Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa U-2.020/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 826/861 vta. por la Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz, y a los recursos de casación interpuestos a fs. 863/896 por los Sres. Javier A. Stoessel, Diana M. Huerga Cuervo y Juan José Ortega, a fs. 898/920 vta. por el Partido Obrero, y a fs. 922/947 por la Sra. Carolina Miro, y, en consecuencia, casar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 742/759 vta..-
2Declarar que el amparo resulta ser la vía idónea respecto al reclamo impetrado en estos autos, debiendo la Excma. Cámara expedirse sobre el fondo de la cuestión, conforme lo dispuesto en el punto X de los considerandos.-
3Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se regulen en las anteriores instancias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: U-2.020/15-TSJ Sentencia N°: 590.-
Actor UNIÓN CÍVICA RADI-CAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTROS Demandado: ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: AMPARO Fecha: 17-7-15 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 590 FOLIO Nº 3.383/3.393 PROT. ELECT. TSS1 006 S.151
Río Gallegos, 17 de julio de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “UNIÓN CÍVICA RADI-CAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTROS c/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ AMPARO”, Expte. Nº U-16.559/15 (U-2.020/15-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y,
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz a fs. 826/861 vta., y de los recursos de casación interpuestos por los señores Javier A. Stoessel, Diana M. Huerga Cuervo y Juan José Ortega a fs. 863/896, el Partido Obrero a fs. 898/920 vta., y la Sra. Carolina Miro a fs. 922/947, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 742/759 vta.. Esta última revocó el pronunciamiento dictado en primera instancia a fs. 542/575 y rechazó “...la acción de amparo interpuesta por los Sres. Javier A. Stoessel, Diana M. Huerga Cuervo, Sara Beatriz Murdoch, Ana Carolina Miró, Juan José Ortega, Victoriano Alfonso Lobo, y por los Partidos: Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido Obrero, Unión Cívica Radical y Encuentro Ciudadano adherente a éste último…” (cfr. fs. 759).-
II. Debemos señalar, en primer lugar, que en los presentes autos tramitan distintas demandas de amparo. Así encontramos las siguientes: a fs. 104/109 interpuesta por los Dres. Javier A. Stoessel y Diana M. Huerga Cuervo; por las Sras. Sara Beatriz Murdoch y Ana Carolina Miro a fs. 263/268; por los Sres. Juan José Ortega y Victoriano Alfonso Lobo a fs. 382/387; por el Sr. Emilio Alejandro Poliak en representación del “Movimiento Socialista de los Trabajadores”- a fs. 402/408 vta.; por el Partido Obrero de la Provincia de Santa Cruz a fs. 413/420 vta.; y por la Unión Cívica Radical de esta provincia a fs. 430/446. En ellas se cuestiona la constitucionalidad de los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 3415, en cuanto establecen el sistema de lemas y sublemas para la elección de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz.- En primera instancia se hizo lugar “…a la demanda promovida por los Sres.
Javier A. Stoessel, Diana M. Huerga Cuervo, Sara Beatriz Murdoch, Ana Carolina Miró, Juan José Ortega, Victoriano Alfonso Lobo y por los partidos: Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido Obrero y Unión Cívica Radical, contra el ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la ley 2052, según reforma de la ley 3415, en cuanto incluyen en ese régimen de ‘lemas’ las categorías de Gobernador y Vicegobernador; por ser violatoria de los arts. 1, 3, 77, 78 y 114 de la Constitución Provincial; 1, 5, 31, 37 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 23 CADH, 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 25 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; debiendo abstenerse el demandado de aplicar dicha norma en el presente y futuros procesos electorales, para las candidaturas de Gobernador y Vicegobernador…” (cfr. fs. 574 vta.).- Apelada dicha sentencia, la Excma.
Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y rechazó las demandas de amparo promovidas. Para así decidir, sostuvo que “…el punto e) de su sentencia, que denomina Caso Colectivo, es una construcción artificial que termina por desmoronar el edificio de su sentencia, toda vez que el tema es uno de los cimientos en que se apoya, no la decisión, sino la idoneidad de la vía del amparo y la potencialidad de la extensión de la sentencia. En primer lugar, parte el juez de considerar la acción como declarativa de inconstitucionalidad, aunque encausada por la vía del amparo, definiendo que se trata de un proceso colectivo por la variedad de intereses comprometidos y representados (partidos políticos distritales y ciudadanos electores), a lo que suma el contenido indivisible de su objeto.- Sin perjuicio que estas manifestaciones son simples peticiones de principios sigue adelante y concluye que la sentencia tendrá un efecto expansivo que afectará a ese universo electoral.- Curioso salto lógico de una individualidad relativamente pequeña de electores amparistas a todos los ‘electores que compartirían (¿con éstos?) un interés afectado que permite al juzgador dar a la sentencia un efecto expansivo que afectará al universo electoral…” (cfr. fs. 750 y vta.).
Entiende la Cámara que resulta inadmisible concluir que los amparistas representen intereses difusos o actúen como defensores del pueblo. Al respecto afirma que “…Lo ‘colectivo’, el conjunto, ni siquiera se puede conformar con la participación de los partidos políticos que fueron citados a juicio… ya que éstos, aún reconociéndoles legitimación, sólo representan el universo singular de los electores afiliados, nunca el universo de todos los electores.- El problema que surge… es que hay un grupo claramente importante que no fue citado a juicio, que no fue escuchado, pero que los efectos de la sentencia pretende afectar a los electores independientes no afiliados a ningún partido…” (cfr. fs. 750 vta./751).
También agrega en relación al caso colectivo, que esta resulta ser una construcción del juzgador, no habiendo alegado las partes nada en este sentido (conf. fs. 751).- Expresa que “…el amparo deja de ser un amparo clásico para convertirse en un aparo colectivo por decisión personal del juzgador que refiere, también sin mayores precisiones y con una cuota de ambigüedad importante, que estamos ante derechos de incidencia colectiva que torna operable la legitimación ampliada -dice del art. 45 de la C.N., cuando en realidad se refiere al art. 43 segunda parte de la CN.- El problema que surge aquí es que esta legitimación ampliada del art. 43, segundo parte, de la C.N. está limitada a la defensa de los derechos que se encuentran constitucionalizados en esa misma norma: la discriminación, los derechos que protegen el ambiente, los derechos que protegen la competencia, los derechos que protegen al usuario y al consumidor y los derechos de incidencia colectiva en general…” (cfr. fs. 752 y vta.).- Afirma la Cámara que la construcción del caso colectivo es equivocada, ya que considera sólo en el marco de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y la competencia, de los derechos de usuarios y consumidores y los derechos de sujetos discriminados, es posible pensar el efecto expansivo de la sentencia que se produce en Halabi, “…Pero no son estos derechos los que están en juego en la presente acción y ni las partes, ni el a quo explican por qué y cómo estos derechos deben ser canalizados por una acción de amparo colectivo con las posibilidades de extender los efectos de la sentencia a la comunidad toda…” (cfr. fs. 756).
Argumenta que “…Halabi es un precedente donde se discuten derechos de uso y consumo y que los efectos expansivos de la sentencia provienen de una manda expresa de la ley Nº 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) que en su art. 54, segundo párrafo prevé expresamente esta posibilidad… En nuestro caso, no hay ninguna ley que establezca esta posibilidad, no estamos frente a esos derechos de tercera generación que nuestra C.N. pretende defender con una legitimación extraordinaria, mediante verdaderas acciones de clases…” (cfr. fs. 757).- Por último, en su parte más significativa, el fallo enuncia que “…No se trata de postular que estamos frente a derechos políticos que no son justiciables sino que la vía del amparo colectivo no resulta idónea y debe ceder frente a acciones que tienen basamento en nuestra Constitución, en el marco del diseño de su competencia originaria.
Efectivamente, el art. 132, tercer párrafo de nuestra Carta Magna Provincial, establece que el TSJ ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad de las leyes…” (cfr. fs. 757 y vta.). Al respecto agrega, citando el art. 3º inc. e) de la Ley Provincial 1117, que la vía es la acción declarativa de inconstitucionalidad.-
La Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz, a fs. 826/861 vta., interpone recurso de inconstitucionalidad, solicitando “…que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz declare que la resolución recurrida infringió y atribuyó una inteligencia errónea y contraria a las cláusulas de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional controvertidas; decida el punto disputado haciendo lugar al amparo promovido por la Unión Cívica Radical; y por ende se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de los artículos 3º y 4º de la ley 3415…” (cfr. fs. 826 vta.). En este sentido expresa que “…Frente al errado razonamiento jurídico de la Cámara… que trasluce un excesivo rigor formal, nos vemos obligados a interponer el presente recurso de inconstitucionalidad para que se otorgue una exacta y adecuada interpretación a las cláusulas constitucionales que regulan el amparo y que, en el presente caso, otorgan legitimación a la UCR tanto si se encuadra el procedimiento como un ‘amparo clásico’ como si se lo encuadra como un ‘amparo colectivo’…” (cfr. fs. 843 vta.).- Sostiene la recurrente que posee legitimación en virtud de la “…competencia exclusiva que ostenta... para postular candidatos a cargos públicos electivos (legitimación para amparo ‘clásico’) y en su condición de institución fundamental del sistema democrático y custodio del orden republicano y de la democracia representativa… (legitimación para amparo ‘colectivo’)…” (cfr. fs. 844). Argumenta que presentó el amparo alegando su carácter de afectado directo, y que si la Cámara consideró que no existía un caso colectivo, debía tratarlo como un caso clásico, para el cual entiende que contaba con legitimación suficiente (conf. fs. 846 vta.).-
Respecto a la configuración de un caso colectivo, alega que “…es constitucionalmente incorrecto e improcedente sostener -como lo hace la sentencia recurrida- que en el presente caso no existe un ‘caso colectivo’ a la luz del artículo 43 de la Constitución Nacional y que el caso colectivo no está adecuadamente definido y delimitado… estamos ante un caso de derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos… El respeto a la legalidad constitucional y, en particular, a las reglas constitucionales que organizan la elección de las autoridades gubernamentales, constituye claramente un bien colectivo indivisible, que no tiene un beneficiado directo, y que pertenece a toda la comunidad de la Provincia de Santa Cruz, no admitiendo exclusión alguna…” (cfr. fs. 847 vta./848).
Por otro lado, entiende que “…se presentan como afectados derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto intereses individuales homogéneos… A su vez, existe una causa fáctica común, un hecho único que lesiona a la pluralidad de derechos afectados. Dicha causa fáctica se reduce a la los [sic] artículos 3º y 4º de la ley 3415 que modifican en forma inconstitucional el sistema de elección de Gobernador y Vicegobernador a través de la introducción del sistema de la ley de lemas… el ejercicio individual de la presente acción no aparece plenamente justificado sino que, la exigencia de que los reclamos sean cursados en forma individual por cada partido político (o elector) en forma individual con efectos limitados a cada partido político (o elector) se muestra como de imposible cumplimiento en este caso…” (cfr. fs. 848 vta./849).- Bajo el acápite “Inexistencia de una vía procesal más idónea”, sostiene que es “…constitucionalmente incorrecto e improcedente sostener -como lo hace la sentencia recurrida- que en el presente caso existe una vía procesal más idónea que el amparo promovida por nuestra parte… en relación a la viabilidad de promover una acción en competencia originaria del Tribunal Superior de Justicia, si bien nuestra parte inició estas actuaciones en dicha sede, el asunto ya ha quedado saldado por decisión del propio Tribunal Superior… quien en su resolución obrante a fs. 449 declaró su incompetencia para intervenir en esta acción en instancia originaria…” (cfr. fs. 850 vta./851).
Agrega que la sentencia recurrida cae en un excesivo rigor formal que termina impidiendo el acceso a la justicia de la actora (conf. fs. 851 vta.).- Continúa su recurso expresando que, respecto a la aplicación del art. 3º inc. e) de la ley 1.117, “…En este caso no es necesario amplitud de debate o prueba en tanto estamos ante una cuestión de puro derecho. A su vez, en autos no se está cuestionando la invalidez de un acto sino que directamente se está cuestionando la constitucionalidad de una norma por su evidente y palmaria contradicción con las normas de la Constitución Provincial aquí invocadas (art. 114 y 73 inc. 2). Por ende el inciso e) del artículo 3º no es de ningún modo operativo atento que no está en juego ‘la determinación de la eventual invalidez de un acto’…” (cfr. fs. 852).-
A fs. 863/896 interpone recurso de casación los Sres. Javier A. Stoessel, Diana M. Huerga Cuervo y Juan José Ortega. Alegan que “…si bien la sentencia no resuelve el fondo del planteo, el rechazo de la vía del amparo genera un agravio irreparable, pues impide que se resuelva el fondo jurídico del asunto con anterioridad a las elecciones previstas para el mes de octubre de 2015…” (cfr. fs. 863 vta.).-
A fs. 871 afirman que la Cámara fue ilegalmente constituida, y que habiendo planteado la recusación con causa con respecto a la Dra. Reneé Guadalupe Fernández, la misma fue rechazada “…pero con vicios in procedendo e in iudicando, siendo la decisión así adoptada claramente ilegal. Esta parte planteó en el momento procesal pertinente recurso de casación, el que se encuentra en trámite; pero donde, de procederse conforme a derecho y haciendo lugar a lo planteado en dicho remedio casatorio, debiera revocarse lo resuelto, hacer lugar a la recusación y declarar nulo todo lo actuado con posterioridad… De tal modo que declarada la nulidad en tal incidente, ello afecta la legalidad de la resolución de la Cámara dictada en el principal…” (cfr. fs. 871 vta.).-
A continuación considera que “…El tenor de los agravios expresados por las partes en tanto no contenía una crítica concreta y razonada de los argumentos de la sentencia de primera instancia, inhabilitaban a la Cámara para dar tratamiento a los mismos… [la Cámara] está impedida de abordar críticas que no fueron expresadas; y, no habiéndose expresado críticas a la sentencia, nada podía abordar, debiendo sin más declarar desierto el recurso. Por más disidencia que tuviere la Cámara contra la sentencia de primera instancia, estaba inhabilitada de abordar su revisión en la forma y términos en que lo hizo…” (cfr. fs. 871 vta./872).-
Por otro lado, entiende que la Cámara parte de considerar la existencia de un agravio común, el cuestionamiento de la vía intentada, y pasa a analizar no el amparo en si sino el carácter colectivo de la acción, como si ese hubiera sido el planteo de las partes (conf. fs. 872 vta.), “…Y lo cierto es que ninguno de los partidos políticos intervinientes ni el Estado de la Provincia de Santa Cruz cuestionaron el carácter colectivo de la acción, no solo al apelar sino directamente en primera instancia…” (cfr. fs. 873). En este sentido alega que la Cámara incurre en un exceso de jurisdicción con clara violación a su derecho de defensa (conf. fs. 874).-
Expresa que “…Si sus afirmaciones fueran correctas -que no lo son- implicarían tanto como sostener que el derecho a voto, el derecho constitucional a sufragar según lo prescribe la constitución provincial, carece de protección judicial para cada uno de los ciudadanos titulares de este derecho individual…” (cfr. fs. 874 vta./875). Así como también que “…el punto central para el Dr. MARINKOVIC está en la titularidad de un derecho -a votar con las garantías consagradas por la Constitución Provincial- que merece protección constitucional (CP, CN Y Tratados Internacionales de DDHH), de donde se sigue que, si los textos constitucionales establecen un derecho-deber, debe contar el elector con los elementos procesales y las vías idóneas para su protección. Aquí, y no en el carácter colectivo de la acción, es donde la sentencia de primera instancia establece la necesidad de dar curso a la protección judicial requerida…” (cfr. fs. 881).- Asevera que “…no se trata de que es un derecho colectivo y de que los actores representan a toda la clase, se trata de que no resulta posible proteger el derecho individual invocado sin alterar el sistema electoral en su conjunto, y de allí, surge inevitable que, lo que se resuelva en el amparo afectará a una universalidad más amplia… si un particular posee un derecho constitucional, no puede ser limitada su protección judicial por el hecho de que afecte a un universo extenso, pues ello implicaría tornar a los derechos de que se trate (al caso los derechos políticos) en no justiciables…” (cfr. fs. 881 vta./882).-
A fs. 884 vta. los recurrentes expresan que “…La errónea reconstrucción de la Cámara fue utilizada para desentenderse no solo de la cuestión de fondo, sino de otra cuestión esencial alegada por todos los actores, cual era la vulneración de un derecho individual y concreto: la ley de lemas para las categorías de gobernador y vice, vulnera nuestro derecho –individual y reconocido constitucionalmente- a votar según lo establecido en la Constitución Provincial… La Cámara sin embargo solo analiza el carácter colectivo de la acción, con un proceder arbitrario, y que implica la violación del principio de tutela judicial efectiva, pues no abordó el tema propuesto por los amparistas. Más aún si se advierte que los suscriptos no invocamos representación colectiva, no invocamos un derecho de incidencia colectiva, sino un derecho individual y concreto; que no recibió respuesta…” (cfr. fs. cit.). Agrega que “…El carácter colectivo del caso también viene impuesto por la naturaleza indivisible del objeto pretendido y el carácter erga omnes que adquiere el fallo judicial. Reitero, la naturaleza indivisible del objeto pretendido: pues este repercute en un sistema electoral en su conjunto…” (cfr. fs. 890 vta.).- Por último solicita que “…atendiendo las características de este proceso, la relevancia y trascendencia para las partes y para la comunidad de Santa Cruz, en función del art. 36 inc. 2… e inc. 4 del C.P.C. y C. y solicitando la aplicación analógica de la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nro Nº (sic) 30/2007, que se convoque a AUDIENCIA PÚBLICA ante el Tribunal Superior de Justicia, previo a resolver, a fin de que puedan las partes y aquellas organizaciones sociales que así lo soliciten y muestren un interés legítimo, expresar la totalidad de las consideraciones que entienden útiles y pertinentes para la mejor solución del conflicto…” (cfr. fs. 896).-
A fs. 898/920 vta. interpone recurso de casación el Partido Obrero. Se agravia de que la Cámara haya desestimado el carácter colectivo de la acción y revocado la sentencia de primera instancia, haciendo lugar a agravios que no fueron formulados (conf. fs. 904), y que “…Desentendiéndose por completo de la estructura argumentativa de la Sentencia, y del objeto del Juicio, la Cámara vuelve en eje central el tema del carácter colectivo de la acción -cuya centralidad no existe en la sentencia-; para sostener que no está acreditada la representación ni los requisitos de la acción colectiva, y descarta con ello la existencia de un amparo colectivo, y de allí efectúa un salto -abismal-, para enlazarlo con gran esfuerzo e irracionalidad, con la conclusión de que no hay derechos que proteger…” (cfr. fs. 904 vta.).- Afirma que “…La estructura argumentativa de la Sentencia de Cámara es confusa y contradictoria, y carente de consistencia lógica, lo que nos llevará a postular seguidamente su revocación por arbitrariedad conjuntamente con su casación por violación de la ley y vicio de procedimiento…” (cfr. fs. 905 vta.).-
Reitera los mismos agravios formulados en el recurso de casación de fs. 863/896, en cuanto a la conclusión que realiza la Cámara respecto del carácter colectivo de la acción.-
Por otro lado, afirma que “…Fácilmente se advierte entonces que la cuestión que para la Cámara es el eje central de la sentencia de primera instancia y en base a la cual la Cámara estructura su crítica (que desmorona la sentencia a su juicio), no tiene ningún rol esencial, y que debió analizar la sentencia en sus propios términos y lógica argumentativa, y leerla con claridad, pues no puede revocar una sentencia diciendo que ella es incorrecta,, haciéndole decir lo que ella jamás dijo. El debate perdió toda seriedad, pues se recurrió a una burda falacia lógico-dialéctica, deconstruyendo y rearmando erróneamente la sentencia de primera instancia, para luego tener un blanco más fácil que atacar…” (cfr. fs. 912).-
A fs. 916 expresa que “…El Dr. Marinkovic jamás dirá que, por tratarse de una acción colectiva encuadrada en el art. 43 CN debe darse viabilidad atento la representación invocada. El punto central está en la titularidad de un derecho -a votar con las garantías consagradas por la Constitución Provincial- que merece protección constitucional… de donde se sigue que, si los textos constitucionales establecen un derecho-deber, debe contar el elector con los elementos procesales y las vías idóneas para su protección. Aquí, y no presuponer con un curioso salto lógico que tenemos representatividad por un universo de electores, es donde la sentencia de primera instancia establece la necesidad de dar curso a la protección judicial requerida, y nos otorga legitimación, no siendo razonable por otro lado que se alegue el mismo art. 43 CN para limitar el ejercicio y protección de un derecho constitucional…” (cfr. fs. 916 vta.).- Entiende que la remisión que realiza la Cámara a otra vía procesal solo constituye una obstrucción al principio de tutela judicial efectiva por el solo sentido ritualista y obstruccionista pero carente de toda apoyatura en los valores de justicia (conf. fs. 918 vta.).-
Por último solicita audiencia pública en los mismos términos que los recurrentes Stoessel, Huerga Cuervo y Juan José Ortega.-
A fs. 922/947, presenta recurso de casación las Sra. Carolina Miro. En razón de la brevedad, nos remitimos a las consideraciones vertidas respecto del recurso presentado por el Partido Obrero, en razón de poseer similares agravios.-
Todos los recursos fueron declarados bien concedidos por este Tribunal a fs. 1014 y vta., poniendo los autos a disposición de las partes en los términos del artículo 8º de la ley 1687, haciendo uso de tal derecho: el Partido Primero Santa Cruz a fs. 1025/1032; el Partido Kolina, distrito Santa Cruz, a fs. 1033/1045 vta.; la Provincia de Santa Cruz a fs. 1048/1067 vta.; y el Partido de la Victoria, distrito Santa Cruz, a fs. 1069/1091.-
El Partido Primero Santa Cruz afirma que “…vengo a ratificar en todos sus términos y alcances, la presentación inicial que efectuara el Partido Primero Santa Cruz en el marco de estos actuados, reafirmando cada uno de los conceptos allí vertidos, argumentos, razones y convicciones que nos llevan a concluir y reafirmar la absoluta e incuestionable CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY PROVINCIAL Nº 3415, objeto de la acción de amparo que da lugar al presente Recurso de Apelación [sic], en virtud del fallo del Juez de 1era. Instancia, declarando la inconstitucionalidad de la misma…” (cfr. fs. 1025 vta.). Luego esgrime numerosos argumentos en defensa de la constitucionalidad de la ley Nº 3415.-
Por su parte Kolina -Distrito Santa Cruz- manifiesta que “…Lo que ha sucedido en el descurrir [sic] de este proceso, es más que insólito, ya que no es un amparo, no es una acción de inconstitucionalidad, ni tampoco una acción de clases... Esto V.E. no es menor, ya que esta parte, y quienes han defendido la constitucionalidad de la norma, ven constantemente cambiadas las reglas procedimentales, lo que viola gravemente el derecho de defensa en juicio…” (cfr. fs. 1034 vta.). Argumenta que “…la UCR y los otros partidos políticos que se presentan en estos actuados como si fueran defensores públicos de los electores no pueden resolver y defender su postura en el ámbito que le es propio es decir la Cámara de Diputados, ahora a través de una sentencia pretender imponer aquello que no pudieron defender conforme lo establece nuestro sistema representativo que tanto dicen en sus escritos defender…” (cfr. fs. 1035 vta./1036).
Entiende que la legitimación de los amparistas es dudosa (conf. fs. 1037); y que “…la vía elegida debería haber sido por ejemplo la de Acción de inconstitucionalidad…” (cfr. fs. 1044).- La Provincia de Santa Cruz, a través del Sr. Fiscal de Estado, expresa: “…la presente causa reviste una complejidad tal que resulta de toda evidencia que no puede tramitar bajo la[s] limitadas posibilidades de discusión que son propias de un juicio de amparo. Justamente, es por ello que tanto la Doctrina y la Jurisprudencia tiene[n] establecido de manera pacífica que este tipo de procesos no es le [sic] adecuado cuando el tema sometido a juzgamiento requiere amplitud de debate. Por último, nos permitimos aquí sostener que no puede aceptarse la intención de la UCR de introducir un recurso de inconstitucionalidad para debatir ciertas cuestiones no tratadas en la sentencia de la Excma.
Cámara de Apelaciones…” (cfr. fs. 1054). Afirma que en el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Unión Cívica Radica, se pretende abordar temáticas no tratadas en el fallo en crisis (conf. fs. 1054 vta.). A fs. 1056 vta. enuncia que “…De las propias constancias de autos surge que no nos encontramos ante un litigio en el que el objeto en discusión se trate de un derecho colectivo indivisible…” (cfr. fs. cit.). En este sentido entiende que la construcción del caso colectivo en autos resulta artificiosa y que, además, fue creada e introducida por iniciativa del Juez de Primera Instancia y no por los amparistas (conf. fs. 1057). Por otro lado afirma que “…la vía del amparo no es la vía más idónea para el tratamiento de la pretensión de los amparistas.
El tema tal como lo exige el art 132 de la Constitución Provincial debió ser interpuesto de manera originaria por ante el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y como una acción de inconstitucionalidad…” (cfr. fs. 1058). Respecto de los recursos de casación interpuestos por Javier Stoessel, Diana M. Huerga Cuervo y Juan José Ortega; por el Partido Obrero, y por Carolina Miro, señala una supuesta contradicción: “…por una parte afirma[n] que se requiere la tutela del derecho individual a votar, pero luego se reconoce que estamos ante derechos de incidencia colectiva que podrían verse alcanzados por el decisorio que recaiga sobre su derecho particular… Surge entonces que el derecho individual de los amparistas no puede primar sobre la universalidad del electorado, la interpretación del sistema electoral pretendida por los amparista[s] para su derecho a voto, no puede separarse -es indivisible- del derecho de otros ciudadanos…” (cfr. fs. 1060 vta./1061).
Expresa que “…A mayor abundamiento, se recuerda que el cuestionamiento judicial de un simple acto administrativo dictado por cualquier autoridad debe ser dirimido bajo la competencia originaria de la Máxima Instancia del Poder Judicial. Si esto sucede con actos de tal naturaleza, con mayor razón aún se justifica que cuando se discuta la inconstitucionalidad de leyes de manera directa, la vía del amparo ante un juez de primera instancia tampoco sea la correcta…” (cfr. fs. 1065).- A fs. 1069/1091 se presenta el Partido de la Victoria - Distrito Santa Cruz, afirmando que “…Claramente en este proceso de autos, la UCR intenta confundir al introducir en este debate un planteo de recurso de Inconstitucionalidad incorporando así el tratamiento de la cuestión de fondo en una instancia extraordinaria, cuando no ha sido tratado en la sentencia dictada por la Excma.
Cámara de Apelaciones…” (cfr. fs. 1073). Entiende que la Cámara sostuvo “…que en autos no se reúnen las condiciones para que prospere la vía del amparo. Frente a tal realidad resulta inconducente la discusión de si este remedio en el caso de autos pudiera caracterizarse como clásico o colectivo, claramente no podría ser interpretado como una violación al art. 43 de la Constitución Nacional…” (cfr. fs. 1074). A fs. 1084 expresa que “…Respecto de la aseveración y calidad de verdad revelada por parte del Magistrado de la anterior instancia en relación a asegurar que de lo que aquí se trata es de cuestiones de derechos de incidencia colectiva, receptados en nuestra Carta Magna en su artículo 43, debemos decir que el a quo entiende por ‘acto colectivo’ a aquel acto o situación que, encontrándose comprometido un interés colectivo, su resolución implicaría que también se deba aplicar a idéntico colectivo de ciudadanos.
Pero se equivoca por dos razones, en primer lugar porque cuando la doctrina se refiere a ‘actos colectivos’ entiende que existen actos que, objetivamente, aplican o refieren a un hecho, acto o situación que sea aplicable a todo un colectivo de individuos o, por lo menos, a la gran mayoría de ellos…” (cfr. fs. cit.).- A fs. 1094/1097 dictamina el Señor Agente Fiscal por ante este Tribunal, considerando que : “…Yendo al análisis de la cuestión traída a dictamen, esta Fiscalía va a disentir con lo resuelto por los Sres. Jueces de Cámara en su sentencia y con los fundamentos expuestos en la misma, atento a considerar que la vía judicial del amparo es admisible y procede a los fines de debatir la constitucionalidad del sistema electoral provincial, es decir la ley 2052 en sus artículos 4º y 5º según modificación introducida por la ley Nº 3415, en cuanto establece a los fines de la elección de gobernador y vice gobernador de la Provincia de Santa Cruz el sistema de elección por lemas y sublemas… considerando asimismo que todos los que lo han interpuesto están legitimados para hacerlo, por lo cual a mi criterio van a resultar procedentes los recursos de casación articulados (cfr. fs. 1095); “…toda persona habitante o no, podrá interponer acción de amparo en las condiciones del art. 43 1ra parte de la Constitución Argentina ante la lesión de sus derechos subjetivos alegando un daño concreto…” (cfr. fs. 1096 vta.); “…Respecto a la legitimación también se ha expedido la jurisprudencia, en este caso concreto se trataba de la legitimación procesal de la asociación demandante que era el Colegio de Abogados de la Provincia de Tucumán; para ello se decía: ‘…resulta imprescindible verificar la ‘existencia de un caso o causa’, requisito que de acuerdo con inveterada doctrina de esta Corte, habilita la intervención de cualquier tribunal de justicia… la simple condición de ciudadano resultaría suficiente para tener por demostrada la existencia de un interés ‘especial’ o ‘directo’… Es en función de todo lo expuesto que corresponde a criterio del suscripto, revocar la sentencia de la Excma.
Cámara de Apelaciones haciendo lugar a los recursos de Casación interpuestos oportunamente, por considerar, que la vía de amparo es la que procede atento la inminencia del proceso electoral convocado para el mes de octubre del corriente año, entre otras cuestiones…” (cfr. fs. 1096 vta./1097).-
IV. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria articulada por la Unión Cívica Radical, el desarrollo de la misma nos impone el análisis a la luz del art. 19 inc. 2º -Recurso de Inconstitucionalidad- de la Ley 1687, en razón de que, según afirma la recurrente, “…en el presente litigio se ha puesto en cuestión la inteligencia de las cláusulas de la Constitución Provincial, de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales… y la sentencia de Cámara recurrida, otorgando una inteligencia errónea a las cláusulas constitucionales en cuestión, resolvió en forma contraria a la procedencia y aplicación del derecho y garantía procesal involucrada en autos: el amparo…” (cfr. fs. 840 vta.).-
Por su parte, respecto de los recursos de casación incoados, corresponde abordar su análisis a tenor del art. 3 inc. “a” de la ley 1.687, fundamentalmente por estar directamente vinculada la crítica a un defecto de aplicación de la ley Nº 1.117 y de su apreciación legal en relación a la posibilidad de discutir la constitucionalidad de una norma mediante una acción de amparo y la legitimación que poseen los actores a dicho fin.-
Es necesario señalar que, como lo expresan los recurrentes, en virtud de que la sentencia en crisis no se expidió respecto de la cuestión de fondo ventilada en estos autos, este Tribunal limitará su estudio únicamente al análisis de la idoneidad de la vía del amparo a los fines de cuestionar la constitucionalidad de una ley y la legitimación de los actores, como se mencionó ut supra, resguardando de esta manera la garantía del doble conforme, coherentemente con lo dispuesto por Presidencia de este Tribunal a fs. 449.-
V. Por razones de método, se tratará primero el agravio formulado por los Sres. Stoessel, Huerga Cuervo y Ortega a fs. 871 y vta., respecto de la supuesta “…NULIDAD DE LA SENTENCIA POR ILEGAL CONFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE APELACIONES…” (cfr. fs. cit.). Afirman que habiendo planteado recurso de casación ante el rechazo de la recusación formulada respecto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández, “…de procederse conforme a derecho y haciendo lugar a lo planteado en dicho remedio casatorio, debiera revocarse lo resuelto y declarar nulo todo lo actuado con posterioridad… declarada la nulidad de lo actuado en tal incidente, ello afecta la legalidad de la resolución de la Cámara dictada en el principal…” (cfr. fs. 871 vta.).-
Se advierte que, conforme resolución dictada por este Alto Cuerpo en autos caratulados: “Juan José Ortega y otros en autos: ‘Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz y otros c/ Estado de la Provincia de Santa Cruz s/ Acción de Amparo’, Expte. Nº 16559/15 s/ Incidente de Recusación con causa de la Dra. Fernández s/ Recurso de Queja”, Expte. Nº J-2012/15-TSJ, registrada al Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3128, Folio 5123/5127, mediante la cual se rechazó la queja incoada, ha quedado sin sustento el agravio en estudio. Ello en virtud de que, al no hacerse lugar al recurso interpuesto, y en consecuencia, no declararse la nulidad de lo actuado con posterioridad a la conformación de la Cámara, como solicitaban los recurrentes, caen los fundamentos sostenidos para la procedencia de dicho agravio. Por lo que corresponde su rechazo.-
VI. Que, cabe recordar en forma preliminar, que las objeciones formuladas por los recurrentes se efectúan dentro de un proceso constitucional extraordinario, “…‘…el amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige para su apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva (Fallos: 294:152; 301:1061; 311:1974, entre muchos otros).
En tal sentido, V.E. claramente especificó que la arbitrariedad o ilegalidad manifiestas a que aluden la ley y la jurisprudencia anterior y posterior a su sanción, requieren que la lesión de los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de un amplio debate o prueba (art. 21, inc. d., de la ley 16.986 y doctrina de Fallos: 245:351; 291:198; 292:140; 295:132; 299:185). Este criterio no ha variado, sin más, por la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional, pues reproduce -en lo que aquí importa- el art. 11 de la ley reglamentaria, imponiéndose idénticos requisitos para su procedencia (Fallos: 319:2955; 323:1825)…’ (confr.
CSJN, Fallos: 332:2884, 29/12/2009, del dictamen del Procurador Fiscal que la Corte hace suyo, ‘Libertad S.A. c. Administración Federal de Ingresos Públicos’, Publicado en: La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/59290/2009)...’ (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XVI, Sentencia, Reg. 542, Folio 3055/3060).- En la órbita provincial, el art. 15 de la Constitución Provincial prevé la garantía del amparo: “Los Jueces prestarán amparo a todo derecho reconocido por la Constitución Nacional y ésta, y si no hubiera reglamentación o procedimiento legal, arbitrará a ese efecto trámites breves”. También rige la ley Nº 1.117, la cual para la admisión del amparo exige como requisito esencial la existencia de cualquier acto, acción u omisión que se origine en órganos o agentes de la Administración Pública Provincial o Municipal que, en forma actual o inminente y con ostensible arbitrariedad o ilegalidad, altere, amenace, lesione, restrinja o de cualquier modo impida el normal ejercicio de los derechos expresa o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, con exclusión del derecho a la libertad física (conf. art. 2º).- Asimismo debemos indicar el carácter residual que reviste la acción de amparo, que sólo es procedente cuando no existan otros recursos o remedios judiciales que permitan obtener la protección del derecho que se pretende afectado (conf. art. 3, inc. d) de la Ley de Amparo 1117).
Concordante con lo expuesto, este Tribunal ha dicho: “…es dable dejar sentado que a los fines de la acción de amparo la petición debe ajustarse a la inexistencia de otra vía idónea y el carácter palmario y manifiesto de la lesión, acompañada con la debida demostración en el caso concreto…” (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2702, Folio 4136/4140). También ha afirmado que se requiere, a los fines de la procedencia del amparo, y en forma concomitante, “…la existencia de una lesión, restricción, alteración o amenaza de un derecho o garantías constitucionales reconocidas, provenientes de la Administración Pública (conf. art. 2º Ley 1117 y modif.), provocada mediante arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y la inexistencia de un procedimiento ordinario o judicial que permita obtener el mismo efecto…” (confr.
Tomo V, Sentencia, Reg. 183, Folio 993/997), porque “…si bien es indudable que la letra del artículo 43 de Constitución Nacional reafirma la autonomía del amparo respecto de los demás senderos procesales, no debe perderse de vista que la misma norma constitucional subordina la acción a la ausencia de otro medio judicial más idóneo…” (cfr. Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2659, Folio 4020/4024; ídem, Reg. 2660, Folio 4025/4029).- Los artículos mencionados de la Constitución Provincial y de la Nacional, no son los únicos que refieren a la acción de amparo, también lo hace el artículo 75 inciso 22 a través de los Tratados Internacionales: La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 18), La Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 8) y, también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 25), instrumentos todos que aluden a un remedio efectivo, rápido y sencillo cuya garantía se asienta en cabeza del Estado Parte naciendo su obligación institucional de resguardar los derechos individuales o colectivos.-
VII. Respecto al agravio referido a la idoneidad de la vía del amparo, consideramos, debemos adelantar, que la sentencia en crisis resulta contraria a una interpretación armónica de la ley Nº 1.117 en función de lo previsto en el art. 43 de la Constitución Nacional y del artículo 15 de la Constitución Provincial. En primer lugar, resulta necesario señalar que la sentencia, a modo de conclusión de sus considerandos, determina revocar la sentencia atacada y rechazar las acciones de amparo deducidas por los actores “…en atención a lo normado por el art. 3º inc. e) de la Ley Provincial 1117 y modificatorias…” (cfr. fs. 758).-
El mencionado artículo, en su parte pertinente, establece lo siguiente: “Artículo 3º - No procederá la acción de amparo:… e) Cuando la determinación de la eventual invalidez del acto requiera una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas”.-
Por su parte, la Constitución Nacional afirma en su artículo 43 que “…En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva…”.-
Evidentemente, cualquier interpretación de la norma legal provincial nunca podrá confrontar con la supremacía de la cláusula constitucional.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado, ya antes de la reforma constitucional de 1994 y en relación a la ley nacional de amparo que recepta una solución idéntica a la local, que “El art. 2 inc. d) ley 16986 debe ser interpretado como un medio razonable concebido para evitar que la acción de amparo sea utilizada caprichosamente con el propósito de obstaculizar la efectiva vigencia de las leyes y reglamentos dictados en virtud de lo que la Constitución dispone, pero no como un medio tendiente a impedir que se cumplan los fines perseguidos por la misma ley cuando el acto de autoridad arbitrario se fundamente en normas que resultan palmariamente contrarias al espíritu y a la letra de la ley de las leyes”; como así también “El amparo, instituido pretorianamente por aplicación directa de cláusulas constitucionales y cuya finalidad es la de asegurar la efectiva vigencia de la Constitución misma, no puede recibir un límite legal que impida su finalidad esencial cuando ésta requiere que se alcance la cima de la función judicial, como es el control de la constitucionalidad de normas infraconstitucionales”, “El art. 2 inc. d) ley 16986 halla su quicio constitucional en tanto se admita el debate de inconstitucionalidad en el ámbito del proceso de amparo, cuando en el momento de dictar sentencia se pudiese establecer si las disposiciones impugnadas resultan o no clara, palmaria y manifiestamente violatorias de las garantías constitucionales que este remedio tiende a proteger” (cfr.
Fallos 313:1513).- El Máximo Tribunal Federal en igual sentido ha dicho, con posterioridad a la reforma constitucional, que: “…la existencia de reglamentación no puede constituir obstáculo para que se restablezca de inmediato a la persona en el goce de la garantía fundamental vulnerada; por que de otro modo bastaría que la autoridad recurriera al procedimiento de preceder su acto u omisión arbitrarios de una norma previa -por más inconstitucional que ésta fuese- para frustrar la posibilidad de obtener en sede judicial una oportuna restitución en el ejercicio del derecho esencial conculcado…”; y que “…el amparo procura una protección expeditiva y rápida ‘que emana directamente de la Constitución Nacional’…por manera que no podría recibir, por vía reglamentaria, un límite que destruyera la esencia misma de la institución, cuando ésta requiere que se alcance la cima de la función judicial, como es el control de la constitucionalidad de normas infraconstitucionales…” (cfr.
Fallos 331:2119).- Por lo expuesto, es que resulta procedente el análisis de la constitucionalidad de la norma atacada mediante una acción de amparo, máxime considerando que la tacha de inconstitucionalidad de la ley 3415 no se realiza en abstracto, sino concretamente referida a la afectación de derechos invocados por los actores.-
A la luz de la doctrina de los precedentes citados y lo expuesto en el art. 43 de la Constitución Nacional, no obstante lo expresado en el considerando anterior, correspondía considerar idónea la vía de los amparos intentados, sin caer en un excesivo rigor formal que trajo como consecuencia el rechazo de los mismos.-
VIII. La Cámara entiende que no se encuentra construido correctamente el caso colectivo y dedica gran parte de la sentencia al análisis de esta temática. Sin ingresar al estudio de la cuestión de las acciones colectivas, los presentes autos nacen en razón de amparos “clásicos” promovidos por ciudadanos y por partidos políticos. Es decir que, si la Cámara consideraba que no resultaba procedente el amparo colectivo (tal como pretende decidir la sentencia de Primera Instancia), debía al menos analizar los amparos en el sentido y con el alcance que habían sido interpuestos. No siendo correcto finalizar el análisis de las acciones intentadas única y exclusivamente al dilucidar si las mismas tienen o no el carácter de colectivas.-
Consideramos que les asiste razón a los recurrentes Stoessel, Huerga Cuervo y Ortega cuando a fs. 883 afirman que la sentencia en crisis “…pasa de desechar el carácter colectivo de la acción a desechar la acción de amparo intentada, como si fuere una misma cosa; cuando ello era incorrecto, pues si entendía que no se acreditó la representatividad y el carácter colectivo de la acción, debió analizar la viabilidad del amparo individual tal y como lo interpuso al menos nuestra parte…” (cfr. fs. cit.). En igual sentido expresa la Unión Cívica Radical que “…postuló el amparo alegando su carácter de afectado directo y, si la Cámara consideró que no existía un caso colectivo, debía como mínimo tratarlo como un caso clásico, para el cual la UCR bien cuenta con legitimación suficiente…” (cfr. fs. 846 vta.).- La Cámara no ingresa al estudio de la cuestión de fondo entendiendo que el “amparo colectivo” no se encontraba acreditado, quizás abrumada por el confuso y poco convincente tratamiento que de este tema había realizado el Juez de Primera Instancia, omitiendo considerar que los amparistas invocaban un derecho individual y concreto.-
Es decir que correspondía a la Cámara analizar si la vía del amparo “clásico” era la correspondiente, más allá del trámite otorgado por el juzgador de primera instancia, considerando la importancia que poseen las cuestiones debatidas en autos. Resulta oportuno recordar que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que, en razón de la materia planteada, “…la inminencia del vencimiento del mandato del actual gobernador que se producirá el próximo 10 de diciembre y la trascendencia institucional que reviste el planteo efectuado, exigen a este Tribunal adecuar el procedimiento a la vía prevista en la ley 16.986…” (cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago del Estero c.
Provincia de Santiago del Estero s/ acción declarativa de certeza, 22/10/2013, Publicado en: La Ley 25/10/2013 , 7; La Ley 2013-E , 605; La Ley 07/11/2013 , 7 P.q.-S; LLNOA 2013 (noviembre) , 1107 ;DJ 18/12/2013 , 37 cita online: AR/JUR/66807/2013). Es decir que la Corte, ante una presentación en los términos de una acción declarativa de certeza, manda a tramitarla bajo la ley nacional de amparo, con fundamento en la proximidad de las elecciones, y la significancia que tiene el thema decidendum como la implicancia que tendrían los efectos de la sentencia. Sin embargo, en el caso de autos, la Cámara rechaza los amparos por entender que no se encontraba correctamente “construido” el caso colectivo, dando por concluida cualquier posibilidad que tenían los actores de lograr una decisión judicial respecto de sus pretensiones.
Por otro lado manda a tramitar una acción de inconstitucionalidad ante este Tribunal Superior, no fundando adecuadamente la supuesta mayor idoneidad de la misma. Entendemos que la Cámara se encontraba posibilitada de ingresar al análisis de la cuestión planteada en estos actuados, debiéndose remitir al estudio en los términos en que fueron promovidos los amparos. Y en caso de que considerara que el amparo colectivo no era la vía adecuada, debía dejar sentada su opinión respecto al trámite llevado adelante por el Juez de Primera Instancia, pero ello sin perjuicio de, en razón de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia expuesta y la importancia que ostenta la materia debatida, admitir como idónea la vía del amparo y emitir una decisión final respecto del fondo de la cuestión.
Por lo que entendemos ha caído en una irrazonable solución al negar a los actores la posibilidad de obtener una decisión sobre lo pretendido.- En los presentes autos, nos encontramos frente a pretensiones dirigidas a cuestionar la constitucionalidad del sistema llamado “ley de lemas”, en lo que respecta a su aplicación para la elección de gobernador y vicegobernador de acuerdo a lo prescripto por la ley Nº 3415. La Cámara entiende que “…esta legitimación ampliada del art. 43, segunda parte, de la C.N. está limitada la defensa de los derechos que se encuentran constitucionalizados en esa misma norma: la discriminación, los derechos que protegen el ambiente, los derechos que protegen la competencia, los derechos que protegen al usuario y al consumidor y los derechos de incidencia colectiva en general…” (cfr. fs. 752 y vta.).
A fs. 753 continúa su análisis afirmando que los amparistas no han logrado señalar con claridad las razones para que el caso pueda resultar un amparo colectivo. Lo que resulta irrazonable es que seguidamente de criticar la actividad de los amparistas a los fines de delimitar el amparo colectivo, expresa que “…la agenda del caso colectivo fue exclusivamente del juez de primera instancia…” (cfr. fs. cit.). Es decir que, por un lado ataca la actuación de las partes, pero, al mismo tiempo, por otro afirma que ellas no lo hicieron porque fue una construcción exclusiva del juez de primera instancia. Esta conclusión surge a todas luces como arbitraria, máxime considerando que la consecuencia fue el rechazo de los amparos promovidos.
Ante esta situación, en la que los efectos de la decisión del juez de primera instancia de tramitar los presentes como un amparo colectivo terminan repercutiendo negativamente a los fines de habilitar la vía intentada, consideramos que corresponde revocar la decisión de la Cámara.- La Cámara niega la posibilidad de que los actores interpongan un amparo colectivo, pero omite realizar, como ha expresado la Corte Suprema en reiterados casos, la verificación de la existencia de un “caso” o “causa”, requisito que habilita la intervención de cualquier tribunal de justicia. Para ello, dichas causas o controversias -se expresó en distintos precedentes- son aquellas en las que se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas, el que debe estar fundado en un interés “específico”, “concreto”, “directo” o “inmediato” atribuible al litigante (Fallos: 322: 528; 324:2381; entre otros).-
En un precedente de particular importancia para el caso de autos (“Recurso de Hecho deducido por la demandada en la causa Colegio de Abogados de Tucumán c. Honorable Convención Constituyente de Tucumán y otro”, del 14/04/2015), la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirma que “…el Colegio de Abogados de Tucumán tiene legitimación para cuestionar la validez de distintas disposiciones incorporadas a la constitución provincial que permiten modificarla, pues en su carácter de persona jurídica de derecho público con la categoría de organismo de la administración de justicia será alcanzado por las disposiciones impugnadas”; como así también, y aquí lo más trascendente de este Fallo, que “Cuando se denuncia que han sido lesionadas expresas disposiciones constitucionales que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno, poniendo en jaque los pilares de la organización del poder diagramada en la Ley Fundamental -en el caso, disposiciones incorporadas a la Constitución de la Provincia de Tucumán que permiten modificarla de un modo distinto al establecido sin que esto surja de la Ley de necesidad de la reforma-, la simple condición de ciudadano resulta suficiente para tener por demostrada la existencia de un interés ‘especial’ o ‘directo’, pues lo que está en juego es la fuente misma de toda legitimidad” (cfr. Sum. fallo cit.).- El error de la Cámara yace en el hecho de detener fragmentariamente su análisis en el supuesto carácter colectivo de los amparos, y a partir de ello, rechazarlos sin más.-
La tutela judicial efectiva puede verse afectada por la vía de acceso a la justicia elegida o durante su trámite, si al concluirse éste, sin un fundamento suficiente, se niega la legitimación de la parte actora en oportunidad de dictar el pronunciamiento de fondo. Por lo que, entendemos que la Cámara debía emitir una decisión, aun si consideraba que no resultaba ser la vía adecuada el amparo colectivo.-
IX. Por otro lado, cabe señalar que resulta arbitraria la afirmación que realiza la Cámara con relación a que “…la vía del amparo colectivo no resulta idónea y debe ceder frente a acciones que tienen basamento en nuestra Constitución, en el marco del diseño de su competencia originaria. Efectivamente, el art. 132, tercer párrafo de nuestra Carta Magna Provincial, establece que el TSJ ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad de las leyes…” (cfr. fs. 757 y vta.). Al respecto, debió considerar la Excma. Cámara que se encuentra glosado a fs. 449 un decreto de presidencia del Tribunal Superior mediante el que dispone la remisión de las actuaciones a la justicia ordinaria, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza de la acción incoada (amparo) y la necesidad de preservar el “doble conforme”, que prescribe el art. 8, ap. 2, inc. h del Pacto de San José de Costa Rica.-
X. En estas condiciones, en atención a la manera en que se deciden los recursos de casación y de inconstitucionalidad interpuestos, y en razón de que la Cámara no se ha expresado acerca de la cuestión de fondo debatida en los presentes autos, este Tribunal se ve imposibilitado de ingresar al conocimiento de la mencionada cuestión de fondo, todo ello en virtud de resguardar la garantía del “doble conforme” -especialmente tutelada por el bloque de constitucionalidad- sostenida en la presente resolución y en el decreto de presidencia de fs. 449-
Que en razón de todo lo considerado corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto a fs. 826/861 vta. por la Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz, determinando que la sentencia en crisis ha atribuido una inteligencia errónea al artículo 3º inciso e) de la ley de amparo Nº 1.117, en razón de lo dispuesto por al artículo 15 de la Constitución Provincial y 43 de la Constitución Nacional, declarando que el amparo resulta ser la vía idónea respecto al reclamo impetrado en estos autos. Como así también corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos a fs. 863/896 por los señores Javier A. Stoessel, Diana M. Huerga Cuervo y Juan José Ortega, a fs. 898/920 vta. por el Partido Obrero, y a fs. 922/947 por la Sra. Carolina Miro, por errónea aplicación de la ley Nº 1.117, y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, estableciendo que el amparo resulta ser la vía idónea; debiendo volver los presentes autos a la Excma. Cámara, -conforme lo resuelto por este Tribunal al Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3128, Folio 5123/5127- para que reasuma la jurisdicción, y en virtud de no haberse pronunciado ni emitido opinión alguna acerca del fondo de la cuestión planteada en autos, se expida al respecto, en virtud de lo ut supra considerado, debiendo cumplir con los plazos legalmente prescriptos (conf. art. 14 ley Nº 1.117). Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se regulen en las anteriores instancias. Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas deberán imponerse por su orden.- Ténganse presente las reservas del caso federal efectuadas por los recurrentes.-
Por todo ello, oído que fue el Sr. Agente Fiscal ante el Excmo. Superior Tribunal de Justicia,
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 826/861 vta. por la Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz, y a los recursos de casación interpuestos a fs. 863/896 por los Sres. Javier A. Stoessel, Diana M. Huerga Cuervo y Juan José Ortega, a fs. 898/920 vta. por el Partido Obrero, y a fs. 922/947 por la Sra. Carolina Miro, y, en consecuencia, casar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 742/759 vta..-
2. Declarar que el amparo resulta ser la vía idónea respecto al reclamo impetrado en estos autos, debiendo la Excma. Cámara expedirse sobre el fondo de la cuestión, conforme lo dispuesto en el punto X de los considerandos.-
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se regulen en las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1006S.151 Tomo: XVII Sentencia: 590.-
Folio N°: 3.383/3.393.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia