Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 30.346-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Fallo N° 248/2011 (AD IGUA), por los motivos expuestos en los Considerandos VI, VII y VIII del voto del Dr. Licht. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-21389865-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Febrero de 2023 En la ciudad de Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “UNIÓN AGRÍCOLA AVELLANEDA COOP. LTDA Y OTRO s/ recurso de apelación”, expediente N° 30.346-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 1/93 la firma UNIÓN AGRÍCOLA AVELLANEDA COOP. LTDA y el SR. LUIS ARNALDO OCAMPO -despachante de aduana-, se presentan, por apoderado, e interponen recurso de Apelación, en los términos del art. 1132 inc. a) CA, contra la Resolución Fallo N° 248/2011 (AD IGUA) emitida por la Aduana Puerto Iguazú - AFIP DGA, dictada en el marco del Sumario Contencioso N° SC29-06-118 "S/INF. ART. 954 Inc. a) del Código Aduanero" que: 1) condena a los actores al pago de una multa mancomunada y solidaria de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($.17.655,75) por haberse configurado la infracción tipificada en el art. 954 inc. a) CA; 2) Condena al Sr. LUIS A. OCAMPO con una multa de igual valor por registrar antecedentes infraccionales, en los términos del art. 915 y 927; y 3) Desvincular a los encargados de todo efecto tributario, de acuerdo al art. 1112 inc. b) CA.
Relata la actora que, mediante Destinación N° 06 029 IC05 000837 W, con fecha de oficialización 1/6/2006, se documenta mediante Sistema Informático María, para el ítem 1, la posición SIM 8419.39.00.000 H. El día 05/06/2006, la Sección Resguardo dependiente de la División Aduana de Iguazú de la DNA, labra Acta N° 002/2006 (fs.21) denunciando presunta Infracción al art- 954 CA, al considerar que la mercadería clasificaba en la posición SIM 8419.31.00.000 M, por lo que el Certificado de Origen no amparaba la mercadería presentada a despacho, generando una diferencia tributaria. Manifiesta que con fecha 09/06/06, solicitó el libramiento de la mercadería bajo el régimen de garantía, art 453 inc. a) del código ritual (fs. 7); que el día 12/06/06 se confeccionan las Liquidaciones Manuales N° 3338 y 3339, notificadas con fecha 24 y 26 de junio de 2006 y que, previa constitución de la Garantía, por Disposición 356/2006 se levanta la interdicción y se libra a plaza. Dice que el 11/06/2006 se inicia la Instrucción de Sumario Contencioso N° SC029-06-118, contra el cual se promoviera, oportunamente, procedimiento de impugnación, resultando de la misma -con Dictamen del Servicio Letrado de la Aduana Iguazú N° 019/2011 (AD IGUA) de fecha 30/05/2011 (fs. 62/65)-, la emisión de la Resolución Fallo N° 90/2011 (AD IGUA) del 30/05/2011, sobreseyendo definitivamente a la importadora y al despachante de aduana de conformidad a lo normado por el art. 1097 y 1098 inc. b) CA, y ordenando la devolución de la garantía -previa aprobación de la superioridad-. Se fundamenta tal decisorio en que “no existe perjuicio fiscal aun cuando resultara ser otra la posición arancelaria correspondiente, el hecho investigado no encuadraría en él, al no vulnerarse ninguno de los supuestos previstos en sus diferentes incisos”.
Agrega que posteriormente, tanto la División Clasificación Arancelaria como la Dirección de Técnica - Subdirección General Técnico Legal Aduanera, coincidieron en que la mercadería en cuestión clasificaba en la posición arancelaria NCM 8415.82.90 y posición SIM 8415.82.90.200 a la fecha de la documentación. Y que la División Evaluación y Desarrollo Normativo —Dpto. Técnica de Importación determinó que el Derecho de Extrazona a la fecha 01/06/06 era del 0% (Dcto.690/02) y exento de la tasa de estadística (Dcto.389/95), informando que la posición SIM en cuestión se encontraba comprendida en el Régimen de Política Automotriz incluida en el XXXI Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 14 (ACE14) y sujeta a la presentación de una garantía (Motivo REAU), por todo concepto, del 75%, calculado sobre un DIE del 14%. Pero que por Resol. 369/06 puesta en vigencia a través de la instrucción impartida mediante Nota Externa N° 12/06, la DGA estableció que la devolución de las garantías constituidas por motivo REUA en el período comprendido entre el 01/01/2006 al 30/06/2006, con lo cual el derecho de importación quedo en 0%. Con fundamento en todo ello, la División Dictámenes en Sumarios Aduaneros – AFIP DGA el 31/08/2011 emite Dictamen N° 1013/11 (DV DSAD), opinando que "...se ha incurrido en una declaración inexacta dado a que al momento de la oficialización del despacho de marras se encontraba incluido en el régimen automotriz (31° Protocolo Adicional ACE 14) debiendo constituir una Garantía por todo concepto del 75% sobre un DIE del 14%, lo cual no ha presentado. Posteriormente por Resol. SICyPyME 369/06 se estableció la devolución de las garantías constituidas en el periodo que corre desde el 01/01/06 al 30/06/06." "…y habiéndose incurrido en una declaración inexacta que de haber pasado inadvertida hubiese podido producir -en forma potencial- perjuicio fiscal, atento a la falta de presentación de la garantía ya citada, se entiende que se encontraría configurada la infracción enrostrada...". Por lo cual, mediante Resolución N° 963/2011 (SDG TLA) no se aprueba la Resolución Fallo N°90/2011 (AD IGUA) y el día 16/11/2011 se produce la Resolución Fallo N° 248/2011 (AD IGUA) apelada en autos.
Se agravia la actora de la Resolución Fallo apelada porque entiende que es necesario hacer una clara distinción entre bienes y posición arancelaria, dado que considera que en el presente caso, se pretende afirmar que el producto importado es un “autopartes de la industria automotriz” por el sólo hecho de que la posición arancelaria está mencionada en el Acuerdo, cuando se trata en realidad de un bien distinto a aquel. Explica que el producto por él importado no pertenece al Régimen Automotriz a pesar de estar la NCM incluida en uno de los anexos que hacen al mencionado régimen, por lo que no correspondería garantía alguna, y por lo tanto no se habría cometido la infracción enrostrada. También se agravia de la afirmación de que no se habría presentado garantía, por cuanto resalta que, a efectos del libramiento a plaza y frente a la tacha de inválido del CO, se procedió a garantizar el despacho. Y que si bien el motivo de la garantía era otra, la finalidad es la misma, es decir, que el fisco se resguarde de un posible perjuicio fiscal. Así advierte que el importe garantizado oportunamente, cubre ampliamente el monto pretendido por todo concepto, del 75% calculado sobre el DIE del 14%, y destaca que “esta garantía (en efectivo), al día de hoy se encuentra afectada y vigente”.
Ofrece prueba. Hace reserva de Caso Federal. Solicita se haga lugar al sobreseimiento, instruyéndose sean devueltos los importes garantizados en efectivo con más intereses, todo ello con expresa imposición de costas.
II. A fs. 99/104vta. la representación fiscal contesta el traslado conferido y luego de hacer una negativa genérica se explaya sobre los actuados aduaneros. Relata que las actuaciones administrativas (N° 12301-375-2006) se inician con el Acta de Infracción N° 002/2006 de fecha 05/06/06, labrada en la Sección Resguardo por el UTV interviniente, a los fines de dejar constancia del control documental sobre la destinación 06 029 ICOS 000837 W, resultado del cual surgió que la PANCM 8419.39.00.0001-1 declarada en la operación correspondiente a “Los Demás Secadores” era incorrecta, dado que en la nomenclatura existiría posición arancelaria específica (8419.31.00.000M), por lo cual procedió a detener el embarque, poniendo la mercadería a disposición de la Administración y denunciando en los términos del art. 954 inc. a) del CA. Menciona que, producida la apertura sumario conforme art. 1090 inc. c) del C.A, el servicio letrado se expide mediante el Dictamen N° 019/2011 (AD IGUA), propiciando el sobreseimiento de los encartados; criterio compartido por el Juez Administrativo a través de la Resolución Fallo N° 90/2011 (AD IGUA), que fuera elevada a la Superioridad en los términos del artículo 1115 del C.A, por Nota N° 027/2011 (Sec. S), esto es, a la Dirección de Asesoría Legal Aduanera. Así las cosas, a fs. 87/89 la División Dictámenes en Sumarios Aduaneros emite el Dictamen N° 1013/11 (DV DSAD), en base al cual, por Resolución N° 963/2011 (SDG LTA), no se aprueba la Resolución Fallo N° 90/2011 (AD IGUA). Con posterioridad, y en virtud de lo establecido en el art. 1040 del CA, se produce el Dictamen N° 171/11 (AD IGUA) en base al cual el Juez Administrativo se pronuncia, a través de la Resolución N° 248/2011 (AD IGUA) aquí apelada.
Sostiene que la actora incurrió en una declaración Inexacta que, de haber pasado inadvertida hubiese podido producir -en forma potencial- un perjuicio fiscal, atento la falta de presentación de la garantía a la que estaría obligada, por calificar la mercadería que habría importado en una PA incluida en Régimen de Política Automotriz del XXXI Protocolo Adicional al ACE14. Explica que el hecho punible surge de una diferencia en la Clasificación Arancelaria de la mercadería en cuestión, siendo la mercadería resultante correspondiente al item 1 de la Destinación 06 029 lC05 000837W, con fecha de oficialización 1/06/2006, la que debería conceptuarse como "Máquina para acondicionamiento de aire, de capacidad igual a 36.364 frigorías/h, destinada a insuflarlo en silos metálicos para cereales", clasificando en la posición arancelaria NCM 8415.82.90 y posición SIM 8415.82.90.200 a la fecha de su documentación. Agrega que tal PA se encontraba comprendida en el Régimen de Política Automotriz del 31° Protocolo Adicional al ACE N° 14 y, por tanto, sujeta a la presentación de una garantía (Motivo REAU) por todo concepto del 75% calculado sobre un DIE del 14%, la cual no ha sido presentada por la recurrente. Con tal fundamento, concluye que estaríamos frente a la infracción cuyo tipo legal y consecuencia jurídica preceptúa el art. 954 a). Cita jurisprudencia.
Entiende que no resultaría de aplicación la Doctrina de los actos propios, por cuanto las resoluciones que habría dictado la Aduana de Iguazú no resultan idóneas para reforzar la postura que la actora pretende convalidar, dado que se trata de supuestos fácticos distintos. Y que tampoco le asiste ningún derecho adquirido a pretender la invariabilidad de los criterios de la administración. Cita jurisprudencia.
Finalmente, ofrece como prueba la Actuación N° 12301-375-2006, y solicita se confirme, en todos sus términos, la Resolución Fallo N° 248/2011 (AD IGUA) apelada, con costas.
III. A fs. 123 se resuelve que la cuestión sea tratada como de puro derecho y se elevan los autos a consideración de la Sala “G” y la que los llama a sentencia a fs. 127.
IV. La Actuación SIGEA N° 12301-375-2006 se inicia a fs. 1/14 con Nota de elevación de la Aduana Iguazú a la Sección Sumarios, del Acta de Infracción N° 002/2006 del 7/6/2006, resolviéndose a fs 15, la instrucción. A fs. 16, en Actuación SIGEA N° 12290-542-2006, mediante Nota del 8/6/2006, el despachante de aduana solicita el libramiento de la mercadería en trato, bajo el Régimen de Garantía art. 453 inc. a) e inc. h) CA, para lo cual constituye garantía electrónica con el objeto de asegurar diferencias de tributos aduaneros y posible multa, por infracción al art. 954 CA. A fs. 19 y 24 obran liquidaciones manuales N° 06 029 LMAN 003339 X de fecha 12/6/06 por el concepto “Multa V.ART 4” de $5.967,72 y a fs. 24 se agrega la N° 06 029 LMAN 003338 H del 5/7/06 por “IVA (GTIA)” $ 544,87 y “DER. IMPORTAC” de $ 5.189,38. A fs. 29 y 30 obras sendos comprobantes de pago. A fs. 31/32, a través de Disposición N° 356/2006 (AD IGUA) del 6/7/2006, se levanta medida cautelar de interdicción sin derecho a uso de las mercaderías. A fs. 33 obra sobre contendedor del D.I. N° 06 029 IC05 000837 W. A fs. 34/34vta. con fecha 16/8/2006 se corre Vista de la instrucción del sumario a la actora, constando notificación a fs. 39 y 62/63. A fs 40/52 el despachante de aduana contesta traslado e interpone Recurso de Impugnación. A fs. 56/58 la firma propicia el suyo. A fs. 72/73 obra Dictamen Técnico N° 10/2011 y a fs. 77/85 la Resolución Fallo N°90/2011 (AD IGUA). A fs. 87/89 se agrega Dictamen Técnico N° 1013/11 (DV DSAD) y a fs. 90/92 la Resolución N° 963/2011 (SDG TLA). Por último, a fs. 95/99 se lee el Dictamen N° 171/2011 (AD IGUA) y a fs. 104/110 la Resolución Fallo N° 248/2011 (AD IGUA) apelada en autos, notificada a las partes el día 17/11/2011.
V. Por una cuestión de lógica precedencia, corresponde en primer lugar analizar si la resolución apelada se ajusta a derecho. Al respecto, y tomando en cuenta que el Código Aduanero no contiene normas específicas sobre la nulidad, de conformidad con su artículo 1017 deviene aplicable supletoriamente las disposiciones de la Ley N°19.549 de Procedimientos Administrativos y sus modificaciones. Así, el art. 7° de dicha norma enumera los requisitos esenciales del acto administrativo y, en lo que aquí interesa, especifica como esenciales a la Causa (inc. b) y a la Motivación (inc. e).
VI. Con relación al requisito de causa, la ley establece que el acto administrativo, para que sea válido, “ deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.” Eso es, el acto administrativo emitido debe ser el producto de los hechos comprobados en la causa y del derecho aplicable al caso, por lo que no habrá causa si del análisis de los antecedentes que obran en el expediente no han quedado debidamente comprobados los presupuestos de hecho que se le imputan al contribuyente -o no pueden imputárselos subjetivamente-, y tales presupuestos son aquellos que la norma aplicable requiere para darse por configurado el hecho imputado; y, respecto del derecho aplicable, la falta de causa se configura cuando el acto administrativo se funda en un derecho que no resulta aplicable al caso. En otras palabras, la existencia de causa del acto administrativo se produce cuando hay hecho comprobado imputable al sujeto y hay derecho aplicable, y ambos -hecho y derecho-, se engarzan para generar la circunstancia que la ley del tributo considera observable.
Respecto de los hechos y antecedentes de autos debe señalarse que, tanto de las tanto de las actuaciones administrativas como del producto de esta instancia, surgen los hechos tomados en consideración por el fisco para encuadrar el tratamiento del asunto como Declaración Inexacta del art 954 a) CA. Ello así, se detectó que la Posición Arancelaria de la mercadería importada declarada (ítem1) no se correspondía con la realidad, por lo que se tildó de inválido el Certificado de Origen; se verificó que para el libramiento a plaza la demandada constituyó garantía electrónica que se tradujo en el pago de una suma de dinero en concepto de multa, derecho de importación e IVA –posición arancelaria eximida de TE-; y las áreas competentes opinaron que se trataba de una PA con DIE del 0% pero incluida en el Régimen Automotriz, sujeto a la constitución de garantía (Motivo REAU).
En cuanto al derecho aplicable, cabe recordar las disposiciones del Art. 954: "1. El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación …, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal,…; b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación,…; c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, …".
Resulta oportuno citar la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema interpretación de las leyes, a saber: “Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, que la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley y también que cuando esta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma. CSJN “Bizi Berria SRL c/AFIP s/impugnación de acto administrativo”, sentencia del 26/11/2019.
En ese sentido, las reglas que emanan del citado art. 954 no exigen mayor esfuerzo de interpretación, surgiendo con nitidez que la encartada no califica en ninguno de los tres incisos, por cuanto al habérsele exigido “cubrir el importe equivalente al del valor en aduana de la mercadería de que se tratare, salvo que el máximo de la multa eventualmente aplicable fuere inferior, caso en el cual bastará garantizar este último importe,... además [de] pagarse el importe que resultare de la liquidación estimativa de tributos practicada en la declaración comprometida y garantizarse la diferencia entre esa cantidad y el máximo que el servicio aduanero razonablemente considerare que pudiere adeudarse en tal concepto…” (art. 453, incisos a y h del CA), para el libramiento a plaza, cualquiera sea el resultado de la controversia, jamás podría haberse incurrido en "perjuicio fiscal". Una opinión contraria no podría prosperar por ser tachada de excesiva rigurosidad formal.
Ha dicho la Alzada que "el acto administrativo carece de causa cuando analizando la razón que justificó su emisión, los antecedentes de hecho y de derecho invocados no se corresponden con la realidad objetiva" (CNCAF Encotel c/ Protección de Llaves S.A. y Otro s/ contrato administrativo, Sala V, sentencia del 2/5/1996). Advirtiéndose la presencia de notoria discordancia entre los hechos y antecedentes que surgen de la causa y el derecho que pretende el servicio aduanero aplicar, no puedo sino afirmar que estamos en presencia de un acto administrativo con vicio de causa.
VII. Con relación al requisito de motivación, el inciso e) del art 7° indica que el acto administrativo "deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo"
Sobre el particular, resulta esclarecedor traer a colación doctrina de la sala 2 de la CNACF "Cooperativa del trabajo Cooperando Ltda. c/ Inst. Nac. de Acc. Coop. s/ apelación", sentencia del 3/2/19, que dice: "...La causa - entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que en cada caso llevan a dictar el acto administrativo-, se diferencia de la motivación, en tanto motivo (o causa) es la circunstancia de hecho impuesta por la ley para justificar la emisión del acto y motivación es la expresión o constancias de que dicho motivo existe o que concurre en el caso concreto, de lo que se sigue que motivo y motivación son matices de un mismo concepto o idea pero son cosas distintas... motivación no es otra cosa que un aspecto o ingrediente del elemento forma del acto administrativo que tiende a poner de manifiesto la juridicidad del acto emitido, acreditando que, en el caso concreto concurren las circunstancias de hecho o derecho que justifican la emisión... (confr.esta Sala in re Beamurgia , del 23 de sept. de 1993).(Ver Sala II del Fuero, 29/9/94, Aramburu)".
Entonces, en caso de existir, la motivación se exterioriza en la explicación inserta en el acto administrativo que rinde los motivos que llevaron al fisco a producirlo. Ello así, en autos la motivación se explica diciendo: "… se propicia el dictado de resolución que condenara a los imputados, en los términos del Art. 954 inc. a) del CA, en atención a que se encontraría probado que al momento de la oficialización de la destinación en trato no se habría cumplido con la Garantía prevista por el Régimen de Política Automotriz vigente a la fecha, lo que pudo haber producido un perjuicio fiscal de haber pasado desapercibido, debiéndose tener presente el art. 915 siguientes y concordantes y el inc. b del art. 1112 del CA, que en el caso es negativo".
Y, reproduciendo la doctrina antes citada, si entendemos al "motivo" como la circunstancia de hecho impuesta por la ley para justificar la emisión del acto, tratándose del art 954 a), la circunstancia de hecho a acreditar vendría dada por una declaración inexacta que produjo o pudo llegar a producir perjuicio fiscal. Sin embargo he de resaltar que la Resolución apelada justifica la emisión del acto en la falta de constitución de la Garantía Motivo REAU, no constituyendo tal requisito formal un presupuesto legal para la configuración de la figura legal imputada a la actora. Llegado a este punto, cabe recordar inveterada doctrina del Máximo Tribunal que sostiene que "… toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos (Fallos: 312:1058; 313:475; 316:609; 326:1885; 332:826, 943; 334:490; 339:873)” (CSJN “Anselmi y Cía. SRL c/AFIP -DGI- s/impugnación de deuda”, sentencia del 17/12/2020).
De lo dicho, no cabe sino advertirse que el acto administrativo atacado carece de motivación, por cuanto evidencia deficiencias de juridicidad que imposibilitan acreditar que en autos, efectivamente se verifican los presupuestos establecidos por ley para la configuración de la figura endilgada.
VIII. Haciendo propio el pensamiento del Máximo Tribunal cuando entiende que cuando “se ha extendido el valor formal de dichos institutos más allá de los límites razonables, utilizando pautas de excesiva latitud y prescindiendo de una adecuada ponderación de aspectos relevantes del expediente, todo lo cual conduce a la descalificación del pronunciamiento con arreglo a la doctrina de la arbitrariedad” (CSJN “Iglesias, Germán c/Estado Nacional”, sentencia 20/12/1994), sostengo que el acto administrativo apelado no cumple con los requisitos esenciales de causa y motivación exigidos en el artículo 7° de la LPT por lo que, con fundamento en el art. 14° inc. b) de dicho cuerpo normativo, corresponde calificar a la Resolución Fallo N° 248/2011 (AD IGUA) como nula, de nulidad absoluta e insanable. A tenor de lo expuesto, voto por:
Revocar la Resolución Fallo N° 248/2011 (AD IGUA), por los motivos expuestos en los Considerandos VI, VII y VIII. Costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución Fallo N° 248/2011 (AD IGUA), por los motivos expuestos en los Considerandos VI, VII y VIII del voto del Dr. Licht. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.02.24 17:07:10 ART Date: 2023.02.26 19:05:27 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.27 18:31:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.27 18:31:58 -03:00
Fin de la sentencia