Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la oposición al pago de la tasa de actuación efectuada por la recurrente a fs. 87/92vta.; con costas.
2Intimarla para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese la tasa de actuación de autos, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda con más intereses (cfme. art. 7, ley 25.964).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-40219546-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 19 de Abril de 2024 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expediente 48.131-I (incidente), caratulado “UNILAN TRELEW S.A. s/ Apelación (incidente)”: El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 87/92vta. la actora se opuso a ingresar la tasa de actuación por ante este Tribunal establecida en la ley 25.964 atento su “ilegitimidad” (sic), toda vez que el monto recaudado en concepto de tasa resulta, a su entender, palmariamente desproporcionado en relación al costo del servicio prestado y en que las sumas recaudadas son destinadas a rentas generales y no al financiamiento de los gastos del Tribunal.
En este sentido, entendió que el cobro de la referida tasa de actuación afecta su derecho de defensa en juicio y los principios de igualdad, proporcionalidad, progresividad y capacidad contributiva que asisten a su parte.
II. Que a fs. 100 toma intervención el fisco nacional, y a fs. 165 se resolvió rechazar por inconducente la prueba ofrecida por la incidentista.
III. Que en relación a los planteos de la actora, cabe recordar que la ley 25.964 estableció que las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación estarán sujetas al pago de una tasa, cuya alícuota asciende al 2,50%, calculados sobre “el importe total cuestionado (incluyendo sanciones)”(conf. art. 2).
Dicha tasa debe ser abonada por la parte actora en su totalidad, en el acto de iniciación de las actuaciones. Asimismo, la citada ley dispuso la exención del pago de la tasa de actuación a las personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos, previendo que el trámite tendiente a obtenerlo también se encuentra exento de tributar (cfme. art. 9).
Es decir, la ley 25.964 establece el pago de una tasa de actuación ante este Tribunal a cargo de quien litiga –similar a la tasa de justicia que se abona al litigar ante el PJN-, pero prevé la posibilidad de eximirse de tal pago ante la demostración fehaciente de la imposibilidad de hacerlo, a fin de no afectarse el derecho de defensa y acceso a la justicia, a cuyo fin deberá solicitarse y sustanciarse el beneficio de litigar sin gastos.
IV. Que primeramente corresponde señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfme. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
V. Que los planteos de la incidentista han sido tratados por nuestra Corte en relación a las disposiciones de la ley 23.898 referida a la “tasa de justicia”; por lo que, atento la similitud que guarda la ley 25.964 respecto de aquella, las conclusiones de nuestro Alto Tribunal –las que comparto- resultan plenamente aplicables al caso de autos. Al respecto, la Corte expresó:
“También plantea la actora la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 23.898, en cuanto establece una tasa del 3% "sobre el valor del objeto litigioso que constituya la pretensión...", pues considera que esa disposición desnaturaliza las características de la tasa, tornándola ilegítima y confiscatoria.
Cabe reiterar en este punto lo expuesto precedentemente acerca de la improcedencia de la impugnación con base constitucional de un régimen jurídico por parte de quien -como es el caso de la provincia- se sometió voluntariamente y sin reserva expresa a aquél.
Sin perjuicio de ello, los argumentos en que se pretende sustentar la objeción resultan inatendibles. En efecto, la actora arguye que el monto total de lo recaudado por la tasa judicial debe guardar una razonable y discreta relación con el costo total del servicio efectivamente prestado, e invoca la doctrina del precedente de Fallos: 270:468 (in re: "S.A. Frigorífica Cía. Swift de La Plata c/ Administración General de Puertos"). Sobre esa base, aduce que el precepto antes citado desnaturaliza el concepto de tasa y transforma el tributo en un impuesto que no se vincula con el costo del servicio sino con el monto de la demanda. Añade que dicha norma impone indebidas restricciones que impiden el acceso a un tribunal.
En el pronunciamiento que menciona la recurrente, esta Corte sostuvo, efectivamente, que las tasas suponen una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado, con cita del precedente de Fallos: 234:663 -entre otros-.
Pero en este último se aclaró que respecto de ciertos servicios es imposible fijar con exactitud su costo individual y por eso, para los respectivos tributos "se fijan contribuciones aproximadas, equitativas, que pueden dejar superavits en unos casos y déficits en otros; estableciéndose compensaciones en cálculos hacendarios más o menos acertados, pero que los jueces no pueden revisar". También se recordó allí la doctrina de Fallos: 201:545, donde se dijo que si es de la naturaleza de la tasa tener relación con el costo del servicio, "no ha de interpretarse esto último en el sentido de una equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer, sino en el de que al cobro de una tasa corresponde siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente...". Y, finalmente, se dijo que "no se ha considerado injusto y se ha tenido más bien por equitativo y aceptable que para la fijación de la cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos se tome en cuenta, no sólo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente, sino también la capacidad contributiva de los mismos..., a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total del servicio público" (Fallos: 234:663; doctrina reiterada en Fallos: 277:218 y 287:184). Con arreglo a ese criterio, no es censurable que para la determinación de la tasa judicial se tenga en cuenta la capacidad tributaria del beneficiario del servicio, la que se presume por el monto del pleito o interés económico jurídicamente comprometido. Por otra parte, los servicios prestados por la administración de justicia son tanto más importantes y apreciables cuanto mayor sea el valor de los bienes sobre los que versa el proceso (doctrina de Fallos: 170: 131).
Es del caso recordar que la Corte Suprema no puede sustituir su criterio de conveniencia o eficacia económica o social al del Congreso de la Nación, para pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes que establecen impuestos o tasas (Fallos: 247:121).
Por lo demás, la invocada carencia de proporcionalidad entre el costo global del servicio y los montos totales recaudados en concepto de tasa judicial constituye una afirmación dogmática, pues se omite demostrar los extremos fácticos que la sustentarían.
En otro orden de ideas, debe desestimarse la tacha de invalidez del gravamen como contrario a los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional pues la garantía de la propiedad no es óbice a la aplicación de gravamen alguno en tanto no sea confiscatorio, y no puede tampoco serlo para la tasa en cuestión que siempre, en los pleitos de contenido patrimonial, pesará sobre alguien que entiende defender lo que es suyo (Fallos: 201:557 y 258:230). Tampoco puede decirse que dicha tasa desconozca la inviolabilidad de la defensa en juicio desde que no se ha probado, ni siquiera insinuado, la imposibilidad de sufragarla (Fallos: 125:10). Por lo demás, no puede sostenerse genéricamente que la tasa de justicia obste a la posibilidad de acceder a la jurisdicción, toda vez que la falta de ingreso del tributo no impide la prosecución del trámite normal del juicio (art. 11 de la ley 23.898)” (Fallos 321:1888, considerando 12°).
Vinculado a ello, nuestra Corte también ha dicho: “Que el beneficio de litigar sin gastos encuentra sustento en dos garantías de raigambre constitucional: la de defensa en juicio y la de igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional). Ello es así, pues por su intermedio se asegura el acceso a la administración de justicia, no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a las circunstancias económicas de los contendientes. En ese marco deben ser valorados también los intereses de la contraria, tan respetables como los de la actora, a fin de que no se vean conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en indebido privilegio (Fallos: 311:1372 y CSJ 793/2004 (40-B)/CS1 "Bergerot, Ana María c/ Salta, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios (beneficio de litigar sin gastos)", sentencia del 23 de junio de 2015” (Fallos 342:1473, considerando 2°).
Lo dicho por el Máximo Tribunal resulta plenamente aplicable al caso de autos y resulta suficiente para rechazar los agravios de la incidentista que sustentan su oposición al pago de la tasa prevista en la ley 25.964, con costas; eximiéndome de cualquier otro análisis, toda vez que la actora ni siquiera ofreció prueba tendiente a acreditar que el pago de la tasa le resulte confiscatorio, ni solicitó –pudiéndolo hacer si realmente se encontraba imposibilitada de afrontar el pago- el beneficio de litigar sin gastos previsto en la norma para eximirse del pago. En definitiva, los planteos de la incidentista representan meras discrepancias en cuanto a su obligación de pagar la tasa de actuación ante este Tribunal, carentes de contenido sustancial y prueba relevante que sustenten tales argumentaciones, lo que justifica su rechazo con costas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Que por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar la oposición al pago de la tasa de actuación efectuada por la recurrente a fs. 87/92vta.; con costas.
2. Intimarla para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese la tasa de actuación de autos, bajo apercibimiento de librar la correspondiente boleta de deuda con más intereses (cfme. art. 7, ley 25.964).
Se deja constancia de que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales de la Sala “C”, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683 por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2024.04.17 16:47:07 -03:00 Date: 2024.04.19 13:50:49 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.19 13:50:50 -03:00
Fin de la sentencia