Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 304/12 y 266/13, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la siguiente forma:
A) Por el Expediente N°36.935-I:
(i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $19.433 por la representación procesal y $48.583 por el patrocinio letrado, a cargo de Unicam S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la tercera etapa, en la suma de $33.718 equivalente a 0,44 UMA por la representación procesal y de $84.294, equivalente a 1,09 UMA por el patrocinio letrado, a cargo de Unicam S.A., teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
B) Por el Expediente N° 38.153-I:
(i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $8.824 por la representación procesal y $22.060 por el patrocinio letrado, a cargo del Sr. Norberto Omar Righi, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-136412122-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Diciembre de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver Expediente N° 36.935-I (y su acumulado N° 38.153-I) caratulado “Unicam S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Unicam S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 304/12, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado en los períodos fiscales septiembre 2006 a diciembre 2007 y se lo intimó a ingresar $120.219,72, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). En dicho acto, además, se le impuso una multa de defraudación de $361.672,73 (arts. 46 y 47 inc. b), ley) por los periodos fiscales septiembre 2006 a febrero 2007, abril, agosto, octubre a diciembre de 2007. En el caso del periodo fiscal agosto de 2007, además, se aplica la sanción en la parte del ajuste que fue incluida en la declaración jurada rectificativa de dicho período, reducida a 2/3 del mínimo legal, por aplicación del art. 49 de la ley (t.v.).
Por su parte, el Sr. Norberto Omar Righi dedujo apelación contra la Resolución N°266/13, en la que se estableció su responsabilidad personal y solidaria por las obligaciones determinadas a Unicam S.A. en la Resolución N° 304/12 en concepto de capital e intereses resarcitorios (art. 37, ley 11.683).
En su presentación ante este Tribunal, Unicam S.A. explica que a través de la Orden de Intervención N° 613.482 se inició un procedimiento de inspección por los periodos fiscales enero de 2007 a diciembre de 2007, la que posteriormente se amplió a septiembre 2006 a diciembre 2006, al detectarse comprobantes de tres proveedores -Sres. Gustavo Antonio Calvo, Roberto Bernabé Cofre y Oscar Alberto Pizarro- que fueron calificados de apócrifos por falta de capacidad económica. A renglón seguido analiza la situación particular de cada uno de los proveedores impugnados y concluye que los indicios tomados para ello fueron interpretados en forma sesgada a favor del Fisco Nacional. Agrega que la aparente inconducta fiscal de los proveedores no es responsabilidad de Unicam S.A.
A continuación, realiza una síntesis de aspectos vinculados con la actividad desarrollada –la compra de hacienda vacuna-. Resalta que la empresa era fiscalizada por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCAA) y por el SENASA en materia de calidad y sanidad animal. Explica el circuito de ingreso de hacienda vacuna al establecimiento faenador, en el que se detalla el usuario del servicio de faena, fecha de arribo, productor de la hacienda, provincia de origen, números de guías ganadera, lugar de expedición de la guía, número de certificado de lavado y desinfección de camiones y jaulas, transportista, número de patente del vehículo, cantidad y kilos vivos de la hacienda, y de corresponder la especie y cantidad de animales caídos y muertos en viaje, confeccionándose dicho formulario por el responsable de los corrales dentro del establecimiento por triplicado, entregándose uno al transportista, mientras que el original y duplicado se enviaban a la administración del mismo. Aclara que las guías ganaderas eran emitidas por las autoridades provinciales o municipales y que dicha documentación acredita la propiedad de la hacienda, su transferencia, el traslado físico de la misma, las marcas o señales del ganado, la categoría del animal y su destino.
Considera que la prueba que obra en las actuaciones administrativas da cuenta que la compra de la hacienda existió y que se documentó mediante facturas validas o liquidaciones de compra no objetadas y que fueron hechas por proveedores existentes que estaban inscriptos en la actividad específica. Menciona a continuación que en la operatoria de compra de hacienda es habitual la intervención de intermediarios, lo que hace imposible conocer a todos los productores del rubro. En relación a la multa aplicada en la Resolución N° 304/12 se refiere en primer término a la declaración jurada rectificativa que presentó en el período fiscal agosto de 2007 por el cómputo en exceso del crédito fiscal por una operación con el proveedor Domingo Julio Chacón. Dice que se trató de un error involuntario al registrar en el libro IVA compras por un importe mayor al consignado en el comprobante fiscal, sin que haya tenido intención alguna de defraudar al Fisco Nacional. Solicita, por ende, que se la deje sin efecto.
Sobre la multa aplicada en el mismo acto por los restantes períodos por los ajustes en concepto de facturación apócrifa notificados en la Resolución N° 304/12, alega que existen elementos certeros que acreditan su buena fe, lo que imposibilita el encuadre doloso de su conducta, por lo que solicita se descarte la figura intencional del art. 46 de la ley, y califica de improcedente la aplicación de la presunción de dolo del inc. b) del art. 47 en que se funda. Por su parte, en su presentación ante este Tribunal el Sr. Norberto Omar Righi rechaza su responsabilidad personal y solidaria al alegar que no existe fácticamente la determinación del tributo realizada por el ente fiscal; además, invoca falta de legitimación sustancial pasiva ya que no existe incumplimiento de sus deberes como presidente de Unicam S.A. ya que el presunto carácter de apócrifo de los proveedores impugnados es un hecho que, según dice, excedía sus facultades de decisión.
En sus recursos, aportan prueba documental y ofrecen la producción de prueba testimonial, solicitando que se revoquen las Resoluciones recurridas, con costas.
II. A fs. 90/103 y fs. 258/276 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 110 obra el auto de apertura de prueba del Expte. N° 36.935-I, en el que se ordena librar oficio a la Agencia Rio Cuarto de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de que se cite a declarar a los Sres. Gustavo Antonio Calvo, Roberto Bernabe Cofre y Oscar Alberto Pizarro para que reconozcan el contenido y la titularidad de la documentación que se acompaña en copia certificada consistente en las facturas, recibos emitidos por ellos y las liquidaciones de compra emitidas por Unicam S.A. Allí, además, se rechaza la prueba testimonial de los mismos proveedores por improcedente.
A fs. 193, 194 y 195, obran las actas labradas de las declaraciones de los Sres. Roberto Bernabé Cofre y Oscar Alberto Pizarro. En el caso del Sr. Cofré afirmó que no reconocía a la firma Unicam S.A., que las facturas exhibidas no eran propias y que las firmas estampadas en la documentación no le pertenecían; en el caso del Sr. Pizarro, afirmó que no comercializó con Unicam S.A. y que las facturas exhibidas no habían sido emitidas por él.
El Sr. Calvo, por su parte, no concurrió a la citación de lo que se dejó constancia en el acta a fs. 195. A fs. 283 obra la acumulación por Tribunal en Pleno del Expte. N° 38.153-I caratulado “Righi, Norberto Omar s/ recurso apelación” al que lleva el N° 36.935-I caratulado “Unicam S.A. s/ recurso apelación”.
A fs. 292, y atento que las pruebas ofrecidas en el Expte. N° 38.153-I eran idénticas a las ofrecidas en el Expte. N° 36.935-I, se resolvió continuar con el trámite de las actuaciones.
A fs. 296 se declara el cierre del período probatorio y a fs. 304 por PV- 2025-97859331-APN-VOCXI#TFN del 3 de septiembre de 2025, se eleva el Expediente a la Sala. Por último, a fs. 309 se pone a disposición de las partes para que produzcan sus alegatos, ejerciendo su derecho únicamente la representación fiscal a fs. 315/319.
A fs. 324 queda en estado para dictarse la sentencia.
IV. Corresponde entonces resolver sobre la legitimidad de las Resoluciones Nros. 304/12 y 266/13.
Surge de los Considerandos de dichos actos que luego de sustanciarse el procedimiento de fiscalización iniciado a Unicam S.A., se impugnaron las operaciones con proveedores que luego de una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos fueron calificados de apócrifos: los Sres. Gustavo Antonio Calvo, Roberto Bernabé Cofre y Oscar Alberto Pizarro. Para ello se tuvo en cuenta aspectos tales como que no contaban con personal en nómina y que carecían de bienes registrables y de máquinas agrícolas; las acreditaciones bancarias eran inferiores respecto a la facturación por sus ventas; no se los pudo localizar en sus domicilios (Sr. Gustavo Antonio Calvo); por último, se tuvo en cuenta también que los proveedores no tenían bienes que permitieran presuponer su capacidad para hacer las ventas del ganado –novillos, toros y vaquillonas-. Cabe tener en cuenta que los comprobantes extendidos por los proveedores fueron emitidos en muchos casos por la cantidad de 37, 40 e inclusive 47 animales por cada uno.
El juez administrativo tuvo en cuenta también que el personal fiscalizador aportó impresión de pantalla en donde agentes de la Dirección Regional Rio Cuarto labraron un acta con la declaración del Sr. Oscar Alberto Pizarro en la que manifestó dedicarse a hacer changas en tareas relacionadas con el trabajo de hacienda y haber prestado su nombre para poder seguir trabajando, para lo cual tenía alquileres de campos a su nombre, era titular de cuentas bancarias y tramitaba guías de hacienda a su nombre. Además, extendió un poder a nombre de otra persona, el Sr. Erliche, dedicado a la compraventa de hacienda, para que operara en su nombre ante los bancos y otros organismos (v. informe final de inspección, a fs. 177/180, act. adm).
Asimismo, tuvo en cuenta que los Sres. Gustavo Antonio Calvo y Roberto Bernabé Cofre registraron el mismo domicilio fiscal (zona rural Las Ensenadas 0, Córdoba). Ello, sumado a que Unicam S.A. realizó todos los pagos en efectivo, en incumplimiento a la ley 25.345, lo que impidió el seguimiento de la cadena de pagos y consiguiente identificación de los beneficiarios, llevó a desconocer que las compras fueron efectuadas a los proveedores que emitieron los comprobantes. Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la realidad de las compras a los proveedores Gustavo Antonio Calvo, Roberto Bernabé Cofre y Oscar Alberto Pizarro. Contrariamente a lo que invoca la recurrente, era a ella a la que le correspondía demostrar su efectiva realización por así disponerse en la ley 11.683, por lo que debe analizarse la prueba rendida con dicho propósito, tanto en la instancia administrativa previa como en la presente instancia.
Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: “Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: “[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...”.
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchos otros precedentes.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “… el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/0639/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” - conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que el art. 12 de la ley del gravamen subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente vendieron la hacienda vacuna; por ende, si le asiste a la recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos. En el caso, la recurrente no logró probar la compra del ganado a los proveedores impugnados. Por el contrario, de la prueba producida a solicitud de Unicam S.A. en esta instancia, se desprende que las compras fueron simuladas. Ello así toda vez que dos de los tres proveedores, los Sres. Roberto Bernabé Cofre y Oscar Alberto Pizarro, desconocieron en sus declaraciones testimoniales haber comercializado con ella y también haber emitido las facturas que se le exhibieran (fs. 193/194). Por su parte, en la instancia administrativa previamente sustanciada uno de los proveedores ya había admitido que hacía changas y que había prestado su nombre para poder seguir trabajando (Sr. Pizarro), para lo cual suscribía la documentación que le enviaba una tercera persona como contratos de alquiler, para abrir cuentas bancarias, entre otros actos. Dichas manifestaciones, por otra parte, son coincidentes con lo expuesto por los propios recurrentes en cuanto a la presencia de intermediarios en la actividad de compraventa de hacienda y la imposibilidad de conocer a los verdaderos productores.
Otro de los emisores de las facturas, el Sr. Calvo, directamente no pudo ser localizado por la fiscalización en el domicilio fiscal declarado, el mismo domicilio de otro de los proveedores impugnados, el Sr. Cofre, ni tampoco concurrió a prestar declaración.
No puede soslayarse además que respecto de los proveedores investigados el Fisco Nacional puso en evidencia una serie de irregularidades que dieron cuenta de la falta de capacidad operativa, patrimonial, económica y/o financiera de los mismos para la realización de las ventas descriptas en los comprobantes, situaciones que no puede calificarse como de meros incumplimientos formales de terceros -conf. Cámara, en “Las Tres Mulitas”, sentencia del 9.12.2015-. Ello impide considerarlos como generadores genuinos del crédito fiscal, extremo que no fue desvirtuado por la recurrente -conf. criterio de la CSJN en “Molinos Río de la Plata S.A.”, sentencia del 25.9.2015-.
Lo expuesto es suficiente para confirmar la pretensión fiscal notificada en la Resolución N° 304/12, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ella que se devengan en forma automática ante la demora del contribuyente en el ingreso oportuno y exacto de la obligación debida. Con costas.
V. Respecto de la sanción de defraudación aplicada en dicho acto por los periodos fiscales septiembre 2006 a febrero 2007, abril, agosto, octubre a diciembre de 2007 con sustento en el art. 46 y valiéndose de la presunción de dolo establecida en el art. 47, inc. b) de la ley 11.683, no existe dudas que se encuentran configurados los elementos objetivo y subjetivo que permiten confirmar el encuadramiento de la conducta de Unicam S.A. en dicha figura infraccional. Las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado fueron presentadas en forma inexacta ya que se incluyeron en ellas créditos fiscales por operaciones que no fueron acreditadas, a partir de maniobras tendientes a disminuir la obligación debida en su justa medida, inclusive mediante la utilización personas que simularon hacerlas, conforme se expuso en los Considerandos precedentes.
En cuanto al aspecto subjetivo, no aportó ni ofreció Unicam S.A. tampoco elementos de prueba válidos que permitan desvirtuar fehacientemente su clara intención de defraudar. Por el contrario, fue la prueba por ella ofrecida y producida en la instancia de este Tribunal la que dejó en evidencia la simulación de las compras de hacienda a los Sres. Pizarro y Cofre ya que en ambos casos afirmaron desconocer a la empresa y a las facturas supuestamente emitidas por ellos que les fueron exhibidas en ocasión de rendirse las declaraciones testimoniales. Debe decirse, además, que sin la labor de la fiscalización tales anomalías no podrían haber sido detectadas a lo que debe agregarse que, por la cantidad y entidad de las operaciones simuladas (vgr. facturas por compra de 40 y 47 animales), no existe duda de la grave incidencia que la maniobra tuvo en la determinación de las bases imponibles en el impuesto al valor agregado y pago de las obligaciones debidas, conforme a la presunción de dolo del art. 47, inc. b) de la ley 11.683 a la que recurrió el juez administrativo.
Con relación a la multa aplicada por la declaración jurada rectificativa presentada por Unicam S.A. por el período fiscal agosto de 2007 al haber computado en exceso el crédito fiscal de una factura, cabe recordar que si bien es cierto que no es la mera presentación de declaraciones juradas rectificativas lo que sanciona el art. 46 de la ley 11.683, ni tampoco las diferencias numéricas que éstas puedan arrojar, conforme a lo manifestado en más de una oportunidad por la Cámara (conf. “Laboratorio Pyam S.A.”, del 28/3/2005, entre otros), en el caso la propia conducta de Unicam S.A. que la rectificó no espontáneamente, sino a instancias de la fiscalización, sumado a que no invocó, menos aún probó, otras circunstancias excepcionales que debidamente justificadas pudieren atenuar o inclusive eliminar la imputación infraccional, llevan a este Tribunal a confirmarla (conf. “Importaciones Alfatex S.A.”, del 9/5/02, entre otros).
Lo expuesto es suficiente también para confirmar la multa en la forma aplicada en la Resolución N° 304/12. Con costas.
VI. Queda referirse ahora a la legitimidad de la Resolución N° 266/13 que intimó al Sr. Norberto Omar Righi a ingresar las obligaciones determinadas a Unicam S.A. en la Resolución N° 304/12 en concepto de capital e intereses resarcitorios. Respecto a la falta de legitimación pasiva que invoca el Sr. Righi para cuestionar la legitimidad de la Resolución N° 266/13, debe decirse que dicho acto responde a lo dispuesto en el art. 8° de la ley 11.683 y fue dictado luego de sustanciarse el procedimiento especialmente previsto en el art. 17 de la misma ley para hacer efectiva la responsabilidad solidaria en alguno de los sujetos enumerados en su art. 6°, de lo que se sigue que la Administración Tributaria estaba legalmente habilitada para determinar de oficio e intimar de pago las obligaciones de Unicam S.A. al Sr. Righi, como Presidente de su directorio.
Cabe recordar aquí el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa “Brutti, Stella Maris” sentencia del 30 de marzo de 2004 (Fallos 327:769) en la que expresó, en lo que aquí interesa, que “…la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de intimación de pago cursado al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”. Por su parte, al fallar en la causa “Bozzano, Raúl José”, el 11 de febrero de 2014, agregó que “…la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769)”.
Por otro lado, no se encuentra en discusión que el Sr. Righi era el Presidente de Unicam S.A. en los períodos fiscales comprendidos en las Resoluciones y que era el que la gestionaba, es decir, operaba sus cuentas bancarias y firmaba sus balances. No puede decirse entonces que no era el legitimado sustancial para ser intimado a poco que se repare que la constatación de facturas por operaciones inexistentes no es, como pretende, un hecho que excediera sus facultades de dirección en la empresa, sino por el contrario, propio del rol que ocupaba en la misma, en la que además detentaba el 80% de su capital social.
En el caso, entonces, se encuentran configurados los requisitos previstos en los arts. 8 y 17 de la ley 11.683 y en la jurisprudencia que ha interpretado los alcances de dichas normas para que se atribuya al Sr. Righi la responsabilidad personal y solidaria respecto a las deudas correspondientes de UNICAM S.A., sin que se hayan invocado, menos aún probado, las causales de eximición de su responsabilidad específicamente previstas en las normas citadas.
Por ello, corresponde confirmar también la Resolución N° 266/13, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 304/12 y 266/13, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en la siguiente forma:
a) Por el Expediente N°36.935-I:
(i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $19.433 por la representación procesal y $48.583 por el patrocinio letrado, a cargo de Unicam S.A., teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la tercera etapa, en la suma de $33.718 equivalente a 0,44 UMA por la representación procesal y de $84.294, equivalente a 1,09 UMA por el patrocinio letrado, a cargo de Unicam S.A., teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
b) Por el Expediente N° 38.153-I:
(i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $8.824 por la representación procesal y $22.060 por el patrocinio letrado, a cargo del Sr. Norberto Omar Righi, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la tercera etapa, en las sumas de $41.374 equivalente a 0,53 UMA por la representación procesal y de $55.169 equivalente a 0,71 UMA por el patrocinio letrado, a cargo del Sr. Norberto Omar Righi, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese.
Date: 2025.12.09 16:29:18 -03:00 Date: 2025.12.10 09:42:27 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.10 11:39:31 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.10 11:39:32 -03:00
Fin de la sentencia