Abriendo la norma
Tribunal en lo Criminal N.º 1 de La Plata · Causa 1610
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el hábeas corpus colectivo interpuesto por la Comisión Provincial por la Memoria y acompañado por la Defensoría General.
En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio del año dos mil veintiuno, reunidos los señores Jueces del Tribunal en lo Criminal nº 1, doctores CECILIA INÉS SANUCCI, HERNÁN JAVIER DECASTELLI y RAMIRO FERNÁNDEZ LORENZO, con el objeto de dictar sentencia de hábeas corpus conforme lo normado por el artículo 415 del Código Procesal Penal, en la causa n° 1610/6754, caratulada “UNIDAD PENAL N° 8 – LOS HORNOS (LA PLATA) S/ HABEAS CORPUS COLECTIVO”, practicado el correspondiente sorteo del que resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: FERNÁNDEZ LORENZO – SANUCCI – DECASTELLI, el Tribunal resuelve plantear y votar las siguientes:
Cuestión Única: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Ramiro Fernández Lorenzo dijo:
I. El 20 de mayo del corriente la Comisión Provincial por la Memoria presentó, a través de su secretario y la directora del programa de inspecciones, una acción de hábeas corpus colectivo por agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas en los sectores de “Separación del área de convivencia”, “Celda de admisión” y “Pabellón Trans” de la Unidad Penal n° 8 de La Plata (fs. 1/2). En el escrito se cuenta que, a raíz de una inspección de rutina que efectuaron el 18 de mayo del 2021, un equipo perteneciente a su institución constató diferentes agravamientos que padecen las personas allí alojadas.
Concretamente y circunscribiéndose al sector “Separación del área de convivencia” (“SAC”), apuntaron las siguientes problemáticas (por todo, cfr. fs. 2/6):
1. las celdas son de reducidas dimensiones e imposibilitan la adecuada circulación en el interior; 2) la estructura de las celdas está ostensiblemente deteriorada, sin mantenimiento, y con mucha humedad en sus paredes y techo; 3) el clima es frío producto de la ausencia de vidrios en las ventanas y de calefacción; 4) las celdas no cuentan con ducha, sólo con un lavatorio y una letrina en malas condiciones de mantenimiento e higiene (foto acompañada a fs. 3); 5) habitual presencia de ratas en el lugar, obligando a tapar las letrinas para que no ingresen a las celdas (foto acompañada a fs. 3); 6) conexiones eléctricas precarias e inseguras, en algunas celdas –incluso– para poder calentar agua y tomar una infusión caliente “utilizan un trozo de cable el cual enchufan al toma corriente y el otro extremo lo introducen en un recipiente plástico con el agua para ser calentada” (foto acompañada a fs. 3); 7) escaso espacio de tiempo entre el almuerzo (12:00hs./13.00hs.) y la cena (16:00hs./17:00hs.), con el aditamento de que no cuentan con artefacto alguno para poder calentar la comida y terminan comiendo la cena fría; 8) en relación al régimen de vida, “las personas están aisladas durante 23 horas y media al día. Tan s[ó]lo salen una hora por la mañana y media hora por la tarde”, tiempo en el cual “deben bañarse, lavar su ropa, limpiar la celda y salir al patio al aire libre”; el resto del tiempo, lo pasan en sus celdas padeciendo las pésimas condiciones; 9) el baño compartido en el sector está marcadamente deteriorado y sin ningún tipo de mantenimiento, agregando que la ventana del baño no cuenta con vidrios y el lugar es marcadamente frío; las paredes tienen mucha humedad, están derruidas y con grietas; el piso con mucha agua sin escurrir y en pésimas condiciones de higiene; y las dos duchas no cuentan con cortinas ni otro tipo de cerramiento que garantice la intimidad de quien se está duchando (fotos acompañadas a fs. 4, 5 y 6).
Luego, en relación a las dos (2) celdas contiguas al “SAC”, se explicó que una de ellas funciona como “Admisión”, mientras que la otra ha sido definida como “Pabellón Trans”. Respecto de ambas, se apuntaron las siguientes problemáticas (por todo, cfr. fs. 6 in fine y 7): 1) presentan marcado deterioro en las condiciones edilicias; 2) paredes y techos descascarados y con marcadas manchas de humedad; 3) falta de vidrios y de artefactos de calefacción, tornando dichos lugares en ambientes extremadamente fríos; 4) específicamente la celda de “Admisión” no cuenta con más mobiliario que las camas, sin lugar para guardar las pertenencias de quienes están allí alojadas; los colchones están gastados y no les hacen entrega de sábanas; 5) no cuentan con artefacto para calentar y sólo les entregan un termo de agua caliente por día; 6) el régimen de vida, en ambas celdas, consiste en el encierro “por más de 23 horas diarias, pudiendo salir s[ó]lo por una hora y media al día”. Por otra parte, recordaron que en el año 2018 ya denunciaron “las arbitrariedades del SPB para las personas que se encuentran en este sector”, consistentes en “la falta de acceso a Sanidad”, condiciones de aislamiento absoluto en el sector “SAC”, falta de provisión de elementos adecuados para la higiene y demás problemas relacionados con las estructuras de las celdas existentes en esos sectores (fs. 7/9); haciendo especial hincapié en que, oportunamente, la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP determinó –mediante los análisis de rigor– que el agua no era apta para el consumo humano por presentar contaminación fecal (fs. 9). Fundaron la pretensión en normativa constitucional, regional y local (fs. 10/11) y peticionaron varias medidas probatorias (fs. 11 in fine y ss.). Para lo que aquí interesa, solicitaron se disponga el cese de los agravamientos denunciados, disponiéndose todas las medidas que contribuyan con la modificación del régimen de vida de los tres sectores denunciados, garantizándose “el acceso al aire libre, a las actividades educativas, laborales y recreativas”, “la atención médica y controles de salud”, se adecúe –en términos nutricionales y calóricos– la dieta alimenticia en cantidades adecuadas, se ordene al SPB se provea de alimentos de limpieza y de prevención sanitaria, y se implementen actividades recreativas y deportivas que promuevan la salud y sociabilidad de las mujeres alojadas en dichos sectores (fs. 15).
II. El 21 de mayo del corriente, la Presidencia de este Tribunal dispuso una serie de medidas (fs. 17/vta.); entre ellas: puso en conocimiento de la presentación a la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad –registro de hábeas corpus– de la Suprema Corte de Justicia (punto “1”); dio intervención al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa (puntos “2” y “3”); requirió a la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria –órgano dependiente del Ministerio de Justicia– el listado individualizado de las personas alojadas en los sectores denunciados de la Unidad n° 8 y un informe médico actualizado de todas ellas (punto “4”); se requirió a la Comisión Provincial por la Memoria copia de los informes relativos a la potabilidad del agua (punto “5”); y, finalmente, se tuvieron presentes las medidas probatorias ofrecidas por la parte accionante para ser proveídas una vez definido el objeto del litigio (punto “6”). Tras ello, se recibió la copia del informe de potabilidad efectuado en mayo del año 2018, cuyo resultado fue que el agua “no es aceptable para el consumo humano” ya que todas las muestras revelaron la existencia de “Escherichia coli en 100ml”, encontrándose “un recuento para coliformes totales de 23 NMP/100ml” y presencia de “coliformes fecales y Escherichi coli, en las cañerías de suministro de agua” (v. fs. 24/27, en especial la 26).
Por su parte, la Fiscalía de Cámara se notificó y comunicó la designación de la Dra. Cecilia Corfield en representación de dicho Ministerio (fs. 28).
Lo mismo hizo el Ministerio Público de la Defensa, asumiendo intervención el Defensor Departamental, Dr. Omar R. Ozafrain, con la colaboración de la Secretaría de Ejecución dependiente del organismo a su cargo (fs. 29/30). Asimismo, acompañó la presentación incoada por la Comisión Provincial por la Memoria, entendiendo que se ha configurado un agravamiento en las condiciones de detención en los sectores denunciados de la Unidad n° 8, lo que torna –a su juicio– conducente la acción colectiva de hábeas corpus, en los términos de los arts. 43 CN, 20.1 CBA y 405 ss. CPPBA. Luego de analizar la situación planteada en la acción constitucional y destacar las cuestiones más trascendentes, “siendo las fotografías tomadas suficientemente gráficas”, consideró que no pueden permanecer personas alojadas en el sector “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”), y consecuentemente, con independencia de las medidas requeridas originariamente y hasta tanto se realicen las refacciones necesarias, solicitó “se disponga la clausura del sector, y se prohíba el alojamiento de personas allí” (fs. 29vta.). Por otra parte, planteó la necesidad de constatar las condiciones edilicias por parte de profesionales de arquitectura, quienes podrían detallar en forma técnica en qué condiciones se encuentran los sectores afectados, qué refracciones resultan necesarias y si en el estado actual admiten el alojamiento de personas (fs. 29vta.); en tal sentido, refiriéndose al sector de “Admisión” y al “Pabellón Trans” estimó que, previo a disponerse su eventual clausura, resultaría necesario contar con la pericia arquitectónica correspondiente (Ibíd.). En relación al problema de los horarios en el que entregan la comida, pidió que se ordene a las autoridades de la Unidad n° 8 que en forma inmediata corrijan el horario de entrega de la cena, a la par que acompañó el pedido de informes sobre la calidad y cantidad de alimentos suministrados que había sido requerido en el escrito de hábeas corpus. Por último, estimó necesario que las autoridades de la Unidad n° 8 remitan la nómina de mujeres cisgénero y personas trans alojadas en el sector “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”) (fs. 29vta./30).
El 28 de mayo se recibió el informe requerido por parte de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (fs. 31/34), el cual se produjo sobre un total de 10 personas, resaltándose resumidamente el cuadro clínico de cada una de ellas, las problemáticas verificadas y dejándose constancia que se solicitó interconsulta con la especialidad demandada (fs. 32/vta.).
III. En idéntica fecha, la Presidencia de este Órgano tuvo por asumida la intervención de los representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, agregó los informes recibidos, ordenó una serie de medidas tendientes a resguardar la salud de las personas detenidas en los sectores comprometidos de la Unidad n° 8, requirió un informe respecto de la calidad y cantidad de alimentos suministrados, como así también el detalle del horario usual en el que se realiza la entrega de alimentos para la cena, la remisión de la nómina de las personas allí alojadas con la mención del Órgano jurisdiccional a cargo del cual se encuentran detenidas, y ordenó la designación de la audiencia de rigor en forma urgente y una vez recibida la documentación faltante (fs. 34 bis).
IV. El 31 de mayo se recibió el detalle de las personas detenidas en los sectores involucrados y el Órgano jurisdiccional a su cargo (fs. 50/vta.), como así también el informe concerniente al tema alimentos del cual surge: “…que los alimentos suministrados a la totalidad de la población carcelaria (carne vacuna, carne de ave, verduras, frutas, víveres secos, etc.) son de buena calidad, siendo provistos los mismos por la Dirección de Gestión y Control Presupuestario, o por los diversos proveedores con los cuales la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense mantiene convenio. El menú entregado a diario varía según el stock de materia prima y se corresponde con los aranceles vigentes, por persona adulta, emanados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires”, destacándose que, “si por alguna razón a determinar por los facultativos médicos del Establecimiento las privadas de libertad deben consumir una dieta especial (hepática, gástrica, hipocalórica, etc.), los mismos dan aviso a este Grupo Dep[ó]sito a través del correspondiente certificado que lo avale, determinando tipo de dieta y tiempo de la misma, basándonos siempre en los aranceles vigentes”, para finalmente informar que la cena “es entregada entre las 18:00hs. y las 18:30hs., antes de efectuarse el cierre general de población, siendo [é]ste a las 19:00hs.” (fs. 51, firmado por Sabrina Fernández [Alcalde Mayor – Jefa de Grupo Depósito]).
V. Tras el reclamo de los informes faltantes y el requerimiento de otros nuevos conforme lo detallado por la secretaría del Tribunal (cfr. fs. 53 y 54), la Presidencia designó –bajo modalidad virtual– la audiencia del art. 412 CPPBA, con la participación de todos los actores involucrados y poniendo en conocimiento de todos ellos –con carácter previo– de lo actuado en autos, ordenándose asimismo se designe una persona representante de cada sector denunciado de la Unidad n° 8 para participar de la misma (fs. 71).
VI. En el ínterin, se recibieron tres nuevos informes de salud (v. fs. 88/90).
Así también, el labrado por el Director de la Dirección de Gestión de la Salud Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “…en cuanto a la provisión de medicación e insumos, se remite la cantidad acorde a las necesidades comunicadas mensualmente por la Unidad para el uso habitual, cubriendo los requerimientos elevados por la misma, haciendo entrega de ellos entre el día 1° al 10 de cada mes, conforme lo establecido en la Disposición DI-2020-164-GDEBA-DPSPMJYDHGP, destacando, asimismo, que cuando recepcionamos pedidos particulares, que son aquellos que se generan cuando ingresa una nueva privada de libertad con alguna patología y con indicación de tratamiento con fármacos no existentes en el stock de la Unidad y no contemplados en el Vademecum de la DPSP (de uso habitual), se gestiona la remisión del insumo o medicación requerido, coordinando con la Unidad su entrega” (fs. 93).
En relación “…a la provisión de medicación para las pacientes que padecen tuberculosis, diabetes o HIV, se entrega dicha medicación de manera mensual según lo solicitado por cada Unidad”, se informó por parte de la Dirección de Medicina Asistencial y Promoción de la Salud del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (fs. 94); además, allí mismo se detalló que la paciente Silvia Lorena Molas fue diagnosticada con tuberculosis el 03/08/2017, iniciándose el tratamiento en esa fecha y culminado el 03/02/2018 (Ibíd.).
El 10 de junio la Dirección de Seguridad e Higiene Alimentaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, a través de su Director Sergio Migoya, puso en conocimiento que el último análisis de potabilidad del agua se realizó el 01/12/2020 por el laboratorio perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario, “cuyo resultado fue BACTEREOLOGICAMENTE POTABLE, a través del protocolo N° B-109-2020”, el cual se adjuntó; a la vez, se expuso que “…la Unidad cuenta con dosificador de Hipoclorito de Sodio, con el desinfectante para tal fin y con un kit para medir cloro activo residual en el agua”, como así también que ya se había comunicado a la Unidad Penitenciaria que personal idóneo tomaría una nueva muestra el día 14 de junio del corriente y “…que el protocolo antes mencionado, corrige los problemas de potabilidad expuestos en la causa, correspondientes a los años 2015 y 2018” (fs. 105 y 106). Por último, se dejó constancia que desde dicha Dirección se les hace entrega a cada Unidad –a su requerimiento– “…de productos y elementos para poder llevar adelante las tareas de control plagas” y –en relación a la desinfección– “…de pastillas de cloro, y de amonio cuaternario” (fs. 105/vta.).
Ese mismo día, se recibió otro informe de la Dirección de Planeamiento que grafica el estado y disposición de elementos que conforman el sistema de prevención y extinción de incendios, cuyas conclusiones no exhiben una situación irregular que merezca algún tipo de reparo (fs. 108 y –en especial– 109/vta., más las fotografías glosadas a fs. 115/119).
A su vez, la Dirección Delegada de Administración del SPB ilustró acerca de la provisión de elementos de limpieza, exponiendo el detalle de los elementos que fueron proveídos, a tal fin y en el curso del año corriente, para la Unidad n° 8 (v. fs. 110/111).
Por último, se comunicó que, el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura Edilicia, realizó un informe de relevamiento detallando “una lista de materiales necesarios para llevar a cabo las reparaciones y/o refracciones” (fs. 114). El citado informe –pese a lo que se afirma– no fue acompañado (fs. 114/vta.), motivo por el cual fue requerido el día 14 de junio y recibido en la misma fecha, constando una lista de todos los materiales necesarios para realizar las reparaciones debidas (v. fs. 153/154vta.).
VII. Finalmente, el día viernes 11 de junio de 2021, se celebró la audiencia del art. 412 CPPBA, bajo la modalidad virtual y registrada íntegramente por el sistema oficial de la SCBA (cf. CD acompañado a fs. 151 quáter), en la cual participaron todos los actores involucrados y cuyo detalle obra en el acta respectiva (fs. 151 bis y ter).
Destacaremos los momentos más trascendentes, ya que la totalidad del acto está registrada en audio-video y puede consultarse con el CD glosado al expediente.
En primer término, se les dio la palabra a las tres personas detenidas y elegidas como representantes de los sectores involucrados en la acción de hábeas corpus, a saber: Viviana Zalazar (“Sector Admisión”), Florencia Magalí Loria (“Pabellón de Separación del área de convivencia” [“PSAC”] y Pablo Daniel Martínez (“Pabellón Trans”).
Para lo que aquí interesa y básicamente (para el relato completo, v.
CD glosado en la causa), Viviana Zalazar contó que “acomodaron un poquito los baños”; que el almuerzo lo sirven a las 12:00/13:00hs, mientras que la cena a las 18:00hs., llegando “fría” y que ellas no tienen para calentar la comida (graficó que utilizan para ello “un pendorcho”, refiriéndose a un cable pelado que conectan a la electricidad); dijo que cambiaron los vidrios y que había roedores, concretamente una rata que la llamaban “Floppy”, la cual, incluso, ni siquiera comía la comida que les servían a ellas, insistiendo con el punto; agregó que pierde agua la bacha del baño. Florencia Magalí Loria fue un poco más gráfica y, en líneas generales, expuso que el lugar era “un asco”, que la bacha chorrea agua, que se inunda la celda n° 2 porque hay un caño roto; se quejó por la cantidad de tiempo que pasa encerrada, explicando que sale solamente una (1) hora y que en ese exiguo lapso debe bañarse, lavar la ropa, comer y que es poco el tiempo que le queda para hacer sus tareas y disfrutar del aire libre, en tal sentido, pidió se les confiera –por lo menos– una (1) hora más de esparcimiento por la tarde; añadió que los vidrios los habían arreglado. Por último, Pablo Daniel Martínez reveló que vive con su pareja en un sector de separación y permanece encerrado alrededor de veintidós (22) horas y media (1/2) por día, que no puede salir a un patio; expresó que no anda la canilla, de modo que para cortar el agua tiene que cerrar la llave de paso y eso conlleva –por ejemplo– a que no cargue el inodoro; que los baños no tienen puerta ni cortina, afectándose la privacidad y la intimidad.
Luego, expuso sobre la situación fáctica el representante de la Comisión Provincial por la Memoria. Comenzó explicando que muy pocas de las mujeres allí alojadas están en sectores de castigo, sin embargo, tienen un régimen de encierro de aproximadamente veintitrés (23) horas y –de este modo– viven en condiciones inhumanas. A su juicio, el “Pabellón Trans” tendría que tener un pabellón autónomo, ya que el actual está armado dentro del sector de aislamiento. Habló del aislamiento y su incidencia en la salud de las personas. Contó que los sectores son de reducidas dimensiones “2x2”, hay un baño sin privacidad, ya que no tiene puerta ni cortina. Respecto del agua, dijo que ya estaría el problema saldado al tomar noticia del último de los informes practicados. Afirmó que la forma en la que calientan el agua produce malestar. Dijo que, en las entrevistas que hicieron los miembros de la institución a la cual pertenece, vieron roedores y cucarachas. A su turno, la Secretaria de Ejecución de la Defensoría General, Dra. Paola Relli Ugartemendia, explicó la distribución de los sectores denunciados y, en tal sentido, detalló que, en rigor de verdad, se trata de un mismo lugar en el cual hay siete (7) celdas, por un lado, más dos (2) celdas, por el otro. Expuso que, en algunos casos, las personas allí alojadas estuvieron alrededor de dos (2) o tres (3) meses en esas condiciones de encierro, contra los límites fijados por la normativa vigente. Refrendó las manifestaciones relativas a la forma en cómo cortan el agua, esto es, cerrando la llave de paso. En ese devenir, comenzó a compartir fotografías que fueron captadas por el registro de video de la plataforma virtual (v. CD de fs. 168, igualmente impresas –en blanco y negro– y glosadas a fs. 129/151); explicó, ante las preguntas de rigor, que fue ella misma quien las tomó, el día anterior a la audiencia al constituirse personalmente en la Unidad n° 8. Su exposición fue extremadamente clara y gráfica, y cada vez que pasaba una foto brindaba a los oyentes una explicación del contexto y de lo que ésta ilustraba; en tal sentido, quiero destacar su compromiso con el rol que desempeña.
Finalizada aquella exposición, se le dio la palabra a la Directora de la Unidad n° 8, Sra. Viviana Caturetti, quien explicó –al inicio– que hacía tan sólo dos (2) meses que se encontraba desempeñándose en el cargo, y además dio cuenta de los recursos limitados que dispone. Tras ello, se le preguntó si las fotos exhibidas por la Defensoría General ilustraban y correspondían con la situación actual de los sectores denunciados en el hábeas corpus, ante lo cual, con honestidad respondió afirmativamente; agregó, que la Unidad tiene problemas generalizados de humedad y que han constatado la existencia de roedores, combatiéndolos con “veneno”, pero que las internas lo tiraban. Luego, se refirió al esparcimiento y la normativa administrativa. Asimismo, expresó que, en el día de la fecha, ordenó corregir el horario fijado para la entrega de la cena, comprometiéndose a coordinarlo con el personal correspondiente. Detalló que, actualmente, hay trece (13) personas alojadas en dichos sectores y, en cuanto a la capacidad de los mismos, sostuvo lo siguiente: el “PSAC”, permite alojar “9”; “Admisión”, “4”; y, el “Pabellón Trans”, “2”. Finalmente, argumentó que no tienen faltante de comida.
Seguidamente, se expresó el Subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dr. José González Hueso, quien explicó que existe un plan de mejoría para varias Unidades del SPB, comprometiéndose personalmente a adelantar el proceso en este sector (refiriéndose a la Unidad n° 8) y a “realizar el proyecto que haga falta”, en un plazo breve de aproximadamente cuarenta y cinco (45) días, tiempo que demandaría la realización de los trámites de rigor; en ese marco, también habló el señor Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Dr. Xavier Areses, y la Directora Provincial de Política y Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Dina Rossi. También aquí, al igual que en relación a la Directora de la Unidad n° 8, quiero destacar como algo positivo la asunción de una voluntad proactiva frente a la problemática exhibida, justamente en una provincia donde los recursos económicos no abundan.
Asimismo, tomaron la palabra los restantes funcionarios presentes, cada uno habló desde la perspectiva de su función y especialidad, entre ellos: la representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Cecilia Corfield; el representante de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, Dr. Carlos Vázquez; la Subdirectora General de Políticas de Género, María de los Ángeles González Bueno, quien se encontraba con la Directora General de Coordinación, Cristina Córdoba, el Subdirector General de Coordinación, Eduardo Acuña y el Director de Planeamiento de la Dirección General de Seguridad, Saúl Rojas.
Al momento de los alegatos, tomó la palabra la Secretaria de Ejecución de la Defensoría General y peticionó lo siguiente: 1) la clausura del “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”), al constatarse un agravamiento en las condiciones de detención, con el consecuente traslado de las siete (7) personas allí alojadas, las cuales consentían el mismo, según lo constatara personalmente; 2) respecto de los otros dos sectores (“Admisión” y “Pabellón Trans”), no pidió la clausura, pero sí que se ordene la realización de todas las mejorías que hacen falta; 3) solicitó que se haga un nuevo estudio de potabilidad y que las muestras se tomen de los sectores denunciados; 4) vista a todos los jueces; y, 5) vista de la resolución final al Subsecretario de la Suprema Corte Bonaerense, Martín Lorat, en relación a las detenciones sufridas por “Maldonado” y “Molas”, y lo actuado por el Juez de sus causas.
Por su parte, el representante de la Comisión Provincial por la Memoria, adhirió a lo solicitado por la Defensoría, dejando expresamente aclarado que se pretende únicamente la clausura del “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”), y la orden de mejorar las condiciones existentes para los restantes. Pidió la comunicación al registro de hábeas corpus de la SCBA, como así también se detalle en el fallo la forma de control en la etapa de ejecución de sentencia. Insistió con la inobservancia de las normas reglamentarias que fijan el tope máximo de permanencia en los espacios con restricción, invocando el art. 49 de la ley de ejecución penal bonaerense y el Manual de Seguridad Penitenciaria. Por último, postuló que la resolución aplique las “Reglas de Bangkok” y los “Principios de Yogyakarta”.
Por último, tras la pregunta de rigor, y dado que no había nada más por agregar por parte de todos los participantes, se dio por finalizada la audiencia.
VIII. Que, recién el día de ayer, a las 21:04hs., se recibió la documentación faltante y que fuera enviada por la Dra. Dina Rossi, esto es, el escrito aclaratorio respecto de que la inspección y el relevamiento técnico informados en la misma fecha (v. fs. 152/154), comprendía los tres sectores denunciados en el hábeas corpus, adjuntando además las fotografías tomadas oportunamente (v. fs. 158/163).
IX. Que la presente acción deviene admisible, al denunciarse agravamiento en las condiciones de detención de las personas alojadas en los siguientes sectores de la Unidad n° 8: a) “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”); b) “Sector Admisión”; y, c) “Pabellón Trans” (arts. 43 párr. último, CN; 20.1 párr. 2do., CBA; 405 párr. 2do. –segunda parte, primer supuesto–, CPPBA).
Que, asimismo, el conflicto planteado es de naturaleza colectiva, al versar sobre intereses individuales homogéneos, esto es, sobre aquellas personas alojadas en los sectores denunciados, cuya pretensión es de efecto común para quienes allí se encuentren, además de apoyarse en un mismo hecho complejo que causa la lesión, y plantearse cuestiones de hecho y de derecho comunes y homogéneas a todo el colectivo (arg. análog., art. 7, ley 13928 [texto según ley 14192]; esta forma de análisis, cf. SCBA, P. 133.682-Q, “Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ queja en causa N° 102.555 (habeas corpus colectivo y correctivo) y su acumulada N° 102.558 (habeas corpus colectivo y correctivo) del Tribunal de Casación Penal”, sent. del 11 de mayo de 2020).
En esta inteligencia, aquellos planteos que formularan las personas detenidas y que tenían que ver con sus situaciones individuales, fueron trasladados a los jueces de sus causas, conforme les fuera adelantado y explicado en la audiencia (v. acta de fs. 155). Vista así la cuestión, no está de más recordar que la Corte Federal reconoció la posibilidad de utilizar el hábeas corpus como instrumento deducible en forma colectiva. En tanto que, “…pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla”, agregándose que “...debido a la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, la defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del nomen juris específico de la acción intentada, conforme lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que debe tenerse en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad (Fallos: 312:2192, disidencia del juez Petracchi; 320:875, entre otros)”, y finalmente, en el mismo marco recordó lo advertido en su oportunidad, en cuanto a que "si el estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa de nada sirven las políticas preventivas del delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de los detenidos.
Es más, indican una degradación funcional de sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más seguro para su desintegración y para la malversación de los valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa" (Fallos: 318:2002)” (por todo, CSJN, expte. V.856.XXXVIII., “Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”, considerandos 16°, 17° y 18° del voto mayoritario).
X. En punto a la procedencia de la acción, son sumamente relevantes las fotografías aportadas, no sólo las acompañadas cuando se entabló el hábeas corpus (v. fs. 3/6), sino aquellas otras que, el día anterior a la audiencia, tomó personalmente –al constituirse en la Unidad n° 8– la Secretaria de Ejecución dependiente de la Defensoría General Departamental, Dra. Paola Relli Ugartemendia, y que pudo compartir durante el desarrollo de su exposición en la audiencia virtual (puede consultarse el CD de fs. 168 que las contiene, más allá que fueron impresas –en blanco y negro–y glosadas a fs. 129/151).
En tal sentido, las fotos muestran un estado edilicio decadente en términos estructurales, humedad, paredes agrietadas, falta de pintura, paredes manchadas, pisos sucios con charcos de agua, conexiones eléctricas muy precarias, condiciones pésimas de los baños, para exponer lo más sustancial. En definitiva, revelan un estado de cosas que no resulta compatible con un estándar de detención en condiciones dignas, corroborando los testimonios de las tres personas detenidas y representantes de los sectores, como también las alegaciones de los interesados (Comisión Provincial por la Memoria y Defensoría General).
Decíamos que las fotografías son relevantes para el presente decisorio, desde que, una vez que tomó la palabra la Directora de la Unidad n° 8, Sra. Viviana Caturetti, se le preguntó si esas imágenes que fueron compartidas y vistas por todos los presentes en la audiencia, ilustraban y se correspondían con el estado de cosas existente en los tres sectores denunciados de la Unidad que tiene a su cargo, respondiendo con total honestidad en forma afirmativa y explicando que ella hacía unos pocos meses que había asumido en el cargo y que estaba tratando –como podía y conforme los recursos que disponía– de mejorar paulatinamente la situación allí existente.
De hecho, en relación al estado detallado y verificado, también hubo una suerte de admisión tácita por parte del Subsecretario de Política Penitenciaria, Dr. José González Hueso, como también del Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Dr. Xavier Areses, en tanto el primero se comprometió personalmente –y esto es digno de destacar– a modificar la prioridad de la planificación de los arreglos ya efectuada, para comenzar directamente con la Unidad n° 8, estimando un plazo de cuarenta y cinco (45) días, en función de los trámites formales previstos por el régimen administrativo correspondiente y que sucintamente mencionó.
En tal sentido, a partir de los testimonios de las personas detenidas, la evidencia fotográfica, el contenido del informe de relevamiento y las admisiones –ora expresas, ora tácitas– que honestamente hicieron los funcionarios estatales mencionados (sobre esto último, cfr. CSJN, “Verbitsky” cit., considerando 23° in fine del voto mayoritario), entiendo que se encuentra corroborada la situación de agravamiento en las condiciones de detención, en especial –tal como se apuntó conforme al petitorio final de la Defensoría y acompañado por el representante de la Comisión Provincial por la Memoria– en el sector “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”). En concreto, la situación de agravamiento se configura a partir del estado en el que se encuentran los sectores denunciados que, amén de resultar de reducidas dimensiones, presentan paredes y techos con humedad y en muy mal estado, utilización de cables precarios para poder calentar el agua, grifería rota, cañería externa precaria con pérdidas, conexiones eléctricas muy precarias y peligrosas, suciedad en los ambientes con presencia de roedores en algunos lugares, falta de cerramientos (paredes, mamparas o cortinas) en los baños, presencia de agua en cantidades irregulares en los pisos del sector de duchas, todo lo cual revela que las personas allí detenidas –en especial las alojadas en el denominado “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”)– se encuentran viviendo en condiciones que no resultan compatibles con la dignidad humana.
Este Tribunal ya tuvo la oportunidad de sostener que: “Toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica (arts. 3, CADH; 2.1, 3 y ccs., PIDCP) y ello implica que toda persona detenida en el marco de un procedimiento judicial, sea por la razón que fuere, tiene el derecho a un trato digno y a condiciones dignas de detención, resultando consustancial a esa idea la existencia de un ambiente libre de riesgos para su vida y/o integridad, y que las condiciones de habitabilidad cumplan con el estándar exigido para satisfacer aquel cometido” (TC 1 LP, causa n° 3510/6302, “Hábeas corpus interpuesto en favor de los detenidos alojados en la Comisaría Décimo Primera de La Plata”, rta. el 30/10/2019, voto del Juez Fernández Lorenzo con adhesión de la Jueza Sanucci).
Por lo menos, desde Kant para adelante, está claro que el minus que la pena produce en el status de ciudadano/a, al privarlo/a de ciertos derechos elementales –y en este sentido, el razonamiento ha de extenderse a la coerción procesal privativa de libertad–, no implica que el ser humano pueda ser confundido entre los objetos del derecho real (Sachenrecht), pues frente a esto le protege su personalidad innata (KANT, La Metafísica de las Costumbres [1797] [trad. A. Cortina Orts – J. Conill Sancho], Tecnos, Madrid, 2008, § 49, E, I), lo que en términos modernos significa que el círculo de derechos que hacen a la dignidad del ser humano, como fin en sí mismo, ha de mantenerse intacto; dicho en palabras de la Corte Suprema: “…el ingreso a una prisión no despoja [a la persona] de la protección de las leyes, de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales firmados por la República…” (CSJN, Fallos: 322:2735). Es que, las condiciones constatadas, además de menoscabar el trato digno que merecen las personas, en algunos casos, son aptas para generar un riesgo contra la vida e integridad física, si recordamos que en algunas celdas calientan el agua utilizando un cable pelado que conectan a la electricidad.
Que, si bien se avizora que el Poder Ejecutivo Provincial expuso una serie de esfuerzos que demuestran su empeño para solucionar el conflicto e, incluso, se ha solucionado con anterioridad a la audiencia algún problema particular que formaba parte de la situación global denunciada (“acomodaron un poquito los baños”, dijo la detenida Viviana Zalazar; arreglaron el problema de la falta de vidrios en las ventanas que generaba un ambiente muy frío, explicitó Florencia Magalí Loria), lo cierto es que, con independencia del comportamiento loable de las autoridades, ello no resuelve la totalidad de la situación (cfr. CSJN, “Verbitsky” cit., considerando 31° del voto mayoritario).
Que, en dicho marco, las carencias de recursos señaladas por la Directora de la Unidad n° 8, si bien constituye una situación atendible en lo que respecta al cumplimiento de los deberes a su cargo en tiempo y forma, no puede obstaculizar la satisfacción de los compromisos estatales asumidos con carácter constitucional e infra constitucional, con lo cual, cabe apuntar una vez más lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “‘estas dolorosas comprobaciones, que es deber del Tribunal destacar, no encuentran justificativo en las dificultades presupuestarias que se traducen en la falta de infraestructura edilicia, la carencia de recursos humanos, la insuficiencia de formación del personal o las consecuentes excesivas poblaciones penales’ ... ‘Las carencias presupuestarias, aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones de este tipo. Privilegiarlas sería tanto como subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y los convenios internacionales que comprometen a la Nación frente a la comunidad jurídica internacional, receptados en el texto actual de aquélla (art. 5°, inc. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)’ (Fallos: 318:2002)” (CSJN, “Verbitsky” cit., considerando 28° del voto mayoritario, destacados en el original; cfr. tamb. TCPBA, Sala V, causa n° 100.983, “Internos de las Unidades Carcelarias N° 17, 30 y 31 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires s/ Habeas Corpus Colectivo”, rta. el 01/10/2020, voto del Juez Carral adherido por el Juez Borinsky).
Ante tal situación verificada, corresponde recordar que “...el art. 18 de la Constitución Nacional al prescribir que ‘las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que la autorice’, reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano, como así también establece la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento. El alcance de este texto ha sido puesto en discusión, dudándose si abarcaba a los condenados, pues tiene un claro origen histórico iluminista referido a la prisión cautelar (...)[;] [s]in embargo, ha quedado superada la discusión después de la reforma constitucional de 1994, en cuanto a que los fines reintegradores sociales de la pena de prisión están consagrados en virtud del inc. 22 del art. 75 constitucional...”; agregándose: “Que la privación de libertad, al título que fuese, tiene un efecto aflictivo y deteriorante para toda persona institucionalizada, que en cierta medida es imposible eliminar por ser inherente a su situación, pero que de ningún modo puede tolerarse que se agrave indebidamente. ‘Las cárceles en sí mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad no deben agravar el mal inherente a la pena, ni las autoridades ejecutarlas en forma que aumentan ese mal’ (Nuñez, Ricardo; Dcho.
Penal Argentino. Parte Gral. Tomo II; Ed. Bibliográfica Argentina; Buenos Aires, 1960)” y recordando que “[el] Tribunal ha expresado: ‘Que un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ella, proscribiendo toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija (art. 18 de la Constitución Nacional). Tal postulado, contenido en el capítulo concerniente a las declaraciones, derechos y garantías, reconoce una honrosa tradición en nuestro país ya que figura en términos más o menos parecidos en las propuestas constitucionales de los años 1819 y 1824 a más de integrar los principios cardinales que inspiran los primeros intentos legislativos desarrollados por los gobiernos patrios en relación a los derechos humanos.
Aunque la realidad se empeña muchas veces en desmentirlo, cabe destacar que la cláusula tiene contenido operativo. Como tal impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral’. ‘La seguridad, como deber primario del Estado, no sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también, como se desprende del citado art. 18, los de los propios penados, cuya readaptación social se constituye en un objetivo superior del sistema y al que no sirven formas desviadas del control penitenciario’ (Fallos: 318:2002)” (CSJN, “Verbitsky” cit., considerandos 34°, 35° y 36° del voto mayoritario; las cursivas en el original).
Asimismo, el Máximo Tribunal Federal delineó el alcance que tienen las “Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos”, al sostener lo siguiente: “La República Argentina tuvo un papel protagónico en el establecimiento de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos, en el Primer Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del delito y el tratamiento del delincuente, de Ginebra, en 1955, aprobadas por el Consejo Económico y Social en su resolución 663 C31-7-57 y complementada en la 2076 del 13 de mayo de 1977. Después de la reforma de 1994, con jerarquía constitucional, la Nación está obligada por tratados internacionales de vigencia interna y operativos, que fortalecen la línea siempre seguida por la legislación nacional en la materia: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece en el art. XXV que ‘todo individuo tiene también un tratamiento humano durante la privación de su libertad’; el art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que ‘toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’; fórmula ésta que recepta de modo similar el art. 5 inc. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y añadió: “Las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas –si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal– se han convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad. No cabe duda de que hay un marco normativo, no sólo nacional sino también internacional…” (por todo, CSJN, “Verbitsky” cit., considerando 39° del voto mayoritario). Y, en tal sentido, concluyó que era deber de la propia Corte Federal “…instruir a la Suprema Corte y a los demás tribunales de la Provincia de Buenos Aires para que en sus respectivas competencias extremen la vigilancia para el adecuado cumplimiento de las Reglas Mínimas y de las normas que nacional e internacionalmente imponen el tratamiento digno de toda persona privada de libertad y, en especial, en lo que hace a la tutela de la vida humana y la integridad física de los presos, del personal y de terceros” (CSJN, “Verbitsky” cit., considerando 40° del voto mayoritario).
Que el presente conflicto tiene lugar en tres sectores de la Unidad n° 8 de Mujeres, de allí que también sean aplicables las denominadas “Reglas de Bangkok”, aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010, las cuales complementan –y no sustituyen– a las “Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos”. Al mismo tiempo, también son útiles los “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Que, en ese marco, no sobra recordar que las citadas “Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos”, han sido revisadas y en el año 2015 se aprobó su actualización por la Asamblea General de Naciones Unidas, bajo la nueva denominación “Reglas de Mandela”.
Conforme a este complejo normativo, constituye un principio básico que las personas detenidas serán tratadas con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos (arts. 18, CN; XXV in fine, DADDH; 10.1, PIDCP; 5.2 in fine, CADH; Regla 1, “Reglas de Mandela”) y, en cuanto al problema puntual de autos, vale lo siguiente: “Las condiciones de vida generales a las que se hace referencia en las presentes reglas, incluidas las relativas a la iluminación, la ventilación, la climatización, el saneamiento, la nutrición, el agua potable, el acceso al aire libre y el ejercicio físico, la higiene personal, la atención de la salud y un especial personal suficiente, se aplicarán a todos los reclusos sin excepción” (Regla 42, “Reglas de Mandela”).
Por ello, conforme la situación corroborada y el estado edilicio en el que se encuentran los sectores denunciados de la Unidad n° 8 de La Plata (v. consideraciones supra), en especial el “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”), en pésimas condiciones estructurales, malas condiciones de higiene y limpieza (cfr., mutatis mutandis, Corte IDH, “Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras”, sent. del 27/04/2012; “Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú”, sent. del 25/11/2006; e/o.), entre otros déficits ya apuntados, y hasta situaciones que exponen a las personas alojadas a un peligro contra su vida e integridad, se constata un agravamiento en las condiciones de detención al infringirse las cláusulas constitucionales que rigen la materia (arts. 18, CN; XXV in fine, DADDH; 10.1 y 10.3 –primera parte–, PIDCP; 5.2 in fine, CADH; Reglas 1 y 42, “Reglas de Mandela”).
Por lo tanto, a partir de esa conclusión, corresponde declarar procedente el hábeas corpus colectivo y analizar cada uno de los puntos específicos solicitados en último término por la Defensoría General Departamental –a través de su Secretaría de Ejecución– y que fueran apoyados en idéntico sentido por el representante de la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco de sus alegaciones finales esbozadas en la audiencia.
a) Así las cosas, en función de que la Secretaria de Ejecución de la Defensoría General, Dra. Paola Relli Ugartemendia, dejó manifiestamente aclarado que consultó y obtuvo la aquiescencia de las mujeres involucradas, corresponde disponer como medida reparadora el traslado inmediato de las personas alojadas en el sector “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”), quienes deberán ser reubicadas en otra unidad dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense que les permita usufructuar su derecho de visita y contacto familiar (art. 18, CN; Reglas 4, 23 y 26, “Reglas de Bangkok”; Reglas 58 y 59, “Reglas de Mandela”; art. 9 inc. 5.a, ley 12256 [texto según ley 14296]); todo ello, con estricta observancia de los protocolos de seguridad y salubridad vigentes, y con la carga de anoticiar a los jueces, a cuya disposición se encuentran las personas trasladadas, su nuevo lugar de alojamiento en un plazo que no exceda las veinticuatro (24) horas. b) Asimismo, en función de lo requerido por los actores mencionados en el párrafo anterior, y habiéndose verificado condiciones inhumanas de alojamiento en razón del estado de cosas constatado y que ya fuera detallado, a fin de evitar futuros agravamientos que se configurarían con el sólo hecho de que una persona quede detenida en esas condiciones y atento el lapso que demandaría la necesaria adecuación edilicia/estructural, corresponde disponer como medida preventiva la clausura del “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”) con la prohibición absoluta de ingreso y alojamiento de personas privadas de su libertad en cualquier carácter, hasta tanto dicho sector cuente con las condiciones de habitabilidad necesarias, lo que requerirá de su rehabilitación judicial previo informe de peritos idóneos que dictaminen favorablemente.
c) En los otros dos sectores problemáticos (“Sector Admisión” y “Pabellón Trans”), los interesados no han requerido la clausura, pero sí que se ordene la mejora en las condiciones de habitabilidad. En tal sentido, encontrándose fundada la petición, en función de lo testimoniado por los representantes de dichos sectores y de la restante evidencia producida (v. detalle supra), corresponde disponer como medida reparadora que el Poder Ejecutivo Provincial –a través de las autoridades que correspondan– presente un plan de mejoría edilicia/estructural en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días, conforme el compromiso asumido por las autoridades estatales, cuya ejecución deberá comenzar –salvo caso de fuerza mayor– en un plazo no superior a sesenta (60) días, debiendo informar periódicamente a esta Sede los avances del mismo, quedando el presente hábeas corpus abierto en esos términos y hasta tanto este Órgano no proceda a su cierre, previo informe de peritos idóneos que concluyan favorablemente que la obra finalizó exitosamente. En tal sentido, y en función de los principios sobre aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, considero que sería útil recomendar a las autoridades provinciales la readecuación del “Pabellón Trans” a fin de que, en lo posible, se genere un espacio de cierta autonomía dada la diversidad de género entre las personas que allí se alojan y el resto de la población carcelaria de la Unidad n° 8 (Principios 9.a y 9.c, “Principios de Yogyakarta”).
Sin perjuicio de lo anterior, y a efectos de evitar el riesgo inherente, corresponde ordenar a la Directora de la Unidad n° 8 que arbitre los medios necesarios a fin de que se revisen las conexiones eléctricas allí existentes y se reparen en forma urgente las que se encuentran en estado precario, como así también active los mecanismos idóneos para suprimir la presencia de roedores (arts. 18, CN; XXV in fine, DADDH; 10.1 y 10.3 –primera parte–, PIDCP; 5.2 in fine, CADH; Reglas 1 y 42, “Reglas de Mandela”); debiéndose informar a esta Sede el cumplimiento de lo ordenado. Por lo demás, recomendar que –a la mayor brevedad– se instalen cortinas para baños, en pos de proteger la intimidad de las personas.
Relacionado con el párrafo anterior, habiéndose constatado condiciones sumamente precarias de limpieza e higiene –situación que se agrava en un contexto de pandemia–, pese a que la Unidad n° 8 tiene asignados elementos útiles a tal fin (v. detalle a fs. 110/vta.), corresponde ordenar a la Directora de la Unidad n° 8 que arbitre los mecanismos necesarios para que aquellos sectores se limpien e higienicen en forma correcta y observándose los protocolos vigentes, en pos de mantener un ambiente sano, salubre y digno (art. 18, CN; Regla 18, “Reglas de Mandela”; Regla 5, “Reglas de Bangkok”); debiéndose informar a esta Sede el cumplimiento de lo ordenado.
También y con relación a estos dos sectores, dado que continuarán habilitados más allá de lo antes dispuesto, corresponde ordenar a la Directora de la Unidad n° 8 que arbitre los mecanismos necesarios para que las personas allí alojadas puedan usufructuar un tiempo más prolongado al aire libre, dado lo exiguo del que actualmente gozan, teniendo presente el carácter limitado de las medidas coercitivas de aislamiento, su naturaleza excepcional y de ultima ratio, en aras de evitar un menoscabo a la dignidad de las personas detenidas (art. 18, CN; Regla 45, “Reglas de Mandela”; art. 49, ley 12256 [texto según ley 14296]); asimismo, deberá promover la realización de actividades recreativas y deportivas, con la participación de todos aquellos que así lo requieran (art. 18, CN; Regla 23, “Reglas de Mandela”; e/o.). En tal sentido, deviene imperioso hacer saber a la Directora de la Unidad n° 8 de La Plata que está terminantemente prohibido el alojamiento de personas en áreas de separación por tiempo ilimitado, debiendo atenerse a los límites fijados por la reglamentación vigente (arts. 18, CN; 49, ley 12256 [texto según ley 14296]). Por otra parte, dadas las quejas recibidas con la comida, corresponde tener presente el compromiso efectuado por la Directora Provincial de Política y Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Dina Rossi, consistente en ofrecer un curso de capacitación para las internas que cumplen funciones de cocina a fin de mejorar su calidad, encomendándose su pronta implementación (art. 18, CN; Regla 22, “Reglas de Mandela”); por lo demás, corresponde tener presente y declarar abstracto el planteo oportunamente formulado y relativo al horario en el que se servía la cena, en función de que ya ha sido corregido según informara la Directora de la Unidad n° 8.
d) De acuerdo a las problemáticas de salud informadas en el expediente (v. el detalle supra y las remisiones allí expuestas), corresponde hacer saber a la Directora de la Unidad n° 8 y a la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria que deberán garantizar el acceso a la salud de las personas que requieran tratamientos o cualquier tipo de atención médica que demanden, sin perjuicio de los derechos que les asisten como mujeres y personas transgénero (art. 18, CN; Regla 24 y ss., “Reglas de Mandela”; Regla 6, 10, 12 y ccs., “Reglas de Bangkok”; Principio 9.b, “Principios de Yogyakarta”; 9.1, ley 12256 [texto según ley 14296]).
e) En cuanto a la potabilidad del agua, todo indicaría que el problema ya fue solucionado a tenor del último estudio realizado por el laboratorio del Ministerio de Desarrollo Agrario y que data del 01/12/2020, es decir, posterior al que acompañó la Comisión Provincial por la Memoria; de todas formas, y más allá de la nueva extracción que se efectuará conforme lo informado (v. fs. 105), en virtud de lo peticionado por la Defensoría General, corresponde ordenar a las autoridades respectivas del Poder Ejecutivo Bonaerense que realicen un nuevo estudio de potabilidad del agua, debiendo recoger las muestras de los sectores aquí denunciados (“Pabellón de Separación del área de convivencia” [“PSAC”], “Sector Admisión” y “Pabellón Trans”), quedando el presente hábeas corpus abierto en esos términos y hasta tanto se verifique la ratificación de los resultados del último informe practicado.
f) Por último, conforme lo solicitado por la Defensoría General Departamental, corresponde oficiar al Subsecretario de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, Dr. Martín Lorat, a fin de ponerlo en conocimiento de la situación referida a “Natalia Maldonado Peralta” y “Silvia Lucrecia Molas” en atención a las condiciones de detención sufridas y lo dispuesto al respecto por el juez de sus causas, adjuntándose copia del acta respectiva y el CD que contiene el registro completo de la audiencia, a sus efectos; como así también, comunicar –con copia íntegra de la presente y conforme las directivas del Acuerdo 3595 de la SCBA– al registro de hábeas corpus de la SCBA, a la Presidencia del Tribunal de Casación, a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías Departamental y a los órganos jurisdiccionales a cargo de los detenidos involucrados, ordenando asimismo la publicación del presente resolutorio en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia para una mayor difusión. Por lo demás, tener por evacuada –conforme el acta labrada por el actuario a fs. 155– la comunicación a los órganos jurisdiccionales respectivos de las situaciones particulares denunciadas y que no forman parte del objeto de la presente acción colectiva.
g) Eximir de costas al Estado vencido, a tenor de que sus representantes han revelado su propósito de facilitar la solución del conflicto y en aras de evitar erogaciones innecesarias que pueden utilizarse para la satisfacción de intereses preponderantes (arg. análog. art. 531 segunda parte, CPPBA; al respecto, cfr. tamb. mutatis mutandis, PALACIO, Lino E., Manual de Derecho Procesal Civil, t. I, 7ma. ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., 1987, p. 290 in fine); por tales razones, asimismo, considero que el caso no amerita la imposición de sanción individual alguna (art. 415 in fine, CPPBA).
ASÍ LO VOTO.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA la Sra. Juez Dra. Cecilia Inés Sanucci dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, por ser esa mi sincera y razonada convicción.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA el Sr. Juez Dr. Hernán Javier Decastelli dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Fernández Lorenzo, por ser esa mi sincera y razonada convicción.
POR ELLO, y de conformidad con las disposiciones citadas, EL TRIBUNAL, por unanimidad, en causa nº 1610/6754,
I. DECLARAR ADMISIBLE el hábeas corpus colectivo interpuesto por la Comisión Provincial por la Memoria y acompañado por la Defensoría General.
presentado en favor de las personas detenidas en los sectores “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”), “Sector Admisión” y “Pabellón Trans” de la Unidad n° 8 de La Plata (Los Hornos).
III. DISPONER como medida reparadora EL TRASLADO INMEDIATO de las personas alojadas en el sector “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”), quienes deberán ser reubicadas en otra unidad dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense que les permita usufructuar su derecho de visita y contacto familiar; todo ello, con estricta observancia de los protocolos de seguridad y salubridad vigentes, y con la carga de anoticiar a los jueces, a cuya disposición se encuentran las personas trasladadas, su nuevo lugar de alojamiento en un plazo que no exceda las veinticuatro (24) horas.
IV. DISPONER como medida preventiva LA CLAUSURA del “Pabellón de Separación del área de convivencia” (“PSAC”) CON LA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE INGRESO Y ALOJAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CUALQUIER CARÁCTER, hasta tanto dicho sector cuente con las condiciones de habitabilidad necesarias, lo que requerirá de su rehabilitación judicial previo informe de peritos idóneos que dictaminen favorablemente.
V. DISPONER como medida reparadora que el Poder Ejecutivo Provincial –a través de las autoridades que correspondan– PRESENTE UN PLAN DE MEJORÍA edilicia/estructural de los sectores denominados “Sector Admisión” y “Pabellón Trans”, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días, conforme el compromiso asumido por las autoridades estatales, CUYA EJECUCIÓN DEBERÁ COMENZAR –salvo caso de fuerza mayor– en un plazo no superior a sesenta (60) días, debiendo informar periódicamente a esta Sede los avances del mismo, quedando el presente hábeas corpus abierto en esos términos y hasta tanto este Órgano no proceda a su cierre, previo informe de peritos idóneos que concluyan favorablemente que la obra finalizó exitosamente.
VI. RECOMENDAR a las autoridades provinciales LA READECUACIÓN del “Pabellón Trans” a fin de que, en lo posible, se genere un espacio de cierta autonomía dada la diversidad de género entre las personas que allí se alojan y el resto de la población carcelaria de la Unidad n° 8.
VII. ORDENAR a la Directora de la Unidad n° 8 que ARBITRE LOS MEDIOS NECESARIOS a fin de que se revisen las conexiones eléctricas existentes en los sectores denominados “Sector Admisión” y “Pabellón Trans” y se reparen en forma urgente las que se encuentran en estado precario, como así también active los mecanismos idóneos para suprimir la presencia de roedores; debiéndose informar a esta Sede el cumplimiento de lo ordenado.
VIII. RECOMENDAR a las autoridades provinciales correspondientes que –a la mayor brevedad– instalen cortinas para baños, en pos de proteger la intimidad de las personas.
IX. ORDENAR a la Directora de la Unidad n° 8 que ARBITRE LOS MECANISMOS NECESARIOS para que los sectores denominados “Sector Admisión” y “Pabellón Trans” se limpien e higienicen en forma correcta y observándose los protocolos vigentes, en pos de mantener un ambiente sano, salubre y digno; debiéndose informar a esta Sede el cumplimiento de lo ordenado.
X. ORDENAR a la Directora de la Unidad n° 8 que ARBITRE LOS MECANISMOS NECESARIOS para que las personas alojadas en los sectores denominados “Sector Admisión” y “Pabellón Trans” puedan usufructuar un tiempo más prolongado al aire libre, dado lo exiguo del que actualmente gozan, TENIENDO PRESENTE el carácter limitado de las medidas coercitivas de aislamiento, su naturaleza excepcional y de ultima ratio, en aras de evitar un menoscabo a la dignidad de las personas detenidas; asimismo, DEBERÁ PROMOVER la realización de actividades recreativas y deportivas, con la participación de todos aquellos que así lo requieran.
XI. HACER SABER a la Directora de la Unidad n° 8 de La Plata que está terminantemente prohibido el alojamiento de personas en áreas de separación por tiempo ilimitado, debiendo atenerse a los límites fijados por la reglamentación vigente.
XII. TENER PRESENTE EL COMPROMISO efectuado por la Directora Provincial de Política y Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Dina Rossi, consistente en ofrecer un curso de capacitación para las internas que cumplen funciones de cocina a fin de mejorar su calidad, ENCOMENDÁNDOSE su pronta implementación.
XIII. TENER PRESENTE Y DECLARAR ABSTRACTO el planteo oportunamente formulado y relativo al horario en el que se servía la cena, en función de que ya ha sido corregido según informara la Directora de la Unidad n° 8.
XIV. HACER SABER a la Directora de la Unidad n° 8 y a la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria que DEBERÁN GARANTIZAR EL ACCESO A LA SALUD de las personas que requieran tratamientos o cualquier tipo de atención médica que demanden, sin perjuicio de los derechos que les asisten como mujeres y personas transgénero.
XV. ORDENAR a las autoridades respectivas del Poder Ejecutivo Bonaerense LA REALIZACIÓN DE UN NUEVO ESTUDIO DE POTABILIDAD DEL AGUA, debiendo recoger las muestras de los sectores aquí denunciados (“Pabellón de Separación del área de convivencia” [“PSAC”], “Sector Admisión” y “Pabellón Trans”), quedando el presente hábeas corpus abierto en esos términos y hasta tanto se verifique la ratificación de los resultados del último informe practicado.
XVI. OFICIAR al Subsecretario de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, Dr. Martín Lorat, a fin de ponerlo en conocimiento de la situación referida a “Natalia Maldonado Peralta” y “Silvia Lucrecia Molas” en atención a las condiciones de detención sufridas y lo dispuesto al respecto por el juez de sus causas, adjuntándose copia del acta respectiva y el CD que contiene el registro completo de la audiencia, a sus efectos.
XVII. COMUNICAR –con copia íntegra de la presente y conforme las directivas del Acuerdo 3595 de la SCBA– al registro de hábeas corpus de la SCBA, a la Presidencia del Tribunal de Casación, a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías Departamental y a los órganos jurisdiccionales a cargo de los detenidos involucrados, ORDENANDO asimismo la publicación del presente resolutorio en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia para una mayor difusión.
XVIII. TENER POR EVACUADA la comunicación a los órganos jurisdiccionales respectivos de las situaciones particulares denunciadas y que no forman parte del objeto de la presente acción colectiva.
XIX. EXIMIR de costas al Estado vencido.
REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE. NOTIFÍQUESE. CÚMPLASE.
Rigen los arts. 18, 43 párr. último y 75 inc. 22°, CN; XXV in fine, DADDH; 2.1, 3, 10.1 y 10.3 –primera parte–, PIDCP; 3 y 5.2 in fine, CADH; 20.1 párr. 2do., CBA; 405 párr. 2do. –segunda parte, primer supuesto–, 415, 531 –segunda parte–, cits. y ccs., CPPBA; 9 incs. 1° y 5° letra “a”, 49 y ccs., ley 12256 [texto según ley 14296]; Reglas 1, 18, 22, 23, 24 y ss., 42, 45, 58, 59 y ccs., “Reglas de Mandela”; Reglas 4, 5, 6, 10, 12, 23, 26 y ccs., “Reglas de Bangkok”; Principios 9.a, 9.b y 9.c, “Principios de Yogyakarta”.
Fin de la sentencia