persigue reemplazar el uso de la cuenta bancaria. Concluye la inspección que la contribuyente ejerce la actividad económica - Venta al por mayor en comisión o consignación de productos Agrícolas - cancela las obligaciones contraídas con sus proveedores mediante el depósito de dinero en efectivo en las cuentas bancarias de los mismos, en forma recurrente. La operatoria sujeta a análisis resulta ser la principal forma que la rubrada utiliza para cancelar la mayoría de las obligaciones contraídas con sus proveedores.
En atención a las consideraciones vertidas, concluye, que toda vez que, en el particular, se configura un movimiento de fondos en efectivo, en el ejercicio de una actividad económica y reiterada, sustituyéndose mediante el mismo la utilización de la cuenta bancaria, se configura el hecho imponible descripto en el artículo 1°, inciso c) de la Ley sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias.
V. Que, en cuanto al fondo de la cuestión, teniendo en consideración la valla impuesta por el art. 185 de la ley 11683 de que este Tribunal se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de las leyes impositivas, el suscripto entiende que resulta de aplicación a la especie y cuyos argumentos comparte, las consideraciones vertidas por la Sala B -en su anterior integración- en la causa Máxima Energía S.R.L. del 11-08-2010, en donde se expresara:
“Que, por el artículo 1º de la Ley Nº 25.413 (B.O. 26/3/2001) se creó un impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, en los siguientes términos: “Establécese un impuesto cuya alícuota será fijada por el cuenta corriente bancaria. El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas respectivas, actuando las entidades financieras como agentes de liquidación y percepción. El impuesto se devengará al efectuarse los créditos y débitos en la respectiva cuenta corriente.”
“Que, el objeto del tributo fue redefinido por la ley 25.435 (B.O. 31/07/01), quedando redactado el citado artículo 1º, de la siguiente manera: "Establécese un impuesto, cuya alícuota será fijada por el Poder débitos efectuados en cuentas —cualquiera sea su naturaleza— abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras. b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo —incluso a través de movimiento de efectivo— y su instrumentación jurídica. c) Todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito y/o débito.
En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre el monto de los mismos. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a definir el alcance definitivo de los hechos gravados en los incisos precedentes, como así también para crear un régimen especial de determinación para las entidades financieras aludidas. El impuesto se hallará a cargo de los titulares de las cuentas bancarias a que se refiere el inciso a) del presente artículo, de los ordenantes o beneficiarios de las operaciones comprendidas en el inciso b) del mismo, y en los casos previstos en el inciso c), de quien efectúe el movimiento de fondos por cuenta propia.
Cuando se trate de los hechos a los que se refieren los incisos a) y b), las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras actuarán como agente de percepción y liquidación, y en el caso del inciso c), el impuesto será ingresado por quien realice el movimiento o entrega de los fondos a nombre propio, o como agente perceptor y liquidador cuando lo efectúa a nombre y/o por cuenta de otra persona. El impuesto se determinará sobre el importe bruto de los débitos, créditos y operaciones gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento alguno por comisiones, gastos, o conceptos similares, que se indiquen por separado en forma discriminada en los respectivos comprobantes, perfeccionándose el hecho imponible en el momento de efectuarse el débito o crédito en la respectiva cuenta, o en los casos de los incisos b) y c), cuando, según sea el tipo de operatoria, deba considerarse realizada o efectuado el movimiento o entrega, respectivamente."
“Que, como se observa en la transcripción de la norma, a partir de la Ley Nº 25453, la amplitud conceptual dada por el legislador, ya no solo se alcanzan operaciones relacionadas con entidades financieras exclusivamente, sino también comprende a los terceros por otros movimientos de fondos que realicen.”
“Que, el Poder Ejecutivo hizo uso de la facultad reglamentaria que se le otorgara en la norma antes transcripta, mediante el dictado del Decreto Nº 380/2001 (B.O. 30/3/2001), el que fuera modificado por el Decreto Nº 969/2001 (B.O. del 31/7/2001). El artículo 2º de la reglamentación dispone que “A los efectos de determinar el alcance definitivo de los hechos comprendidos en los incisos b) y c), del primer párrafo del artículo 1° de la ley, se consideran gravados: a) Las operaciones que se indican en el artículo siguiente, en las que no se utilicen las cuentas bancarias a que se refiere el artículo anterior, efectuadas por las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, cualesquiera sean las denominaciones que se les otorguen, los mecanismos utilizados para llevarlas a cabo —incluso a través de movimiento de efectivo— y su instrumentación jurídica. b) Todos los movimientos o entregas de fondos, propios o de terceros —aún en efectivo—, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualesquiera sean los mecanismos utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de crédito, compra y/o débito.”
“Que, tal como estaba redactada la ley y su reglamento, una definición de tal amplitud conceptual determinaba un objeto del gravamen que excedía cualquier margen de razonabilidad, ya que según el texto legal cualquier movimiento de fondos generaba en cabeza de quien lo realizara la exigencia del pago del impuesto.”
“Que, la propia Administración Fiscal advirtió ello y mediante la Resolución General Nº 1135, del 7 de noviembre de 2001 (B.O. 9/11/01), dispuso en su art. 43 que “Los movimientos o entrega de fondos comprendidos en el inciso b) del artículo 2° del Anexo del Decreto N° 380/01 y sus modificaciones, son aquéllos que se efectúan a través de sistemas de pago organizados -existentes o no a la vigencia del impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias-, reemplazando el uso de las cuentas previstas en el artículo 1°, inciso a) de la Ley N° 25.413 y su modificatoria. Lo dispuesto precedentemente resulta de aplicación, siempre que dichos movimientos o entrega de fondos sean efectuados, por cuenta propia y/o ajena, en el ejercicio de actividades económicas. No se encuentran alcanzados por la norma citada en el primer párrafo, la transmisión de cheques mediante endoso - conforme a las disposiciones en vigencia dictadas por el Banco Central de la República Argentina-, ni los egresos que se realicen mediante los sistemas de caja chica o fondos fijos.”
“Que, así la obligación de percepción y pago directa, establecida en el art. 2°, inc. b), del Decreto Nº 380/2001 -que reprodujera el art. 1°, inc. c), de la ley-, es la que se efectúa por intermedio de "sistemas organizados de pagos", existentes o no, a la vigencia del impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operaciones. Tal sistema de pagos organizado debe reemplazar el uso de las cuentas previstas en el art. 1°, inc. a), de la ley 25.413 y sus modificaciones. Además, el segundo párrafo de dicho art. 43 estableció que esas operaciones deben ser efectuadas en el ejercicio de actividades económicas, excluyendo así de la obligación tributaria a los consumidores finales.”
“Que, asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la Nota Externa Nº 1, del 23/5/2001 (B.O. 28/5/01), aclaró en sus puntos 5 y 12 que debe haber un sistema de pagos organizado para que haya obligación de tributar y aquél debe sustituir el uso de cuenta corriente. Por su parte el punto 13 de la Nota Externa señala que: "El depósito en efectivo efectuado por el adquirente en la cuenta corriente del vendedor, correspondiente a la compra de bienes para uso y consumo particular, no se encuentra alcanzado por el gravamen, dado que esta transacción no configura ninguna de las operaciones a que se refiere el art. 2° del Anexo del dec. 380/2001 y sus modificatorias", lo cual ratifica que el ámbito del gravamen, en el caso de movimientos de fondos, está reservado a operaciones que denoten el ejercicio de una actividad económica y no adquisiciones alejadas de tal concepto, como son las adquisiciones para uso o consumo particular.”
“....Que, se observa entonces que se introducen dos conceptos esenciales que van a coadyuvar a la interpretación razonable de la norma legal en cuestión. Por un lado, la “actividad económica”, aspecto éste que circunscribe la gravabilidad de los movimientos de fondos, lo cual si bien parecía obvio debía ser expresado, toda vez que únicamente puede estar alcanzados por el gravamen aquellos que se efectúan en el marco de una actividad económica de la persona que los realiza. Por otro lado, el “sistema de pagos organizado”, lo cual permite afirmar -a constrario sensu- que está fuera del objeto del gravamen todo pago que no responda a un sistema organizado.”
“Que, en definitiva, la cuestión pasa por dilucidar qué se entiende por sistema de pagos organizado.” “Que, no existe ninguna definición legal y ateniéndonos a la definición que da el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por “sistema” el “Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí” o, bien, el “Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto”.
“Que, así las cosas, el “sistema de pagos organizado” del que venimos hablando, debe tratarse de un conjunto de reglas, principios o cosas relacionadas entre sí, ordenadamente, con el objeto de reemplazar el uso de las cuentas previstas en el art. 1°, inc. a), de la ley 25.413 y sus modificaciones. Es decir, efectuando una razonable interpretación de la ley y su reglamentación, solamente quienes hayan tenido o tengan un Sistema de Pago Organizado, tendiente a impedir la "bancarización" de las operaciones, estarán obligados de manera directa a percibir y pagar este impuesto.”
Por su parte, nuestro Máximo Tribunal, in re “Piantoni Hnos. SACIFI y A c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo", sentencia del 12/12/2017, señaló: “7o) Que de lo transcripto precedentemente surge que los elementos esenciales del tributo, su hecho imponible, los sujetos obligados, la base imponible y las exenciones han sido expresamente establecidos por una ley, en sentido formal y material, emanada del Congreso de la Nación, ...”
“Al respecto cabe señalar, en primer lugar, que la amplitud que resultaría del texto de los incisos b y c del art. 1º de la citada ley, aisladamente considerados, resulta limitada por lo establecido en el párrafo que sigue a este último inciso. En efecto, en ese párrafo -que establece el incremento de las tasas aplicables en los supuestos allí contemplados- la ley dispone expresamente que las "operatorias" o "movimientos" referidos en dichos incisos, se entenderá que "reemplazan los débitos y créditos aludidos en el inciso a) del presente artículo …"
“Cabe recordar que el inciso "a" se refiere a los créditos y débitos efectuados en cuentas abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras y era -en el texto original de la ley 25.413, Y referido específicamente a las cuentas corrientes- el único supuesto sujeto al tributo. Posteriormente, al ampliarse el objeto del impuesto mediante la ley 25.453 -que sustituyó al art. 10 de aquella dándole la redacción que interesa a los fines de este pleito- el legislador consideró necesario efectuar la aclaración a la que se hizo referencia y cuyo sentido -en lo referente al inciso c, sobre el que versa esta causa- no es otro que el de dejar establecido que con dicho inciso no se pretende gravar cualquier movimiento de fondos, sino únicamente aquel que razonablemente pudiera considerarse que estuviese "reemplazando" una operación que no fue realizada a través de un débito o crédito en las cuentas bancarias de quien efectuó dicho movimiento”.
En dicha sentencia, la Corte agregó: “9°) Que, atendiendo al texto de la ley y al indudable propósito perseguido por ella, no se advierte que la reglamentación haya exorbitado los términos de la disposición legal. En efecto, tal como surge del texto del arto 2° del anexo al decreto 380/01 (texto según su similar 969/01), este se ha limitado a reproducir, de manera casi textual, los términos de la ley.” En tal sentido respecto a los argumentos de la recurrente en cuanto a que su proceder no se encontraría alcanzado por el Impuesto que nos ocupa por no haber organizado un sistema de pagos en virtud de que la modalidad adoptada, consistente en depósitos en efectivo en la cuenta corriente bancaria de su proveedor, convive y consiste con otras formas de cancelación, tal como la entrega de cheques, corresponde señalar que en este sentido se ha expedido la CSJN -haciendo remisión al Dictamen de la Procuración General de la Nación- en autos “Máxima Energía SRL (T.F. 30.045-I)”, de fecha 12/12/2017 donde se dejó sentado que “En este contexto interpretativo, entiendo que la sentencia apelada valoró adecuadamente los hechos del caso al concluir que en el sub lite los depósitos en efectivo realizados con habitualidad por la impugnante a su principal proveedor en pago de sus deudas comerciales -que, a su vez, representaban un volumen significativo de éstas- eran parte de un sistema de pago organizado, en reemplazo de la utilización de las cuentas bancarias de la recurrente. No obsta esa conclusión el hecho de que la actora también cancelase sus deudas mediante otros medios de pago. Las empresas usualmente utilizan varios mecanismos para cumplir con sus obligaciones comerciales, que en sí mismos constituyen distintos sistemas de pago organizados, y no por ello se encuentran fuera del alcance del impuesto.” En este marco jurisprudencial la producción de la prueba pericial contable no resulta de utilidad para resolver la cuestión en el sentido planteado por la recurrente. Corresponde señalar que la operatoria verificada respecto a la actora consiste en cobros a sus clientes y pagos en efectivo a sus proveedores, en forma recurrente y sistemática, siendo dichos movimientos de fondos significativos en relación al total de operaciones y efectuados en el marco de su actividad económica, reemplazando el uso de sus propias cuentas bancarias.
Que sentado ello, conforme la inteligencia asignada al art. 1°, inc. c, de la ley 25.413 -texto según ley 25.453- cabe concluir que resulta correcta la conclusión a la que llegó el Fisco Nacional en cuanto a que la aludida modalidad de pagos se encuentra alcanzada por el impuesto, cabe confirmar la resolución apelada en cuanto determina tributo. Con costas.
VII. Que, corresponde por lo tanto resolver a este Tribunal si la multa aplicada en la resolución apelada se ajusta o no a derecho. El Organismo Fiscal encuadró la infracción en el tipo descripto por el artículo 45 de la Ley Nº 11.683 t.o. en 1998 y modificaciones.
Ello así, la existencia del elemento objetivo hace presumir la culpa en el contribuyente (conforme reiterada jurisprudencia de la Sala "B" que integro como Vocal Titular, entre otros, in re Rosmino y Cía., sentencia del 27/09/1999, entre otros), quien tendrá a su cargo la destrucción de dicho elemento subjetivo, alegando y demostrando la existencia de un error excusable con entidad para marginarlo del reproche punitivo, debiendo advertirse que, de conformidad a distintos pronunciamientos de esa Sala (ver, por caso, “Importaciones Alfatex S.A.”, sentencia del 30/12/02 y “Pepa José Luis” del 22/4/03), el error para poseer entidad eximente de reproche debe reunir la triple característica de esencial, decisivo e inculpable, todas circunstancias que no se visualizan con ninguna nitidez en las presentes actuaciones, incumpliendo la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal in re “Casa Elen Valmi de Claret y Garello” (Fallos 322:519). Qué, asimismo, cabe hacer referencia a lo establecido en el art. 13 de la ley ritual, según el cual “La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella de base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad”.
Que, en suma, resulta acertado el criterio del organismo fiscalizador, en tanto imputó un negligente accionar al apelante, lo que demuestra que se infringieron los deberes de cuidado que se exigen respetar, de lo que se deduce el elemento subjetivo del tipo, es decir, una concreta manifestación de un obrar culposo.
No obstante, ello, con relación al quantum de la multa aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así se observa que el Juez Administrativo fijó la misma en el 70% del tributo determinado por los periodos fiscales septiembre/2016 y noviembre/2017 y al 100% por los períodos fiscales diciembre/2017 a agosto/2018, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado ello al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, razón por la cual se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley ritual.
VIII. Que, en materia de los intereses resarcitorios, cabe señalar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Respecto de los agravios vinculados a los intereses resarcitorios, en donde se aduce la ausencia de mora culpable, cabe señalar que, en forma reciente, la CSJN ha revisado la doctrina de Fallos “Ika Renault” en donde se expuso que “si bien en el precedente de fallos 304:203 el Tribunal estableció que resulta aplicable la última parte del art. 509 del Cod. Civil que exime al deudor de las responsabilidades de la mora cuando ésta no le es imputable, las particularidades del derecho tributario... que indudablemente se reflejan en distintos aspectos de la regulación de los mencionados intereses (fallos 308:283, 316:42 y 321: 2093), llevan a concluir que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del código civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales ajenas al deudor que deben ser restrictivamente apreciadas han impedido a éste el oportuno cumplimiento de su obligación tributaria. Es evidente entonces que la conducta del contribuyente que ha dejado de pagar el impuesto o que lo ha hecho por un monto inferior al debido en razón de sostener un criterio en la interpretación de la ley tributaria sustantiva distinto del fijado por el órgano competente para decidir la cuestión no puede otorgar sustento a la pretendida exención de los accesorios, con presindencia de la sencillez o complejidad que pudiese revestir la materia objeto de controversia. Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, como lo prescribe la ley y lo puntualizó la corte en otros precedentes..., se trata de la aplicación de intereses resarcitorios cuya naturaleza es ajena a la de las normas represivas” (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000). Por lo expuesto, corresponde confirmar los intereses resarcitorios calculados en la determinación apelada.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al relato de los hechos y a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
En efecto. Las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas por nuestro Máximo Tribunal en la causa “Piantoni Hnos. SACIFI y A c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir por razones de brevedad.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante excepto en lo que se refiere a la multa aplicada de acuerdo al artículo 45 de la ley de rito, ya que el presente caso se ajusta a la figura del “error excusable”. Sobre el particular, cabe señalar que la misma es parte integrante del elemento subjetivo de la figura descripta en el artículo 45 de la Ley N° 11683, atento a que puede sostenerse tal causal exonerativa de responsabilidad, cuando medie una razonable oscuridad de las normas o exista una hermenéutica diferente que coloque al contribuyente en la posibilidad –razonable– de equivocarse al aplicarlas o en una situación de confusión que lo lleve a incurrir en la infracción (v. C.N.C.A.F., Sala IV, "Ecohábitat S.A.", 07/05/2009; TFN, Sala A, "Coop. Agrícola De Manuel Ocampo Ltda.", 2/11/1998, entre muchos otros), hecho que aconteció en las presentes actuaciones hasta el período fiscal 12/2007 –inclusive-. Bajo tales pautas hermenéuticas debe revocarse parcialmente la multa en trato, pues si bien el aspecto objetivo de la infracción quedó configurado, su conducta resulta justificada en la inteligencia de las normas aplicables, sumado ello a las confusiones derivadas de fallos contradictorios, que actúan como causas de exculpación del error (v. C.N.C.A.F., Sala III, "Cepas Argentina S.A.", 24/07/2008). En el mismo sentido, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal in re "Italnorte SAACIeI de fecha 14/10/2014 ha expresado que “... ante la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre la materia, se entiende razonable que la actora pudiera haber interpretado el caso de una manera diferente a como lo hizo la Administración Fiscal, lo que conlleva la posibilidad real de incurrir razonablemente en una equivocación que por sus características no merece ser sancionada. Todo ello induce a este Tribunal a considerar que existió error excusable eximente de sanción en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif)”.
Ello así, corresponde revocar la sanción apelada hasta el mes de diciembre 2017 –inclusive-, momento en el cual fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la causa “Piantoni Hnos. SACIFI y A c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia de fecha 12/12/2017. Las costas en este aspecto corresponde imponerlas por su orden en atención a las particularidades de la cuestión.
Respecto del resto de los períodos –esto es 01/2018 a 08/2018- voto por confirmar la multa, de acuerdo a los argumentos expuestos en el Considerando VII, con la misma disposición de costas allí resuelta.
Por ello, por mayoría, SE
Confirmar la resolución apelada en autos en cuanto determina impuesto, intereses y multa, reduciendo la graduación de esta última a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reduce la multa, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.06.24 19:43:01 ART Date: 2025.06.25 15:29:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.25 15:49:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.25 15:50:41 -03:00
Fin de la sentencia