Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa U-2035/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedidos los recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por la Unión Cívica Radical a fs. 1242/1264; Juan José Ortega, Victoriano Alfonso Lobo, Ana Carolina Miro, Sara Murdoch, Diana M. Huerga Cuervo y Javier A. Stoessel a fs. 1285/1309; y el Partido Obrero a fs. 1312/1332, y, en consecuencia revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1334/1335.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: U-2035/15-TSJ Interlocutorio N°: 3.135.-
Actor: UNION CIVICA RADICAL Y OTROS Demandado: ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: AMPARO Fecha: 17-9-15 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J..-
REGISTRO Nº 3.135 FOLIO Nº 5.139/5.145 PROT. ELECT. TSS1 045 I.151
Río Gallegos, 17 de septiembre de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “UNIÓN CÍVICA RADICAL c/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ AMPARO”, Expte. Nº U-16.559/15 (U-2035/15-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud de los recursos de inconstitucionalidad articulados por la Unión Cívica Radical a fs. 1242/1264; Juan José Ortega, Victoriano Alfonso Lobo, Ana Carolina Miro, Sara Murdoch, Diana M. Huerga Cuervo y Javier A. Stoessel a fs. 1285/1309; y el Partido Obrero a fs. 1312/1332, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1205/1215. Esta última revocó la sentencia de Primera Instancia, y rechazó las acciones de amparo interpuestas por los Sres. Javier A. Stoessel, Diana M. Huerga Cuervo, Sara Beatriz Murdoch, Ana Carolina Miro, Juan José Ortega, Victoriano Alfonso Lobo y por los Partidos: Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido Obrero, Unión Cívica Radical y Encuentro Ciudadano adherente a éste último, adecuando las costas impuestas en primera instancia disponiendo que las mismas sean soportadas en el orden causado e imponiendo las correspondientes a la alzada a los amparistas vencidos (conf. fs. 1214 vta.).-
II. La Unión Cívica Radical solicita “…que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz declare que la resolución recurrida infringió y atribuyó una inteligencia errónea y contraria a las cláusulas de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional controvertidas…” (cfr. fs. 1242 vta.).-
Respecto de la inconstitucionalidad alegada, señala que “…el recurso de inconstitucionalidad es procedente en tanto se ha configurado un supuesto claramente subsumible en el inciso 1º del artículo 19º… del Código de Procedimientos Civil y Comercial modificado por ley 1687…” (cfr. 1255 vta.). Seguidamente afirma que “…los artículos 3º y 4º de la ley 3415 son manifiestamente ilegales y arbitrarios por cuanto dichas normas, al establecer el sistema de elección de sub-lemas y lemas para las categorías de gobernador y vicegobernador, vulneran en forma evidente el artículo 114 de la Constitución Provincial…” (cfr. fs. 1256). En este sentido entiende que “…mediante el sistema de lemas y sublemas, el candidato a gobernador ganador puede no ser el candidato más votado, como lo impone la Constitución Provincial en su artículo 114… Claramente la Constitución exige que se vote un binomio de personas como candidatos y que el binomio más votado sea proclamado ganador… El sistema de lemas constituye un sistema totalmente diferente al constitucionalmente adoptado para la elección de gobernador y vicegobernador…” (cfr. fs. 1256 vta.).- Por otro lado expresa que “…las normas cuestionadas son también manifiestamente ilegales y arbitrarias por vulnerar el sistema representativo y republicano resguardado por los artículos 1º y 5º de la Constitución Nacional, como así también por violentar el valor ‘igual’ del voto garantizado por el artículo 37 de la Constitución Nacional, todo lo cual vulnera las normas pertinentes de los tratados internacionales con jerarquía constitucional… Consecuentemente, el presente caso no conlleva una mera discusión de derecho local, atento que la grosera vulneración constitucional aquí denunciada impregna de un clarísimo interés federal a la presente causa, en el marco de un supuesto de extrema gravedad institucional…” (cfr. fs. 1257 vta.).
Continúa su recurso afirmando que “…Si el voto es igual, es a todos los efectos, de manera que el resultado no puede cambiar su cualidad. La valía del voto se inicia en la voluntad originaria del ciudadano y culmina con el escrutinio donde el sufragante manifestó su inequívoca voluntad destinada a expresar su deseo de ser representado por el candidato que votó y no por otro… La ley de lemas al autorizar el direccionamiento del voto hacia un sublema no votado, lesiona la igualdad de voto, la libre voluntad del elector al determinar que resulte favorecido a quien no se desea, lo que finaliza afectando la ‘autenticidad’ del sufragio…” (cfr. fs. 1259).- La recurrente entiende que “…En relación a la elección del gobernador y vicegobernador, el Constituyente Provincial ya decidió la oportunidad y conveniencia de adoptar un sistema de ‘simple pluralidad de sufragios’.
Dicha decisión constitucional no puede ser modificada por el Poder Legislativo local porque ello implica tanto como vulnerar la decisión soberana del Constituyente. Y en caso que el Legislativo pretenda violar la Constitución, como ocurre en el supuesto de autos, corresponde declarar la inconstitucionalidad, y por ende invalidez, de la norma en infracción constitucional…” (cfr. fs. 1261).-
Por último, respecto de la aplicación de la doctrina sentada por este Tribunal en los autos “Rubalcaba Tirso s/ demanda de inconstitucionalidad”, asevera que “…las consideraciones realizadas… en dicho precedente en torno a la compatibilidad del sistema de lemas con el régimen de simple pluralidad de sufragios son también totalmente inaplicables por improcedentes, incorrectas y contrarias a derecho…” (cfr. fs. 1261 vta.).-
A fs. 1285/1309, Juan José Ortega, Victoriano Alfonso Lobo, Ana Carolina Miro, Sara Murdoch, Diana M. Huerga Cuervo y Javier A. Stoessel, interponen recurso de inconstitucionalidad, afirmando “…que en este litigio se ha cuestionado la validez de los artículos 4to. y 5to. de la Ley Provincial Nro. 2052, según la modificación introducida por la Ley Provincial Nro. 3415, en cuanto establece para los fines de la elección de gobernador y vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz el sistema de elección por ‘LEMAS’ y ‘SUBLEMAS’, por resultar violatorio de los artículos 114, 111 y 17 de la Constitución Provincial, además de violar los artículos 1, 123 y 31 de la Constitución Nacional; y la decisión de la Cámara de Apelaciones fue a favor de la ley en cuestión.” (cfr. fs. 1287 y vta.).- Como primera cuestión, afirman que “…El tenor de los agravios expresados por las partes, en tanto no contenían una crítica concreta y razonada de los argumentos de la sentencia de primera instancia, inhabilitaban a la Cámara para dar tratamiento a los mismos… La Cámara relevó a las contrarias directamente del deber de cumplimentar con lo prescripto en los arts. 264 y 265; todo lo cual es demostrativo de un evidente caso de arbitrariedad por inequidad en los criterios de análisis en detrimento de los derechos de esta parte…” (cfr. fs. 1296 y vta.).-
Expresan que “…el presente caso implica una discusión de derecho local, pero también de derecho federal, pues admitir la norma inconstitucional y aceptar la postura expresada por los apelantes demandados (en el sentido de que la legislatura provincial es ‘el soberano’ y que determina ‘la verdad’) admitiéndose la confusión del poder constituido y el poder constituyente, estaríamos ante un supuesto de extrema gravedad institucional, por afectarse la forma republicana de gobierno…” (cfr. fs. 1299).-
En relación al concepto de voto indirecto, manifiestan que “…la Cámara afirma que la ley de lemas ‘de ninguna manera puede interpretarse como un sistema de voto indirecto’…reduce el concepto de voto indirecto para que nada entre en él… podemos también afirmar que no es un sistema de voto directo; pues no asegura una relación inmediata entre representante y representado, sino que se interpone entre ‘el ciudadano’ que debe ser elegido como representante, un mecanismo -ingeniería electoral- de cómputo de votos que significa su diferimiento, e intermedia entre su voluntad y la figura del ciudadano elegido. Reducir el concepto de voto indirecto a ‘colegio electoral’ constituye una falacia, pues la nota esencial que define el carácter indirecto del voto no es la presencia de un colegio electoral, es el diferimiento de la voluntad del elector, y que no exista conexión directa entre representante y representado. Aquí, la mediatez o diferimiento, no se estatuye con el auxilio de un colegio electoral, sino un mecanismo electoral que provoca inevitable incertidumbre (falta de certeza) sobre la forma de cómputo y destino final del voto…” (cfr. fs. 1299/1300).- Por último, en relación a las costas, afirma que existen elementos “…que patentizan lo novedoso y complejo del tema planteado, lo delicado de la cuestión articulada por la relevancia del tema para el conjunto de los electores santacruceños, y la trascendencia que ha tenido la presente acción al obtenerse un fallo del TSJ que sienta nueva jurisprudencia sobre derechos humanos esenciales, entendemos que aún de rechazarse el recurso sobre el fondo y, por ende, la demanda, deben imponerse las costas por su orden, pues como mínimo, debe aceptarse que los suscriptos pudimos creernos con derecho a litigar.” (cfr. fs. 1307 vta.).-
A fs. 1312/1332, presenta recurso de inconstitucionalidad el Partido Obrero. En razón de la brevedad, nos remitimos a las consideraciones vertidas respecto del recurso presentado por los actores Ortega, Lobo, Miro, Murdoch, Huerga Cuervo y Stoessel, en razón de poseer idénticos agravios.-
III. Primeramente debo expresar que los presentes recursos han sido interpuestos en término, habiendo efectuado los depósitos previos exigidos y constituido los recurrentes domicilio ante este Tribunal, conforme lo dispone el art. 4º (primer párrafo e incs. c y d), por remisión del art. 19, de la ley 1687. Seguidamente paso a analizar las demás condiciones de admisibilidad de los mismos.-
A poco que se avance en el análisis de los recursos que nos ocupa, se advierte que sólo puede ser traído a través del carril del artículo 19 de la ley 1687 un agravio concerniente a la aplicación de una norma provincial que se reputa inconstitucional o cuando se ponga en cuestión la interpretación de una cláusula de la constitución local (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XVI, Sentencia, Reg. 551, Folio 3115/3118). En los presentes, la Unión Cívica Radical solicita se “…declare que la resolución recurrida infringió y atribuyó una inteligencia errónea y contraria a las cláusulas de la Constitución Provincial y de la Constitución Nacional controvertidas… y… se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad de los artículos 3º y 4º de la ley 3415 en cuanto establecen el sistema de lemas y sublemas para la elección de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz…” (cfr. fs. 1242 vta.). En igual sentido se expresan los actores Ortega, Lobo, Miro, Murdoch, Huerga Cuervo y Stoessel a fs. 1287 y vta., y el partido Obrero a fs. 1313 vta./1314.- Resulta necesario señalar que corresponde la denegación de los recursos de inconstitucionalidad intentados si del examen de admisibilidad se advierte que, aunque los recurrentes invoquen la configuración de la lesión de derechos constitucionales, de la lectura de los recursos, se deriva que los argumentos expuestos no resultan suficientes, pues se trata de la insistencia en imponer la interpretación de los recurrentes por sobre otra también idónea, dada por el sentenciante en torno a las cuestiones litigiosas y a la solución que entendió correspondía darle al caso (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3104, Folio 5066/5069).-
Los recurrentes tienen el deber procesal de argumentar razones valederas demostrativas de la invocada lesión de derechos y garantías constitucionales que pretenden imputar a la resolución de la Cámara. El no cumplimiento con estas cargas se refleja en una simple disconformidad con la decisión adoptada por el a quo.-
Si se carece de fundamentación para desvirtuar los argumentos principales que cimentaron el decisorio en crisis, el acceso pretendido a la instancia extraordinaria resulta impracticable.-
Debo decir que de la atenta lectura de los recursos surge que la principal embestida a la construcción lógica de la sentencia en crisis, gira en torno a un cuestionamiento pertinaz por parte de los actores de la interpretación que realiza la Cámara respecto del concepto “simple pluralidad de sufragios”. La decisión de la Cámara de Apelaciones se encuadra en una línea doctrinaria que sostiene que dicho concepto no resultaría violatorio de la Constitución Provincial en cuanto a las exigencias establecidas para la elección del Gobernador y Vicegobernador, sin que tales argumentaciones constituyan una mera afirmación dogmática, sino el acogimiento a una postura doctrinaria, ya sostenida por este Tribunal en el precedente registrado al Tomo II, Sentencia, Reg. 78, Folio 331/336, deviniendo dicho agravio ajeno a esta instancia extraordinaria.
Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Cámara que los recurrentes pudieran tener, lo cierto es que ésta se encuentra fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.- En cuanto a la interpretación del requisito “a simple pluralidad de sufragios”, Jorge R. Vanossi afirma, si bien en relación a la Constitución Nacional pero respecto al mismo concepto mencionado, que “…Vale tener presente que el Art. 37 (hoy Art. 45) de la Constitución Nacional vigente (1994) reitera o mantiene la terminología del Art. 10 de la Constitución de 1826, al fijar que esa elección deberá ser hecha ‘a simple pluralidad de sufragios’; lo que al cabo de discusiones y debates, suscitados en diversas ocasiones, ha sido y es interpretado como lo que surge del entendimiento de tan claras palabras, o sea, que no se exige la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos…” (cfr.
“La ley Sáenz Peña: un momento culminante de la Revolución de Mayo de 1810”; Publicado en: UNLP 2012-42 , 1; Cita La Ley Online: AR/DOC/5746/2012). Por su parte, Linares Quintana, entiende que simple pluralidad de sufragios significa simple mayoría, diferenciándose de la mayoría absoluta (conf. aut. cit., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, Editorial Alfa, Buenos Aires, 1963, Tomo VIII, pág. 211).- Miguel Padilla afirma que “…los términos ‘a simple pluralidad de sufragio’, contenidos en el art. 37 deben entenderse como sinónimos de ‘mayoría simple’, utilizados allí por oposición a ‘mayoría absoluta’, concepto utilizado en los art. 82 y 84 de la Constitución, al reglar la elección del Presidente y Vicepresidente…” (cfr. aut. cit., El sistema uninominal a doble vuelta, 6 de Junio de 1992, Revista La Prensa, Id Infojus: DACA920235).-
Asimismo, se ha interpretado que “a simple pluralidad de sufragios” hace alusión a una mayoría relativa y no absoluta de votos (conf. Fallos 314:1915).-
Aun reconociendo que sobre la materia pueden existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía extraordinaria. Y así se ha pronunciado este Tribunal, si bien en relación a los recursos de casación, al decir que “…Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema decidendum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (cfr. Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2813, Folio 4400/4404; Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2880, Folio 4541/4546; Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2977, Folio 4800/4803; Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3038, Folio 4915/4919).- Por lo que no pueden prosperar los recursos intentados, máxime considerando que en el particular caso de autos, la Alzada ha dado una respuesta a su agravios, al establecer que “La simple pluralidad de sufragio a la que se alude en la manda constitucional debe ser entendida -necesariamente- como ‘mayoría relativa’, en contraposición a la denominada ‘mayoría absoluta’ o la mitad más uno…” (cfr. fs. 1210), y no se observa que haya existido, en la apreciación realizada sobre el punto por la Cámara, vicios que ameriten su revisión por este Alto Cuerpo, al entender que no han acreditado los recurrentes los extremos que pudieran tornar procedente la revisión en esta instancia extraordinaria.-
IV. Por otro lado, la Cámara en la sentencia en crisis afirma que “…El sistema de lemas y sublemas -también conocido como doble voto simultáneo- es un mecanismo que permite al elector realizar dos elecciones en un solo acto, al votar paralelamente por un partido en particular y dentro de él, por una corriente específica, sublema o candidato […] El mecanismo de este sistema reposa en la idea básica de que la motivación del elector al ejercer el derecho político del sufragio es, ante todo, asegurar el triunfo de su partido y sólo en segundo término, el de los candidatos de su preferencia.- Los partidos políticos constituyen pilares básicos de nuestra democracia y representan a todos los intereses políticos, en una convergencia dinámica que enriquece la convivencia democrática y aún con sus dificultades y errores han demostrado su capacidad para integrar a dirigentes provenientes de otras organizaciones sociales.” (cfr. fs. 1210 y vta.).- Más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo expresa fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica, los cuales no son rebatidos por los pretensos argumentos recursivos que reiteran los fundamentos opuestos en la instancia ordinaria, sin lograr habilitar esta instancia extraordinaria. La conclusión arribada por la Alzada evidencia una derivación razonada del derecho vigente sin que se advierta -en principio y a modo de justificativo para su estudio en esta instancia extraordinaria- que exista algún vicio en el decisorio.-
Cabe recordar que este Tribunal se ha expedido en relación a la ley electoral y su constitucionalidad, cuando la cláusula constitucional, en su equivalente art. 113 en la parte pertinente, estaba redactada en los mismos términos, habiendo afirmado que es posible “…-sin violación constitucional- aplicar el principio de la simple pluralidad de sufragios o votos, tanto a ‘candidatos’ como a ‘partidos políticos’ o ‘lemas’… En el ámbito local, concordantemente con lo reseñado, en la anterior ley electoral de la Provincia de Santa Cruz, el principio de ‘simple pluralidad de sufragios’, se aplicaba a los partidos políticos (Ley 1753), mientras que en la actual ley electoral Nº 2052, el aludido principio constitucional… se aplica a los ‘Lemas’… De esta manera, es el ‘Lema’ el que adquiere la mayoría relativa o simple pluralidad de sufragios, toda vez que en la economía de la Ley Electoral Nº 2052, cada elector voto a un candidato que pertenece a un ‘sublema’, y simultáneamente al ‘lema’ que lo contiene, al que pertenece y del cual depende su existencia conforme la estructura normativa de la comentada ley electoral vigente…” (cfr. Tomo II, Sentencia, Reg. 78, Folio 331/336).- Resulta necesario destacar que los recurrentes no logran argumentar fundamentos novedosos que no fueran tratados en el precedente referido y que permitan el acceso a la presente instancia, quedando resguardados los intereses de la comunidad en esta cuestión y la necesaria estabilidad jurídico-política de la Provincia, con dicho precedente y la sentencia de Cámara que se pretende impugnar.-
Tal como expresa el autor citado por la Cámara en la sentencia en crisis, puedo señalar que “…La idea de la ‘acumulación’ de votos subvierte el sentido del doble voto simultáneo porque induce a suponer que los destinatarios primeros de los votos son los candidatos (o las listas) y que sólo en segundo término los votos de distintos candidatos (o listas) se suman, cuando el mecanismo implica exactamente lo contrario…” (cfr. Daniel Buquet, El doble voto simultáneo, www.saap.org.ar/esp/docs-revista/revista/pdf/1-2/Buquet.pdf).-
Los recurrentes Ortega, Lobo, Miro, Murdoch, Huerga Cuervo y Stoessel a fs. 1299, afirman que el presente caso implica una discusión de derecho local y federal (conf. fs. cit.). Es evidente el ayuno en la fundamentación recursiva, por cuanto el agravio no se encuentra debidamente argumentado ni fundado, limitándose únicamente a expresar su disconformidad con la decisión adoptada. En este sentido podemos citar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “….La constitucionalidad no es dudosa desde que, a mi criterio, ni el régimen representativo y republicano, ni el derecho al sufragio, ni los derechos de los partidos políticos se ven desnaturalizados al admitirse como sistema electoral la denominada ‘ley de lemas’… La opción de la Legislatura provincial por determinado sistema electoral en desmedro de otro, según mi criterio, no anula ni debilita el derecho a votar, sólo fija un mecanismo para su ejercicio. En mi concepto, sólo podría sostenerse una falta de legitimación del proceso eleccionario a través de este sistema si los electores no tienen una clara conciencia de que la ley de lemas implica un doble voto simultáneo y su falta de cognición lo transforma en un régimen confuso, incierto o inseguro, situación que, al estar por los variados comicios realizados en la Provincia de Santa Fe desde su sanción, presumo no sucede…” (cfr. dictamen del Procurador General al cual la Corte se remite, Fallos 326:2004).- Que, para que los escritos por los que se interponen y fundan los recursos asuman su condición de suficiente motivación impugnativa, sus argumentos deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Sin embargo, las expresiones de los recurrentes constituyen una reiteración de los argumentos oportunamente expuestos en las instancias ordinarias, siendo los fundamentos desarrollados para lograr la apertura de los recursos una mera recreación o repetición textual de los motivos ya expuestos.-
Máxime considerando que se ha expresado con relación a la ley de lemas “…que combina la representación interna del partido con su representación externa y, de ese modo, profundiza una genuina representación; refleja el pluralismo ideológico de la sociedad y, como tal, marca un avance en el sistema representativo; fortalece la estructura de los partidos políticos y, en tanto la oferta electoral es más amplia, se respeta mucho mejor la voluntad popular…Las modificaciones o cambios de los sistemas electorales son decisiones políticas que presuponen un acomodamiento de los procesos de selección con el fin de lograr una mejor legitimación de los elegidos frente al cuerpo electoral. Pero, como tales, es innegable que cualquier intento en aras de mejorar el sistema de representación política, beneficia a unos y perjudica a otros… Por ende, la opción ejercida por el Poder Legislativo local, siempre que se haya observado el principio de razonabilidad, no es revisable porque, además de invadir sus atribuciones, traería como consecuencia una riesgosa inseguridad jurídica en tanto, al desconocerse el ejercicio de sus competencias, no se tendría certeza sobre la permanencia y vigencia de las instituciones…” (cfr. dictamen fallo cit.).- No se advierte que los argumentos de los recursos intenten demostrar que la inteligencia que se le atribuyó a la norma constitucional fuere arbitraria, y que justifiquen, de esta manera, la apertura de los recursos intentados.-
De lo expuesto se deriva la falta de idoneidad de los recursos intentados para controvertir la solución adoptada por la Cámara en la sentencia en crisis respecto de la tacha de inconstitucionalidad intentada.-
De la lectura de los recursos incoados, surge que el reclamo de los accionantes tan sólo se vincularía con la conveniencia del régimen electoral optado por el legislador únicamente para la elección de Gobernador y Vicegobernador y no para otra categoría. Cabe señalar que la decisión de la Cámara al respecto no se vislumbra como irrazonable, no logrando demostrar los extremos alegados a los fines de acceder a esta instancia extraordinaria de revisión.-
En igual sentido, la Corte federal, señaló que la conveniencia de adoptar un determinado sistema electoral escapa al control judicial de constitucionalidad. En efecto la adopción de uno u otro procedimiento, se traduce en un examen de conveniencia o mérito, extremo que no le compete al Tribunal juzgar desde el momento en que el control de constitucionalidad no comprende la facultad de sustituir a la administración en la determinación de las políticas o en la apreciación de los criterios de oportunidad (conf. dict. fallo cit.).-
V. A fs. 1259 la recurrente expresa que “…Si el voto es igual, es a todos los efectos, de manera que el resultado no puede cambiar su cualidad. La valía del voto se inicia en la voluntad originaria del ciudadano y culmina con el escrutinio donde el sufragante manifestó su inequívoca voluntad destinada a expresar su deseo de ser representado por el candidato que votó y no por otro.” (cfr. fs. cit.). Esta afirmación se encuentra desprovista de la debida fundamentación y argumentación para alcanzar el acceso a la presente instancia. De esta manera, la recurrente no logra conmover lo decidido por la Cámara en cuanto a la constitucionalidad de la norma atacada. Asimismo, se puede expresar al respecto que “…La característica del sufragio como ‘igual’ se relaciona con el principio general de ‘igualdad’ que en nuestro sistema constitucional se encuentra consagrado en el art. 16 de la Const. Nacional e implica que cada ciudadano tendrá igualdad de derechos con respecto a los demás…” (cfr. Jorge A. Amaya en “Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias - Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Daniel A. Sabsay (Director), Hammurabi, 1º Ed., Buenos Aires, 2010, pág. 115, tomo II).-
VI. La Unión Cívica Radical afirma que “…el Constituyente Provincial ya decidió la oportunidad y conveniencia de adoptar un sistema de ‘simple pluralidad de sufragios’. Dicha decisión constitucional no puede ser modificada por el Poder Legislativo local porque ello implica tanto como vulnerar la decisión soberana del Constituyente. Y en caso que el Legislativo pretenda violar la Constitución, como ocurre en el supuesto de autos, corresponde declarar la inconstitucionalidad, y por ende invalidez, de la norma en infracción constitucional.” (cfr. fs. 1261), argumentos también esgrimidos por los otros recurrentes. Estas expresiones no son suficientes a fines de refutar debidamente los fundamentos dados por la sentencia en crisis, imposibilitando de esta manera su acceso a esta instancia. Resulta oportuna recordar que la resolución en crisis expresa que “…Lo hasta aquí expuesto, no implica negar que éste sistema posea determinadas desventajas o debilidades. Sin embargo, el surgimiento de determinadas dificultades en su concreción no conlleva lisa y llanamente la vulneración del ordenamiento constitucional provincial… nuestros constituyentes han adoptado un régimen electoral flexible que contiene los principios rectores que deben guiar la materia, permitiendo así al legislador adoptar las herramientas necesarias a las exigencias de cada época.” (cfr. fs. 1211).- Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que “El control de constitucionalidad del régimen electoral para las autoridades locales… debe realizarse partiendo de la presunción de constitucionalidad de las disposiciones impugnadas, por aplicación de las facultades reconocidas a las provincias en el art. 122 de la Constitución Nacional, bastando con indagar la legitimidad del propósito perseguido por el legislador local y sin que quepa examinar los medios alternativos a través de los cuales el Estado Provincial habría podido alcanzar iguales objetivos” (cfr. Fallos 326:2004, sum. Cita on line AR/JUR/2249/2003).-
Es decir que la Cámara en la sentencia en crisis ha realizado un análisis de la constitucionalidad de la norma atacada por los amparistas, dando fundamentos que dan sustento a la decisión alcanzada, no logrando los recurrentes impugnarlos apropiadamente, a fines de lograr que este Tribunal habilite la presente instancia. Como se expresó precedentemente, los recurrentes únicamente demuestran un disentimiento con la resolución atacada, repitiendo las mismas expresiones efectuadas ante las instancias de grado, no rebatiendo correctamente las bases de la sentencia recurrida.-
Máxime considerando que, conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico (conf. Fallos: 319:3148; 321:441; 322:1349, entre otros), qué sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad es inconciliable (conf. Fallos: 322:842 y 919). Así como que “…al realizar el estudio de compatibilidad constitucional que, como ha dicho el tribunal acertadamente, ‘la declaración de inconstitucionalidad sólo será procedente cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa’ (Fallos: 324:3219, consid. 10 y su cita). Estimo, en efecto, que no es necesario pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de una norma cuando el caso puede ser resuelto adecuadamente con otros argumentos…” (cfr. CSJN, “Biosystems S.A . c. E.N – M. S. - Hospital Posadas s/ contrato administrativo, 11/02/2014).-
VII. Por último corresponde señalar, en relación a la impugnación referida a la imposición de costas a los actores -esgrimido a fs. 1307/1308 y 1330 vta./1331 vta.-, que se trata de una cuestión extraña a la instancia extraordinaria.-
Este Tribunal Superior de Justicia reiteradamente ha expresado que “…las cuestiones relativas a la imposición de las costas son extrañas al recurso de casación, pues de otro modo el tribunal se introduciría en el tratamiento de cuestiones fácticas que son privativas de los jueces de grado […] la materia en estudio, se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisibilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución […] En consecuencia, mientras no se altere la calidad de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas, el tema no es tratable en casación (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994 y SCBA, AyS, 1971-I-174, 1973-I-247 y 616, 1974-I-174, 1974-II-719, 1974-III-747; DJBA, 117-441), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación…” (cfr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542). La claridad de las citas transcriptas, que forman la doctrina de este Alto Cuerpo sobre la materia, nos exime de mayores explicaciones.-
VIII. En atención a las consideraciones expuestas, corresponde declarar mal concedidos los recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por la Unión Cívica Radical a fs. 1242/1264; Juan José Ortega, Victoriano Alfonso Lobo, Ana Carolina Miro, Sara Murdoch, Diana M. Huerga Cuervo y Javier A. Stoessel a fs. 1285/1309; y el Partido Obrero a fs. 1312/1332, y, en consecuencia revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1334/1335; teniendo presentes las reservas del caso federal efectuadas por los recurrentes.-
Las Dras. Alicia de los Angeles Mercau y Clara Salazar, adhieren al voto de la Dra. Ludueña Campos.-
Voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
Que, los recursos que vienen a tratamiento son fundados en el supuesto del inciso 1º del artículo 19, de la Ley 1687 por cuestionar la validez de los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 2052 (según la modificación introducida por la Ley Nº 3415), en cuanto establece para la elección de Gobernador y Vicegobernador el sistema de “lemas”, por considerarlos violatorios de cláusulas de la Constitución Provincial, de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 23 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, conf. fs. 1257 vta.), y la decisión de la Cámara ha sido en favor de la ley.- Que, por el presente expreso mi disidencia con la solución propuesta, por considerar que en autos se encuentran reunidos -prima facie- los extremos formales que hacen a la interposición de los recursos de inconstitucionalidad y atendiendo a la naturaleza e importancia de la materia venida a tratamiento, corresponde declararlos bien concedidos (conf. fs. 1334/1335) a tenor de lo dispuesto en el artículo 19º, 1er. párrafo, de la Sección 6ª, Capítulo IV -Recursos ante el Tribunal Superior de Justicia- ley 1687, y por ende, ordenar se pongan los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada. Así lo voto.-
Por todo lo expuesto, el voto mayoritario y concordante de las Sras. Vocales, Dra. Alicia de Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y de la Srta. Presidente, Dra. Clara Salazar, y el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedidos los recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por la Unión Cívica Radical a fs. 1242/1264; Juan José Ortega, Victoriano Alfonso Lobo, Ana Carolina Miro, Sara Murdoch, Diana M. Huerga Cuervo y Javier A. Stoessel a fs. 1285/1309; y el Partido Obrero a fs. 1312/1332, y, en consecuencia revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 1334/1335.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Clara Salazar –Presidente-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1045I.151 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.135.-
Folio N°: 5.139/5.145.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia