Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 149.656
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de casación articulado, sin costas, casar la resolución dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul y disponer el reenvío de las actuaciones a la instancia de grado para que se renueven los actos necesarios, con la intervención de todos los interesados y se resuelva tomando en consideración los lineamientos aquí expuestos II. Declarar abstracto el recurso de casación presentado en la causa N°149657.
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 448, 450, 460, 464 y concordantes del Código Procesal Penal.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N°149656 caratulada “UNIDAD PENITENCIARIA N°38 -ANEXO VIII S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR JEFE DE RELATORES DE LA FISCALIA DE ESTADO” y su acumulada N°149657 caratulada “UNIDAD PENITENCIARIA N°38 -ANEXO VIII S/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR SECRETARIO LETRADO CAUSAS PENALES DE LA FISCALIA DE ESTADO”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. En el marco de la incidencia N°149656 del registro de este Tribunal, la Fiscalía de Estado interpuso recurso de casación contra la resolución dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Azul a través de la cual se resolvió confirmar el temperamento adoptado por la titular del Juzgado de Ejecución Penal N°2 local, que ordenó al Subsecretario de Política Penitenciaria Provincial y al señor Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense adecúe la cantidad de personas alojadas en la Unidad Penal N°38 al cupo poblacional fijado judicialmente y se abstengan de alojar más personas en esa unidad. Al mismo tiempo, en la causa N°149657, la Fiscalía de Estado, dedujo recurso de casación contra la resolución también dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul que concedió el recurso de casación antes mencionado con efecto devolutivo. a. CAUSA N°149656.
a.1. Luego de alegar sobre la admisibilidad de la vía recursiva articulada, la recurrente denuncia arbitrariedad en la decisión cuestionada.
Explica que el argumento central del reclamo se sustenta en la indebida intromisión que la medida recurrida genera sobre las facultades del poder administrador, en los efectos negativos y el enfoque parcial y recortado de la realidad del sistema que la decisión evidencia. Indica que se planteó la necesidad de considerar el abordaje de la problemática a través de diversos factores que influyen en la conformación de esta coyuntura y con cita del precedente “Verbitsky” destaca el carácter complejo, dinámico y multicausal del grave problema que refleja la superpoblación y hacinamiento en cárceles y comisarías de jurisdicción provincial.
a.2. Por fuera de ello señala que el efecto dañoso que la medida restrictiva impugnada genera, fue abordado mediante fundamentos aparentes que se apartaron de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, a través de un recorte parcial de la situación. En tal sentido refiere que se indicó lo incongruente de lo resuelto para con los propios detenidos y el perjuicio que genera. Explica la problemática en lo que hace a la distribución de las personas alojadas en el sistema penitenciario provincial, circunscripta a razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
Menciona que se encuentra en plena vigencia y ejecución el Plan de Infraestructura Penitenciaria concebido para complementar las políticas provinciales tendientes a disminuir la sobrepoblación carcelaria, además de otras políticas tendientes a solucionar la problemática.
Añade que las vedas mencionadas se conminan de manera constante e ininterrumpida a partir de disposiciones como la dictada, y que dichas resoluciones judiciales que ubican al Poder Ejecutivo - en su área de la Administración Penitenciaria- en una situación de incumplimiento que no se condice con el trabajo que se lleva a cabo. Destaca que, si bien por un lado no se dejan de recibir órdenes que prohíben o reiteran prohibiciones anteriores de ingreso, por el otro, tampoco cesan los pedidos de ingreso desde distintas seccionales policiales.
Advierte que las resoluciones no pueden ser "ficciones" sino que deben estar destinadas a dar solución a los problemas reales con medidas concretas y susceptibles de ser cumplidas, propuestas por distintos operadores del sistema en espacios de trabajo interinstitucionales.
Colige que si cada juez se circunscribe a dictar resoluciones sobre una dependencia penitenciaria determinada, como en el caso, conviven decisiones contradictorias, en tanto el cumplimiento de una hace incurrir en el incumplimiento de otra, desentendiéndose de la realidad del sistema en su totalidad y de mejorar las condiciones de detención de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en la Provincia de Buenos Aires, que es en definitiva lo que se debe procurar con el trabajo mancomunado de los distintos operadores.
Evoca, en aval a su postura, el tratamiento brindado en el proceso en el marco de la causa N°100.983, caratulada "Internos de las Unidades Carcelarias N°17, 30 y 31 del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires s/ Hábeas Corpus Colectivo" de la Sala V del Tribunal de Casación.
a.3. Por lo expuesto solicita se haga lugar al recurso de casación presentado y se revoque la resolución recurrida. Hace reserva del caso federal.
b. CAUSA N°1496567.
b.1. Previo expedirse sobre la admisibilidad de la vía recursiva intentada, denuncia inobservado el artículo 431 del Código Procesal Penal.
En lo sustancial indica que la Cámara de Apelación concedió el recurso de casación bajo estudio con efecto devolutivo. Explica que se introdujo una excepción al principio general previsto en el citado artículo 431.
Considera que no se identifican circunstancias extraordinarias que tornen indispensable la ejecución inmediata de la decisión impugnada.
Añade que el decisorio en cuestión parte de una confusión conceptual al otorgar efecto devolutivo mediante una remisión genérica, sin distinguir adecuadamente entre el eventual cumplimiento de decisiones anteriores y la ejecutoriedad de una nueva resolución. b.2. En consecuencia solicita se deja sin efecto la concesión del recurso de casación con efecto devolutivo y se disponga que el mismo sea otorgado con efecto suspensivo. Hace reserva del caso federal.
II. Elevado los legajos electrónicamente mediante el sistema de gestión Augusta por la Presidencia de este Tribunal, fueron radicados ante este organismo el 16 de julio de 2026 siendo dispuesto el conocimiento de esta Sala en virtud del sorteo realizado el 7 de julio del mismo año.
Cumplidos los trámites de ley y notificadas las partes, la señora Fiscal de Casación, doctora Daniela Bersi, presentó dictamen solicitando el rechazo de los recursos articulados.
A su turno el señor Defensor de Casación, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, también presentó dictamen solicitando se desestimen los recursos presentados por la administración provincial. En ambos casos alegan que las decisiones recurridas no son ninguna de aquellas que el artículo 450 del Código Procesal Penal enumera como susceptibles de ser atacadas mediante la vía casatoria, por no ser de las que ponen fin al proceso o impiden su continuación. Agregan que la decisión tampoco puede ser equiparada a sentencia definitiva por sus efectos y que menos aún se configura la alegada existencia de gravedad institucional.
Encontrándose los autos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Son procedentes los recursos de casación deducidos?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Carral dijo:
I. Tal como fue expuesto en los antecedentes, tanto la defensa como la fiscalía de este Tribunal peticionan la improcedencia de los recursos traídos por la Fiscalía de Estado, con fundamento en la doctrina sostenida por este órgano para los casos que no encuentran anclaje en las hipótesis previstas por el artículo 450 del Código Procesal Penal y que, además, como en el caso bajo estudio, contaron con la revisión de un órgano superior.
Sin embargo, el punto de vista tradicional mencionado, plasmado incluso en muchas de las decisiones que he integrado frente a supuestos como el que nos ocupa, debe ceder en caso de encontrarse corroborada una causa federal suficiente.
A un lado de lo expuesto, es necesario dejar en claro es que nadie controvierte la legitimación de la representación de la Fiscalía de Estado en estas actuaciones, lo que supone reconocer que su rol encuentra amparo en el artículo 155 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que le atribuye el carácter de "parte legítima... en todos aquellos [juicios] en que se controviertan intereses del Estado", y en la regulación especial de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado, texto según ley 12.748), que extiende dicha legitimación a todo juicio, "cualquiera sea su fuero o jurisdicción", sin necesidad de mandato expreso del Poder Ejecutivo para intervenir, por tratarse de una facultad de rango constitucional.
II. Sentado lo anterior, corresponde especificar los actos procesales que fijaron el recurso bajo estudio.
a. Mediante auto de fecha 21 de octubre de 2025 el Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Azul indicó “Atento a lo solicitado por la Defensoría Departamental de Azul, ordenase al Subsecretario de Política Penitenciaria Provincial y al Sr. Jefe del SPB que adecuen la cantidad de personas alojadas en la UP 38 al cupo poblacional fijado judicialmente y hasta tanto ello suceda, se abstenga de alojar más personas en esa unidad penal, con excepción de las personas presas oriundas de ciudades de este Departamento Judicial de Azul y a disposición de magistrados de esta jurisdicción, a los cuales se les deberá garantizar el ingreso y permanencia”. En lo que aquí resulta de interés, la Defensoría Departamental de Azul -en respuesta a la vista conferida sobre la información cursada por las autoridades de la unidad N°38- requirió se intime al Subsecretario de Política Penitenciaria Provincial y al Jefe del Servicio Penitenciario a adecuar la cantidad de personas alojadas en la unidad de mención al cupo poblacional fijado judicialmente y hasta tanto ello suceda, se abstenga de alojar más personas en esa unidad.
b. Apelado el auto por la Fiscalía de Estado, con fecha 13 de marzo de 2026, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la decisión adoptada en la instancia inferior.
Para resolver de ese modo, los colegas de la instancia anterior reseñaron los fundamentos de la resolución dictada el 22 de mayo de 2024 la causa N°46.889 “Unidad Penitenciaria N°38-Sierra Chica-Anexo VIII S/ Recurso de Apelación”. Consideraron que en dicha oportunidad se impugnó una decisión similar, se abordaron idénticas cuestiones a las planteadas en el recurso de apelación “sin que haya cambiado lo invocado ni el panorama probatorio”.
III. Con lo hasta aquí expuesto, corresponde ingresar en el examen de la corroboración de la eventual acreditación de una causa federal suficiente y podría anticiparme en una suerte de argumentación inversa en el razonamiento del reconocido fallo “Verbitsky” de nuestra Corte Federal, pero siguiendo el mismo mandato y sentido de protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Me explico.
a. Está claro que la situación que se invoca como gravamen no es conjetural ni hipotética, sino que surge de un dato objetivo puesto de manifiesto por la propia recurrente y no controvertido en autos: la totalidad de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense se encuentran, a la fecha, con ocupación superior a su capacidad técnica. En este contexto no puedo prescindir de la información que a diario relevamos en la tramitación de la acción de Habeas Corpus registrada bajo en N°100.983 del registro de la Sala V y que da cuenta de la situación imperante en el ámbito penitenciario de todas las unidades, cuya etiología es multicausal pero que no vienen a cuento aquí auscultar sus orígenes y que, hace no poco tiempo fue declarada por nuestro Superior Tribunal de provincia como un “estado de cosas inconstitucional” (P.83.909) y por nuestro tribunal, en oportunidad del informe elevado en el año 2018, como “una grave crisis humanitaria”.
En ese contexto de saturación generalizada, no existe margen de absorción disponible en el sistema, de modo que toda veda de ingreso dispuesta sin ponderar esa circunstancia produce, con un grado de previsibilidad rayano en la certeza, el desplazamiento del excedente poblacional hacia otras unidades igualmente excedidas. El perjuicio para las personas allí alojadas -mayor hacinamiento, agravamiento de las condiciones materiales de detención, incremento del riesgo para la integridad física- no depende de un curso causal incierto, sino que es la consecuencia necesaria, y no meramente posible, de la lógica de vasos comunicantes que gobierna a un sistema sin plazas disponibles.
Las resoluciones aquí cuestionadas, como otras tantas promovidas, a no dudarlo, con las mejores intenciones, repiten, unidad por unidad y sin comunicación entre sí, exactamente el criterio fragmentario que la Corte Suprema reprochó a este Tribunal en el origen del caso "Verbitsky", con el agravante adicional de que, a diferencia de aquel precedente -en el que el criterio fragmentario dificultaba la tutela de los propios detenidos reclamantes-, en el caso ese mismo criterio termina perjudicando a un colectivo de detenidos distinto y ajeno al proceso en que la veda fue dispuesta.
Sería contradictorio que la misma doctrina que impuso entonces el enfoque integral no habilite ahora, por la vía inversa -a instancia del Estado y no de las personas privadas de libertad, pero en función de la protección de estas últimas en su conjunto-, que este Tribunal exija idéntico enfoque de conjunto antes de convalidar decisiones parciales cuyos efectos exceden largamente el establecimiento en el que fueron dictadas.
Es importante reparar en el efecto nocivo que conlleva un análisis fragmentado como el que se critica. En el contexto actual del sistema penitenciario bonaerense, el enfoque que aquí se propugna no es una mera preferencia metodológica sino una condición de validez de la decisión. Cuando la totalidad de las unidades opera por encima de su capacidad técnica, el cupo penitenciario funciona como un recurso escaso de suma prácticamente cero en el corto y mediano plazo: toda persona a la que se impide el ingreso a una unidad determinada no desaparece del sistema, sino que debe ser alojada en otra unidad penitenciaria, dentro del mismo circuito de derivaciones.
En un sistema con márgenes de holgura (utópico en la realidad bonaerense) ese desplazamiento podría absorberse sin daño. En un sistema íntegramente saturado -como el que, según los propios antecedentes de la causa, describe hoy el Servicio Penitenciario Bonaerense-, el desplazamiento no se absorbe: se traslada, se concentra y, con frecuencia, se agrava en la unidad receptora, que a su turno carece de veda propia que la proteja de ese ingreso forzado.
La decisión tutelar de un juez respecto de una unidad se convierte así, por el simple juego de esa mecánica de vasos comunicantes, en una decisión des protectora respecto de otra, sin que quienes la sufren hayan tenido intervención alguna en el proceso que la originó ni existiera, al momento de dictarla, información sobre su impacto en el resto del sistema, Por supuesto que en este ámbito se deberá priorizar situaciones que reclaman urgencia, pero decisiones de alcance general no pueden adoptarse sin escuchar a todas las partes, analizar el contexto global de la administración provincial y respetar la incumbencia de cada uno de los poderes del estado.
La adopción de medidas singulares y aisladas del contexto tales como cláusulas de veda, prohibiciones absolutas de ingresos a unidades, entre otras; desprovistas de una evaluación ponderada respecto de su impacto sistémico corre serio riesgo de incurrir en una omisión sustancial que afecte a la decisión como un acto jurisdiccional válido. Incluso, si se forzara de algún modo este razonamiento como se anticipó párrafos arriba, podría incurrirse en el absurdo de un remedio consistente en la simple multiplicación de vedas unidad por unidad a medida que cada juzgado tome conocimiento de la sobrepoblación local, vale decir, ese proceder, llevado a su consecuencia lógica, desembocaría en la imposibilidad práctica de alojar a cualquier persona en el sistema, sin que ello resuelva el problema estructural de fondo, que reside en el déficit global de plazas y no en la distribución puntual de la población entre establecimientos, o, al menos, no se agota en ésta última. De allí la necesidad -que entendemos debe regir como norte en estas decisiones, debería desarrollarse a partir de una visión de conjunto que permita distinguir entre medidas de alcance local razonablemente sostenibles y medidas que, por su efecto expansivo sobre unidades ya excedidas, requieren ser evaluadas a la luz de la situación general del sistema.
Para poder apreciar esta situación, basta sólo con compulsar un estado comparativo de distintas unidades, pero con estructuras edilicias y recursos humanos similares. Las diferencias que se podrán apreciar en niveles de sobrepoblación obedecen a la adopción de decisiones cautelares que, mayormente, sin considerar el contexto. En este sentido, puede verse una comparación de la Unidad 21 de Campana y la Unidad 24 de Florencia Varela, de ciertas similitudes. La U21 con una capacidad admisible de 748 internos, aloja en la actualidad una población de 918. En cambio, la U24, con una capacidad admisible de 1018 aloja una Población de 2464 internos.
En la misma relación de similitudes estructurales la U41 de la ciudad de Campana presenta una capacidad admisible para albergar 498 personas, cuando en realidad aloja en la actualidad aproximadamente 713 internos. De otro lado, la U42 de la ciudad de Florencia Varela con una capacidad admisible de 610 personas, aloja actualmente 1317 internos. No hace falta profundizar en los porcentuales de sobrepoblación que distinguen unos y otros, inexplicable en estructuras similares y sólo como consecuencia de una política de intervención interpoderes que no tuvo en cuenta la realidad global. Es posible trabajar de modo distinto para que la protección de derechos fundamentales que tutela el Poder Judicial sea efectiva, eficiente y alcance a todo el universo de las personas privadas de libertad, pese a las limitaciones materiales que hoy enfrenta el sistema.
b. En consecuencia, es mi parecer que no corresponde a este Tribunal, en esta instancia, sustituir a los jueces de grado en resolución que debe adoptarse ni en la delimitación de un cupo en particular por unidad ni en la auscultación de contexto que debe efectuarse con intervención de todos los organismos interesados y/o afectados por la cuestión a decidir. Lo que sí corresponde es garantizar que la decisión que en definitiva se adopte respecto de cada unidad cuente con el sustento fáctico de una visión integral, actual y contradictoria de la situación del sistema, obtenida con la inmediación que el caso reclama.
La Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia dispone de un organismo estrictamente abocado a la ejecución del Fallo “Verbitsky”, la Autoridad de Aplicación y Ejecución de Sentencia (APCS) organismo al cual puede acudirse en auxilio de la información necesaria para ubicar la situación de contexto y su impacto.
c. En el sentido expuesto advierto que en la presente causa N°4388 obran las constancias de la mesa de diálogo llevada a cabo en el marco de la causa N°4380 caratulada "UNIDADES COMPLEJO CENTRO NORTE Y SUR S/ PROBLEMÁTICAS AÑO 2017 ART. 25 CPP”
en trámite por ante el Juzgado de Ejecución Penal N°2, con representantes de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del Comité Permanente de Seguimiento, de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense, la Autoridad APCS, la Defensoría de Casación, la Dirección de Salud Penitenciaria, la Dirección de Infraestructura Edilicia, la Defensoría General de Azul, representantes del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, el Jefe del Complejo Penitenciario zona Centro Norte y Sur, los Directores de unidades y los Jefes de Sanidad de las mismas, siendo la unidad N°38 una de aquellas que integran el complejo penitenciario mencionado (v. https://mev.scba.gov.ar/proveido.asp?pidJuzgado=GAM2036&sCodi=6314& nPosi=688456&sFile=a&MT=).
Observo que en dicha convocatoria se trataron las cuestiones comunes que incumben a las unidades de los Complejos Penitenciarios Zona Centro, las cuestiones particulares de cada Unidad y, puntualmente la trama de superpoblación, la efectividad de las prohibiciones de ingreso y aquellas cuestiones que hacen a la temática examinada. d. Como puede verse se trata de una línea de trabajo que formaliza la concentración de litigios estructurales locales y que permitiría ordenar los objetivos de revisión, garantizando la tutela judicial efectiva a través del acompañamiento y encauzamiento de las pretensiones formuladas.
III. A partir de las consideraciones efectuadas, se evidencia el carácter dogmático de la respuesta inicial cursada y al mismo tiempo que el planteo de excepción cuenta con la suficiencia y carga técnica necesarias a los fines de ingresar a conocimiento de este tribunal (cfr. Fallos: "Strada" "Christou" y "Di Mascio", CSJN; arts. 14 y 15, ley 48).
IV. En consecuencia propicio al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación articulado, sin costas, casar la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías de Azul y disponer el reenvío de las actuaciones a la instancia de grado para que se renueven los actos necesarios, con la intervención de todos los interesados, y se resuelva tomando en consideración los lineamientos aquí expuestos, sin que lo que referido importe un adelanto de opinión acerca del fondo las cuestiones materia de impugnación.
En virtud de la propuesta formulada entiendo que el agravio traído en la causa N°149657 deviene abstracto, cuya declaración también formulo (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 448, 450, 460, 464, 530, 531, y concs., CPP) y a esta cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero al voto del doctor Carral, por sus fundamentos y a esta primera cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Carral dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde: 1. Hacer lugar al recurso de casación articulado, sin costas, casar la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul y disponer el reenvío de las actuaciones a la instancia de grado para que se renueven los actos necesarios, con la intervención de todos los interesados y se resuelva tomando en consideración los lineamientos aquí expuestos; 2. Declarar abstracto el recurso de casación presentado en la causa N°149657 (18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 448, 450, 460, 464, 530, 531, y concs., CPP). A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Maidana dijo:
Que voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. Hacer lugar al recurso de casación articulado, sin costas, casar la resolución dictada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul y disponer el reenvío de las actuaciones a la instancia de grado para que se renueven los actos necesarios, con la intervención de todos los interesados y se resuelva tomando en consideración los lineamientos aquí expuestos II. Declarar abstracto el recurso de casación presentado en la causa N°149657.
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 448, 450, 460, 464 y concordantes del Código Procesal Penal.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia